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Por Iván Cepeda Castro Uno de los rasgos del genocidio contra los miembros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista es su prolongada duración en el tiempo en medio de un clima de tolerancia general. Que la aniquilación en masa de una formación política se haya prolongado durante dos décadas y continúe hoy su curso habitual sin que la sociedad reaccione, es sintomático de los niveles de adaptación a las formas de violencia extrema a los que se ha llegado en Colombia. Después de haber liquidado numerosas estructuras organizativas del movimiento de oposición, ahora se busca eliminar a los sobrevivientes. Tres ejemplos recientes para la muestra. El 26 de julio de 2004, Mauricio Tote Yace miembro de la UP y comunero indígena de Kokonuko fue desaparecido presuntamente por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Sus familiares denuncian que encontraron el cadáver en la morgue con varios tiros en la espalda, y que el organismo de seguridad presentó el hecho ante los medios de comunicación como si el reconocido líder indígena fuera un terrorista que las autoridades sorprendieron cuando se preparaba para dinamitar una torre de energía eléctrica. El 15 de julio, en la ciudad de Bucaramanga la sindicalista y sobreviviente de la UP, Carmen Elsa Nova, fue asesinada por presuntos paramilitares. Semanas antes, el 1 de abril, el abogado Carlos Bernal, dirigente comunista de Cúcuta, y su escolta fueron asesinados también por presuntos paramilitares en un restaurante. Según la Corporación Reiniciar, organización que documenta este genocidio, desde la posesión del actual gobierno hasta el presente, los grupos paramilitares –hoy en "tregua"- han asesinado a 71 personas de la UP y han "desaparecido" a otras 30. En regiones y departamentos de tradicional influencia de la colectividad (Tolima, Meta, Norte de Santander, Cundinamarca, Arauca y Caquetá, entre otros) se aplica una estrategia de aniquilación ascendente. Primero se ataca a los organismos de base y las redes de apoyo social mediante la práctica sistemática de masacres, desplazamiento forzado o exilio de los activistas y sus familias. El terror es para estos fines un ingrediente eficaz. Testimonios de quienes han logrado huir de estos exterminios locales relatan casos en los que se descuartiza en vida a los activistas para "aleccionar" a la población sobre las terribles consecuencias que trae su militancia. Las campañas propagandísticas que presentan a quienes no se van de la región como subversivos, y que luego conducen a detenciones arbitrarias, complementan el trabajo de la acción terrorista. Debilitada la base del movimiento, se llevan a cabo atentados contra los dirigentes visibles que se niegan a abandonar sus ciudades o municipios, como en los tres casos anteriormente mencionados. Para borrar todo rastro de la memoria de este genocidio y de la historia regional de la UP, se persigue a los viejos militantes, se desaparece a los familiares de los desaparecidos y se asesina a los familiares de los asesinados. Familias enteras han sido sometidas a este tratamiento. Desaparecer al familiar de un desaparecido, o asesinar a los familiares de un asesinado muestra con claridad que la intención genocida persigue destruir al grupo político, y su entorno social, hasta las raíces. El ensañamiento contra los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de la UP es otra más de las características que hará entrar a este genocidio en la galería de los grandes horrores de la historia contemporánea. ¿Hasta cuándo la sociedad colombiana tolerará esta infamia? Publicado en El Espectador 11/09/04 |
