Sobre los autores
Documento
Santa Fe II
EEUU
y el sistema interamericano se enfrentan a enormes problemas en América Latina.
La crisis de Centroamérica continúa sin resolverse y turbulentas corrientes
que se encuentran en acción en América del Sur están siendo pasadas por alto
a riesgo nuestro. La deuda, el terrorismo, las drogas, los Estados depredadores,
las enormes migraciones, las insurgencias comunistas y la corrupción, son sólo
parte de este escenario. El documento Santa Fe II es una estrategia para atacar
estos problemas y promover la democracia, la libertad y la oportunidad económica
para toda la región en una forma pro-activa en lugar de reactiva.
Cuando
el gobierno de Reagan tomó el poder, América Latina y la política exterior de
EEUU hacia ese continente se reflejaban mutuamente: ambas estaban en completo
desorden. El documento Santa Fe I que se publicó en 1980, fue concebido para
abordar algunos de los problemas más inmediatos que enfrenta EEUU. El mismo
ayudó a concentrar la percepción norteamericana de cómo debía verse a América
Latina en un contexto geo-estratégico; advirtió la crisis de endeudamiento que
se vislumbraba, estimuló los esfuerzos en pro de la democracia y el surgimiento
de programas tales como la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y Radio Martí.
Pero
no todas las propuestas del documento Santa Fe I fueron aplicadas adecuadamente,
ni todos los problemas pudieron resolverse en sólo ocho años, por lo que el
documento Santa Fe II además de seguir el sello innovador de su predecesor,
también es un producto de la necesidad. Como ocurrió hace ocho años, el
sistema interamericano, especialmente la OEA, permanece subutilizado y, de
hecho, ha sido testigo de un mayor deterioro en los últimos años. Por tanto,
los autores del documento Santa Fe II, trataron de proporcionar una estrategia
de régimen que vaya más allá del establecimiento de un sistema electoral, y
que, si es seguida por la próxima Administración, pueda proporcionar
estabilidad a situaciones políticas que de otra forma pudieran ser explosivas e
inestables. Especialmente esto significará apuntalar a organizaciones
independientes dentro de las sociedades latinoamericanas, educar a las personas
y enfrentar fuerzas marxistas y otras furezas políticas y culturales
estatistas.
El
documento de la Declaración de Santa Fe II centra particularmente su atención
en la economía, con el argumento de que la democracia necesita un grado de
racionalidad política en la esfera económica. Los sistemas socialistas
dirigidos de forma centralizada no producen ni igualdad ni riqueza. No basta con
proponer planes para que las naciones deudoras paguen el interés de sus deudas;
se tienen que trazar estrategias que les permitan salir del ciclo de
endeduamiento y generar ahorros y crecimiento reales. Se condenan el estatismo,
los aparatos burocráticos gigantescos y la nacionalización, al tiempo que se
estimulan la formación de mercados de capital nacionales, la supresión de
regulaciones y la privatización de compañías para estatales existentes. Además
de defender los valores de la empresa privada en oposición al capitalismo de
Estado, los autores también proponen medidas que van desde la prolongación de
la Iniciativa de la Cuenca del Caribe hasta la preservación de los bosques
tropicales.
Los
problemas del terrorismo, los insurgentes, las drogas y la emigración/
inmigración son identificados como factores desestabilizadores que contribuyen
al carácter volátil y a la falta de seguridad de los regímenes democráticos
latinoamericanos, y que también a nosotros nos afectan en mayor o menor medida
en nuestro país. La red de terrorismo se extiende desde Chiapas, en México,
hasta el sur de Los Andes, en Chile. El pasado año, los norteamericanos
emplearon más dinero importando drogas ilegales desde América Latina que en
alimentos; evidentemente, estos son problemas que no desaparecerán. Para
comenzar a resolverlos, los estrategas políticos norteamericanos tienen que
reconocer la crisis que enfrentan y estar preparados para adoptar medidas
especiales. Sin embargo sus primeros pasos deben estar dirigidos a fortalecer la
capacidad normal -y legal- de los sistemas judiciales que tienen que llevar el
peso de la tarea.