Declaración resumen

Documento Santa Fe II

EEUU y el sistema interamericano se enfrentan a enormes problemas en América Latina. La crisis de Centroamérica continúa sin resolverse y turbulentas corrientes que se encuentran en acción en América del Sur están siendo pasadas por alto a riesgo nuestro. La deuda, el terrorismo, las drogas, los Estados depredadores, las enormes migraciones, las insurgencias comunistas y la corrupción, son sólo parte de este escenario. El documento Santa Fe II es una estrategia para atacar estos problemas y promover la democracia, la libertad y la oportunidad económica para toda la región en una forma pro-activa en lugar de reactiva.

Cuando el gobierno de Reagan tomó el poder, América Latina y la política exterior de EEUU hacia ese continente se reflejaban mutuamente: ambas estaban en completo desorden. El documento Santa Fe I que se publicó en 1980, fue concebido para abordar algunos de los problemas más inmediatos que enfrenta EEUU. El mismo ayudó a concentrar la percepción norteamericana de cómo debía verse a América Latina en un contexto geo-estratégico; advirtió la crisis de endeudamiento que se vislumbraba, estimuló los esfuerzos en pro de la democracia y el surgimiento de programas tales como la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y Radio Martí.

Pero no todas las propuestas del documento Santa Fe I fueron aplicadas adecuadamente, ni todos los problemas pudieron resolverse en sólo ocho años, por lo que el documento Santa Fe II además de seguir el sello innovador de su predecesor, también es un producto de la necesidad. Como ocurrió hace ocho años, el sistema interamericano, especialmente la OEA, permanece subutilizado y, de hecho, ha sido testigo de un mayor deterioro en los últimos años. Por tanto, los autores del documento Santa Fe II, trataron de proporcionar una estrategia de régimen que vaya más allá del establecimiento de un sistema electoral, y que, si es seguida por la próxima Administración, pueda proporcionar estabilidad a situaciones políticas que de otra forma pudieran ser explosivas e inestables. Especialmente esto significará apuntalar a organizaciones independientes dentro de las sociedades latinoamericanas, educar a las personas y enfrentar fuerzas marxistas y otras furezas políticas y culturales estatistas.

El documento de la Declaración de Santa Fe II centra particularmente su atención en la economía, con el argumento de que la democracia necesita un grado de racionalidad política en la esfera económica. Los sistemas socialistas dirigidos de forma centralizada no producen ni igualdad ni riqueza. No basta con proponer planes para que las naciones deudoras paguen el interés de sus deudas; se tienen que trazar estrategias que les permitan salir del ciclo de endeduamiento y generar ahorros y crecimiento reales. Se condenan el estatismo, los aparatos burocráticos gigantescos y la nacionalización, al tiempo que se estimulan la formación de mercados de capital nacionales, la supresión de regulaciones y la privatización de compañías para estatales existentes. Además de defender los valores de la empresa privada en oposición al capitalismo de Estado, los autores también proponen medidas que van desde la prolongación de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe hasta la preservación de los bosques tropicales.

Los problemas del terrorismo, los insurgentes, las drogas y la emigración/ inmigración son identificados como factores desestabilizadores que contribuyen al carácter volátil y a la falta de seguridad de los regímenes democráticos latinoamericanos, y que también a nosotros nos afectan en mayor o menor medida en nuestro país. La red de terrorismo se extiende desde Chiapas, en México, hasta el sur de Los Andes, en Chile. El pasado año, los norteamericanos emplearon más dinero importando drogas ilegales desde América Latina que en alimentos; evidentemente, estos son problemas que no desaparecerán. Para comenzar a resolverlos, los estrategas políticos norteamericanos tienen que reconocer la crisis que enfrentan y estar preparados para adoptar medidas especiales. Sin embargo sus primeros pasos deben estar dirigidos a fortalecer la capacidad normal -y legal- de los sistemas judiciales que tienen que llevar el peso de la tarea.