Capítulo XX. El poder real de la guerrilla.

CAMPO SANTO - Parte II

 

(Informe de situación)

Las permanentes sospechas de corrupción de las que fue objeto, la ausencia de un plan económico concreto por parte del Ejecutivo, y la evidente impotencia política que caracterizó el gobierno de Isabel Martínez -convertida en presidente con la muerte de Juan Domingo Perón en julio de 1974- formó parte de los argumentos indiscutibles en los que se apoyó la Junta de Comandantes para lograr consenso entre la población a la hora de justificar el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. 

Sin embargo los jefes castrenses sólo aprovecharon el oportuno desquicio en el que se había convertido la gestión de la presidente que gobernaba bajo el alias de Isabel, para poner en marcha los verdaderos objetivos que impulsaron la cruenta intervención militar: aniquilar a lo que denominaron "amenaza subversiva". Anular de raíz todas las actividades de la militancia revolucionaria que, según las repetidas advertencias del entonces teniente general Jorge Rafael Videla, había puesto a la Nación "al borde de su disolución". 

Ante semejante pronóstico, agitado decenas de veces con apenas pequeñas variantes por la mayoría de los jefes militares, tanto en los meses previos al golpe de Estado como después, durante la dictadura militar, resulta necesario analizar la verdadera magnitud de las fuerzas guerrilleras en ese momento. Determinar si, efectivamente, las organizaciones revolucionarias habían alcanzado el grado de desarrollo militar necesario como para apoderarse del control del país; tal como lo habían advertido las Fuerzas Armadas. Cuál era la composición de sus filas, el porcentaje de combatientes con los que contaban y su real poder de fuego. 

El engendro del misterio 

La investigación dispuesta sobre este tema reveló, en principio, la ausencia de datos oficiales certeros sobre las dotaciones armadas con las que contaban las organizaciones guerrilleras. Esto dio lugar a que fueran muchas y muy diversas las cifras extraoficiales que se recabaron respecto a la cantidad de combatientes armados con los que contaban el ERP y los Montoneros, las dos organizaciones político-guerrilleras de mayor envergadura en la década del 70. 

Una de las dificultades para llegar a determinar el número aproximado de combatientes con los que contaba la guerrilla se debe, en principio, al carácter clandestino de estas organizaciones, y el secreto con el que manejaban su estructura interna. De este modo no resulta sencillo diferenciar cuántos de sus integrantes eran combatientes sobre el conjunto de sus militantes políticos, colaboradores y simpatizantes. Ocurre que tanto en el ERP como en Montoneros existían diversos grados de compromiso con las organizaciones, que iban desde los simples adherentes hasta militantes de tiempo completo, pasando por las ramas militares de las organizaciones. 

Por otra parte, según el especialista español en temas militares, Prudencio García (1), también se debe distinguir entre "dos cifras muy diferentes: el número total de hombres y mujeres que llegaron a empuñar las armas en una organización a lo largo de varios años (en este caso una década entera: 1970-1980) y el número máximo de tales elementos existentes en un momento dado, incluso en su momento de máxima potencia, cifra que incluso puede llegar a ser menos de la mitad que la anterior". 

Esta variable está relacionada con los cambios que sufre un contingente armado a lo largo del tiempo, como consecuencia de su especial condición. "En efecto -dice Prudencio García-, cierto número de sus miembros son capturados; otros resultan muertos; otros son relevados de la lucha armada; otros incluso abandonan la militancia y desertan. De esta forma, una organización que llegó a contar en su mejor momento, por ejemplo, con 500 miembros armados, a través de los años puede ir acumulando mediante sucesivas bajas e incorporaciones, 600, 700, 800 y, al cabo de una década, tal vez incluso 1000 o 1200 miembros que, en uno u otro momento llegaron a empuñar las armas. Y ello sin haber superado nunca esos 500 combatientes como cifra máxima en su momento de mayor capacidad". 

Peter Waldmann, en su ensayo "Anomia y violencia" (2), asegura que, según fuentes militares argentinas, "...en 1975, el ERP contaba con 3000 combatientes armados; los Montoneros, en cambio, sólo contaban con 1000". Waldmann estimó, en el mismo trabajo, que cada una de las organizaciones llegó a tener entre 3000 y 4000 integrantes en su momento de máximo desarrollo. Aunque luego advierte que "la estimación no es para nada ajustada". En algo tiene razón. 

El autor incurrió en un par de errores. Por un lado, no hace falta acceder a los archivos de los servicios de Inteligencia militares ni a los documentos secretos de la propia guerrilla para saber que los Montoneros siempre superaron al ERP en cuanto a cantidad de integrantes. Es posible que Waldmann se haya manejado con datos iniciales, de la época en que Montoneros era primordialmente político, mientras que el ERP siempre fue netamente militar-. 

Por el otro, Waldmann evita en su trabajo diferenciar claramente qué porcentaje del número total estimado de militantes formaba parte de las secciones militares guerrilleras, justo lo que falta revelar. De todos modos, la mención de este estudio resulta útil -pese a sus errores- para conocer las estadísticas que manejaban las Fuerzas Armadas argentinas. Así, según ellos, entre simpatizantes, colaboradores, militantes y combatientes, la guerrilla sumaba un total de 7000 u 8000 efectivos. 

En otras palabras, la importancia del dato se debe, en principio, a su ausencia. Los jefes militares eludieron en todo momento cuantificar las fuerzas del "enemigo subversivo". No se trataba de una información menor, incluso su difusión -de ser cierta la magnitud que le asignaban- hubiera resultado de mucha utilidad en su permanente campaña dirigida a incrementar el temor en la opinión pública. 

Sin embargo son contadas las declaraciones en ese sentido que se pudieron encontrar en los archivos periodísticos. La pregunta es: ¿a qué se debe la ausencia de datos sobre la real envergadura de las organizaciones guerrilleras? ¿Por qué todas las declaraciones de los jerarcas militares no superan las repetidas metáforas? Seguramente no se les escapaba que con sólo mencionar la cantidad de jóvenes volcados a la guerrilla, si la cifra era acorde a la peligrosidad que ellos le atribuían, hubiera sido suficiente para ponerle la piel de gallina a los sectores de la sociedad que buscaban impresionar. Pero aparentemente la realidad era otra. 

Detrás de esta búsqueda, Daniel Frontalini y María Cristina Caiati (3) llevaron a cabo una de las más completas y serias investigaciones sobre el tema. Está basada en una recopilación de material de inteligencia elaborado por las Fuerzas Armadas, datos procedentes de organizaciones guerrilleras, y otros documentos incautados a sus militantes que fueron a parar a manos militares. Este material fue difundido en 1977 durante una conferencia de prensa convocada por el entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército, Roberto E. Viola. Entre los expositores se encontraban los jefes de Inteligencia y de Operaciones del Estado Mayor, generales de brigada Carlos Martínez y Luciano Jáuregui. (4) 

La investigación también recoge las declaraciones de los generales Juan Bautista Sassain ("La Opinión" del 10 de septiembre de 1977 y "Clarín" del 11 de septiembre del mismo año) y de Ramón Camps ("La Prensa" del 4 de enero de 1981), entre otros datos. 

El estudio sitúa la cuantificación de la guerrilla en su momento de mayor apogeo, y diferencia a los combatientes (rama militar) del resto de los integrantes de las organizaciones. Así, a partir del análisis de los documentos, los autores llegaron a la siguiente conclusión: "En el momento de su mayor apogeo (1975), el total de militantes que integraban Montoneros y el ERP, no llegó a sumar más de 2000 personas, de los cuales sólo el 20% (unos 400) estaban armados". 

Sin embargo, para Prudencio García los números son otros. Según su propia indagación y análisis, llegó a estimar que en el período de máximo desarrollo de la guerrilla argentina, durante la primera mitad de 1975, "...el ERP contaba entre 400 y 500 hombres armados, y entre 600 y 800 los Montoneros, totalizando en su conjunto una cifra máxima situada entre 1000 y 1300 miembros armados permanentes." 

Si se toma en cuenta esta cifra, se entiende por qué las Fuerzas Armadas conservaban el secreto. El poder de fuego de todas las organizaciones guerrilleras sumaba cuanto mucho, en 1975, 1200 hombres armados en todo el país. 

Relación de fuerzas 

La aparición de la guerrilla rural en el monte tucumano fue motivo de alarma nacional. En 1974, el propio jefe del ERP, Mario Roberto Santucho, se ocupó personalmente de entrenar a quienes luego formarían parte de la Compañía de Monte "Ramón Rosa Jiménez", al mando de Hugo Irurzun, un histórico de la organización. 

El grupo inicial estaba integrado por cuarenta hombres (5) y, según documentos internos de la organización, el ERP jamás llegó a tener en el monte a más de noventa efectivos, de los cuales diez eran mujeres.(6) 

El 9 de febrero de 1975, el Ejército argentino inició el "Operativo Independencia", al que se destinaron "...un total aproximado de 5000 hombres, con una fuerza de tareas nucleada en torno a la V Brigada de Infantería de Monte. Estaba integrada por los regimientos 19 de Infantería (Tucumán); 28 de Infantería de Monte (Tartagal, Salta); 20 de Infantería de Montaña (Jujuy); el Grupo de Artillería de Montaña 5; las compañías de Comando de Ingenieros, de Comunicaciones, de Sanidad, pertenecientes a la V Brigada; tres escuadrones de Gendarmería; tres compañías de la Policía Federal y fuerzas militares provinciales" (7). Cinco mil efectivos en total. 

El enemigo no llegaba al centenar. Todos los datos coinciden en señalar que la cifra máxima de guerrilleros concentrados en Tucumán llegó a sumar 117 combatientes armados. Fue a raiz de dos operativos de envergadura que se llevaron a cabo en las localidades de Famaillá y Los Sosa. 

Una vez que los refuerzos regresaron a su destino original, en el monte tucumano quedó una dotación guerrillera permanente compuesta por unos 50 efectivos, que recién a fines de 1975 comenzó a reducirse debido al accionar represivo de las fuerzas militares enviadas a esa provincia por el gobierno constitucional de la presidente María Estela Martínez de Perón. Los efectivos legales tardaron un año en terminar con el foco guerrillero en Tucumán. 

Se calcula que los cinco mil efectivos a cargo de eliminar a 100 guerrilleros mataron a unas dos mil personas en esa provincia por sus supuestos vínculos con los insurgentes. 

La caída 

En el segundo semestre de 1975, las organizaciones Montoneros y ERP ya habían sido declaradas ilegales por el gobierno de Isabel Martínez. Una exultante pasión militarista se había apoderado de los comandantes guerrilleros que festejaron como un triunfo el pase a la clandestinidad. Ese año, tan sólo los Montoneros, consumaron más de quinientas acciones militares en todo el país, algunas de importancia. Pero también en ese año comenzaría el tiempo de la derrota. 

El 5 de octubre de 1975 Montoneros atacó el Regimiento de Infantería 29, en la provincia de Formosa. En la operación participaron más de cincuenta guerrilleros, en su mayoría vestidos con el uniforme de combate azul que había diseñado la organización. Para llevar a cabo la ofensiva, se robaron más de 20 vehículos y secuestraron un Boeing 739 de Aerolíneas Argentinas en pleno vuelo. Durante el asalto se produjo un intenso enfrentamiento, con un saldo de 13 muertos y 19 heridos en las filas del Ejército y un número similar o mayor de bajas, nunca confirmado, en el grupo guerrillero. 

La destrucción del aparato militar del ERP, mientras tanto, se produjo a raíz del frustrado copamiento del Batallón de Arsenales 601, en la localidad bonaerense de Monte Chingolo. El operativo ya había sido advertido por los servicios de Inteligencia, y el Ejército se preparó para recibir el ataque. El 23 de diciembre de 1975, minutos antes de las 20, se inició la mayor operación guerrillera urbana contra un objetivo militar, aunque en realidad se trató de la mayor operación militar urbana contra las fuerzas insurgentes, que sufrieron más de 50 bajas en un solo día. 

A la deserción de centenares de militantes de base y políticos que desarrollaban actividades sindicales y que no compartían la determinación de los comandantes insurgentes de combatir contra las Fuerzas Armadas "de ejército a ejército", se sumaron las numerosas detenciones de sus miembros, a las que se sumaban las bajas producidas en diversos enfrentamientos. A fines de 1975, las organizaciones guerrilleras ya no eran las mismas que habían comenzado el año. 

Cuando se produjo el golpe de marzo de 1976, tanto el ERP como los Montoneros se habían retirado de los barrios y fábricas, e interrumpido buena parte de su comunicación con las bases, lo que les significó perder una vital infraestructura para llevar adelante su funcionamiento clandestino. Dependían del aparato propio, y del dinero necesario para financiarlo. 

A esto se sumaron las numerosas bajas entre sus cuadros militares, lo que redujo notablemente su capacidad ofensiva. La guerra contra las Fuerzas Armadas que se proponían ganar estaba a punto de culminar con su derrota aun antes de comenzar. 

La conducción de Montoneros, ante la gravedad de la situación, elaboró un Código Penal de Justicia Revolucionario que castigaba la deserción de su filas con la pena de muerte. Un intento desesperado para frenar la constante fuga de militantes en sus filas. También lanzó lo denominaron "La Tercera Campaña Militar Nacional Montonera", cuyo objetivo principal consistía en eliminar físicamente a cualquier miembro de las fuerzas de seguridad que fuera detectado, donde fuera detectado. Necesitaban triunfos fáciles, militarizar a todos sus cuadros mediante el asesinato. Pobre guerra revolucionaria. 

En marzo de 1976, el ERP y Montoneros tenían su estructura militar prácticamente reducida a la mitad de lo que habían logrado consolidar un año atrás. En otras palabras, en el territorio argentino no había más de 600 guerrilleros armados; el resto pertenecía a las ramas política, logística y otras igualmente ajenas a las operaciones de combate. 

Ya en enero de 1976, el propio general Videla, en ese entonces Comandante en Jefe del Ejército, elaboró un informe referido a las organizaciones insurgentes en general, el que se originó tras el frustrado copamiento del Batallón de Monte Chingolo por parte del ERP. En ese documento, después de afirmar que las organizaciones guerrilleras se encontraban ante una "impotencia absoluta" en cuanto a su "presunto poder militar", señalaba que se había demostrado repetidamente "la incapacidad de los grupos subversivos para trascender en el plano militar". (8) 

Sin embargo, en los últimos meses del gobierno militar, en abril de 1983, bajo la presidencia del general Reynaldo Bignone, la junta de Comandantes elaboró un "Documento final", con el que pretendía dar por cerrada toda revisión del pasado y que, entre otras cosas, afirmaba que los subversivos habían contado con 25.000 militantes, de los cuales 15.000 habían sido combatientes. 

Una exageración absurda que contradecía los datos aportados por los propios militares, pero políticamente oportuna. 



 

(1) García, Prudencio: "El drama de la autonomía militar", Alianza Editorial, Madrid, 1995.

(2) Trabajo incluido en el libro "Argentina hoy", compilación a cargo de Alain Rouquié, Siglo XXI Editores, México, 1982. Pág. 210.

(3) Frontalini, Daniel y María Cristina Caiati: "El mito de la guerra sucia", Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Buenos Aires, 1984. Pág. 72

(4)  El diario "La Opinión", en ese entonces intervenido por el gobierno de facto, la reproduce textualmente en su edición del 21 de abril de 1977.

(5) Mattini, Luis: "PRT-ERP", Ediciones De la Campana, Buenos Aires. Pág. 289. 

(6) Seoane, María: "Todo o nada", Editorial Planeta, Buenos Aires, 1992. Pág. 264.

(7) "El terrorismo en la Argentina", editado por el Poder Ejecutivo Nacional, Buenos Aires, noviembre de 1979. Págs, 117 y 118.

(8) Diario "Clarín", Buenos Aires, 31 de enero de 1976.