A modo de introducción

Sobre ausencias y exilios

 

Si las cosas parecen relativamente explicables en la superficie –los propósitos, los métodos y las consecuencias- resta, no obstante, un fondo irreductible a toda razón, a toda justicia humana y es ahí, entonces, que el sentimiento de lo diabólico se abre paso, como si por un momento hubiésemos vuelto a las vivencias medievales del bien y del mal, como si, a pesar de todas nuestras defensas intelectuales, el demonio estuviese allí, una vez más, diciéndonos: ´¿Ven? Existo. Ahí tienen la prueba´. Faltaba ese círculo en el infierno dantesco, y los supuestos gobernantes se encargaron, en éstos últimos tiempos, de crearlo y de probarlo”  (Julio Cortázar)

La historia argentina registra por lo menos dos casos de golpes militares signados por la improvisación: los de 1943 y 1955. El movimiento del 24 de marzo de 1976 se sitúa en las antípodas de estos; alguien ha escrito que “... dio en sus primeros pasos una sensación de serenidad y de estar ejecutando un plan perfectamente diseñado hasta en sus mínimos detalles”. A que las cosas sucedieran de esta forma contribuyeron varios factores, como por ejemplo la falta de respaldo que sufría el gobierno justicialista; pero lo fundamental fue el hecho de que los tres hombres que en aquel entonces ejercían la conducción de las Fuerzas Armadas fuesen inclinados a actuar más racional que impulsivamente.

Los comandantes sabían que esperar pacientemente el momento adecuado para derrocar a “Isabelita” daría un doble rédito, pues consolidaría en la población la imagen de ineptitud que ofrecía su gobierno y permitiría analizar la situación del país y escoger las mejores alternativas para aumentar las posibilidades de éxito de su futura gestión.

Las Bases para la intervención de las Fuerzas Armadas, señalaba las tres fases por las que sucesivamente debía transitar el Proceso. En la “fase 1” las FFAA asumirían el poder y el control de la estructura del estado; en la “fase 2” designarían un presidente encargado de concretar el “reordenamiento institucional” que haga posible el restablecimiento de la forma representativa, republicana y federal de gobierno; mientras que en la “fase 3” se realizaría la transferencia progresiva a equipos civiles de las responsabilidades ejecutivas; esta última fase no llegó a darse en la forma en que la habían concebido los militares del ’76.

El Proceso esperaba prolongarse por un tiempo considerable, pero no se sentía destinado –al menos de palabra- a regir la vida de la Argentina por toda la eternidad. Una vez instalada la Junta Militar en el poder, consagró presidente de la Nación al Gral. Videla, para que éste a su vez pusiera en funciones a quienes por varios años quedarían a cargo de cada una de las dependencias estatales; todos ellos miembros del sector castrense, exceptuando las carteras de economía y educación.

El poder se repartió entre el presidente y los comandantes. Éstos desde 1976 quedaron a cargo de la conducción integral de sus fuerzas, lo cual implícitamente significaba, entre otras cosas, el control de la lucha contra la guerrilla. Se reservaron además el derecho de aprobar o rechazar las designaciones de jueces, embajadores y gobernadores. Y limitaron el poder del primer mandatario cuando una suerte de congreso en miniatura (integrado por tres generales, tres almirantes y tres brigadieres), crearon la Cámara de Asesoramiento Legislativo (CAL), que recibiría los proyectos de leyes elaborados por el Ejecutivo. Este sistema fue elaborado con la finalidad de que el poder no quedase concentrado en un único individuo y así no surgiese un “dictador” (como si Videla no lo fuera).

Ante los ojos del gran público, la Junta Militar pretendía dar una imagen de perfecta unidad, aunque internamente se hallaba dividida por las constantes fricciones entre sus 2 miembros principales, el Gral. Jorge Rafael Videla y el Alte. Emilio Eduardo Massera. Sin embargo ideológicamente no existían profundas divergencias, pues ninguno de ellos estaba adscripto a una línea muy definida. 

El signo distintivo del Proceso pretendió ser el equilibrio: la misma denominación “Proceso”, en lugar de la tradicional “Revolución”, indicaba que esta era la línea elegida. Pero semejante postura exigía un nivel de claridad en la comprensión de los fenómenos políticos y sociales al que los militares no llegaron, y ello explica que tantas veces hallan hablado contradictoriamente al tratar de precisar el ideario del movimiento.

Los medios de comunicación -además de pasar Comunicados Oficiales del Estado Mayor Conjunto-, señalaban que comenzaba una nueva etapa en el país, veían en la figura del designado presidente, Videla, a un hombre de conducta, un católico con disciplina, que había egresado y había llegado a ser Director del Colegio Militar de la Nación, siendo muy respetado por sus camaradas de armas.

La mayor parte de los puestos públicos quedaron en manos de militares. En cuanto a los civiles que ocuparon los restantes, los partidos de centro-derecha, ideológicamente afines al régimen, constituían una importante reserva de potenciales dirigentes. El frondizista Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que había apoyado y promovido abiertamente el derrocamiento de Isabel, recibió como recompensa la Embajada de Brasil, en la figura de Oscar Camilión. Con amplitud de criterios se asignaron otras sedes: Lisboa, para el socialista Américo Ghioldi; Roma para el demoprogresista Martinez Raymonda; Moscú, para el líder del bloquismo Leopoldo Bravo; y el Vaticano, para el radical Rubén Blanco (con el consentimiento expreso de Ricardo Balbín).

No quedan muchos más políticos que nombrar, sólo en el nivel de las intendencias, se registra una mayoría de los representantes de los partidos. Se sabía que muchas personalidades del radicalismo, como otras agrupaciones de derecha, se sentían aliviados con el golpe de marzo, y en muchos casos colaboraron con el régimen militar, conservando sus antiguos puestos en el gobierno, como ocurriría con varios intendentes municipales, pero también estaban aquellos, la mayoría provenientes del radicalismo de “izquierda”, que estaban abiertamente opuestos a la Junta.

Estas situaciones se daban en el nivel local que analizaremos, para el cual intentar una aproximación al proyecto autoritario iniciado el 24 de marzo de 1976, presupone analizar el impacto sociopolítico que el golpe produjo en un entramado social campanense que sería hegemonizado en el corto plazo por un “bloque civil” (1) para el cual, al igual que a nivel nacional, “... puede apuntarse como decisoria la hegemonización desde los sectores detentatorios del poder, según sus intereses en cada coyuntura histórica y el mejor camino para su viabilización, ora acentuando los componentes autoritarios, ora dando un paso atrás y levantando los presupuestos democráticos, transformando dichos intereses en valores socialmente aceptados, legitimándolos como validos mediante su institucionalización, operando sobre la falta de homogeneidad social” (2).

Esa homogeneidad social de los sectores de poder distaba en nuestros medios de compromisos democráticos profundos patentizados por una actitud de indiferencia frente a la estructuración del aparato represivo, en la medida que podrían ver preservados sus intereses, fundamentalmente los empresariales y los vinculados al control de la producción simbólica (medios de comunicación, sistema educativo, instituciones socioculturales), más allá de la vigencia del sistema democrático.

En tal sentido, resulta paradigmático lo que ocurrió en el campo de la cultura, reforzó la imagen del pluralismo ideológico. Ni el filósofo Victor Massuh –designado embajador ante la UNESCO- ni el doctor Ricardo Bruera –Ministro de Educación- podían ser considerados representantes de tendencias cerradas, dogmáticas o reaccionarias. 

Semejante pluralismo, sin embargo, se encargaría por si sólo de encontrar sus límites. A mediados de 1976, el círculo que rodeaba a Videla, en la búsqueda de una personalidad relevante para colocar al frente de la UBA, se inclinó por Alberto Constantini, presidente del Centro Argentino de Ingenieros. Lo que no esperaban era que el flamante rector, en el mismo acto en el que asumió su cargo defendiera la Reforma Universitaria de 1918; y los militares –que se hallaban en plena lucha contra el terrorismo y recordaban como las universidades constituían los principales centros de operaciones de las organizaciones insurgentes- no tenían ni la menor intención de ceder una espacio de poder tan significativo, ni siquiera pensaban permitir que las doctrinas marxistas alcanzaran una difusión teórica semejante a la del período reformista anterior a la “Noche de los Bastones Largos” con el intervencionismo de las universidades del dictador Onganía.

En octubre de 1976 una ley dispuso la creación de una novena cartera: la de Planeamiento, que sirve para rememorar el auge que tuvieron, por la década del ’60, las teorías difundidas por los “expertos” de las organizaciones internacionales que planteaban que la correcta planificación de la acción de gobierno constituía una de las claves del éxito de una gestión.

Como resultado de tales premisas a mediados del ’77, Planeamiento dio un esbozo de Proyecto Nacional que testimonia, en líneas generales, la equilibrada orientación ideológica de los hombres del Proceso. Distanciándose de todos los extremismos, el proyecto se esforzó por dibujar una sociedad deseada en la cual confluyeran los valores universalmente reconocidos: la libertad y la solidaridad, la participación y la paz, la dignidad de la persona y la vigencia del orden jurídico. El “objetivo supremo” de la Nación no debía ser sustituir el sistema institucional establecido por nuestra Constitución, sino fundar una Nueva República que asumiera y completara un legado que el poder autoritario no podía “refundar”, prescindiendo de los actores sociales que dan sentido y objetivos de bien común a una nación.

El golpe, esperado por gran parte de la sociedad argentina, que veía al gobierno de Isabel como un poder minado por la corrupción, la burocracia partidaria y sindical, y llevado adelante por hombres que perseguían intereses económicos particulares, valiéndose muchas veces de agrupaciones clandestinas como la Triple A, sintió un supuesto alivio que parecía ser la visión de la mayoría de la sociedad argentina, que especulaba con la posibilidad de que la tranquilidad y la paz eran atributos que sólo los militares podían procurarles.

El tiempo y los hechos demostrarían lo errado de quienes cifraron expectativas en unas salidas golpistas que devastaron al país y su gente; a punto tal que hombres de la cultura también creyeron que el “caos isabelino” sólo admitía la sujeción a un poder fuerte que controlara a las “bandas terroristas” y produjera cambios y mejoras que con el transcurrir del tiempo y el terrorismo de Estado, revertiría una opinión inicial sustentada por figuras como Borges o Sábato sobre una renovación en el ámbito cultural que tendría su más terrible referente en la desaparición de personas, antes que en la sensibilidad y el compromiso de las distintas manifestaciones culturales.

A pesar de esto, Sábato, cuando Alfonsín lo convocó para encabezar la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), ya se había enfrentado al régimen y la posibilidad de rescatar la memoria de miles de desaparecidos, hace presuponer que sus opiniones del ’76 habían cambiado.

En tal sentido y a efectos de nuestro trabajo, el informe de la CONADEP ha sido de central importancia para el análisis local, acotado al período 1976–1982, que también ha implicado relevar información en publicaciones de la época, tanto como charlas y entrevistas con personas que adquieren carácter de “informantes claves” para la realización del trabajo, que está enmarcado en un contexto nacional sobre el que existe bibliografía y que no agota, a nivel local o nacional, la multicausalidad de factores que cimentan los hechos acaecidos durante la dictadura iniciada en 1976.

Y que avanzada en el tiempo, desarrolló una “lucha” más frontal y más radicalizada, con una represión creciente que impedía cualquier tipo de militancia vinculadas a las “orgas” (por organizaciones); dictadura que también se dio una estrategia para con la prensa, a través de circulares que reglamentaban el manejo de la información y para lo cual no alcanzó el compromiso y la lucha militante de Rodolfo Walsh con su agencia ANCLA (acrónimo que ocultaba el nombre de Agencia Clandestina de Noticias), como forma de colaboración de “inteligencia” para Montoneros; para lo cual envía claves e informes a redacciones de diarios, revistas y a corresponsales extranjeros o nacionales, sobre aquellos temas sobre los que existía censura, denunciando acciones de represión o terrorismo de Estado, llegando mucha de esta información en forma rudimentaria, ya fuese manuscrita o mimeografiada. Pero esto tampoco alcanzaba, porque las repercusiones en los medios extranjeros no fueron muy diferentes a las plasmadas en nuestro país, y la prensa mundial hacía referencia a la situación caótica del régimen depuesto y tenían la esperanza que los militares encaminarían la situación.

Sumado a esto la mayoría de los gobiernos reconoció enseguida a la nueva Junta Militar Argentina, y el Fondo Monetario aseguró que el nuevo gobierno podía obtener un crédito stand by por U$S 300 millones, quedando sobreentendido que la política económica debía cambiar de rumbo, y para encabezar dicha transformación había sido designado en la cartera económica José Alfredo Martínez de Hoz, nieto del fundador de la Sociedad Rural Argentina, funcionario del Palacio de Hacienda con el Gobierno de José María Guido, integrante del directorio de varias empresas (Acindar, por ejemplo) y fundamentalmente hacedor de un “programa” que venía preparando  su equipo desde 1975 y que implicaría pasar de una economía de especulación a una de producción, liberando variables económicas que, a la postre, favorecerían a unos (como el Chase Manhattan Bank, del que Martínez de Hoz era asesor) y que perjudicarían a otros (pequeños empresarios, trabajadores, jubilados, docentes, etc.) que sucumbirían en la “timba financiera” de la “plata dulce”, con altas tasas de interés, especulación y falta de inversión productiva; después de todo daba lo mismo “fabricar acero o caramelos”, en palabras que consagrara  Martínez de Hoz.

Sin embargo a partir de 1980 la crisis estalló: aumentaron las quiebras y los bancos y financieras acumularon créditos incobrables; el peso fue devaluado en un 400 % y la inflación llegó al 100 %. En 1982, el Estado absorbió la deuda de los bancos y nacionalizó la deuda privada de las empresas, cuyo resultado fue el aumento de la deuda pública y privada del país; pero sobre todo el ’82 significó la etapa terminal del Proceso: la ocupación de Malvinas, el 2 de abril, y la posterior rendición ante los británicos, el 14 de junio, se convertía en uno de los factores que precipitaron la caída y abrieron a la sociedad argentina el espacio político que ya a fines de año comenzaba a ocupar la vida cotidiana de los argentinos que volvían a volcarse, después del más terrible silencio, en plazas y calles de todo el país, Campana incluida.

A pesar que durante el período 1976–1982, una nueva autocracia representada por el gobierno de las Fuerzas Armadas se hiciera de un poder cuyo objetivo final fue modificar  todo el sistema de relaciones sociales y que para lograrlo demoliera muchas de las instituciones y organizaciones creadas por el peronismo, aplastando toda oposición política y llevando a cabo una guerra contra los grupos armados de la guerrilla, las “Bases” del Proceso cedieron sus cimientos desde que instalaron el terrorismo de Estado más feroz, que significó no sólo enfrentar esas acciones, sino también toda forma de participación popular en las escuelas, fábricas, barrios, reprimiendo toda expresión no conformista en las artes y la cultura, en síntesis; a todo cuestionamiento de autoridad, que también tuvo su correlato a nivel local, lo que ha implicado que recurramos (debido a la carencia de trabajos previos sobre el tema) a un análisis cuantitativo basado en la utilización de los “Anexos” del Informe / CONADEP y de la lista que hace varios años, se manejara en Campana a nivel de derechos humanos en los sectores sociales y políticos, que sirven de marco referencial para situar temporalmente las desapariciones de y en Campana, en forma provisoria.

Lamentablemente, muchas personas no figuran en los “Anexos” y muchas otras no han sido registradas; pero en la continuación de éste trabajo, más allá de lo que aportemos, es que esperamos que la precisión de los datos que relevemos contribuyan a la persistencia de una memoria colectiva que no puede, ni debe, prescindir de todos ellos.

Queda como norma del presente, la no especificación detallada de la agrupación u organización política de nuestros desaparecidos, salvo las que se infieran de entrevistas y sean transcriptas, ya que la violencia represiva, para ser tal, sólo admitió la categorización de las personas como “subversivas”,  por el hecho de pensar distinto a lo que imponía el terrorismo de Estado.

En la primera parte, se analizan en forma global las características generales del gobierno de facto iniciado en 1976,teniendo en cuenta sus causas y la estructura político-económica del aparato represivo. Además se analizó la incidencia del “bloque civil” que acompañó el advenimiento de los militares en el poder.

Posteriormente pusimos énfasis en la información relevada con relación a la represión implementada dentro de la sociedad misma desde el poder político-militar, finalizando el análisis con las acciones de resistencia de determinados grupos frente a la política del terrorismo de Estado que  se convertirían en  las organizaciones de defensa de los derechos  humanos.

En la segunda parte del trabajo, abordamos el análisis de la realidad campanense en el período 1976/1982, partiendo del contexto previo que se daba en sectores de la sociedad campanense con el fenómeno de agudización de la violencia política y represiva; haciendo eje en los sectores que conforman el “bloque civil”, que se expresara a través de dirigentes o ciudadanos pertenecientes a las denominadas instituciones intermedias, tanto como por dirigentes políticos que en época de “veda política”, en algunos casos, recurren a la “representatividad social” que puedan o logren asumir; o por algunos gremialistas que no podían desarrollar la tarea específica sindical, sino que debían preservar la actividad social del gremio al que pertenecieran, condicionados  generalmente por las instrucciones que les impartían desde el poder político de la dictadura.

En ese contexto de discutibles lealtades, de compromisos impuestos o aceptados con resignación o voluntariamente, están las “ausencias” y los “exilios” en nuestra ciudad, personalizados en vecinos, compañeros o amigos desaparecidos o exiliados.

Cierto: no son todos, ni la lista provisoria que intentamos confeccionar refleja la totalidad de los casos que incluyen a gente de Campana, ni la situación por la que pasaron militantes político-sociales está expresada en la dolorosa magnitud que podrían o deberían ser narradas; para lo cual entendimos que sería necesario otro trabajo a realizar en donde consten los testimonios u opiniones de cada caso particular que se analice, en la medida que dicho estudio o análisis excede el marco de esta aproximación  inicial.

De todas formas, la posibilidad de “arrimarnos ”,de intentar abrir un modesta “picada” en la maraña de nuestra historia reciente del pago chico, es válida y nos “obligaba” a elegir, a seleccionar entrevistados y opiniones que nos brindaran(tanto como artículos, comentarios, editoriales periodísticas) información sobre lo que pasaba en esta “isla”, en base a la significación social que entendemos tenían en esos momentos cuando nuestros exiliados no estaban, ni nuestros desaparecidos aparecían siquiera en los tortuosos  laberintos del Proceso.

Por eso esta primera mirada, que aspiramos alcance, al menos, para seguir tratando de ver más lejos.

Aún así, y a riesgo de cometer errores, creemos que el aporte de vecinos que vivieron o sobrevivieron al Proceso, desde acá o desde el exilio, tanto como la presencia de quienes permanecen en condición de desaparecidos, han contribuido para que, en este acelerado fin de siglo, podamos expresarnos a través de este trabajo, seguros de que no olvidamos.

Humildemente: damos fe.

Notas

(1) Duhalde, E. L.; Una Reflexión sobre el Bloque Civil del Terrorismo de Estado, págs. 386 – 388 – 390 – 392; en “Decíamos Ayer”; citado en la bibliografía general.

(2) Ibídem.