Un “paraíso” tan temido

Sobre ausencias y exilios

 

“Se llegó al extremo en que si me preguntan
qué es lo sancionable no me creerían.
Todo: hablar, cambiarse de banco, el pelo,
preguntar el por qué de una sanción , tener la corbata floja...” 
(declaración de un alumno secundario a la Revista Contexto, Nro. 17)

“ (...) No ha existido tal doctrina. Ignoro las razones o los motivos
que pueden tener quienes sostienen lo contrario. Asocian aparentemente
su repudio a esa pretendida doctrina, a sus acervas críticas a los excesos
o errores que pudieron cometerse durante la necesaria lucha
contra el terrorismo subversivo en los años ´70...”
( Gral. Alejandro Lanusse, sobre la Doctrina de Seguridad Nacional)

Si bien la violencia en nuestro país no fue extraña en otras épocas, es difícil que se encuentre algún período comparable con el de los años ´70, durante los cuales miles y miles de hombres murieron en las manos de sus propios compatriotas.

La gestación de las fuerzas terroristas que actuaban en la Argentina al comenzar el Proceso tuvo lugar en la segunda mitad de la década del ’60. Es posible reconocer tres focos que acabaron por confluir  en el terreno de la praxis: el del marxismo, el de la derecha y el del catolicismo.

Dentro de la tendencia marxista o de izquierda se pueden distinguir las siguientes:

* Las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) constituían uno de las agrupaciones más antiguas existentes en el país era la rama armada del Partido Comunista Marxista-Leninista; esta agrupación comenzaría a actuar en 1968; definían su origen como “producto del cierre de las instancias legales y pacíficas” para el accionar político, sosteniendo que había que formar un “partido y ejército revolucionario”, pero que todavía no estaban dadas las condiciones para hacerlo, por lo que se estructuraron como columnas guerrilleras.

* Las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) provenían de la izquierda peronista, que en su mayoría se nutrían de las ideas de John William Cooke; a principios de 1967 se estableció en el campamento de El Plumerillo en Taco Ralo (Tucumán); esta experiencia, sería el antecedente de la conformación de la FAP.

* El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) era el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), con orientación troskista, que incursionó en la operación de “guerrilla rural” y se distinguió por la rigidez e inflexibilidad de sus posiciones, que continuaron invariables, aún durante el gobierno de 1973; sus dirigentes más notorios eran Mario Santucho, Enrique Gorriaran Merlo y Arnold Kreimer.

El ala católica estaba integrada por la agrupación Montoneros, que fue junto con el ERP, la más persistente y combativa, y la que contó con el mayor número de militantes. Creado hacia 1967 por Fernando Abal Medina, Carlos Ramus y Mario Firmenich, todos ellos ex alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires y miembros de la Acción Católica Argentina, y que anteriormente habían actuado en el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara (MNRT), y del TRP (Tendencia Revolucionaria Peronista). Su principal acción armada sería el secuestro y posterior fusilamiento del ex presidente Gral. Pedro E. Aramburu, en 1970.

Mientras tanto la derecha peronista, que en los primeros años de la década del ’70, se había encolumnado detrás de un siniestro  personaje, José López Rega, inició con la “Masacre de Ezeiza” (1973) una violenta ofensiva con el objetivo de desalojar la tendencia izquierdista, destruyendo primeramente la relación de las organizaciones revolucionarias con las masas y “frenar” así la movilización de las “bases”. Aliada a la derecha “no peronista”, creó una agrupación paramilitar que se “encargaba” de realizar esta tarea, y que se denominó Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).

Haciendo hincapié en la denominada "Doctrina de Seguridad Nacional" las FFAA de nuestro país fundamentarían su accionar a partir de marzo de 1976. Esta "Doctrina de Seguridad Nacional", surgida en el contexto del conflicto entre EE.UU. y la URSS, fue aplicada en los países del Tercer Mundo que estaban bajo la influencia de EE.UU. y sus aliados militares de la OTAN, con el objetivo de mantener el equilibrio frente al bloque soviético, y librar al bloque liderado por EE.UU. del "peligro comunista" o, que "la subversión de izquierda" ganara terreno en éstos países; así Argentina, abandonaría la "Doctrina de Defensa Nacional" -promovida durante el auge del peronismo y que concebía la organización de las FFAA del país según el concepto clásico de nación en armas y consideraba como hipótesis de guerra provocada por un enemigo externo a las fronteras nacionales- por la de "Seguridad Nacional" y "aceptaría" la integración de las Fuerzas Armadas nacionales en los dispositivos internacionales de defensa creados por EE.UU. y definía como hipótesis de conflicto los "provocados por un  enemigo interno", estableciendo como tarea de las fuerzas militares locales controlar las fronteras ideológicas, vigilar las actividades políticas de la ciudadanía, y por supuesto, reprimir las manifestaciones políticas que, desde el punto de vista castrense, se consideraran subversivas. Era la elaboración de doctrinas contrarrevolucionarias que condenaban todo cambio, y se entrenan en actividades contraguerrilla -puestas a prueba sus conocimientos en la selva tucumana- y de acción cívica; además de ser asistidas las FFAA. por material y entrenamiento, los que justificaron el establecimiento de misiones militares que, se enclavan en puntos estratégicos de los comandos locales. Era la plena justificación a la intervención militar dentro de la vida política e institucional de la nación, y de esta postura, los militares basaban su accionar aplicado en el terrorismo de Estado.

Los métodos utilizados por los militares están copiados de los que emplearon los ejércitos europeos colonialistas de ocupación, como fue en caso del ejército de ocupación francés en Argelia, con zonas rastrilladas, búsqueda de información por medio de la tortura, a desaparecidos o familiares de los mismos, como así también la ejecución de secuestrados después de realizados los interrogatorios. Pero la represión no se limitaba a las FFAA, también era ejercida por grupos parapoliciales, la Policia Federal y Provincial., y la SIDE, volviéndose incontrolable, y con un gran poder de autonomía, a lo que se le puede agregar la imposibilidad jurídica para frenarla, a tal punto que no se admitía oficialmente, haber realizado ejecución alguna: ningún juez civil o militar había firmado sentencia de muerte a pesar de que el Código Penal había sido reformado para incluir la pena de muerte para los actos terroristas, previo juicio realizado por los Consejos de Guerra Especiales (ley 21.461); a pesar de ello Amnesty International estimaba que a fines del '76 se hacían 15 ejecuciones diarias. Esta política (tolerada por los civiles que habían apoyado en golpe, y la oligarquía argentina, "liberal" desde el punto de vista económico, pero que no practicaba estos mismos ideales en el plano político) demostraba la arbitrariedad del gobierno al momento de impartir justicia. 

Los documentos oficiales de la lucha antisubversiva pintan un cuadro sombrío del momento en que se produce el golpe de Estado: dan los nombres de veintitrés ciudadanos, de distintas ocupaciones, que habrían sido víctimas de la violencia extremista en los nueve días que precedieron al 24 de Marzo. En menos de tres años el total de muertos había pasado de ochenta y cinco a poco más de quinientos. Así se inicia lo que el mismo Proceso denominó la “Guerra Sucia”, es decir, su propia guerra contra la guerrilla.

Ésta guerra estuvo signada por dos determinaciones: la primera partía del supuesto de que la actividad terrorista había alcanzado un nivel compatible con el desenvolvimiento normal de la sociedad. La derrota de la insurgencia, entonces, era el objetivo prioritario de la Nación. Un paso más en la misma línea de pensamiento llevaba a la conclusión: había que aniquilar a las fuerzas enemigas, aún al precio de sacrificar todo lo que fuera necesario, como por ejemplo, el conjunto de normas que configuran un Estado de derecho. Así, la defensa de los individuos parecía exigir la abolición de los mecanismos creados para defenderlos.

La segunda determinación se podría considerar una consecuencia de la primera. Algunos miembros del gobierno eran conscientes de que actuaban al margen de la ley, y de inmediato llegaban a la conclusión de que no podían hacerlo públicamente. Otros eran partidarios de “trabajar” a la luz del día y dar a conocer el resultado de los procedimientos que se realizasen, amparados por una explícita declaración de guerra y por el consenso de la población. Pero éstos hombres no lograron articular una doctrina completa, de modo que la lucha contra la guerrilla sería secreta, además de ilegal. Ni el Poder Ejecutivo ni las Fuerzas Armadas se harían responsables de ella.

Todo ocurriría en la mayor oscuridad: militares sin uniforme, policías sin identificación, coches sin patentes, cárceles clandestinas, prisioneros sin nombre, celdas sin número... nadie sabría nada de nada.

Es importante destacar que las fuerzas de la contrainsurgencia no dependieron del Poder Ejecutivo, ni siquiera indirectamente, y era poco el control que el Ministerio del Interior ejercía sobre sus operaciones. Semejante afirmación no significa desconocer que ocasionalmente se verificase la colaboración de diversas dependencias públicas. Lo más relevante fue encarado independientemente por cada una de las tres Fuerzas Armadas. Al Ejército –el más atacado por el terrorismo- le cupo la mayor participación.

Pero, ¿quién era sospechoso?. Para poner un caso típico, aquel que figurara en la libreta telefónica de un “guerrillero”. La detención podía tener lugar en plena calle o en los domicilios particulares. La ocasión se aprovechaba para robar las pertenencias de la familia, a las que consideraban “botín de guerra”. Todo ello sin que las víctimas pudiesen reclamar protección alguna, ya que las unidades policiales habían recibido previamente la orden de “liberar la zona” en cuestión. 

El primer punto de destino era alguno de los trescientos centros clandestinos de detención, que podían estar situados dentro de unidades militares o policiales, como en casas aparentemente comunes. Allí, se interrogaba duramente a los individuos. La tortura existió en nuestro país desde mucho tiempo atrás, pero la crueldad con que se la practicó durante la guerra sucia no tiene nombre.

Pasada, aunque no por todos, la etapa de las averiguaciones, se tomaba una decisión, y quienes habían resultado inocentes quedaban en libertad en algún sitio desconocido. Para los “culpables” se abrió, de acuerdo con una frase de origen español, una opción de “hierro”: el encierro, el destierro o el entierro. Es decir, encarcelación por tiempo indeterminado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, el exilio o la “desaparición”.

No había una respuesta social frente a semejante barbarie, frente a las declaraciones de los gobernantes que hablaban de una “guerra contra la subversión” que deja muerte, detenciones, torturas y desapariciones. El terrorismo de Estado encuentra sus defensores más comprometidos en funcionarios, militares e industriales extranjeros que visitan el país en este período, llegando a declarar algún industrial que “no importa la muerte de 10.000 seres humanos –aludiendo a cifras oficiales- si con ello se salva la sociedad”. 

Si bien se pudo desconocer la magnitud de los hechos, de ninguna manera pudieron ignorar el orden represivo impuesto y la acción del poder para controlar los menores detalles de la vida cotidiana. Es más, puesta en boca de muchos, era común la frase “por algo debe ser” para justificar la detención de un vecino, compañero de trabajo, muchas veces motivada no por razones ideológicas, sino por averiguación de antecedentes, o por no llevar consigo documentación identificatoria. Decenas de miles de habitantes debieron soportar días de detención debido a una simple sospecha, o como parte de una campaña de terror emprendida sistemáticamente. Muchos de esas personas que vivieron detenciones circunstanciales, no aparecieron más, se transformaron en esos “entes que se habían esfumado en el aire”, definición aplicada por el entonces presidente Videla.

Con insistencia se trató de aniquilar por todos los medios posibles cualquier expresión racional e independiente, condicionando por todos los medios, ya sea desde la escuela o los medios de comunicación, la enseñanza de ideales y símbolos que se “identifican” con el régimen. Así lo explica la CONADEP en su Informe Nunca Más 

“[...]  iba arraigándose la idea de la desproporción, el oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, pudiese caer en aquella infinita caza de brujas, apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente o inconsciente a justificar el horror: “por algo será”, se murmuraba en voz baja, como queriendo así propiciar a los terribles e inescrutables dioses, mirando como apestados a los hijos o padres del desaparecido. Sentimientos, sin embargo, vacilantes, porque se sabía de tantos que habían sido tragados por aquel abismo sin fondo sin ser culpables de nada; porque la lucha contra los subversivos, [...] se había convertido en una represión demencialmente generalizada, porque el epíteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como imprevisible. [...] Todo era posible; desde gente que propiciaba la revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a las villas miseria para ayudar a sus moradores. Todos caían en la redada: dirigentes sindicales [...] miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos, sociólogos [...] jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes [...] Y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de esos amigos, gente que había sido denunciada por venganza personal y por secuestrados bajo tortura. Todos, en su mayoría inocentes de terrorismo o siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque éstos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores”. (1)

Uno de los objetivos primordiales que perseguían los militares desde su instalación en el poder fue el neutralizar a la juventud, ganar su apoyo para la causa del Proceso, y en caso de que éstos no se adecuaran a las pautas ideológicas, se aplicaban distintos "métodos preventivos", que iban desde la marginación social y psicológica, para pasar posteriormente desde el asesinato a la desaparición, con el objetivo de eliminarlos. Para los militares la juventud se había vuelto contestataria y rebelde, se había transformado en una generación perdida, y el sólo hecho de ser joven se convertía en algo peligroso.

Pero al mismo tiempo y pensando en un largo plazo, el gobierno empieza a desarrollar una estrategia encarada a convertir a los jóvenes, en especial los que cursan el secundario, ya que es este sector el que promedia el millón de habitantes; serían el futuro que sustentaría al régimen y que los llevaría al camino de la conquista total de la juventud.

Para ello no se limitan a cambiar los planes de estudio, sino que ponen en marcha un plan más vasto que combina la represión y el terror con la adulonería y el paternalismo.

El año del mundial cambia algunas cosas. Los estudiantes secundarios vivieron ese evento con el mismo fervor que el resto  de la población, sin la suficiente conciencia de los verdaderos problemas del país, y con ganas de "ganar algo”.

El posible conflicto con Chile por el Beagle hace que los estudiantes se reúnan en torno a las comisiones de paz formadas en las iglesias, o participen de campañas de ayuda (organizadas por familiares) para los soldados destinados a la frontera sur, la gran mayoría de ellos conscriptos.

En el accionar del Ministerio de Educación en el período 1976-1983 se advierte la preocupación por actuar sobre el estudiantado para que incorporen en su etapa formativa, la escala de valores y visión del régimen, organizando un régimen de disciplina de alto rigor e intolerancia, llenado los establecimientos de circulares, folletos -uno de los más conocidos era el llamado "Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo",  que contaba con todo tipo de recomendaciones y órdenes para sanciones disciplinarias, llegando a prohibir las cosas más insólitas como por ejemplo, el uso del jean y del pelo largo en el caso de los varones. El control de los militares sobre la educación llegaba inclusive a los docentes, los cuales en varias oportunidades eran citados a las dependencias militares.

Otra actitud de violencia, pero sin sangre, e impuesta en esos días, era la ejercida por los “formadores de la opinión pública”, que tratan de imponer una ideología antiintelectualista, irracional y de mitos que pertenecen al poder del país, como por ejemplo, en nuestro país se aplicó con el Mundial de Fútbol de 1978, a semejanza de las Olimpíadas de Munich de 1936. 

El totalitarismo y la mentalidad autoritaria silencian todo análisis crítico y toda información que pueda interferir en el dominio que ejercen sobre el pueblo. Esa actitud trata de sumar al sometimiento sustentado en la organización familiar y moral, el silencio sobre algunos aspectos de lo que ocurre en otras áreas del mundo, o las verdaderas repercusiones mundiales de lo que ocurre en el país, y que generalmente retrataba la prensa internacional, y que aquí era vista como una “campaña antiargentina”. Ésta es otra de las violencias que se suman a la tortura, ya que lleva en sí el deseo de que la población acepte, como algo natural y con indiferencia (llegado el caso) la violencia física y psíquica, ejercida contra los disidentes del sistema.

La reforma profunda que quería realizar la Junta en la sociedad demandaba que se erradicara la subversión y toda forma de “comportamiento contestatario” en escuelas, fábricas y aún dentro de la misma familia, y era de paso, terminar con la sociedad política populista, de la que se culpaba tanto al gobierno peronista, como al “complaciente” radicalismo y al auge de la izquierda. Se pretendía “disciplinar” al sector industrial, a la clase obrera, y al empresariado nacional “ineficiente”. En busca de estos “objetivos”, se explica en alguna medida la magnitud que alcanzó la represión, no sólo en el plano de combatir a la guerrilla propiamente dicha, sino de todas las manifestaciones de protesta social y hasta de independencia de criterios que surgieron en esos años; “el apoyo de la población debe ser total. Es porque nosotros eliminaremos a los neutros y a los indiferentes, pues nadie debe estar ausente de esta lucha”; las declaraciones de este tipo eran comunes dentro del ámbito del gobierno, había que cambiar a la sociedad desde la raíz, y para ello era necesario un “nuevo pensamiento social”, en donde no tenían lugar los que no se hallaban comprometidos con el régimen.

Así se fueron tomando las medidas necesarias para implementar dichos cambios, se modificaron leyes que se consideraban “excesivamente permisivas” para el trabajador, y se realizaron quemas de libros y revistas, con “ideología corruptora de la juventud”.

La prensa comenzó a ser “controlada” por medio de una circular, que reglamentaba el manejo de la información, con el objeto de “preservar la defensa de la institución familiar, respetar la dignidad, intimidad y honor de las personas, y erradicar los estímulos fundados en la sexualidad y en la violencia delictiva”, entre otras cosas.

Aquellos que tenían militancia partidaria y gremial sabían que la situación imperante agudizaría las contradicciones existentes en la sociedad; los militantes de las agrupaciones como ERP (para esta época en vías de ser “aniquilado”), o Montoneros, creían que frente al descontento generalizado de la masa obrera y la mayoría de la sociedad, ellos representaban la única alternativa de oposición a la Junta Militar. Los métodos para las detenciones de militantes se recrudecían y se extendía a las coordinadoras gremiales y centros de estudiantes; era “descabezar” a una sociedad que había vivido las últimas tres décadas de luchas y reclamos por una participación política que les había sido otorgada en “cuentagotas”; la represión siempre había existido, pero ahora iba a ser mucho más notoria. 

Ahora la lucha era más frontal, y radicalizada, la represión iba creciendo, y la militancia era cada vez más difícil de realizar; las reuniones para discutir publicaciones partidarias, catalogadas por el gobierno como “subversivas”, se hacían cada vez menos, o con el constante peligro de un “operativo cerrojo”  o “de pinzas” para realizar detenciones de militantes en masa; los métodos habían cambiado, los militantes de las organizaciones armadas andaban con documentación falsa que cambiaban cada tanto, así como también el lugar de residencia, para evitar cualquier tipo de “encuentros” con las Fuerzas Armadas, y comprometer a la “organización” que estaba siendo diezmada en sus bases y su aparato directivo.

El Consejo Nacional Montonero había decido que la “organización político-militar” se transformaría en un “partido revolucionario, basado en el centralismo democrático”, y poder “conducir” a todos los trabajadores en un “poderoso Movimiento de Liberación Nacional y Social”. Eran discusiones y planteos teóricos, la continua represión hacía que todos los militantes vivieran siempre en movimiento, sin un lugar fijo donde poder reunirse e instalarse, se sentían cada vez más acorralados y no tenían tiempo para pensar en Congresos y debates teóricos, estaban en acción permanente, “volanteando” en fábricas, barrios, universidades o vía pública, y realizando “acciones” armadas para demostrar que estaban de pie, a pesar que sus fuerzas se encontraban cada vez más desmembradas.

A diferencia del ERP, los Montoneros obtenían el “financiamiento” de sus operaciones por medio de los U$S 70.000.000, producto del rescate de los hermanos Born; era este apoyo financiero lo que convertía a la organización, en una de las mejores equipadas del mundo. Sus dirigentes habían realizados contactos con las demás agrupaciones armadas como el ERP y OCPO (Organización Comunista Poder Obrero, un pequeño grupo marxista, bien organizado en sus cuadros) para realizar una “coordinadora” que buscaría apoyo internacional y financiamiento para sus operaciones, denominada OLA (Organización para la Liberación de Argentina) y que simplemente se remitió a lanzar comunicados de circulación interna; pero así como existían dirigentes que querían “entenderse”, estaban aquellos, que desconfiaban de sus “circunstanciales” aliados.

Pero con el “objetivo de preservar sus cuadros dirigenciales” la conducción montonera había salido del país, esta actitud provocó cierta tensión entre algunos militantes que se quedaban en el país, ya que veían a esta acción de “preservar a la dirigencia” como una “traición”.

El accionar del aparato represivo se solidificaba cada vez más, las detenciones, secuestros y torturas llegaban a límites impensados, llegándose a torturar a hijos o padres de militantes para que éstos “delataran” a sus compañeros, y en muchos casos eran las mismas personas que se habían “quebrado” por la tortura, física y psicológica, las que salían a “marcar” a compañeros, casas y puntos de encuentros de las organizaciones; para evitar esto,  los militantes habían tomado los recaudos necesarios para no caer en manos de la represión y “perderse”; así por ejemplo los Montoneros habían implementado el uso de la pastilla de cianuro, que serviría para suicidarse, antes de que cayeran en manos del enemigo, y por las torturas “cantaran” algo sobre sus compañeros, a los que conocían en su mayoría por “nombres de guerra”; muchos militantes se negaban a llevarla encima, pero otros la veían como una posibilidad de escapatoria y como una “especie de triunfo”que era no dejarse vencer ni en el último momento de la lucha, y demostrar que la moral de los militantes los llevaba a dar la vida por sus compañeros y sus ideales revolucionarios.

Mientras ocurrían estas acciones de persecución y exterminio de dirigentes peronistas o de izquierda, los radicales se encontraban en la encrucijada de saber cuál era su “lugar” dentro del espectro social, por un lado los dirigentes se hallaban divididos. Entre quienes colaboraban con el régimen y aquellos que se encontraban en total oposición al mismo. Así por ejemplo, Sergio Karakachoff, fue secuestrado y muerto por estar vinculado a dirigentes y militantes de izquierda, y hasta fue catalogado como “comunista”; días después de la muerte de Karakachoff (11 de septiembre) se produciría el hecho conocido como la “Noche de los Lápices”, en donde estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata serían secuestrados –solo aparecería con vida Pablo Díaz- por la lucha en defensa del boleto estudiantil. 

Los exiliados por “razones políticas” comenzaban a ver que sus “exilios” serían más extensos de lo que pensaban, y comenzaron a ver como podían ayudar a sus compañeros en Argentina, creándose agrupaciones que trataban de informarse de los últimos acontecimientos producidos en el país, y viendo como también crecía el número de exiliados. Sabían que la Junta no era algo pasajero, que se quedarían en el poder por mucho tiempo, por lo menos hasta lograr aniquilar a las organizaciones “subversivas”, gremiales, y todas aquellas que respondieran a los intereses de la clase obrera y se opusieran a la política del gobierno. Pero para el momento la única maniobra que podía realizar era publicar un  “comunicado de repudio”, o tratar de ponerse en contacto con agrupaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, o aquellas agrupaciones existentes en el país y  creadas por padres y familiares de desaparecidos y presos políticos, en las cuales muchas veces había influencia, o respondían a distintas agrupaciones políticas.

Pero el estar en el exterior, no siempre les daba la seguridad de que no iban a ser “molestados”, en muchos casos, el brazo del terrorismo de Estado, que cada vez era más largo y duro, llegaba hasta ellos; los contactos con las fuerzas de seguridad de países de Europa o del resto de América (México, o países limítrofes) hacía que los “subversivos” sean deportados de un país a otro (Envar el Kadri, militante de la FAP, fue deportado en abril de 1976 desde España, previo secuestro, interrogatorio y tortura, a Francia), o se pida la extradición oficial, en el caso que el “subversivo” no pida asilo político, llegando al extremo de sufrir atentados por miembros de la inteligencia de las Fuerzas Armadas, enviados para tal fin; era además la demostración que este sistema represivo no se limitaba al accionar nacional, tenía redes de contacto y aparatos represivos en varios países, siendo principalmente las naciones limítrofes las que "compartían" el mismo objetivo político, emanado en el control del poder por parte de las FFAA y amparados por países como EEUU quienes fundamentaban la aceptación de tales intervenciones y medidas extremas en la "Doctrina de Seguridad Nacional".

Así se explica que el terrorismo de Estado, no se limitara solamente a la Argentina; se había transformado en una política implementada a escala continental (inclusive llegó a los Estados Unidos, con el asesinato del ex-canciller de Salvador Allende, Alfredo Letelier) que vivía procesos semejantes, y para lo cual se adoptaron idénticas políticas de represión, formando una red continental de represión a los movimientos populares, y denominada "Operación Cóndor"; se derribaron las fronteras geográficas para mantener solamente las ideológicas, se implementaba una política de acción represiva cada vez más cruel y radicalizada, más allá de las fronteras propias de los países americanos. En un primer momento se había limitado a un simple intercambio de información entre los servicios secretos de las FFAA -obviando a las respectivas cancillerías- sobre las personas consideradas potencialmente peligrosas o subversivas, y los movimientos conjuntos realizados por las distintas agrupaciones americanas, como por ejemplo los contactos políticos del MIR chileno con el PRT de Argentina y demás fuerzas de izquierda del resto de América, pero con el tiempo, el terrorismo de Estado, se transformó en un verdadero genocidio continental. "(...) Los números de las organizaciones oficiales comprobaron, por lo menos, 12.868 muertos y desaparecidos (...) las estadísticas de entidades de derechos humanos, no negadas por los gobiernos, sostienen que el exterminio fue aún mayor: 35.800 víctimas (...)". (2)

Este sistema de represión si bien se había desarrollado a nivel continental, no dejó de mantener características propias del país que lo implementaba: en Argentina hubo un exterminio en masa y el lanzamiento de cadáveres en cementerios clandestinos, en el Río de la Plata o al mar, conocidos como los vuelos de la muerte; en Brasil, la dictadura abusó del terror psicológico y de la contrapropaganda; en Chile, el Gral. Augusto Pinochet -principal impulsor de la Operación Cóndor- patentó los fusilamientos colectivos, utilizando el Estadio Nacional de Fútbol de Santiago, la cremación de cuerpos en hornos de cal y fabricó el  gas Sarín; en el Paraguay, Alfredo Stroessner utilizó la técnica de campos de concentración, los golpes con barras de hierro hasta ocasionar la muerte y la corrupción generalizada; mientras que Uruguay se destacó por la práctica de encarcelamiento prolongado (5 a 10 años), en pequeñas mazmorras, y periódicas sesiones de torturas. En todos estos países se destacaron las técnicas adquiridas por adiestradores nazis y agentes norteamericanos, especializados en estrategias anticomunistas. De estas técnicas de represión se pueden identificar con una generalidad continental, las siguientes: los plantones (dejaban al prisionero por largos períodos de pie); los golpes con cachiporras, palmatorias de goma o barras de hierro; el submarino (sumergir a los detenidos en tanques de agua sucia o con excrementos); la picana (choques eléctricos, principalmente de órganos genitales); colgar a las víctimas, con las manos amarradas por detrás; arrancar uñas de pies y manos; el submarino seco (asfixiar con sacos de plásticos cubriendo la cabeza); obligar al torturado a ingerir excrementos; interrumpir el sueño con luces o música estridente; obligar a presenciar sesiones de tortura o violaciones de las demás víctimas, muchas veces sus propios familiares; simulacros de fusilamiento.

Notas

(1) Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas; Nunca Más, página 10; Buenos Aires; Eudeba; 1984.

(2) Nilson, Cezar Mariano; Operación Cóndor. Terrorismo de Estado en el Cono Sur, página 15; Buenos Aires; Lohlé-Lumen; 1998.