Matar para robar, luchar para vivir
por Carlos del Frade
I Parte - El pasado abierto en el presente
Capítulo 3 - Las vueltas de la vida
La ciudad de Santa Fe se adelantó a Rosario.
Y así lo contó un sobreviviente de manera especial para este ensayo:
“En el año 2001, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia
Nacional de Madrid, España, solicitó la detención con fines de extradición de
Víctor Hermes Brusa, María Eva Aebi, Héctor Romeo Colombini, Mario José Fasino,
Juan Calixto Perizzoti y Eduardo Alberto Ramos, entre otros ciudadanos
argentinos.
El entonces Juez Federal de Primera Instancia, Gabriel Cavallo, le dio trámite
al pedido y así llegó el fax, por el cual se solicitaba la detención de estos
vecinos, a las manos de la hoy Magistrada del Tribunal Oral Federal de Santa Fe,
entonces Secretaria del Juzgado Federal número 2 de Santa Fe, María Ivón Vella
(hija del conocido abogado penalista Danta Vella, patrocinante, entre otros, de
Jorge José Massat).
Hubo quien encontró a la doctora Vella, a la luz del sol en la ventana de su
despacho leyendo el documento. Obviamente que la hoy magistrada ignoraba el
efecto que produce el sol primaveral del mediodía santafesino en un papel de
fax. En definitiva el fax se tornó ilegible.
Una oportuna ida y vuelta inmediata a los tribunales de Comodoro Py resolvió la
cuestión para que la hoy magistrada tuviera en sus manos el papel con la firma
de Gabriel Cavallo.
Mientras los policías en actividad y retirados se presentaron en forma
espontánea en la Jefatura de la Policía de la Provincia de Santa Fe a cargo del
Comisario General José Storani, el ex policía Eduardo Alberto Ramos, buscó
refugio en el seno de la Iglesia, más precisamente en el del arzobispado del
procesado ex obispo Storni.
El rubio ex estudiante de derecho, ex policía, ex niño mimado de los dictadores,
ex preso de los dictadores, salió del terreno sacro por una puerta lateral
escoltado con sendas esposas por los policías Luis Siboldi y Walter Vega, los
mismos que años después ingresaran al terreno, no tan sacro, del Segundo Cuerpo
de Ejercito para llevarse, con las mismas esposas, a un agente de inteligencia
del Ejército Argentino.
“El Curro” salió vociferando sobre un acuerdo entre Montoneros y Militares para
condenar a los “azules” perejiles y salvar a los “verdes”.
Vueltas de la vida o paradojas del destino, el grueso de los policías permaneció
detenidos en el cuartel de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), hasta su
traslado a la Capital Federal, a excepción de Ramos que ya había estado detenido
durante la dictadura en ese lugar pero con el estatus de “Ladrón”.
Lucila no fue la única que viajó Buenos Aires.
Víctor Brusa le ganó a la decoloración del papel de fax y llegó a la ciudad
puerto antes que nadie.
Encontró refugio en la casa de su amigo y (hoy) legislador porteño Alvaro
González, pero allí lo encontró (¿paradojas del destino?) la secretaría de
Inteligencia del Estado, con la colaboración de personal de la Prefectura Naval
Argentina a pedido del Fiscal.
Ese departamento fue allanado por orden de Gabriel Cavallo infructuosamente,
pero no era el último allanamiento en el destino del inmueble, años después
volvería a ser allanado por la DGI, con un poco más de suerte, buscando las
pruebas de la asociación ilícita integrada entre otros por Alvaro González y el
ex preso político de la dictadura y hoy diputado provincial Alberto Maguid
(¿vueltas de la vida?).
Dicen que fue el mismo Gabriel Cavallo el que entregó en propia mano a un
funcionario policial la orden de allanamiento; dicen que dicen que los policías
tardaron seis horas en llegar desde Cómodoro Py al departamento donde se alojaba
Brusa; dicen que dicen que el portero dijo que Brusa se acababa de ir Santa Fe,
dicen que dicen que dicen que el Juez, al recibir el informe policial del
allanamiento frustrado, salió caminando, lentamente, de su despacho y en veinte
minutos (un tercio de hora) llegó a la puerta del edificio del Legislador
Porteño.
Cronómetro en mano su señoría demostró que ni los policías son “rápidos” ni la
justicia es lenta.
Al verse acorralado, el magistrado destituido escuchó un buen consejo:
-Culón, dejate de joder, hasta la SIDE te abandonó, ¿por qué no te entregás?
Fijate que Cavallo ya soltó a los canas.
Después de este hipotético diálogo con un buen amigo, Brusa se presentó en
Comodoro Py.
Dicen que en ese momento se produjo el siguiente diálogo entre Fiscales
Federales:
-Che, Gerardo (Di Massi) la SIDE me dice que el celular de Brusa está en Retiro,
debe estar por tomar un colectivo.
-No boludo. No está en la terminal de ómnibus de Retiro, está en los
“Tribunales” de Retiro. Lo tengo enfrente mío. Se entregó. Si no estuviera
incomunicado le pasaría el celular para que te agradezca la gauchada.
La suerte le fue ingrata a los que buscaron refugio en casa de sus amigos,
Cavallo les denegó la extradición, y bajo la vigilancia de los Gendarmes
esperaron lo esperado.
El delarruista Ministro de Defensa, ocupando momentáneamente el sillón del
Canciller Rodríguez Giavarini, rechazó el pedido de extradición.
Germán Moldes, Fiscal General de la Capital Federal, le ordenó a Eduardo Freiler,
Fiscal Federal de Primera Instancia, que abra la correspondiente investigación
preliminar a los fines de juzgar en la (ahora sí) República Argentina, los
delitos por los cuales la justicia ibérica solicitaba las detenciones con fines
de extradición.
La causa involucraba, además de los egregios vecinos de la capital provincial
santafesina, a un grupo de marinos represores de la ESMA.
La causa se dividió y Freiler denunció ante la Fiscalía Federal, los hechos por
él investigados ocurridos en Santa Fe. Luego de las sucesivas excusaciones de
las fiscales Tessio y Gómez de Martínez, la causa recayó en las manos de
Alejandro Luengo, que después de una larga investigación, solicitó, con el
respaldo jurídico y doctrinario de la sentencia dictada por Gabriel Cavallo, la
declaración de nulidad, invalidez e inconstitucionalidad de las Leyes de
Obediencia Debida y Punto Final, a lo que hizo lugar el Juez Federal (por
concurso) Reinaldo Rodríguez.
Era la primera vez en la provincia de Santa Fue que se investigaba penalmente la
violación a los derechos humanos durante la Criminal Dictadura Militar. Ya no
era la verdad histórica lo que buscábamos, eso será trabajo de los
historiadores, ahora buscamos la verdad criminal.
El Juancito le alcanza un mate al Cacho mientras este trata de unir dos fierros
con la soldadura eléctrica. Cacho dice que Juancito es un alcahuete, pero el
alcahuete algún día llegará a chapista.
¿Así habrá sido la escena cuando El Curro manejaba algo parecido a la soldadura
eléctrica y El Culón le alcanzaba un mate?.
¿Tomaban mate o algo un poco más fuerte para tener el “coraje” de torturar a una
adolescente desnuda? ¿Los mates se los servía al Curro o al Juez Mántaras?.
¿O el Juez Mántaras era el Alcahuete de Rolón, o este de Galtieri?.
¿Y los mates de los Gobernadores Militares quién se los tomaba?.
¿Y quién era el almacenero que pagaba la yerba?.
Los que pagaban la yerba ¿eran los mismos que pagaban la luz de la “soldadora”
eléctrica?.
¿Quién era quién?.
¿Quién el alcahuete y quién el chapista?
El asunto es que el alcahuete llegó a chapista.
Víctor Brusa acompañaba a Fernando Mántaras en sus recorridas por los centros
clandestinos de detención. Allí tomaba declaración a los secuestrados
torturados.
Los amenazaba con golpes de karate y exhibiendo armas de fuego. No dejaba de ser
un alcahuete que le llevaba el portafolios a su jefe y se hacía el guapito con
las personas indefensas. Pero el alcahuete llegó a sentarse en el sillón de su
jefe, tuvo el raro privilegio de haber sido el último juez designado en acuerdo
secreto del Honorable Senado de la Nación y el primero en ser destituido por el
Consejo de la Magistratura. Y encima lo destituyen por pavo, no por alcahuete.
Ahora el alcahuete que llegó a chapista sin saber manejar una lancha (¿sabrá
soldar?), tendrá que dar explicaciones sobre sus alcahueterías.
Mántaras y Quirelli pasaron a mejor vida, seguramente han tenido una muerte
mucho más digna que muchos otros, rodeados de sus parientes y amigos, en la cama
de un sanatorio privado, con la mejor atención médica que la Obra Social del
Poder Judicial de la Nación haya podido pagar, y hoy sus deudos saben muy bien
donde están sus tumbas.
Pero no se preocupen señores magistrados: acá están sus alcahuetes para
representarlos.
Sí, alcahuetes en plural, porque Brusa no fue el único integrante del Poder
Judicial al que la Fiscalía Federal le pidió la indagatoria, lo acompaña Víctor
Monti, su hoy enemigo y en tiempos más felices compañero en la platea del
estadio del barrio centenario. Amistad que terminó en una escena de pugilato
ocurrida en el mismo Cementerio de los Elefantes. Ajuste de cuentas, diría la
crónica policial.
Sobre las funciones de Brusa siempre imperó un equivoco, por él mismo provocado,
siempre se presentó como secretario, mientras que el verdadero Secretario
Federal era Víctor Monti.
Un secretario tiene en el expediente una función similar a la de un Escribano
Público, “Da Fe” que las cosas ocurridas delante de él ocurrieron en verdad. Que
el imputado fue informado de la acusación, que se les exhibieron las pruebas en
su contra, que libremente eligió abogado defensor, que se le hicieron conocer
sus derechos, que libremente y sin presiones decidió declarar, que sus dichos se
vertieron fielmente en el acta sin omitirse nada y que firmaron libremente el
juez, el imputado y su defensor. “Por ante mi, que DOY FE”, dice la sacrosanta
fórmula.
Pero resulta que la mayoría de los procesados recuerdan haber declarado bajo
tortura, encapuchados, y obligados a firmar declaraciones que terminaron
agregadas a los expedientes y prestadas: Por ante Víctor Monti, que dio fe.
Es cierto que fue mucho más vivo que el otro alcahuete. Pero algunos testigos lo
vieron en los centros clandestinos de detención, demostrando un amplio
conocimiento de las desapariciones y las torturas, sin tomar las denuncias por
apremios ilegales.
Sabemos mucho más sobre las picardías y torpezas de Brusa porque siguió siendo
vecino de los santafesinos, pero Monti no se quedó conforme con lo que hizo
durante la dictadura, y con un perfil más bajo, siempre intentó ir más allá,
trató de borrar las huellas del pasado, pero no del propio sino el de sus amos.
Siguió una exitosa carrera judicial, que terminó como fiscal general en Mar del
Plata, donde en el colmo de la perversidad se acercó “chapeando” a la filial de
Abuelas de Plaza de Mayo ofreciendo sus servicios en la recuperación de los
niños apropiados. No contó con que Abuelas tiene una abogada santafesina que
sabia de sus orígenes.
Monti siguió siendo más vivo que Brusa. Cuando la Fiscalía pidió su indagatoria,
se jubiló precipitadamente para evitar su enjuiciamiento y espontáneamente se
presentó en la causa. Mucho no lo va a beneficiar. Los delitos por los que se le
acusa no son excarcelables.
¿Compartirán, Brusa y Monti, el mismo calabozo?
Cuando estén en la Alcaidía de la Jefatura de Policía que hoy regentea la
doctora Leyla Perazzo, ¿festejarán con los muchachos del inundado barrio de
Santa Rosa de Lima los goles de Colón?
¿Volverá la amistad?.
Probablemente, sí. Son astillas del mismo palo.
Los pibes son del palo.
Brusa y Monti fueron más allá de la falacia institucional que desde 1930
caracterizó al Poder Judicial frente a los gobiernos de facto y que con el golpe
militar de Marzo de 1976 había tocado el fondo del mayor sometimiento que pueda
pensarse.
Brusa y Monti superaron la jurisprudencia obsecuente y cómplice de ocho años de
barbarie, violencia y latrocinio, para ocupar un papel ejecutivo en la base del
sistema represivo como uno más de "los muchachos de la patota".
El poder judicial federal santafesino no fue ajeno a la dictadura criminal, fue
un cómplice obsecuente. Magistrados, funcionarios y empleados fueron genuflexos
ante el poder militar. Tal vez sea una exageración y una ofensa para el Juancito
tratarlos de alcahuetes. Éste es un laburante y aprendiz de un oficio honesto,
va usar la soldadura para unir fierros, no para desgarrar la carne humana.
Ahora falta preguntarnos sí solamente en el poder judicial de la ciudad de Santa
Fe hubo responsables de la represión ilegal. En el resto del País, ¿qué pasa?.
¿Será que fueron honestos trabajadores?
Queda pendiente la de indagatoria de Víctor Hermes Brusa, María Eva Aebi, Héctor
Romeo Colombini, Mario José Fasino, Juan Calixto Perizzoti, Eduardo Alberto
Ramos, Nicolás Correa, José A. Bernhardt, Jorge Alberto Abero, Carlos Osmar
Rebechi, Juvenal Pozzi, Domingo Manuel Marcellini, Juan Orlando Rolón y Víctor
Monti.
Es posible que el Curro en parte tenga razón, y esta lista no tenga más que
perejiles, en mayor o menor medida, pero parece ser que en algún lugar el poder
judicial recuperó la dignidad perdida sesenta años atrás y la rueda de la
justicia empezó a girar, lenta y tardíamente, pero empezó a girar.
Hasta donde podrá llegar, no lo sabemos.
Esta Justicia sigue un poco renga y enferma. Carente de seguridad y de recursos.
Con algunos apoyos inconstantes que se debilitan por riñas casi infantiles. Con
palos en la rueda de los que deberían dar apoyo”.