Matar para robar, luchar para vivir

por Carlos del Frade

 

I Parte - El pasado abierto en el presente
Capítulo 4 - De Sandra Cabrera a Feced
 

“Feced vive en la policía del gatillo fácil”, escribieron los integrantes de Hijos por la Identidad, la Justicia, contra el Olvido y el Silencio, sobre una de las paredes de Urquiza y Paraguay.
Corría el año 2000.
Días después alguien tachó “en la policía”.
La frase quedó diciendo que “Feced vive del gatillo fácil”.
Algo de aquellos tiempos continúa en el presente.
Desde el año 1995 los tribunales provinciales tienen un documento escrito por oficiales policiales que revelan el funcionamiento de las cajas negras, los distintos peajes que se pagan a La Santafesina SA para garantizar el desarrollo de comercios ilegales, desde la prostitución al narcotráfico.
No hubo novedades políticas.
Aquello siguió su curso. Las dos administraciones de Carlos Reutemann dejaron hacer a los integrantes de la policía.
Y cuando el primer gobierno de Jorge Obeid se sacó de encima a media docena de torturadores del terrorismo de estado la policía le hizo llegar un mensaje amenazador: si llegaban a exonerar a uno más, se quebraba la paz institucional en la provincia.
Eso fue lo que le confesó a este cronista el ex vicegobernador de aquella gestión, el ingeniero Gualberto Venesia. Corría el año 1998 y a quince años de funcionamiento de la democracia la policía de la provincia de Santa Fe tenía el suficiente poder para hacer peligrar la paz institucional.
En el año 2002, una investigación periodística reveló la explotación sexual infantil en la zona de la estación terminal de ómnibus “Mariano Moreno” de la ciudad de Rosario.
Las escuchas telefónicas que hizo la justicia federal revelaron las complicidades de los policías de la seccional séptima y de Moralidad Pública.
El asesinato de Sandra Cabrera se dio en ese lugar y tiene como principales imputados a oficiales y suboficiales que generalmente trabajan y trabajaron en la zona de la Terminal.
Esta es la historia que demuestra la existencia de distintas mafias dentro de la policía santafesina y de la increíble indiferencia que produjo el poder político provincial.
Los resultados de nueve años de indolencia están en el asesinato de la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Rosario.


Las cajas negras, 1995.

En la provincia, como siempre, la policía maneja la calle.
Y los que manejan la calle son, por lo menos, los vigilantes de los negocios legales e ilegales.
La droga ya formaba parte de las cajas negras policiales.
Un documento que llegó a manos de un camarista penal de la Justicia provincial, Oto Crippa García, así lo indicaba.
El texto está firmado por "Oficiales de la Unidad Regional II", fechado el 3 de abril de 1995, y se encuentra en varios despachos de jueces provinciales rosarinos desde entonces.
Tiene el logo de la policía y se presenta como "Comunicado Nº 5".
Su contenido, más allá de la denuncia sobre recaudadores oficiales del dinero extralegal, explica, en cierta medida, el porqué de la falta de seguridad en el sur de Santa Fe.
"...Las circunstancias que hacen que la indisciplina, desmoralización y agobiante corrupción no tienen su origen en las bases del personal, pero si el «asalto» que se viene llevando a cabo a la seguridad de los habitantes de Rosario y zona sur de la provincia por parte de «superiores» carentes de moral y la más mínima vergüenza", sostiene un fragmento del documento.
Se afirma que "cuando en diciembre de 1991, el señor teniente coronel don Rodolfo Enrique Riegé fue designado secretario de Seguridad Pública, se consideró dueño del «botín» y, para ello, de inmediato se aprestó a poner en operaciones a los integrantes de su antiguo «equipo», pero no para darle seguridad a la población, tranquilidad y todo lo que atañe a la función policial, sino para poner en ejecución sus viejos planes de corrupción y enriquecimiento que ya había llevado a cabo cuando fue jefe de Policía de Rosario".
Sostiene el escrito que en una reunión en una quinta de Funes "todos hombres prácticos y operativos pusieron precios a las unidades regionales del sur y fundamentalmente Rosario, que era la perla más codiciada".
El fragmento agrega que "no habían tenido en cuenta que en Rosario estaba de jefe de Policía el comisario general Atilio Bléfari y a quien Riegé empezó a hostigar y ya impaciente, como no conseguía doblegarlo, antes de fin de 1991, lo cita a la ciudad de Santa Fe y en horas de la tarde, en su despacho, lo intima para que «apriete» más, es decir, que elevara los «impuestos policiales» que percibía Blefari y que le fueran entregados a él (Riegé) y en caso contrario lo relevaría y luego lo pasaría a retiro".
Sigue denunciando que "Chirino, como cariñosamente le dicen sus íntimos a Blefari, no se dejó doblegar y allí empezó la lucha para posesionarse de la Unidad Regional II, para desgracia nuestra y de toda la población, que ya en este momento por el creciente desgaste y corrupción no tiene policía, ni seguridad ni esperanzas".
El "comunicado" terminaba con un informe del "cuadro demostrativo de ingresos extralegales", en el que primeramente se detallan los códigos de los "impuestos policiales".
1, correspondiente a Leyes Especiales, «quiniela clandestina, apuestas de caballos, timbas, bingos clandestinos, maquinitas»; 2, Moralidad Pública, «narcotraficantes, drogadictos, prostitución, explotadores, proxenetas, wiskerías, discotecas, moteles»; 3, Robos y Hurtos, «piratas del asfalto, asaltantes de bancos, ladrones de autos, punguistas, contrabandistas, desarmaderos»; 4, Seguridad Pública, «médicos, parteras, clínicas, aborteras, curanderismo»; 5, Guardia Rural, «generalidades, sin especialidad»; 6, Guardia de Infantería, "generalidades, sin especialidad»; 7, Policía de Menores, «wiskerías, discotecas, bailables, moteles»".
Desde 1992 a 1995, el informe aseguraba que se recaudaron, "por izquierda", 12.300.000 pesos, a razón de 300 mil pesos mensuales en la Unidad Regional II.
La denuncia fue desestimada o, por lo menos, no siguió investigándose.


Febrero de 2002: prostitución infantil en la zona de la terminal rosarina

Una quincena de chicas, menores de veintiún años -muchas de ellas traídas del Paraguay-, eran explotadas en tres locales nocturnos ubicados en Callao al 100 bis, Callao al 200 y en Cafferata y Santa Fe, enfrente de la Terminal de Omnibus Mariano Moreno en la ciudad de Rosario. Se las obligaba a ejercer la prostitución, no se les permitía abrir la heladera de los "escondites" en las que se encuentran hacinadas y debían pagar una suma de 500 pesos semanales a sus rufianes, a quienes tratan siempre de "don".
La información surgió de escuchas telefónicas legales que se llevaron a cabo en el curso de una investigación judicial que tiene otros objetivos y que, de pronto, se topó con esta forma de explotación de menores en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad.
Urgía que la Justicia provincial rosarina se hiciera cargo de seguir esta línea de averiguaciones.
De las grabaciones surgían presuntas responsabilidades de integrantes de la Comisaría Séptima, no solamente por el conocimiento del negocio sino también por el otorgamiento de certificados de extravío de documentos para tapar la edad de las menores.
También aparecían sumas que supuestamente deben pagarse en concepto de coimas para distintas áreas policiales.
De acuerdo a los datos de UNICEF, más de un centenar de niños y niñas serían explotados sexualmente en Rosario.


"Esta pibita es jovencita"

Los diálogos de las escuchas telefónicas parecen formar parte de una novela de los años veinte, cuando en el viejo barrio de Pichincha, pegado a la estación de trenes Rosario Norte, florecían los burdeles y reinaba el poderío económico de la Swi Migdal, la sociedad que explotaba a las mujeres venidas de Polonia y Laponia, entre otros países europeos.
Sin embargo son palabras que describen hechos que se producen desde octubre y noviembre del año pasado y que nadie sabe, con exactitud, cómo siguen creciendo y desarrollándose en el presente.
Hay que "decirle a Mirta que me mande algunas mujeres... con maridos, por ahora. Que Mirta me la mande a la Eugenia... Sabe trabajar con marido", le señala una encargada de local a la otra.
El 25 de octubre de 2001 Mirta le contó a Lidia: "Capaz que te mando las argentinas mías. Las paraguayas no porque se van para cualquier lado, viste".
Ese mismo día se verificó otra llamada en la que se decía que "son muy chicas. Para la puerta sirven. Es hasta que venga el otro grupo de Santa Fe". Los investigadores que están a cargo del caso apuntaron en el expediente que "queda demostrado el comercio de la prostitución. Las mujeres son tratadas como materia para ganar dinero sin importar las personas". Un día después, los propios encargados del seguimiento judicial señalaron que "Lidia comenta que recibió a una chica a comer que le llevó la Mirta. Tiene cinco. "Esta pibita es jovencita", remarcaron los profesionales.
"Estoy yendo con las chicas que se van a Paraguay. Acercate a la boletería que van para Posadas", le dice por intermedio de su teléfono celular Mirta a Lidia. Le recomienda que utilice la empresa Crucero del Norte.
A mediados de noviembre, Mirta le hizo un nuevo pedido a Lidia. "Llamame a ver si esta chica para buscar los documentos (sic)... A descansar unos días. Esa piba no es mala, es buenita la piba, viste".
Hay bronca con parte de la policía. "Vamos a comer cascotes culpa de esos conchudos", se despachó Mirta.


Policías, documentos y dinero

El 30 de octubre de 2001 la comunicación abre el espectro del negocio a las potenciales conexiones policiales.
Llegaron "dos chicas de 18 (años) de Pergamino que son lindas, que buscan trabajo. Una posee documentos y la otra no. (Hay que) llevarlas a lo de Fornero para que le saque un papel de extravío". Las "chicas" están trabajando en El Monito, en Callao 127 bis.
-Ustedes tienen el libro al día, asentadas las mujeres...
-Lo único que faltaría serían las últimas que entraron ahora -expresa uno de los diálogos del 31 de octubre en el que se refleja la existencia de una prolija e ilegal contabilidad que habla del movimiento de "chicas" entre los tres locales nocturnos.
Otro de los llamados exhibe la dimensión del negocio. A través de los servicios de la empresa postal Western Union, de calle Córdoba y Buenos Aires, las "madamas" decidieron enviar dinero a la capital paraguaya el 4 de noviembre de 2001: "(Hay que) mandar 10 mil dólares a Asunción".
Pero ese dinero solamente es posible si existe una red de complicidades con quienes deben proteger la seguridad. Silvia le aconsejó a Lidia el 12 de noviembre: "Decile que vos vas a llamar a la 7ª. Averiguá bien. Hablá con Fornero. Decile que ahí está Minoridad. Que vos no tenés ninguna menor pero que te están pidiendo 50 pesos que hay que colaborar. Que Fornero se vaya hasta ahí. Que te dé un recibo de los 50 pesos que vos le das".
Los actuales titulares de la Comisaría Séptima son el comisario principal Pablo Insaurralde y el subcomisario Hugo Alberto Fornero.
Ese día el tema de los llamados era la intromisión de los integrantes de Moralidad policial en las relaciones comerciales de las madamas y de los rufianes. Algo que, evidentemente, no estaban incluido en el presupuesto original.
-Es gente de Moralidad que está buscando problemas con nosotros. Le queremos hacer cerrar el escondite. Busca mierda.
-¿Todas son mayores de 22 años?
-La Rodríguez tiene 19 pero tiene documentos de 22.
-Ya tenemos el arreglo de lo nuestro.
-¿Ya le dieron 50 pesos en Callao?
-Acá anduvieron en todos los hoteles.
-Me estoy yendo para la comisaría...
Dos días después, Lidia tranquilizó a su interlocutora: "Hablé con Fornero. Me lo presentó al jefe. Le dieron la plata".
El diálogo que sigue es demostrativo de las distintas aristas del negocio.
-Tengo cuatro -le dice Silvia a Lidia.
-¿Cuatro qué?
-Cuatro chicas.
-Se fue una Paola...
-La santafesina...
-Sí... son todas caídas, y bueno, para nosotros ya le hicimos la cubierta... Tengo orden, venga quien venga, que tengo que ir a hablar con Fornero -terminó contando Lidia.
Los términos del diálogo marcan algunos indicios sobre la edad de las "chicas" en palabras que recuerdan los tiempos del terrorismo de estado. Cuando se habla de "caídas" parece hacerse referencia a quienes ya no están en el negocio y no justamente por haber llegado a un acuerdo con las madamas o con los "dones", sino porque decidieron irse. Al mencionarse el tema de la construcción de la "cubierta", el concepto parece abarcar una doble dimensión. Por un lado, un rápido recambio de "chicas"; y por otro, la necesaria máscara de legalidad a través de las documentaciones que, de acuerdo a estas escuchas legales, surgen de algunos contactos con la Comisaría Séptima, ubicada en Cafferata al 300.


Una luchadora social

En una excelente nota del periódico "Enredando", Sandra Cabrera contó su lucha, su historia y los sueños a partir de la valentía con que enfrentaba la vida cotidiana.
Reniegan del término prostitutas y se definen como trabajadoras sexuales.
Y como trabajadoras comenzaron a organizarse: constituyeron la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) y se incorporaron a una central sindical, la CTA, para defender sus derechos laborales, escasos por cierto y muy poco contemplados en la legislación vigente en la Argentina.
Desde esa concepción de organización gremial, Ammar no sólo ofrece a las trabajadoras sexuales respaldo ante los abusos de fuerzas de seguridad y fiolos de distinto pelaje.
También las insta a prevenir las enfermedades de transmisión sexual y les ofrece un espacio de contención social y humana muy necesario: para ellas, ejercer el oficio más viejo del mundo no es justamente un placer ni tampoco una fuente de riqueza.
Como para muchos otros sectores sociales, el pico de la crisis económica para las trabajadoras sexuales se vivió en diciembre de 2001, cuando corralito mediante el dinero en efectivo casi desapareció de las calles.
"Había muchas compañeras que no tenían nada para comer, así que empezamos a gestionar cajas de alimentos y planes laborales", cuenta Sandra Cabrera, 32 años, sanjuanina pero con varios años en Rosario, con más de una década de trabajadora sexual y referente local de Ammar.
El 24 de Diciembre de 2001, la Asociación repartió cajas de alimentos desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche. "A las diez y media de la noche mi hija y yo nos quedamos dormidas y cuando me desperté al otro día me preocupé porque no habíamos festejado la Navidad, pero ella (su hija Macarena, de 7 años) me dijo que me quedara tranquila, porque gracias a lo que habíamos hecho el día anterior muchas compañeras habían tenido con qué festejar", recuerda Sandra, que se relacionó con sus compañeras de Ammar de Buenos Aires, donde se formó la organización hace ocho años, a mediados del 2000.
"Yo trabajaba en una esquina de la zona de la Terminal y un grupo de fiolos y patovicas de un boliche de la zona me pegaron muy duro. Denuncié eso en los medios de prensa y ahí aparecieron las chicas de Buenos Aires. Primero no les dí bolilla, pero al año siguiente, cuando en la zona sur un grupo de policías le pegaron a otra compañera, empezamos a trabajar con todo", historia Sandra el comienzo de la actividad de Ammar en Rosario.
"No podemos ir presas todo el tiempo; ya no estamos en épocas de represión, de dictadura", explica Sandra la principal preocupación de las trabajadoras sexuales de las calles, mayoría entre el centenar de afiliadas a Ammar en Rosario.
También se sumaron a la Asociación algunas chicas "de los boliches", menos perseguidas por la Policía gracias a la protección de los dueños de los locales en los que trabajan pero sometidas a otro tipo de maltratos y sobreexplotadas económicamente.
"En la Constitución Nacional hay un artículo que dice que todo ciudadano es libre de caminar sin ningún problema. Nosotras queremos caminar tranquilas, sin que nos lleven detenidas, poder trabajar tranquilas", retoma Sandra la cuestión de lo que define como "libertad de trabajo", cercenada o no para ellas de acuerdo con la predisposición de los comisarios de cada zona. "Defendemos nuestro derecho a trabajar", insiste Sandra.
"Nuestro derecho a ser escuchadas, a ser tratadas como personas", agrega. Y admite que fue "duro" para ella y sus compañeras "salir a poner la cara" para desarrollar su tarea gremial.
En este aspecto, destaca el apoyo de la CTA y la Asociación de Trabajadores del Estado, desde cuyo local coordina sus actividadades la delegación local de Ammar. La Asociación ya se constituyó con meretrices de siete provincias argentinas, que se juntan por lo menos dos veces por año a cotejar experiencias y definir líneas de trabajo, entre las que prestan especial atención a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, en particular el Sida.
Sandra remarca la importancia de esa labor con un ejemplo concreto: "Hay compañeras que no sabían que hay cuidarse también cuando te piden una francesa", dice, en referencia al sexo oral.
Además del Sida, desde Ammar apuestan a prevenir las otras enfermedades de transmisión sexual, "como la gonorrea, la sífilis, el chancro", enumera Sandra. "Tenemos un manual con fotos de vaginas sanas al lado de vaginas enfermas, de penes sanos al lado de penes enfermos; porque a nosotras las cosas también nos entran por los ojos", cuenta, con el dejo de picardía que siempre exponen su mirada y las de sus compañeras.
Las afliliadas a Ammar pagan, cuando pueden, tres pesos por mes. Pero con lo que recaudan así no les alcanza para hacer todo lo que quisieran y el de tener un local propio sigue siendo no más que un sueño lejano. Además, Sandra dice que muchas veces chocan con la indiferencia oficial y con la ausencia de organizaciones que, en los papeles, debieran coordinar con ellas acciones de prevención de enfermedades. De todos modos, en Ammar no piensan en bajar los brazos y se plantean como un objetivo importante establecerse más formalmente como organización de trabajadoras, con estatutos, con reconocimiento del Estado, con obra social. "Hay otros lugares del mundo, como Uruguay y Holanda, donde se consiguieron muchas cosas", señala Sandra. Y si en otros países se pudo, por qué no acá..."


La última denuncia

Una trabajadora sexual reveló que pagaba a un agente de Moralidad Pública para ejercer su oficio tranquila, tituló "El Ciudadano", el pasado 24 de enero de 2004.
A menos de una semana Cabrera fue asesinada de un disparo en la nuca.
La denuncia que una trabajadora sexual radicó ayer en Tribunales contra la División Moralidad Pública de la Unidad Regional II dejó a la luz dos situaciones que, si las autoridades toman el tema, tiene suma gravedad institucional: que un policía cobraba regularmente dinero a esta mujer para permitirle prostituirse y que desde esa dependencia le anticiparon que la perseguirían si se integraba a la asociación gremial que nuclea a las mujeres de su oficio, Ammar (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina).
Stella Maris Longoni, es viuda, tiene 29 años y tres hijos. Según denunció en la Fiscalía número 1, y repitió luego ante este diario, el miércoles a la noche fue detenida por agentes de Moralidad Pública mientras ejercía la prostitución junto con dos compañeras en la esquina de San Lorenzo y Alsina.
Longoni manifestó su "sorpresa" por el arresto porque, según adujo, "le había pagado la cuota semanal de cincuenta pesos para no tener problemas" a un policía de esa misma dependencia. "Una vez que me trasladaron a la sede de Ovidio Lagos al 5200 me dijeron que este policía no trabajaba más allí. Y cuando les advertí a gritos que me iba a integrar a Ammar para no sufrir más atropellos, me dijeron que, en ese caso, iba ir presa todos los días", contó esta joven, que añadió haber sido "zamarreada y forreada" por los uniformados. Y también admitió su "temor" por las represalias que la policía podría tener hacia ella en el futuro.
"Soy madre de tres chicos y no sé qué voy a hacer porque me da miedo volver a la parada y que me vuelvan a detener", afirmó. Según planteó la mujer, desde hace siete años "pagaba una coima a Sergio Bermejo, un policía que hasta hace poco formaba parte de la división de Moralidad Pública, para poder trabajar tranquila" en una de las paradas habituales que existen en cercanías a la Terminal de Ómnibus, según relató.
"Inclusive, le di la cuota la semana pasada, pero después que me detuvieron me aclararon que no trabajaba más en ese lugar", prosiguió.
Siempre de acuerdo a la misma versión una vez que Longoni fue derivada a la Jefatura policial, se le comunicó que "no había ningún arreglo" que le posibilitara ejercer la prostitución en la vía pública. En buen romance, esa afirmación brindada por un funcionario policial significaría el reconocimiento implícito de que antes sí cabía esa opción.
Longoni siguió con su relato: dijo que montó en cólera y advirtió que realizaría la denuncia correspondiente. "Pero lo que más me llamó la atención -dijo- es que uno de los responsables de la dependencia me llevó a una habitación aparte y me sugirió que no hiciera ninguna denuncia porque él mismo le iba a decir a Bermejo que no me pidiera más plata", afirmó la trabajadora sexual, quien el miércoles estuvo detenida desde las 22.30 hasta las 12.30 del día siguiente. Según observó, no corrieron la misma suerte dos de sus compañeras, que fueron detenidas con ella en el mismo procedimiento. De acuerdo a la interpretación de Longoni, "ellas quedaron presas hasta el día siguiente porque no se quejaron". Contrariamente, la postura de la mujer fue dar pelea ante un hecho que consideró "un total abuso" ya que les advirtió a los uniformados que iba a acudir a las integrantes de Ammar para no tener que seguir sufriendo "atropellos" de esa índole. Pero a pesar de que logró salir en libertad en dos horas, fue destinataria de palabras que interpretó como "una amenaza", proveniente del mismo que la había detenido en Alsina y San Lorenzo.
"Cuando me largaron , ese agente me dijo que, si bien quedaba libre ese día (el miércoles), la noche siguiente me iban a ir a buscar a la misma parada para detenerme y llevarme presa. Como tengo mucho miedo, ayer (jueves) no pude ir a trabajar y la verdad es que no sé quien le va dar de comer a mis tres chicos porque no tengo a nadie más a quien recurrir", concluyó la joven con desesperación.


Los muchachos de "Moralidad Pública"

El 10 de septiembre de 2003, tres miembros de la Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina (Ammar) en Rosario presentaron una denuncia en los Tribunales contra los jefes de Moralidad Pública, a quienes acusaron de recibir dinero de boliches donde se practica la prostitución para impedir que recibieran clientes en la calle y cobrarles coimas para no interferir en su trabajo como prostitutas. Tal imputación, según otra denuncia, tuvo respuesta en forma de amenazas de muerte contra la titular local, Sandra Cabrera, e incluyeron ataques a golpes a tres integrantes de Ammar.
La primera denuncia provocó el relevo del jefe de Moralidad Pública, Javier Pinatti, y del subjefe, Walter Miranda. Y, ante la resonancia que adquirió el caso, la mujeres de Ammar se reunieron con el ministro de Gobierno, Carlos Carranza, para expresarle sus quejas por el accionar policial.
La saga de actos intimidatorios y golpizas que denuncia Ammar comenzó el 9 de octubre pasado. Ese día, según contó Cabrera, una amenaza telefónica fue recibida en la sede de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El mensaje lo recibió Julio Leiva, integrante de esa organización sindical. "Decile a Sandra que a la piba la va a encontrar muerta antes de mañana", dijo el interlocutor de Leiva del otro lado de la línea.
La piba a la que hacía referencia la persona que llamó era la hija de Sandra, que tiene 8 años. Cabrera estaba en Santa Fe y regresó con urgencia a Rosario. Desde entonces, la casa de la dirigente de Ammar está custodiada todas las noches por efectivos de la sección Seguridad Personal.
El otro eslabón intimidatorio continuó algunos días después. Una denuncia anónima presentada en el juzgado de Menores Nº2 señalaba que "Sandra mandaba a la nena a mendigar y que no iba a la escuela". Una asistente social corroboró que la denuncia no tenía asidero.
La escalada siguió el viernes 17 de octubre. Una prostituta que trabaja en la esquina de San Lorenzo y Castellanos fue golpeaba con ferocidad. La mujer estaba en ese cruce cuando se acercó un ciclista y le propinó un tremendo "cadenazo" en la cabeza. La meretriz no perdió el conocimiento y, junto a efectivos de la comisaría 7ª, recorrió la zona en búsqueda del hombre que la había atacado pero no lo encontró.
En la madrugada del sábado 19 de octubre otra prostituta fue atacada en la esquina de San Lorenzo y Crespo. La golpiza fue tan cruenta que a la trabajadora sexual "le quebraron un brazo". El último mensaje violento fue el 24 de octubre. Una chica esperaba a sus clientes en Santa Fe y Castellanos cuando se acercó un hombre que se movilizaba en una bicicleta y le asestó un puñetazo en la cara.


Más amenazas

Durante los últimos meses de la administración Reutemann, Cabrera también fue amenazada telefónicamente en el marco de una campaña por la derogación de las leyes que discriminan a las trabajadoras sexuales.
Como viene sucediendo en este último tiempo, "la compañera Sandra Cabrera ha recibido una nueva amenaza telefónica. Quien atendió el llamado en la sede de ATE Rosario fue el compañero Julio Leiva, al cual le remarcaron que "hoy o mañana la hija de Sandra iba a ser asesinada. Una vez más estas mafias, que se sirven de la impunidad para actuar, cuidan sus intereses jugando con la vida de las personas".
Tras la amenaza, "los compañeros realizaron la denuncia ante el Subsecretario de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Diego Giuliani, y el jefe de Seguridad personal de la policía de Santa Fe, comisario Aguilar, quienes se comprometieron a darle seguridad a Sandra y a su hija".
Lamentablemente "estas amenazas se vienen sucediendo en todo el país para que las compañeras de AMMAR dejen de luchar por la derogación del artículo que penaliza su trabajo en esa provincia. Esta lucha se enmarca en la campaña Nacional que llevan adelante todas las compañeras de AMMAR, para que cesen los maltratos y la discriminación de que son víctimas".
Cabrera se entrevistó con el ex vicegobernador de Santa Fe, Marcelo Muniagurria, en donde se le pidió que apoyara el proyecto de ley presentado por el diputado Eduardo Di Polina del Partido Socialista (PS), y que las trabajadoras sexuales dejen de ser tratadas como criminales. El vicegobernador se comprometió a conseguir entrevistas con el ministro de Gobierno pero dijo que él no tenía poder sobre la policía aunque haría lo posible para que cese el accionar policial.
"Es por todo esto que hacemos responsable a las autoridades de la provincia de la integridad física de nuestra compañera Sandra Cabrera y su hija", alertaba aquel documento de la CTA Rosario de fines de 2003.


Detenciones arbitrarias

Un profundo malestar existe en la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) para con personal policial de la comisaría de barrio Ludueña, luego de que una patrulla llevara detenida a una de sus integrantes y a dos travestis que aguardaban clientes en Provincias Unidas, entre Eva Perón y Tucumán, y los retuvieron en lo que interpretan más de la cuenta y con "un trato humillante", sostenía la información aparecida el 14 de marzo de 2003.
La denuncia, que implica al personal y al jefe de la seccional 12ª, la hizo Marcela Patricia Morelli, una viuda que ejerce la prostitución y es miembro de Ammar. La madrugada del último sábado, agentes de esa comisaría detuvieron a Morelli junto a dos travestis y los retuvieron en la dependencia policial durante dos horas, a uno de ellos, y más de seis, a las dos personas restantes. Uno de los detenidos, según el relato de la mujer, fue humillado y permaneció desnudo y tirado en el piso un largo rato. Por la mañana llegó el jefe de seccional, comisario Carlos Casella, y les espetó que no quería "prostitutas ni prostitutos" en su jurisdicción, que él estaba para llevarse a los choros y que meretrices y travestis eran una molestia. Asimismo, el comisario habría amenazado a Morelli y a uno de los travestis con tomar medidas más violentas, sin importarle los apremios ilegales.
Consultado al respecto, el funcionario policial indicó que los detenidos infringieron el Código de Faltas y que uno de los travestis poseía un cuchillo. Casella se apoyó en la demanda de los vecinos de esa zona, quienes "agradecieron el procedimiento, cansados de toparse con la prostitución frente a sus casas y barriendo profilácticos todas las mañanas". "En esta jurisdicción tengo mucho trabajo y no quiero una zona roja", indicó Casella.
La titular de Ammar, Sandra Cabrera, señaló: "Pedimos seguridad. Estamos hartas de ser presentadas ante los comerciantes de los barrios como fuentes de inseguridad, cuando muchas veces la presencia de las prostitutas ha evitado robos". Cabrera, como su compañera, coincidieron en que no recibían semejante trato desde los años de la dictadura e insistieron en que no quieren ser reprimidas. "Sabemos que estamos en falta y no nos negamos a ser demoradas por la policía, en los controles de rutina, pero la mayoría de nosotras tiene chicos en edad escolar y ya hemos charlado con personal del ministerio de Gobierno para que no seamos detenidas en días de semana, durante el ciclo lectivo, para poder enviar a nuestros hijos al colegio".
Según Morelli, el arresto ocurrió en Eva Perón y Provincias Unidas, en la vereda sobre la que está el local de una cadena de farmacias. La llevaron junto a Marcelo Mendoza y Andrés Velazco, a las dos de la mañana por dos agentes que "bajaron de una patrullero de la comisaría 12ª, uno con un garrote". La trabajador sexual aseguró que de la requisa policial aparecieron dos armas blancas que -aseguró- que ninguno de los tres tenían.
Morelli añadió que a Mendoza lo llevaron aparte y, a las dos horas, apareció desnudo. Así debió permanecer , luego de que le secuestraran su ropa y su dinero.
Según Morelli, a eso de la 4 Velázquez fue liberado, pero ella y Mendoza debieron permanecer hasta las 8.30, cuando llegó el comisario. "Estoy asustada", declaró Morelli a este diario. La mujer aseguró que desde la época de la dictadura no recibía amenazas de este tipo y repasó el trato correcto que le dan otras dependencias policiales. La mujer, que recordó que Casella le dijo que la iba a levantar de los pelos si volvía a verla, insistió en el temor que le produce volver a su parada habitual.
Cabrera, por su parte, señaló: "Estas cosas se repiten cada vez que hay cambios de jefe en las seccionales. Cuando nos detienen no nos negamos a mostrar el último análisis de HIV, pese a que la Ley Nacional de Sida, la 23.798, garantiza la confidencialidad de esos resultados".


Los negocios de un custodio de Videla y Alfonsín

Chabás es una población del departamento Caseros, dedicada a la explotación agrícola y que tiene en la aceitera que lleva el nombre de la localidad uno de los principales atractivos para miles de camiones que entran y salen todos los días.
Osvaldo Salomón, presidente comunal por tercera vez, es un hombre joven que surgió a la política del peronismo como delegado del ex Banco Provincial y cuando fue electo senador departamental denunció la existencia de distintas formas de juego clandestino en la zona, hecho que le generó resistencias dentro de La Santafesina SA y en ciertos nichos de la justicia provincial.
En los últimos días de enero de 2004 fue recibido por funcionarios del Ministerio del Interior de la Nación ante los cuales expuso las andanzas de Esteban Bakota, ex custodio del primer presidente de la junta militar que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976, nada menos que Jorge Rafael Videla.
Bakota está procesado por delitos vinculados al robo y comercialización ilegal de cereal aunque sigue en libertad porque pagó una fianza de un millón doscientos cincuenta mil pesos.
Salomón hace dos años que viene denunciando las actividades de Bakota y su clan ya que circulan con automóviles sin patentes, armados, amenazadores con los vecinos y con el propio presidente comunal.
“Bakota siempre fue protegido por el poder. Su primera aparición pública rutilante fue en el mundial ’78 sentado detrás de Videla. Él decía que a ese lugar había llegado por casualidad. En realidad estaba trabajando como guardaespaldas. Algunos lo recuerdan corriendo gente en esos años. Luego apareció detrás de Alfonsín, cultivó una relación muy firme con ese gobierno nacional y con algunos referentes radicales de la provincia, primero fue con Aníbal Reynaldo y después con Horacio Usandizaga. A nivel nacional aparece con Enrique Nosiglia con quien sigue teniendo muy buena relación a la que ahora habrá que sumarle el eje con Luis Barrionuevo. Y con José Machinea consiguió créditos muy importantes para empresas de la zona, algunos de los cuales no se han devuelto jamás”, sostuvo Salomón en diálogo con este cronista.
Esto hizo que algunos amigos suyos se hicieran ricos y que otros le brindaran protección a lo largo del tiempo. “Siguió manteniendo poder a lo largo del menemismo. Estuvo muy relacionado siempre con todo lo que tiene que ver con la policía. Entra y sale de la policía como si fuese su dueño. Volvió a aparecer al lado de De la Rúa el día de su asunción, protegiéndole el auto cuando se trasladaba del congreso nacional a la casa de gobierno”, añadió el presidente comunal de Chabás en un relato que pareciera formar parte de un guión de película.
Salomón lo denunció por robo de cereal en la zona rural, a camiones, y además el bolseo de soja que “se hacía con la coparticipación de la policía local. Esto del bolseo de soja que parece una tontería no lo es. Porque el camionero tiene un margen entre la carga y la descarga de aproximadamente 100 kilos. Entonces se transforma en un gran negocio porque esa bolsita de soja mueve miles de pesos diarios”, indicó.
En la “Aceitera Chabás” entran 50 mil camiones para completar lo que necesitan moler en un año. “Si a esto le sumamos todo lo del cordón industrial se transforma en un negocio fabuloso que mueve muchísimo dinero. Además esta todo lo que viene detrás del comercio en negro de granos que no puede blanquearse y entrar en el circuito. Entonces ese dinero se sigue moviendo en negro, tanto en la usura como en el narcotráfico”, precisó el titular del ejecutivo de Chabás.
Bakota fue procesado por las denuncias de Salomón y resultó detenido. Sin embargo pudo pagar una fianza de un millón doscientos cincuenta mil pesos. También pagó otra fianza de 150 mil para su hijo Martín.
“Se le acumulan causas en un 31 de diciembre donde la justicia trabajó, y el 31 de enero, en plena feria judicial, le otorgan la excarcelación”, remarcó con suspicacia el presidente comunal.
Durante todo el año 2003 se hicieron una gran cantidad de denuncias que se canalizaban a través del fiscal Curto en el juzgado de la doctora Silvia Nogueras, de Casilda. Esas denuncias no fueron investigadas.
Bakota mezclaba la soja con sojilla y “la vendía por buena a la empresa “Vicentín” donde tenía un socio que le permitía vender por bueno lo que era malo triplicando su ganancia, pero como si esto fuera poco tenía crédito fiscal por medio de un testaferro llamado Miguel Ángel Collado que está internado en un geriátrico a quien le falta una pierna, es alcohólico crónico, no sabe leer ni escribir, y declaró que Bakota le hacía firmar papeles y que él no tenía idea de qué se trataban. Cuando le preguntan si tenía una cuenta en el banco contesta que nunca entró a un banco...”, se indigna Salomón.
Cuando los funcionarios de Chabás preguntaron a la AFIP por qué le otorgaron es crédito fiscal a esa persona, les contestaron que “se lo dan a cualquiera que lo pida. En junio de 2003 hicimos una denuncia diciendo que Bakota seguía operando con la cuenta de Collado y que había comprado 4 mil toneladas de sojilla en la zona centro de la provincia, que había productores estafados porque no les habían pagado, y que además, lo había comerciado en negro”.
Salomón presentó un resumen de todo lo sufrido: amenazas telefónicas, persecución y amenazas de muerte contra miembros de su familia. Bakota “dice por todo el pueblo que antes de morirse va a matarnos a todos. Cuando presentamos ese escrito, nos enteramos que la denuncia de las 4 mil toneladas de sojilla se había perdido”.
Para el presidente comunal todo esto se relaciona con el asesinato de Sandra Cabrera.
“Bakota vive a una cuadra de mi casa. Tiene 17 causas que yo ubiqué, sin contar las de faltas. Un oficial de justicia fue a embargarle un vehículo. El hijo le pegó a la jueza de paz y le rompió los lentes, y él arrodilló al oficial de justicia delante de un crucifijo y le metió un revolver en la cabeza haciéndole jurar que nunca más iba a intentar embargarle nada”, contó con un dejo de impotencia.
Cuando reasumió por tercera vez como presidente comunal, Bakota estaba parado en contramano con su pick up sin patente frente al lugar donde estábamos haciendo el acto. “Es el muchacho malo de una organización que mueve muchísimo dinero”, terminó diciendo Salomón.
Héctor Cavallero, ex diputado nacional y hoy representante de Santa Fe en Capital Federal, dijo que el caso de Chabás “es grave porque los antecedentes de la persona implicada indican que se trata de un hombre que estuvo en los grupos de tareas de la dictadura y luego en la custodia del doctor Raúl Alfonsín, por lo cual perteneció al grupo de Raúl Guglielminetti”.
¿Por qué Bakota se mueve con tanta impunidad en la provincia de Santa Fe?.
¿Qué hay detrás de su clan, como lo llaman en Chabás?.
¿Por qué parte de la justicia provincial no puede juzgar a alguien así?.
Su permanente relación con el poder revive la idea que nunca hubo mano de obra desocupada como alguna vez se ufanara el ex Ministro del Interior, Antonio Troccoli, sino todo lo contrario.
Bakota es una expresión más de lo que sucede en la provincia de Santa Fe.
Una zona liberada para ciertos represores que siguieron siendo funcionales a un esquema de concentración de riquezas en pocas manos.


La insistencia de Galanzino

Luis Galanzino fue desplazado de la policía provincial durante la primera administración del ingeniero Obeid.
Desde entonces denuncia a su entonces subsecretario de Seguridad Pública y hoy titular de Defensa Civil, el ex teniente coronel José Bernhardt, como el oficial que trasladaba a los detenidos ilegales de Santa Fe, durante el terrorismo de estado, hasta el centro clandestino que funcionaba en Granadero Baigorria, La Calamita.
Galanzino llegó a efectuar esa denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington.
Actuales funcionarios del gobierno provincial desprecian la denuncia porque creen que Galanzino miente para ocultar sus propias acciones contrarias a los más elementales derechos humanos.
E incluso llegaron a decir -los funcionarios actuales de la administración Obeid- que “Bernhardt le ofreció conducir la Unidad Regional II con asiento en Rosario y entonces Galanzino se despachó diciéndole que para poner la delincuencia en caja había que tirar unos diez cuerpos de cualquiera para que sientan miedo. Semejante barbaridad lo dejó afuera”, confió una alta fuente del gobierno actual santafesino.
El ex comisario desmiente todo con su voz agravada por el cigarrillo y las distintas enfermedades que tuvo que soportar desde que fue retirado de la fuerza.
Y ratifica su denuncia: “Es de público conocimiento que Bernhardt trabajó para el Servicio de Inteligencia del Ejército. El participó en los traslados de los detenidos de Santa Fe hasta La Calamita. Eso es real”, afirma.
Rechaza cualquier tipo de discusión que se le endilga con Bernhardt. “Nunca tuve ninguna puja personal con él. Salvo cuando hicieron el relevo de todo el personal de tránsito y nosotros hicimos un procedimiento contra dos tipos uniformados con ropa policial que extorsionaban a la gente a la altura de Ricardone con radares para controlar la velocidad. Discutimos por teléfono y nunca más. Se sintió ofuscado y me dijo que no me tenía que meter con el personal que atendía los radares”, enfatizó Galanzino.
“Nadie me ofreció la jefatura de policía de Rosario. Eso es mentira. Lo que ratifico es que Bernhardt hacía los traslados y también creo haber demostrado la relación existente entre él, el entonces ministro de Gobierno, Roberto Rosúa y la jueza Alejandra Rodenas. ¿O no se sabe que Osvaldo “Tito” Rodenas, histórico dirigente de Rosario Central, era quien tenía La Calamita. El tema este nace entre el coronel Juvenal Pozzi y el dirigente empresario Natalio Wainstein. Este último le presenta Rodenas a Pozzi para que el estadio de Central sea confirmado como la sede del Mundial `78. Y una de las condiciones fue que Rodenas le alquilara a Pablo Benzadón, La Calamita y luego se la pasara a los militares. Y ahí se hicieron las torturas”, terminó diciendo.
Bernhardt, hasta ahora, prefirió hacer silencio de radio porque no quiere darle entidad a los dichos de Galanzino.
El pasado sigue abierto en el presente y no parece haber decisión política para aclarar roles y funciones.
Los principales colaboradores de Obeid admiten que más allá de la catadura personal que ellos le atribuyen a Galanzino y la falta de pruebas documentales para sus dichos, hay una pregunta sin respuesta: ¿puede el ex comisario inventar todo?.
El tiempo pasa y no hay justicia en la provincia.
Los verdugos de La Calamita están libres y quizás en funciones parecidas a las que alguna vez tuvieron.
No se trata de una cuestión personal de Galanzino sino de una necesidad colectiva del pueblo santafesino.


Los conocidos de siempre

La información apareció en el diario “El Ciudadano” el pasado jueves 12 de febrero de 2004, a días de un nuevo motín en el penal de Coronda.
“Delegados de pabellón de la prisión corondina aseguran que la revuelta fue propiciada por los guardias al provocar a los detenidos y abrirles las puertas internas para justificar la represión y los daños”, sostenía la crónica escrita por Silvina Tamous.
Las versiones sobre una interna dentro del Servicio Penitenciario “sostenida por un sector abierto al diálogo y a la conciliación y otro adepto a la mano dura”, y la conveniencia de generar disturbios para justificar dinero que entra o que sale, es denunciada cada vez con más fuerza por los detenidos alojados en la cárcel de Coronda.
“Los motines son un negocio para algunos funcionarios del Servicio Penitenciario (SP). Y algunos agentes responden a esos intereses. Esto siempre está a punto de estallar. Con la cantidad de presos que hay es muy fácil provocar y crear disturbios. Acá la gente tiene miedo a denunciar porque somos personas muy fáciles de matar”, explicó uno de los delegados de los pabellones que el lunes 9 de febrero a la noche protagonizaron un motín que terminó con medio centenar de heridos.
Otro de los delegados explicó que “es muy fácil generar un conflicto en una prisión donde conviven más de 1.500 detenidos. “Hay un sector del SP que provoca. Hay una interna muy grande entre ellos”, afirmó el representante de uno de los pabellones antes de contar una historia que ya fue denunciada en el motín anterior, cuando todavía estaba a cargo del SP Armando De Martín”, narra Tamous en su nota.
“Un grupo importante de agentes tiene un fuerte resabio de la dictadura y es partidario de la mano dura. Eso se refleja acá adentro. Todos formamos parte de una sociedad y hay luchas de poderes. Hay gente a la que le conviene que se genere un motín porque a partir de eso hay cosas rotas y salen a decir que se rompió todo cuando no siempre es así. Ahí está el negocio”, aseguró otro de los convictos.
La nota sigue diciendo que “si bien todos admiten que el problema comenzó en el pabellón 3, los delegados explicaron que mientras eso sucedía, el oficial Giordano abrió la puerta del pabellón 10 y que, cuando los internos empezaron a salir, los reprimieron. Este oficial penitenciario fue varias veces denunciado por distintos detenidos que han coincidido en calificarlo como “un rati pegador”. “Ellos pretendían que se llegara a mucho más de lo que se llegó. Pero hay muchos más heridos de los que se dijo, incluso hay cinco con lesiones graves que no recibieron atención médica. A otros los hirieron después del motín, porque mientras hacían la requisa nos pegaron varias patadas”, agrega la información.
En el pabellón 10 dispararon 86 cartuchos de balas de goma, en un lugar donde había unos 90 presos. “En el pabellón 5 hubo varios heridos, en el 12 hubo 19, en el 3, 17: son muchos más de los que dijeron que había”, indicó uno de los delegados”, se afirma.
Semejante revelación suma una perla negra más al collar que parece ahogar el cuello de la vida colectiva santafesina.
Si parte del personal del Servicio Penitenciario avala y añora los métodos del terrorismo de estado es porque alguien se los hizo conocer y los identificó con los valores que trasuntaban las prácticas violatorias a los derechos humanos.
Algo del pasado impune se mueve con absoluta libertad en el presente de los santafesinos.

“Si no se erradica, si no se combate, si no se elimina toda forma de impunidad, de corrupción, de negocios ilícitos, continuará habiendo crímenes mafiosos y sectores incontrolados dentro del aparato del Estado, lo cual no puede permitirse”, dijo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde en relación al asesinato de la titular de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, filial Rosario, Sandra Cabrera. Duhalde vino a darle apoyo político a la administración de Jorge Obeid que disolvió Moralidad Pública de la estructura policial. Como sucediera en su anterior administración cuando ordenó borrar Robos y Hurtos, no hay manera de presumir que de esta manera se acabarán los grupos mafiosos que actúan desde hace décadas en el interior de La Santafesina SA. Esas asociaciones que fueron definidas por el ministro de Gobierno, Alberto Gianeschi y el subsecretario de Seguridad Pública, Alejandro Rossi, como “un poder paralelo” en la provincia. De allí la necesidad de repasar una serie de apuntes en torno al origen de las bandas que operan en la policía del segundo estado argentino.


El huevo de la serpiente

El otoño se anunciaba pesado en Rosario. Al primer piso de la esquina de San Lorenzo y Dorrego, donde funcionaba el Servicio de Informaciones de la Unidad Regional II de la Policía de la Provincia de Santa Fe, llegaron las cuatro hojas que se esperaban.
Juan José Saichuck, el jefe, boxeador y acróbata, había pedido el informe. El objeto del mismo era establecer un "panorama" de la Juventud Peronista.
"El medio juvenil local ha llevado a cabo, recientemente, en nuestra ciudad, diversas reuniones en las cuales participaron elementos juveniles peronistas provenientes de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal (Básica Bomplad). Asistieron integrantes de la Regional II, Comando Unidad, sectores afines con la «izquierda», identificados con «el socialismo nacional», habiéndose tratado en dichas reuniones como temas de importancia: «La constitución de las Milicias Populares» - «Decreto de Ley de amnistía para presos políticos». De acuerdo a lo expresado por los delegados capitalinos, los mismos contarían con el «aval» del doctor Juan Manuel Abal Medina", decía el prólogo del documento que permaneció inalterable casi treinta años.
Aclaraba que las "milicias" o "brigadas" responderían "a la inspiración del dirigente juvenil Galimberti, recientemente defenestrado por Perón, y que no serían elementos de choque". Describía las operaciones de información, correos y vigilancia y dejaba sentado que "los grupos armados Montoneros y FAR proseguirían con sus estructuras activas y podrían llegar a ser los ejecutores de aquellos a quienes se les sindique como traidores al movimiento, al país, autores de torturas, vejámenes, muertes, secuestros; delincuentes económicos".
En relación al Ejército Revolucionario del Pueblo, el escrito mencionaba que "actuaría en forma independiente y en células cerradas, sin contactos con FAR o Montoneros. El ERP en sus planificaciones no consulta ni pide apoyo a ningún grupo peronista".
La visión de los informantes rosarinos era que para la Juventud Peronista cada uno de los grupos armados "lucha por sus presos en forma individual".
Los servicios señalaron que las reuniones se hicieron en la Unidad Básica de calle Viena 5329 y en el bar Il Piave, ambos en la zona de Saladillo.
Para los redactores del documento, los sectores que respondían a Galimberti se centralizaban en el denominado Comando Tecnológico que agrupaba al Comando Unidad, Frente Estudiantil Nacional (FEN), Juventud Peronista Revolucionaria, Juventud Universitaria en Lucha, Unidad Regional II, Juventud Peronista, Comisión de Movilización, Comisión de Apoyo Familiares de los Presos Políticos contra la Represión y la Tortura, Comisión Felipe Vallese de Solidaridad con los Presos del Pueblo.
Lo más interesante del informe se ubica en los siguientes dos párrafos, en donde se hace un análisis de la situación.
"Los fines perseguidos empleando parte de estas siglas fueron determinados por la infiltración, captación y distorsión ideológica de elementos juveniles peronistas, quienes ante la carencia de dirigentes consustanciados con los lineamientos justicialistas fueron absorbidos por los que pregonaban la «patria socialista o izquierda nacional", un comentario digno de cualquier dirigente de la derecha peronista y que luego se utilizaría como supuesta justificación para el enfrentamiento que se concretó después de Ezeiza.
Luego, en el documento hay una referencia al "éxodo de militantes" que sufría, por aquellos días, el FEN, dirigido "por lo que determinados círculos de la juventud consideran como «el marxismo israelí» representado por Grabois y acólitos".
Pero lo que viene es una clara advertencia de lo que efectivamente ocurrió: "Las nuevas pautas a darse en el consenso juvenil pueden determinar, dentro de la disciplina y verticalidad que imponga Perón, una «purificación» doctrinaria de la juventud, precedido de una depuración, considerando que aún el líder máximo del peronismo se halla en condiciones de controlar a la juventud por el giro dado al espectro que creara a través de los dirigentes defenestrados".
Los términos "purificación" y "depuración" serían utilizados no solamente por los sectores ortodoxos del peronismo, sino que después formarían parte de las homilías de vicarios y obispos que exigirían una purga de sangre a las fuerzas armadas. El documento Saichuck, entonces, obliga a preguntar ¿cuál fue el origen de la represión política en la Argentina en los años setenta?
¿Fueron los sectores más reaccionarios del peronismo los que impusieron esta lectura, o los integrantes de las distintas fuerzas de seguridad y armadas los que terminaron quedándose con el peronismo?
Hay otro dato interesante: el surgimiento de las llamadas Legiones Nacionalistas.
"La planificación y organización de las mismas estaría en manos de Sánchez Sorondo y del doctor Vicente Solano Lima. Dicho impasse se habría suscitado debido a diferencias entre Cámpora y Solano Lima, no obstante el aval de Perón al vicepresidente electo para la conformación de las citadas legiones que deberían estar encuadradas dentro de los lineamientos de la doctrina nacional del Justicialista", sostiene el informe.
"La concreción de estas LEGIONES (así con mayúsculas está en el escrito) estaba prevista para todo el ámbito nacional, especialmente jóvenes identificados con el peronismo no oficial y del nacionalismo ortodoxo. Para tales efectos estaba previsto el viaje de dichos elementos jóvenes para ser interesados en el cometido a cumplir o desarrollar", se afirma en la tercera hoja del informe del 30 de abril de 1973.
Sánchez Sorondo fue el candidato a senador nacional por la Capital Federal en las elecciones del 11 de marzo. Fue derrotado por el entonces joven abogado radical Fernando De La Rúa. Esa situación hizo que Solano Lima no viajara a Madrid junto a Cámpora para entrevistarse con el viejo General.
Se hace mención a que el FEN reeditó el ensayo "Revolución cultural" apoyado por los "llamados nacos (nacionalismo cristiano), calificándose verdaderos ortodoxos en cuanto a la interpretación de la doctrina justicialista y señalando a los componentes de la Unidad Regional II como distorsionados izquierdizantes. Esta posición indudablemente producirá, a no dudar (repite el redactor sin el mayor prurito literario) fricciones entre FEN y Unidad Regional II".
Teoriza que el alejamiento de Galimberti exigido por Perón "ha causado un relajamiento en la tensión existente en medios políticos y gremiales, entendiendo que todo ello marca un cambio en el rumbo dado al peronismo, en especial a la relación con el FREJULI y Fuerzas Armadas".
Saichuck terminó de leer el informe y por alguna extraña razón se lo llevó a su casa.
Al Gato Saichuck lo envenenaron a fines de 1976, pero sus trabajos de inteligencia marcaron la tendencia no solamente de las patotas que acompañaron a Agustín Feced, sino también los procedimientos y la ideología de aquella federación de bandas de delincuentes y de ideología fascista que se denominó Triple A.
La Juventud Peronista ya estaba infiltrada aun antes de la asunción de Héctor Cámpora y la idea de la depuración del justicialismo era un claro objetivo que compartían los servicios de las distintas fuerzas de seguridad y armadas con dirigentes sindicales, grandes empresarios y también políticos.
El informe Saichuck, del 30 de abril de 1973, prologaba el asesinato de Constantino Razzetti, las matanzas de la Triple A, la invasión a Villa Constitución y el golpe de estado de marzo de 1976.


Las bandas (matar para robar)

Marta F. vivió once años junto al comisario Juan José “Gato” Saichuk, jefe del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario, entre 1975 y finales de 1976, cuando se produjeron el 80 por ciento de las 350 desapariciones que se registran en el sur santafesino y el norte de la provincia de Buenos Aires.
Saichuk había sido trapecista y boxeador, pero a principios de los setenta “se asoció a Agustín Feced para combatir la subversión y para hacer secuestros extorsivos junto a los policías de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires”, confesó la señora a este cronista a fines de 1999. De esta forma salió por primera vez a la opinión pública parte de la historia de uno de los principales desaparecedores de la región y de los negocios que los integrantes de los grupos de tareas de las policías de las provincias más importantes del país hacían en conjunto.
Para ella “a Saichuk lo envenenaron los propios compañeros del Servicio de Informaciones porque se había quedado con una parte grande del dinero que venía de los secuestros, los robos a los bancos y la piratería del asfalto”.
Tenía varias casas, una de las cuales terminó habitando con su hijo, en Gálvez y bulevar Oroño, en barrio Parque de la ciudad de Rosario.
Durante mucho tiempo tuvo un album con las fotografías “de los subversivos muertos desde fines de los años sesenta”. Usaba una pistola Magnum y ostentaba colgantes y reloj de oro.
“También se dedicaba a hacer los informes ambientales para las grandes empresas de la región, no solamente del Gran Rosario si no también de Buenos Aires. Ahí se hacía un seguimiento de los delegados y esas cosas gremiales”, relató la señora.
Era uno de los principales capitalistas del juego en la ciudad y cuando murió “envenenado” el 10 de diciembre de 1976, uno de los principales torturadores rosarinos, José Lo Fiego, le dijo que “el tipo repartiría mal”.


De grupo de tareas a delincuentes comunes

El 7 de diciembre de 1979 se robaron 125 millones de pesos ley 18.188 correspondientes al pago de adicionales del mes de octubre de la propia contaduría que funcionaba en el subsuelo de la Jefatura de Policía de Rosario, en la esquina de Moreno y Santa Fe.
A veinte años del hecho, el encargado de pagar los sueldos al personal, describió el suceso por primera vez a este cronista.
La consecuencia del asalto fue la remoción del jefe de la Unidad Regional II, teniente coronel Horacio Verdaguer por el también oficial del mismo rango, Rodolfo Enrique Riegé. Para ex integrantes del trístemente célebre Servicio de Informaciones, José Lo Fiego y Mario Marcote “eso fue el principio del fin de la patota porque uno de los grupos se quedó con el dinero”.
Los viejos aprendices de Feced, además de asesinos y torturadores, decidieron, entonces, definirse como delincuentes comunes.
Fue la partida de defunción de los grupos de tareas unificados y el acta de nacimiento de las bandas mafiosas que desde la policía rosarina seguirían los negocios de la interprovincial de los tiempos de Feced y Saichuk.

“A pesar de los veinte años que pasaron no me puedo sacar el entripado que tengo y el daño que causó entre varios compañeros de trabajo”, dice el escrito que presentó Oscar a este cronista, el entonces administrativo que tenía la responsabilidad de pagar los adicionales al personal policial de Rosario.
El jueves 6 de diciembre de 1979, el policía que trabajaba en la contaduría de la Jefatura fue a buscar el dinero a la casa central del ex Banco Provincial, en Santa Fe y San Martín. Retiró 207 millones de pesos ley 18.1888.
“Al llegar a jefatura me pongo a ensobrar el dinero y me pongo a pagar, aunque lo tenía que hacer el día 7. Pago hasta las dos y media de la tarde y después guardé la plata en cuatro cajas en un armario al que le pongo llave”, contó Oscar.
Cuando regresó el viernes a las siete de la mañana, sacó las cajas y “al llegar a ventanilla donde ya había personal esperando recibir sus jornales, al abrir las cajas me encontré con la sorpresa que tres de ellas estaban vacías y una llena”.
Oscar se desesperó. La División Investigaciones empezó a interrogar y “todo el personal quedó detenido hasta el lunes 10 a la noche”, hasta que el juez de instrucción de la séptima nominación, Patricio Lara, le tomó declaración y los dejó en libertad.
El martes 11 de diciembre volvieron a trabajar mientras que la investigación quedó en manos de personal superior de Santa Fe.
En abril de 1980, Oscar fue suspendido junto al contador y tesorero, por catorce meses. “Después me reintegraron, mientras que al contador y al tesorero los jubilaron después de cuatro años. A mi me pasan a retiro por los años de servicio, pero lo triste es que no ascendí nunca más. Duele después de prestar 25 años de servicios sin faltar nunca que me rajaran de esta forma”, escribió el ex policía, ahora empleado de seguridad de una empresa multinacional.


La historia oficial

“Hoy los argentinos vivimos en uno de los mejores países del mundo”, decía la propaganda oficial que inundaba los diarios nacionales por aquellos días.
El entonces Teniente General Eduardo Viola llegó a Rosario para despedirse de la guarnición del II cuerpo de Ejército con motivo de su pase a retiro. En los cines seguía “El Tambor” y “Superdecameron 3”. Central jugaba los octavos de final del Nacional y Duperial prometía inversiones por 80 millones de dólares.
Eduardo “Bolita de Barro” Basabilvaso, de 49 años, era imputado del incendio de “Rilke II”, de Maipú al 700, donde murieron 15 personas; mientras Charly García y Serú Girán tocaban en La Comedia.
Recién el sábado 8 de diciembre apareció el comunicado oficial de la UR II en la primera plana de “La Capital”.
“1º) En la mañana de hoy en momento que el personal de administración y finanzas se disponía a efectuar el pago de los haberes del personal de policía adicional, se notó una falta de dinero por lo cual se dieron las novedades pertinentes y de inmediato se abocó a la clarificación; 2º) que la presente información se realiza al solo efecto de aclarar lo trascendido por los distintos medios de difusión; 3º) que la denuncia respectiva fue formalizada en la División Judiciales y en estos momentos se halla en la etapa de esclarecimiento total de lo acaecido”, decía el texto.
Nunca hubo un “esclarecimiento” del hecho.
El miércoles 19 de diciembre asumió como titular de la UR II, el teniente coronel Rodolfo Riegé en reemplazo el también teniente coronel Horacio Verdaguer. Ni una palabra sobre el robo a la contaduría de la Jefatura. Una versión inverosímil recorrió los medios de comunicación. Se trató de una operación de la subversión. Nadie la creyó.


Los muchachos del Servicio de Informaciones

Agustín Feced dejó la intervención de la Unidad Regional II en marzo de 1978. A partir de ese momento comenzó el desbande de las por lo menos tres patotas que hacían las veces de grupos de tareas a partir del Servicio de Informaciones que funcionaba en la ochava de San Lorenzo y Dorrego.
Dos ex integrantes del numerario de la repartición, José Lo Fiego y Mario Marcote, le comentaron a este periodista que “aquel robo fue una mexicaneada” y que “a partir de entonces empezaron a circular determinados nombres como los más connotados con la represión mientras que otros quedaron en el anonimato”.
Para estos torturadores, “el dinero de la contaduría fue robado por ciertos oficiales que después siguieron ascendiendo en la división informaciones mientras que los demás eran puestos a disposición de la justicia militar”.
Ambos, hoy afuera de la policía rosarina, están convencidos que la investigación de aquel robo marcó el final de la unidad que mantenían los asesinos de Feced.
Fue uno de los tantos “negocios” que hicieron los duros en beneficio propio y en contra de los intereses de sus colegas.
Décadas después La Santafesina SA se ha consolidado como un poder paralelo.
Su crecimiento es directamente proporciona a la impunidad conquistada.
Hija directa de la falta de acción política sobre sus negocios.


Los traidores

Helvecia es una localidad de menos de diez mil habitantes y está ubicada en el departamento Garay, al oeste de la ciudad de Santa Fe y sobre las márgenes del río Paraná. Es uno de los llamados pueblos costeros. Es el lugar menos poblado de la provincia, pero también la cuna de un actual senador provincial y ex interventor de la dictadura, Duilio Pignata.
-Fue en 1977 cuando el entonces interventor de Helvecia, Duilio Pignata, pidió una comisión de policías a la capital para que se hicieran cargo de unos subversivos, como los llamaban ellos. Ahí vinieron entonces los oficiales Abdala y Pisbernik y se pusieron bajo las órdenes del interventor. El ordenó que se torturara a varios presos políticos. Todavía hay testigos de todo esto y familiares de los muertos. Yo me negué a torturarlos y me echaron de la policía -contó Antonio Ruoppolo que, desde entonces, recorre los pasillos judiciales y gubernamentales, ya sean provinciales como federales.
Hasta el efímero y vacuo gobierno del doctor Fernando De La Rúa le remitió una carta en la que le consignó que su caso fue elevado al gobernador Carlos Reutemann.
A partir de los próximos meses, ya entrado 2003, las denuncias y las pruebas que tiene Ruoppolo contra el ahora devenido representante de la democracia, Duilio Pignata, formarán parte de una causa que se investiga en la fiscalía de la doctora Griselda Tessio acompañada del imprescindible Alejandro Luengo.
Pero Ruoppolo insiste en su verdad. No puede creer que él se haya quedado afuera de la fuerza por haberse negado a violar los más elementales derechos humanos y que el entonces ejecutor de las políticas del terrorismo de estado sea uno de los diecinueve senadores santafesinos.
A través de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, su caso se instaló en la Comisión Interamericana con sede en Washington y a pesar del silencio de radio que en un primer momento le negó su derecho de difundir sus penas por los grandes medios de comunicación santafesinos, ahora, gracias a su insistencia, Ruoppolo comienza a surgir en letras de molde.
Varios certificados acreditan que el ex agente de la policía goza de perfecto estado de salud mental, hecho que tira por tierra la leyenda que circulaba en las redacciones diarios, radios y canales de televisión sobre la supuesta locura del denunciante.
El jueves 19 de diciembre de 2002, Ruoppolo se llegó hasta el propio seno del Partido Justicialista provincial.
Allí le dejo notas dirigidas al diputado nacional, Julio Gutiérrez, y al presidente de la Comisión de Etica, el ex gobernador Víctor Félix Reviglio.
-Le pedí la expulsión de Pignata del seno del PJ, porque me había enterado que iban a considerar la situación de los que ellos llaman los traidores, esos concejales que en Rosario y Santa Fe votaron a un radical para presidir el cuerpo legislativo. Entonces me presenté y exigí que me firmaran las copias como recibidas. Quizás fue eso lo que explica el atentado...
El “atentado” del que habla Ruoppolo sucedió una semana después, pero no en Santa Fe, sino en la tranquila Helvecia.
A eso de las diez de la noche, mientras Antonio miraba televisión más dormido que despierto, sintió la explosión de un cohete.
Se levantó, cerró la ventana del dormitorio que da a la calle y que estaba entreabierta, se despabiló y vio que el cohete era algo más. Se trataba de un disparo que ingresó a la habitación, rebotó en varios lugares, perforó un ropero y terminó en una de las paredes. Por muy poco no se incrustó en el robusto cuerpo del ex agente público santafesino.
Hizo la denuncia y en forma inmediata se presentaron los representantes de la policía de Helvecia. Todavía no hay ningún detenido ni ninguna pista.
-Esta es tierra de nadie...Acá la Mutual Policial organiza cuadreras de caballos sin ningún certificado y todo funciona con normalidad porque están protegidos por Pignata. Hace más de un año que mis denuncias descansan en los tribunales provinciales de Santa Fe capital y nadie movió un solo papel...Es tan grande la impunidad que ya no se qué pensar. La única respuesta que tengo a mis reclamos son oídos sordos. Pero no me voy a callar. Aunque me maten -le cuenta el sobreviviente a este cronista.
A alguien del Congreso del PJ no le gustó que Ruoppolo insistiera en su búsqueda de justicia en torno a la persona del senador provincial Duilio Pignata.
Una semana después de su presentación, el atentado. Como antes fueron las difamaciones y después las amenazas.
Pibernik, uno de los oficiales que llegaron de la ciudad capital en 1977 para torturar militantes políticos a Helvecia, es hoy el segundo jefe de la Unidad Regional I, con asiento, justamente, en Santa Fe.
-Hay un testigo clave que todavía no fue citado por nadie. Es el ex integrante del Servicio de Inteligencia, Daniel Valdez. El sabe cómo fueron las cosas, además de los familiares de los sobrevivientes. Lo que pasa que nadie quiere hacerse cargo de todo esto...Pero no importa, voy a seguir adelante - repite Ruoppolo.
La noticia del “atentado” apenas mereció un espacio marginal en la sección policiales de los principales diarios santafesinos.
Ninguno de ellos remarcó la historia ni mucho menos informaron la curiosa “casualidad” de que Ruoppolo, una semana antes, hizo una denuncia en el Congreso Provincial del PJ que iba a sancionar a “los traidores”. Un pequeño detalle. Para que siga habiendo más penas y más olvidos en la provincia bordeada por el río marrón.


“Enemistades policiales”

Víctor Omar Balbi no tiene paz desde 1991.
Fue en aquellos tiempos que cayó preso en la Unidad Regional XVII, con asiento en el departamento San Lorenzo y no la pasó nada bien.
Denunció que le pegaron y lo torturaron. Entre ellos, el ex jefe de Investigaciones de esa regional, José Storani que, luego con el tiempo, sería el mandamás de La Santafesina SA en los días de diciembre de 2001, cuando hubo ocho muertos, siete en el Gran Rosario y uno más en la ciudad capital.
Balbi lo denunció ante la justicia provincial, primero en San Lorenzo y luego en Rosario.
El 11 de octubre de 2001, cerca de las nueve de la noche, un Ford Escort se le arrimó a la bicicleta. Iban dos personas. Frenan el auto y se baja el acompañante del conductor. Tenía un arma en la mano.
-Te dijimos que no vayas más a la prensa. Entregá los papeles que tenés.
-Yo no tengo ningún papel. Ni tampoco se dónde están los papeles -contestó Balbi.
-Entonces te vamos a dar un tiro...
“Esta persona le quiere pegar un culatazo con el arma, en consecuencia la víctima se da vuelta y trata de escapar y escuchó algunos disparos y uno de ellos impactó en la cadera de la víctima”, escribió el Oficial Auxiliar, Carlos Rodolfo Lemos, integrante de las Tropas de Operaciones Especiales en la descripción de situación que elevó a la jueza de instrucción de la segunda nominación, Alejandra Rodenas, de la ciudad de Rosario.
Pero el informe continúa: “En Tribunales, Balbi dijo que en el mes de agosto de 2001 recibe un llamado del Comisario Antegiovanni, de la Brigada de Investigaciones (de Rosario); diciéndole que quería hablar con él. Antegiovanni va a la casa de Balbi y lo lleva a la Estación de Servicio que está en Circunvalación y Baigorria, y le dijo “que se estaba tirando con un monstruo, te estás tirando en el centro del Poder Judicial de San Lorenzo, que esas causas habían desaparecido, que me olvidara, que viviera el presente y que de parte de Storani, no me iba a pasar nada, pero que no abra la boca. La víctima dice que fue testigo de lo que decía Antegiovanni, un amigo, que le dicen Lolo y se apellida Villalba. Además, Antegiovanni, le dijo: “Que tenía que pensar bien con quien me metía, que pensara que tenía hijos y me preguntó si yo tenía copias de las causas y yo le dije que no, repitiéndome que me estaba metiendo en algo demasiado complicado”.
El oficial Lemos, en una de sus conclusiones, dice que “se desconocen hasta el momento los motivos del atentado que sufrió la víctima, lo que si se ha podido determinar, que aparentemente le efectuaron el tiro a muy corta distancia, que hasta que no se tenga la pericia de Balística, no se podrá determinar el calibre del arma utilizada en este hecho, ni la mecánica del disparo”.
Agrega el informe que “se puede colegir que el señor Víctor Omar Balbi sería víctima de una enemistad, entre el Jefe actual de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Comisario General, Storani y el Comisario retirado, Luis Alberto Galanzino, por causas no dirimidas entre ellos. Es por ello que Galanzino podría haber enviado un mensaje con los disparos que le efectuaron a Balbi, para que lo hagan responsable a Storani”.
Y la conclusión final del oficial de las TOE, es que “se puede conformar la hipótesis que los disparos efectuados el día 11 de octubre de 2001 al señor Balbi, fueron producto de declaraciones periodísticas que la víctima había efectuado en los medios de comunicación e imputando al señor José Storani de torturas y otros delitos. Y con el fin de que haga silencio y no continúe con las denuncias públicas, fue víctima de estos disparos”, sostuvo Lemos ante la jueza Rodenas.
El 23 de diciembre de 2002, el Oficial Principal, Carlos Rodolfo Lemos, volvió a escribir.
Como Jefe de la División de Investigaciones de la Compañía de Tropas de Operaciones Especiales de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dio testimonio del oficio judicial remitido por el juez correccional de la décima nominación de Rosario, Daniel Acosta, que le pedía registrar el encuentro entre Balbi y Storani en una vivienda ubicada en calle Las Heras 1654, de la ciudad de Pérez, a pocos kilómetros al oeste del centro rosarino.
Lemos le explicó a Balbi que las TOE no contaban con “el equipo técnico necesario para poder grabar las conversaciones” que se llevaran a cabo “debido que no se conoce el lugar donde se realizaría la entrevista, en consecuencia de eso no se puede proteger su integridad física, lo que si se le puede otorgar para que pueda registrar esas conversaciones es un grabador tipo periodista”.
Hasta el momento no se sabe si esa entrevista se realizó.
Lo que si se sabe es que Víctor Omar Balbi, después de sufrir distintas operaciones como consecuencia de las torturas sufridas en 1991 y de los disparos recibidos, después de las amenazas que soportaron tanto su mujer como sus hijos, tiene ganas de irse de la provincia.
También se sabe que el principal responsable de La Santafesina SA durante los sangrientos sucesos de diciembre de 2001, José Storani, hoy forma parte del Ministerio del Interior de la Nación, con el auspicio de Carlos Reutemann y la conformidad del senador nacional a cargo de la presidencia, Eduardo Duhalde.


El mensajero de Storani

Otro elemento que forma parte de esta historia es que el ex jefe de la División Investigaciones de la policía rosarina hasta el año 2002, Jose Antegiovanni, fue imputado de haber participado del secuestro y posteriores torturas del militante comunista Sergio Schilman, en 1979.
El jefe de la División Informaciones de la Unidad Regional II, comisario inspector Rubén Mario Guzmán, reconoció, el 14 de noviembre de 1980, la detención del "llamado Sergio Hugo Schilman" que "permaneció alojado como detenido en uno de los ambientes de la División Informaciones", desde las 01.00 del 23 de agosto de 1979 hasta las 20.00 del 28 del mismo mes. A su vez remitió al juzgado federal número 3 de Rosario, a cargo del doctor Rafael Carrillo Avila, la "nómina completa del personal" de la mencionada división.
Allí aparece Alberto José Antegiovanni. Schilman denunció que: "Durante mi detención he sido víctima de todo tipo de tormentos que pusieron en peligro mi propia vida...las torturas de que fui objeto con posterioridad a las 12.30 del 24 de agosto de 1979 fueron de tal magnitud que motivaron mi internación en terapia intensiva de CAMI, ubicado en Pellegrini 1353 de esta ciudad, donde estuve al borde de la muerte"
El 13 de marzo de 1981, el oficial subayudante Alberto José Antegiovanni aseguró que "se desempeñó en la división Informaciones en la sección reunión...lo hizo desde mediados de enero de 1978 hasta el 19 de setiembre de 1979 y que desde esa fecha se encuentra en situación de pasivo y sometido a proceso militar". Agregó que no conoció a Schilman, pero reconoció que el trato directo con los detenidos, lo llevaba adelante el denominado Centro de Operación de Informaciones y la guardia a través del "comisario Scardino, el principal Lo Fiego, el auxiliar Marcote, el oficial Colombo, el oficial Ramírez y no recuerda el nombre de otros integrantes". Ellos "se encargan de tomarle declaración a los detenidos".
Sin embargo, cuatro días después, el entonces oficial auxiliar de la policía, Roberto Sacardino, informó que participó en la detención de Schilman. Agregó que le encomendaron "la conducción de uno de los vehículos que participó en dicha detención, recordando que entre otro personal se encontraban el oficial Altamirano, el oficial Antegiovanni...".
El entonces delegado interventor de la Unidad Regional II, teniente coronel Rodolfo Enrique Riegé, escribió el 25 de junio de 1981 que "el procedimiento policial en el cual resultara detenido el causante así como su permanencia, alojado en la división Informaciones de la Unidad Regional II de la Policía de Rosario, durante el período comprendido entre los días 23 al 28 de agosto de 1979, fue concretado bajo "control operacional" producto de órdenes impartidas por la ex jefatura de Area 211 (actual Comando Sub Zona 21) del Comando Cuerpo Ejército II, habiéndose ya instruído actuaciones sumariales con motivo de presuntas irregularidades cometidas por personal policial bajo control operacional durante esas fechas".
Entre los sumariados estaba Antegiovanni.
Con anterioridad, el 4 de noviembre de 1980, la doctora María de las Mercedes Caballero, del poder judicial de la provincia de Córdoba, sobreseyó a los policías rosarinos José Carlos Scortechini, Carlos Ulpiano Altamirano, Lucio César Nast, Nicolás Citriglia, Alberto José Antegiovanni y Enrique Daniel Ferrara, imputados de los delitos de "privación ilegítima de la libertad y robo calificado o reiterados".


Lo Fiego y Marcote

La justicia federal rosarina tiene la oportunidad de reabrir la causa por la desaparición del militante Daniel Gorosito, secuestrado en tiempos del general Ramón Genaro Díaz Bessone como comandante del II Cuerpo de Ejército con sede la ciudad cuna de la bandera y jurisdicción sobre seis provincias del Litoral.
Esa posibilidad puede concretarse en 2004, a casi diecisiete años que los principales secuestradores y torturadores de la policía provincial aprovecharon la ley de Obediencia Debida para seguir en libertad.
Dos de ellos, José Rubén Lo Fiego y Mario Alfredo Marcote, forman parte de ese pasado abierto a orillas del Paraná.
Sus historias están atravesadas por intereses que pasan por las principales empresas asentadas en la región hasta los favores que dispensaba el arzobispado local.
Una historia típicamente argentina, la crónica de dos torturadores que quizás deban enfrentarse, por fin, a la memoria, la verdad y la justicia en democracia.

El 10 de diciembre de 1998, el entonces comisario principal José Rubén Lo Fiego, fue puesto a disponibilidad por la resolución 879 del gobierno provincial.
Imputado de 68 delitos de lesa humanidad y principal torturador del Servicio de Informaciones de la Unidad Regional II, entre 1976 y 1979, el “Ciego” o “Mengele”, habló en tres ocasiones con este cronista entre setiembre y diciembre de 1997 en su despacho del área Logística, en el subsuelo de la Jefatura de Policía, justo en la ochava de Santa Fe y Moreno.
A fines de 1999, luego de conocida la lista del juez español Baltasar Garzón, Lo Fiego se mostró en el bar de la esquina de su casa.
No está arrepentido de nada y sus diálogos con los periodistas apuntan a relativizar su siniestra historia personal. Lo que sigue es un resumen de aquellos encuentros.
-Vamos a ahorrarnos algunas cosas. Se quién es usted. ¿Dónde están los cuerpos de los desaparecidos y qué hicieron con los chicos nacidos en cautiverio?- fue la pregunta que sintetizó la primera entrevista.
-No se nada de eso -contestó Lo Fiego en su despacho adornado con el equipo de Central ganador de la Conmebol de 1995.
-Me gustaría saber quiénes fueron los apoyos políticos y económicos que los manejaban a ustedes.
-No se consiguió todo a través de la tortura. Acá mucha gente jugaba al superagente y en todos lados había un terrorista.
Colaboracionismo. Hubo mucho colaboracionismo. Trate de grabar esa palabra en su memoria. Más allá de lo que usted piensa. Lo peor de todo es la conspiración de los idiotas -dice en referencia de otros oficiales de la policía.
Había una presión insoportable de parte del comando. La formación la obtuve por las mías. Ahora hay una cultura light.
Acepto la tortura, pero no el robo ni la droga -admitió el 9 de diciembre de 1997, en comparación con otros policías.
Tampoco soy un matasiete -agregó ese día mientras tomaba mate haciendo alusión a una palabra que surgió en la literatura nacional en “El Matadero”, el cuento de Esteban Echeverría en el que denunciaba las atrocidades de la policía rosista, “la mazorca”.
-Acá faltan muchos nombres de militares y policías que actuaron durante el terrorismo de estado. Feced hablaba de tres mil integrantes de lo que llamaba la comunidad informativa Rosario.
-Mientras yo hacía lo que hacía, ¿usted cree que alguien me lo recriminó?. Incluso oficiales de mayor rango, como por ejemplo Ibarra que ahora está en Informaciones -se refería al entonces comisario inspector Ramón Telmo “Rommel” Alcides Ibarra, otro de los exonerados de la fuerza bajo la administración Obeid - Rosúa -.
Y yo no tuve ni cinco brazos ni cinco piernas. Si uno se descuida lo culpan hasta de la muerte de Gardel. Me han rechazado todos los testigos. El juez federal que me tomó declaración fue el mismo al que le presentaba mis investigaciones -argumenta para relativizar su participación en el infierno del servicio de informaciones. Aquella mañana Lo Fiego hacía mención al doctor Jaime Belfer, actual camarista federal de Rosario.
Si me sacan a mi es como sacar una falange. El resto sigue igual. En 1975 llegué a formar parte del entonces ministro de Gobierno de Santa Fe, Roberto Rosúa -advertía el 18 de noviembre de aquel año.
-¿Por qué torturaba?.
-Usted tiene que entender cómo se vivía en los años setenta. No hay por qué individuales. A nuestra manera también nosotros queríamos salvar el mundo. Pero también a nosotros nos usaron. Usted dirá que es una visión extremadamente marxista el creer que estamos supeditados a una historia, pero es así.
Me contó mi hermano que vive en Alemania que un sociólogo alemán no pudo acceder a documentos del nazismo porque no le conviene a nadie.
Yo no soy Scilingo. Ese es un farabute. Ni tampoco Etchecolatz que en 1987 cantó como si fuera una calandria. Hay que tener una conducta.
-En esta ciudad fueron torturados y desaparecidos decenas de adolescentes. No me quiera vender la teoría de los dos demonios.
-Perdí mi novia porque me acusaba de no hacer nada cuando mataron a la hija de un militar. No pude tener hijos por toda esta historia.
-¿Había internas entre la policía y la clase empresarial rosarina?
-En un allanamiento que me ordenaron llegué a la casa de un oficial de policía...Pasaron muchas cosas. Ahora acá se está viviendo algo semejante a lo que sucedió en la Alemania post nazi. Pero para saber la verdad histórica hay que irse a principios de los años sesenta. A Rosario vino el comisario Villar, de la policía Federal, para hablar sobre los métodos antiterroristas, de militares que copiaron los métodos de los franceses en Argelia, como el general Rosas o Sánchez Bustamante.
-¿Por qué quiere hacer creer que no hizo todo lo que fue demostrado en la causa 47.913?
-En diciembre de 1979 me tocó investigar el robo de los adicionales para la fuerza. Fue en tesorería. Acá al lado, dentro de la Jefatura. Tuve problemas dentro de la fuerza porque nunca arreglé ni con el dinero ni con la droga. Todo empezó cuando me metí con los que robaban automotores.
Usted se va a reir, pero no quiero volver a ponerme el uniforme de policía. Antes había otro espíritu en la policía.
Yo peleaba por un sistema neoliberal europeo que prometían los militares. Voy a llevar mi caso a la justicia por censura a la libertad de prensa. Mi intención es lavar mi nombre.


Lo Fiego nació el 9 de mayo de 1949. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el tradicional Colegio Sagrado Corazón. Su padre era militante de la Unión Cívica Radical Intransigente y él, en 1966, hizo lo imposible por hablar con Ernesto Sábato cuando vino a Rosario.
El 31 de enero de 1972 ingresó como suboficial subayudante al Comando Radioeléctrico. Luego pasó por la comisaría 17°, seguridad personal y en abril de 1976, ya como oficial auxiliar, comenzó a formar parte del numerario del Servicio de Informaciones.
Tres de sus ex compañeros del Sagrado Corazón hoy están desaparecidos: Ernesto Víctor Traverso, Fernando Belizán y Francisco Iturraspe. “Era muy católico, muy torturado. Era un inútil con el cuerpo. Lo volvían loco. Eso si, tenía una memoria increíble”, recordó uno de sus ex compañeros durante los doce años del Sagrado. También contó que uno de los primos de Lo Fiego que cayó preso fue sometido a distintas sesiones de picana por el mismísimo Mengele. “Seguís siendo el mismo boludo de siempre”, le decía Miguel, el torturado, a su primo, el mayor torturador del Servicio de Informaciones.
Detenido el 31 de agosto de 1984 por secuestro, tortura y desaparición de personas, fue desprocesado el 22 de junio de 1987 por la ley de obediencia debida, la 23.521, del alfonsinismo.
Mientras tanto, la democracia santafesina lo ascendió hasta el cargo de comisario principal.
El Ciego realizó traslados, inhumaciones, fusilamientos y operativos varios, pero se ufana de no haber cometido robos. También dijo haber descubierto a los asesinos de Kennedy y ser un experto en delitos económicos.
Durante aquellos años del terrorismo de estado, experimentaba la resistencia del cuerpo humano a las torturas. Llegó a decirle a Feced que las mujeres tenían una mayor fortaleza que los varones.
Una sobreviviente del Servicio de Informaciones describió la “locura que tenían Lo Fiego y los otros por no poder sacarle nada a la Piky, el apodo de María Concepción García del Villa Tapia, que hoy vive en España”. Fue entonces que se le ocurrió la idea.
“Traigan a los chicos”, dijo Lo Fiego. Eran los cuatro hijos de María y los dos de Jaime Dri, el protagonista de “Recuerdo de la Muerte”.
La chiquita de diez años respondió:
-Yo no vivo en ninguna parte.
-¿Vio comandante?. Es una cuestión de familia -comentó Lo Fiego a Feced en referencia al linaje subversivo.
Escondido en su casa de Mendoza y Paraguay, Lo Fiego es la síntesis del reciclaje de la mano dura durante la transición democrática, una muestra de la impunidad argentina.


La santa protección

La doctora Este Andrea Hernández sostuvo el 13 de febrero de 1987 que "pese la negativa de las imputaciones por parte del señor Marcote, median graves, precisos y concordantes indicios o datos que se reputan como suficientes para creerle responsable de los ilícitos que se le atribuyen". Ordenaba "convertir la detención que viene sufriendo Mario Marcote en prisión preventiva rigurosa".
Marcote había solicitado la baja de la policía el 2 de diciembre de 1980. Ingresó al Instituto de Servicios Sociales Bancarios ese mismo día y terminó su trabajo el 2 de marzo de 1984.
Nunca tuvo mayores problemas para conseguir empleo.
Cuando este cronista informó que estaba cumpliendo funciones como celador casero del Colegio de la Santa Unión de los Sagrados Corazones, dependiente del arzobispado rosarino, se decidió despedirlo e indemnizarlo. Tres meses después estaba, en una de las ciudades con mayor índice de desocupación del país, empleado como portero en el garaje de la empresa Cirsa, en España y 3 de Febrero de la ciudad de Rosario.
Nació el 1º de diciembre de 1949. Hijo de Raúl Enrique y de Irma Magdalena Carignano. Perito mercantil y soltero hasta febrero de 1987.
A diferencia de Lo Fiego, Marcote no presenta antecedentes judiciales y policiales en el legajo personal. Llegó a ser oficial ayudante en el área Seguridad Personal. A mediados de 1976 ingresó en el "plantel" del Servicio de Informaciones.
Producía las fichas de los detenidos. Llevaba el libro de entradas y salidas. Sus camaradas eran José Lo Fiego, Carlos Ulpiano "Caramelo" Altamirano y Nast.
Transportaba muebles y otros enseres, como diría Feced, de los domicilios usurpados por las fuerzas de tareas. De allí que haya confesado que "hacía la cobranza para la mueblería Vignati, ubicada en Mendoza y Gutenberg".
Trasladaba a los detenidos con rumbo desconocido. También lo hacía con las mujeres. Varias veces fue a Devoto, Coronda y Trelew. No solamente las acompañaba sino que también las interrogaba.
En las sesiones de tortura se le observaba con un escapulario.
Durante las declaraciones testimoniales que brindó primero ante la justicia militar y después frente a los tribunales federales de Rosario, negó haber presenciado torturas. En diálogo con este cronista sostuvo que "yo quise humanizar la tortura".
"Nadie sacaba a los detenidos de allí. Las dependencias se inundaban", le dijo Marcote a la justicia.
Reconoció que "el Servicio de Informaciones ha hecho detenciones, yendo a los domicilios de los detenidos y labrando un acta. Que no sabe donde pueden estar esas actas que no recuerda haber hecho detenciones o participando en ellas". Según él, los detenidos tenían televisión y radio.
Describió su trabajo diciendo que "éramos Sandoz, Lo Fiego y yo...yo lo sentaba delante mío (al detenido), yo escribiendo a máquina y le descubría la vista, lo que yo consideraba que no podía ver del lugar, se lo tapaba".
Tenía una relación estrecha con Lo Fiego: "a raíz del pase del oficial Lo Fiego a la división Informaciones lo solicita al dicente para que vaya a trabajar a esa misma división. Al principio respondo a las órdenes del oficial Seichuk, luego de Guzmán. No recibió entrenamiento especial...A pedido de la superioridad se averiguaba tal o cual cosa y se pasaba el informe", declaró el 22 de febrero de 1984.
Sostuvo que existía un personal rotativo en el Servicio de Informaciones, entre 10 a 15 personas. Indicó que "Feced solía ir al Servicio de Informaciones. El vivía en la Jefatura".
A pesar de haber sido reconocido por varios detenidos como torturado contumaz, el 22 de junio de 1987 fue desprocesado.
Allí empezaría otra historia.


Marzo de 1995

Nariz aguileña, ojos pequeños, anteojos con patillas de metal, cabello corto, muy delgado, camisa azul, portafolios marrón y un destornillador entre los bolígrafos que luce en el bolsillo de la casaca. Mario Alfredo Marcote parece un tipo normal.
Trabaja como celador en el Colegio de la Santa Unión de los Sagrados Corazones donde también funciona el Instituto Virgen del Rosario, dependiente del arzobispado rosarino, en Salta entre Callao y Ovidio Lagos.
Su rutina diaria incluye bajar a tomar servicio entre las 15.30 y las 16. Decenas de adolescentes lo cruzan en forma cotidiana.
Casi dos décadas atrás Marcote torturaba, violaba y cargaba el "botín de guerra" de las casas de los secuestrados en su Citroen azul. Le llamaban "el cura", por sus permanentes citas bíblicas.

"Yo quise humanizar la tortura", le dijo a este cronista.
Asegura que está escribiendo un libro titulado "La Corporación" donde resume su experiencia como integrante de la banda que estaba a cargo de Agustín Feced en el "pozo" de la Jefatura de Policía de Rosario. Tiene miedo de hablar por la suerte que pueden correr sus familiares. Estuvo detenido en 1984 hasta que lo alcanzó el beneficio de la ley de obediencia debida.

"Los que me detuvieron eran los mismos con los que yo trabajaba", dijo Marcote con plena conciencia de haber sido usado.
Está convencido de la existencia de un pacto de silencio en la provincia de Santa Fe que protege a altos funcionarios actuales de la policía, a la que califica como "mucho peor que la de Buenos Aires". A pesar de la resonancia del caso del capitán de corberta Adolfo Scilingo, Marcote no quiso brindar más detalles sobre su actuación y prefiere, por el momento, consultar con su abogado.
Aunque su apariencia sea normal, su mirada no lo es. Rodeado de imágenes del papa Juan Pablo II y de frases evangélicas, Marcote recibió a este periodista en la sala del asesor jurídico del establecimiento católico.
El diálogo que sigue es el resultado de dos encuentros mantenidos "el Cura". En varias ocasiones eligió el silencio y el desafío de mantener fija la mirada. Es un hombre que aparenta tranquilidad. Sus víctimas sobrevivientes lo califican como "cínico" y de hábitos sigilosos "cuando se quedaba en la puerta del cuarto que llamaban la favela, en el sótano de la Jefatura, escuchando lo que hablábamos entre los presos".
Dicen que era empleado de "La Buena Vista" y que luego se sumó a las bandas que asolaron las calles rosarinas a partir de la dictadura. Algunas de ellas habían empezado a operar después de la muerte de Perón, las que conformaban las estructuras de la Triple A.
Le importó muy poco hablar sobre los recuerdos de la muerte.
--Vengo a hablar sobre su actuación durante la dictadura...
--Ustedes no me trataron bien.
--Usted no trató bien a mucha gente.
--Lo que pasa es que se dijeron muchas cosas de mi y no se bien con qué intereses. No era la verdad. Pero desde que empezó la democracia no la pasé nada bien. Perdí el trabajo y estuve detenido.
--Usted torturó y violó personas en el pozo de la Jefatura de Policía.
--Yo ya estuve detenido y pagué las culpas. Desde el 83 la pasé muy mal. Y yo tengo familia...Perdí mi puesto y después no me reincorporaron a la fuerza. Además yo era civil. No se por qué quedé afuera.
--¿Pero no quedó libre de culpa a partir de la ley de obediencia debida?.
--Si, pero a mi no me reincorporaron. Yo me fui de la policía en 1980 y fui detenido en 1984. Pero después cuando volví a quedar en libertad no me retomaron. La policía de Santa Fe es algo muy especial.
--Otros quedaron, como Lofiego, Moore e Ibarra. Eran los jefes de entonces.
--Si...Pero eso no tiene nada que ver con mi situación...
--¿Se siente usado?.
--A veces pienso eso... Los que me detuvieron eran los mismos con los que yo había trabajado. Los mismos con que recorría las calles.
--¿Por qué no se anima a hablar de todo y decir su verdad, como lo hizo Scilingo?.
--Porque la provincia de Buenos Aires es distinta a la provincia de Santa Fe. Acá las cosas son muy diferentes.
--¿Lo dice por la policía?.
--Si.
--¿Tiene miedo que le hagan algo en caso de llegar a hablar?.
--Si...Tengo familia. Usted no sabe lo que es la policía en la provincia de Santa Fe. Es una verdadera corporación. Yo estoy escribiendo un libro sobre todo lo que pasó. Se llama "La Corporación".
--¿Acá también hay un pacto de silencio?.
--Si. No le quepa dudas...
--¿Siente arrepentimiento?.
--Si estoy escribiendo un libro es porque a veces me siento muy mal. Pero no creo que lo publique ni que lo de a conocer. Tendría que hablar primero con mi abogado. Seguramente se conocerá después que me muera. Si no tuviera familia a cargo ya hubiera hablado. Tengo mucha necesidad de contar las cosas que viví, pero ya le dije que tengo una familia que depende de mi.
--¿Qué sentía cuando torturaba?.
--Yo recibía órdenes...Lo que pasa es que cuando uno está en una época de represión muy grande como eran esos años, uno no se puede poner en contra. Entonces hay que meterse para tratar de cambiar la cosa desde adentro...Eso es lo que hice yo.
--No se qué quiere decir con eso...
--Yo quería corregir algunas cosas...Si usted le pregunta a alguno de los que estuvieron ahí le van a decir que yo fui el que mejor los trataba. Gracias a mi muchos salvaron la vida. Ustede no sabe lo que era aquello. Yo traté de humanizar la tortura. Yo no pensaba lo que nos decía Feced antes de salir durante las noches. El nos decía "encuentren a un guerrillero, y si no lo encuentran, invéntenlo, pero tráiganlo". Creo que hice las cosas lo mejor que pude.
--¿Está arrepentido de lo que hizo?.
--Le repito. Hice las cosas lo mejor que pude. Quizás me equivoqué algunas veces.
--¿Usted entró en la casa de Santiago 2815?.
--¿Donde vivía el matrimonio de ciegos?...
--Si.
--No. Ese trabajo lo hizo otro grupo. No lo hizo la policía. Me parece que fue entre el ejército y la gendarmería, no se, no me acuerdo bien.
--Había problemas entre las diferentes bandas...
--No se lo que quiere decir...
--Que había competencia entre los que actuaban en el área de Rosario, entre las bandas que estaban en La Calamita con los de Jefatura, por ejemplo...
--No se nada de eso. No se de qué me habla.
Siguió acomodando sus cosas antes de instalarse en el escritorio que tiene asignado en el colegio que depende del arzobispado y dijo que "por ahora no hay nada", con referencia a una entrevista a fondo. Se quedó pensando y dejó de hablar con el cronista. Los adolescentes seguían llegando para dar examen.
La denuncia periodística más el repudio de los padres de los alumnos de la “Santa Unión”, sumados a la movilización de los organismos de derechos humanos, produjeron la cesantía de Marcote.
Sin embargo, en 1997, Marcote se ofrecía como vigilante privado y uno de los promotores de una agencia de seguridad rosarina, “BA”.
Marcote sigue caminando libremente por las calles de la ciudad.


El sótano de la muerte

Dieciséis años después de la recuperación de la democracia, el Servicio de Informaciones de la Unidad Regional II, ubicado en la ochava de San Lorenzo y Dorrego, fue visitado por una comitiva de periodistas y fotógrafos, en noviembre de 1999.
Entre los años 1976 y 1979 funcionó allí el principal centro clandestino de detención del terrorismo de estado en la ciudad de Rosario.
Pasaron alrededor de 1.800 personas, de las cuales 350 se encuentra desaparecidas.
Allí se torturaba, violaba, se acopiaba información, se elaboraban mapas barrialres y se escribían, todos los días, informes por triplicado que partían a la Jefatura de Policía de la provincia y al Comando del II Cuerpo de Ejército.
La decisión política de descender al infierno del Servicio de Informaciones fue del ex ministro de Gobierno, Roberto Rosúa.


La planta baja

El mobiliario está blanco y nuevo. La oficina del jefe es prolija y está sobre calle San Lorenzo. A su lado, otra pieza que, en la actualidad, pasa por un pequeño lugar de archivo. Allí estaban los torturadores, según los testimonios y planos que dibujaron los sorbrevivientes y que constan en los 12 mil folios de la causa 47.913.
En esa planta baja, funciona una sala de espera. Cerca del baño. Allí, entre sillones negros y mesitas ratones, veinte años atrás, se encontraba una cama de obstetra en donde se practicaban las sesiones de torturas varias.
Allí, sobre un armario repintado de gris, hay un papel blanco escrito en máquina y recortado casi como una tarjeta personal.
“Nosotros los dispuestos, dirigidos por lo desconocido, estamos haciendo lo imposible por los desagradecidos. Hemos hecho tanto durante tanto tiempo con tan poco que estamos capacitados hasta para hacer cualquier cosa partiendo de la nada”.
Es anónimo. Pero connota una afirmación de identidad de los que pasean por esas piezas. Nadie lo arrancó. Ese papel fue escrito por alguno de los que convirtieron al servicio de informaciones en el principal centro clandestino de detención de Rosario. Quizás Lo Fiego, tal vez Ibarra, Guzmán Alfaro, alguno de ellos. “Estamos haciendo lo imposible por los desagradecidos”, desafía el texto. Y está allí, donde se torturaba día y noche, sin parar.
Y antes de llegar a estas salas, las escaleras que conforman un cuadrado a manera de entrepiso. “La favela”, como le dicen los sobrevivientes. En ese lugar, los recién arribados eran apretados, golpeados, humillados y se los preparaba para la máquina. Por allí subía el comandante Feced pateando, puteando y jurando que ganaría la tercera guerra mundial.


El subsuelo

La escalera al sótano fue deliberadamente ocultada con una madera terciada que simula el piso. Antes hay armarios, un tambor metálico de Shell y un viejo atril de la Unidad Regional II. Detrás de ellos, los escalones que llevan a los restos arqueológicos del infierno.
Hay una distancia considerable para pisar el primer escalón. El olor a mugre, humedad, se mezcla con la suciedad que cubre el suelo. Allí hay cables cortados, plásticos varios, algodones y papeles tirados. Un recurso de hábeas corpus vacío, una planilla que indica el movimiento de vehículos de Pasa Petroquímica Argentina y restos de organigramas policiales.
En las paredes hay ganchos de los cuales se encadenaban a los secuestrados y tabicados. Dos o tres asientos de mármol, un baño angosto y una escalera que da a la puerta gris sobre calle Dorrego. Desde allí se los empujaba a los detenidos y venía el primer golpe del que habla la mayoría de los testimonios: el tropezón y la caída de la escalera. Así se descendía al infierno.
Huecos rectangulares como cínicos sinónimos de ventanas y la humedad permanente.
Feced calificó a ese lugar como “luminoso, cómodo y confortable” y ningún juez, ni militar ni federal, osó repreguntarle ni tampoco confrontar los dichos con la verificación visual.
Sobre esos pisos, entre las paredes grosera y rápidamente pintadas con un celeste agua para tapar las inscripciones de los secuestrados, y debajo de la vigilancia obsesiva de los policías del Servicio de Informaciones, muchachos y chicas de quince a veinte años, mujeres y hombres maduros, resistieron durante varias semanas las sesiones permanentes de picana y las palizas cotidianas.
Dieciséis años después de recuperada la democracia, recién ayer, el periodismo pudo bajar a las mazmorras de la Jefatura de Policía. Un tardío gesto histórico.


Cuestiones pendientes

En el Servicio de Informaciones hay por lo menos una decena de armarios antiguos cerrados con candados. ¿Qué hay en su interior?. ¿Qué papeles contienen?.
¿Qué inscripciones hay debajo de la pintura celeste agua que cubren las paredes del subsuelo?.
Si hasta el año 1989 era posible reconstruir las fichas, horarios de asistencia médica y lista de detenidos entre los años 1976 y 1979, ¿dónde fue a parar el material original del servicio de informaciones?.
Los libros de guardia de la policía deben contener los datos acerca de celadores, carceleras y otros integrantes del Servicio de Informaciones. Como también debe figurar el detalle del destino final de cada uno de los detenidos.
Este dato que responde al derecho a la verdad y al duelo sigue siendo propiedad de los desaparecedores pero, al mismo tiempo, configura uno de los elementos de la burocracia del terrorismo de estado.
En sus declaraciones ante la justicia federal, Feced y Guzmán Alfaro -jefe del servicio de informaciones- dijeron que había tres copias por cada día y por detenido. Nunca se comprobó que esa masa documental haya sido destruida.
Las mujeres embarazadas que fueron secuestradas recibían asistencia médica. ¿Por qué no se cita a declarar a los profesionales que integraron los planteles policiales entre 1976 y 1983 para responder en torno al destino de esos bebés?. Hay que recordar que en los tribunales provinciales rosarinos existen 98 denuncias de chicos NN. Muchos de ellos fueron recuperados y encontrados. Pero hay decenas de casos sin el menor rastro.
Todas estas son cuestiones pendientes. Políticas y judiciales.


La vida cotidiana en el infierno

Olga Cabrera Hansen fue secuestrada el 9 de noviembre de 1976, juntamente al ingeniero Carafa. La llevaron al Servicio de Informaciones.
"De noche salen brigadas a buscar gente y vuelven a la madrugada con personas a los gritos y comienzan las sesiones de torturas y picanas. Quiero decir que el que organizaba todo y luego escribía a máquina los informes era Lo Fiego", recordó la sobreviviente.
En el sótano del Servicio de Informaciones llegó a albergar, en aquellos días, 60 hombres y 30 mujeres. Decenas de personas con dos cuchetas.
"Escuché una conversación entre ellos que se atribuían entre 200 y 300 entregas de personas y posterior boleta. Me exigen que cocine. Me niego", sostuvo Olga.
"Cuando entró María Inés Luchetti de Betanin llegó con un bebé en brazos envuelto precariamente y con una hemorragia de posparto, con las piernas llenas de sangre, entre nosotras la auxiliamos y cubrimos al bebé con nuestras ropas".
A fines de enero de 1977 llegaron tres hermanas, “las tres embarazadas, Gladys Marciani de 5 meses de embarazo, Teresa Marciani de 7 meses de embarazo y María Luisa Marciani de Gómez de nueve meses de embarazo y una hija de esta última de 18 años, Gladys Teresa Gómez quien presentaba heridas en los tobillos donde se le veían los huesos por las ligaduras, estas eran obreras de los frigoríficos CAP y Swift..."
En febrero de 1977, arribó una comisión de la Cruz Roja. Les preguntaron si comían frutas.
Tomasa Verdun de Ortiz testificó que cuando se requiere la atención del médico de guardia “para la atención de Tomasa Verdún, el doctor Sylvestre Begnis le da unos óbulos y unas pastillas y le dice que pretender una atención ginecológica en ese lugar era como pretender un viaja a la Luna".


La Quinta de Funes y el Tucu Constanzo

La primera mención sobre la actuación del "Tucu" apareció en el libro "Recuerdo de la muerte" de Miguel Bonasso.
Su identidad fue revelada por las declaraciones que desde el exterior hizo el ex servicio de inteligencia del Ejército, con actuación en el Comando del II Cuerpo de Ejército, Gustavo Francisco Bueno alias Germán Bueno o Banegas, ante el Centro de Estudios Legales y Sociales, en 1987.
Allí informa sobre el personal que revistaba en la Quinta de Funes.
En la lista de represores confeccionada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Rosario, en 1987, Eduardo Constanzo aparece como miembro de Inteligencia militar: "IN 14".
Al tiempo, sin imputación alguna en la causa federal 47.913, la denominada causa Feced, Constanzo se presentó al diario "Rosario/12" para hablar sobre su actuación en Funes, diciendo que envolvía los cuerpos de los muertos, entre ellos algunos chicos y que después los trasladaba a las barrancas del río Paraná o por avión hasta la Bahía de Samborombón. Los datos fueron revelados por una entrevista que le hizo el periodista Reynaldo Sietecasse.
Su relato también apareció en la revista "Gente" a través del corresponsal rosarino de la misma, Raúl Acosta.
Al saberse su participación los familiares de desaparecidos pidieron que se investigue lo relacionado con el supuesto fondeadero en las barrancas del Paraná, tarea que desarrolló el entonces juez provincial de instrucción de la 10ª nominación, Martínez Fermoselle, sin encontrarse ningún rastro positivo.
Aparece nombrado en el cuerpo 28 de la causa Feced al incluirselo como "Tucu" entre los torturadores y represores de la Quinta de Funes. Era finales de 1986.
En el cuerpo 43 de la causa, se anexan fotocopias del capítulo II al XI de la "Segunda Temporada", del libro "Recuerdo de la Muerte", de Miguel Bonasso. El "Tucu" aparece en el apartado X "La Onda expansiva", señalado por Dri como "con la cachaza tucumana. Viejo. Experimentado. Ojo, es observador". Se repite el pedido de hábeas corpus presentado por María Adela Panelo de Forestello por el destino de su hija María Marta Forestello. Su nieta fue encontrada enla policía de menores de Rosario el 2 de diciembre de 1977. Estas actuaciones ya correspondían a febrero de 1987.


Hasta que llegó el lunes 15 de diciembre de 1997

El Tucu Constanzo me recibe en el living que inventó en el viejo garaje de su casa de Pueyrredón 2931, a dos cuadras de la casita robada, aquella de Santiago 2815 donde vivía una pareja de ciegos, secuestrados, torturados y desaparecidos por las huestes de Galtieri y Feced el 17 de setiembre de 1977.
Impecable traje marrón y corbata con dibujos de Mickey y Tribilín. No le queda nada bien a quien supo torturar y envolver cuerpos para luego, según dijo, tirarlos al río.
"Usted escríbalo y después vea cómo podemos repartir lo que surja. Creí que me venía a ofrecer hacer una película. Hay que hacer negocios", dice mientras apostrofa contra los militares.
"Yo peleé por la patria, la bandera, esas cosas, pero ellos se quedaron con la plata", sostiene mientras confiesa que estuvo nueve años junto a Luis Rubeo.
Tiene un automóvil casi nuevo, dos camiones con los que trabaja en el Mercado de Productores de Fisherton trayendo fruta desde Tucumán. Su madre de noventa años tiene buena salud pero se está muriendo de vieja.
"Le di a cada uno de mis hijos casa y auto. Yo vine con mucho dinero de Tucumán. Después cometí el error de mi vida cuando trabajé con los militares", cuenta mientras toma un café.
Quiere dinero a cambio de su memoria.
"Tengo todo acá adentro", señalando su cabeza.
Toma pastillas de Tetrargill, "recuerdo de los montoneros", relata y señala unas ventanas que le quedaron de una casa en Tucumán cuando le metieron algunas granadas.
Dice que el coronel Fariña hizo mucho dinero, que trabaja frente al diario La Capital y le fue muy bien. "Hijo de una gran puta, le digo cuando lo veo y no me saluda. Ninguno de nosotros lo queríamos. Era muy prepotente. Ellos hicieron muy buen dinero", recuerda. Dice que Fariña fue el jefe de operaciones especiales del comando del II Cuerpo.
Me trae en automóvil hasta cerca de casa.
No hay lugar para la entrevista.
"Nos vemos después de las fiestas. Usted saque bien los números y después hablamos. No dude en llamarme para lo que guste o necesite como viajar a algún pueblo. Yo lo llamo cualquier cosa", insiste.
Dice que tiene más amigos periodistas que "civiles".
Ni se inmuta cuando le pregunto sobre los chicos nacidos en cautiverio.
A principios de 1998 me descubre en un café de Maipú y Mendoza, en Rosario y me entrega la carta documento a Topa. Quiere difundirla, dice. Me vuelve a preguntar si conseguí dinero para hacer un libro "como hizo Scilingo con Verbitsky". Le digo que no. Se va.
Cuando le tocó declarar por la causa de la Quinta de Funes negó todo lo que viene diciendo a cada uno de los periodistas que conoce.
Anda por la ciudad como cualquiera.
Y no es cualquiera.


San Lorenzo y las huellas del terrorismo de estado

La posible existencia de hasta dos fosas comunes en el cementerio local de San Lorenzo revivió la necesidad de saber quiénes fueron los responsables de casi una veintena de desaparecidos y el rol desempeñado por las autoridades militares del Batallón de Arsenales y la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán.
Las recientes declaraciones del coronel retirado Horacio Maderna y del concejal Pedro Rodríguez presentan la ausencia de una memoria de la región y la consiguiente falta de precisión augura la utilización política y electoral de hechos contados de manera aislada e intencionada.
De allí la obligación de informar sobre la represión ilegal desatada en la zona desde principios de los años setenta a fin de separar la paja del trigo y evaluar distintas responsabilidades de los que todavía actúan en la vida comunitaria de las ciudades que componen el ex cordón industrial del Gran Rosario.


Lo que dijeron algunos desaparecedores

"Con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindical, que era uno de los grandes problemas del país. La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte...hemos debilitado el poder sindical y ésta es la base para cualquier salida política en la Argentina", dijo Juan Alemann, secretario de Hacienda de Jorge Videla.
Esa frase sintetizó la lógica de la represión contra el movimiento obrero opositor a las burocracias vinculadas a las grandes patronales.
La sociedad entre gerentes de plantas y represores fue una constante en la zona del Gran Rosario.
Uno de los torturadores e integrantes del Servicio de Inteligencia del Comando del II Cuerpo de Ejército con asiento en la ciudad de Rosario fue Francisco Bueno o Banegas. Su declaración ante los organismos de derechos humanos en Europa durante los primeros tiempos de la democracia sirvieron para descubrir los mecanismos del terrorismo de estado en la zona sur de la provincia de Santa Fe.
“Las oficinas a las cuales yo debía concurrir estaban ubicadas en la galería La Favorita, en el séptimo piso, oficina 701, bajo el nombre de la empresa INROS, Informaciones Rosario. En ese lugar existía la oficina donde se distribuía el trabajo de información...”, sostuvo el ex integrante del ejército.
“De las siete personas, una de ellas se dedicaba a recabar información en las fábricas Massey Ferguson, John Deere y Anomackura, que están ubicadas en el cordón industrial del Gran Rosario...Las informaciones eran directamente entregadas por el personal de nivel jerárquico de esas empresas y operarios especializados....El nombre del que estaba en el órgano adelantado para la zona del cordón industrial era Cacho Marengo, ese era el seudónimo. El nombre real es Montenegro...El se dedicaba estrictamente a la parte de recolectar los papeles que preparaba el personal de gerencia de esas fábricas”, sostuvo el desaparecedor.
Había otra persona que “se encargaba de la zona un poco más alejada de San Lorenzo que era el enlace con el servicio de informaciones de la policía de San Lorenzo. La policía de San Lorenzo manejaba la zona de Puerto San Martín y Petroquímica Argentina; el que estaba a cargo de informaciones entregaba los papeles semanales de la información recabada a un hombre llamado Tito Ortiz, aunque el nombre real era Orefice”.


El ataque del ERP

“A pesar de los desaparecidos, muertos y presos que llegaban ya a más de doscientos, el ERP todavía parecía tener una fuerza considerable cercana a los 600 militantes, unos 2 mil simpatizantes activos y un área de influencia de más de 20 mil adherentes...El 13 de abril de 1975, José Manuel Carrizo dirigió a la Compañía Combate de San Lorenzo del ERP, formada en Santa Fe, contra la Fábrica de Armas Fray Luis Beltrán de la localidad de San Lorenzo. Si bien no lograron copar toda la unidad, los comandos pudieron fugarse por tierra y agua con armas. En el combate murieron un coronel y cuatro guerrilleros”, sostuvo María Seoane en su libro “Todo o nada”, la historia “secreta y la historia pública del jefe guerrillero Mario Roberto Santucho”, editado en Planeta, en 1991.
La cita del libro de Seoane no se trata de una cuestión histórica sino de una referencia al presente. El coronel retirado Horacio Maderna hizo mención al ataque del ERP en relación a una de las fosas comunes que existirían en el Cementerio Municipal de San Lorenzo.
“Esto es una opinión personal. Yo no investigo. Pero habría que investigar dónde fueron enterrados los muerto subversivos que atacaron el batallón...Hay versiones. Yo no lo puedo aseverar, asevero cuando estoy convencido, pero escuché versiones porque si no, adónde los llevaron, dónde los enterraron (se refiere a los cuatro militantes del ERP muertos en el Batallón de Arsenales). Cuando a mi me dicen que hay enterrados NN en todos los países del mundo es cierto, hay en todos los cementerios enterrado como NN”, dijo Maderna.
Aquel hecho de abril de 1975 anticipaba una serie de acontecimientos que giraría en torno a los arsenales de Beltrán.


Preso político en la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán

Eduardo Fernández se recibió de técnico mecánico en el Instituto Politécnico de Rosario, en el año 1965, cuando la discusión política universitaria pasaba por educación laica o libre.
Comenzó a militar en el MALENA, un movimiento que unía el marxismo con la historia política de América latina, con una lectura permanente del peruano Mariátegui. Fue candidato a subdelegado estudiantil y perdió.
El golpe de Onganía lo encontró en Buenos Aires, siendo obrero en una fábrica, pero muy interesado por todo lo que generaba el Instituto Di Tella.
Por entonces sus lecturas políticas comenzaban a centralizarse en "La Vanguardia", el órgano del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Volvió a Rosario, luego de la muerte de una hija y comenzó a trabajar en una metalúrgica, la Fundición Sindelmet, la misma de la cual surgiría el actual secretario general de la UOM Rosario, Eugenio "Chilito" Blanco.
"Entendíamos que Perón viene a negociar con Lanusse una salida ordenada para la gran crisis argentina que era la lucha de clases que estaba por desatarse", contó Eduardo rodeado de sus dos hijos y su compañera, en el primer piso de una de las torres de un FONAVI rosarino.
Lo despidieron después de las elecciones del 11 de marzo de 1973.
Ingresó, entonces, como aspirante al PRT.
La organización le otorga la responsabilidad de hacerse cargo de una casa operativa en la zona norte con la idea de insertarse en los complejos fabriles del entonces cordón industrial del Gran Rosario.
Lo llaman de Massey Ferguson y de John Deere. El partido decide que debe entrar en la segunda, pero allí se topó con el ex jefe de personal de la metalúrgica Sindelmet.
"No entré nunca. Ni un solo minuto estuve", recuerda Eduardo.
Pudo ingresar en la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán, después de un conflicto que duró más de cuarenta días.
"Para aquellos días nosotros analizábamos que en Rosario no se había desatado una represión semejante a la que ya se vivía en Buenos Aires, Córdoba y hasta la propia Santa Fe. Incluso caracterizábamos a la policía provincial como con mucho temor frente a la guerrilla. Estábamos pintando y se hacían los boludos".
Con la llegada de Cámpora al poder, el PRT decidió concretar una tregua política y se logra la legalización de la revista de la organización, "El Combatiente" y "Estrella Roja", del Ejército Revolucionario del Pueblo.
"Todos los militantes del partido eran miembros del ERP, pero no todos los que conformaban la masa militar, eran miembros del PRT, de allí que hayamos tenido combatientes que venían del peronismo, del comunismo y de ningún lado", recordó Eduardo.
Por aquel entonces, 1973, había 1200 trabajadores en la fábrica militar de Fray Luis Beltrán, a menos de treinta minutos al norte de Rosario, en colectivo.
Fernández trabajaba en matricería. Las condiciones laborales eran muy duras. En lo salarial, los trabajadores cobraban un 30 por ciento menos que los obreros de fábricas semejantes por tareas semejantes, no había recategorizaciones desde hacía años. Se hizo una olla popular por 40 días.
Se les prometió que se iban a mejorar todos los aspectos.
"Terminaron todos los dirigentes detenidos por averiguación de antecedentes y echados. Además descontaron los días de huelga. Las condiciones de trabajo terminaron siendo de terror".
Se conformó una lista interna, "17 de Abril", que comenzó a leer los estatutos de la Asociación de Trabajadores del Estado que, entre otras cosas, tenía la particularidad de destacar que para hacer una asamblea había que disponer de la decisión del 60 por ciento de los afiliados para hacerla, que no se podían hacer adentro de la fábrica porque terminaban caracterizándose como un copamiento.
"El único insurrecto errante era yo, pero aquella lista tuvo gente de la Savino Navarro, del PC y mayoría de peronistas", hasta que el 24 de setiembre de 1975, el jefe de seguridad interna, Cobos, lo llamó a la oficina de personal.
Lo detuvieron.
"No habían pagado el alquiler de la casa operativa...De allí llegaron hasta mi".
Recuperó la libertad el 9 de julio de 1980, después de deambular por el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía, Coronda, Sierra Chica, La Plata y Caseros.
En Rosario no eran más de 230 los combatientes del ERP. Si se suman los adherentes periféricos se llegaba a 1300.
"El Teniente Coronel González Roulet le puso la pistola en la cabeza a mi vieja. Le dijo que a su hijo lo voy a matar yo. A mi vieja no se le caía ni una lágrima", contó.
Cuando lo llevaron a la "leonera" de la Jefatura, se encontró con otros militantes políticos de distintas organizaciones, y resolvieron hacer una asamblea para elegir delegados. Eduardo terminó siendo el representante de los presos para exigir mejoras en las condiciones de detención. "Era una inmundicia..."


Lo Fiego y Pasa

José Rubén Lo Fiego, alias el Ciego o doctor Mortensen, fue imputado por 68 delitos de lesa humanidad cuando se desempeñaba como el principal torturador del Servicio de Informaciones de la policía rosarina en los tiempos de Agustín Feced.
En su legajo personal consta que el 26 de julio de 1979 fue “felicitado por la superioridad por el procedimiento realizado en la Empresa fabril Petroquímica Argentina Sociedad Anónima”.
A renglón seguido fue felicitado el 18 de agosto de 1977 por el comandante del II Cuerpo de Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, “por el resultado de las investigaciones realizadas que permitieron los éxitos obtenidos por las fuerzas legales en los últimos días”.
Los métodos de Lo Fiego eran sesiones de picana y posteriores ordenamientos de los datos obtenidos de esa manera.


El caso Parente

“Vencida la prórroga de la que gozaba, Hugo PARENTE fue incorporado como soldado conscripto del Batallón de Arsenales 121 el 11 de marzo de 1976.El muchacho vivía en la ciudad de Rosario con su esposa y un hijito de ambos. La última visita a su familia la hizo el 7 de julio de 1976, aprovechando que había sido enviado en comisión a Rosario. En esa ocasión acordaron verse durante el desfile del 9 de Julio, pero ese día sus familiares no lograron encontrar a Hugo entre las tropas que marcharon. Preguntaron a otros soldados del Batallón de Arsenales 121 y éstos les contestaron que quizás se había quedado de guardia.
El domingo siguiente, día de visitas, la madre y la esposa de Hugo llegaron al Batallón y allí les dijeron que el soldado PARENTE se había retirado de la unidad el 8 de julio, un día antes del desfile. Desde ese momento fue imposible dar con él.
La familia presentó habeas corpus en octubre de 1976 y en marzo de 1979, ante el Juez Federal de Rosario, pero ambos fueron rechazados. En 1977 sus familiares se vincularon con un "señor GONZALEZ", según él miembro de la Inteligencia Militar, y con un "comisario ALEGRE", quienes se ofrecieron a hacer algo por el muchacho a cambio de un millón de pesos y un automóvil, "para sobornos y traslados"; de esa manera, "en dos días tendrán el chico en casa".
La familia de Hugo reunió con mucha dificultad lo pedido, pero al cabo de varios días los dos individuos pidieron más dinero "para hacer contactos en Buenos Aires". Recibieron una nueva suma y desaparecieron para siempre.
La familia de Hugo, estafada, engañada y golpeada tiene aún al soldado desaparecido y bajo bandera”, narró José Luis D'Andrea Mohr en su imprescindible libro “El Escuadrón Perdido”.
El jefe del Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán era el entonces Teniente Coronel Rubén Osvaldo Cervera, mientras que el comandante de zona era el General Ramón Genaro Díaz Bessone y el de subzona, General, Andrés Ferrero. El jefe del Destacamento de Inteligencia 121era el Teniente coronel Alfredo SOTERA.
Todos y cada uno de estos militares debieron comparecer ante el juzgado federal a cargo del doctor Omar Digerónimo como consecuencia de haberse presentado un juicio por la investigación de la verdad histórico de lo sucedido con Parente.
Pero nada de esto ocurrió.
Aquella presentación judicial fue realizada por la ex esposa del sanlorencino desaparecido, Viviana María Della Siega, a fines de 1999 y hasta el día de la fecha no hubo mayores novedades en torno a la evolución de la causa.
“Se citará prestar declaración a Ramón Genaro Díaz Bessone, jefe del Segundo Cuerpo de Ejército en la época en que se denuncia la desaparición; a Andrés Ferrero, comandante de Subzona. Igualmente se citará a quien fuera Jefe del Batallón de Arsenales 121 “Fray Luis Beltrán”, el por entonces Teniente Coronel Rubén Osvaldo Cervera y al Jefe del Destacamento de Inteligencia 121, Teniente Coronel Alfredo Sotera. Sin perjuicio de ello, deberán también ser citados a prestar declaración los demás oficiales superiores y subalternos que se hubieran desempeñado en cargos de jefatura en el Batallón de Arsenales “Fray Luis Beltrán” al tiempo de producirse la desaparición”, dice el apartado “h” de aquella presentación ante los tribunales federales rosarinos de hace cuatro años atrás.
Los inescrutables caminos procedimentales que siguen los jueces federales no citaron a ninguno de los oficiales vinculados a la desaparición de Parente. Dos de ellos forman parte, además, de la historia política de la municipalidad de San Lorenzo.
Cervera fue intendente de facto y uno de sus oficiales, el entonces Capitán Horacio Maderna llegó a ocupar la secretaría de gobierno durante 70 días.
El pasado 2 de julio, el hoy coronel retirado, Horacio Maderna declaró que Parente era un “desertor”, la misma definición con que se encontraron los familiares del desaparecido.
“El conocimiento que tengo de Parente -no lo recuerdo muy bien, por supuesto- es que se retiró, que salió del Batallón de Arsenales. Qué pasó afuera del batallón, no se. La única certeza es que el soldado figura que salió franco, en comisión...pero que salió”, dijo Maderna en “La Voz del Grillo”, programa emitido por Televisión Regional.
“Con respecto a lo de Parente, a lo largo de mi carrera militar, en todas las unidades hay soldados que no soportan el servicio militar, porque extrañan a la familia, por lo que sea y se van. Salen de franco y no vuelven. Se transforman en desertores. Para mi aquel que sale de franco y no vuelve es un desertor...Quiero que me entienda: lo que reglamentariamente corresponde es que si no vuelve, yo no lo voy a salir a buscar...Me entero a la semana, sale en la orden del día, figura fulano de tal como que salió y que no se presentó cuando correspondía. Es un desertor a partir de esa fecha. Se manda una cédula a la Policía Federal para que lo busque. Se hizo todo el procedimiento normal”, agregó Maderna veintisiete años después.
En aquella presentación judicial por la verdad histórica de Viviana De Della Siega se puede leer que al domingo siguiente de su desaparición que “si bien las visitas estaban suspendidas porque ese Batallón había sido tomado casi un año antes” se le permitió el ingreso a la señora porque “tenía un bebé y estaba embarazada del segundo. Cuando llego me dicen que mi esposo no estaba. Ante mis insistentes reclamos me informan que salió el día 8 de julio con el permiso especial. Luego, un soldado de apellido Prats, que un tiempo después también desapareció, me dijo que mi esposo había salido; que él lo vio salir del Batallón porque estaba de guardia ese día. A este soldado le llamaron la atención por haberme dado información al respecto. Nunca más supimos nada de él”, declaró Della Siega.


La desaparición de Carlos Prat

“José Carlos PRAT cumplía con el servicio militar obligatorio en el Batallón de Arsenales 121, en San Lorenzo, Santa Fe, desde abril de 1976, a las órdenes directas del mayor Román Virgilio PEREZ.
El 31 de diciembre de 1976 partió hacia el Batallón a las siete de la tarde porque debía realizar una tarea pendiente, pero el mayor PEREZ le extendió el franco hasta el 3 de enero para que pasara la fiesta de fin de año en su casa. El 2 de enero de 1977 por la tarde se presentaron en casa de la familia PRAT cinco personas de civil y armadas que dijeron ser policías. Revisaron la vivienda con la precisión de quienes ya la conocían, robaron dinero y dejaron al matrimonio encerrado en el baño.
Una vez liberados de su encierro, los padres de José Carlos, todavía ignorantes de la desaparición del hijo, fueron a la Comisaría 51 a denunciar lo ocurrido, pero no los quisieron atender. Se presentaron entonces en el cuartel (cabecera del Area 211) con la intención de hacer la denuncia y ver al hijo. Para su sorpresa, allí se enteraron por el mayor PEREZ de que él le había dado franco hasta el día 3 de enero, desde la tarde del 31 de diciembre. Agregó PEREZ: "Y si no apareció por la casa se debe haber ido con los guerrilleros".
Al joven PRAT lo declararon desertor, y el habeas corpus presentado en su favor fue rechazado por el juez federal Guillermo E. TSCHOPP. José Carlos está desaparecido”, finaliza la crónica realizada por D’Andrea Mohr.
El Jefe del Batallón era el Teniente coronel Ineldo Angel OCCELLO; el segundo jefe de la unidad el mayor Román Virgilio PEREZ; mientras que el titular del Destacamento de Inteligencia 121 era el Teniente coronel Edgardo A. Juvenl POZZI. Ya en aquellos primeros tiempos de 1977 el comandante de zona era Leopoldo Galtieri y la subzona seguía en manos del General Andrés FERRERO.


¿Qué pasaba en la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán?

“Es una mentira que en el Batallón de Arsenales o en la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán existía un centro clandestino de detención. No es cierto, no en mi época. Ni siquiera transitorio...Los calabozos en el Batallón de Arsenales están ubicados en la guardia, y la guardia está al lado del barrio o sea que cualquiera lo puede ver”, dijo de manera contundente el coronel retirado Horacio Maderna en diálogo con la periodista Gloria De Los Ríos y con este cronista en la entrevista televisiva mencionada.
Sin embargo la existencia de un centro clandestino de detención figura en distintas denuncias individuales que se hicieron ante la Comisión Nacional de Desaparición de Personas de Rosario y que están anexadas a la causa 47.913 “Agustín Feced y otros”.
El propio juez español Baltasar Garzón cuando procesó a Leopoldo Galtieri por delitos de lesa humanidad cometidos en el litoral argentino, el 25 de marzo de 1997, apuntó que “sobre Rosario, ciudad situada a orillas del río Paraná, a doscientos kilómetros de la Capital, en la que funcionaron hasta cuatro centros clandestinos de detención conocidos con los nombres: Fábrica de Armas, Fábrica Militar de Armas Portátiles “Domingo Matheu”, Batallón 121 y Servicio de Informaciones de la jefatura provincial”.
Esa primera fábrica militar, totalmente diferenciada de la Matheu no es otra que la localizada en Fray Luis Beltrán.
A eso hay que sumar el testimonio de Eduardo Fernández detenido en la misma fábrica por indicación de un gerente de la empresa tal como queda dicho en la presente crónica.


Otras huellas, otras ausencias

En la parte final del Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, publicado en 1984 por la Editorial de la Universidad de Buenos Aires, se puede leer el denominado “listado de procedimientos de constatación en lugares señalados como Centros Clandestinos de Detención”.
Allí aparecen dos lugares directamente vinculados a la región: Puerto Gaboto y Prefectura Naval de San Lorenzo.
Más allá de esa constatación, a casi treinta años de los hechos denunciados no hay testimonios ni precisiones sobre lo que ocurría en ambos lugares.
Por otra parte, en el informe original de la CONADEP Rosario se puede leer que “con respecto a la zona norte del gran Rosario la represión reúne singulares características, como por ejemplo que el secuestro de personas, en muchos casos, fue facilitado por oscurecimientos zonales: “vestite que nos vas a acompañar...se toma la soda de la heladera y comen salame...se llevan a mi hijo en la oscuridad pues habían apagado las luces el alumbrado público”. Aquí también colaboró abiertamente la policía provincial de la ciudad de San Lorenzo y la de Capitán Bermúdez, con total autonomía en muchos casos”, sostiene aquel documento histórico.
Se agregaba que “ha quedado establecido que el manejo de la totalidad de la represión descargada sobre Rosario y su zona de influencia, se centraba y convergía en esa ciudad: “Nos hacían ir periódicamente a Rosario para reuniones, las que se realizaban en distintos lugares: Comando del II Cuerpo; Policía Federal; Destacamento Móvil de Gendarmería II; Liceo Militar Aeronáutico de Funes; Fábrica de Armas Portátiles; Unidad Regional de la Policía Provincial de San Lorenzo...”, se apuntaba desde el testimonio “R/112”.
Si no se construye memoria, verdad y justicia habrá muchas más penas y olvidos en la zona de San Lorenzo.
Una deuda interna que pagará, de diferentes maneras, la mayoría de la población.