Matar para robar, luchar para vivir

por Carlos del Frade

 

I Parte - El pasado abierto en el presente
Capítulo 5 - Complicidades
 

“El principal responsable del genocidio cometido en la provincia de Santa Fe, Agustín Feced, gozaba de libertad cuando supuestamente sufría de prisión preventiva rigurosa, según se desprende de una carta enviada por su concubina que solicitaba la pensión como tal luego de la fraguada muerte de junio de 1986. El relato de la señora exhibe cómo el ex comandante de Gendarmería iba y venía por el país y ya estaba radicado en Paraguay como luego lo atestiguaron distintos familiares de desaparecidos sin que ningún integrante de la Cámara Federal de Apelaciones rosarina lo tuviera en cuenta.
Se trata de un texto que desnuda la complicidad del gobierno nacional, provincial y de las justicias de ambos estados que prefirieron mirar para otro lado mientras el máximo protagonismo del exterminio perpetrado a orillas del Paraná seguía su vida más allá de la aparente justicia que se estaba construyendo alrededor de su siniestra figura.
Este caso explica, en parte, por qué hoy, a veintiocho años del golpe de estado, todavía hay decenas de familiares que no saben dónde fueron a parar los cuerpos amados ni tampoco se tiene determinada con certeza la cantidad de centros clandestinos de detención que funcionaron durante el terrorismo de estado. Como si Feced y compañía hubieran tenido grandes amigos en la naciente democracia argentina.


El mayor matador de rosarinos tuvo una mujer que se llamaba Rosario.
Agustín Feced convivió con ella por lo menos quince años.
Así lo acreditó la señora cuando le escribió a la Dirección del Personal de Retiros y Pensiones de Gendarmería Nacional en plena democracia.
Le solicitaba la pensión en calidad de concubina.
La relación se inició en 1971 cuando el ex comandante de Gendarmería ya era el jefe de la policía rosarina, luego de los sucesos del segundo rosariazo, el de setiembre de 1969 que lo uniría, por primera vez, con Leopoldo Fortunato Galtieri, por entonces teniente coronel.
“Al arribar el año 1983 y asumir el gobierno democrático comienza también el calvario para mi esposo”, dice el texto.
El 29 de enero de 1984 “se presenta ante las autoridades en la ciudad de Rosario quedando detenido. Era buscado por excesos en la represión de la subversión en el período que se encontraba a cargo de la Unidad Regional II de Rosario”, dice la señora en su carta.
Por motivos “de la vida angustiada que tenía mi esposo, su salud se fue quebrantando. Por ello cuando se presentó detenido fue remitido al Hospital de Granadero Baigorria -sala policial- donde lo visité y acompañé constantemente”.
Allí “fue tratado de una úlcera estomacal. Estuvo internado durante aproximadamente veinte días”, relata la mujer.
Luego fue detenido “en el destacamento de Gendarmería Nacional de la ciudad de Rosario”y allí también Rosario lo atendió “en forma personal, física y moralmente. Esta situación fue soportada por casi cuatro meses”.
Asegura que “controlaba que tomase su medicación”y fue cuando comenzó “su enfermedad del corazón pues era imposible que humanamente se soporte esta presión”.
Con la salud quebrantada, explica la compañera de Feced, “también fue asistido en el Hospital Español de Rosario, en un estado muy crítico. Luego fue derivado al Hospital de Campo de Mayo (Buenos Aires) quedando hospitalizado y también detenido. Allí también concurro a acompañarlo”, sostiene en su crónica de vida.
“En el mes de octubre de 1984 nos instalamos nuevamente en nuestro hogar y tuvimos la oportunidad de realizar varios viajes de descanso por Argentina. En el año 1985 su corazón no resistió tanta angustia y tuvo que ser operado sobre fin de año en el Hospital Militar de Buenos Aires. El resultado de la operación fue buena pero su espíritu estaba quebrado. Al darle el alta médica regresamos a Rosario, nuestro hogar”, apunta con absoluta sinceridad.
“Decidimos ir a vivir a la República del Paraguay. Por razones de familia tuve que quedarme unos días en Rosario, y él se fue al Paraguay, sitio donde habíamos decidido radicarnos”, informa.
“Allí surge una descompostura y es trasladado a Formosa donde vivía su hija Graciela, donde fallece el 20 de julio de 1986”, cree la señora.
La compañera de Feced, Rosario, acreditó la convivencia, según se desprende de la resolución 278 del 14 de agosto de 1991, dictada por el juez de instrucción de la 12ª nominación, Rodolfo Bruch con la secretaría de la doctora Perla de Beccani.
El trámite se llevó a cabo en la primera mitad de los años noventa y nadie se dio por aludido.
La carta es una demostración de la libertad que gozaba el mayor responsable del genocidio perpetrado en la provincia de Santa Fe.
Desde 1984 se había dictado prisión preventiva rigurosa.
No podía moverse de los lugares asignados como el Hospital Granadero Baigorria o el de Campo de Mayo.
Sin embargo el relato de Rosario es preciso y no deja lugar a dudas: el mayor imputado de delitos de lesa humanidad en el segundo estado argentino se movía con absoluta libertad por todo el país y ya había viajado al Paraguay donde decidió instalarse.
Los meses de detención, según este testimonio, no fueron más de cuatro meses.
Aquí se juntan las responsabilidades del gobierno nacional que a partir de las resoluciones de la justicia federal rosarina debieron garantizar la prisión de Feced, pero también marca la libertad que le concedía el gobierno de la provincia de Santa Fe.
Ni hablar de la justicia federal rosarina que lo estaba juzgado por crímenes aberrantes y que a pesar de recibir la denuncia de un familiar de desaparecido que había visto a Feced en el Paraguay después de la fecha de su muerte inventada, no hizo nada para revisar lo actuado.
Como tampoco, en aquellos años que fueron desde 1984 a 1986, garantizó la reclusión del máximo responsable del terrorismo de estado en la región.
La carta señala que en octubre de 1984 ambos se encontraban en el departamento de la mujer. Era la fecha en que se producía el robo de los documentos de los integrantes de las distintas patotas que operaron en la región que se encontraban en el edificio de los tribunales provinciales rosarinos.
Tampoco dijo una sola palabra el doctor Bruch cuando falló a favor de la legitimidad del reclamo que acreditaba la convivencia de la señora Rosario con el ex comandante de Gendarmería.
Los gobiernos de Raúl Alfonsín, en la Nación, y José Vernet, en la provincia, eran los responsables de garantizar la prisión del ex titular de la policía rosarina. No lo hicieron, como tampoco lo llevaron adelante los ministros del Interior, Antonio Troccoli, ni de Gobierno santafesino, Eduardo Cevallo.
Feced siempre fue un cuidadoso orfebre a la hora de producirse disfraces pero su presencia exigía un máximo de seguridad que nadie eligió disponer.
Hasta el 30 de junio de 1983, Feced cobraba sus haberes bajo el nombre de Rubén Alberto Carlucci, extraño alias que eligió luego de haber participado en la desaparición de una militante de la ciudad de Capitán Bermúdez, Isabel Carlucci.
En esa ficha figura que su último ascenso se había producido en enero de 1983 y que había ingresado en junio de 1974.
Se trataba de su trabajo en la Secretaría de Inteligencia del Ejército, como le llegó a comentar en una carta al ex Ministro del Interior de la dictadura, Albano Haguindegy.
¿Hasta cuándo habrá recibido dinero el tal Rubén Alberto Carlucci?.
Si aquellos primeros gobiernos le garantizaban la libre circulación por la geografía argentina no es descabellado pensar que sus salarios seguirían devengándose bajo el nombre elegido como pantalla.
Es hora de recuperar la dignidad y explicar por qué fue posible semejante atentado contra la justicia y la verdad.


Los elegidos de Obeid

El gobernador electo por una minoría de santafesinos, Jorge Obeid, tendrá que explicar por qué en los tribunales federales de la ciudad capital se menciona como uno de los principales responsables de la tortura y desaparición de ex compañeros a quien fuera el segundo en Seguridad Pública durante su primera administración, Nicolás Tete Correa.
Era uno de los principales responsables de los grupos de tareas que asolaron la capital provincial y también estaba al tanto de la Quinta de Funes en la que el ahora muerto Leopoldo Galtieri preparaba su partido político con cuadros montoneros previamente torturados.
Correa, integrante del Ejército, fue reciclado en aquella primera gobernación de Obeid, la misma que se ufanó de depurar a La Santafesina SA después de dar de baja a menos de veinte conocidos torturadores y asesinos.
Una historia que vuelve a poner en debate la continuidad del terrorismo de estado en plena democracia.


Correa y la Quinta de Funes

“Yo no lo conozco personalmente pero conozco un montón de detalles porque la esposa de Nicolás Correa, que se llamaba Ester Agostinelli Venturini quien era prima hermana de mi suegra de nombre Hilde Venturini...en la familia le decían Tete, decían que era retirado del Ejército y que trabajaba en la SIDE, lo tenía en cuenta porque mi esposo Fernando Dussex era militante político de la JUP Montoneros y su hermano Daniel mi cuñado, de la UES. Correa la decía permanentemente a mi suegra que las agrupaciones donde los hijos estaban, estaban infiltradas por los servicios, le hablaban por los apodos que tenían y esto traía malestar entre mi suegra y sus hijos”, empezó diciendo Cecilia Nazábal en su declaración del pasado 5 de agosto en los tribunales federales santafesinos.
“Cuando nos casamos el 10 de abril de 1976 mis suegros lo participan a Correa y señora y él le dice a mi suegra: que nosotros no nos casábamos por amor sino que era una orden de la organización. Para el casamiento nos envió un rosario grande de los que se cuelgan en la cabecera de la cama. En julio de 1976 son detenidos algunos miembros de la UES y el 18 de julio de 1976 allanan el domicilio de mis suegros. Mi marido no estaba porque ya estábamos casados y Daniel tampoco. Al día siguiente mi suegra se comunica con Correa, generalmente se comunicaba con el destacamento de Avenida Freyre. Correa le dice que si el hubiera estado en Santa Fe, eso no hubiera pasado. El 22 de agosto nos vamos a vivir a Rosario. El 21 de junio de 1977 nace nuestro hijo Fernando y el 8 de agosto cuando mi marido iba a una cita, es detenido en Rosario en la vía pública y en las inmediaciones del Club Provincial. Después sabemos que fue por el Ejército”, siguió su relato la docente de educación inicial.
Junto a su hijo decidieron irse a Ciudadela, en la provincia de Buenos Aires. Hasta que el 22 de agosto de 1977 llegó una carta a la casa de una tía materna.
“Creerás que estoy muerto, me salvé por un pelo, a pesar de haber tomado la pastilla, ni te imaginás quiénes están conmigo”, decía aquella primera esquela. Después hubo otra que le entregaron a la hermana de Cecilia en la recepción del Sanatorio Palace de Rosario. La familia debía poner un aviso en el diario La Capital en el rubro animales varios que dijera: “Vendo canarios teléfono 22772”, una contraseña que serviría para saber que estaban vivos.
El 19 de diciembre de 1977 Fernando se encontró con Ula, la hermana de Cecilia en el Sanatorio de Niños de Rosario. Sobre estas cartas y contactos, Correa no tenía información.
Por eso el hombre del Ejército le decía a los demás integrantes de la familia que no sabía nada del destino de Fernando pero dependía de su actitud la suerte final del militante montonero.
El 7 de febrero de 1978, Cecilia se encontró con Fernando en el Sanatorio de Niños. “Fue un encuentro muy tenso, muy angustioso. Ahí me repite que está detenido, que no va a poder mandar más cartas porque son riesgosas, que no me puede dar datos y que yo desde afuera con lo que se, qué es estar detenido, no voy a entender. Le pregunto sobre mi situación legal y le digo que el Tete dice que para ellos, yo soy más importantes que él mismo. Le relato las indicaciones que el Tete le dio a la familia y que él le había dicho que no sabía nada de él (por Fernando). Muy molesto, mi esposo me contesta: “Ahora no te están buscando y el Tete que no se haga el boludo, porque sabe de mi porque me ve”, contó Cecilia Nazábal ante la justicia federal santafesina en agosto pasado.
“Tete” Correa frecuentaba a Fernando Dussex nada menos que en la Quinta de Funes, aquel centro clandestino de detención del que se escapara Tulio Valenzuela en enero de 1978 y que generó una posterior conferencia de prensa en México que desarticuló el primer plan político de Leopoldo Galtieri de contar con cuadros montoneros como organizadores de su propia fuerza política para perpetuarse en el poder más allá de la dictadura.
Por su parte, Daniel Dussex declaró que tanto su hermano Fernando como él militaban en la Universidad y en la Escuela Secundaria respectivamente en las llamadas Agrupaciones Políticas Peronistas y que varias veces llegaron mensajes de Correa a su madre diciéndole que “había agentes infiltrados en las agrupaciones, señalando que estos agentes infiltrados eran personas de los servicios”. En la familia se lo tenía al Tete como perteneciente a la SIDE. Aquellas advertencias habían comenzado en el año 1974, cuando Jorge Obeid era titular de la Regional II de la Juventud Universitaria Peronista.


Los métodos de Correa

El 27 de octubre de 1976 fue allanado el taller de Eduardo Alfredo Almada en barrio Don Bosco, de Santa Fe. Lo apuntaron con un arma larga de grueso calibre y le dijeron que no se moviera.
-¡Dónde están los otros!...-le exigieron.
Ante el silencio de Almada lo hicieron arrojar cuerpo a tierra y lo amenazaron que le iban a dar un cohetazo si intentaba algo.
Siguieron los disparos y un obrero de la fábrica Block resultó herido. A otro que había ganado la calle lo rematan en un virtual fusilamiento.
“El personal que realiza el allanamiento procede a revolver el lugar, a buscar indicios de algo, es entonces que ese señor mayor, que era el jefe del operativo, que con el transcurrir del tiempo me entero por otro detenido que era el Suboficial Correa del Ejército Argentino, me pregunta si el perro era bravo, le respondo que si, me contesta que se lo llevaría con él, le contesto que lo cuide, me queda grabada su imagen y su voz como así también de los otros integrantes del operativo. Luego me hacen vestirme y me trasladan a un vehículo particular a buscar la casa del que cae abatido, la cual yo ignoraba, y en el trayecto soy amenazado de muerte y otras cosas. Llega la noche, me colocan una bolsa de plástico en la cabeza, me atan las muñecas y me tiran al piso del vehículo, y parten con rumbo desconocido por lo que deduje por sexto sentido que era sacado fuera de la ciudad”, rememoró Almada frente a los tribunales federales el 29 de abril de 2003.
Lo llevaron a “La casita” donde lo torturaron con picana eléctrica y quemaduras de cigarrillos durante tres días seguidos. Después lo derivaron a la comisaría cuarta y reconoció, entre otros detenidos, a una mujer llamada Alicia.
“Un buen día, puede ser a fines de noviembre o a fines de diciembre de 1976, en esas condiciones que me encontraba, a veces se pierde la noción del tiempo, es trasladada Alicia nuevamente afuera de ese lugar del cual ignoro el destino, nos comentábamos con otros detenidos que tal vez la llevaron a curar, pero Alicia ingresa nuevamente a la comisaría cuarta pero esta vez la ubican en una celda grande en la cual le colocan una cama, luego de unos días, una tarde, se hace presente el susodicho Correa frente a la celda, lo puedo observar por la ventanuca, solo la presencia de él causaba terror, luego de sufrir los tormentos. Este individuo la traslada a Alicia, a la cual jamás la volvimos a ver. Cuando se sufren tormentos jamás el hombre puede olvidar un rostro, una mirada, una voz. Como corolario quiero agregar que a pesar de casi veintisiete años de aquellos días aciagos, lo volvería a reconocer”, narró Almada.
En aquellos días Correa tenía entre 50 y 53 años y “era una persona de estatura mediana, un poco grueso de cuerpo, de piel trigueña, cabellos entre canos, crespo, un poco mofletudo, pero lo que más me quedó grabada es su voz, porque en el momento que me torturaban él me indagaba con amenazas de muerte”, remarcó el sobreviviente del peregrinaje del terrorismo de estado en la ciudad capital.
Correa era el jefe del grupo y “en altas horas de la noche, con las luces apagadas del patio, eran ingresadas personas encapuchadas como también eran extraídas del lugar de la misma manera, lo cual causaba tremendo horror, y siempre estaba el nombrado Correa al frente de estos episodios”, detalló Almada.
Ese hombre, el Tete Correa, sería el segundo en la Seguridad Pública de la provincia en los tiempos de la primera administración de Jorge Obeid entre 1995 y 1999.


Buenos muchachos

Juan Rafael Lorefice es subcomisario retirado de La Santafesina SA y declaró que el D2 es un organismo dependiente del Ministerio de Gobierno y de la Jefatura de la Policía provincia. Son los que “investigan hechos que les puede interesar al gobierno de la provincia, van a los actos estudiantiles, de los obreros, se meten a los barrios a sacar información” y la Guardia de Infantería Reforzada “es una fuerza de choque, participa en todo tipo de desórdenes en la vía pública, en manifestaciones, en las canchas de fútbol, el personal custodia los distintos edificios públicos”.
Conoció el funcionamiento de la Guardia de Infantería Reforzada y del Comando Radioeléctrico a partir de noviembre de 1975 y su lugar físico era Oroño y Hernández en donde se encontraba “un terreno de diez metros de largo por cinco de ancho” en el que “estaban los presos políticos donde jugaban a la pelota” y eran cuidados por la guardia 212, dirigida por el ex coronel Juan Rolón y la base estaba en Avenida Freyre y Lisandro de la Torre, donde estaba el distrito militar. Era comandada por el entonces teniente coronel Rodríguez Carranza y el secretario era el suboficial mayor Palo Olivier.
“Enfrente de la consola del Comando Radioeléctrico, que es donde se recepcionan las llamadas y se transmiten las órdenes, en forma inclinada de la consola, a unos diez o quince metros, estaba un ambiente que era utilizado por nosotros para hacer nuestras necesidades fisiológicas. Ese lugar, según versiones era utilizado para tomarles declaraciones a los detenidos por distintas personas”, dijo el ex integrante de La Santafesina SA.
Al agregar más datos sobre la sala de torturas, recordó que al ingresar en una oportunidad “había un grupo de siete u ocho personas vestidas con uniformes de policías, y cuatro o cinco vestidas de civil, el baño tenía una puerta con picaporte y había una cama de una plaza cruzada sin colchón y una persona desnuda acostada, que estaba vendada con algo negro y atada de pies y manos a la cama, con los brazos y pies abiertos”.
Después de ver esto lo echaron y se escucharon gritos. “Todas las personas que había no las conocía pero creo que los civiles eran militares o federales. Este lugar lo usaban de bungalow para tomarle declaración a los detenidos, era frecuente escuchar gritos”, añadió.
Sostuvo que antes del golpe militar “a los detenidos, tanto gremialistas, políticos, docentes, los desparramaban tanto en el Tránsito de mujeres que estaba en calle San José, al lado de la Bodega Gargantini, también en calle Tucumán y Primero de Mayo donde funcionaba el D2, ahí llevaban los detenidos hasta tanto se climatizó la Guardia de Infantería. Antes del golpe, a los detenidos los llevaban a estos lugares. Luego del golpe se creó la oficina 212 en la Guardia de Infantería a cargo de Carranza. Yo no escuché torturas antes del golpe en la Guardia de Infantería”, declaró Lorefice que ingresó a la policía el 6 de julio de 1960 y se fue en diciembre de 1993.
También relató que el encargado y jefe de instrucción del personal de la Brigada de Explosivos, ingeniero químico Marcos Sales, “armaba y desarmaba bombas” y que tuvo participación en un atentado contra el abogado Alfredo Nogueras, en 9 de Julio y Tucumán. “Para mi fue personal de la Brigada de Explosivos que se movilizaba en un Fiat 600 blanco” y que “esa noche me dieron la orden que dejara de patrullar esa zona céntrica, vía operador, y me mandaron a la zona norte, luego supuse que era por eso”, agregó al respecto.


¿Por qué Correa estuvo en el gobierno de Obeid?

“Actúo como querellante en las tres causas con contenido penal que se investigan en el juzgado federal número 1 de Santa Fe. Una de ellas pone su mirada sobre un grupo de ex represores de la ciudad y se origina en Buenos Aires, a través del fiscal federal, Eduardo Freiler cuando De La Rúa rechazó el primer pedido de extradición que hizo el juez Baltasar Garzón”, sostuvo el abogado Jorge Pedraza, sobreviviente y denunciante de los hechos del terrorismo de estado en Santa Fe en diálogo con este cronista.
“Queremos saber quiénes condujeron toda aquella represión, los principales responsables, no solamente policías de segundo o tercer orden, sino aquellos que estaban en el Destacamento de Inteligenia 122 que funcionaron y funcionan sobre Avenida Freyre, acá en Santa Fe. Uno de estos personajes es Nicolás “Tete” Correa, suboficial retirado del Ejército y cuyo legajo ya está en el juzgado de Santa Fe. Se pudo corroborar que fue integrante del Destacamento de Inteligencia 122 y lamentablemente durante la primera administración de Jorge Obeid fue segunda autoridad política en Seguridad Pública. Ya por entonces tenía 70 años. Cualquier jefe de unidad regional de policía cuando subía al segundo piso de la Casa de Gobierno era recibido por Correa que le impartía las instrucciones supuestamente recibidas primero del ex Teniente Coronel José Bernhardt, ex integrante del trístemente célebre Batallón 601 de Inteligencia, y luego de Obeid”, agregó el abogado que patrocinó a los trabajadores de la privatizada Dirección Provincial de Obras Sanitarias para que pudieran cobrar las acciones adeudadas cuando se les prometió el programa de propiedad participada.
Indicó que “con el correr del tiempo esto comenzó a trascender. Hacemos la denuncia y varios testigos lo incriminaron. Como el caso de Alfredo Almada, sobreviviente que estuvo preso en la cárcel de Coronda, que lo describe con lujos de detalles y dice que Correa encabezó un operativo en el barrio Don Bosco, en una bloquera, el 27 de octubre de 1976, y que se destacaba por sus rasgos y su edad muy superior a los del resto de la patota y era el que daba las órdenes de los comandos operativos de los grupos de tareas. Además dijo que fue uno de sus torturadores y que desde la Seccional Cuarta de Policía vio sacar, a fines de octubre de 1976, a Alicia Adela López, quien fuera esposa del actual juez de sentencia número 3, Luis Rodríguez. Hoy Alicia está desaparecida. Correa siempre encabezaba y dirigía el grupo”, precisó Pedraza.
A fin de despejar cualquier tipo de suspicacia política, el abogado contó que “la declaración de Almada fue cuando se inundó Santa Fe así que no tuvo estado público luego de semejante calamidad. Después se agregó la declaración de Cecilia Nazábal, la esposa de Fernando Dussex, hoy desaparecido luego de pasar por la Quinta de Funes. Correa tenía un parentesco con Dussex a través de la mamá de Fernando y la esposa del Tete Correa.
A muchos militantes santafesinos, hacia mediados del 77 son capturados y fueron llevados a la Quinta de Funes y según el relato de Cecilia Nazábal y a algún encuentro furtivo con Fernando, aún secuestrado, éste le dice por qué el Tete no le daba ninguna señal sobre mi.
El Tete dice que no sabe dónde estás vos. Que no se haga el boludo, dice Fernando, porque el Tete me ve. Si Correa era jefe de tareas en Santa Fe y Bernhardt tuvo comisiones en los años de plomo en la ciudad de Rosario y después recala en el batallón 601 de Inteligencia, qué hizo el ingeniero Obeid por Dios”, se indigna el letrado.
“Nosotros se lo advertimos en su momento a Esteban Borgonovo cuando era Subsecretario de Asuntos Legislativos durante los tiempos de Obeid que nos decía que era un error. Ahora estos testimonios lo han corroborado. Entonces lo primero que tiene que hacer Obeid es una autocrítica sobre por qué puso a toda esta gente en Seguridad Pública. Al frente de una cúpula policial que luego es formada por esta gente. Si sabían que tenían las manos sucias de sangre no puede ser que la democracia los premie con un cargo de este nivel. A esto lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no trasciende este tema?. Creo que hay límites éticos y esto debe ser conocido por la opinión pública. Y además me pregunto si la supuesta creación de una Secretaría de Derechos Humanos que prometió Obeid: ¿no será una pantalla para cubrir los errores que cometió durante su primera administración?. Ahora hay que esperar la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad de parte de la Corte Suprema de Justicia y entonces todos estos individuos caerán en Santa Fe”, terminó diciendo.
Una pregunta abierta que alguien debería hacerle a quien volverá a ser gobernador del segundo estado argentino.


Democracia e impunidad en Santa Fe

Lo que sigue es apenas un apunte que recuerda la construcción de injusticia en plena etapa constitucional en la provincia de Santa Fe.
La dirigencia política puede y debe corregir estos hechos.
Si no lo hace se repetirán casos como los de diciembre de 2001, asesinatos como el de Sandra Cabrera y exilios como el de Eduardo Toniolli, hijo de desaparecidos que debió emigrar de la provincia porque ya no soportó la presión de los matadores de su padre.
Pero también puede verse en estas líneas el lento pero significativo avance de la conciencia popular.
Una certeza ha surgido en estos tiempos: para que no haya más penas, necesariamente no debe haber más olvidos.


1983.

El 28 de abril el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas inició el expediente 47.913 que luego se conocería como la Causa Feced.
El gobierno provincial a cargo del contador José María Vernet resuelve la continuidad de los policías imputados de delitos de lesa humanidad dentro de la fuerza. Su ministro de Gobierno, ingeniero Eduardo Cevallo, no generó ninguna situación de excepción para juzgar a los principales acusados de ser los matadores de decenas de militantes peronistas.
En el gobierno municipal de Horacio Usandizaga, en Rosario, los trabajadores comunales cesanteados por razones políticas durante el terrorismo de estado, debieron llegar a una huelga de hambre para que la administración de la democracia les devolviera el puesto arrebatado por los proveedores de la muerte.


1984.

Luego de haberse descubierto la documentación que probaba la identidad de los principales integrantes del Servicio de Inteligencia de Ejército y los balances de las empresas que colaboraron económicamente con la represión, fueron robados los tribunales provinciales el 8 de octubre de 1984.
En ese mismo mes termina su tarea de recolección de datos la Comisión Nacional de Desaparición de Personas en Rosario y Santa Fe.
Aunque se decía que estaba detenido en el Hospital “Eva Perón”, de Granadero Baigorria, Agustín Feced viajaba por todo el país y hasta empezaba a radicarse en el Paraguay.


1985.

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas quiere mantener en su seno la investigación por los delitos de lesa humanidad cometidos por sus integrantes y también por los numerarios de las fuerzas de seguridad. Ese debate llevará tres años hasta que las Cámaras Federales se hagan cargo de las pesquisas que iban a girar en torno a las denuncias volcadas en la Comisión Nacional de Desaparición de Personas.
En diciembre, los tres tribunales provinciales de menores de Rosario informan sobre los menores “NN” que figuran en los registros entre 1976 y 1983. Los “derivados de procedimientos antisubversivos” figuran marcados con un asterico. Hasta el día de la fecha ningún juez de menores de aquellos días de democracia explicó el origen de la información, ni los trámites que se siguieron con aquellos chicos.


1986.

El 23 de mayo la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario recibió la Causa Feced de parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
El gobierno nacional dictó la ley de Punto Final mientras que en Rosario se informaba que moría el principal responsable de la desaparición y torturas de personas, el ex comandante de Gendarmería, Agustín Feced. En las jornadas del Congreso Pedagógico Nacional que se hacían en la ciudad de Casilda, el abogado Mario Censi denunció públicamente al cura párroco, Eugenio Segundo Zitelli, como uno de los principales colaboradores de los torturadores del Servicio de Informaciones de la policía rosarina al ser capellán de la Jefatura.


1987.

El alfosinismo dictó la ley de Obediencia Debida. Doscientos seis integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad de las seis provincias del litoral argentino son desprocesados. El 22 de junio se dicta el desprocesamiento de los principales torturadores que actuaron en la provincia de Santa Fe. En mayo de ese año, la Cámara Federal de Apelaciones remitió unos ochenta expedientes originales de la CONADEP Rosario al Estado Mayor Conjunto del Ejército que giraban en torno a los centros clandestinos de detención que dependían directamente del ejército. Hasta el día de hoy esos documentos no están en la Cámara Federal rosarina.


1988.

Policías y militares imputados de delitos de lesa humanidad siguen sus carreras en cada una de las fuerzas. Dos años después de muerto, Agustín Feced firmó una solicitud de ingreso al Hotel Ariston, de Rosario. Se paralizan las actuaciones de la justicia federal. Ni el general Ramón Genaro Díaz Bessone ni Leopoldo Fortunato Galtieri son citados a declarar por los casi 400 casos de desaparición que la Cámara Federal les había imputado.


1989.

Los hechos sociales de mayo de ese año producen una extraordinaria movilización social.
El resultado de “los saqueos” son siete muertos, centenares de detenidos y la declaración del estado de sitio en Rosario. “La ciudad se ha convertido en la capital nacional de la delincuencia”, llegó a decir Antonio Andrés Vanrell, entonces vicegobernador de la provincia. La ecuación fue precisa: los empobrecidos que sacaban alimentos iban a ser tratados como delincuentes. Una especie de carta de presentación de la juidicialización de la protesta social que atravesaría la década del noventa hasta el presente.
El 23 de agosto la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario citó a declarar a Galtieri y Díaz Bessone. Nunca vinieron.


1990.

El presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, produce una serie de indultos. Entre ellos a Leopoldo Fortunato Galtieri. Se cierra, oficialmente, la causa 47.913, conocida como la “Causa Feced”. Más de 12 mil folios en 49 cuerpos y varios más como agregados y anexos.


1991.

Asume el gobierno de la provincia Carlos Alberto Reutemann. Su Subsecretario de Seguridad Pública fue el ex teniente coronel y ex jefe de la policía rosarina durante el terrorismo de estado, Rodolfo Riegé.


1992.

El periodista y escritor Osvaldo Bayer confirma que la casa de Santiago 2815 en la ciudad de Rosario está en posesión del Centro de Suboficiales y Retirados de Gendarmería Nacional y que perteneció a un matrimonio de ciegos santafesinos. La propiedad del inmueble seguía a nombre de la sodería de la pareja pero la usurpación estaba a cargo del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército.
José Rubén Lofiego, uno de los principales torturadores de la policía rosarina, aparece como responsable del operativo de seguridad durante la visita de los reyes de España a la ciudad. El 10 de diciembre de ese año fue entrevistado por la periodista Gabriela Zinna en el diario “Rosario/12”.


1993.

Una investigación del periodista Juan Carlos Tizziani reveló que los antecedentes de centenares de militantes sociales y políticos descansan en una habitación de la Casa de Gobierno de la ciudad de Santa Fe. Eran los archivos de la policía provincial y confirmaban los seguimientos que durante años se habían efectuado sobre distintas personas en todo el territorio santafesino. El entonces diputado provincial Rubén Dunda propuso quemar esos archivos. Cosa que, después, no sucedió.


1994.

Luego de dos años de continuas luchas por la restitución de “La Casita robada” de Santiago 2815 a sus verdaderos dueños, Leoncia Alejandra Ravello y su nieto, Iván, se hacen cargo del inmueble. Diecisiete años habían pasado del secuestro y posteriores asesinatos de María Esther Ravello y Etelvino Vega, ambos militantes montoneros y ciegos.
Surge un nuevo organismo de derechos humanos: Hijos por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio.


1995.

Los principales imputados de delitos de lesa humanidad continuaban con sus carreras en las distintas fuerzas de seguridad y armadas con asiento en la provincia.
El 3 de abril de 1995 llegó a los tribunales provinciales rosarinos un detallado informe de oficiales de la Unidad Regional II de policía en el que consta el movimiento ilegal de fondos que cobraba cada una de las divisiones de la fuerza para dejar crecer los negocios no permitidos: desde el narcotráfico a la prostitución. Desde entonces se conoce el funcionamiento de las cajas negras policiales en el ámbito judicial santafesino.
Mario Alfredo Marcote, uno de los principales torturadores del Servicio de Informaciones de Rosario, es denunciado por trabajar como celador en el colegio Santa Unión de los Sagrados Corazones, dependiente del arzobispado local.


1996.

A veinte años del golpe de estado se producen las mayores movilizaciones contra el terrorismo de estado y la impunidad. Comienza a hablarse de la necesidad de constituir el Museo de la Memoria en la ex sede del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, en Córdoba y Moreno.


1997.

El 25 de marzo, el juez de la Quinta Audiencia Nacional de Madrid, Baltasar Garzón dispone el pedido de captura internacional de Leopoldo Galtieri por los delitos de lesa humanidad cometidos contra ciudadanos españoles en la provincia de Santa Fe. Con el correr de los meses agregaría otros nombres, hecho que facilitaría una minipurga de asesinos en la policía provincial. Un muchacho de apellido Duarte es encontrado muerto y torturado en la división Robos y Hurtos de la ciudad de Santa Fe. El gobierno de Jorge Obeid resolvió la disolución de la división en toda la provincia.
El todavía juez federal santafesino, Víctor Brusa, atropella a un bañista en la Laguna Setúbal. Cree que seguirá impune por toda la eternidad.


1998.

Abuelas de Plaza de Mayo se presenta como querellante ante la justicia federal de Santa Fe a fin de impulsar la investigación sobre la identidad de Carolina Guallane.
Obeid resuelve dar de baja a media docena de imputados de delitos de lesa humanidad. El ingeniero Gualberto Venesia, ex vicegobernador durante aquella gestión, confesó que “la propia policía advirtió que no toleraría uno más que esos seis porque si no se podía quebrar la paz institucional en Santa Fe”, le dijo a este cronista antes de morir muchos años después. Feced había dicho que la llamada “comunidad informativa Rosario” estaba compuesta por “3 mil hombres”.


1999.

Carolina Guallane recupera su identidad luego de años de búsqueda: Paula Cortassa, nacida el 13 de setiembre de 1975, hija de Blanca Zapata y Enrique Cortassa, hoy desaparecidos. Reconstruye su historia paterna a través del trabajo de la fiscal Griselda Tessio de Santa Fe y su principal colaborador, Alejandro Luengo. Y por primera vez en democracia, Galtieri debe declarar en Santa Fe por uno de los 169 delitos que lo había acusado la Cámara Federal de Rosario: la supresión de la identidad de Carolina. El hombre que quiso inventar el tercer reich desde el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército fue indagado por el entonces juez federal Víctor Brusa, uno de los más conspicuos colaboradores de la dictadura en Santa Fe. Se abre, por primera vez a la prensa, el Servicio de Informaciones de Rosario, en la esquina de San Lorenzo y Dorrego. Antonio Ruoppolo, un ex policía de Helvecia, denuncia que el senador provincial Duilio Pignatta, cuando era presidente comunal de esa localidad durante la dictadura, ordenó torturar presos políticos traídos de Santa Fe. Pignatta fue senador hasta el final de su mandato y Ruoppolo sufrió constantes amenazas.
Una pericia caligráfica confirma que la ficha del Hotel Ariston llenada en 1988 correspondía, efectivamente, al ex comandante de Gendarmería, Agustín Feced. Dos años después de muerto, el ex jefe de la policía rosarina estaba vivo. La causa judicial que lleva su nombre se cerró por su supuesta muerte. La responsabilidad política de los gobiernos y de la justicia interviniente en aquellos hechos todavía no está saldada ni corregida.


2000.

Comienzan los juicios por la verdad histórica en las principales ciudades del litoral argentino. Y en forma paralela surgen las amenazas y atentados contra los abogados que llevan adelante esas instancias.
El juez Brusa fue destituido por el Consejo de la Magistratura luego de analizarse su conducta en el accidente de la Laguna Setúbal que casi le cuesta la vida a Miguel Pedernera.
El ex comisario Luis Galanzino denunció al entonces Subsecretario de Seguridad Pública, el ex teniente coronel José Bernhardt, como el hombre que trasladaba los detenidos de Santa Fe hasta el centro clandestino de detención de La Calamita, en Granadero Baigorria.
En la segunda administración de Jorge Obeid, Bernhardt sería nombrado titular de Defensa Civil de la provincia.


2001.

Brusa fue detenido y puesto a disposición de la justicia por el pedido de captura internacional que le librara el juez español Baltasar Garzón por encontrarlo responsable del delito de genocidio.
En la ciudad capital se declaran inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida.
Los días 19, 20 y 21 de diciembre se producen movimientos sociales que arrojan como resultado la muerte de nueve personas entre Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Santa Fe. El Jefe de Policía era el comisario José Storani, nombrado en la causa Feced como integrante del Comando Radioeléctrico en los tiempos de la cacería humana. El subsecretario de Seguridad Pública era Enrique Alvarez, un sociólogo educado en la Secretaría de Inteligencia del Estado. El Ministro de Gobierno era Lorenzo Domínguez. Hubo un solo policía detenido y acusado del asesinato de Claudio Lepratti, activo militante social e integrante de la Central de Trabajadores Argentinos. Las otras ocho personas muertas, hasta el momento, no tuvieron justicia.


2002.

El gobierno provincial rechaza la necesidad de conformar una Comisión Bicameral que investigue las responsabilidades políticas en torno a la masacre de diciembre de 2001.
Empiezan a aparecer distintas denuncias sobre la posible existencia de fosas comunes en los cementerios de San Lorenzo y Santa Fe.
Llega a la justicia provincial un informe federal sobre la reducción a la servidumbre y obligado ejercicio de la prostitución de menores paraguayas en la zona de la terminal de ómnibus de Rosario. Aparecían involucrados policías de la seccional séptima de Rosario y Moralidad Pública por cobro de peaje y falsificación de documentos. Una de las que aportó datos de contexto para aquella investigación se llamaba Sandra Cabrera. Días después denunció amenazas de parte de policías y dueños de boliches de la zona. Dos años después sería asesinada.


2003.

A fines de abril se produce la invasión de las aguas del Río Salado a la ciudad de Santa Fe.
Más de veinte muertos y miles de familias afectadas es el resultado de una suma de obras no terminadas y no de una catástrofe natural.
Se dicta la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida.
Amenazan y atentan contra la integridad de la militante social Susana Abalo.
El 8 de octubre el juez federal Omar Digerónimo declara inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida.
Eduardo Toniolli, hijo de un militante desaparecido en la Quinta de Funes, es amenazado de muerte y debe abandonar la provincia de Santa Fe.
Asume como jefa de policía de la provincia, la abogada Leyla Perazzo, ex titular de Asuntos Internos de la fuerza y ex integrante de la policía de menores durante la dictadura. Había dicho que “por lo menos hubo sesenta chicos” hijos de desaparecidos que pasaron por esa repartición entre 1976 y 1978.


2004.

Se reabren las causas por los delitos de lesa humanidad cometidos en la llamada Quinta de Funes.
El 27 de enero asesinan a la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentina, Sandra Cabrera.
La segunda administración de Jorge Obeid disuelve “Moralidad Pública” en la órbita de la policía provincial como consecuencia de ese asesinato.
El juez federal Omar Digerónimo que tiene a su cargo la continuidad de las investigaciones por los delitos de lesa humanidad cometidos en Rosario todavía no llamó a indagatorias a ninguno de los que ya estaban procesados por esos delitos en tiempos que fueron beneficiados por las leyes de punto final y obediencia debida.
A veintiocho años del golpe militar no se sabe con exactitud cuántos centros clandestinos de detención existieron en la provincia de Santa Fe ni tampoco se conocen todos los nombres de torturadores ni apoyos civiles que produjeron 520 desapariciones en estas tierras.