Matar para robar, luchar para vivir

por Carlos del Frade

 

II Parte - Desaparecedores, Resistentes e Impunidades
Capítulo 19 - La grieta legal
 

El 9 de diciembre de 1985, Leopoldo Fortunato Galtieri fue absuelto de culpa y cargo por la Cámara Federal de Capital Federal.
Se le habían imputado 242 casos de encubrimiento, 11 privaciones ilegales de libertad calificada, 8 reducciones a la servidumbre, 15 falsedades ideológicas, una sustracción de menor y tres casos de tormentos. Hechos que había cometido como comandante en jefe del Ejército. Los fiscales pidieron quince años de reclusión.
"Sé que en mi condición de comandante en jefe del Ejército he cumplido con mi deber", dijo el responsable de la guerra de las Malvinas.
"Manifiesto mi reconocimiento a mis camaradas de la Fuerza Aérea y de la Armada, a los integrantes de las fuerzas de seguridad y policiales, y a los hombres de nuestro ejército argentino. Espero serenamente, con tranquilidad espiritual y de conciencia, el juicio de Dios y de la historia de mi conducta", agregó.
Sin embargo el punto 30 de la sentencia de la Cámara Federal que juzgó a los comandantes de la dictadura indicaba que "disponiendo, en cumplimiento del deber legal de denunciar, se ponga en conocimiento del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el contenido de esta sentencia y cuantas piezas de la causa sean pertinentes, a los efectos del enjuiciamiento de los oficiales superiores, que ocuparon los comandos de zona y subzona de defensa, durante la lucha contra la subversión y de todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones".
Dicho artículo abrió la posibilidad para juzgar a los responsables militares del terrorismo de estado en todas y cada una de las provincias.
Entre ellos, desde el 12 de octubre de 1976 al 8 de febrero de 1979, el entonces general de división, Leopoldo Fortunato Galtieri.


El turno de la Justicia federal rosarina

En noviembre de 1988 la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario elevó cargos contra Galtieri por 169 casos de privación ilegítima de libertad seguidas de torturas y 40 particulares damnificados.
El general que compartía copas y otros vicios con el ex comandante de Gendarmería Agustín Feced en La Bambola, en el corazón del barrio rosarino de Fisherton, no se presentó.
Lo volvieron a citar para el 23 de agosto de 1989, juntamente con el anterior titular del II Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, y tampoco fue.
El 23 de noviembre de 1989, según consta en el cuerpo 49 de la causa federal 47.913, por decreto 1002 de ese año, "se indulta al teniente general Galtieri, al general de división Ramón Genaro Díaz Bessone y al coronel Carlos Ramírez".
Se resolvió, entonces, "ordenar el archivo de estos autos".


Galtieri fue responsable de "un plan de aniquilamiento"

El diario "La Capital" informó el 19 de diciembre de 1976 que como producto de "un intento de copamiento en la subcomisaría 17", en cercanías de Ibarlucea, resultaron muertos una mujer y cinco varones.
Nora Elma Larrosa; Rodolfo Raúl Segarra; Horacio Humberto Melelli; Alberto Azam; Segundo Núñez y Oscar Maximiliano Aguirre eran los nombres de las víctimas.
Sin embargo, el padre de uno de los muchachos, Mario Segarra, hizo una presentación judicial que puso blanco sobre negro.
"El enfrentamiento no existió y las personas muertas fueron previamente secuestradas, luego asesinadas y posteriormente transportadas al lugar del supuesto enfrentamiento, o bien, luego del secuestro, trasladadas al lugar de Ibarlucea y ahí asesinadas", sostiene el escrito.
Segarra señaló que hubo "un plan elaborado entre Galtieri y Feced destinado a aniquilar a personas a quienes se consideraban subversivos o sospechosos de serlo".
El término "subversivo" estaba "discrecionalmente reservado a la opinión de los aquí acusados".
Para Segarra fue un "plan de aniquilamiento que conllevó el secuestro y la muerte mediante torturas y en estado de indefensión de las víctimas".
A través de su presentación judicial se remarca que hubo una "asociación ilícita integrada por personal militar y policial a quienes se les instruyó previamente de lo que se planeaba y de los procedimientos a utilizar, como asimismo de la impunidad que se les garantizaba".
Terminaba diciendo el escrito que "para asegurar la impunidad, se desinformó a la ciudadanía o se la informó con falsedades".


Procesado por la Justicia española

El juez español Baltasar Garzón decretó el martes 25 de marzo de 1997 la "prisión provisional incondicional" contra el ex presidente de la dictadura entre el 23 de diciembre de 1981 y el 17 de junio de 1982, y también ex comandante del II Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario.
Galtieri fue acusado de los delitos de terrorismo y genocidio, cuatro asesinatos y una detención ilegal.
Garzón citaba la declaración del ex cónsul español en Rosario, Vicente Ramiro Montesinos, en la que describió una de las tantas justificaciones de Galtieri. "En toda guerra mueren inocentes, como sucedió con los bombardeos sobre Alemania", le dijo el entonces señor de la vida y la muerte de los rosarinos.
El magistrado español señaló también que se desarrolló, durante los días de Galtieri en Rosario, "muy efizcamente, un plan de desapariciones y eliminación de miembros de grupos nacionales, imponiéndoles desplazamientos forzosos, pérdida de identidad y arraigo, torturas y muertes, todo lo que integra el delito de genocidio".
Galtieri "tuvo participación activa" y fue "copartícipe en la creación y desarrollo de un estado de terror y genocidio".
Garzón repara en lo informado por este trabajo en que el responsable de Malvinas no fue juzgado por los delitos cometidos en Rosario. "Todo lo anterior descubre una cruda realidad, y es que las autoridades argentinas, antes de dar curso a la comisión, han decidido que un manto de silencio ominoso cubra para siempre los hechos que aquí se pretenden investigar y sancionar", sostuvo el juez madrileño.


El difuso recuerdo del general

Galtieri solamente contestó por escrito a un formulario de once preguntas que le formuló un juez militar, el entonces teniente coronel Gustavo Balbastro, el 15 de abril de 1985. El hombre que soñaba con su propio reich de 100 años contestó el 21 de junio, pero ahora estaba como juez militar el también teniente coronel Humberto Bassani Grande.
"La orden de Operaciones del Comando de Cuerpo de Ejército II que se nutría de la directiva del comandante en jefe del ejército era completa e incluía, presumo dado el tiempo transcurrido, todas las previsiones respecto al tratamiento de este tipo de problemas derivados de una guerra y en ningún momento se dieron órdenes parciales sobre casos particulares que se producían diaria o periódicamente", sostuvo en una de sus respuestas.
"En la orden de Operaciones del Comando de Cuerpo de Ejército II, que ha de recordarse era muy voluminosa, debieron estar, según creo recordar después de ocho años transcurridos, todas las previsiones para el tratamiento de los muertos en combate. Puedo aclarar que los entierros se efectuaban en los distintos cementerios ubicados en las diferentes subzonas y áreas respectivas de acuerdo al lugar en que se producían los enfrentamientos", dijo Galtieri.

La treintena de chicos secuestrados, los 169 delitos de lesa humanidad cometidos y la ubicación de los cadáveres de los desaparecidos son tres razones más que suficientes para que Galtieri sea llamado a declarar en los tribunales federales rosarinos en cualquiera de las causas por la verdad histórica o las que se inicien sobre el robo de bebés.