Informe Político

I. Antecedentes relacionados con
la creación de la Comisión Bicameral

Por un proyecto de ley enviado por el señor Gobernador de la Provincia, don Fernando Pedro Riera, a la Honorable Legislatura propiciando la creación de una Comisión Bicameral Investigadora de las violaciones de los derechos humanos, nace la ley 5.599. En el mensaje del Poder Ejecutivo que acompañaba a dicho proyecto de ley, se decía lo siguiente:

“Es deber inexcusable del Gobierno popular y democrático, posibilitar la investigación, y en su caso, el castigo de los responsables y culpables, de los excesos cometidos so pretexto de la represión del terrorismo y la subversión. Todos los sectores políticos y el pueblo lo reclaman, y el Gobierno, surgido de la voluntad soberana del pueblo, debe ser sensible a tales reclamos de justicia, posibilitando que sean los representantes del pueblo, los que tengan a su cargo reunir todos los elementos, para que la Justicia, como órgano natural del Estado, determine los casos de delitos y violación a los derechos humanos, cometidos al margen de la ley y que deben ser reprochados por ésta y por el pueblo todo, que espera salgan a la luz todos los excesos cometidos y aparezcan los desaparecidos cuyas ausencias angustian a familiares y amigos.

“Es decisión del Poder Ejecutivo, materializar esta voluntad de investigar, a efectos del esclarecimiento de los hechos que constituyeron gravísimas violaciones a los derechos humanos en nuestro pasado inmediato en la Provincia.

“No es una posición antojadiza o arbitraria del Poder Ejecutivo, ni mucho menos la guía de un espíritu que desnaturalizaría los propósitos del proyecto; no sigue un propósito revanchista, ni de odios, ni de persecuciones, sino el alto sentido cristiano de que la justicia cobre en mayor magnitud y establezca su señorío en uno de los temas más oscuros de los últimos tiempos de en el país.

“Dios ilumina nuestros actos y esperamos que así lo comprenda la ciudadanía.

“Para ello, y a efectos de garantizar el interés civil de toda la población, en satisfacer el esclarecimiento de los trágicos episodios en que desaparecieron gran cantidad de personas, se considera apropiado constituir una comisión bicameral, formada por diputados y senadores, directos representantes del pueblo de la Provincia, quienes se constituirán en un complemento del accionar judicial, por cuanto serán sus funciones, las de recepcionar denuncias y pruebas e investigar todo cuanto sea necesario, que pudiera estar relacionado con la comisión de delitos y/o a la desaparición de personas.

“Por ello, se le otorgan amplias facultades de investigación, a la vez que se hace obligatorio para todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, dependencias y organismos autárquicos el de facilitar datos, documentos y acceso a lugares que la comisión bicameral crea necesario investigar y examinar”.


En su parte final, el mensaje del señor Gobernador manifiesta: “Por todo ello, y por resultar adecuado a su finalidad, se solicita a la comisión bicameral que una vez realizadas las investigaciones, se informe detalladamente a los efectos de ilustrar a la opinión pública”.

La creación de esta Comisión Bicameral recoge el espíritu que está contenido en parecida disposición del Poder Ejecutivo Nacional, que dispuso la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), dando así cumplimiento a compromisos previamente contraídos con la ciudadanía. Esta Comisión Nacional Investigadora, integrada por personalidades políticas, religiosas, culturales, etc., y también por legisladores, está taxativamente mencionada en el proyecto de ley enviado a las Cámaras por el Poder Ejecutivo Provincial.

Celosa esta Comisión Bicameral en dar estricto cumplimiento a lo solicitado en el mensaje transcripto y al espíritu puesto de manifiesto en las distintas exposiciones de los Legisladores, de las que reproducimos algunos párrafos por cuanto los debates en su totalidad obran en el anexo correspondiente de este informe, elaboramos un pormenorizado documento con el objeto de señalar, ilustrar e informar a la opinión pública, de los orígenes y demás circunstancias motivantes de los hechos investigados.

Si este informe se hubiera constreñido a una relación estadística y meramente enumerativa de las causas investigadas, acciones realizadas, expedientes formados y elevados a la Justicia, no hubiéramos cumplido con la misión dolorosa, pero irrenunciable, que nos fuera encomendada.

A lo largo de este informe, y acatando lo determinado por la ley 5.599, no hemos emitido juicio alguno que no fuera de competencia de esta Comisión, dejando para la Justicia la calificación y el juzgamiento, conforme a derecho de las causas que le hemos remitido.

Los señores Legisladores de ambas Cámaras, en las distintas sesiones en que se trató la creación de esta Comisión, coincidieron en condenar los crímenes que pesarán “in aeternum” en la historia de nuestra patria.

Cierto es que algunos de los señores legisladores no coincidieron, por razones estrictamente jurídicas, en la creación de esta Comisión, pero también es cierto que ninguno dejó de condenar ni cuestionó la necesidad de que la verdad, respecto a las violaciones de los derechos humanos, saliera a la luz pública. En ese sentido, señor presidente, es válido afirmar taxativamente y con el mayor énfasis, que nos animó a todos el mismo espíritu.

Es así como en las citadas sesiones, los señores Legisladores vertieron los siguientes conceptos: 

“... que no se debía esperar de la Comisión Bicameral, ningún accionar altisonante; que su cometido debía cumplirse de manera callada, serena, reflexiva, pero firme, tendiendo a encontrar el punto de normalidad perdido, porque no es normal que en la Argentina quien conozca un delito, tenga miedo de denunciarlo y que un Juez, con pruebas y testimonios en la mano, tuviera miedo de investigar la existencia de hechos punibles”. En otros términos, así manifestó el señor presidente del bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, doctor Miguel Enrique Nazur.

Por su parte, el señor Presidente de la bancada Radical de esa misma Cámara, Manuel Vicente Martínez, en una parte de su exposición, expresó: “... No soy un hombre de derecho, pero quizás incursione al decir que nos introducimos en lo humano, en lo más sagrado de la humanidad, que es el principio ético, que es la esencia misma de la vida. A mi despacho han concurrido hombres y mujeres a quienes he recibido en audiencia, y me han manifestado que han requerido el apoyo y el ofrecimiento de garantías, porque la actual justicia no les merece confianza y no tienen los medios ni instituciones en el ámbito de la Provincia, para poder radicar sus denuncias. Esto es muy delicado señor Presidente: lo único que he atinado a decirles, es que concurran a la comisión federal que ha creado el Poder Ejecutivo, pero me dijeron que carecen de medios. Entonces, les recomendé que en lo más íntimo de su ser guarden el secreto, hasta que en días más se puedan dar los instrumentos legales en la Provincia, para que les brindemos todas las garantías”.

El mismo señor Legislador, en otra exposición, decía lo siguiente: “... es de mucha necesidad, para brindar las garantías, las seguridades y la tranquilidad a todas aquellas personas que tienen interés y obligación humana de brindar las denuncias correspondientes. Entiendo, señor Presidente, que esta ley es de fundamental importancia que sea puesta lo más urgentemente posible en práctica, porque es una ley que va a llenar un importante vacío en el alma de muchas familias tucumanas y argentinas...”.

Siempre en la misma Cámara, el señor Presidente del bloque de Vanguardia Federal, doctor Benito Orlando Ferreira, y debatiéndose la misma cuestión, dijo: “El hombre, en su unidad cuerpo y alma, debe ser respetado en todo tiempo y lugar porque es una creación de Dios, a Su Imagen y Semejanza, y porque, precisamente por ello, los valores inherentes a la persona, están por encima y exceden el marco de cualquier especulación o circunstancia que pretenda subestimarlo. Es por ello, que la Justicia debe ser implacable con aquellos que atentaron contra la vida, ésto es, abusaron de la integridad física a través de tormentos morales, con el pretendido argumento de restaurar el orden alterado, un estilo de vida amenazado, la paz, la justicia y la democracia, olvidando que nadie puede hacer justicia por su propia mano y quitar la vida a quienes profesen ideas que no comulguen con otras ideas, que dicen representar las ideas nacionales”. No obstante estas expresiones condenatorias al terrorismo desatado desde el Estado, el señor diputado Ferreira, por un criterio estrictamente jurídico, se opuso a la formación de esta Comisión.

Por su parte, en la Cámara de Senadores, el señor Presidente de la bancada Justicialista, don Hugo Lazarte, manifestaba: “... proclamar a viva voz que el mundo se empobrece cuando un hombre muere, pero mucho más se empobrece cuando ese hombre ha muerto por designio de otro hombre. Cuando un hombre ha olvidado los Mandamientos de la Ley de Dios, cae por una pendiente que ha de llevarlo inexorablemente a la autodestrucción”.

A su vez, el señor senador don Ramón Isauro Martínez, Presidente de la bancada Radical, en una parte de su exposición, puntualizó: “El mejor homenaje que podemos rendir a todos los muertos es esta lucha fraticida, es que esta Cámara vote de inmediato este proyecto de ley, para que sancionemos lo que constituye una esperanza de justicia para un sector importante de esta Provincia”. El mismo señor Legislador, en otro párrafo de su alocución, decía: “Pero no cumpliría con un deber de conciencia si no rindiera un homenaje sentido a los miles de jóvenes que han perdido sus vidas en este mal llamado proceso de reorganización nacional”.

Señores legisladores: lo que acabamos de resumir, sólo tiene la intención de señalar la magnitud del sentimiento con el que nos hemos sentido identificados todos, en oportunidad del tratamiento del proyecto, y es por ese antecedente, precisamente, que a su responsabilidad intrínseca, esta Comisión Bicameral sumó la profunda preocupación de sus miembros, para tratar de logras satisfacer plenamente sus objetivos.

Antes de desarrollar el punto II, sin perjuicio de reconocer el valor y el coraje de quienes, a riesgo de sus vidas, denunciaron valientemente los atropellos en su oportunidad, es necesario puntualizar que muchas víctimas de la represión, familiares de desaparecidos y testigos de los hechos, se acercaron a esta Comisión, venciendo el terror que por años los paralizara. Terror inspirado porque quienes debían estar al servicio y custodia de la paz, utilizaban sus medios y sus esfuerzos para violentarla; terror inspirado porque el derecho a la vida se menospreciaba por parte de quienes eran encargados de protegerla; terror inspirado, incluso, por algunos jueces que denegaron reiteradamente recursos de habeas hábeas y que, a la vez, hicieron caso omiso de las denuncias de apremios y torturas.

Agradecemos a las personas que derrotaron el miedo y confiaron en el amparo que esta Comisión pudiera brindarles y que sistemáticamente les había sido negado por una justicia cómplice. Más adelante, en la parte pertinente de este informe, ampliaremos estos conceptos.

No fue fácil nuestra misión en el sentido de convencerlos que, por detrás de cada causa elaborada, podrían concurrir tranquilos, ya que en la Justicia los aguardaban jueces constitucionales, imbuidos de un espíritu de justicia y equidad, absolutamente distantes de aquellos otros que, sin pudor, asumen hoy la defensa de los acusados de atroces violaciones a los derechos humanos. Como lo acabamos de señalar, en la parte pertinente de este informe, ampliaremos sobre los conceptos vertidos por aquellos que, aunque sintiéndose víctimas de la represión, no reconocían que existían las garantías necesarias para formular las denuncias pertinentes.

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