Dr. Adolfo Luis Bagnasco
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7 - Secretaría N° 13

///nos Aires, 17 de diciembre de 1999.-

AUTOS Y VISTOS:



Para resolver en las presentes actuaciones N° 10326/96, caratuladas “NICOLAIDES, Cristino y otros S/SUSTRACCION DE MENORES”, correspondiente al registro de la Secretaría N° 13 del Tribunal, y respecto de la situación procesal de CARLOS GUILLERMO SUAREZ MASON, de sobrenombre “CACHO”, titular de la LE. Nro. 4.756.950, nacido el 24 de enero de 1924 en Capital Federal, casado, desocupado, con domicilio real en Santa Fe 1159, piso 6°, depto. K de Capital Federal, hijo de CARLOS GUSTAVO (f) y de MARÍA ESTER MASON.-

Y CONSIDERANDO:

TPrevio a todo análisis, habré de destacar que el presente resolutorio, se ceñirá a la responsabilidad que le cupo a CARLOS GUILLERMO SUAREZ MASON en su carácter de Comandante del Cuerpo I de Ejército, respecto de los acontecimientos acaecidos en los centros clandestinos de detención conocidos como “POZO DE BANFIELD”, “LA CACHA”, “AUTOMOTORES ORLETTI” Y “COMISARÍA V° DE LA PLATA” en los que se habrían alojado ilegalmente a mujeres en estado de gravidez, continuando hasta el presente desaparecidas tanto las madres como sus hijos y la sustracción del menor SIMÓN ANTONIO RIQUELO.-


I.-

Se inicia el presente legajo en virtud de querella interpuesta por seis integrantes de la asociación civil “Abuelas de Plaza de Mayo” -Enriqueta Estela Barnes de Carlotto; Maria Isabel Chorobik de Mariani; Cecilia Pilar Fernandez Viñas; Elsa Beatriz Pavón de Grinspon; Rosa Tarlovsky de Roisinblit y Rosaria Ysabella Valenzi-, con el patricinio letrado de los Dres. David Baigun; Julio B.J. Maier; Alberto P. Pedroncini y Ramón Torres Molina, por ante la Excelentísima Cámara del fuero, el día 30 de diciembre de 1996.-

El citado escrito de presentación, se dirige contra quienes resulten autores o partícipes en cualquier grado de los delitos de sustracción y ocultación de menores, homicidio, sustitución de estado civil, privación ilegal de la libertad y reducción a servidumbre.-

Se señaló allí, que el delito inicial de sustracción de menores, fue cometido con previo, simultaneo o subsiguiente secuestro y desaparición de los padres de los nietos de las querellantes, los que se habrían producido en el marco de la llamada “lucha antisubversiva”, cuya modalidad fuera descripta en el fallo dictado con fecha 9 de diciembre de 1985 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, en la causa N° 13 del registro del citado Tribunal, instruida contra Jorge Rafael Videla y otros en virtud de lo dispuesto por el Decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional, la que fuera confirmada -en lo esencial-, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo dictado en las citadas actuaciones con fecha 30 de diciembre de 1986.-

Se agregó, que en el sistema criminal reseñado en dicho fallo, se tuvo por probada la existencia de los distintos centros clandestinos de detención pertenecientes al aparato estatal, conforme se desprende del Capitulo XII del Considerando Segundo de la precitada sentencia de la Cámara Federal.-

En lo que hace a las imputaciones de los ilícitos citados, los querellantes indicaron como responsables al Gral. de División (RE) EDUARDO ALBANO HARGUINDEGUY, a CARLOS GUILLERMO SUAREZ MASON, al Tte. Gral. (R) CRISTINO NICOLAIDES, al Alte. (R) RUBÉN OSCAR FRANCO y al Gral. de División (R) REYNALDO BENITO BIGNONE, como así también a todo autor o participe en cualquier grado, que resultare de la investigación.-

Respecto de las figuras penales se expresó en esta ocasión, que las mismas se atribuyen de la siguiente manera: 

A)-El delito de sustracción y ocultación de menores, como delito efectivamente ocurrido en aproximadamente doscientos ochenta casos, de los cuales solo cuarenta y cinco presentan restitución a la familia de origen.-

Dichos ilícitos se habrían perpetrado con motivo y/o en ocasión de la aplicación de la política de desaparición forzada de personas descripta, como conjuntos de hechos probados en el Considerando Segundo de la sentencia dictada por la Excelentísima Cámara del fuero en 9 de noviembre de 1985 en la referida causa N° 13.-

B)-El de homicidio, como delito de resultado efectivamente ocurrido en tres casos y como resultado hipotético -sujeto a la investigación que se efectúe en autos-, en los demás casos.-

C)-Los de privación ilegal de la libertad y/o reducción a servidumbre, y/o supresión o sustitución de estado civil, que necesariamente deben haber sobrevenido al delito inicial, pues los menores sustraídos continúan desaparecidos, excepto los casos en que se comprobó el homicidio.-

En otro orden, se acompañó como instrumento 1, la publicación de la asociación civil “Abuelas de Plaza de Mayo” titulada “NIÑOS DESAPARECIDOS EN LA ARGENTINA DESDE 1976", de cuyo contenido se desprende que los delitos de sustracciones de menores a los que las querellantes se refieren, se habrían producido entre el 24 de marzo de 1976 y fines de 1980. Esto es, en un ámbito temporal comprendido íntegramente en la última dictadura militar.-

Respecto del delito de homicidio, sostiene la querella que el mismo se encuentra comprobado en tres casos, ROBERTO LANUSCOU y BARBARA LANUSCOU - quienes fueron localizados muertos en enero de 1984 y EMILIANO GINES fallecido el 1° de septiembre de 1978 en el Hospital de Niños de la ciudad de la Plata. Estos casos fueron reseñados en las páginas 126 y 127 de la publicación que se acompañó como instrumento 1.-

Por otra parte, y en lo que concierne a la figura penal de privación ilegal de la libertad, se dijo que la misma sobreviene cuando la desaparición del menor subsiste luego de que éste haya cumplido los diez años de edad. Al respecto se señalo, que “no es posible suponer que un menor de 11 años, por ejemplo, que sigue desaparecido luego de su sustracción, carezca de la protección penal de la que goza un adulto, vale decir, que al delito permanente -la sustracción de menor- sigue otro que continúa cometiéndose al presente -la privación ilegítima de la libertad- y que además produce el efecto de interrumpir la prescripción del primero”. Este razonamiento -sostienen los presentantes-, también es aplicable al resultado hipotético del delito de reducción a servidumbre.-

Con el objeto de probar la existencia de un contexto sistemático en cuyo seno se habrían producido los casos particulares, la querella expone tres tipos de situaciones. A saber:

1)-Niños desaparecidos de sus hogares solos o con sus padres.-

2)-Niños nacidos durante el cautiverio de sus madres en centros clandestinos de detención.-

3)-Niños desaparecidos con sus padres y posteriormente hallados asesinados.-

Afirman los querellantes, que a estas situaciones típicas, deben añadirse - como expresión aguda del sistema criminal que las ocasionó -, cuatro casos de mujeres asesinadas estando embarazadas, conforme se desprende de las páginas 128 a 130 de la publicación señalada “ut supra”, identificada como instrumento 1.-

Se señaló al Hospital Militar de Campo de Mayo; a la Escuela de Mecánica de la Armada y a la Brigada Femenina de la Policía Bonaerense, como a los lugares en los que funcionaron áreas de ginecología y obstetricia para atender los partos de las mujeres secuestradas en centros clandestinos de detención.-

Se indicaron dos casos de secuestro de niños junto con sus padres en el exterior -Paula Logares y Carla Graciela Rutila Artes-, su traslado ilegal y forzado a la Argentina, y su posterior desaparición. En relación a ello se agregó que ningún delincuente individual puede, sin la cooperación de un aparato estatal predispuesto para ello, secuestrar a una familia en el exterior, ingresarla clandestinamente al país y hacer desaparecer a los padres previa sustracción del menor hijo de aquellos.-

Se argumentó, en el citado escrito de inicio, que los imputados conocieron plenamente, desde el comienzo, el plan criminal descripto y probado en la mencionada Causa N° 13, la concepción, fines, estructura, funcionamiento y resultado de la aplicación de aquel.-

Así, se dijo, los centros clandestinos de detención, por su cantidad, magnitud y emplazamiento, fueron conocidos por cada uno de los imputados, quienes en virtud de las altas jerarquías que desempeñaron, tuvieron capacidad de decisión en el funcionamiento del sistema represivo.-

Por su parte, se acompañó con el libelo introductorio de la querella, una serie de documentación, cuya descripción, análisis y merituación se efectuara en la oportunidad pertinente.-

Corrida que le fuera la vista prevista por el art. 180 del Código Procesal Penal de la Nación, el Sr. Procurador Fiscal propicio la instrucción del sumario por la presunta comisión de los delitos descriptos por los representantes de la querella, manteniendo las imputaciones por ellos efectuadas, entre las que se encuentra la correspondiente a CARLOS GUILLERMO SUAREZ MASON (vide fs. 62/68).-

A fs. 1004/1012 se glosó el escrito presentado por la querella, en el que se amplían las imputaciones por los hechos que nos ocupan.-

En ese contexto, se expresó que en el fallo recaído con fecha 9 de diciembre de 1985 en la causa N° 13 del registro de la Cámara Federal, se sostuvo, refiriéndose a la limitación del proceso a los setecientos casos presentados por la Fiscalía: 1. “Tal acotamiento de los objetos del proceso efectuada por el Fiscal ha de tener como consecuencia...que no puede renovarse la persecución penal en contra de los nueve enjuiciados por los hechos susceptibles de serles atribuídos en su calidad de comandantes en jefe de sus respectivas fuerzas e involucrados en el Decreto 158/83".-

2. “Bien entendido que lo expuesto nada tiene que ver con la posibilidad de que puedan ser objeto de persecución por hechos cometidos con motivo o en ocasión de su desempeño en cargos de responsabilidad militar distintos al de Comandante en jefe de la fuerza. Se trata de una lógica consecuencia de la limitación funcional consagrada en el Decreto 158/83, presupuesto de incoación de este proceso...”.-

A criterio de la querella, lo expuesto en el segundo de los párrafos citados no es aplicable al caso de los tres primeros integrantes de la Junta Militar, desde que ellos no desempeñaron, en el ámbito temporal que abarcó aquella investigación, otras funciones que las de Comandantes en Jefe de sus respectivas fuerzas.-

Sin embargo, sostienen que inmediatamente a ello, surge la eventual responsabilidad de los subsiguientes integrantes de la Junta Militar por hechos cometidos antes de asumir la condición de Comandantes en Jefe de las distintas fuerzas.-

En esa inteligencia, el Sr. Procurador Fiscal, agregó a las imputaciones iniciales, por la comisión del delito de sustracción de menores, sustitución de identidad y demás resultados hipotéticos planteados al promover la querella, al siguiente personal militar en situación de retiro: a) Almirante Armando Lambruschini; b) Vicealmirante Antonio Vañek; c) Vicealmirante Julio Antonio Torti; d) Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri; e) General de División Santiago Omar Riveros; f) General Jorge Olivera Rovere; g) General José Montes; h) General Andrés Aníbal Ferrero; i) General José Rogelio Villareal; j) General Adolfo Sigwald, k) Gral. de Brigada Fernando Alberto Santiago; l) Reynaldo Benito Bignone y m) Domingo Antonio Bussi.-

A las citadas imputaciones se suman las efectuadas respecto de la Plana Mayor de la Escuela de Mecánica de la Armada: Manuel J. García ; José A. Suppicich; Jorge R. Vildoza; Horacio Pedro Estrada; Carlos Octavio Capdevila; Adolfo Miguel Donda; Héctor Antonio Febres; Antonio Pernias; Raúl Enrique Scheller; Carlos Carella; Juan Antonio Azic; Francis Whamond; Jorge Eduardo Acosta y Luis D ‘Imperio (confr. fs. 1025/1026).-

Por su parte, la Fiscalía interviniente, efectuó un nuevo requerimiento de instrucción - ampliatorio de los anteriores-, en orden a los delitos de sustracción de menores y sustitución de identidad, más los resultados hipotéticos de homicidio, reducción a servidumbre y privación ilegal de la libertad, acompañados en todos los casos por la aplicación de sufrimientos físicos y psíquicos; por los que resultan imputados JORGE RAFAEL VIDELA, EMILIO EDUARDO MASSERA y ORLANDO RAMÓN AGOSTI.-

Así, el Ministerio Público incluyó como hipótesis delictiva, la eventual responsabilidad que por los hechos objeto del proceso, les cabría a aquellos que actuaron desde los mas altos puestos de la estructura política estatal, ejecutando acciones de gobierno que coadyuvaron al éxito del plan ejecutado a través de la organización operativa montada por los Comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que emitieron las órdenes ilícitas dentro del marco de operaciones para combatir la subversión.-

La impulsión de la acción penal propiciada en esa ocasión, estaría dirigida a dilucidar mediante el correspondiente pronunciamiento jurisdiccional, lo oportunamente afirmado por la Excelentísima Cámara Federal en el fallo de la causa N° 13, en cuanto a que también integró el plan aprobado para la lucha contra la subversión la garantía de impunidad que recibieron sus ejecutores.-

Agregó el Fiscal, que dentro de los factores que componen esta llamada garantía de impunidad -propia del plan represivo aludido-, estaría integrada por varias acciones y omisiones que provienen necesariamente de la actividad desplegada por altos funcionarios de gobierno, actividad que resultaría ser distinta aunque inexorablemente conectada con aquella desplegada dentro de la estructura operativa montada con cabeza en cada uno de los Comandantes en Jefe y su respectiva cadena de mandos que se tuviera por probada en la referida causa N° 13 del registro del Superior.-

En ese sentido, la Fiscalía coincidió con lo sostenido por la querella en su presentación de fs. 1895/1901, en cuanto a la necesidad de enjuiciar a quienes ejercieron CARGOS DE GOBIERNO durante la dictadura militar, sobre la base del principio funcional propiciado en el fallo precitado, virtud del cual nada excluye que las personas incluidas en dicha sentencia: “puedan ser objeto de persecución por hechos cometidos con motivo o en ocasión de su desempeñó en cargos de responsabilidad militar distintos al de Comandante en Jefe de la Fuerza” (I-282 in fine).-

Sin perjuicio de la coincidencia apuntada, el Sr. Procurador Fiscal sostuvo que deber partirse para el análisis de la cuestión, desde el vértice máximo de la estructura de poder político instaurada por la dictadura militar, la que se halla por sobre la figura del Presidente de la Nación, esto es: la JUNTA MILITAR, órgano máximo de poder durante el denominado “Proceso de Reorganización Nacional”.-

De esta forma, los integrantes del citado órgano colegiado, habrían proporcionado a través de su acción de gobierno. El andamiaje político-administrativo imprescindible para el éxito de la impunidad del aparato represivo implementado.-

En otro orden, refirió el Fiscal, corresponde ahondar la investigación a los efectos de esclarecer los hechos de secuestros de menores en otros países limítrofes y determinar las responsabilidades de la puesta en practica de la cooperación interestatal, que permitió la comisión de este tipo de delitos (vide fs. 2417/2422).-


II.- DE LOS LEGAJOS:

Se requirió a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales de la Nación, la remisión de fotocopias certificadas de los legajos confeccionados en esa dependencia y oportunamente, por la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, en los que constan las denuncias efectuadas por ante dichos organismos respecto de mujeres que al momento de ser secuestradas por personal de las Fuerzas Armadas o de seguridad -según los casos-, se encontraban en estado de gravidez.-

Como se expusiera en el resolutorio de fecha 22 de septiembre del corriente, de dichos legajos, se efectúo en el Tribunal, una laboriosa sistematización a los efectos de agruparlos y clasificarlos en la forma más útil para la investigación. De seguido, se efectuara una simple mención de los casos denunciados, donde se consignará el nombre y apellido de las víctimas, el número del legajo y el centro clandestino de detención en que algunas de ellas, habrían sido alojadas.-

Es dable destacar respecto de los casos que se consignaran a continuación, que tanto las madres como los menores que presuntamente habrían nacido durante el cautiverio, y los que fueron secuestrados junto con sus padres -tal el caso del menor SIMÓN ANTONIO RIQUELO-, aún permanecen desaparecidos.-

La presunción en torno al efectivo acaecimiento de los nacimientos en cautiverio, y el secuestro de menores que se encontraban junto con sus padres al momento de ser sustraídos, en muchos casos fue corroborada a través de los elementos probatorios acumulados en esta investigación, cuyo análisis se efectuará en el acápite pertinente.-

En virtud de los esfuerzos puestos al servicio del descubrimiento de la verdad material de los hechos, durante los últimos años por parte de la Asociación Civil “Abuelas de Plaza de Mayo” y por la Subsecretaría de Derechos Humanos, un grupo de cincuenta y nueve niños -que no se encuentran incluidos en la enumeración que precede-, fueron recuperados para sus familias de origen, tal y como surge del legajo de documentación reservada en Secretaría y que fuera oportunamente acompañado por la citada asociación civil. Los nombres de estas personas, permanecerán en reserva en este decisorio, a fin de salvaguardar convenientemente sus identidades.-