Dr. Adolfo Luis Bagnasco
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7 - Secretaría N° 13

///nos Aires, 22 de septiembre de 1999.-

AUTOS Y VISTOS:



Para resolver en las presentes actuaciones N° 10326/96, caratulada “NICOLAIDES, Cristino y otros S/SUSTRACCION DE MENORES”, correspondiente al registro de la Secretaría N° 13 del Tribunal, y respecto de la situación procesal de EMILIO EDUARDO MASSERA, ANTONIO VAÑEK, JORGE EDUARDO ACOSTA, HÉCTOR ANTONIO FEBRES, CRISTINO NICOLAIDES, OSCAR RUBEN FRANCO y REYNALDO BENITO ANTONIO BIGNONE, de las demás condiciones personales obrantes en autos;

CONSIDERACIONES PREVIAS

Tal y como sostuve en el pronunciamiento que dictara el 22 de enero del corriente, ha debido avocarme en la pesquisa al conocimiento de uno de los aspectos más siniestros de la historia contemporánea argentina, es decir, los sucesos vividos por nuestra sociedad, durante la lucha contra la subversión llevada a cabo por las fuerzas armadas en el último gobierno de facto, y en su faz -a mi criterio-, más aberrante, la presunta sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores nacidos durante el cautiverio de sus madres en centros clandestinos de detención.-
Si bien es cierto que el tiempo transcurrido desde el acaecimiento de los hechos investigados puede resultar disvalioso en relación al aporte de documentación y otras probanzas, por otro lado, ese mismo transcurso de tiempo ha servido para que distintas personas, hayan comparecido en forma espontánea y en algunos casos, por primera vez ante Tribunales Nacionales, para prestar testimonio de hechos vividos y/o conocidos y que resultaron ser de gran sustento para la investigación.-
He tratado de establecer, cual fue el motivo por el que se adoptó la siniestra metodología de privar a los recién nacidos de crecer junto a su familia -hechos que se encuentran probados en autos con el grado de precariedad propio de la instancia-, sin obtener para ello una respuesta concreta. Lo cierto es, que hasta el momento -salvo aisladas excepciones-, se desconoce el destino tanto de estos niños y como el de sus madres.-
Si entendemos por moral a la ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia, ninguna duda cabe en cuanto a que los hechos en estudio, pueden calificarse de INMORALES, sin embargo deben ser analizados aquí, a la luz del Derecho, y dentro de éste, conforme las normas jurídicas penales vigentes. A ello nos avocaremos de seguido.-
Sentado ello, habré de destacar que el presente resolutorio, se ceñirá a los acontecimientos acaecidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, entre diciembre de 1976 y noviembre de 1978, período durante el cual funcionó en la citada escuela castrense, un centro clandestino de detención en el que se produjeron, además -conforme se comprobó en la pesquisa-, doce alumbramientos por parte de mujeres allí detenidas; y a establecer, el grado de responsabilidad que les cupo en esos hechos a los aquí imputados.-
Asimismo, abarcara el decisorio, la responsabilidad que le cupo a Cristino Nicolaides, Oscar Ruben Franco y Reynaldo Benito Antonio Bignone, como integrantes de la última Junta Militar los dos primeros y como Presidente de la Nación al último, en el otorgamiento de lo que dio en llamarse la garantía de impunidad, respecto de la práctica sistemática de sustracción de treinta y cuatro menores -incluidos los citado precedentemente-, objeto de la pesquisa y que fuera verificada en el sumario -hasta el momento- como acaecida en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Escuela de Mecánica de la Armada, Comisaría V° de la ciudad de La Plata, en el predio castrense de Campo de Mayo, en los denominados “Pozo de Banfield”, “La Cacha”, “Automotores Orletti” y “La Perla”.-

Y CONSIDERANDO

I.-

Se inicia el presente legajo en virtud de querella interpuesta por seis integrantes de la asociación civil “Abuelas de Plaza de Mayo” -Enriqueta Estela Barnes de Carlotto; Maria Isabel Chorobik de Mariani; Cecilia Pilar Fernandez Viñas; Elsa Beatriz Pavón de Grinspon; Rosa Tarlovsky de Roisinblit y Rosaria Ysabella Valenzi-, con el patricinio letrado de los Dres. David Baigun; Julio B.J. Maier; Alberto P. Pedroncini y Ramón Torres Molina, por ante la Excelentísima Cámara del fuero, el día 30 de diciembre de 1996.-
El citado escrito de presentación, se dirige contra quienes resulten autores o partícipes en cualquier grado de los delitos de sustracción y ocultación de menores, homicidio, sustitución de estado civil, privación ilegal de la libertad y reducción a servidumbre.-
Se señaló allí, que el delito inicial de sustracción de menores, fue cometido con previo, simultaneo o subsiguiente secuestro y desaparición de los padres de los nietos de las querellantes, los que se habrían producido en el marco de la llamada “lucha antisubversiva”, cuya modalidad fuera descripta en el fallo dictado con fecha 9 de diciembre de 1985 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, en la causa N° 13 del registro del citado Tribunal, instruida contra Jorge Rafael Videla y otros en virtud de lo dispuesto por el Decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional, la que fuera confirmada -en lo esencial-, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo dictado en las citadas actuaciones con fecha 30 de diciembre de 1986.-
Se agregó, que en el sistema criminal reseñado en dicho fallo, se tuvo por probada la existencia de los distintos centros clandestinos de detención pertenecientes al aparato estatal, conforme se desprende del Capitulo XII del Considerando Segundo de la precitada sentencia de la Cámara Federal.-
En lo que hace a las imputaciones de los ilícitos citados, los querellantes indicaron como responsables al Gral. de División (R E) EDUARDO ALBANO HARGUINDEGUY, a CARLOS GUILLERMO SUAREZ MASON, al Tte. Gral. (R) CRISTINO NICOLAIDES, al Alte. (R) RUBÉN OSCAR FRANCO y al Gral. de División (R) REYNALDO BENITO BIGNONE, como así también a todo autor o participe en cualquier grado, que resultare de la investigación.-
Respecto de las figuras penales se expresó en esta ocasión, que las mismas se atribuyen de la siguiente manera: 
A)-El delito de sustracción y ocultación de menores, como delito efectivamente ocurrido en aproximadamente doscientos ochenta casos, de los cuales solo cuarenta y cinco presentan restitución a la familia de origen.-
Dichos ilícitos se habrían perpetrado con motivo y/o en ocasión de la aplicación de la política de desaparición forzada de personas descripta, como conjuntos de hechos probados en el Considerando Segundo de la sentencia dictada por la Excelentísima Cámara del fuero en 9 de noviembre de 1985 en la referida causa N° 13.-
B)-El de homicidio, como delito de resultado efectivamente ocurrido en tres casos y como resultado hipotético -sujeto a la investigación que se efectúe en autos-, en los demás casos.-
C)-Los de privación ilegal de la libertad y/o reducción a servidumbre, y/o supresión o sustitución de estado civil, que necesariamente deben haber sobrevenido al delito inicial, pues los menores sustraídos continúan desaparecidos, excepto los casos en que se comprobó el homicidio.-
En otro orden, se acompañó como instrumento 1, la publicación de la asociación civil “Abuelas de Plaza de Mayo” titulada “NIÑOS DESAPARECIDOS EN LA ARGENTINA DESDE 1976", de cuyo contenido se desprende que los delitos de sustracciones de menores a los que las querellantes se refieren, se habrían producido entre el 24 de marzo de 1976 y fines de 1980. Esto es, en un ámbito temporal comprendido íntegramente en la última dictadura militar.-
En lo que hace al delito de homicidio, sostiene la querella que el mismo se encuentra comprobado en tres casos, ROBERTO LANUSCOU y BARBARA LANUSCOU - quienes fueron localizados muertos en enero de 1984 y EMILIANO GINES fallecido el 1° de septiembre de 1978 en el Hospital de Niños de la ciudad de la Plata. Estos casos fueron reseñados en las páginas 126 y 127 de la publicación que se acompañó como instrumento 1.-
Por otra parte, y en lo que concierne a la figura penal de privación ilegal de la libertad, se dijo que la misma sobreviene cuando la desaparición del menor subsiste luego de que éste haya cumplido los diez años de edad. Al respecto se señalo, que “no es posible suponer que un menor de 11 años, por ejemplo, que sigue desaparecido luego de su sustracción, carezca de la protección penal de la que goza un adulto, vale decir, que al delito permanente -la sustracción de menor- sigue otro que continúa cometiéndose al presente -la privación ilegítima de la libertad- y que además produce el efecto de interrumpir la prescripción del primero”. Este razonamiento -sostienen los presentantes-, también es aplicable al resultado hipotético del delito de reducción a servidumbre.-
Con el objeto de probar la existencia de un contexto sistemático en cuyo seno se habrían producido los casos particulares, la querella expone tres tipos de situaciones. A saber:
1)-Niños desaparecidos de sus hogares solos o con sus padres.-
2)-Niños nacidos durante el cautiverio de sus madres en centros clandestinos de detención.-
3)-Niños desaparecidos con sus padres y posteriormente hallados asesinados.-
Afirman los querellantes, que a estas situaciones típicas, deben añadirse - como expresión aguda del sistema criminal que las ocasionó -, cuatro casos de mujeres asesinadas estando embarazadas, conforme se desprende de las páginas 128 a 130 de la publicación señalada “ut supra”, identificada como instrumento 1.-
Se señaló al Hospital Militar de Campo de Mayo; a la Escuela de Mecánica de la Armada y a la Brigada Femenina de la Policía Bonaerense, como a los lugares en los que funcionaron áreas de ginecología y obstetricia para atender los partos de las mujeres secuestradas en centros clandestinos de detención.-
Se indicaron dos casos de secuestro de niños junto con sus padres en el exterior -Paula Logares y Carla Graciela Rutila Artes-, su traslado ilegal y forzado a la Argentina, y su posterior desaparición. En relación a ello se agregó que ningún delincuente individual puede, sin la cooperación de un aparato estatal predispuesto para ello, secuestrar a una familia en el exterior, ingresarla clandestinamente al país y hacer desaparecer a los padres previa sustracción del menor hijo de aquellos.-
Se argumentó, en el citado escrito de inicio, que los imputados conocieron plenamente, desde el comienzo, el plan criminal descripto y probado en la mencionada Causa N° 13, la concepción, fines, estructura, funcionamiento y resultado de la aplicación de aquel.-
Así, se dijo, los centros clandestinos de detención, por su cantidad, magnitud y emplazamiento, fueron conocidos por cada uno de los imputados, quienes en virtud de las altas jerarquías que desempeñaron, tuvieron capacidad de decisión en el funcionamiento del sistema represivo.-
Por su parte, se acompañó con el libelo introductorio de la querella, una serie de documentación, cuya descripción, análisis y merituación se efectuara en la oportunidad pertinente.-
Corrida que le fuera la vista prevista por el art. 180 del Código Procesal Penal de la Nación, el Sr. Procurador Fiscal propicio la instrucción del sumario por la presunta comisión de los delitos descriptos por los representantes de la querella, manteniendo las imputaciones por ellos efectuadas (vide fs. 62/68).-
A fs. 1004/1012 se glosó el escrito presentado por la querella, en el que se amplían las imputaciones por los hechos que nos ocupan.-
En ese contexto, se expresó que en el fallo recaído con fecha 9 de diciembre de 1985 en la causa N° 13 del registro de la Cámara Federal, se sostuvo, refiriéndose a la limitación del proceso a los setecientos casos presentados por la Fiscalía: 1 “Tal acotamiento de los objetos del proceso efectuada por el Fiscal ha de tener como consecuencia...que no puede renovarse la persecución penal en contra de los nueve enjuiciados por los hechos susceptibles de serles atribuídos en su calidad de comandantes en jefe de sus respectivas fuerzas e involucrados en el Decreto 158/83".-
2. “Bien entendido que lo expuesto nada tiene que ver con la posibilidad de que puedan ser objeto de persecución por hechos cometidos con motivo o en ocasión de su desempeño en cargos de responsabilidad militar distintos al de Comandante en jefe de la fuerza. Se trata de una lógica consecuencia de la limitación funcional consagrada en el Decreto 158/83, presupuesto de incoación de este proceso...”.-
A criterio de la querella, lo expuesto en el segundo de los párrafos citados no es aplicable al caso de los tres primeros integrantes de la Junta Militar, desde que ellos no desempeñaron, en el ámbito temporal que abarcó aquella investigación, otras funciones que las de Comandantes en Jefe de sus respectivas fuerzas.-
Sin embargo, sostienen que inmediatamente a ello, surge la eventual responsabilidad de los subsiguientes integrantes de la Junta Militar por hechos cometidos antes de asumir la condición de Comandantes en Jefe de las distintas fuerzas.-
En esa inteligencia, el Sr. Procurador Fiscal, agregó a las imputaciones iniciales, por la comisión del delito de sustracción de menores, sustitución de identidad y demás resultados hipotéticos planteados al promover la querella, al siguiente personal militar en situación de retiro: a) Almirante Armando Lambruschini; b) Vicealmirante Antonio Vañek; c) Vicealmirante Julio Antonio Torti; d) Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri; e) General de División Santiago Omar Riveros; f) General Jorge Olivera Rovere; g) General José Montes; h) General Andrés Aníbal Ferrero; i) General José Rogelio Villareal; j) General Adolfo Sigwald, k) Gral. de Brigada Fernando Alberto Santiago; l) Reynaldo Benito Bignone y m) Domingo Antonio Bussi.-
A las citadas imputaciones se suman las efectuadas respecto de la Plana Mayor de la Escuela de Mecánica de la Armada: Manuel J. García ; José A. Suppicich; Jorge R. Vildoza; Horacio Pedro Estrada; Carlos Octavio Capdevila; Adolfo Miguel Donda; Héctor Antonio Febres; Antonio Pernias; Raúl Enrique Scheller; Carlos Carella; Juan Antonio Azic; Francis Whamond; Jorge Eduardo Acosta y Luis D ‘Imperio (confr. fs. 1025/1026).-
Por su parte, la Fiscalía interviniente, efectuó un nuevo requerimiento de instrucción - ampliatorio de los anteriores-, en orden a los delitos de sustracción de menores y sustitución de identidad, más los resultados hipotéticos de homicidio, reducción a servidumbre y privación ilegal de la libertad, acompañados en todos los casos por la aplicación de sufrimientos físicos y psíquicos; por los que resultan imputados JORGE RAFAEL VIDELA, EMILIO EDUARDO MASSERA y ORLANDO RAMÓN AGOSTI.-
Así, el Ministerio Público incluyó como hipótesis delictiva, la eventual responsabilidad que por los hechos objeto del proceso, les cabría a aquellos que actuaron desde los mas altos puestos de la estructura política estatal, ejecutando acciones de gobierno que coadyuvaron al éxito del plan ejecutado a través de la organización operativa montada por los Comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que emitieron las órdenes ilícitas dentro del marco de operaciones para combatir la subversión.-
La impulsión de la acción penal propiciada en esa ocasión, estaría dirigida a dilucidar mediante el correspondiente pronunciamiento jurisdiccional, lo oportunamente afirmado por la Excelentísima Cámara Federal en el fallo de la causa N° 13, en cuanto a que también integró el plan aprobado para la lucha contra la subversión la garantía de impunidad que recibieron sus ejecutores.-
Agregó el Fiscal, que dentro de los factores que componen esta llamada garantía de impunidad -propia del plan represivo aludido-, estaría integrada por varias acciones y omisiones que provienen necesariamente de la actividad desplegada por altos funcionarios de gobierno, actividad que resultaría ser distinta aunque inexorablemente conectada con aquella desplegada dentro de la estructura operativa montada con cabeza en cada uno de los Comandantes en Jefe y su respectiva cadena de mandos que se tuviera por probada en la referida causa N° 13 del registro del Superior.-
En ese sentido, la Fiscalía coincidió con lo sostenido por la querella en su presentación de fs. 1895/1901, en cuanto a la necesidad de enjuiciar a quienes ejercieron CARGOS DE GOBIERNO durante la dictadura militar, sobre la base del principio funcional propiciado en el fallo precitado, virtud del cual nada excluye que las personas incluidas en dicha sentencia: “puedan ser objeto de persecución por hechos cometidos con motivo o en ocasión de su desempeñó en cargos de responsabilidad militar distintos al de Comandante en Jefe de la Fuerza” (I-282 in fine).-
Sin perjuicio de la coincidencia apuntada, el Sr. Procurador Fiscal sostuvo que deber partirse para el análisis de la cuestión, desde el vértice máximo de la estructura de poder político instaurada por la dictadura militar, la que se halla por sobre la figura del Presidente de la Nación, esto es: la JUNTA MILITAR, órgano máximo de poder durante el denominado “Proceso de Reorganización Nacional”.-
De esta forma, los integrantes del citado órgano colegiado, habrían proporcionado a través de su acción de gobierno. El andamiaje político-administrativo imprescindible para el éxito de la impunidad del aparato represivo implementado.-
Respecto de LEOPOLDO FORTUNATO GALTIERI y REYNALDO ANTONIO BIGNONE, el Dr. Eduardo Freiler entendió que los nombrados ya se encontraban imputados en estas actuaciones, por lo que la nueva imputación formulada por la querella a su respecto por los hechos que nos ocupan, en ocasión de sus desempeños como Presidentes del gobierno de facto, deberá ser evaluada de acuerdo al resultado del análisis propuesto en el dictamen que se reseña, en orden a las responsabilidades de los miembros de la Junta Militar, y las eventuales conductas y acciones de otros funcionarios de gobierno de rango inferior, y cualquier otra responsabilidad funcional que pueda caberle eventualmente a personas que, sin ocupar puestos gubernamentales, hayan participado en alguna medida en la implementación u organización del sistema criminal que se investiga.-
En ese mismo sentido, refirió el Fiscal, corresponde ahondar la investigación a los efectos de esclarecer los hechos de secuestros de menores en otros países limítrofes y determinar las responsabilidades de la puesta en practica de la cooperación interestatal, que permitió la comisión de este tipo de delitos (vide fs. 2417/2422).-

II.- DE LOS LEGAJOS:

Se requirió a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales de la Nación, la remisión de fotocopias certificadas de los legajos confeccionados en esa dependencia y oportunamente, por la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, en los que constan las denuncias efectuadas por ante dichos organismos respectos de mujeres que al momento de ser secuestradas por personal de las Fuerzas Armadas o de seguridad -según los casos-, se encontraban en estado de gravidez.-
De dichos legajos, se efectúo en el Tribunal, una laboriosa sistematización a los efectos de agruparlos y clasificarlos en la forma más útil para la investigación. De seguido, se efectuara una simple mención de los casos denunciados, donde se consignará el nombre y apellido de las víctimas, el número del legajo y el centro clandestino de detención en que algunas de ellas, habrían sido alojadas.-
Es dable destacar respecto de los casos que se consignaran a continuación, que tanto las madres como los menores que presuntamente habrían nacido durante el cautiverio, aún permanecen desaparecidos.-

La presunción en torno al efectivo acaecimiento de los nacimientos en cautiverio, en muchos casos fue verificada en virtud de los elementos de juicio adunados en esta pesquisa y que serán analizados en el momento oportuno.-
Gracias a la actuación desplegada durante los últimos años por la Asociación Civil “Abuelas de Plaza de Mayo” y por la Subsecretaría de Derechos Humanos, un grupo de cincuenta y nueve niños -que no se encuentran incluidos en la enumeración que precede-, fueron recuperados para sus familias de origen, conforme se desprende del legajo de documentación reservada en Secretaría y que fuera oportunamente acompañada por la citada asociación civil. Los nombres de estas personas, se mantendrán -por el momento-, en reserva a los efectos de salvaguardar convenientemente sus identidades.-

III.- DE LA PRUEBA DOCUMENTAL Y SU ANALISIS:

En el transcurso de la investigación se han ido agregando a las actuaciones, distintos documentos cuya descripción y análisis se efectuará a continuación y que, han servido como elemento cargoso para tener por acreditado el estado de sospecha que requiere nuestro ordenamiento adjetivo a fin de recibir declaración indagatoria a los imputados cuya situación procesal se analiza en la presente resolución.-
Merece mencionarse que ha sido intensa la labor desplegada a fin de verificar la existencia de archivos que documentaran la lucha contra la subversión. A esos efectos, se trató de reconstruir la forma en que podría haberse efectuado la remisión de los referidos archivos al exterior y su supuesta guarda en cajas de seguridad existentes en bancos de la Confederación Suiza.
Toda la información referente a este tema, y en especial la receptada en las versiones periodísticas difundidas sobre el mismo, han sido cuidadosamente investigadas, librándose las pertinentes rogatorias internacionales –al Reino de España y a la Confederación Suiza- y recibiéndose testimonios a las tripulaciones de los aviones militares que presuntamente habrían efectuado el traslado de la documentación ( al respecto ver fs.69, 269, 347/vta., 348/350 vta., 352/353 vta., 354/355 vta., 397/401, 405/407), pese a esta destacada labor, dicha búsqueda no ha tenido aún resultados positivos, sin perjuicio de lo cual la pesquisa seguirá ahondándose a su respecto.-
A instancias de la Fiscalía, se adunaron a fs. 661 del sumario, fotocopias certificadas por el Sr. Actuario de la Representación del Ministerio Público interviniente -Dr. Carlos Rica- correspondientes al reglamento del Ejército Argentino titulado “Instrucciones para Operaciones de Seguridad” (RE-10-51), que fuera aprobado por el entonces Jefe del Estado Mayor General del Ejercito, Roberto Eduardo Viola con fecha 17 de diciembre de 1976.-
Del citado documento se desprende - Capitulo III, Sección V, pagina 50-, que efectivamente existía un procedimiento a seguir respecto de menores hijos de personas detenidas. En efecto en la página citada se consigna: “e. Detenidos. 1) La evacuación se producirá con la mayor rapidez posible, previa separación por grupos (jefes hombre, mujeres y niños) inmediatamente después de la captura”.-
De allí que pueda afirmarse que el tema revestía una rango de importancia tal, que mereció su inclusión en un reglamento militar.-
En la misma ocasión se incorporó al proceso, un ejemplar original del reglamento del Ejercito Argentino denominado “Operaciones contra elementos Subversivos” (RE-9-1), aprobado en igual fecha que el anterior, también por el entonces Jefe del Estado Mayor General del Ejercito, Roberto Eduardo Viola.-
La trascendencia de este instrumento, se funda en que las directivas que contienen sus distintos artículos resultaron ser el marco conceptual y operativo dentro del cual se desarrollaron las “Operaciones de Seguridad” citadas en los párrafos que preceden. Por ello, se reseñarán tres de las disposiciones más salientes, en dicho sentido, que obran incluidas en el documento citado.-
El artículo 4003 i in fine (pag. 82) reza: “el concepto rector será que el delincuente subversivo que empuña armas debe ser aniquilado, dado que cuando las Fuerzas Armadas entran en operaciones contra estos delincuentes, no debe interrumpir el combate ni aceptar rendiciones”.-
Por su parte el artículo 5007 h (pag. 109) establece: “Las órdenes ....deben ser precisas y claras...no pueden quedar librados al criterio del subordinado...por ejemplo, si se detiene a todos o algunos, si en caso de resistencia pasiva se los aniquila o se los detiene, si se destruyen bienes se procura preservarlos, etc...”.-
Por último el artículo 5022 establece, refiriendose a los objetivos de las acciones que regula dicho cuerpo normativo : b. “Detectar y eliminar a los elementos de la subversión clandestina, infiltrados en la población civil”.-
Las disposiciones citadas, muestran con claridad, cual era en definitiva el cuadro dentro del que se encontraban inmersas las Operaciones de Seguridad (RE-10-51), en cuyo articulado, se hacía referencia a la separación de los hombres, mujeres y niños luego de su captura.-
Con el escrito de presentación de la querella se acompañó fotocopia certificada de un inventario de destrucción de documentación confeccionado en el mes de diciembre de 1983, por el entonces Jefe de la Policía de Córdoba, dando cumplimiento a una orden proveniente del Estado Mayor General del Ejército dictada con fecha 23 de noviembre de 1983.-
El citado instrumento se titula “INVENTARIO DE DOCUMENTOS MILITARES RELACIONADOS A LA LUCHA CONTRA LA SUBVERSIÓN ARCHIVADOS EN OTROS ORGANISMOS POLICIALES” y da cuenta de la destrucción de una importante cantidad de instrumentos documentales, entre la que se encuentra un documento titulado “Instrucciones sobre procedimiento a seguir con menores de edad hijos de dirigentes políticos o gremiales cuando sus progenitores se encuentran detenidos o desaparecidos. Originado en el Ministerio del Interior y transcripta en el Subárea Militar 313, fecha 190477".-
La existencia de estas instrucciones, demuestra al igual que los demás, que la cuestión de los menores hijos de detenidos, fue prevista por las fuerzas Armadas, y que justamente ese modo fue lo que se pretendió ocultar con la destrucción de este último documento.-
Concatenadamente a ello, la representación de la querella acompañó con su escrito de fecha 12 de marzo de 1997, fotocopias certificadas de la “Directiva del Comandante en Jefe del Ejército del 12 de abril de 1977". De dicha norma se desprende -Capitulo 2: Situación, apartado a. Nacional, item 3-, que el entonces Presidente “de facto” de la Nación y Comandante en Jefe del Ejército -JORGE RAFAEL VIDELA-, impartió al Gabinete instrucciones “...tendientes a implementar en cada área de gobierno la estrategia sectorial conveniente para erradicar la subversión..”. Cabe hacer notar que estas instrucciones fueron impartidas, siete días antes que el Ministerio del Interior ordenara las “Instrucciones sobre procedimiento a seguir con menores de edad hijos de dirigentes políticos o gremiales cuando sus progenitores se encuentran detenidos o desaparecidos...” a las que me refiriera precedentemente.-
Merece resaltarse la proximidad temporal en el dictado de las dos directivas reseñadas precedentemente, lo que permite presumir que las instrucciones dictadas por el Ministerio del Interior estuvieron inmersas dentro del sistema represivo cuya ocurrencia fue probada en la causa N° 13 del registro de la Cámara del fuero, y lo que explica de alguna manera, su destrucción en las vísperas del advenimiento del gobierno democrático del Dr. Raúl Alfonsín.-
Con el referido escrito de fecha 12 de marzo de 1997, la querella acompañó fotocopias certificadas por la Excelentísima Cámara del fuero, correspondientes a la “Orden de Operaciones nro. 2/83". Estas órdenes, fueron emitidas en el mes de abril de 1983, y guardan relación -entre otras cosas-, con la lucha contra la subversión. Circunstancia ésta que da cuenta que, aún en los albores de la vuelta al gobierno constitucional se mantenía la organización funcional y operativa dentro de la cual se llevo a cabo, lo que algunos llamaron la guerra contra la subversión.-
Otro elemento de importancia, resulta ser el “DOCUMENTO FINAL DE LA JUNTA MILITAR SOBRE LA LUCHA CONTRA LA SUBVERSIÓN Y EL TERRORISMO”, este instrumento, también incorporado por la querella en el escrito señalado “ut supra” en fotocopias autenticadas.-
Este documento, confeccionado por los últimos integrantes de la Junta Militar, reza en el capitulo denominado HECHOS “...durante todas estas operaciones fue prácticamente imposible establecer con precisión las bajas totales sufridas por las bandas de delincuentes terroristas y la identidad de sus componentes incluso cuando sus cadáveres quedaron en el lugar de los episodios..”. Como justificativo de ello se sostiene “ ...dado que actuaban bajo nombres falsos y con apodos conocidos como nombres de guerra...”.-
En otros pasajes se sostiene que “...Muchos de los caídos en enfrentamientos con las fuerzas legales no tenían ningún tipo de documento o poseían documentación falsa y, en muchos casos, con las impresiones digitales borradas...” y que “fue prácticamente imposible establecer con precisión las bajas totales sufridas por las bandas de delincuentes terroristas...”.-
Se sostiene allí también “...se habla asimismo de personas “desaparecidas” que se encontrarían detenidas por el gobierno argentino en los mas ignotos lugares del país. Todo esto no es sino una falsedad utlizadas con fines políticos ya que en la República no existen lugares secretos de detención, ni hay en los establecimientos carcelarios personas detenidas clandestinamente”.-
Por último, y en lo que respecta al presente documento, cabe consignar el último párrafo del citado documento, previo a LAS CONSIDERACIONES FINALES: “En consecuencia, debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en la clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos se consideran muertos, aún cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso, ni la ubicación de sus sepulturas” -el subrayado me pertenece-.-
Por su parte, a pedido del Tribunal, la Excelentísima Cámara del fuero, remitió fotocopias certificadas de una serie de actas de la Junta Militar. En el Acta N° 38 de fecha 18 de octubre de 1977, se dispuso en el punto 4. “Telegrama a la Junta Militar del Señor Lucas Orfano, solicitando audiencia en nombre de familiares de desaparecidos y detenidos”: 4.1. Se resuelve que sea el señor Secretario General de Turno, quien lo reciba en audiencia”., 4.2 Responsabilidad de ejecución: Secretario General de Turno. Fdo: AGOSTI - MASSERA - VIDELA.-
A su vez, en el Acta N° 72 de fecha 8 de agosto de 1978, se estableció en el punto 3. “DECLARACIÓN DE LA JUNTA MILITAR SOBRE DESAPARECIDOS: 3.1. Se resolvió volver el proyecto considerando a los señores Secretarios Generales. 3.2. Responsabilidad de ejecución: Señores Secretarios Generales. Fdo. AGOSTI - MASSERA - VIOLA.”.-
Expresa el Acta N° 82 de fecha 11 de enero de 1979, en su punto 5. “DECLARACIÓN SOBRE DETENIDOS Y DESAPARECIDOS: 5.1. Se resolvió dejar este tema en suspenso. Fdo. LAMBRUSCHINI - VIOLA - AGOSTI.-
En el Acta N° 86, efectuada el 01 de marzo de 1979, se dispuso: “4. VISITA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 4.1. Se resolvió que los Señores Secretarios Generales efectúen un estudio para evaluar objetivamente las implicancias de esta visita y los posibles resultados, a efectos de prever las medidas correspondientes. 4.2. Responsabilidad de ejecución: Señores Secretarios Generales Fdo. GRAFFIGNA - LAMBRUSCHINI - VIOLA.-
Por su parte en las Actas N° 103 de los días 18 y 19 de julio de 1979 y N°105 de fecha 2 de agosto de 1979; se hace referencia a la existencia de un proyecto “del documento de desaparecidos”, cuya redacción estaría a cargo de los Sres. Secretarios Generales.-
En el Acta de la Junta Militar N° 106 de fecha 8 de agosto de 1979, se resolvió en el punto b. “Disponer la redacción de una ley sobre presunción de fallecimiento, tarea que será responsabilidad de los Secretarios Generales, quienes podrán requerir asesoramientos necesarios para su cumplimiento”.-
Finalmente el Acta N° 117 del día 13 de noviembre de 1979, establece “...1.2. Premisas Básicas no Negociables. Se aprobaron: 1.2.1 Convalidación, dada la situación de emergencia imperante de los procedimientos empleados para la lucha contra la subversión y evitar todo revisionismo sobre los mismos.” Fdo. GRAFFIGNA - LAMBRUSCHINI - VIOLA.-
Como podrá apreciarse, el tema de los desaparecidos, ya estaba presente y era considerado por los miembros de las distintas Juntas Militares, y desde los comienzos del “Proceso de Reorganización Nacional”.-
Por otro lado, se logró el consenso en el seno de la Junta a los efectos de evitar todo tipo de revisionismo en relación a los métodos que se utilizaron en la lucha contra la subversión, dentro de los cuales, va de suyo, debe considerarse el tema de la sustracción de menores hijos de las personas secuestradas durante el período que nos ocupa.-
Como análisis final, respecto de la prueba documental colectada a largo de la pesquisa, resta señalar que los distintos elementos de juicio que la integran, si bien revisten en sí mismos una gran importancia, deben ser valorados conjuntamente con las restantes probanzas. En efecto, resultaría ingenuo pensar, que podría existir una norma escrita que expresamente dispusiera, por ejemplo, la separación de los niños recién nacidos respecto de sus padres secuestrados y la posterior entrega de los mismos a familias distintas a las de origen.-
Sin embargo, a la luz de lo que se lleva investigado, la sustracción de menores, su ocultamiento, supresión de sus identidades por la omisión de entrega a sus verdaderos familiares surge, a esta altura y con el grado de certeza que esta instancia reclama, como algo más que una presunción y, su reiteración refuerza la hipótesis de planificación previa a su realización.-
Aún en el caso de que hubieran existido normas que dispusieran la entrega de los menores hijos de los detenidos, o nacidos durante el cautiverio de sus padres a sus familias de origen, en la práctica las mismas no se cumplieron.-
Como prueba de ello, se efectuará a continuación una somera descripción de los centros clandestinos de detención cuya existencia ya fue probada en el legajo N° 13 de la Cámara Federal, y en los cuales se verificó en esta investigación la existencia de nacimientos clandestinos y la subsiguiente sustracción, retención y ocultación de los recién nacidos.-

IV.-DE LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN:

Siete son los centros clandestinos de detención en los que -por el momento- se verificaron en esta investigación, nacimientos de niños hijos de mujeres allí secuestradas, o al menos fueron vistas mujeres en estado de gravidez. A continuación se reseñarán cada uno de los casos de mujeres embarazadas vistas en esos centros o nacimientos comprobados, ya sea por los testimonios brindados por ante este Juzgado o por ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, los que se dividirán según los distintos CCD.-