Bajo la consigna “¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. Nunca más terrorismo de Estado”, Familiares de Detenidos Desaparecidos realizará el domingo su Marcha del Silencio, como cada 20 de mayo. Este año el mensaje refleja una respuesta ante una decisión del gobierno.
Brecha
La de instituir el 19 de junio como el día del “Nunca más, para todos”, o del “Nunca más hermano contra hermano”, que tergiversa el verdadero sentido de la frase emblemática contra el terrorismo de Estado.
A diferencia del año pasado, esta vez no se explicita el reclamo de “justicia” para los crímenes de lesa humanidad.
Esto revela el ánimo en la interna de Familiares, donde hay opiniones dispares respecto de la forma y el contenido de los pronunciamientos que involucren el tema del derecho de justicia.
La organización como tal no se ha sumado a la campaña para anular la ley de caducidad, a pesar de que la norma ha cercenado el derecho de justicia dispuesto en las convenciones internacionales que Uruguay debe cumplir, en tanto se trata de derechos humanos fundamentales.
En conferencia de prensa brindada por Familiares, Luis Urtazú sostuvo que las Fuerzas Armadas y algunos civiles “siguen mintiendo, ocultando la verdad sobre nuestros desaparecidos”.
Luisa Cuesta dijo que Familiares “está de acuerdo con la justicia” pero que “la verdad es un forma de justicia para el pueblo” (Radio Uruguay, jueves 17). Y puso en duda que integrantes de la organización concurran al acto del 19 de junio, organizado por el gobierno.
Sostuvo que hace varios meses habían pensado concurrir con pancartas que recordaran las frases célebres de Artigas, pero que hoy esa posibilidad se diluyó sobre todo luego de que el Poder Ejecutivo hiciera suyo el “proyecto de reparación” del diputado colorado Daniel García Pintos, que deja en pie de igualdad a víctimas y victimarios del terrorismo de Estado.
La marcha partirá a las 18 horas desde Rivera y Jackson, para continuar por 18 de Julio hasta la plaza Libertad.
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Plebiscito contra la ley de caducidad
La Coordinadora Nacional por la Anulación de la ley de Caducidad decidió iniciar una campaña de reforma constitucional para lograr su cometido.
Para ello es necesario recolectar antes del 30 de abril de 2009 una cantidad de firmas que supere el 10 por ciento del padrón electoral (hoy serían unas 250 mil).
De llegar al número, y si la Corte Electoral convalida la normalidad del procedimiento, el plebiscito debería realizarse junto a la elección de octubre de 2009.
En principio, un grupo de juristas encabezado por Óscar López Goldaracena será el encargado de la elaboración del proyecto de reforma constitucional que podría ser plebiscitado, el que luego será sometido a consideración de las organizaciones que integran la coordinadora.
En su proclama emitida ayer, jueves, la coordinadora afirma que “la ley de caducidad es jurídicamente nula por ser contraria a normas del derecho internacional de los derechos humanos que obligan a juzgar los crímenes de lesa humanidad, por haber sido aprobada bajo amenaza militar contra los más elementales principios éticos y jurídicos de la República, por desconocer la separación de poderes, y por violar derechos humanos fundamentales”.
Sostiene que declarar la nulidad de la ley de caducidad “es un imperativo histórico, moral y jurídico indispensable para consolidar un Estado de derecho democrático y pleno”. Y recuerda que el Poder Legislativo “tiene el derecho y el deber de ajustar las realidades antijurídicas al derecho y, para el caso, tiene la obligación de dictar, por simple mayoría, una ley que declare nulas e inexistentes las normas de impunidad de la ley de caducidad”.
La coordinadora convoca “a toda la ciudadanía y, muy especialmente, a todos los actores políticos y organizaciones sociales a sumarse a los esfuerzos para declarar nula la ley de caducidad”. Y además invita a participar en la marcha del domingo 20 “para terminar con una ley nula e inmoral”.
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Notas
Este artículo fue tomado de la edición del semanario Brecha (www.brecha.com.uy) correspondiente al viernes 18 de Mayo de 2007.