(168 Horas - Télam - Viernes 22 de junio de 2007) Un juez federal procesó hoy a los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez por el delito de genocidio y la desaparición de más de 60 personas durante la última dictadura militar.
La resolución fue dispuesta por Daniel Bejas, a cargo del Juzgado Federal número uno de esta ciudad, en el marco de la causa en la que investiga la existencia de un centro clandestino de detención en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga.
Aunque Bussi y Menéndez están procesados en una decena de causas es la primera vez que les imputan el delito de genocidio, previsto en los tratados internacionales, suscriptos por la Argentina y que tienen rango constitucional desde 1994.
Bejas imputó al ex gobernador de facto (1976 y 1977), a Menéndez y a Albino Zimmerman (ex jefe de la policía tucumana), de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas y asociación ilícita.
El magistrado ordenó, además, la traba de embargos por 65 millones de pesos en el caso de Bussi, y de 64 millones de pesos en los de Menéndez, Zimmerman y Alberto Luis Cattáneo, en la causa en la que se investiga -entre otras- la desaparición del estudiante Luis Eduardo Falú, en septiembre de 1976.
"Las prácticas aberrantes realizadas contra los detenidos por parte de agentes públicos amparados en la vigencia del terrorismo de Estado configuran apremios ilegales, con padecimientos psíquicos y morales. Existió un plan criminal. Cada 15 días ejecutaban prisioneros, que habrían sido más de 1.000 en el ex arsenal", aseveró Bejas.
El abogado de Bussi y Menéndez, Horacio Conessa Mones Ruiz, calificó de inadmisible el procesamiento "teniendo en cuenta que, para poder dictar esta medida, el magistrado antes debía resolver una serie de nulidades presentadas por la defensa".
Bussi, Zimmerman y Cattáneo se encuentran detenidos en el ex arsenal (está ubicado en las afueras de la capital tucumana), que hoy se denomina Base de Apoyo Logístico y que depende de la Quinta Brigada Mecanizada, con asiento en Salta.
Desde el 16 de marzo de 2006, Bussi cumple prisión preventiva en el ex arsenal y cada vez que, procedente de Córdoba, Menéndez viene a Tucumán a declarar en algunas de las 500 causas en las que está imputado (o procesado), también se aloja allí.
Sobre los dos militares retirados pesa media decena de órdenes de prisión preventiva en causas en las que se investigan desapariciones de personas, dado que, entre 1976 y 1977, Bussi estuvo al mando de la V Brigada de Infantería, que dependía del III Cuerpo de Ejército, que encabezaba Menéndez.
Bussi está detenido por orden del ex juez federal Parache (a quien reemplaza Bejas) desde el 15 de octubre de 2003, lo que impidió que asumiera como intendente de la capital tucumana, cargo para el que había sido elegido durante los comicios del 26 de
junio de ese año.
El fundador del partido Fuerza Republicana le había ganado por sólo 17 votos al justicialista Gerónimo Vargas Aignasse (hoy diputado nacional), hijo del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, por cuya desaparición, en 1976, fue ordenada la primera prisión preventiva contra Bussi y Menéndez.
En diciembre de 2003, Parache autorizó que Bussi cumpliera arresto domiciliario (por su edad, ya que entonces tenía 77 años, y por sus problemas cardíacos) en la Capital Federal, y en marzo de 2006 fue trasladado a Tucumán luego de que forenses determinaran que no corría peligro su vida si viajaba en un avión sanitario.
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El hijo del ex militar dijo que la decisión del juez federal Sergio Torres no lo sorprende. “No deja de ser una decisión que sigue los alineamientos de perseguir a mi padre y a sus camaradas”, explicó. También en defensa de su padre, señaló que “no hay que olvidar que durante los años ’70 hubo una guerra contrainsurgente”.
La familia del represor Antonio Bussi calificó de "político" el fallo por el cual fue procesado por la comisión del delito de genocidio, por la desaparición de 65 personas en un ex arsenal durante la dictadura militar.
"Esto no me sorprende. No deja de ser una decisión que sigue los alineamientos de perseguir a mi padre y a sus camaradas de armas, sacando los hechos del contexto histórico en que se produjeron", aseguró a Télam Luis José Bussi.
El abogado y dirigente de Fuerza Republicana, el partido que fundó su padre en 1987, insistió en que "no hay que olvidar que durante los años ’70 hubo una guerra contrainsurgente que había sido planteada por organizaciones extremistas que, por las fuerzas de las armas, querían imponer un gobierno marxista".
A diferencia de lo que piensan en la familia de Bussi, el juez Daniel Bejas, a cargo interinamente del juzgado federal número uno desde el 1 de junio, aseguró en el fallo que la decisión constituye "el primer paso para conocer y esclarecer qué pasó en
Tucumán durante aquellos años".
En la causa en la que investiga la existencia de un centro clandestino de detención de personas en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, Bejas procesó al ex gobernador de facto (1976 y 1977), al igual que a Luciano Menéndez, a Albino Zimmerman (ex jefe de la Policía de la provincia) y al también militar Alberto Cattáneo.
El juez interino encontró a los militares retirados presuntos responsables, además de genocidio, de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas, asociación ilícita y, en el caso de Bussi, de homicidio calificado.
Además, el magistrado ordenó la traba de embargos por 65 millones de pesos en el caso de Bussi, y de 64 millones de pesos en los de Menéndez, Zimmerman y Cattáneo, en la causa en la que se investiga -entre otras- la desaparición del estudiante Luis
Eduardo Falú, ocurrida en septiembre de 1976.
Bussi, Zimmerman y Cattáneo se encuentran detenidos en el ex arsenal (está ubicado en las afueras de la capital tucumana), que hoy se denomina Base de Apoyo Logístico y que depende de la Quinta Brigada Mecanizada, con asiento en Salta.
Posted by marga at Junio 22, 2007 6:14 PM | TrackBack