Para los jueces de la Cámara Federal, "aún existen motivos que avalan la continuidad del encierro preventivo" de Julio Simón. La decisión se enmarca en la "megacausa" en la que investiga violaciones a los derechos humanos.
La Sala I de la Cámara Federal confirmó la prórroga de la prisión preventiva, por delitos de "lesa humanidad" cometidos durante la última dictadura militar, del represor Julio "El turco
Julián" Simón; quien ya está condenado, en otra causa, a 25 años de prisión.
En esta oportunidad los camaristas Gabriel Cavallo y Eduardo Farah ratificaron la medida tomada por el juez federal Daniel Rafecas, en la "megacausa" en la que investiga violaciones a los derechos humanos cometidas en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército.
Los magistrados dijeron que comparten la medida pues "aún existen motivos que avalan la continuidad del encierro preventivo" de Simón y recordaron que el "plan clandestino de represión instaurado por la última dictadura militar" no fue elegido "en forma caprichosa".
Por el contrario, los represores, tenían una "finalidad ulterior" que consistía en "el logro de la impunidad" con la "intencionalidad de eliminar todos los posibles rastros que se dejaron de los mismos". En las diez carillas de su resolución -a la que Télam tuvo acceso- los camaristas analizaron la "complejidad de la causa" y afirmaron que "el inmediato paso de estas actuaciones a la etapa oral del proceso es otra circunstancia que justifica avalar la decisión controlada".
Si bien los camaristas enfatizaron en el constitucional derecho a la libertad hasta que exista una sentencia de condena, explicaron que existen "excepciones" a esa norma cuando se presume que el imputado "se fugará o entorpecerá las investigaciones". El 4 de agosto de 2006 Simón fue condenado a 25 años de prisión por el Tribunal Oral en lo federal Cinco (TOF5) que lo responsabilizó por el secuestro y desaparición del matrimonio José Poblete y Gertrudis Hlaczik y el
apoderamiento de la pequeña hija de ambos.
De esa manera "el turco Julián" se convirtió en el primer represor condenado tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
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