Después de Vilas, Bussi tomó el mando del Operativo Independencia en Tucumán.
Abogados de H.I.J.O.S presentaron ayer ante el Juzgado Federal Nº 1, a cargo del juez subrogante Daniel Bejas, una querella en representación de una mujer obrera que estuvo detenida en los centros clandestinos de detención y luego fue liberada durante el Operativo Independencia que marcó el inicio del plan de aniquilamiento del último gobierno militar. Además del ex gobernador de facto Antonio Domingo Bussi, están denunciados Vilas, Menéndez, Zimmermann y Cattáneo, entre otras decenas de represores. En la lista también figura la ex presidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón, quien firmó el Decreto Secreto Nº 261 del 5 de febrero de 1975 que ordenaba al ejército aniquilar la subversión.
Otra víctima del horror que se vivió durante los años negros de los ‘70 -y que hoy puede contar su historia- denunció al ex gobernador de facto Antonio Domingo Bussi y a otros 40 represores por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del delito internacional de genocidio durante el Operativo Independencia. Abogados de H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) presentaron ayer ante el Juzgado Federal Nº 1, a cargo del juez subrogante Daniel Bejas, una querella en representación de una mujer –cuya identidad se mantiene en reserva- que estuvo detenida en los centros clandestinos de detención y luego fue liberada durante el operativo que marcó el inicio del plan de aniquilamiento del último gobierno militar.
En esta causa están involucrados además de Bussi, Acdel Vilas (que estuvo al mando en el inicio del Operativo Independencia); Luciano Benjamín Menéndez (ex jefe del III Cuerpo del Ejército), Alberto Cattáneo (ex jefe del Destacamento 142 de Inteligencia y coordinador de la denominada Comunidad de Servicios de Inteligencia) y a Mario Alberto Zimmermann (ex jefe de la Policía entre abril de 1976 y junio de 1977), entre otras decenas de represores que están acusados de secuestros, tormentos, torturas, privación ilegítima de la libertad ytorturas de índole sexual, cometidos en el marco del genocidio. La abogada Julia Vitar, una de las querellantes, precisó a primerafuente que también está acusada la ex presidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón, y los ministros que acordaron la firma del Decreto Secreto Nº 261 del 5 de febrero de 1975 que ordenaba al ejército “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”.
En la presentación judicial que busca demostrar que el exterminio comenzó en Tucumán con el inicio del Operativo Independencia., los abogados tomaron como precedentes la condena al ex comisario Miguel Etchecolatz en La Plata, y el posterior procesamiento por genocidio contra Bussi, Menéndez, Zimmermann y Cattáneo realizado en junio pasado por el juez federal subrogante Daniel Bejas en el marco de la causa del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga.
En el expediente, los abogados también le solicitaron al magistrado que este caso sea conexado con la causa madre: "Martínez de Perón, Estela; Vilas, Acdel y otros s/ privación ilegítima de la libertad, tortura y otros" (Expte. Nro. 1015/04), que fue presentada por la abogada querellante Laura Figueroa.
En el caso específico de la mujer liberada, Vitar comentó que se trata de una obrera que militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores, y que por ello fue víctima de una persecución política por parte del régimen militar, que la mantuvo en cautiverio desde mayo de 1975 hasta junio de ese año.
El circuito represivo
“El objetivo es poner de manifiesto cómo los diferentes lugares donde se mantenían secuestradas a las víctimas eran parte de un circuito represivo por el que transitaba el detenido y que finalizaba con la siguiente “desaparición” o su “blanqueo”. Este circuito comprendía los siguientes Centros Clandestinos de Detención: La Escuelita de Famaillá, La Jefatura de Policía y el penal de Villa Urquiza, lugar este último, donde eran llevados quienes eran puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o procesados mediante inconstitucionales leyes como la ley 20.840 (personas denominadas "blanqueadas")”, recalcaron los abogados de H.I.J.O.S que presentaron la querella, Julia Vitar y Emilio Guagnini.
Con la ratificación de esta denuncia, los letrados apelaron al compromiso asumido por el juez federal subrogante Nº1, Daniel Bejas, para agilizar las causas de la dictadura para llegar de una vez por todas al juzgamiento y castigo de los procesados.
Posted by marga at Julio 5, 2007 6:46 PM | TrackBack