Tercera Parte
Estrategia para trabajar con las instituciones permanentes
de las naciones latinoamericanas y fortalecer la cooperación regional
Documento
Santa Fe II
Los
principales pilares de los gobiernos permanentes de los regímenes
latinoamericanos son las fuerzas armadas y el poder judicial. La política hacia
un régimen pro-democrático debe reconocer que tanto las instituciones
militares como judiciales soportan cargas pesadas al abordar los conflictos de
Baja Intensidad (LIC) y los narcóticos mientras se acostumbran a las exigencias
democráticas para la responsabilidad ante administraciones temporales. Las
iniciativas bilaterales de EEUU en el fortalecimiento de estas instituciones
deberán ser apoyadas multilateralmente a través de la OEA.
El
problema del Conflicto de Baja Intensidad
Propuesta
Nº 1
El
Congreso de EEUU ha reconocido la creciente amenaza del conflicto
de baja intensidad para los nacientes regímenes democráticos. El mismo ha
ordenado el apoyo de EEUU a las fuerzas armadas de la región que enfrentan este
reto. El poder ejecutivo deberá tomar medidas rigurosas para poner en práctica
la presente legislación.
Muchos
de los regímenes de América Latina están enfrentados a lo que ha sido
identificado en Washington como conflicto de Baja Intensidad. Este término
crecientemente omnipresente, es utilizado para describir una forma de guerra que
incluye las operaciones psicológicas, la desinformación, la información errónea,
el terrorismo y la subversión cultural y religiosa. El Congreso de EEUU ha
establecido por ley una respuesta razonable a este problema ampliamente
conocido. Sin embargo, la rama ejecutiva del gobierno ha sido extremadamente
vacilante en la aplicación de la legislación.
En
1986 el Congreso aprobó y el Presidente firmó la Ley de Reorganización del
Departamento de Defensa Goldwater-Nichols, de 1986. Esta ley fue aprobada porque
el Departamento de Defensa no estaba apoyando adecuadamente las Operaciones
Especiales (SO) ni estaba abordando plenamente las consecuencias del conflicto
de baja intesidad. Además, fue añadida una enmienda que indicaba a EEUU la
creación de un Comando de Operaciones Especiales. Esta ley requería un nuevo
subsecretario de Defensa para Operaciones Especiales y Conflictos de Baja
Intensidad. Fue creado además un nuevo comando unificado con amplias
responsabilidades de adquisición, entrenamiento y promoción, único entre los
comandos unificados. Al comando le fue conferido, en virtud de la ley, su propio
Programa de Fuerza Importante en el Presupuesto para la Defensa, MDF-11. El
Congreso deseaba que la planificacilón respecto a los conflictos de baja
intensidad estuviera en pie de igualdad con la planificación estratégica
global. Aunque se produjeron fuertes críticas a la ley, el Congreso la ha
seguido apoyando. Esta nueva ley deberá brindar un mejor mecanismo para abordar
otros problemas decisivos y conexos tales como el terrorismo, el narcotráfico y
las operaciones hostiles psicológicas y de inteligencia. Los creadores de la
ley reconocen que EEUU es vulnerable a otras formas de guerra aparte del
principal conflicto armado.
Propuesta
Nº 2
EEUU
debe estar preparado para ampliar su programa de asistencia militar a las
fuerzas armadas latinoamericanas como parte de su reconocimiento de que las
insurgencias indígenas son explotadas y agravadas desde el exterior. La
complejidad de este desafío requiere una respuesta global de parte de nuestra
sociedad.
Propuesta
Nº 3
Si
las tendencias mantienen su curso actual, EEUU continuará enfrentando la
exportación de la revolución desde Nicaragua hasta la década de 1990. Una política
de contención no será poco costosa y a lo largo no será funcional. EEUU o
bien tendrá que apoyar la democratización de Nicaragua o pagar costos elevadísimos
para combatir la subversión de los vecinos de Nicaragua
Propuesta
Nº 4
Una
política de democratización de Nicaragua requerirá un desarrollo sumamente
sofisticado de la doctrina del Conflicto de Baja Intensidad. El aspecto más
importante de este desarrollo será la educación de los medios de difusión y
la opinión pública norteamericana en cuanto a la propensión de los regímenes
comunistas nacionales latinoamericanos para subvertir a sus vecinos con el apoyo
encubierto de la Unión Soviética.
Propuesta
Nº 5
La
opinión pública y las instituciones privadas de EEUU deben emprender la
educación de los medios de difusión y los dirigentes comunitarios, en cuanto a
la naturaleza del conflicto marxista leninista según fue adaptada por los
nacionalistas a los problemas del subdesarrollo. El casamiento del comunismo con
el nacionalismo en América Latina, sin embargo, representa el mayor peligro
para la región y para los intereses de los EEUU.
Propuesta
Nº 6
Con
el apoyo bipartidista entre el Congreso y el Poder Ejecutivo de EEUU, los
propios latinoamericanos puede anular la comunización de sus tierras, instalar
regímenes democráticos en la región y satisfacer su aspiración de lograr la
autodeterminacilón.
El
bloque soviétioc está proyectando exitosamente su poder en cada país de este
Hemisferio y todo parece indicar que estas tendencias continuarán. Es
lamentable pero cierto, que las principales potencias económicas del mundo
libre democrático no están plenamente comprometidas a apoyar la libertad y la
democracia en el Hemisferio occidental. EEUU debe marchar a la cabeza con más
recursos para las amenazadas sociedades latinoamericanas. Es imperativo que los
militares latinoamericanos se den cuenta de que los gobiernos electos pueden
hacer frente a los desafíos de la subversión y el terrorismo.
La
Crisis de los Narcóticos
Propuesta
Nº 7
Para
ayudar a las sociedades latinoamericanas a combatir el narcotráfico y el
terrorismo, EEUU debe apoyar con asistencia financiera y técnica el desarrollo
de un sistema judicial independiente. EEUU necesita dar un ejemplo mediante la
reducción también de la demanda interna.
Mediante
el apoyo a un poder judicial independiente, EEUU puede ayudar a los países
latinoamericanos a hacer frente a los delitos relacionados con los narcóticos y
le terrorismo. Si las autoridades judiciales tienen los medios para reaccionar rápida
y eficazmente ante estos delitos, pueden evitar que el crecimiento de estos
amenacen la legitimidad de sus democracias en lucha.
Además,
EEUU necesita dar una lección con su propio sistema de aplicación del poder
judicial mediante la reducción de la demanda interna. En EEUU la promulgación
y compulsión de la ley debe reducir las ganancias para los vendedores y
aumentar sustancialmente los riesgos para los compradores. En esta forma, EEUU
puede constituir un modelo tanto para la reducción de la demanda como para la
aplicación judicial. La posesión debe dar lugar a una sentencia en prisión la
declaración de culpabilidad por venta, debe dar lugar a severas penas sin
libertad condicional. Después de la creación de un fuerte ambiente de
promulgación y compulsión podría explorarse e iniciarse un limitado programa
de legalización unido a la rehabilitación y educación.
Renovando
la OEA
Propuesta
Nº 8
EEUU
debería conceder mucho más énfasis al trabajo con los miembros de la OEA
sobre los problemas compartidos de la seguridad militar (conflictos de baja
intensidad), el narcotráfico, la inmigración y la deuda.
Mediante
el trabajo con la OEA sobre las propuestas relacionadas con la deuda
conjuntamente con el Banco Interamericano para el Desarrollo, el Banco Mundial,
el Fondo Monetario Internacional y el Departamenteo del Tesoro, EEUU dará
muestras de su sensibilidad ante los problemas económicos al contribuir a la
emigración de los latinos/inmigración en EEUU.
Los
debates relacionados con la OEA usualmente provocan bostezos en el seno del
personal de este país que tiene a su cargo la política exterior. No debería
ser así. La falta de interés de facto de la Administración de Reagan en esta
institución ha sido un grave error. Su promesa de satisfacer plenamente los
compromisos financieros para con la organización y su posterior negativa a
hacerlo, ha dañado seriamente la confianza de los norteamericanos.
En
contrate con las Naciones Unidas, la OEA ha demostrado ser una organización
mucho más amistosa. Aun cuando EEUU ha recibido sus castigos allí,
especialmente a raíz de la crisis de las Malvinas, que sigue resonando en todo
el Hemisferio, hay menos antagonismo y más cooperación en la OEA que en las
Naciones Unidas.
Propuesta
Nº 9
El
embajador de EEUU ante la OEA debería estar encargado de coordinar las
iniciativas multilaterales de EEUU en las esferas mencionadas más arriba, con
los representantes latinoamericanos de la OEA en Washington. Como primera
medida, EEUU debe ofrecer a la OEA su contribución, a fin de demostrar que toma
en serio dichas responsabilidades.
Propuesta
Nº 10
La
participación de la OEA en asuntos relacionados con la seguridad y el narcotráfico
proporciona a EEUU los medios idóneos para librar una guerra cooperativa y
exitosa contra los imperios delictivos que amenazan a todo el Hemisferio.
La
próxima Administración necesita poner en orden sus prioridades. Nuestra agenda
y la de los latinoamericanos no necesariamente son incompatibles. La OEA,
debidamente financiada y encaminada por la senda correcta, puede ser útil para
nuestros intereses mutuos.
Es
de especial interés lograr que se fortalezca aún más el papel de la OEA en la
promoción de una mayor cooperación entre sus miembros para combatir el narcotráfico
internacional. La Conferencia de Río de Janeiro y el creciente reconocimiento
de que el tráfico de drogas constituye un problema para la región, indican la
disposición de las naciones miembros a participar en operaicones
internacionales conjuntas.
Las
operaciones de paz de la OEA en América Central son preferible en grado sumo a
los esfuerzos no alineados u hostiles que serían emprendidos por las Naciones
Unidas en esta sensible área. Con la participación de la OEA, los Estados
miembros se percatarán mejor de la amenaza externa que enfrenta la región, y
la cooperación multinacional contribuirá a la legitimidad y comprensión
internacional de los esfuerzos de paz. Por otra parte, un esfuerzo de la OEA
requeriría dinero, del que en estos momentos tiene una escasez desesperada.