Capítulo XXIII. No pasa nada.

CAMPO SANTO - Parte II

 

(Informe de situación)

Fuerzas Armadas y Derechos Humanos 

Fuera de los límites de los campos de detención, el mundo exterior disfrutaba de una convenientes irrealidad. Mientras bajo su mando se llevaba a cabo el mayor y más cruel genocidio de compatriotas del que se tenga memoria, los jerarcas del Proceso de Reorganización Nacional declaraban lo siguiente: 

"Hay minorías que atentan conta nuestro sentir y contra nuestro estilo de vida. Contra esas personas que atentan contra los intereses de la mayoría, la totalidad del pueblo argentino, el gobierno tiene la firmeza de manifestar la plena vigencia de los derechos humanos que esas minorías niegan a través del atentado, el secuestro, la extorsión y la intimidación pública". 
Teniente general Jorge Rafael Videla, 13 de agosto de 1977 

"Nosotros también demandamos protección para nuestro pueblo de los elementos subversivos que destruirían sus derechos humanos con acciones contra el Estado y el pueblo". 
Teniente general Jorge Rafael Videla, 1° de febrero de 1978 (1) 

"...en el país no hubo ni puede haber violación alguna de los derechos humanos. Ha habido una guerra, una guerra absurda, desatada por la barbarie alevosa y criminal, guerra que a pesar de estar dirigida no sólo contra el pueblo, sino contra un sistema de vida que es sostenido por un gran número de naciones en el mundo, debió ser enfrentada y resuelta sólo por los argentinos". 
Teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, durante el acto conmemorativo del quinto aniversario del Operativo Independencia (2) 

"Las Fuerzas Armadas están luchando para reivindicar los derechos humanos contra la subversión atea que pretende negarlos". 
Almirante Emilio Massera, en declaraciones a la revista "Familia Cristiana" (3) 

"El respeto por los derechos humanos es una ininterrumpida tradición argentina, institucionalizada en nuestra Constitución y respetada inequívocamente desde siempre y para siempre, actitud ésta que el Ejército hace suya permanentemente como parte integrante del cuerpo social de la Nación (...) El Ejército argentino ha condenado y condena toda violación a los derechos humanos, cualquiera sea el sector ideológico que los viole". 
Comunicado en forma de editorial difundido por el Ejército en Radio Belgrano el 7 de marzo de 1977 

"Cuando la lucha entablada contra quienes agredieron a nuestra Patria, a sus instituciones y a nuestros compatriotas comenzaba a transitar por la etapa que permitía visualizar la victoria, afirmamos que la paz no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de asumirlo y tornarlo manejable dentro de la ley; sostuvimos también que para lograrlo debía superarse el hábito de violencia que engendra la guerra y desarmar los espíritus, reemplazando el odio por el amor y la tolerancia. 

El Ejército reconoce el dolor que significa tener en la familia, o entre las amistades, alguien que enfermó de soberbia y creyéndose poseedor de la verdad, toma a la agresión irracional como su modo de vida. La institución lo comprende, pero no lo puede justificar, porque su servicio a la Nación la obliga a asumir la defensa del derecho de todos". 
Editorial del Ejército difundido por radio (4)

"Es lamentable qué poco se dice en los Estados Unidos del desprecio de los terroristas por el más fundamental de los derechos humanos: la vida misma. Pienso que la Argentina ha encarado constructivamente muchas de las críticas sobre derechos humanos que fueron lanzadas contra el gobierno en los últimos meses. Como ser humano tengo esperanzas de que este esfuerzo continúe". 
Declaraciones del jefe de la Subcomisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Gus Yatron, de visita en nuestro país, luego de una prolongada entrevista con el teniente general Videla. 19 de agosto de 1977. 

"La subversión que soportamos, como modo de acción del terrorismo internacional, ha quedado al descubierto, y hoy, los mismos que inconscientemente se preocuparon de los derechos humanos de nuestro país, enarbolan la bandera esgrimida por nuestro sentir, de defender esos sagrados derechos del ser, ante la irracionalidad criminal de quienes en la muerte y el terror sustentan sus propias y enclaustradas vidas". 
Jefe del Estado Mayor de la Armada, vicealmirante Armando Lambruschini. 24 de noviembre de 1977. 

"Bajo el mando del almirante Emilio Massera, la Armada Argentina se está convirtiendo en la rama militar argentina más receptiva ante la política de derechos humanos de la administración del presidente Carter". 
Comunicado del Consejo de Asuntos Hemisféricos de Washington. 19 de diciembre de 1977. 

En ocasiones, los jefes militares, presionados por las preguntas de los periodistas de medios extranjeros, llegaron a reconocer parte del ocultamiento: 

"Esta guerra que libramos contra los delincuentes subversivos ha producido suciedades (...) En una acción represiva dispersa como la que las Fuerzas Armadas argentinas desarrollan contra los grupos guerrilleros, es difícil el control total desde los estratos más altos". 
Teniente general Jorge Rafael Videla en Washington. 8 de septiembre de 1977. * 

"Debemos aceptar como una realidad que en la Argentina hay personas desaparecidas. El problema no está en asegurar o negar esa realidad, sino en saber las razones por las cuales estas personas han desaparecido. Hay varias razones esenciales: han desaparecido por pasar a la clandestinidad y sumarse a la subversión; han desaparecido porque la subversión las eliminó por considerarlas traidoras a su causa; han desaparecido porque en un enfrentamiento, donde ha habido incendios y explosiones, el cadáver fue mutilado hasta resultar irreconocible. Y acepto que puede haber desaparecidos por excesos cometidos durante la represión. Esta es nuestra responsabilidad; las otras alternativas no las gobernamos nosotros. Y es de esta última de la que nos hacemos responsables: el gobierno ha puesto su mayor empeño para evitar que esos casos puedan repetirse". 
Teniente general Jorge Rafael Videla en la televisión norteamericana. 14 de septiembre de 1977. 

"En toda guerra hay personas que sobreviven, otras que quedan incapacitadas, otras que mueren y otras que desaparecen. La Argentina está finalizando esta guerra y, consiguientemente, debe estar preparada para afrontar sus consecuencias. La desaparición de algunas personas es una consecuencia no deseada de esta guerra". 
Teniente general Jorge Rafael Videla a un grupo de periodistas japoneses. 12 de diciembre de 1977. 

"Durante la lucha antisubversiva, se produjeron numerosos hechos de indisciplina y delitos de diferentes características. Nosotros, desde el Consejo Supremo, juzgamos a alrededor de 300 oficiales y suboficiales acusados por delitos que iban desde los saqueos a los homicidios y violaciones, especialmente esto último (...) Desde el Consejo Supremo insistimos en reiteradas ocasiones para que se dieran a publicidad, pero la respuesta que siempre recibíamos era que no se podía dar la imagen de un Ejército de violadores y ladrones". 
General Tomás Sánchez de Bustamante, director del Instituto Sanmartiniano y miembro del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas hasta 1984. 

Mientras los comandantes aceptaban públicamente que se habían cometido ciertos errores, a los que llamaron "excesos", para descomprimir los reclamos que llegaban desde el exterior, la segunda línea de la cúpula militar, que estaba directamente comprometida con la represión ilegal, se negó frontalmente a desplazar hacia el campo del error lo que consideraban una acertada estrategia victoriosa. 

Los generales involucrados temían que los comandantes descargaran sobre sus espaldas la responsabilidad de las violaciones a los derechos humanos. El general Santiago Riveros no perdió el tiempo, y el 12 de febrero de 1980, en su discurso ante la Junta Interamericana de Defensa que sesionó en Washington, aclaró: "Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los comandos superiores; nunca necesitamos, como se nos acusa, de organismos paramilitares. Esta guerra la condujeron los generales, los almirantes y los brigadieres... La guerra fue conducida por la Junta Militar de mi país a través de sus Estados Mayores". (5) 

Noticias de ayer

El mismo 24 de marzo de 1976, la Junta de Comandantes advirtió mediante su comunicado n° 19, que sería "reprimido con reclusión de hasta 10 años el que por cualquier medio difundiere, divulgara o propagara noticias, comunicados o imágenes con le propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las fuerzas armadas, de seguridad o policiales". 

En su edición de abril de 1976, la revista "Cuestionario" publica, bajo el título "Los diarios en cadena", la siguiente crónica: 

"El 25 y 26 de marzo se produjo, en la Argentina, un hecho inédito: los diarios entraron en cadena. Todos publicaban exactamente lo mismo: comunicados oficiales, sin el menor agregado ni la más tenue opinión. El 27 se levantó la cadena, pero los diarios siguieron -salvo en lo formal- indiferenciados. Fue una repentina toma de conciencia, a través de la cual comprendieron lo disgregadora que puede ser la prensa. Para muchos, era previsible: los diarios argentinos, en general, suelen ensañarse con los gobiernos débiles y volverse exageradamente dóciles ante los gobiernos fuertes. En 1966 eso quedó bien claro: de la osadía, el inconformismo y la impiedad exhibidas para con Illia, pasaron al recato, el colaboracionismo y la sumisión para Onganía. No sería la última transición de la heroicidad a la disciplina. Sólo unos pocos diarios -como el impopular La Prensa- han mantenido siempre un tono constante. La mayoría se dedica, por épocas a rasgarse las vestiduras, y por épocas a hacer buena letra." 

Censura y castigo

Lo cierto es que una férrea censura se desplegó sobre los medios de comunicación. En ocasiones resultó curiosa. El flamante secretario de Prensa y Difusión del gobierno militar, capitán de navío Luis Jorge Arigotti, despachó a todas las redacciones un texto que contenía los "Principios y procedimientos a que deberán ceñirse los medios de comunicación masiva", tal su título. 

En él se mencionaba como "principios": "Inducir a la restitución de los valores fundamentales que hacen a la integridad de la sociedad, por ejemplo, orden, laboriosidad, jerarquía, responsabilidad, idoneidad, dentro del contexto de la moral cristiana". 

El cuarto "principio" indicaba que los medios deberían "ofrecer y promover para la juventud modelos sociales que respondan a los valores mencionados en 1, para reemplazar y erradicar los actuales". Más adelante, el sexto punto ordenaba: "Propender a la atenuación y progresiva erradicación de los estímulos fundados en el sexualismo". 

En cuanto a los procedimientos, figuraban, entre otras, estas normas: "No incursionar en terrenos que no son de debate público por su incidencia en audiencias no preparadas (no educadas) o ajenas a su edad física o mental"; "Eliminar toda propagación masiva de la opinión de personas no calificadas o sin autoridad específica para expresarse sobre cuestiones de interés público. Esto incluye reportajes y/o encuestas en la vía pública". 

Si bien es cierto que estas y otras normas de censura jamás hubieran podido lograr lo que hicieron ciertos editores compenetrados en su mismo sentido, las recomendaciones fueron efectivas sobre la prensa en general y los diarios en particular. 

De todos modos, pese a la poca información que llegaba a las redacciones, ya que la censura comenzaba por las propias agencias de noticias, fueron los diarios quienes más desarrollaron su creatividad para publicar cierta información sin que se notara que se estaba haciendo. Los avances, sin embargo, fueron lentos. 

Lograr el control de los medios masivos resultó una tarea relativamente sencilla para el gobierno de facto. Desde la asunción del gobierno justicialista, en 1973, la mayoría de los medios electrónicos de comunicación habían pasado a manos del Estado. Los cuatro canales de televisión y la mayoría de las emisoras radiales estaban a cargo de interventores de la administración justicialista, y a los militares les bastó con reemplazarlos por sus propios funcionarios para acceder a su manejo directo. De ahí en más, a través de la radio y la televisión, se instaló en la población la obligatoriedad de percibir y difundir un solo mundo, el que los altos mandos castrenses determinaron que debía existir. 

A esta ventaja se puede agregar que entre los medios gráficos no eran pocos los que apoyaban la intervención militar, al menos en sus inicios, pese a conservar hasta donde les era posible su propia identidad editorial. Fue en los medios independientes -los que no integraban un grupo editorial- donde el periodismo pagó la mayor parte de su tributo. 

Durante los primeros meses del régimen militar, fueron secuestrados 45 periodistas, a los que se sumaron otros 39 desde 1977 hasta 1979. Nunca más se supo de ellos. En total fueron 84 los periodistas desaparecidos, un centenar con mejor suerte fueron encarcelados sin causa judicial alguna, mientras que otros abandonaron el país rumbo al exilio. 

De todos modos es inevitable dar por cierta una presunción generalizada: no es posible desinformar a toda una población durante tanto tiempo, tres años al menos, sin la participación necesaria de aquellos cuyo deber era el de informar. 

Políticos en su tinta

Todo indica que los dirigentes políticos optaron por autodesaparecerse transitoriamente apenas se produjo el golpe militar que derrocó a la presidente María Estela Martínez de Perón. 

Líderes partidarios, gremialistas, legisladores y funcionarios se mostraron convencidos con sus declaraciones y actos de que la intervención militar era "inevitable". Fueron víctimas de su propio pronóstico y un contagioso escepticismo paralizante se apoderó de todos ellos. Salvo durante este día frente a la tesorería del Congreso, cuarenta y ocho horas antes del golpe de Estado, cuando un nutrido grupo de legisladores con cuyo número se alcanzaría el quorum, pujaban por obtener un anticipo de sus dietas, argumentando los más diversos motivos personales. 

Desde ese episodio hasta mediados de 1978 no se registran señales de ellos en los archivos periodísticos. 

Recién el 20 de agosto de 1978, luego de demandas aisladas presentadas ante la Junta de Comandantes por parte del radicalismo, una agrupación justicialista encabezada por Angel Federico Robledo y el ex presidente Arturo Frondizi, finalmente logró reunir a un grupo de representantes de la política argentina, quienes elaboraron un pronunciamiento dirigido "Al gobierno de las Fuerzas Armadas y al pueblo argentino", en ese orden. 

El documento fue suscripto a título personal, debido a la prohibición que regía para las actividades partidarias, por 29 dirigentes entre los que se encontraban los titulares de los partidos: Deolindo Felipe Bittel, del Justicialista; Arturo Frondizi, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID); Vicente Solano Lima, del Conservador Popular, y Simón Lázara, del Socialista Unificado. 

El pronunciamiento consideraba urgente y necesario "...que el gobierno y el país convaliden la democracia con las actitudes consiguientes". 

Las demandas ante la Junta por parte de los políticos fueron en aumento a medida que se desgastaba el gobierno militar. El pronunciamiento más completo fue el suscripto por Deolindo Felipe Bittel, Vicente Solano Lima, Simón Lázara, Miguel Monserrat, José Antonio Allende, Enrique de Vedia, Fernando Nadra y Francisco Cerro, entre otros, y difundido el 18 de noviembre de 1978. 

El documento reclamaba "restablecer de inmediato el estado de derecho" ya que, a su entender, "es el único modo de que la vida y la libertad de nuestros conciudadanos se encuentre garantizada contra el terrorismo, cualquiera sea su signo..." Los autores dedicaron un párrafo a la violencia, sin más detalles, la que consideraron derrotada, ya que "los intereses antiargentinos o las diversas incidencias del poder mundial no han podido desviar esa vocación nacional por el pacifismo". 

Inmediatamente después, aseguraban: "Concluida la guerra contra la subversión", debía derogarse el estado de sitio y todas las restricciones sobre los partidos políticos y organizaciones sindicales; y que debía "darse respuesta a los familiares de los desaparecidos y secuestrados y poner término a los arbitrarios procesos existentes". 

Más adelante se aseguraba: "La política no es ajena a ningún sector. Afirmar la asepsia política de las Fuerzas Armadas (...) es pensar en un país irreal, por lo tanto debe pensarse en un proceso sin exclusiones..." 

En el primer aniversario del golpe, el 24 de marzo de 1977, el diario "La Opinión" publicó una serie de entrevistas a dirigentes de varios partidos políticos, bajo el título "El silencio de los políticos". Allí aparecían opiniones como estas: 

Angel Federico Robledo (PJ): "El justicialismo como entidad debe expresar su preocupación por la libertad de presos que han sido detenidos por motivos políticos o en ejercicio de cargos políticos, deslindando su apartamiento de toda acción vinculada a la violencia, cualquiera sea la ideología de sus protagonistas (...) El primer paso de toda apertura política deberá ser la concreción de un programa de unidad libremente acordado entre los sectores políticos y no políticos del quehacer nacional y las Fuerzas Armadas". 

Raúl Alfonsín (UCR): "Es impostergable viabilizar la participación porque no podrá encontrarse nunca mejor instrumento para combatir la violencia. Los partidos políticos son indispensables para resolver el problema de la participación en el marco de la democracia representativa (...) Digamos desde este ángulo que la guerrilla no es otra cosa que la desobediencia definitiva e irreductible, por lo que la lucha contra ella está estrechamente ligada a la necesidad de obtener la obediencia respetuosa de la dignidad humana de la enorme mayoría". 

Juan Carlos Pugliese (UCR): "Las Fuerzas Armadas tienen que producir cuanto antes la convocatoria para ver si hace falta una ley de partidos políticos o de asociaciones profesionales, para que los sindicatos se ocupen de lo que les corresponde y no de política partidista (...) Aspiramos a sentarnos en una mesa y a poner en borrador qué es lo que en realidad queremos (...) Lo importante es si se reconoce o no la existencia necesaria de los partidos. Si como para Pinochet los paridos son vehículos de la subversión, es mejor decirlo cuanto antes. Si no se entiende así, también hay que decirlo, para comprendernos mejor y, de ese modo, derrotar a la subversión en el campo de la paz. (...) Es necesario comprender que la voluntad mayoritaria el pueblo acompaña a sus Fuerzas Armadas en la medida en que éstas entiendan la necesidad de reprimir a sus interesados colaboradores y poner en práctica procedimientos que aseguren la paz y no sobremilitaricen la represión". 

Fernando Nadra (PC): "Han madurado las condiciones en el país para una apertura política, pero no se trata, naturalmente, de hablar ya de elecciones, como rumorean algunos sectores, sino de comenzar entre el pueblo y los sectores aperturistas del gobierno un trabajo en común para hallar formas de participación ciudadana (...) La violación de los derechos humanos por parte de la ultraizquierda con política falsa y aventurera es efectiva, pero lo que el país no ve, todavía, son medidas concretas para terminar con los grupos de ultraderecha". 

¡¿..........?! 

En noviembre de 1978, los directivos del Círculo de Ex Legisladores, encabezados por el ex diputado nacional Vicente Mastolorenzo, se acercaron hasta la Casa de Gobierno para entregarle en mano al entonces presidente Jorge Rafael Videla la invitación oficial a presidir la cena anual del Círculo. 

Videla quedó en hacer todo lo posible por concurrir, pero argumentó que debía consultar sus compromisos contraídos para ese día. Sin embargo, el general necesitaba tiempo para consultar con su entorno de confianza qué debía hacer; ni siquiera el muy circunspecto jefe militar pudo eludir el natural desconcierto. El hombre que había cerrado el Parlamento era el invitado de honor de aquellos que por haber ocupado una banca en su recinto eran los depositarios de su memoria. 

El 2 de agosto de 1978 un centenar de ex legisladores, entre los que se encontraban algunos ex ministros, recibieron con un aplauso el ingreso del presidente de facto a los salones de la confitería "El Molino". 

El episodio no es una anécdota más. En la mesa de honor, a la derecha de Videla se ubicó Vicente Mastolorenzo, quien había ocupado una banca en representación de la Unión Cívica Radical en el Congreso disuelto por la Junta de Comandantes. A la izquierda del presidente de facto estaba sentado Mauricio Scatamacchia, quien había sido diputado por el justicialismo. Distribuidos en las mesas había representantes de todos los partidos políticos. Justo enfrente de Videla se ubicó la nutrida representación de ex legisladores radicales, encabezada por el presidente del partido, Ricardo Balbín.

(1) Despacho de la agencia de noticias EFE, procedente de Nueva York.

(2) Diario "La Opinión", 10 de febrero de 1980.

(3) Diario "Clarín", 13 de marzo de 1977.

(4) Diario "Clarín", 17 de abril de 1978. 

(5) Diario "La Prensa", Buenos Aires, 28 de febrero de 1980.