Memorias enfrentadas. El voto a Bussi en Tucumán
por Emilio Ariel Crenzel
 

9. La voluntad de castigar

"La muerte como amenaza, es la moneda del poder"
Elías Canetti, "Masa y Poder", Muchnik Editores, Barcelona, España, 1994, Página 496.
 

La pena de muerte.

Desde el inicio de la vida constitucional en la historia política del país en 1853, hasta el fin de la dictadura militar en 1983, la aplicación de la pena de muerte reconoce, a grandes rasgos, cuatro etapas diferenciadas: la judicial, la ley marcial, la formal y la clandestina (266).

La primera de estas etapas, tiene por comienzo el establecimiento de la pena de muerte en el código penal en 1886 y por finalización el golpe de Estado de 1930. En este lapso, un par de personas fueron fusiladas por haber asesinado por motivos pasionales.

La segunda etapa, a partir del golpe del treinta, tiene características marcadamente diferentes. Aquel año, un bando militar golpista instituye la ley marcial y los fusilados son militantes políticos, acusados de enfrentarse, de manera armada, con las Fuerzas Armadas o policiales. Tales son los casos de los militantes anarquistas Severino Di Giovanni y Paulino Scarfó.

La tercera etapa, a la cual cabe denominarla formal - ya que no hubo casos en que se aplicara esta pena- abarca el período 1945-1971.

Sin embargo, en este período, comienza de manera incipiente la aplicación de otra forma de ponerla en práctica, una mixtura entre la ley marcial y la cuarta que supuso su aplicación clandestina; en 1956 son fusilados militantes Peronistas en los basurales de José León Suárez, en la provincia de Buenos Aires.

A pesar de ello, la cuarta etapa tuvo su apogeo en los años de la última dictadura militar, entre 1976 a 1983. Su modalidad masiva, secreta, anónima y extra judicial durante el proceso social de desaparición de personas, distinguirá al país entre las modalidades que adquirirá el combate antisubversivo en el resto de los países del Cono Sur de América Latina.

Desde Abril de 1988, sucesivas declaraciones del presidente Menem reinstalan el debate sobre la posibilidad de reformar la legislación penal vigente e introducir la pena de muerte para los narcotraficantes, los terroristas y los violadores de menores (267).

La puesta en práctica de estas iniciativas hubiera implicado la denuncia, por parte de Argentina de pactos signados, como el de San José de Costa Rica, que poseen rango constitucional inclusive con un status superior al de las leyes nacionales.

Acaso, no sería aventurado plantear que, desde esta propuesta en adelante, se ha venido produciendo un debate público, cada vez en voz más alta, que tiende a reformular y reestructurar una política del disciplinamiento y del castigo en el país.

Este debate tormentoso, recorre la discusión pública de las políticas de seguridad, las estrategias de control social de los variados ilegalismos, - concentradas sin embargo de manera excluyente en los protagonizados por los grupos sociales más pobres -, que se incrementaron al compás de la crisis económica, del proceso de desciudadanización y de la creciente exclusión social.

Se entiende aquí que la pena de muerte involucra un conjunto de políticas. Se establece como principio de castigo sobre el inculpado, pero substancialmente se la erige como principio y método disciplinante, como amenaza disuasoria, sobre los no castigados.

La amenaza de su ejercicio, expresa, el extremo de la escala de un conjunto de dispositivos de poder cuya meta es fundar por un lado, una docilidad automática y anticipada de los cuerpos y, por el otro, la constitución de un estado de legitimación social en torno a las personificaciones sociales del "orden público" y agitar, como contrapartida, una reacción de carácter colectivo en contra del "delito" y de quien lo comete (268).

En Tucumán, la pena de muerte fue instaurada al día siguiente de la asunción de Bussi como gobernador de facto, el 3 de Abril de 1976, para quienes: "atentaren en perjuicio de los transportes, medios de comunicación e instalaciones de servicios públicos, así como los atentados perpetrados con dinamita o que ocasionasen incendios y que pongan en peligro la vida de terceros" (269).

Sin embargo, como en el resto del país, pocos fueron los que la sufrieron como castigo aplicado dentro de las normas jurídicas dictadas de facto por la propia dictadura militar, ya que su aplicación como pena fue reemplazada por su ejecución clandestina (270).

Entre los entrevistados se intentó explorar la adhesión a la pena de muerte como política del castigo en abstracto para luego investigar que ocurre cuando esta pena adquiere los contornos de sujetos, de personificaciones sociales concretas.
 

Cuadro 22
Posición frente a la pena de muerte
según votantes y no votantes a Bussi (en porcentajes)
 

En principio, más de dos tercios de los entrevistados se manifiesta en contra de la pena de muerte.

En ambos grupos de entrevistados, más de la mitad de los individuos se manifiestan de esa manera. Es entre los no votantes a Bussi, donde la proporción de quienes se oponen a la misma es mayor, abarcando a tres de cada cuatro miembros de este grupo.

A su vez, la posición de votantes y no votantes a Bussi ante la pena de muerte constituye un tema de corte entre ambos universos de entrevistados, no encontrándose, a partir del cruce con otras variables sociales o demográficas seleccionadas, - sexo, edad, nivel económico social y localización geográfica del entrevistado -, una asociación más fuerte que la del voto o no voto a Bussi y la posición del entrevistado con respecto a la pena de muerte.

A continuación, a quienes se manifestaron contrarios a la pena de muerte se les volvió a preguntar si, a pesar de ello, se manifestarían a favor de la pena de muerte en casos específicos.

Estos casos, referían a diversas identidades políticas y sociales particulares, la mayoría de las cuáles, constituían grupos sociales sobre las que la amenaza de la ejecución de esta pena los tuvo como protagonistas en los recurrentes debates para reinstalar la pena de muerte en el país: los traficantes de drogas, los violadores de menores, los terroristas y los responsables de golpes de Estado.

De esta manera, se procuró poner a prueba: a) la convicción de los entrevistados que se manifestaron en contra de la pena de muerte con relación a varios de los grupos sociales sobre los cuáles desde el poder político y los medios de comunicación se propone periódicamente la aplicación de esta pena (violadores y narcotraficantes); b) sobre sujetos con perfiles e identidades sociales vinculados a la historia política reciente del país.

 

Cuadro 23
Votantes y no votantes a Bussi que se manifestaron en contra de la pena de muerte
según su posición frente a la pena de muerte en casos específicos (en porcentajes)
 

¡Llama la atención lo que ha ocurrido!

Sin embargo, los cambios que se presentan entre ambos cuadros, obedecen a las nuevas preguntas introducidas y no a una manipulación caprichosa de las cifras.

Ahora la proporción de quienes mantienen su convicción de oposición a la pena de muerte disminuye tanto en votantes y no votantes a Bussi. De ello, resulta que entre los votantes a Bussi, los que son opositores a la pena de muerte bajo cualquier circunstancia de las planteadas, sea bajo la formulación general o particular, representan 24% de los entrevistados y entre los no votantes a Bussi el 40%.

Asimismo, el total de entrevistados contrario a la pena de muerte en todos las situaciones planteadas se reduce y desciende del 64% inicial al 30%. Como contrapartida, los que están directamente a favor de la pena de muerte, más los que se manifiestan a favor en algún caso concreto representan ahora a la mayoría de los entrevistados (70%).

Son los no votantes a Bussi quienes más alteran su posición inicial contraria a la pena de muerte, cayendo este rechazo en 35 puntos porcentuales. Pese a esto, este grupo se mantiene como el que más se opone a la aplicación de la misma.

En ambos conjuntos, la interrogación acerca de situaciones y sujetos concretos pone en crisis la convicción inicial de oposición a la pena de muerte ya que casi la mitad de los entrevistados que en principio se oponían a la misma, ahora asumen una posición favorable en por lo menos uno de los casos planteados.

Sin embargo, la crisis de la "convicción opositora" que introduce esta batería de nuevas preguntas es producto de quiebres diferentes según sean los entrevistados votantes o no votantes a Bussi.

¿Quien o quienes son los sujetos, los cuerpos vivos sobre los que pende la amenaza de muerte? ¿Son los mismos en ambos grupos de entrevistados?

 

Cuadro 24
Posición sobre la pena de muerte entre quienes inicialmente la rechazaban
frente a casos concretos según votantes y no votantes a Bussi (en porcentajes)
 

Tanto votantes y no votantes a Bussi, establecen una jerarquía prácticamente similar con relación a quienes, de los sujetos propuestos, les aplicarían la pena de muerte. Esta escala reconoce una mayor intensidad, en primer término, en los violadores de menores y en los terroristas, luego a los traficantes de drogas y por último a los responsables de golpes de Estado.

Sin embargo, esta jerarquía similar no reconoce en ambos conjuntos intensidades análogas con relación a la aplicación de la pena para cada sujeto específico, ya que son diferentes las personificaciones que explican este deslizamiento desde la convicción opositora inicial a la pena de muerte a la afirmación de su aplicación como posibilidad.

Tanto entre los votantes y no votantes a Bussi opositores a la pena de muerte en general, vemos que esa "convicción opositora" se diluye y se fractura según el tipo de acción u hecho y del sujeto social que los lleve a cabo.

Los responsables de golpes de Estado son los sujetos sobre los cuales los votantes a Bussi mantienen mayor homogeneidad en cuanto a su rechazo de aplicarles la pena de muerte, mientras que los violadores y terroristas son los sujetos que implican en este conjunto una verdadera torsión de su posición inicial contraria a la pena de muerte.

Los entrevistados de mejor posición socioeconómica de este grupo y los mayores de treinta años, prácticamente en su totalidad rechazan la idea de la pena de muerte para los golpistas mientras que con respecto a los violadores, los terroristas y los traficantes de droga, son los entrevistados más pobres que viven en el interior los más resueltos partidarios de la pena de muerte.

Si bien los responsables de golpes de Estado son los sujetos sobre los cuáles los no votantes a Bussi también mantienen mayor homogeneidad en cuanto a rechazar aplicarles la pena de muerte, el porcentaje de los que si se las aplicarían triplica al conjunto de votantes a Bussi. Es esta respuesta favorable a la aplicación de la pena de muerte, la que explica la caída más pronunciada del rechazo inicial entre los no votantes a Bussi que en los votantes a Bussi con relación a la aplicación de la pena de muerte.

Pero además, en el conjunto de no votantes a Bussi, los violadores y terroristas son identidades sociales que producen una fractura de su posición inicial de rechazo a la pena de muerte. También en este grupo, los entrevistados más pobres y los del interior provincial son los más resueltos partidarios de la pena de muerte para los terroristas, violadores y narcotraficantes.

Uno de los sujetos propuesto por el presidente Menem en su predica y campaña a favor del establecimiento de la pena de muerte, "los violadores de menores" corta transversalmente a los dos grupos seleccionados por su tipo de voto, es decir, corta identidades políticas diversas de manera positiva a su propuesta que, parece adquirir, un apoyo de carácter universal al margen de las identidades políticas particulares de los entrevistados interpelados, a la vez que tiene, entre los entrevistados más pobres, a sus más fervientes partidarios.

Es posible trazar los perfiles de las identidades sociales, de los entrevistados que expresan una tendencia favorable a la aplicación de la pena de muerte en ambos grupos. Tanto en uno como en otro, los sectores favorables a la pena de muerte se concentran fundamentalmente entre los entrevistados del interior provincial y entre los entrevistados más pobres económica y socialmente hablando.

Estos sectores, son los que expresan una menor disposición a la moderación y suavización de las penas y, paralelamente, una menor tendencia a la comprensión y establecimiento de lazos de reciprocidad en las relaciones entre los individuos.

A este perfil social de los entrevistados favorables a la pena de muerte, se suman, en el caso de los votantes a Bussi, los entrevistados más jóvenes. No ocurre lo mismo entre quienes no lo votan, ya que entre los jóvenes de este grupo crece el rechazo a la aplicación de dicha pena.



Sobre el castigo

Son pocas las investigaciones con anclaje empírico en Argentina, que exploren la importancia del ejercicio del castigo como operador normativo en el proceso de socialización de los individuos y su vinculación con los procesos relativos al ejercicio de la ciudadanía. Lo mismo ocurre con la exploración de las nociones del derecho y la justicia dominantes en la población (272).

Esta sección del capítulo no pretende abocarse a resolver estos interrogantes de fondo, sí apenas a contrastar las nociones del derecho y de la justicia que tienen los entrevistados y cómo las mismas se articulan con su apoyo o su rechazo a la aplicación de la pena de muerte.

Sabemos a partir de los experimentos de Milgram, que la distancia entre quien ejerce el castigo y su víctima condiciona el tipo de acciones de quien tiene el poder de decidir sobre la suerte de otro individuo o grupo. A mayores grados de lejanía física, cultural, moral o afectiva entre los términos de la relación se torna más sencillo, desde el punto de vista emocional o cognitivo, el ejercicio de prácticas cuya resultante sea el causar un perjuicio, una pena o un sufrimiento (273).

A los entrevistados, se les presentó una situación de ejercicio del delito que involucraba una notable asimetría de poder entre los sujetos participantes ya que presentaba a quien delinque como un menor necesitado, detenido al tratar de asaltar un almacén por no tener para comer. Sobre este hecho debían pronunciarse y decidir, desde el lugar de la autoridad judicial, si castigarlo o no y, en caso afirmativo, señalar de que manera lo harían (274).

Cabe advertir, que es la variable "localización geográfica" del entrevistado la que registra la mayor asociación con la voluntad de castigar, pero, a diferencia de la voluntad de aplicar la pena de muerte preponderante en el interior provincial, son los habitantes de la San Miguel de Tucumán los que más castigarían.

Entre votantes y no votantes a Bussi se establece un corte en la voluntad de castigar al menor. Los primeros, especialmente los varones de clase media de la capital provincial, se manifiestan por el castigo en un 46% de los casos, mientras los que no lo votan, entre quienes se destacan como castigadores los entrevistados más pobres, lo hacen en un 37% de los casos.

A los entrevistados que contestaron que castigarían se les pidió que optaran por un tipo de castigo y se les dieron tres opciones: a) meterlo preso b) hablar con los padres para que lo castiguen c) hacerlo trabajar en el almacén hasta cubrir lo que robó.

Luego se agrupó las respuestas de los entrevistados de manera de construir, a partir de las mismas, una tipología de castigos que involucra diferentes nociones acerca del delito, de la justicia y de la autoridad. Por un lado, los castigos de tipo expiatorio y, por el otro, los castigos de tipo restitutivo.

El criterio teórico ordenador de las respuestas, estuvo centrado en las nociones articuladas en las distintas modalidades de castigo propuestas, que involucraban dos variantes diferenciadas y excluyentes entre sí, a) los castigos de tipo expiatorio, cuyo anclaje está situado en la arbitrariedad, en la no correspondencia ni relación entre la falta cometida y la pena a aplicar. Esta última, debe ser suficientemente dolorosa y represiva para evitar la "reincidencia" del culpable y b) los castigos de tipo restitutivo, donde se establece una relación de equivalencia entre delito o falta y pena. En esta modalidad, de lo que se trata es de que el culpable del delito comprenda el significado de su acto y lo repare, restaurando la relación que su acto vulneró (275).

El tipo de castigo seleccionado, no diferencia a votantes y no votantes a Bussi ya que ambos grupos se distribuyen de manera idéntica con relación al tipo de castigo que eligen. Casi dos tercios de los entrevistados, 71% en ambos casos, optan por castigos de tipo restitutivo que, a partir de su sanción, restablezcan las condiciones sociales previas a la ruptura de la norma.

Como señala Durkheim, este tipo de castigo se corresponde con determinado estadio de lo social y, su preponderancia, es directamente proporcional al desarrollo de la división social del trabajo en la sociedad, esto es, al desenvolvimiento del desarrollo capitalista y el espíritu de individuación creciente que impone la burguesía.

Entre las variables que intervienen a la hora de explicar el comportamiento de los entrevistados con relación a la decisión y a la forma de castigar se encuentra, por una parte, el sexo que, en ambos conjuntos, condiciona la preferencia por el tipo de castigo.

Las mujeres, optan por castigar bajo la forma menos cruel, la de la restitución de la norma, claramente entre los no votantes a Bussi (100%) y también por encima del promedio de su grupo entre los votantes a Bussi.

Entre los hombres, por su parte, predomina el tipo de castigo expiatorio, claramente al interior de los no votantes a Bussi y levemente por encima del mismo entre los votantes a Bussi. Esta modalidad del castigo adopta, en materia de género, un claro perfil masculino.

La edad de los entrevistados sólo incide en el tipo de castigo elegido entre los no votantes a Bussi. Los mayores de 30 años se inclinan, por arriba del promedio, por el castigo de tipo expiatorio. Los más jóvenes se reparten de acuerdo al promedio general.

Por otra parte, la localización geográfica del entrevistado es una variable que no incide en el tipo de castigo elegido. A igual localización geográfica, es diferente el tipo de castigo elegido según la identidad política del entrevistado o el nivel económico social.

Entre los votantes a Bussi, los que viven en la capital provincial, levemente por encima del promedio, eligen el castigo de tipo expiatorio y entre los del interior claramente el restitutivo. Entre los no votantes a Bussi, ocurre una situación inversa; los de San Miguel de Tucumán prefieren castigar bajo la forma restitutiva y los del interior lo hacen bajo la forma expiatoria.

Sin embargo, ninguna de estas variables se relaciona tanto con la modalidad de castigo elegido como el nivel económico-social.

Tanto votantes como no votantes a Bussi que castigan bajo la forma expiatoria, se concentran entre los entrevistados más pobres. Por otra parte, entre los entrevistados de las fracciones medias de ambos grupos prevalece el castigo restitutivo. Sólo entre los entrevistados de mejores condiciones de vida se establece una diferencia entre votantes y no votantes a Bussi. Mientras los que no se inclinan por Bussi repiten los porcentajes del promedio de su grupo, entre los votantes a Bussi de este grupo el castigo de tipo expiatorio supera significativamente el promedio.

La relación entre tipo de castigo y la situación socioeconómica del entrevistado, pondría de manifiesto la existencia de una correspondencia diferenciada entre determinadas personificaciones sociales con las nociones particulares que se hacen presentes en cada tipo de sanción.

Desde una perspectiva solidaria con la tesis de Durkheim, sería posible señalar que a menor riqueza de relaciones sociales, mayor persistencia de elementos ligados a las formas de solidaridad que este autor denominaba mecánicas, caracterizadas por la inclinación a pensar el ejercicio de sanciones expiatorias como forma de resolución de la ruptura de las reglas comunitarias.

Por el contrario, a mayor individuación e internalización de las reglas sociales, a mayor desarrollo del proceso social civilizatorio en los individuos, menor la tendencia a asumir una moral represiva. Sin embargo, esta tesis se corrobora, en el caso analizado, parcialmente, ya que al parecer intervienen además factores ideológicos y del orden de los valores y las representaciones sociales en esta determinación. Esto se torna observable en los entrevistados de mejores condiciones de vida que votan a Bussi quienes optaron, de manera predominante, por las formas expiatorias de castigo.

Ahora bien, se puso en relación la posición que los entrevistados asumieron con relación a la pena de muerte en general, donde el sujeto que la ejecuta y administra es el Estado y la disposición a castigar ante un hecho de la vida cotidiana donde se colocó imaginariamente al entrevistado en la posición de la autoridad que puede decidir si castigar o no y, en caso afirmativo, bajo que modalidad ejecuta el castigo.

Los votantes a Bussi que se manifiestan inicialmente a favor de la pena de muerte preponderantemente también castigan, en mucho mayor medida que los no votantes a Bussi que están a favor de la misma medida. (56% versus 28%)

Esta asociación entre castigo, pena de muerte y tipo de voto, se modera al considerar la "posición real" frente a la pena de muerte, esto es aquellos entrevistados que se manifestaron a favor de la misma o favorables por lo menos en algún caso específico y los que manifiestan también voluntad de ordenar el castigo desde el lugar de la autoridad.

Ahora el 48% de los entrevistados votantes a Bussi y el 33% de los no votantes que se manifiestan a favor de la pena de muerte en general o frente a algún caso en particular, manifiestan su disposición de castigar y se mantiene, aunque en menor medida que cuando se hablaba de la relación entre castigo y posición inicial frente a la pena de muerte, la tendencia ya descripta. Son los votantes a Bussi favorables a la pena de muerte los más castigadores.

Esto ocurre pese a que, como se mencionara anteriormente, es en los no votantes a Bussi donde se sucedía un quiebre más pronunciado en su convicción opositora a la pena de muerte.

Pero ¿Qué ocurre al establecer la relación entre la pena de muerte y el tipo de castigo que los entrevistados aplicarían desde el lugar de la autoridad?

Dentro de un contexto donde no se establece una correlación entre el apoyo a una política estatal de castigo a través de la pena de muerte y la voluntad individual de castigar a través de las formas más extremas, son los votantes a Bussi los que se muestran levemente más favorables a la pena de muerte por lo menos en un caso y en aplicar un castigo de tipo expiatorio al menor ladrón 30% versus 24% entre los que no lo votan.

A modo de síntesis, es posible señalar que en los no votantes a Bussi aparece una escisión entre su apoyo a la administración de la pena capital desde el Estado y la aplicación del castigo situados en un eventual lugar de autoridad donde la responsabilidad personal y el compromiso subjetivo con relación a la acción es creciente y se manifiesta de manera observable.

A la inversa, entre los votantes a Bussi se manifiesta una mayor correspondencia entre el tipo de acción de la cuál son partidarios que tome el Estado y la disposición personal, al ubicarse en un espacio de autoridad, de asumir y realizar ellos mismos el acto de castigar. Es decir, entre los individuos de este grupo se expresaría una mayor homogeneidad relativa entre sus convicciones internalizadas y su posición frente a la autoridad.

Pareciera, a partir del conjunto de valores que manifiesta este colectivo, que sus componentes expresaran, como individuos y como grupo social, una intensa correlación entre un momento del desarrollo estatal del ejercicio del poder y la internalización de esta perspectiva, hecha propia, por los ciudadanos (276).

Estos entrevistados manifiestan así aproximarse en sus valores a lo que Durkheim consideraba como una solidaridad correlativa a una concepción represiva del derecho, caracterizada por una correspondencia entre la conciencia y la práctica de las reglas y las sanciones que se corresponden a su ruptura.

Notas

(266) Se sigue aquí la caracterización sobre la historia de la pena de muerte en la argentina de Bravo, 1991, páginas 119 y 120.

(267) Al respecto, ver el Diario "El Cronista Comercial", del 2 de Abril de 1988.

(268) "Los historiadores de las ideas atribuyen fácilmente a los filósofos y a los juristas del siglo XVIII el sueño de una sociedad perfecta; pero ha habido también un sueño militar de la sociedad. Su referencia fundamental se hallaba, no en el estado de naturaleza, sino en los engranajes cuidadosamente subordinados de una máquina, no en el contrato primitivo, sino en las coerciones permanentes, no en los derechos fundamentales, sino en la educación y formación indefinidamente progresivas, no en la voluntad general, sino en la docilidad automática" Foucault, 1987, página 173.

(269) Diario "La Gaceta", 4 de Abril de 1976.

(270) Al parecer, el posible rechazo de las jerarquías eclesiásticas y la postura vaticana en contra de su aplicación, condicionaron la decisión de las cúpulas militares de que su desenvolvimiento se produjera bajo una modalidad secreta.

(271) Aquí se debe reconocer la ambigüedad que supone la formulación del interrogante con relación a esta identidad. No queda claro de que terroristas se trata. Podrían remitir a cierta conceptualización del ejercicio de la lucha armada de los años setenta o bien a los actos de terrorismo cercanos en el tiempo y próximos a la realización de la encuesta. Menos de un año antes de la realización de la misma, - el 18 de Julio de 1994-, se había producido el ataque terrorista contra la sede de la A.M.I.A, en Buenos Aires.

(272) Para un análisis de las transformaciones históricas en los modos y metas de las políticas punitivas y de control social, ver Foucault, 1987.

(273) Milgram, 1980, página 41.

(274) Estas preguntas fueron una variante de las utilizadas por Piaget, 1984, página 172 y retomadas por el "Programa de Investigación sobre Cambio Social" (PI.CA.SO) de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos Aires. Pese a lo diferente de las ejemplificaciones, llama la atención que el porcentaje de castigadores y no castigadores es similar en ambas investigaciones. Ver al respecto, Pereyra, 1994, página 210.

(275) El tipo expiatorio incluye a quienes expresaron: "Lo metería preso", "Hablaría con los padres para que lo castiguen", "Hablaría con los padres para que lo castiguen y lo haría trabajar en el almacén hasta cubrir lo que robó", "Lo metería preso y Hablaría con los padres para que lo castiguen" y "Le pegaría". El tipo restitutivo incluye la respuesta "Lo haría trabajar en el almacén hasta cubrir lo que robó". Para un desarrollo más extenso de ambas nociones de justicia ver, Piaget, 1984, página 173 y Durkheim, 1993, páginas 80-81y 93-141.

(276) Un poder disciplinador, integrado, reticulado y anónimo que va desde arriba hacia abajo pero también desde abajo hacia arriba de un sistema integrado de vigilantes perpetuamente vigilados". Foucault, 1987, página 182.