Matar para robar, luchar para vivir
por Carlos del Frade
II Parte - Desaparecedores, Resistentes e Impunidades
Capítulo 7 - 1972, Brandazza como prólogo de la noche carnívora
Aquella ciudad
El 3 de diciembre de 1972, por medio de una conferencia de prensa, el Organismo
Unico de Arquitectura, la Federación Universitaria Argentina, la Agrupación de
Abogados de Rosario, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el
Movimiento contra la Represión y la Tortura informaron que habían enviado
telegramas al presidente de la Nación, el general Alejandro Lanusse, y a la
Cámara Federal pidiendo por la suerte de los detenidos por razones políticas y
gremiales.
"El violinista en el tejado" cumplía su segunda semana en el cine Gran Rex y el
almirante Isaac Rojas era promocionado como la personalidad entrevistada, en
forma especial, por Canal 5.
El 6 de diciembre se le brindaba un agasajo al coronel Juan de Dios Carranza
Zavalía por haber logrado su ascenso. Participó el comandante del II Cuerpo de
Ejército, el general Leandro Anaya.
De 112 sociedades anónimas que habían presentado sus balances el 30 de junio de
1972, 94 obtuvieron ganancias y solamente 18 presentaron pérdidas.
Las empresas Somisa y PASA hacían publicidad diciendo sus bondades y haciendo
gala de sus raíces nacionales: "Esto es PASA (y queda en Santa Fe, entre
nosotros). Un verdadero orgullo provincial y nacional. De PASA quedan en la
provincia 76 millones de pesos ley anuales, en compra a proveedores locales, y
33 millones de pesos ley en salarios".
Se anunciaba la fórmula presidencial del Partido Demócrata Progresista,
Francisco Manrique-Rafael Martínez Raymonda. En Canal 8 se anticipaba la palabra
del líder radical Ricardo Balbín.
El 13 de diciembre de 1972, el Colegio de Abogados reclamó por la desaparición
del estudiante Angel Enrique Brandazza.
"La opinión pública se ha visto nuevamente conmovida por la desaparición de un
ciudadano, esta vez el estudiante Brandazza, sin que las gestiones realizadas
para su esclarecimiento por familiares y letrados hayan dado resultado alguno
hasta la fecha. Es necesario que todos los sectores expresen la honda
preocupación que estos sucesos causan a la sociedad, que ve a sus integrantes
seriamente amenazados en sus derechos fundamentales, así como las graves
consecuencias que pueden generar la indiferencia del pueblo y del gobierno ante
hechos de esa naturaleza".
La Santafesina SA prohibió una concentración en la Plaza de Mayo "contra el
hambre, la represión y la entrega". La organizaban el denominado Encuentro
Nacional de los Argentinos y el Movimiento Nacional Intersindical.
Salvador Allende, presidente de Chile, llegaba a México en medio de una gran
expectativa.
Aquella marcha reclamaba "un aumento salarial inmediato de 50 mil pesos para los
trabajadores, jubilados y pensionados; creación de fuentes de trabajo y
subsidios para los desocupados, fijación de precios máximos para los artículos
de amplio consumo".
Quien había sido el represor del Cordobazo, el general Alcides López Aufranc,
era, por entonces, jefe del Estado Mayor General del Ejército. "En una sociedad
de seres imperfectos resulta necesaria la protección de la fuerza para mantener
la paz", decía el militar que a partir de 1976 ocuparía la presidencia de
Acindar. Fue en el 159º aniversario de la creación de la capellanía militar.
Agregó: "Resulta imprescindible acentuar las prácticas religiosas. Estar cerca
de Dios para ejercer nuestro sagrado deber militar". Se preparaba para una
guerra santa. El jefe de la policía santafesina era el coronel retirado Fernando
Guillén.
En el diario "La Capital", de Rosario, el 16 de diciembre de 1972, en la segunda
sección, página 13, apareció una breve crónica: "Los defensores de un estudiante
desparecido hicieron declaraciones". Eran los doctores Mario Ducler y Roberto
Columba. Denunciaron que los hábeas corpus presentados por la suerte de Enrique
Brandazza habían sido rechazados, tanto en el Comando del Segundo Cuerpo de
Ejército como en la Jefatura de la policía rosarina.
Al otro día se informaba que el costo de vida fue del 73,9 por ciento y el
editorial del diario centenario reflexionaba sobre los problemas del tétanos.
En Villa Constitución, donde se había levantado la planta número 2 de Acindar,
se celebraban las bodas de plata del cura Samuel Martino.
Un banco cooperativo, Aciso, cumplía doce años, y en los cines se proyectaban
"La Califa" y "Terror en el bosque". En una confitería donde se cenaba y
bailaba, Sayonara, tocaba la banda El Combo Bogotano, que hacía las delicias de
un comandante retirado de Gendarmería que era habitué del lugar, Agustín Feced.
Feced y el recientemente promovido a general Carranza Zavalía habían participado
del secuestro, la tortura, la desaparición y la muerte de Angel Brandazza; el
prólogo de la noche carnívora que se desataría a partir del 24 de marzo de 1976.
Había sido el 28 de noviembre de 1972, en la entonces ciudad obrera.
A mediados de octubre de 1973, una comisión bicameral de la Legislatura
santafesina investigaría la suerte de Brandazza.
A pesar del gobierno democrático, de la prolija reconstrucción de los hechos y
de las profundas reflexiones que realizaron los diputados que redactaron el
informe, los responsables de la desaparición del estudiante de Ciencias
Económicas oriundo de Venado Tuerto volverían con toda su ferocidad a partir de
1975 y soñarían con un orden de cien años con ellos en el poder.
La comisión bicameral
El artículo 46 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe autoriza a cada
cámara para designar comisiones "con propósitos de información e investigación
sobre materias de interés público y proveerlas en cada caso de las facultades
necesarias, las que no pueden exceder de los poderes de la autoridad judicial,
para el desempeño de sus cometidos".
El informe de la Comisión Bicameral Investigadora de Apremios Ilegales y
Torturas de la provincia de Santa Fe abrió la causa número uno.
"Víctima: Angel Enrique Brandazza. Delito: Homicidio, apremios ilegales y
tortura. Acusados: integrantes del ex comando SAR, general Elbio Leandro Anaya,
general Juan de Dios Carranza Zavalía, coronel Vilanova, mayor Bonifacio, mayor
Gigena, sargento ayudante Emilio Letto, gendarme Gamboa, cabo de la policía
federal Peregrino Luis Gallardo, alias Jopito; subinspector de la policía
federal Jorge Roberto Ibarra, alias Calculín; cabo primero de la policía federal
Atilio Gerla, alias Costurera; agente de policía federal Hugo José Bellet;
agente de la policía federal Rubén Felipe Fernández; oficial ayudante de la
policía provincial Ovidio Marcelo Olazagoitía; oficial subinspector de la
policía provincial Alberto Máximo Grandi; cabo de la policía provincial Rubén
Oscar San Juan; agente de la policía provincial Angel Jesús Farías; cabo de la
policía provincial Gregorio Prieto", decía la carátula del informe de la
comisión.
El 15 de octubre de 1973 se solicitó al juzgado de instrucción de la cuarta
nominación el sumario instruido por el caso Brandazza. Era la causa 904/72.
El sumario había sido elevado a la Corte Suprema de Justicia Nacional por el
juez Hugo Castagnino, en aquel momento a cargo de instrucción de la tercera
nominación de Rosario.
El presidente de la Comisión Investigadora era Juan Luis Lucero y el secretario,
el también diputado provincial Rubén Martínez.
El 5 de noviembre de 1973 se presentó ante la comisión la madre de Brandazza,
Lorenza Cancela, domiciliada en Pueyrredón 617 de Venado Tuerto. Angel Emilio
Brandazza, padre del estudiante desaparecido, pidió por escrito saber qué pasó
con su hijo, el 4 de diciembre de 1972, con el patrocinio de los doctores Mario
Ducler, Juan Bernardo Iturraspe, Héctor Gómez Machado y Roberto Columba.
El 10 de octubre de 1973 el doctor Enrique Petracchi, ministro de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, indicó que "de esta causa surgen graves
imputaciones de apremios ilegales y otros delitos, de los que habrían resultado
víctimas numerosas personas, además de Angel Enrique Brandazza, cuya autoría se
atribuye a personal militar y de las policías federal y de la provincia de Santa
Fe, que actuaba en ejercicio de las facultades conferidas por el decreto ley
19.081 del año 1971".
Brandazza habría muerto al día siguiente de su detención, según informó el
doctor Miguel Angel Hadad, el 12 de noviembre de 1973.
Confesiones
Ana del Carmen Atenzio de Farías, por aquel entonces ama de casa de 23 años,
dijo el 23 de noviembre de 1973 que su esposo, Angel Jesús Farías, trabajaba en
la policía de Rosario y que en mayo de 1972 pasó a desempeñarse en el denominado
Comando SAR (Sub Area Rosario).
Su marido le dijo que "el joven Brandazza tenía datos, que era un militante de
un grupo peronista, aunque también le manifestó que pertenecía al ERP, que
sabían dónde trabajaba el mismo porque lo había seguido, y que el esposo estuvo
presente en la detención, y que luego de detenido lo llevaron a un campo cercano
a la ciudad de Casilda y allí lo castigaron para que hablara, que junto al
esposo de la dicente participaron de la detención Gregorio Prieto y otras
personas más".
De regreso a Rosario, Brandazza logró escapar en Oroño y Córdoba.
Gritó su detención.
Lo volvieron a detener y lo llevaron a la sede del SAR, en la ex comisaría
cinco, en Dorrego al 900 en Rosario. Allí lo torturaron, entre otros, los
policías San Juan y Olagaitía. Dos días permaneció allí. Después lo sacaron por
orden del general Anaya.
Farías se quedó con un reloj de Brandazza que terminó vendiendo a un hermano de
su señora por 5 mil pesos.
El general Anaya ordenó trasladar a los que participaron de la detención del
estudiante peronista. Farías tuvo tres meses de vacaciones. Se fueron quince
días a Entre Ríos.
El marido de Ana del Carmen Atenzio le entregó una lista de todos los que
componían el SAR: "...el que mandaba a todos era el coronel Vilanoba, el
comandante Feced y el general Anaya... Farías le decía que en caso de caer iban
a caer todos juntos, que él solo no iba a caer preso, porque si ocurría algo al
coronel Vilanoba, Anaya o Feced no les iba a pasar nada, pero que él se había
hecho una lista en la que tenía anotados los nombres de todos, con una marquita
en el costado de cada nombre que indicaba en qué operativo había intervenido
cada uno".
La noche de la detención de Brandazza, Farías trajo el chaleco sucio de sangre.
Le tocó cuidar al prisionero durante dos noches. Era "flaquito, rubio, que tenía
entendido que era del ERP, pero que el muchacho no decía nada y que parecía que
era un militante peronista".
Le daban agua con "una cucharita en la boca porque no se podía mover ni nada ya
que estaba completamente desecho". Algunos policías "practicaban" poniéndole
inyecciones.
El secuestro fue el martes 28 de noviembre de 1972.
En abril de 1973, Farías abandonó el SAR. "Vilanoba le decía que tenía bronca
que había ganado el partido peronista porque seguramente los iban a disolver".
Ana de Farías sumó otro dato más: el juez Castagnino "les dio garantías a Grandi,
San Juan y Olazagoitía y que no se preocuparan... el juez les dijo que no pasaba
nada, que se quedaran piolas, que Farías dijo que el juez era de ellos".
La comisión viajó hasta Mar del Plata, donde vivía el hermano de Ana, y se
encontraron con el reloj. Luego se verificó que había pertenecido,
efectivamente, a Angel Brandazza.
El 28 de noviembre de 1973 la comisión ordenó la citación de los policías
Gregorio Prieto, Alberto Máximo Grandi, Rubén Oscar San Juan, Ovidio Marcelo
Olazagoitía y Angel Jesús Farías.
Este último declaró el 29 de noviembre de 1973.
El SAR funcionaba en Dorrego 549. La pista seguía siendo el reloj de Brandazza.
"Ese reloj lo saqué un día, porque nosotros no teníamos acceso adonde estaban
los militares... los militares habían ido a hacer un secuestro de propaganda y
algunas cositas y en eso venía el secuestro ese... lo único que nos daban era
eso, el papelito para hacer el ambiental, una investigación... se puede decir
que no nos daban nunca porque nosotros agarrábamos la listita y pasábamos
cualquier boludez, pasábamos".
Los interrogatorios se hicieron en el Servicio de Informaciones, "que la mayoría
de todos los trabajos yo sé que en el servicio de informaciones interrogaban a
la gente, pero que no sabe de qué forma, que no participaba de las
declaraciones". Tenía un sobresueldo de 48 mil pesos, pero se lo pagaron dos
meses solamente.
Agregó que al Comando del Segundo Cuerpo de Ejército iban a reunirse el coronel
Carranza Zavalía, el coronel Sarmiento, Feced y otros.
Ese mismo día declaró Máximo Grandi, subinspector de la policía, adscripto a la
sección Robos y Hurtos. Dijo que el jefe del operativo contra Brandazza fue el
coronel Vilanoba, "que fueron dos carros de asalto con batallón uniformado de la
Guardia de Infantería... la función del SAR era chequear domicilios".
Aquel día cuando se abriera la puerta "entraban todos a tropel, los cincuenta,
quinientos o los que fueran; que el dicente se apoyó contra una ventana y quedó
afuera; que fue todo al servicio de informaciones; que cargaron a la mamá, a los
chicos, a otra chica y los llevaron al servicio de informaciones de la Jefatura
de la policía local, adentro de Jefatura en ese mismo momento".
Vilanoba salió, llevándose a una señora y dos menores, una chica y un chico, en
un Ford Falcon gris hasta el servicio de informaciones. El coronel se quedó y se
subió al otro automóvil donde estaba Grandi.
Los magos de la picana
La causa sigue con una nueva declaración de Farías.
Al mediodía del 28 de noviembre, vino Ibarra y "entregó una ametralladora a cada
uno (al dicente y a Gregorio Prieto), que por orden de Vilanoba tenían que ir de
apoyo".
Dos Falcon, uno verde y otro azul, y una camioneta Chevrolet celeste. Esperaron
dos horas en bulevar Seguí y Constitución. Allí estaba, supuestamente, "un tal
Mateo, o sea Julio Roque, jefe de la organización FAR, que después cayó en
Buenos Aires, que cuando salió a las doce y media la persona procedieron a la
detención a una cuadra aproximadamente de allí, que la detención la hicieron
ellos".
En la camioneta Chevrolet lo llevaban a Brandazza, que logró escapar al llegar a
Oroño y Córdoba, pero fue reintroducido al Ford azul en el que viajaban Farías y
Prieto. Lo llevaron hasta la seccional quinta, donde funcionaba el SAR.
"Había un militar llamado Sarmiento, que era muy bueno para pasar la máquina,
que cuando el dicente cuidaba no se sentían quejidos, nada, que al tipo lo han
parrillado en el horario en el que el dicente no estaba". Además de Sarmiento,
también aplicaban la picana Grandi y Olazagoitía. Al calabozo entraban Vilanoba,
el mayor Gigena, el mayor Bonifaci, el general Anaya y el coronel Carranza
Zavalía.
Sostuvo que el coronel "Sarmiento era un mago, que venía con una valijita, que
en esa valija hay un aparato que regula tensión de la picana eléctrica, que
Sarmiento era un especialista en el asunto, que la valijita, mejor dicho el
aparato, era igual que el que se ve en la película Estado de Sitio".
La Federal también tenía a sus especialistas, "los maquinistas Bellet y
Fernández", como también lo eran Grandi y Olazagoitía.
Creyeron que Brandazza era Julio Roque.
Brandazza trabajaba en Fundiciones Monterrey, que había sido ocupada por el ERP.
Sobre Feced, indicó que "el viejo peleaba por cuenta de él, con su gente, que no
vio que se metiera nunca, que torturaba por su cuenta, es gendarme, dice, y los
gendarmes son jodidos. Pero que hay muchos policías superiores que no saben lo
que pasa. Que el SAR sucedió al anterior Comando Belén que funcionaba en la
Jefatura; que no sabe por qué se llamaba Belén, pero cree que son siglas o
códigos para radio".
Gregorio Prieto agregó: "Por culpa de estos malditos militares que me
deshicieron cuando me sacaron de Jefatura, no me alcanzaba el sueldo porque ahí
tenía que comprar la comida". Antes se la daban gratis en la Jefatura. Entre
junio de 1972 y marzo de 1973 estuvo en el SAR.
Farías añadió que "sabía que la detención de Brandazza era ilegal. Que en
dependencia del Comando del Segundo Cuerpo recibían adoctrinamiento
antiguerrillero. Que todos los efectivos que aprehendieron a Brandazza en las
inmediaciones de la Fundición Monterrey estaban vestidos de civil".
El botín de guerra
"Se comentaba que Vilanoba en este caso como en muchos otros se ocupaba de
reducir las alhajas y otras cosas que se secuestraban y que no interesaban
directamente a los delitos que se estaban investigando; que de la misma forma,
así como se quedaba con muchos efectos secuestrados de propiedad de los
allanados en combinación con el comandante Anaya, de la misma forma, el
sobresueldo que se les había prometido al personal que trabajaba en el SAR se
los pagó solamente dos meses y el resto no les fue pagado, y se comentaba entre
el personal que el automóvil nuevo que se había comprado Vilanoba procedía de
dicho dinero, que había, cree, 57 personas que debían cobrar el sobresueldo, que
Vilanoba decía que no les pagaba porque el Ejército no le había mandado la
plata, pero que nunca se les pagó dicho dinero", sostuvo Farías.
Nunca se supieron los nombres de aquellas 57 personas.
El futuro estaba preñado de torturadores.
A la hora de justificar procedimientos, Farías recordó "un informe que dio
Bellet sobre que en Bioquímicas (Riccheri entre Santa Fe y San Lorenzo) se
realizaba una reunión de comunistas; que se allanó la facultad con un carro de
asalto del Batallón de Infantería; que tiraron abajo el portón con dicho carro
de asalto; que como no encontrararon ninguna reunión de comunistas porque el
informe estaba mal hecho, Calculín para justificar pintó con un pincel en las
paredes, «ERP», «FAR», «Mueran los montos», todo chorreado; que los negativos de
tales fotos están en Jefatura de Policía de Rosario; que los militares para
cubrirse ordenaron pintar las paredes con las siglas ya referidas para cubrirse,
que el que dio la orden era Vilanoba, que Anaya no sabía nada de eso".
Las resoluciones
El 3 de diciembre de 1973 se repasan los cargos contra Grandi, Farías y Prieto:
hurto, defraudación, detención ilegal y tormentos.
Sobre Farías se establece que "no puede alegar la obediencia debida por tratarse
de una orden ilegal y que lo hacía incurrir en delito de acción pública y que se
da en el transcurso del tiempo, en distintos hechos que realiza sabiendo la
ilegitimidad de sus hechos".
Es el mismo argumento que se utiliza para calificar las acciones de Grandi y de
Prieto. "No se puede alegar obediencia debida...".
El 4 de diciembre de 1973 se envió una nota al comandante del Segundo Cuerpo de
Ejército, general de brigada Eduardo Miguel Arancet, solicitándole la "inmediata
detención e incomunicación del sargento Emilio Letto". Se informó a Rubén Oscar
San Juan y Ovidio Marcelo Olazagoitía, alojados en Alcaidía de Tribunales, que
quedaban en calidad de "detenidos e incomunicados a disposición del juez federal
número uno, doctor Héctor Carlos Freytes".
Los diputados de la Comisión insistieron.
Pidieron al comandante general del Ejército Argentino, teniente general Raúl
Carcagno, la presentación ante la comisión del general (RE) Elbio Leandro Anaya,
general del Perpetuo Socorro Carranza Zavalía, coronel Vilanoba, mayor
Bonifacino, mayor Gigena, sargento Emilio Letto.
En forma paralela, desde la Policía Federal se informaba el 7 de diciembre de
1973 que Atilio Gerla y Hugo Bellet "se encuentran en comisión en el exterior
del país, cumpliendo una comisión reservada de este comando. Con relación al
agente Rubén Felipe Fernández, le ha sido acordada una licencia sin goce de
sueldo por el término de seis meses con autorización para ausentarse a la
República de Venezuela". Firmaba el general de brigada Miguel Angel Iñíguez,
jefe de la Policía Federal que durante los años sesenta había participado
activamente de las acciones de la mítica resistencia peronista.
El 12 de diciembre de 1973 el teniente general Carcagno contestó con respecto a
la presentación de los señores Anaya, Zavalía, Vilanoba, Bonifacino, Gigena y
Letto. "Es indispensable para el firmante el conocimiento previo de los
fundamentos en que se apoya la excepcional medida solicitada mediante el oficio
que contesto, a fin de saber si el proveer en consecuencia implica contravenir
el criterio sentado en la materia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
como así el indeclinable ejercicio de la jurisdicción que me compete".
A pesar del supuesto compromiso con la democracia recuperada el 11 de marzo de
1973, ningún integrante de las fuerzas armadas y de seguridad estaba dispuesto a
juzgar a sus pares.
Esto tampoco se tendría en cuenta en los años posteriores.
El general Carranza Zavalía se convertiría en uno de los principales
funcionarios del Banco Provincial de Santa Fe.
Agustín Feced fue el jefe de la policía rosarina a partir de 1976 y antes,
durante la administración de María Isabel Martínez de Perón, fue tentado para
conducir la Triple A. Cuando se hizo cargo de la Jefatura, por el Servicio de
Informaciones que comandaba, pasaron 1.800 personas detenidas en menos de dos
años, 350 de las cuales siguen desaparecidas hasta el presente.
El diputado Juan Lucero fue detenido en marzo de 1976 y luego se exilió en
Dinamarca. Su hija, Carmen, siguió el mismo camino, luego de haber conocido el
infierno del Servicio de Informaciones de Rosario.
Angel Enrique Brandazza es el caso más antiguo que tiene el listado de personas
desaparecidas elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas.