Matar para robar, luchar para vivir

por Carlos del Frade

 

II Parte - Desaparecedores, Resistentes e Impunidades
Capítulo 22 - Los amigos de Feced
 

El principal responsable del genocidio cometido en la provincia de Santa Fe, Agustín Feced, gozaba de libertad cuando supuestamente sufría de prisión preventiva rigurosa, según se desprende de una carta enviada por su concubina que solicitaba la pensión como tal luego de la fraguada muerte de junio de 1986. El relato de la señora exhibe cómo el ex comandante de Gendarmería iba y venía por el país y ya estaba radicado en Paraguay como luego lo atestiguaron distintos familiares de desaparecidos sin que ningún integrante de la Cámara Federal de Apelaciones rosarina lo tuviera en cuenta.
Se trata de un texto que desnuda la complicidad del gobierno nacional, provincial y de las justicias de ambos estados que prefirieron mirar para otro lado mientras el máximo protagonismo del exterminio perpetrado a orillas del Paraná seguía su vida más allá de la aparente justicia que se estaba construyendo alrededor de su siniestra figura.
Este caso explica, en parte, por qué hoy, a veintiocho años del golpe de estado, todavía hay decenas de familiares que no saben dónde fueron a parar los cuerpos amados ni tampoco se tiene determinada con certeza la cantidad de centros clandestinos de detención que funcionaron durante el terrorismo de estado. Como si Feced y compañía hubieran tenido grandes amigos en la naciente democracia argentina.


La carta

El mayor matador de rosarinos tuvo una mujer que se llamaba Rosario.
Agustín Feced convivió con ella por lo menos quince años.
Así lo acreditó la señora cuando le escribió a la Dirección del Personal de Retiros y Pensiones de Gendarmería Nacional en plena democracia.
Le solicitaba la pensión en calidad de concubina.
La relación se inició en 1971 cuando el ex comandante de Gendarmería ya era el jefe de la policía rosarina, luego de los sucesos del segundo rosariazo, el de setiembre de 1969 que lo uniría, por primera vez, con Leopoldo Fortunato Galtieri, por entonces teniente coronel.
“Al arribar el año 1983 y asumir el gobierno democrático comienza también el calvario para mi esposo”, dice el texto.
El 29 de enero de 1984 “se presenta ante las autoridades en la ciudad de Rosario quedando detenido. Era buscado por excesos en la represión de la subversión en el período que se encontraba a cargo de la Unidad Regional II de Rosario”, dice la señora en su carta.
Por motivos “de la vida angustiada que tenía mi esposo, su salud se fue quebrantando. Por ello cuando se presentó detenido fue remitido al Hospital de Granadero Baigorria -sala policial- donde lo visité y acompañé constantemente”.
Allí “fue tratado de una úlcera estomacal. Estuvo internado durante aproximadamente veinte días”, relata la mujer.
Luego fue detenido “en el destacamento de Gendarmería Nacional de la ciudad de Rosario”y allí también Rosario lo atendió “en forma personal, física y moralmente. Esta situación fue soportada por casi cuatro meses”.
Asegura que “controlaba que tomase su medicación”y fue cuando comenzó “su enfermedad del corazón pues era imposible que humanamente se soporte esta presión”.
Con la salud quebrantada, explica la compañera de Feced, “también fue asistido en el Hospital Español de Rosario, en un estado muy crítico. Luego fue derivado al Hospital de Campo de Mayo (Buenos Aires) quedando hospitalizado y también detenido. Allí también concurro a acompañarlo”, sostiene en su crónica de vida.
“En el mes de octubre de 1984 nos instalamos nuevamente en nuestro hogar y tuvimos la oportunidad de realizar varios viajes de descanso por Argentina. En el año 1985 su corazón no resistió tanta angustia y tuvo que ser operado sobre fin de año en el Hospital Militar de Buenos Aires. El resultado de la operación fue buena pero su espíritu estaba quebrado. Al darle el alta médica regresamos a Rosario, nuestro hogar”, apunta con absoluta sinceridad.
“Decidimos ir a vivir a la República del Paraguay. Por razones de familia tuve que quedarme unos días en Rosario, y él se fue al Paraguay, sitio donde habíamos decidido radicarnos”, informa.
“Allí surge una descompostura y es trasladado a Formosa donde vivía su hija Graciela, donde fallece el 20 de julio de 1986”, cree la señora.
La compañera de Feced, Rosario, acreditó la convivencia, según se desprende de la resolución 278 del 14 de agosto de 1991, dictada por el juez de instrucción de la 12ª nominación, Rodolfo Bruch con la secretaría de la doctora Perla de Beccani.
El trámite se llevó a cabo en la primera mitad de los años noventa y nadie se dio por aludido.
La carta es una demostración de la libertad que gozaba el mayor responsable del genocidio perpetrado en la provincia de Santa Fe.
Desde 1984 se había dictado prisión preventiva rigurosa.
No podía moverse de los lugares asignados como el Hospital Granadero Baigorria o el de Campo de Mayo.
Sin embargo el relato de Rosario es preciso y no deja lugar a dudas: el mayor imputado de delitos de lesa humanidad en el segundo estado argentino se movía con absoluta libertad por todo el país y ya había viajado al Paraguay donde decidió instalarse.
Los meses de detención, según este testimonio, no fueron más de cuatro meses.
Aquí se juntan las responsabilidades del gobierno nacional que a partir de las resoluciones de la justicia federal rosarina debieron garantizar la prisión de Feced, pero también marca la libertad que le concedía el gobierno de la provincia de Santa Fe.
Ni hablar de la justicia federal rosarina que lo estaba juzgado por crímenes aberrantes y que a pesar de recibir la denuncia de un familiar de desaparecido que había visto a Feced en el Paraguay después de la fecha de su muerte inventada, no hizo nada para revisar lo actuado.
Como tampoco, en aquellos años que fueron desde 1984 a 1986, garantizó la reclusión del máximo responsable del terrorismo de estado en la región.
La carta señala que en octubre de 1984 ambos se encontraban en el departamento de la mujer. Era la fecha en que se producía el robo de los documentos de los integrantes de las distintas patotas que operaron en la región que se encontraban en el edificio de los tribunales provinciales rosarinos.
Tampoco dijo una sola palabra el doctor Bruch cuando falló a favor de la legitimidad del reclamo que acreditaba la convivencia de la señora Rosario con el ex comandante de Gendarmería.
Los gobiernos de Raúl Alfonsín, en la Nación, y José Vernet, en la provincia, eran los responsables de garantizar la prisión del ex titular de la policía rosarina. No lo hicieron, como tampoco lo llevaron adelante los ministros del Interior, Antonio Troccoli, ni de Gobierno santafesino, Eduardo Cevallo.
Feced siempre fue un cuidadoso orfebre a la hora de producirse disfraces pero su presencia exigía un máximo de seguridad que nadie eligió disponer.
Hasta el 30 de junio de 1983, Feced cobraba sus haberes bajo el nombre de Rubén Alberto Carlucci, extraño alias que eligió luego de haber participado en la desaparición de una militante de la ciudad de Capitán Bermúdez, Isabel Carlucci.
En esa ficha figura que su último ascenso se había producido en enero de 1983 y que había ingresado en junio de 1974.
Se trataba de su trabajo en la Secretaría de Inteligencia del Ejército, como le llegó a comentar en una carta al ex Ministro del Interior de la dictadura, Albano Haguindegy.
¿Hasta cuándo habrá recibido dinero el tal Rubén Alberto Carlucci?.
Si aquellos primeros gobiernos le garantizaban la libre circulación por la geografía argentina no es descabellado pensar que sus salarios seguirían devengándose bajo el nombre elegido como pantalla.
Es hora de recuperar la dignidad y explicar por qué fue posible semejante atentado contra la justicia y la verdad.