Matar para robar, luchar para vivir
por Carlos del Frade
II Parte - Desaparecedores, Resistentes e Impunidades
Capítulo 23 - Las garras del Tigre
El Tigre Acosta y sus negocios en los restos del puerto rosarino
El jefe de Inteligencia de la Escuela de Mecánica de la Armada era uno de los
más conspicuos pasajeros que se alojaban en el hotel Riviera de Rosario entre
1991 y 1994. Jorge "El Tigre" Acosta desarrolló actividades comerciales en la
región a través de su astillero Río Bravo, con sede en General Rivas 175, en la
zona del Dock Sud, en Avellaneda. Su principal contacto era un ex integrante de
aquel centro clandestino de detención, Adolfo Romero, y sus intereses estaban
vinculados a la zona franca paraguaya que opera en el puerto del sur provincial
desde los tiempos de Videla y Stroessner. Ellos decían ser los representantes de
la firma Serviport SRL, la misma que generó una millonaria demanda judicial a
fines de los años noventa. Eran los tiempos de la fiesta menemista y los
primeros intentos por privatizar el puerto rosarino; mientras que en Paraguay
gobernaba el luego depuesto Juan Carlos Wasmosy. Junto a los verdugos de la ESMA
-Acosta y Rádice- también se movieron, por aquellos días, hombres como Alberto
Kohan y Carlos Corach. La fotografía que posee este cronista muestra una reunión
mantenida en una casa familiar de la zona del Gran Rosario en la que se revela
una de las tantas visitas de uno de los principales represores de la historia
reciente argentina cuando se pergeñaba un negocio cuya dimensión, según la
propia Justicia federal, ascendió a 150 millones de dólares. ¿Por qué El Tigre
Acosta tuvo tanta impunidad para moverse en círculos políticos y empresariales
rosarinos?, parece ser la pregunta que, por ahora, no tiene respuesta.
La dupla Acosta-Romero
"Jorge es un hombre que trabajó mucho por el país", repetía el ex integrante de
la Escuela de Mecánica de la Armada Adolfo Romero, residente desde hace varios
años en la ciudad de Rosario.
La mención era por su amigo, Jorge Acosta, con quien integraba una agencia de
seguridad privada, según contaba Romero a sus íntimos y con quien intentaban
realizar negocios en conjunto en la zona sur de la provincia.
Las visitas de Acosta fueron periódicas entre 1991 y 1995. Su lugar de
alojamiento era el hotel Riviera de Rosario, ubicado en San Lorenzo entre
Paraguay y Corrientes.
Romero, un verdadero busca, formalizó el encuentro con el tercer hombre de la
fotografía, Carlos Alberto González Garabelli, ex encargado de negocios del
Paraguay. Así, por lo menos, se lo presentaron a los entonces amigos que
desconocían la historia de Acosta.
En realidad, la amistad del contacto rosarino con El Tigre había empezado mucho
tiempo antes, cuando ambos estudiaron en el Liceo Militar de Santa Fe, en el que
compartieron la educación secundaria.
Con los años se cruzaron, una vez más, en la Escuela de Mecánica de la Armada.
Sitio del que Romero pudo salir impune porque, hasta ahora, no hubo ningún
sobreviviente que lo reconociera.
-¿Por qué Jorge no quiere entrar a la iglesia? -le preguntaron a Romero en una
ocasión.
-Es una historia muy larga.
-Es una cosa rara porque mirá que ustedes los milicos son todos chupacirios -le
repreguntaron en tono amistoso.
-Lo que pasa es que Jorge dejó muchas cosas de lado en su carrera militar
-pontificó Romero, el contacto rosarino del ex jefe del denominado Grupo de
Tareas 3.3.2, el entonces capitán de fragata Jorge Eduardo Acosta.
Los pasos del Tigre
El 29 de diciembre de 1998 Jorge Acosta, ex jefe de operaciones de la Escuela de
Mecánica de la Armada (ESMA), se entregó en la sede de la Marina de Guerra en
Buenos Aires tras estar 14 días prófugo, acusado del robo de hijos de
desaparecidos durante el terrorismo de estado.
Fuentes de la Marina dijeron que El Tigre Acosta fue dado de baja de la Armada y
que estaba a la espera de que la policía lo llevara ante el juez federal Adolfo
Bagnasco, quien pidió su captura después de que el ex miembro de la ESMA, uno de
los principales centros de detención ilegal, se negó a declarar el pasado 15 de
diciembre, reportó la agencia de noticias española EFE.
Las fuentes indicaron que Acosta fue destituido de la Armada, donde tenía el
cargo de capitán de fragata retirado, por haber sido declarado "en rebeldía", en
su condición de prófugo de la Justicia.
El juez Bagnasco investiga un plan sistemático de robo de niños, hijos de
desaparecidos, y su posterior cesión en adopción ilegal durante el pasado
régimen dictatorial.
"Nosotros no integramos grupos paramilitares librados a nuestros designios
independientes", habría dicho el capitán de fragata Jorge Eduardo Acosta, en
febrero de 1987, ante la Cámara Federal que investigaba la causa por "gravísimos
delitos contra los derechos humanos cometidos en la Escuela de Mecánica de la
Armada.", según relataba la periodista Alejandra Florit, en el diario "La
Nación", el 27 de enero de 1998.
Acosta ya estaba identificado como uno de los dos titulares de cuentas bancarias
en Suiza en la investigación que realizó la fiscal suiza Carla del Ponte por
pedido del juez Baltasar
Garzón.
Según la cronista, "a diferencia de Astiz, hombre protegido, por lo menos hasta
semanas atrás, por muchos marinos en actividad y por la mayoría de los
retirados, a Acosta nadie lo quiere, lo tienen catalogado de sádico, de loco y
por realizar manejos económicos turbios, según confió a «La Nación» una
importante fuente vinculada con la Armada".
La nota recordó que "antes de caer en desgracia, a mediados de 1978, tomó
contacto con el rey de España, Juan Carlos de Borbón, por medio de una
entrevista personal con el fin de ofrecerle datos sobre el accionar de
Montoneros en España y de agradecerle el apoyo que se le brindaba al GT 3.3.2,
de acuerdo con lo dicho por Acosta en tres declaraciones secretas realizadas en
1986 y 1987 ante un jurado militar y que fueron mantenidas en esa condición
hasta que llegaron al despacho del juez Baltasar Garzón".
Y un detalle que parece extraído del más genuino realismo mágico
latinoamericano: "aunque parezca inverosímil, hay quienes afirman, entre ellos
gente vinculada con la SIDE, que el 1º primero de enero de 1994 Acosta fue visto
en el alzamiento campesino del subcomandante Marcos, en Chiapas, México, como
observador. Habría ido por pedido del entonces segundo jefe de la Secretaría de
Inteligencia del Estado (SIDE), vicealmirante Juan Carlos Anchezar".
Hasta que llegó el efecto tequila, en marzo de 1995, Acosta "habría trabajado en
el banco cordobés Feigin, como jefe de seguridad, y tres meses después, el 12 de
junio de 1995, su nombre fue vinculado con el atentado que sufrió el periodista
Guillermo Cherasny, aunque esto nunca pudo probarse", decía aquella nota.
El juez federal Claudio Bonadío decretó el 2 de octubre de 2001 la
"inconstitucionalidad por nulidad insalvable" de las llamadas leyes de
Obediencia Debida y Punto Final, en la misma causa en la que dictó un nuevo
procesamiento con prisión preventiva para el ex dictador Emilio Eduardo Massera,
a quien le embargó sus bienes por un millón de pesos.
Fuentes tribunalicias confirmaron además que el juez calificó a Massera como
"jefe de una asociación ilícita" que se apropió de bienes de
detenidos-desaparecidos, entre otros delitos que se cometieron en el ámbito de
la Escuela de Mecánica de la Armada.
En la misma resolución Bonadío decretó la inconstitucionalidad "por nulidad
insalvable" de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, con lo que se
convirtió en el segundo magistrado (después de su colega Gabriel Cavallo) que
cuestiona esas dos normas que beneficiaron a represores de la última dictadura.
En una extensa sentencia -contenida en alrededor de 165 carillas y dictada con
la intervención del secretario Pablo Bertuzzi- el juez también procesó a otros
cinco ex jefes navales que actuaron en la ESMA, durante la represión
dictatorial.
Se trata de Jorge "Tigre" Acosta, Juan Carlos Rolón, Jorge Radice, Francis
Whamond y Jorge Perrén, quienes -al igual que un civil cuidador de caballos,
Aldo Maver- quedarán detenidos por integrar una asociación ilícita que se
apoderó de los bienes de detenidos-desaparecidos secuestrados en la ESMA.
Lo que no se contaba en la nota del diario "La Nación", y tampoco fue tenido en
cuenta en la declaración del doctor Bonadío, fueron los emprendimientos que
Acosta y su contacto en Rosario, Adolfo Romero, realizaron desde la Zona Franca
Paraguaya.
Los negocios y los socios
Eran los tiempos de la primera administración de Carlos Reutemann como
gobernador, del actual diputado nacional Héctor Cavallero como intendente
rosarino y del gobierno inaugural de Carlos Menem a nivel nacional.
Comenzaba a hablarse de la privatización del puerto nacional que hacia la década
del treinta había exportado más de siete millones de toneladas de cereal,
convirtiendo a la ciudad en la mítica "capital de los cereales" a la que le
cantaba Eduardo Falú.
Acosta, hacia 1991, había superado una causa penal en su contra por una estafa
con créditos para promoción de exportaciones que perjudicó al Banco Central de
la República Argentina, en 1987, en unos 32 millones de dólares.
El objetivo del represor fue construir y exportar 16 barcazas que no fueron
terminadas ni vendidas al exterior. Como el Banco Central desistió de continuar
con la causa, Acosta fue sobreseído por la jueza federal María Romilda Servini
de Cubría.
El año 1987 tuvo características fuertes para El Tigre, porque fue dado de baja
de la Armada, de allí que emprendiera el negocio de los astilleros con el
llamado Astilsur.
Uno de sus socios fue el ex teniente de fragata Jorge Rádice, quien realizó
tareas de logística en la ESMA "consistentes en administrar los bienes robados a
los secuestrados; estuvo al frente de una inmobiliaria que vendía las
propiedades robadas; fue secretario personal de Emilio Massera" y también
"participó en las sesiones de torturas a los prisioneros". Formaba parte del
grupo de tareas que secuestró a las monjas francesas Alice Domon y Leonie
Duquet. Lo apodaban "Ruger" y "Gabriel".
Aquellos negocios de Rádice y Acosta derivaron en negocios estimados por la
Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal en 70 millones de dólares
como producto de extorsiones, ventas de inmuebles de sus víctimas y otros
delitos. Lo que sí confirmó Rádice es que una de sus tareas en la ESMA era
administrar un fondo mensual de 400 mil dólares para los gastos de
funcionamiento de los grupos de tareas.
A principios de diciembre de 2000 se informó que Rádice se había asociado al
empresario Miguel Angel Egea, estrechamente vinculado a Alberto Kohan, ex
secretario general de la presidencia de Carlos Menem. Sus nombres surgieron a
raíz del escándalo del casino flotante frente a Capital Federal. Egea, en
realidad, es dueño de Martiel SA, fundado por el propio Rádice.
Cuando el juez comercial Carlos Villar les decretó la quiebra de Astilsur, ambos
aparecieron al frente de otra empresa, Astilleros Río Bravo SA.
El nuevo emprendimiento se hizo cargo de las instalaciones de Astilsur, de casi
5 mil metros cuadrados ubicadas en Rivas 175 en la isla Maciel de Avellaneda. Un
año antes, en 1986, las personas que figuraban como directivos de Río Bravo
otorgaron un poder especial de administración y disposición de bienes a favor
del Tigre Acosta.
En los registros de la DGI el represor no aparece como propietario de ningún
bien inmueble y en su domicilio de calle Perú 263, tercer piso, en Capital
Federal, funcionaba una agencia de seguridad. La "famosa" Bridees, aquella que
denunció Domingo Cavallo en el Congreso de la Nación como propiedad de Gregorio
Ríos, el ex custodio de Alfredo Yabrán.
Con la llegada del menemismo al poder, en 1989, constituyó con Julia Irene
Argerich y su hija, María Elena Acosta, la empresa Eximport Funds, la que
contaba con la misma apoderada legal que Río Bravo.
Hacia 1995 -ya con Menem en su segunda presidencia- la empresa ecuatoriana
Prodefensa, una de las que intervino en la venta ilegal de armas argentinas,
contrató a Acosta para trabajar en seguridad y lobby.
En esas empresas, Río Bravo, Bridess y una -hasta entonces- enigmática firma
Serviport, decía trabajar el contacto rosarino de Acosta, Adolfo Romero.
La zona franca paraguaya
Decenas de veces se reunieron Romero y Acosta entre 1991 y 1995 en la ciudad de
Rosario y alrededores, de acuerdo a los testimonios recogidos por esta
investigación. La fotografía que prueba uno de esos encuentros revela el interés
de ambos en acercarse al representante de negocios del Paraguay en la zona,
Carlos Alberto González Garabelli.
La zona franca paraguaya en el puerto rosarino fue una de las tantas
consecuencias del Operativo Cóndor, el plan elaborado por las dictaduras de los
países de América del Sur para reprimir a los opositores políticos y sociales.
Así, en mayo de 1976 y en septiembre de 1977 tuvieron lugar en Asunción las
"conferencias bilaterales" de inteligencia entre los ejércitos argentino y
paraguayo, experiencia que se repitió entre el 27 y el 28 de junio de 1978.
El 19 de octubre de 1979 en la Ciudad Presidente Stroessner, Videla firmó con
los gobiernos paraguayo y brasileño el Acuerdo Multilateral sobre Corpus-Itaipú.
En noviembre de 1979, Alfredo Stroessner realizó una visita Buenos Aires. Su
resultado más relevante fue la firma de un acuerdo y el reglamento sobre la
constitución en el puerto rosarino de una zona franca a favor de Paraguay, paso
que se concretó el 16 de enero de 1980.
En la actualidad, el sitio oficial del gobierno guaraní en internet anuncia que
"Paraguay cuenta con facilidades portuarias y depósitos en convenio con otros
países de la región. Así, con Argentina comparte puerto y depósito en Buenos
Aires, puerto y depósito franco en Rosario y una zona franca en Santa Fe; en
Brasil posee puerto franco en Paranaguá y depósito franco en Santos; en Chile,
puerto, zona y depósito franco en Antofagasta; y, finalmente, en Uruguay se
sitúan puertos y depósitos francos en Montevideo y Colonia, así como puerto y
zona franca en Nueva Palmira".
Los ahora ex amigos de Acosta y Romero señalaron que "junto con el representante
de negocios del Paraguay en la Argentina querían hacer acuerdos en relación con
el astillero Río Bravo y la firma Serviport".
Incluso apuntaron que "varias veces concurrieron a la zona que está sobre
avenida Belgrano, enfrente del edificio de la Aduana rosarina, porque hablaban
de instalar algo relacionado con esos intereses".
Las fuentes testimoniales que acercaron la fotografía y revelaron los continuos
viajes del Tigre Acosta a Rosario durante la primera mitad de la década del
noventa no saben con exactitud si se concretaron o no algunos de los negocios
proyectados por los ex integrantes de la ESMA.
De igual manera, los actuales funcionarios del Ente Administrador del Puerto
Rosario tienen un profundo interés en recuperar ese terreno para el estado
provincial.
Es que se han venido sucediendo varios hechos ilícitos en torno a la zona franca
paraguaya.
Serviport, contrabando y ESMA
A fines de agosto de 1999, por ejemplo, se informó que el gobierno argentino
exigía una indemnización de 150 millones de dólares y el procesamiento del ex
presidente Juan Carlos Wasmosy porque el primero de febrero de 1989, horas antes
del golpe que derrocó a Stroessner, Paraguay concesionó la zona franca del
puerto rosarino en forma directa a la firma argentina Cereales Asunción, según
la demanda presentada en el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario.
La condición era garantizar una inversión de casi dos millones de dólares y un
gasto de mantenimiento de 200 mil dólares mensuales. Después del golpe, el nuevo
gobierno del general Andrés Rodríguez aceptó en agosto del 89 extender a cuatro
años la concesión. El conflicto estalló apenas 9 meses después. Según la
denuncia de Cereales Asunción, representantes del gobierno paraguayo invadieron
el lugar, cambiaron el candado de acceso e impidieron el ingreso del personal de
la firma argentina alegando que no realizó las inversiones pactadas.
Lo interesante del episodio es una investigación del diario "ABC Color" de
Paraguay, que indicó que la zona fue en realidad transferida a una firma
denominada Serviport SRL de la cual era accionista José Luis Manzoni Wasmosy,
primo del ex mandatario y presidente de la Cámara Paraguaya de Exportación de
Cereales. La firma operó la instalación hasta que el ex presidente dejó el poder
en 1998.
Por esta razón el encargado de negocios del Paraguay, en aquellos años
menemistas, está sentado junto a Acosta y Romero.
Los tres habían logrado alguno de sus propósitos.
A principios de 2002 las autoridades del Puerto rosarino recibieron la visita de
las nuevas autoridades consulares paraguayas, quienes les presentaron sus
formales disculpas por los hechos ocurridos en diciembre del año anterior. Eran
los funcionarios de la actual administración del presidente González Macchi.
El pedido de perdón se relacionaba con una de las tantas operaciones de
contrabando de cigarrillos que tienen a los territorios santafesino, entrerriano
y paraguayo como bases de distribución.
Una carga de cigarrillos ingresados al país por contrabando, con valor comercial
estimado en un millón de pesos, fue decomisada en la zona franca paraguaya del
puerto de Rosario, a la cual había llegado el 5 de diciembre de 2001. El
secuestro del cargamento, compuesto por unos 70 mil cartones de cigarrillos de
origen extranjero, no tiene precedentes en la ciudad, según informaron voceros
de la Aduana más de veinte días después.
El procedimiento en el cual se descubrió la carga ingresada ilegalmente se
extendió durante dos días. Se inició en la zona franca paraguaya del puerto de
Rosario, ubicada sobre la avenida Belgrano a la altura de su cruce con calle
Cerrito, donde personal de la Aduana y la Región Aduanera Rosario descargó los
paquetes en el depósito general del Ente Regulador del Puerto Rosario.
El operativo se realizó con la acción conjunta de personal de la Aduana, la
Región Aduanera Rosario y la Policía Federal, con la colaboración de la
delegación local de Prefectura Naval. El administrador de la Aduana, Juan Carlos
Saucedo, explicó que los cigarrillos se encontraban en la parte posterior de
tres contenedores, detrás de un cargamento de carbón vegetal, que constituía la
carga documentada.
Saucedo indicó que el valor de la carga decomisada está estimado en un millón de
pesos, y señaló que por su importancia el decomiso "no tiene precedentes
cercanos" en la historia de la Aduana local.
Estos hechos recientemente denunciados estaban en la cabeza de los tres
comensales de aquella reunión en el Gran Rosario. Dos de los cuales habían
pertenecido a la Escuela de Mecánica de la Armada.