Monseñor Plaza y otros obispos

Iglesia y Dictadura, por Emilio F. Mignone (Capítulo cuarto)

Monseñor Plaza

De todos los miembros del Episcopado es, tal vez,  monseñor Antonio José Plaza, hasta 1986 arzobispo de La Plata, quien con mayor claridad y desenfado se identificó con la dictadura militar, y sus métodos represivos.

Plaza cultivó un desaprensivo menosprecio por la colegialidad episcopal. En cada ocasión que la CEA publicó una pastoral colectiva reafirmando los principios cristianos acerca de la dignidad de la persona humana, el arzobispo de La Plata, a pesar de haberla suscripto, encontraba la manera de poner de manifiesto su discrepancia.

Esto indica que constituye un error la tradición en virtud de la cual los documentos episcopales tienen que aparecer firmados por todos los integrantes del cuerpo, simulando una unanimidad que no existe. Ello trae como consecuencia textos confusos y ambiguos, con párrafos contradictorios destinados a satisfacer los distintos criterios.

Nadie tiene que escandalizarse porque haya obispos con opiniones diferentes. La ficción de la unanimidad parte de la concepción de una Iglesia monolítica, donde los fieles deberían limitarse a obedecer. La Iglesia que muestra el Nuevo Testamento es otra, con pluralidad de dones, donde la función episcopal es un servicio y la conciencia de cada cristiano, como lo solía repetir el cardenal Newman, es el último juez de la conducta individual.

Sería más lógico que las pastorales colectivas sobre asuntos controvertidos se publicaran con la firma de los obispos que componen la mayoría a favor de una determinada opinión. Los integrantes de la, o de las minorías tendrían derecho igualmente a expresar sus disidencias. Con ese procedimiento hubiéramos conocido con certeza la posición de los distintos prelados en relación con el problema de la violación de los derechos humanos, sin el temor de incurrir en injusticias al englobarlos en una apreciación general.

En los Estados Unidos la Conferencia Episcopal ha adoptado la política de dar a conocer los borradores de las pastorales colectivas sobre temas controvertidos, elaborados por n comité de expertos, para conocer la opinión del Pueblo de Dios. El texto final queda enriquecido con observaciones y críticas. Eso ocurrió con el documento referido a la utilización de las armas nucleares, que alcanzó una notable gravitación en la opinión pública.  (El obispo de Morón Justo Laguna viajó en 1986 a los Estados Unidos invitado por la Conferencia Episcopal de ese país y cuenta lo siguiente: “La asamblea episcopal de los EE.UU. tiene en preparación un documento sobre la doctrina social de la Iglesia y la economía norteamericana... Lo que no dejó de sorprenderme fue la forma en que trabaja, con una libertad y una apertura que le permite crecer y conocer la realidad de la patria con mucha eficacia. Es una cosa admirable que publiquen los borradores y reciban la crítica de todos los sectores”  La Razón, Bs. As., 26 de mayo de 1986. )

En los concilios ecunémicos los proyectos de constituciones se deciden por el voto de la mayoría y se da a conocer el resultado de la elección. El nombre de los sufragantes no es un misterio. En el Concilio Vaticano I una quinta parte de sus integrantes se opuso al tratamiento del dogma de la infalibilidad pontificia y sesenta padres conciliares –cuyos nombres constan- se retiraron para no pronunciar su non placet en la votación final.

Una voz discordante

Con motivo de la autoamnistía decretada por el régimen militar tres meses antes de retirarse del gobierno, Plaza fue la única voz episcopal que se alzó para defenderla. Publiqué entonces un artículo en el diario La Voz del 3 de septiembre de 1983, donde esbozo una semblanza del arzobispo de La Plata. Creo que es interesante transcribirlo porque recibí muchos llamados de adhesión de clérigos y laicos de su arquidiócesis. 

La de monseñor Plaza fue una de las pocas voces discordantes.

El arzobispo de La Plata, Antonio J. Plaza, constituye una voz discordante en el país. Ha sido el único, junto con Emilio Hardoy que ha defendido públicamente la ley de autoamnistía.

Ardí, conservador septembrino y diputado fraudulento, lo hizo en términos cínicos, pero políticos. Plaza, en cambio –y esto es lo grave y escandaloso–, ha pretendido justificarla desde un ángulo religioso. Ha dicho que la llamada ley de pacificación nacional, mediante la cual los criminales encarnados en el poder se amnistían a sí mismos, es una norma “evangélica”.

En realidad, monseñor Plaza, pese a su carácter de obispo de la Iglesia católica, nunca ha tenido nada que ver con el Evangelio. En 45 años que lo conozco jamás le he escuchado una frase que posea relación con la doctrina de Cristo. Sacerdote ambicioso y politiquero, consiguió “obispar” , como se decía antiguamente, en 1950, adulando al gobernador Mercante y ocupó hasta 1955 la diócesis de Azul. Ocurrido el golpe de Estado de ese año, atribuyó, en una frase desdichada y famosa, la epidemia de poliomelitis de esa época a los supuestos pecados convertidos por los gobernantes depuestos (que lo habían encumbrado). Evidentemente la teología del prelado no era muy sólida.

Como compensación por su adhesión a los nuevos detentadores del poder, logró que el ministro de Lonardi, Mario Amadeo, lo hiciera promover al arzobispado de La Plata. Era una época en la que todavía se aplicaba el régimen del patronato establecido por la Constitución Nacional, en virtud del cual los obispos debían ser presentados por el presidente de la Nación, para su consagración por el papa. Felizmente ese anacrónico sistema, que todavía subsiste en la letra de la ley fundamental, fue abolido mediante un acuerdo con la Santa Sede, negociado por el ministro de Relaciones Exteriores de Illia, Miguel Angel Zavala Ortiz y firmado por Onganía.

Desde hace casi veinte años, el país y los cristianos padecemos a Plaza en la arquidiócesis de la capital bonaerense. En 1958 se alió con Frondizi y Frigerio y obtuvo innumerables prebendas con el verso de la enseñanza libre y otras actividades menos líricas. Logró, entre otras cosas, la autorización del Banco Central para el funcionamiento en el país de una institución crediticia uruguaya, el banco del Este. Adquirido por Pérez Companc se transformó en el Río de la Plata y hoy se denomina Banco Río. Compró el paquete accionario del banco Popular de La Plata, asunto que terminó en una verdadera estafa, de la cual salió indemne por su condición episcopal. Tenía cuenta corriente en el banco Comercial de David Graiver pero se salvó de las iras del general Camps –quien le dedica un encendido elogio en su libro Punto Final–, merced a los servicios que prestó a la represión ilegal y asesina, denunciando estudiantes y a su propio sobrino y aceptando el cargo de capellán mayor de la policía de la provincia de Buenos Aires. Esto le permite cobrar otro sueldo y gozar de un segundo automóvil. En ese carácter visitaba las prisiones clandestinas donde se torturaba y se fusilaba. No consta que prestara auxilios religiosos a los prisioneros , aunque en su lejana juventud enseñara teología mística en el seminario de La Plata, disciplina aparentemente ajena a su personalidad y a sus preocupaciones. Curiosamente, hasta la mística le produjo beneficios: con el cuento de los grandes místicos Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, expolió durante años a los padres carmelitas, a cuya orden pertenecían ambos santos.

Pero el gran filón de monseñor Plaza ha sido el sector educativo, que manejó desde la comisión respectiva del episcopado. Enfermo de poder, impuso ministros de Educación de la provincia de Buenos Aires y directores de la superintendencia para la enseñanza privada de la Nación y obtuvo durante años, a través de todos los regímenes, ventajas legales y económicas. Para ello no omitió enjuagues políticos. Recuerdo que desde el balcón de la casa de gobierno de La Plata, apoyó la continuidad del vice-gobernador Calabró, cuando Perón hiciera renunciar a Bidegain. Su última hazaña consistió en una exención impositiva obtenida a través del ministro de Economía del gobernador Ibérico Saint Jean, Raúl Salaberren Malgor.

Sin perder un minuto Plaza se ha alineado con el candidato a gobernador peronista para la provincia de Buenos Aires, Herminio Iglesias, quien ha prometido públicamente designar ministro de educación a quien el arzobispo de La Plata le indique. Pero Herminio se equivoca. Hoy Plaza nada significa en la Iglesia católica, sino un pasado turbio y preconciliar, que está desapareciendo. A veces demasiado lentamente, pero de manera inexorable.  

Un ejemplo del menosprecio del arzobispo Plaza por las decisiones de la Conferencia Episcopal y su connivencia con la dictadura castrense, lo muestra el episodio del libro de catequesis Dios es fiel, de la religiosa de María Auxiliadora de Rosario, Beatriz Casiello.

A fines de 1978 tuvo lugar una ruidosa campaña periodística encabezada por el diario La Razón –portavoz en ese entonces, del servicio de inteligencia del ejército–, dirigida a sostener que el texto de la hermana Casiello, muy difundido en los colegios católicos, incitaba a la subversión. Con la preocupación consiguiente tomó cartas en el asunto la Conferencia Episcopal, la cual, sin llegar a elogiarlo, dictaminó que “el libro no contiene afirmación errónea ni negación de la doctrina católica”.

Esta opinión no satisfizo a monseñor Plaza, quien, en materia de ortodoxia católica, confiaba más en los oficiales del ejército que en sus hermanos en el episcopado. El 18 de noviembre de 1978 el arzobispo de La Plata prohibió el texto en las escuelas católicas de su diócesis mientras el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, general Ovidio Solari adoptaba una medida similar en su jurisdicción, que involucraba a varios obispados (1). Como hubo algunas protestas, el secretario de prensa del gobierno bonaerense, capitán Jorge Cayo, manifestó categóricamente “no nos preocupan los obispos, se prohíbe y basta” (2). Plaza agradeció públicamente, mediante una carta, la colaboración del general Solari (3). 

Los últimos años

Como resultado de las actitudes relatadas, durante la XLIV asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, que tuvo lugar entre el 19 y el 24 de abril de a982, Plaza fue desplazado de la presidencia de la comisión episcopal de educación católica, una de las fuentes de su poder. Lo sustituyó el obispo de Azul, monseñor Emilio Bianchi di Cárcano.

En 1983 el abierto apoyo de Plaza a la candidatura de Herminio Iglesias para la gobernación de Buenos Aires, a cambio del control del ministerio de Educación, atrajo críticas de adentro y de afuera de la Iglesia. Es interesante a este respecto un editorial del diario La Prensa, del 13 de septiembre de 1983. Dice así:

Límites de la misión eclesiástica

Una noticia publicada en nuestra edición del 30 de septiembre pasado hizo saber que un grupo de sacerdotes de la arquidiócesis está realizando consultas entre sí para sopesar la posibilidad de presentar su queja ante la Nunciatura Apostólica o la propia Santa Sede, dado los problemas y divisiones que provoca entre sus fieles el proclamado apoyo del arzobispo  de La Plata al partido Justicialista de la provincia y a su candidato a gobernador, a los que últimamente en todas sus declaraciones periodísticas, da como seguros triunfadores en las próximas elecciones. 

No sólo los mencionados sacerdotes sino también el arzobispo de Bahía Blanca y los ocho obispos diocesanos bonaerenses, participarían de idénticas preocupaciones sobre los juicios y las entrevistas mantenidas por el eludido prelado con el candidato justicialista a la gobernación de la provincia. Hasta los propios militares peronistas, miembros de la grey católica, se habrían sentido afectados por el proceder del arzobispo de La Plata, calificando de apresurada contraprestación de favores a la promesa hecha al prelado, de designar ministro de educación a un “candidato” de simpatía. 

Nada de lo que decimos ha sido desmentido, por lo que cabe admitir que estamos en presencia de un hecho anómalo que, por un lado, exhibe a un candidato a gobernador en tren de negociar prestaciones y contraprestaciones con un miembro de la jerarquía católica bonaerense y a éste aceptando la propuesta que consiste, de su parte, en proponer un candidato de su preferencia para cubrir el cargo de ministro de educación de un futuro posible gobierno justicialista en la provincia de Buenos Aires. 

Tanto uno como otro protagonista de la negociación han excedido el marco de las funciones que les competen. Más grave es, sin embargo, la actitud del prelado al comprometer la neutralidad de la Iglesia a que pertenece, faltando además al compromiso moral, que sin duda ha asumido al ostentar su investidura, de no inmiscuirse en las luchas políticas. 

Con fina ironía La Nación comentó el 28 de septiembre de 1983: 

Con las Cartas a la vista 

Por más críticas que el candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires por el peronismo, Herminio Iglesias, merezca de sus adversarios, -de adentro y de afuera de su partido- nadie podrá acusarlo de proceder con ocultamientos o disimulos. Se ha revelado como un hombre que habla claro, sin subterfugios, que gusta desnudar e lfondo de su pensamiento. 

En esa provincia era vox populi –no se sabe si también vox Dei, aunque por lo que sigue podría pensarse que sí-, que desde hace muchos años y especialmente durante los gobiernos militares, el ministerio de Educación debía ser ocupado por un hombre que contara con el beneplácito de la Iglesia católica, expresada, por razones de jurisdicción, por el arzobispo de La Plata, monseñor Antonio Plaza. A Plaza, además se le atribuyó tradicionalmente –por lo menos desde 1958 en adelante-, un peso significativo en todas las cuestiones educativas en el orden nacional y más de un funcionario en esos ámbitos ha sido mencionado como perteneciente al entorno de aquél. Monseñor Plaza tuvo, también, influencia considerable en el montaje de la legislación sobre enseñanza privada que se fue dictando a partir del año citado y, a veces, se habló de él como responsable directo de los nombramientos de funcionarios estatales correspondientes a ese ámbito. 

Pero claro está, todo se mantuvo siempre en el plano de lo que “se dice” o “se sabe”, de los rumores de las versiones, de las comidillas de los organismos oficiales o de los comentarios de las publicaciones más combativas, política o ideológicamente hablando. Jamás tuvo carácter público y jamás alguien hubiera podido probar sus afirmaciones con respecto a la influencia concreta de monseñor Plaza en el ámbito educativo nacional o provincial. 

Ahora, bruscamente, todo ha cambiado y las cartas están sobre la mesa. Ya no hay motivos para el “se dice” o “se sabe”. Ya no hacen falta las “fuentes bien informadas”, ni tienen valor “rumores o versiones”. 

Si Iglesias llega a la gobernación de Buenos Aires, la Iglesia –monseñor Plaza mediante– tendrá a su cargo la designación del ministro de Educación (si alguien viera en esto un juego de palabras no deberá atribuirlo a la sagacidad del comentarista, pues surge de un azar francamente notable). Herminio Iglesias, en efecto, no ha querido ocultar nada ni mantener en las sombras sus entrevistas con el arzobispo de La Plata, ni dejar que más adelante se fuera a decir que para elegir ministro de Educación había recibido influencias ocultas: en esa materia hará lo que diga Plaza o no hará nada. 

Quienes predican constantemente que la claridad de los actos de gobierno es prenda de una verdadera democracia no podrán quejarse. Quienes quieren que el pueblo sepa siempre de qué se trata, tampoco. Quizás, empero, se quejen algunos constitucionalistas ortodoxos y algunos –¿o muchos? – hombres de la Iglesia. Unos y otros podrán argumentar que esta confusión de poderes no favorece ni a la República ni a la Iglesia. En fin: ya se sabe que hay eternos descontentos. 

Según es conocido, el peronismo perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en gran medida por la candidatura de Iglesias. Este no alcanzó, por lo tanto, la gobernación. 

El poder ejecutivo constitucional bonaerense, instalado el 10 de diciembre de 1983, dispuso por decreto 321 del 30 del mismo mes y año, el pase a retiro obligatorio del arzobispo Antonio José Plaza como capellán general de la policía. Había sido nombrado para ese cargo el 11 de noviembre de 1976, en plena dictadura militar. Asumió sus funciones en un acto que presidieron el entonces comandante del primer cuerpo de ejército, general Carlos Suárez Mason y el jefe de policía coronel (ahora general), Ramón Camps, cuyas responsabilidades en el terrorismo de Estado son sobradamente conocidas. 

El ministro de gobierno de Buenos Aires, Juan Antonio Portesi, señaló en esa ocasión que Plaza cobraba, además del sueldo de comisario general, un 30% adicional de bonificación por el título de abogado, aunque es notorio que no lo poseía. Disponía además de un automóvil con chofer y personal de servicio para su atención en el arzobispado. La “erogación de la provincia destinada al prelado –agregó el doctor Portesi– era importante” (4).  

En 1985 monseñor Plaza debió enfrentar en la justicia penal de La Plata una denuncia presentada, con el patrocinio de los abogados del CELS, por su sobrino Jesús Plaza. La causa está vinculada a la detención y desaparición de Juan Domingo Plaza, también sobrino del arzobispo y hermano de Jesús. Este último había entrevistado al arzobispo, señalando sus temores, el día anterior a la detención de Juan Domingo. Dicha circunstancia hace sospechosa la conducta de monseñor Plaza, quien, por otra parte, a pesar de sus vinculaciones, se abstuvo de cualquier gestión a su favor. El joven desaparecido fue visto por varios sobrevivientes en la Escuela de Mecánica de la Armada. 

En la audiencia del 3 de octubre de 1986, del juicio contra el general Ramón Camps, ante la Cámara Federal, el testigo Eduardo Schaposnik afirmó haber visto a éste, acompañado del arzobispo de La Plata Antonio Plaza, en el centro clandestino de detención ubicado en la cuadra de la jefatura del cuerpo de infantería de la policía de la provincia de Buenos Aires. 

Según La Nación del 21 de mayo de 1985, monseñor Plaza sostuvo que el juicio que se seguía en ese momento a los ex–comandantes, “es una revancha de la subversión y una porquería. Se trata –agregó coincidiendo nuevamente con Emilio Hardoy–, de un Nüremberg al revés, en el cual los criminales están juzgando a los que vencieron al terrorismo”. Estas expresiones movieron al abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Eduardo Barcesat, a promover un juicio por desacato contra Plaza. “Las alusiones –expresa en su presentación el mencionado letrado–, están clara e inequívocamente dirigidas contra la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y a propósito de un significativo proceso que se está llevando adelante ante dicho estrado judicial. La calificación de ‘criminales’ se refiere sin ambigüedad posible a los referidos jueces del Poder Judicial de la Nación”. Solicitó por ello el procesamiento, la prisión preventiva y el embrago de los bienes del acusado (5).  

El 21 de diciembre de 1984 monseñor Plaza cumplió 75 años. El artículo 401 del código de derecho canónico dispone que a esa edad los obispos diocesanos deben presentar su renuncia al Sumo Pontífice. El arzobispo de La Plata, en un gesto de arrogancia, nunca quiso admitir públicamente que hubiera cumplido con dicha prescripción canónica. Sin embargo envió su dimisión, que, inexplicablemente, tardó más de un año en ser aceptada por el papa. 

Mientras Plaza viajaba a Europa, poco antes de su septuagésimo quinto aniversario, el 14 de noviembre de 1984, Nicolás Argentato, rector de la Universidad Católica de La Plata, de la cual el arzobispo era el Gran Canciller, impuso en Nueva York el título de doctor “honoris causa” al reverendo Sung Myung Moon, fundador y cabeza de la poderosa secta que lleva su nombre. Debido a que Moon estaba preso cumpliendo una condena por defraudación al fisco estadounidense, fue representado en la ceremonia por su segundo, el coronel coreano Bo Hi Pak. 

El inaudito episodio de una universidad católica otorgando un grado académico honorario a Moon, produjo un verdadero escándalo, que no perturbó al arzobispo Plaza. La Santa Sede salió a cubrirlo diciendo, a través de la Radio Vaticana, que “la opinión pública ha recibido con estupor y amargura la concesión del doctorado “honoris causa”, a Moon, por la Universidad Católica de La Plata”. La misión de la Sede Apostólica ante las Naciones Unidas afirmó que “Argentato contravino con ese acto una decisión de su superior jerárquico, el arzobispo de La Plata, monseñor Antonio José Plaza”.  El cardenal Primatesta, conociendo el paño, expresó desde Roma, más dubitativo que “por lo que yo sé, puedo afirmar que Plaza desautorizó a Argentato”. A su vez, el secretario de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Carlos Galán, expresó que esa distinción “no condice con el calificativo de ‘católica’ que tiene dicha casa de estudios”. 

Plaza ha mantenido hasta el presente un absoluto silencio sobre la cuestión. Se negó a formular declaraciones al regresar a la Argentina. No solo no desautorizó públicamente a Argentato sino lo sostuvo y le renovó su confianza como rector de la UCLP hasta el momento de dejar la diócesis. Le ha tocado a su sucesor, monseñor Antonio Quarracino, reemplazarlo por el presbítero Gustavo Ponferrada. 

No cabe duda, como surge de ese contexto, que el arzobispo Plaza dispuso o autorizó el otorgamiento del diploma, sin rectificarse de su decisión. Las aclaraciones de la Santa Sede no responden a la realidad y sólo tuvieron por objeto guardar las formas. 

Las razones de esa distinción hay que buscarlas en dos hechos. El primero, una donación de 120.000 dólares realizada por Moon a la Universidad Católica de La Plata, admitida por el doctor Argentato (6). El segundo, la coincidencia de fines y actividades entre la poderosa secta, monseñor Plaza y los grupos militares latinoamericanos que detentan o han detentado el poder absoluto en el Cono Sur. 

Pero antes de avanzar en ese terreno, conviene recordar los antecedentes de la secta. Según el libro El Principio Divino, escrito por el reverendo Sun Myung Moon –un ex–monje coreano nacido en 1920–, “Jesús le reveló cuando tenía 16 años que era el segundo Mesías. Su misión consistiría en construir los fundamentos para salvar al hombre y luego conquistar una nación que sea la responsable de restituir el ‘Reino de los Cielos en la Tierra’.  

Hace 2.000 años la nación preparada y elegida fue Israel, hoy la nación escogida es los Estados Unidos. Ahora bien, previendo la posibilidad que el pueblo norteamericano no cumpla con la responsabilidad de seguir al Mesías, como lo hicieron los judíos con Jesús, se buscaron algunos países alternativos. En 1965 el reverendo Moon realizó una gira por cuarenta países de tres continentes y la Argentina fue la elegida como ‘tierra alternativa de Dios’. Es por ello que el reverendo Moon bendijo el suelo de la plazoleta Colón ubicada entre Hipólito Yrigoyen, Rivadavia, Alem y la Casa Rosada. En 1975 envía la primera misión y nueve años más tarde están distribuidos en casi todas las provincias argentinas” (7).  

El nombre oficial de la secta, fundada en 1954, es “Iglesia de la Unificación” o “Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial”. En ese carácter se encuentra inscripta desde 1980 en el Registro Nacional de Cultos del ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, bajo el número 1.184. Su sede se encuentra en la calle Vidal 2321 de la capital federal, en el barrio de Belgrano. 

Uno de los motivos que preocupan en la actividad de la secta lo constituye el modo como reclutan adeptos entre jóvenes desorientados, a quienes aíslan de su familia y someten, en centros especiales, a verdaderos lavados de cerebro, con técnicas sicológicas demoledoras de la personalidad. Con frecuencia los trasladan a Corea del Sur o a los Estados Unidos. Un periodista argentino, Alfredo Silleta, logró incorporarse a los “moonies” para investigar sus procedimientos, que descreibe minuciosamente en el libro La secta Moon – Cómo destruir la democracia, publicado en julio de 1985 por El Cid Editor. 

Al margen de ese reclutamiento, “la secta Moon es un poder económico mundial, al extremo que sus activos declarados en Corea del Sur rozan los 200 millones de dólares, invertidos en compañías productoras de titanio, maquinarias, armas, té ginseng y otros rubros. Según declaraciones al Washington Post de Yoshikazu Soejima, ex director de relaciones públicas de la filial Japón, en los últimos diez años 800 millones de dólares fueron transferidos desde dicho país a los Estados Unidos. Obviamente, no se trata de donaciones de los fieles, sino de ganancias empresarias y fondos negros a invertirse con fines económicos y políticos en los Estados Unidos y otros países”. 

“La ofensiva de la secta en el cono sur latinoamericano se intensificó a partir de 1980 con viajes sucesivos de altos jerarcas a Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina para establecer en nuestro país filiales de CAUSA Internacional –el brazo político de la secta– y corresponsalías para sus diarios en los Estados Unidos, uno de ellos en idioma castellano, que se editan en Nueva York y Los Angeles. Entre los entrevistados figuraban los presidentes Stroessner y Pinochet, el jefe del ejército uruguayo general Luis Queirolo y en la argentina los almirantes Massera y Lambruschini y los ex presidentes Onganía y Levingston. La penetración en el Uruguay resultó espectacular y se calculan en 60 millones de dólares las inversiones realizadas, entre ellas un diarios, una imprenta de primera línea, bancos y el Victoria Plaza, principal hotel de Montevideo” (8). 

Como una colaboración con la dictadura militar el diario de la secta en Nueva York, News World, publicó a fines de 1979 una entrevista a una supuesta “Madre de un subversivo”, que señalaba encontrarse en el Uruguay ante las amenazas de los montoneros. Era la señora Thelma Jara de Cabezas, que en realidad estaba detenida clandestinamente en la Escuela de Mecánica de la Armada, de acuerdo con su minucioso relato ante la cámara federal de la capital federal, en el juicio a los ex–comandantes. Confirma en esa declaración la señora de Cabezas que en septiembre de ese año fue trasladada a Montevideo, con documentos falsos, para ser entrevistada por dos periodistas norteamericanos (9). 

Del 13 al 17 de julio de 1980, CAUSA (Confederación de Asociaciones para la Unificación de las Sociedades Americanas), realizó un seminario en el hotel Libertador de Buenos Aires, con el patrocinio de la Universidad Católica de La Plata. Contó con la presencia del asistente de Moon, coronel Bo Hi Pak y la participación del general Diaz Bessone y los ex–presidentes de ipso Onganía y Levingston. 

En esa ocasión, Pak y Plaza intercambiaron discursos. El primero agradeció “la inspirada guía y ayuda de monseñor Plaza, a quien sinceramente admiro y respeto como campeón de Dios y de la libertad en esta época”. El sgundo contestó expresando que “debemos enfrentar al marxismo en su ideología... El reverendo Moon eligió desafiar la causa de la violencia en la teoría obsoleta del marxismo... Ponemos de relieve la actividad del coronel Pak en su lucha contra el marxismo, pero también en su contrapropuesta” (10). 

Plaza habría sido el nexo para el viaje a Corea del Sur del entonces jefe del estado mayor del ejército argentino, José Arguindeguy, quien se trasladó a Seúl con su esposa y dos coroneles por invitación de Bo Hi Pak. 

En febrero de 1985 el brazo político de la secta organizó en París una reunión de más de cien militares de alta graduación para analizar la situación centroamericana. De la Argentina asistieron los generales Diaz Bessone, Osiris Villegas y Mallea Gil, el almirante Fitte y el brigadier Martínez Quiroga.

En la primera semana de diciembre de 1985, doce latinoamericanos que alguna vez ocuparon la presidencia constitucional de su país, entre ellos Arturo Frondizi, fueron recibidos colectivamente por el papa Juan Pablo II. La noticia no tiene nada de llamativo, sino fuera que los citados ex presidentes habían sido convocados para reunirse por AULA (Asociación Pro-Unidad Latinoamericana), que es una de las doscientas organizaciones civiles de todo tipo que financia la “Iglesia de la Unificación”. Con posterioridad a dicho encuentro Frondizi ha viajado a Corea del Sur. Esta vinculación del ex presidente argentino no llama la atención, dada su actual posición ideológica y política, pero sí la audiencia con el Sumo Pontífice, teniendo en cuenta las características, doctrina y antecedentes de la secta que venera al reverendo Moon como “segundo Mesías”.

Algunos interrogantes  

Con las referencias precedentes he querido mostrar, dentro de los límites de este trabajo, la posición asumida y el papel desempeñado por el arzobispo de La Plata, en relación con el terrorismo de Estado implantado por la dictadura militar. 

El análisis, sin embargo, ha conducido a la presentación de un cuadro más amplio, que plantea algunos interrogantes. 

Los expresa también el editorialista de la revista Criterio, al manifestar: “Hay que reconocer que muchos católicos no se sienten cómodos hoy en la iglesia. Creen advertir que no se guarda la debida equidad ante comportamientos juzgados negativos de uno u otro sector eclesial. Contrastan, por ejemplo, la severidad de las medidas adoptadas con el P. Boff con la lenidad con que han sido tratados los ‘errores’ de monseñor Marcinkus en el sonado caso del banco Ambrosiano y, en nuestro país, la impunidad con que las autoridades de la Universidad Católica de La Plata otorgaron un doctorado honoris causa al jefe de la secta Moon. Una suerte de neoconservadorismo eclesiástico se muestra hipersensibilizado por los desvíos de la ‘izquierda’, pero al mismo tiempo hace la vista gorda a la falta de adhesión visible al Concilio Vaticano II por parte de algunos institutos religiosos” (11).  

Me pregunto cómo es posible que durante tantos años el titular de una de las principales sedes arzobispales del país, actuara en la forma que he reseñado, a contrapelo de las enseñanzas envangélicas y de las normas eclesiales, causando verdadero escándalo, sin que la Santa Sede y la Conferencia Episcopal le pusieran remedio. Se me dirá que cada obispo es responsable solamente ante Roma. Es cierto. Pero la colegialidad posee sus exigencias e impone limitaciones que los prelados preocupados por la defensa de los derechos humanos aceptaron, mientras monseñor Plaza al igual que Bonamín y otros colegas –como se verá enseguida–, pasaron olímpicamente por alto. 

No entiendo que haya habido que esperar que Plaza cumpliera 75 años para que abandonase su cargo y menos que el papa se pasara un año largo antes de dar a conocer la aceptación de su renuncia. Si la decisión hubiese sido inmediata, habríamos tenido la sensación de un gesto de desaprobación. En cambio con esa demora, pareciera lo contrario. Deberé inclinarme ante la opinión de algunos expertos que sostienen que Plaza goza de la protección de ciertas camarillas vaticanas. 

De cualquier manera la sanción social, dentro y fuera de la Iglesia, se ha hecho sentir. Monseñor Plaza se ha retirado de su función en el más absoluto silencio. No he visto publicada la mención de un solo homenaje, de una despedida, de una misa siquiera, como es habitual en estos casos. Es posible que las haya habido. No resido en La Plata y no puedo aseverarlo. Pero soy asiduo lector de diarios, periódicos y revistas y no ha pasado bajo mis ojos la menor noticia. Se dio en cambio amplia publicidad a la toma de posesión de la sede por su sucesor, Antonio Quarracino.

Opiniones episcopales 

Resultaría imposible y tedioso intentar un análisis de la posición asumida por cada obispo del país con respecto a las violaciones de los derechos humanos, la condena del terrorismo de Estado y la atención pastoral de sus víctimas. 

Voy a limitarme a transcribir un florilegio de expresiones y actitudes que demuestran, a mi juicio, el predominio en el cuerpo episcopal de una opción política a favor del régimen militar en desmedro de las exigencias del testimonio evangélico. 

Comencemos por monseñor Antonio José Plaza, arzobispo de La Plata. En mayo de 1977 dijo en un discurso en la capital de la provincia de Buenos Aires: “Los malos argentinos que salen del país se organizan desde el exterior contra la patria, apoyados por las fuerzas oscuras, difunden noticias y realizan desde afuera campañas en combinación con quienes trabajan en la sombra dentro de nuestro territorio. Roguemos por el feliz resultado de la ardua tarea de quienes espiritualmente y temporalmente nos gobiernan. Seamos hijos de una Nación en la cual la Iglesia goza de un respeto desconocido en todos los países condenadamente marxistas” (12).  

Obsérvese el adverbio “espiritualmente”. Para monseñor Plaza, en abierta contraposición con la doctrina católica, el ámbito espiritual correspondía al gobierno de las fuerzas armadas, como lo puso de manifiesto en el caso de la prohibición del libro de Beatriz Casiello, que he mencionado en las páginas anteriores. Su principal preocupación es que la Iglesia goce de respeto –es decir, de privilegios–, a diferencia de lo que ocurre en el resto de los países, “condenadamente marxistas”. 

En agosto de 1978 el mismo Plaza sostuvo, en respuesta a una carta de Amnistía Internacional, que “en la Argentina no hay prisioneros políticos” (13). Pocas semanas antes, al regresar de un viaje al Vaticano, lamentó “la campaña de descrédito existente –a su juicio contra la Argentina– que cuenta con el apoyo de las fuerzas de la izquierda”. Agregó que en la Santa Sede se estaba viendo la situación argentina con mayor comprensión y expresó su esperanza que los periodistas que vendrían para el campeonato mundial de fútbol podrían ver mejor las cosas (14). 

En algunos casos, con olvido total de la obligación pastoral, la opinión de los obispos fue expresada con una violencia y una ceguera incomprensibles. Tal es el caso de monseñor Carlos Mariano Pérez, ahora retirado del obispado de Salta. En enero de 1984 sostuvo ante la prensa nada menos que lo siguiente: “Hay que erradicar a las Madres de Plaza de Mayo”. Sin duda pensaría, evangélicamente en la utilización de cámaras de gases. Además, “se mostró contrario al juicio y castigo a los militares, afirmó que los organismos defensores de derechos humanos en nuestro país pertenecen a una organización internacional; y consideró que la exhumación de cadáveres N.N. es una infamia para la sociedad” (15).  

La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. en 1979, causó irritación a muchos obispos. Pienso que en esa reacción se mezclaban varios factores. El primero, la ignorancia. Los prelados dan la impresión de no saber que la C.I.D.H. integra la Organización de los Estados Americanos, a la cual pertenece la Argentina y que ésta, por los tratados que ha suscripto, está obligada a aceptar su intervención. No tienen la menor idea del papel –encomiado con frecuencia por la Santa Sede– que desempeñan los organismos internacionales en la salvaguardia de los derechos humanos. Se imaginan a la Comisión como un grupo de enemigos del régimen argentino y no como un cuerpo imparcial, formado por juristas independientes. 

A esa circunstancia se agrega su mentalidad estrecha y patriotera, formada por la ideología del nacional-catolicismo. Pero lo claramente decisivo era la alianza de los obispos con el régimen militar, al cual se sentían en la obligación de defender sin ningún análisis serio de la cuestión. 

En algunas declaraciones, como la de monseñor Octavio Nicolás Derisi, rector de la Universidad Católica Argentina y obispo auxiliar de La Plata, el primitivismo se combina con el agravio a las víctimas del terrorismo de Estado y la adulación a las autoridades. “Creo que la C.I.D.H. no debería haber venido”, sostiene en septiembre de 1979. “El gobierno –agrega– con una gran generosidad la ha aceptado. Por eso yo también la respeto, pero no tenía por qué una comisión extranjera venir a tomarnos examen. Creo que en estre momento el gobierno lo está haciendo bien y no era necesario todo esto. Pero en fin, ya que ha venido pido a Dios que sean objetivos y no se dejen influenciar por aquella gente que ha creado este problema en la Argentina: las familias de aquellos guerrilleros que mataron, secuestraron y robaron” (16). 

En esta exposición, como en todas las de Derisi, surge la estolidez, la incompetencia, la deshonestidad. “Creo sinceramente –continúa–, que la Argentina es uno de los países donde hay más tranquilidad y en donde los derechos humanos están más respetados. En este momento hay presos, pero presos por delincuencia, dice el gobierno y en todo caso de acuerdo a la ley y a la constitución. No veo que en este momento en la Argentina se encarcele, se mate, se atropelle contra los derechos humanos en ninguna parte. Si hay alguna cosa individual... somos hombres, pero no me consta que exista esta situación. De todos modos yo vengo de Europa y les aseguro que hay mucha más tranquilidad en Argentina. En la Argentina una mujer puede ir de noche con toda tranquilidad. Yo diría que los derechos humanos están sustancialmente defendidos en la Argentina” (17).  

En una encuesta de la revista Somos sobre la venida de la C.I.D.H., monseñor Derisi repite los mismos argumentos, agregando un matiz de vanidad intelectual, derivado de su presunta versación filosófica: “Prefiero –dice– llamar derechos de la persona humana y no derechos humanos. Hay quienes hablan mucho sobre el tema, si. Pero un país donde hubo un millón de abortos en un año como los Estados Unidos –añade con una lógica extraña–, ¿tiene derecho a convertirse en juez? (18). 

Surge otra vez la confusión respecto a la C.I.D.H., cuyos integrantes, en su mayoría son latinoamericanos. Y no se entiende por qué razón si en los Estados Unidos –igual que en la Argentina– se realizan abortos , se justifica que entre nosotros las fuerzas armadas secuestren, torturen, roben y maten. 

No voy a incursionar sobre el perfil intelectual y moral de monseñor Derisi, porque no es la ocasión oportuna. Ya habrá oportunidad. Quiero mantenerme dentro de los límites de mi tema y señalar el papel miserable que Derisi desempeñó en los años oscuros, llegando hasta la delación. Basta con leer los párrafos transcriptos, donde luce el servilismo hacia los detentadores del poder y la calumnia para los perseguidos y las víctimas. Cuando fue detenida mi hija le escribí pidiéndole ayuda. Me contestó que nada podía hacer. En realidad, nada quería hacer, dado que su identificación con el gobierno le proporcionaba un amplio margen de influencia, que utilizó para la obtención de ventajas temporales. 

Para monseñor Idelfonso María Sansierra, arzobispo de San Juan –ya fallecido–, “la C.I.D.H. tiene intención política. Debería preocuparse por otros países donde se violan abiertamente los derechos humanos. Debemos defender nuestra soberanía y si la comisión excediera sus funciones el gobierno, haciendo uso de sus facultades soberanas, debería dar por terminada su misión” (19).  

Monseñor Sansierra fue uno de los obispos más reaccionarios e ignorantes de nuestro episcopado. Afirmó, impúdicamente, que “los derechos humanos son observados en la Argentina”. Sostuvo además que “ellos son suspendidos en tiempo de guerra” (20).  ¡Dónde habrá estudiado teología moral monseñor Sansierra, para quien, aparentemente, en caso de conflagración bélica –que entre nosotros no existía–, es legítimo torturar, asesinar prisioneros robar y violar mujeres! Su acerción contradice abiertamente las enseñanzas de la Iglesia y pone de manifiesto la pasión homicida que lo alentaba. En una ocasión hablando de los que se quejaban por la existencia de presos políticos, dio la siguiente explicación: “Yo voy también a la cárcel y nunca me quedo adentro. Me dejan salir siempre” (21). 

Otro caso de alteración de la doctrina de la Iglesia es el de monseñor Guillermo Bolatti, arzobispo de Rosario –también fallecido y representante del ala integrista–, quien explicó que “cada país debe regular los derechos humanos”. Esta afirmación implica colocar la soberanía del Estado por encima de los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de conciencia y ha sido reiteradamente condenada por papas y concilios. “No deben ser los extranjeros (la C.I.D.H.) –agregó– los que nos vengan a indicar lo que tenemos que hacer. La entrevista de la C.I.D.H. con Primatesta me imagino que será positiva, porque podrán recibir algunos esclarecimientos sobre la situación de la Argentina que en el extranjero y en particular en Europa, está distorsionada”. (22) 

El obispo de San Rafael, monseñor León Kruk, dijo que “la visita de la C.I.D.H. no significa un avasallamiento de nuestra soberanía pues responde a una invitación del gobierno, aunque expresó sus dudas acerca de la exactitud de sus conclusiones” (23). ¡Curiosos obispos regalistas, más preocupados por la soberanía del estado que por la vigencia del Evangelio! Pero ya veremos más adelante la raíz de esta cosmovisión. 

En los días previos a la llegada de la Comisión Interamericana participé en un episodio que confirma el preconcepto de los obispos. Acompañé a Córdoba a una funcionaria de la C.I.D.H. para encontrar un lugar que no perteneciera al Estado, donde sus miembros pudieran recibir con libertad y en un clima de confianza las denuncias de los familiares de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. No era fácil, por el temor reinante. La representante de la Comisión, confiada por la cooperación encontrada en otros países, pensó en un templo católico y pedimos una entrevista al cardenal Raúl Primatesta. Como estaba ausente de la ciudad nos recibió su auxiliar –ahora arzobispo de Paraná– monseñor Estanislao Karlic. Escuchó con atención y nos dijo que trasmitiría el pedido al cardenal. La conversación fue extensa y la aproveché para explicar la gravedad de los hechos y la urgencia de la intervención de la Iglesia. Al día siguiente Karlic nos llamó por teléfono a Buenos Aires para comunicarnos que el cardenal Primatesta había resuelto no prestar ningún templo ni edificio eclesiástico con ese fin, porque no quería adoptar una posición crítica frente al gobierno... Igual suerte corrió la solicitud que hicimos llegar al obispo de Tucumán, Blas Conrero, quien se amparó en la decisión adoptada por Primatesta. En definitiva, una nueva y expresa omisión del deber pastoral por servilismo hacia el estado. 

En el informe de la C.I.D.H. sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina, se dice lo siguiente: “El miércoles 12 de septiembre (de 1979), la C.I.D.H. visitó en la sede de la Conferencia Episcopal al cardenal primado de la Argentina, arzobispo de Córdoba y Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, quien expuso sus puntos de vista acerca de la situación de los derechos humanos de la Argentina e intercambio opiniones con los miembros de la C.I.D.H.” (24). Supe luego, conversando con miembros de la Comisión Interamericana, que el cardenal Primatesta sólo expresó vaguedades, dirigidas a justificar la actitud de las fuerzas armadas. 

Las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos en la Argentina también exasperaban a algunos obispos. Para monseñor Bernardo Witte, obispo de La Rioja, se trataba de una “campaña difamatoria” y para monseñor Rómulo García, obispo de Mar del Plata, eran “campañas improvisadas y organizadas por quienes niegan la libertad” (25).  En esa calificación, por cierto calumniosa, estaban incluidos, sin excepción, los familiares de las víctimas, las instituciones de derechos humanos del país y las organizaciones internacionales. Monseñor García negó un templo a los familiares de detenidos-desaparecidos, para reunirse. 

Los prelados de mayor jerarquía hacen sonar otras cuerdas en defensa de las fuerzas armadas. Monseñor Antonio Quarracino, antiguo obispo de Avellaneda y después arzobispo de La Plata, ha insistido en la necesidad de que se dicte una “ley de olvido”, aunque nunca ha conseguido explicar cómo podía instrumentarse (26).  El cardenal Juan Carlos Aramburu se inclina por una amnistía (27).  Y el cardenal Raúl Primatesta, con dudosa teología, sostiene que el perdón corresponde a los hombres y la justicia de Dios, excluyendo de esa manera la posibilidad de sanciones penales para los criminales del Estado terrorista (28).  Con ese criterio, el gobierno italiano tendría que liberar inmediatamente al ciudadano turco que hirió gravemente al papa Juan Pablo II. 

No quiero abusar del lector con citas similares. Recuerdo expresiones del mismo tipo de monseñor Rubén Di Monte, obispo de Avellaneda; monseñor Jorge Mayer, arzobispo de Bahía Blanca y su entonces vicario y ahora obispo de Mercedes, monseñor Emilio Ogñenovich, con quien tuve una difícil conversación en un viaje a esa ciudad del sur; monseñor Horacio A. Bozzoli, en esa época obispo auxiliar y vicario general de la arquidiócesis de Buenos Aires –a quien entrevisté– y ahora arzobispo de Tucumán; monseñor Pedro A. Torres Farías, obispo de Catamarca; monseñor Jorge Manuel López, antes obispo de Corrientes y en la actualidad arzobispo de Rosario; monseñor Elso Desiderio Collino, obispo de Lomas de Zamora, que se prestó para viajar a París a fin de oficiar la misa solicitada por la embajada Argentina, que se negara a celebrar el arzobispo de esa ciudad; monseñor Manuel Guirao, antiguo obispo de Orán, trasladado al arzobispado de Santiago del Estero; monseñor Italo Di Stéfano, ex obispo de Presidencia Roque Sáenz Peña y ahora arzobispo de San Juan; monseñor Jorge Carlos Carreras, antiguo obispo de San Justo, para quien defender los derechos humanos significa ser comunista; monseñor Juan Rodolfo Laise, obispo de San Luis, una de las mentalidades más cavernícolas de todo el Episcopado; y monseñor Adolfo R. Arana, obispo de Santa Rosa, hijo de un general del ejército y afin cin su mentalidad. 

Esta comunidad de objetivos fue expresada por el almirante Emilio Massera, en una de sus respuestas más cínicas: “Nosotros –dijo– cuando actuamos como poder político seguimos siendo católicos, los sacerdotes católicos cuando actúan como poder espiritual siguen siendo ciudadanos... Sin embargo, como todos obramos a partir del amor, que es el sustento de nuestra religión, no tenemos problemas y las relaciones son óptimas, tal como corresponde a cristianos” (29). 

Notas Capítulo cuarto  

(1) La Nación, Buenos Aires, 20 de noviembre de 1978 y Clarín, Buenos Aires, 21 de noviembre de 1978. 

(2) Clarín, Buenos Aires, 24 de noviembre de 1978.

(3) La Prensa y La Razón, Buenos Aires, 20 de noviembre de 1978. 

(4) Conf. Clarín y La Prensa, Buenos Aires, 31 de diciembre de 1983. 

(5) La Razón, Buenos Aires, 25 de mayo de 1985. 

(6) La Razón, Buenos Aires, 8 de diciembre de 1984. 

(7) Alfredo Silletta: La secta Moon. Cómo destruir la democracia, Buenos Aires,, 1985, El Cid Editor, pág. 37. 

(8) Orestes Plana: El escándalo de la secta Moon – El Vaticano absuelve a monseñor Plaza, en El Periodista, Buenos Aires, 24 de noviembre de 1984, pág. 11. 

(9) El Diario del Juicio, número 25, Buenos Aires, 12 de noviembre de 1985, pág. 470. 

(10) Alfredo Silletta: ob. Cit, pág 41. 

(11) La Iglesia ante un desafío, en Criterio, número 1947, Buenos Aires, 11 de julio de 1985, págs. 327 / 328. 

(12) La Razón, Buenos Aires, 13 de mayo de 1977. 

(13) Buenos Aires Herald, Buenos Aires, 2 de agosto de 1978. 

(14) La Opinión, 8 de junio de 1978. 

(15) La Razón, Buenos Aires, 23 de enero de 1983; La Voz, Buenos Aires,, 24 de enero de 1984. 

(16) La Razón, Buenos Aires, 12 de septiembre de 1979. 

(17) Id. Id.. 

(18) Somos, Buenos Aires, 7 de septiembre de 1979. 

(19) Clarín, Buenos Aires, 8 de agosto de 1979. 

(20) Periódicos de San Juan, 15 de mayo de 1977. 

(21) La Prensa, Buenos Aires, 31 de enero de 1978. 

(22) Convicción, Buenos Aires, 13 de septiembre de 1979. 

(23) Crónica, Buenos Aires, 13 de septiembre de 1979. 

(24) El Informe prohibido. Informe de la O.E.A., sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina. Buenos Aires, CELS, 1984, pág. 14. 

(25) La Nación, Buenos Aires, 27 de mayo de 1978. 

(26) Conf. Convicción, Buenos Aires, 3 de abril de 1983; Tiempo Argentino, 3 de abril de 1983; Esquiú, 18 de abril de 1983. 

(27) Convicción, Buenos Aires, 3 de abril de 1983. 

(28) Clarín, Buenos Aires, 6 de abril de 1985.