Cartas de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos

Carta abierta a los partidos políticos, 16 julio de 1995

El avance de la historia sufrió un vuelco cuando la humanidad se vio enfrentada a la Segunda Guerra Mundial. Las atrocidades cometidas contra los seres humanos en esas épocas fueron de tal magnitud que hacían impensable, para cualquiera, que ellas volvieran a repetirse.

¿Cómo era posible que los potenciales del ser humano en vez de ser utilizados para crear belleza, se usaran para atentar contra un valor tan fundamental de la sociedad, como es el derecho a la vida? y no sólo eso, dicha potencialidad se uso para inventar los más sofisticados medios de tormento y aniquilación humana.

Este período de la historia, que afectó fundamentalmente a países europeos, impactó tan grandemente a todos, que como forma de impedir que volviera a repetirse, los mandatarios del mundo decidieron crear un organismo que resguardara para siempre a la Tierra de conflictos bélicos, que pusieran en peligro la estabilidad y la paz mundial.

Surge, entonces, el organismo de las Naciones Unidas, que establece diversos criterios de convivencia pacífica, que resguarden la supervivencia de la humanidad. Entre estos criterios, uno importantísimo es la Carta Fundamental de Derechos Humanos.

Pese a la existencia de una voluntad general pro defensa de la vida, ocurren hechos en latinoamérica que convulsionan nuevamente a la humanidad. Estos hechos tienen que ver con una sucesión de golpes de Estado, acaecidos en diversos países latinoamericanos, que retroceden la historia en por lo menos 30 años y la sitúan en el mismo estado en que estaba en la época del genocidio nazi, de los años cuarenta.

Volvieron, en escala más selectiva, las cámaras de gas, volvió la tortura, el asesinato, los campos de concentración secretos, los fusilamientos sin juicio justo. Volvió, en suma, la barbarie a ser la rectora de las acciones de los gobernantes, que encontraron fundamento para su acción en la Doctrina de Seguridad Nacional, que divide a los pueblos en amigos y enemigos.

Nuestro país, Chile, es uno de los que se ve afectado por esta situación. Hasta el 11 de septiembre de 1973, independientemente de las visiones encontradas que se producen a propósito del gobierno democrático del Salvador Allende, existía un Estado democrático del cual nos sentimos orgullosos. Las diversas opiniones e ideologías de la sociedad convivían en este país representadas en diversos partidos políticos.

La existencia de un Parlamento con diputados y senadores elegidos, de Tribunales de Justicia cumpliendo con su deber ante la sociedad y de un gobierno elegido democráticamente en las urnas, avalan el Estado de derecho que vivíamos.

A partir de ese fatídico martes 11 de septiembre de 1973, la institucionalidad de este país se vio violentamente avasallada. Fuimos afectados todos. No hubo quien no sufriera las consecuencias de estos dramáticos hechos, incluso vieron violentados sus derechos constitucionales, aquellos partidos que no formaban parte de la Unidad Popular.

Durante 17 años Chile vivió hechos no consignados en la historia patria. La desaparición forzada de personas nos enfrentó a una realidad dolorosa y traumática, que por siempre permanecerá latente en el alma de sus familiares y en la memoria colectiva.

Así, en la búsqueda de nuestros seres queridos, nace la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Fue creada en 1975 y desde entonces sus acciones han provocado fuertes reacciones en la comunidad nacional e internacional.

En el ámbito interno, fue muy importante el apoyo de las iglesias, particularmente, la acogida que nos dio la Iglesia Católica con la creación de la Vicaría de la Solidaridad. Allí nos escucharon y se hicieron eco de nuestro sufrimiento, pusieron a nuestra disposición recursos humanos y jurídicos para ayudarnos a encontrar a nuestros seres desaparecidos.

La abnegada labor de esta institución será siempre recordada con gratitud por nosotros. Así, como recordamos a cada uno de los que ha estado con nosotros, recordamos también cada uno de los compromisos públicos o privados hechos por personas u organismos del país.

Entre estos de manera particular, en estos días de tantas iniciativas en torno a los Detenidos Desaparecidos, nos acordamos de los compromisos suscritos por los partidos políticos.

El 30 de enero de 1984, se firmó en el Teatro Cariola de esta capital, un compromiso público, que señalaba en sus partes esenciales: "que en cada caso de detención seguida de desaparecimiento se han violentado todos los derechos inherentes a la persona humana..." que en razón de esto, se exige a los Tribunales de Justicia el fiel cumplimiento de su magistratura y la necesidad de realizar todos los esfuerzos que conduzcan al enjuciamiento de los responsables de estos graves hechos, de acuerdo a los principios del Derecho universalmente aceptados.

El 26 de agosto de 1988, diversos personeros políticos firman un documento junto a nuestra agrupación, donde entre otros, se señala exigir a los Tribunales de Justicia, el fiel cumplimiento de su magistratura, basada en los principios de equidad y justicia que le son inherentes en un Estado de derecho. Deberán ser éstas las instancias naturales en que la verdad sobre la suerte de los Detenidos Desaparecidos sea acreditaba y la justicia finalmente sancione a los responsables.

Respecto al Decreto Ley 2191 de Amnistía, señala que "se anularán sus efectos en la investigación de los procesos de los Detenidos Desaparecidos, para lo cual se debieran buscar los mecanismos jurídicos más eficaces para lograr dicho objetivo y el compromiso de no promulgar en el futuro leyes de impunidad".

En relación a la futura democracia, se señalaba "que los representantes del pueblo, legítimamente elegidos, deberán establecer en la legislación la detención-desaparición como un crimen contra la humanidad e igualmente propondrán a que exista una legislación internacional en ese sentido". Este mismo documento fue ratificado y ampliado en sus adherentes en enero de 1989.

El 14 de octubre de 1988, en Conferencia de Prensa se dio a conocer el documento "Exigencias concretas para la reconciliación: verdad y justicia", que fue presentado para ser incluido en el Programa del futuro gobierno democrático. En este documento se hablaba con claridad de volver a poner en su sitial valores como la verdad y la justicia, en la perspectiva de reconstruir nuestro país sobre cimientos jurídicos, éticos y morales, donde el derecho a la vida, la libertad, la justicia y la verdad estuvieron plenamente garantizados.

Todos estos compromisos, enumerados anteriormente, fueron hechos en particular con nosotros, con los familiares de los Detenidos Desaparecidos y puede entenderse que, por esto, el costo que puede tener no cumplirlos es ínfimo. Están completamente equivocados. Los compromisos contraídos de búsqueda de verdad y justicia si bien fueron hechos a propósito de un problema determinado, tienen implicancia y repercuten en la sociedad entera.

Los valores trasgredidos y los derechos pisoteados son universales, tienen que ver con la existencia y el desarrollo de una humanidad civilizada. Cuando se violentó a nuestros familiares, fue también la sociedad chilena la afectada, porque nuestros familiares formaban parte de organismos e instituciones que conforman los cimientos y el tejido social de nuestro país. Cuando se les asesinó porque pensaban distinto, se condenó a este país a la hegemonía de una sola ideología, de un solo mandato, de una sola orden. ¿Qué más antidemocrático que esto? ¿Puede llamarse alguien demócrata y estar de acuerdo con lo que pasó?

Hasta ahora todos han dicho que quieren saber la suerte de los detenidos desaparecidos, pero ¿es posible ser consecuente de verdad con este anhelo, sin comprometerse con que nunca más ocurran estos hechos en este país? O se trata que cada vez que ocurran vamos a tener que establecer leyes especiales para los efectos de "apaciguar los ánimos". Porque si se decreta punto final oficialmente en Chile los asesinos quedarán no sólo impunes jurídicamente, sino que también se sentirán liberados de culpa socialmente, ¿pero, la sociedad los liberará realmente de sus culpas?

¿Están dispuestos los partidos políticos, a quedar en la historia como los avales de los crímenes cometidos y que son, según la jurisprudencia internacional, crímenes de lesa humanidad? ¿Están dispuestos a ser tildados para la eternidad, como los que permitieron que en Chile los que asesinan masivamente a sus adversarios políticos, vivan tranquilamente en el más absoluto e impune anonimato?

Pareciera ser que la derecha sí está dispuesta. Durante la dictadura avaló y silenció los crímenes, en la actualidad a pesar de que se ha visto en la necesidad de reconocer la existencia de detenidos desaparecidos en nuestro país, siguen intentando justificar los crímenes de una dictadura de la que formaron parte o adhirieron ideológicamente.

De los partidos de la Concertación esperamos una actitud que le indique al país y a sus partidarios, que por sobre las contingencias políticas, evitaran que se imponga una ley de punto final como fórmula de solución a una problemática que sólo puede ser superada en base a los valores de verdad, justicia y paz.

AGRUPACION DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

Santiago, 16 de julio de 1995

Los Tribunales existen para realizar el valor de la Justicia

Es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados tanto por la Constitución como por tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.

Las sociedades civilizadas, a través de la historia, han creado mecanismos, organismos e instituciones que les permitan resolver sus conflictos, buscar el bien común y resguardar el derecho de sus ciudadanos, con apego a las leyes, a la moral y a la ética social. Una de estas instituciones, que compone la estructura del Estado, es el Poder Judicial. Institución que tiene como máxima responsabilidad defender los derechos fundamentales y hacer respetar el Estado de Derecho con apego a las leyes y a la normativa jurídica.

Cuando los delitos son cometidos por particulares, resulta innegable y socialmente asumida la acción de la justicia, cuya expresión tangible es la dictación de fallos condenatorios o absolutorios. Cuando los delitos son cometidos por el Estado, que tiene el deber de proteger los Derechos fundamentales de sus ciudadanos, empieza a desdibujarse el papel de la justicia.

En nuestro país, el golpe de Estado situó abruptamente a los Tribunales de Justicia en una posición de complacencia y pasividad frente a los atropellos y los crímenes que se cometían masiva y sistematicamente por agentes del Estado.

Este compromiso y complacencia de los Tribunales de Justicia con la dictadura, quedó inequivocamente reflejado en las palabras del Presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano, quien en su discurso de apertura del año judicial el día 1º de marzo de 1975, señaló: "Chile, que no es una tierra de bárbaros como se ha dado a entender en el exterior, ya por los malos chilenos o por individuos extranjeros que obedecen a una política interesada, se ha esmerado en dar estricto cumplimiento a estos derechos. En cuanto a torturas y otras atrocidades, puedo afirmar que aquí no existen paredones y cortinas de hierro y, cualquier afirmación en contrario se debe a una prensa proselitista de ideas que no pudieron ni podrán prosperar en nuestra patria".

Mucho más elocuente y grotescos resultaron los dichos de Israel Borquez, cuando en una entrevista se permitió dar como respuesta a nuestro drama, que "los detenidos desaparecidos lo tenían curco".

Sin embargo, aún en los más oscuros días de la dictadura, siempre existió un juez o funcionario judicial que nos acogió como personas y que solidarizó con nuestro dolor y nuestra demanda de justicia. El informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación lo expresa así: "...Mirando en su conjunto el Poder Judicial resultó ineficaz para prevenir y sancionar durante el período los derechos humanos. En cambio, actuaciones decididas de algunos jueces y ministros de Corte han resultado hechos señeros del que es dable esperar en esta materia" (Inf. CNVR. Tomo 1, pág. 97).

La actitud del Poder Judicial, sin lugar a dudas contribuyó al agravamiento del proceso de violaciones a los derechos humanos, al no brindar protección a las personas detenidas y otorgar a los agentes represivos la certeza de la impunidad por sus acciones delictuales.

El Recurso de Amparo y la sanción a los responsables fueron los dos instrumentos fundamentales con que contó el Poder Judicial para prevenir o reprimir las violaciones a los derechos humanos, y a ellos recurrimos los familiares desde el momento en que nuestros seres queridos fueron secuestrados y hechos desaparecer, porque esperábamos que fuera la vía judicial, la que encontrara y diera respuestas al ¿Dónde Están? que hemos reclamado por más de 20 años.

Y a pesar de esta constatación, cada caso de detenido desaparecido fue denunciado a los tribunales, puesto en manos de los jueces para que investigaran, confiado a la justicia para que sancionara; porque cualquier otra vía significa que el conflicto se traslada a lo particular y en lo particular es la voluntad de las personas lo que prima por sobre la obligación que nos impone a todos, civiles o militares, la acción judicial.

Casi invariablemente los tribunales han dictado sobreseimiento, basados en la Ley de Amnistía 2191 de 1978, cada vez que aparece personal uniformado comprometido con los casos comprendidos en dicha ley. Así han acogido la tesis según la cual la aplicación de la Ley de Amnistía impide investigar los hechos por ella contemplados. Sin embargo, lo que esta tesis desestima es el argumento que emana del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal que ordena que "el sobreseimiento definitivo no podrá decretarse sino cuando esté agotada la investigación con que se haya tratado de comprobar el cuerpo del delito y de determinar la persona del delincuente" (Inf. CNVR, Tomo 1).

Nuestra postura frente a la problemática de violaciones a los derechos humanos, es fundamentalmente jurídica, ética y preventiva. Ninguna democracia sana, sólida y estable podrá constituirse sobre la base del olvido de los más graves crímenes cometidos en la historia de Chile en contra de la vida, la integridad y la libertad de las personas, dentro de una política de terrorismo de Estado que desató la máxima violencia política contra la sociedad.

Reafirmamos que no existe razón ética ni jurídica para que los delitos por violaciones a los derechos humanos sean mantenidos en la impunidad. El Estado tiene una función propia y natural: asegurar los Derechos de las personas. Lo que estamos exigiendo es que se respete nuestro Derecho a la Justicia consagrado en el Artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política del Estado, que señala: "Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado, si hubiera sido requerida...

Por su parte, el Artículo 73, referido al Poder Judicial, señala: "La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley...". La institución y las facultades existen, sólo falta la decisión de hacer cumplir el mandato; de investigar, de determinar responsabilidades y sancionar a quiénes resultan culpables.

Del mismo modo que se procede a sancionar los delitos comunes es que estamos pidiendo sean sancionados los delitos contra la humanidad. El que los responsables intelectuales o materiales pertenezcan a las Fuerzas Armadas o de Orden no los exime ni legal ni moralmente de responsabilidad penal, de la misma manera que nos está exento el ciudadano civil que atenta contra la vida de un tercero.

El conocimiento de la verdad, siendo absolutamente necesario, no es suficiente para que la reparación moral, social y jurídica de las violaciones a los derechos humanos sea completa. El castigo penal representa una necesidad desde el punto de vista de la reparación jurídica. Es la única forma de restablecer el equilibrio quebrantado, representa el necesario mecanismo por el cual el Estado democrático hace justicia, revaloriza el Derecho a la vida, reafirma el Estado de Derecho, fortalece la conciencia nacional en los valores de los derechos humanos y contribuye a prevenir la reedición de tan graves delitos.

Si las violaciones a los derechos de las personas no son sancionadas, o sea, si los derechos humanos pueden atropellarse impunemente, querría decir que su solemne declaración y la obligación de su respeto y protección son puramente retóricos.

Nos preguntamos, entonces, si un país que ha asumido compromisos morales de carácter internacional puede ser respetable y confiable para la comunidad internacional si en los hechos está transgrediendo por omisión lo asumido como compromiso.

Hoy asistimos a una vorágine de propuestas y debates, emprendidos hipócritamente en nuestro nombre. Aludiendo a la "paz" y a la necesidad de "normalizar las relaciones cívico-militares" se pretende expropiar nuestros derechos judiciales a conocer el destino y paradero de nuestros familiares. ¿Cuál puede ser el contenido de un concepto de paz que se pretende construir sobre la base de la impunidad y el cercenamiento de nuestra capacidad de buscar a los nuestros?

Cuando una reciente encuesta de opinión pública demuestra que sólo un 19,3% de los chilenos se ha sentido interpretado por los discursos políticos amorales que pretenden "dar vuelta la página", nos preguntamos ¿cómo se va a construir la paz sobre la base de prescindir los sentimientos y la necesidad de verdad y justicia de un 76,2% de compatriotas?

Se ha dicho audazmente que los políticos que hacen este tipo de propuestas demuestran "coraje político". Extraña lógica. ¿No sería acaso un real acto de coraje moral que ante nuestro legítimo derecho a saber de nuestros familiares, impulsaran la reforma de nuestras instituciones que permitan subordinar realmente el poder de las armas al poder legítimo del gobierno y de sus instituciones?

El Palacio de los Tribunales de Justicia es testigo de las innumerables veces que hemos recurrido a ellos para conocer el destino y paradero de nuestros familiares. Fue testigo de nuestra ansiedad por proteger la vida de los nuestros y recuperar su libertad. Ha sido testigo de nuestra irrenuciable necesidad de verdad y justicia.

Siempre hemos pensado que podrá tardar, pero que indefectiblemente llegará el día en que todos los jueces del país asuman con coraje los imperativos de su conciencia y sus obligaciones éticas y funcionarias, impidiendo que tantos hechos criminales que repugnan tan profundamente la conciencia del país y de la humanidad queden en la impunidad y nosotros, los familiares de las víctimas, sin respuesta.

Los tribunales de justicia tienen la palabra. Su responsabilidad histórica está planteada. O vuelven a actuar reprochados por el país y el mundo, reincidiendo en la falta de coraje que le reprochará el ya histórico Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, o satisfacen la exigencia de verdad y justicia del país, que permita construir una auténtica reconciliación nacional en tales valores y no en el olvido de lo que es, por lo demás, inolvidable.

La normativa constitucional y legal vigente, que tras enormes esfuerzos cívicos ha incorporado lo más noble de la evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos -los tratados sobre derechos humanos- le otorga a nuestros jueces los instrumentos necesarios para hacer justicia. El país será testigo si los jueces de nuestra patria permiten que sus conciencias sean obnubiladas por los discursos políticos que sólo pretenden el encubrimiento de los delincuentes o si cumple su deber de interpretar y aplicar la ley animados de una constante y perpetúa voluntad de dar a cada uno lo suyo. Esto es, de hacer justicia. La palabra es suya.

AGRUPACION DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

Santiago, 23 de julio de 1995

Carta abierta a los miembros de las Fuerzas Armadas
 

"No debemos negar el horror vivido... el firme compromiso que no repetiremos los errores del pasado... nadie esta obligado a cumplir una orden inmoral o que se aparta de las leyes y reglamentos militares. Quien lo hiciera, incurre en una conducta viciosas, digna de la sanción que la gravedad requiera"

Declaración de Martín Balza, general en Jefe del Ejército Argentino,efectuadas en abril de 1995.

Nos dirigimos al corazón y razón de todos aquellos que visten un uniforme de las instituciones armadas: no importa su rango, visión de mundo, credo religioso o político. Lo que esta en juego trasciende todas esas posibles diferencias: impunidad o justicia. Porque esa es la disyuntiva a la que hoy esta enfrentada nuestra sociedad.

Escúchennos, sólo eso les pedimos en términos individuales, en el secreto de vuestras conciencias, en la intimidad del corazón y en el imperio de la razón bajo el uniforme.

Tal vez Ud. que viste un uniforme, como otros que ya no lo visten, no quieren seguir escuchando hablar de los detenidos desaparecidos, y de nosotros -sus familiares- que exigimos verdad y justicia. De repente hasta parece que el problema fuera sólo nuestro, porque se le pretende reducir a un problema individual, que viven unos cuantos ciudadanos de este país.

Pero no es así, el "problema" que nos aqueja es un problema social, cruza la sociedad entera, se enraíza en el pasado, presiona nuestro presente y compromete nuestro futuro como nación. La disyuntiva impunidad o justicia es falsa en esencia; es sólo una postergación, la justicia es la única forma socialmente establecida para resolverla, porque de lo que estamos hablando es de crímenes de lesa humanidad. Es decir, quienes los cometieron agredieron a la humanidad entera, porque arrasaron con la dignidad humana y con el valor inconmensurable de la vida.

La justicia es una necesidad muy profunda e irrenunciable del ser humano, y constituye uno de los valores fundamentales de cualquier sociedad. Detrás de ella -o a su lado- siempre está la verdad, esa fuerza vital que busca y siempre consigue abrirse camino de alguna manera para fructificar en la justicia.

Eso no lo detiene nadie, ni los designios arbitrarios de un poder fáctico ni las debilidades e incongruencias de una precaria democracia; tampoco lo detendrá una ley nueva –llámese como se llame– o un espúreo y conocido Decreto Ley de Amnistía aún vigente; no logrará impedirlo ni la verticalidad del mando ni las falsas concepciones de lealtad.

Cada uno de ustedes juró defender la patria y su bandera, pero jamás juraron cometer, silenciar o encubrir crímenes. A pesar de ese mandato, ocurrió el golpe militar de 1973, que desde el punto de vista legal fue, sin duda, un acto arbitrario e ilegítimo.

Los responsables de él están impunes. El mismo hecho, desde el punto de vista histórico, es el inicio de las masivas y más brutales violaciones a los derechos fundamentales de las personas que hayan conocido la historia de nuestro país.

Siempre nos hemos preguntado si de veras se sienten orgullosos de haber ganado "una guerra" en contra de personas desarmadas que fueron brutalmente detenidas en sus hogares en horas de la madrugada, que se entregaron voluntariamente a petición de los mandos superiores, que se les secuestró en la vía pública, etc. Pero lo que realmente nos asombra es, cómo pueden vivir tranquilamente con sus familias, con sus hijos, con sus vecinos, cuando algunos de ustedes guardan un secreto que daña dramáticamente, día a día, a miles de familias y a la sociedad entera.

Mucho ha sido el daño que se ha causado al país, demasiado es el tiempo que hemos esperado; son innumerables las situaciones de prepotencia, arrogancia, abuso y mentira que hemos debido soportar los chilenos. Nosotros, los familiares de los detenidos desaparecidos siempre hemos exigido de parte de ustedes una respuesta que termine con este problema. Y el problema de los detenidos desaparecidos se resolverá sólo si ustedes entregan toda la información en relación a las víctimas cuyos cuerpos no han sido entregados a sus familiares.

Nos preguntamos, ¿acaso hay falta de valores en las instituciones armadas para reconocer los hechos? ¿de dar a conocer la verdad, someterse a la justicia y a aceptar un vital sentido de igualdad ante la ley? Una actitud de esta naturaleza no destruirá al Ejército, ni a la Armada, ni a la Fuerza Aérea, ni a Carabineros ni a Investigaciones; al contrario, sería una muestra de dignidad, de respeto por nuestra historia, de aliciente para buscar formas de reconciliación integradoras de la civilidad y las Fuerzas Armadas.

Nosotros familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, jamás hemos buscado venganza, pero sí solicitamos de la sociedad chilena, del Estado, de sus instituciones, Verdad y Justicia, para reconstruir el Estado de Derecho, para que todos podamos crear una nueva institucionalidad basada en los principios básicos de una democracia verdadera y participativa, en un clima de confianza.

No es posible que por la fuerza de las armas se siga imponiendo, una situación de intranquilidad ciudadana, de desconfianza, de tensiones permanentes.

Por esta razones, que son principalmente humanitarias, rechazamos las posturas de la derecha que en la práctica son portavoces de ustedes los militares, las que se han evidenciado en estos días. Ante ello, nos vemos en la obligación de apelar a la civilidad y hacer defender nuestro derecho de saber la verdad plena de los ocurrido con nuestros seres queridos y que se les haga justicia, derechos humanos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y otros tratados refrendados por el Estado chileno.

Es por esto que estamos apelando a las instituciones armadas, para que reconsideren su actitud, para que escuchen a la mayoría del país, para que dejen actuar libremente a la justicia, para que abran cauce a la verdad.

El conocimiento de la verdad no se restringe al conocimiento del número de víctimas y su posible paradero, por el contrario, la verdad debe ser total y caso a caso: respecto a los hechos que ocurrieron, las características de los crímenes, y muy especialmente los responsables de ellos. Verdad, para que los hechos a que nos referimos nunca vuelvan a repetirse.

Así, los culpables de los delitos de violaciones a los derechos humanos deberán responder por sus acciones, y, para que, también los inocentes, puedan mirar con orgullo a sus hijos, a su pueblo y a su país, sin sentir la vergüenza de compartir su vida militar, junto a aquellos que mancharon el honor militar.

Por el honor que cada militar dice tener, ha llegado la hora de tomar decisiones, el deber y la conciencia de la patria así lo exigen, patria que ustedes dicen defender.

Las instituciones armadas volverán a ser reconocidas y respetadas por el pueblo cuando se depuren de los responsables materiales e intelectuales de los hechos constitutivos de delitos y cuando el pensamiento y la acción militar estén guiados por los verdaderos valores de una nación civilizada. Cuando definitivamente se erradique la doctrina del enemigo interno que divide a los chilenos en amigos y enemigos. Cuando vuestra labor fundamental vuelva a ser la de defender la soberanía del territorio que a todos nos pertenece.

Los uniformes se reencontran con los chilenos cuando asuman las grandes ideales del progreso, desarrollo, democracia, verdad, justicia y paz, y así entonces estaremos caminado hacia la verdadera reconciliación. Hoy, cuando ustedes piden aplicar la amnistía o usar cualquier otro mecanismo para exonerar de culpa a los responsable, nuevamente estarán violando derechos humanos, una segunda violación; ya que la ley de amnistía es una ley inmoral, ilegal, espúrea, que debe ser anulada y que en nada les ayudará a mejorar la deteriorada imagen que hoy tienen las Fuerzas Armadas de nuestro país.

El que los autores de estos crímenes sean miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, a nosotros no nos inhibe para hacer lo que siempre hemos hecho, lo que cualquier ser humano haría si se le arrebata de la noche a la mañana a un ser querido y nunca más se tiene noticias de él. Veintidós años estamos exigiendo saber dónde están y que pasó con cada uno de ellos. Tenemos derecho a darles una digna sepultura y a que se les haga justicia.

Esto lo hemos repetidos una y mil veces, y no sólo nosotros. Nos han acompañado en esta demanda hombres y mujeres de nuestra tierra, comprometidos con los valores tan profundos como es el valor de la vida, el establecimiento de la justicia para alcanzar la paz y el reencuentro entre los chilenos.

AGRUPACION DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS
Santiago, 30 de julio de 1995

Las tres cartas están firmadas por:
Sola Sierra H. Presidenta
Mireya Garcia R. Vicepresidenta
Viviana Díaz C. Secretaria General
Laura Atencio A. Encargada RR.PP.
Gonzalo Muñoz O. Encargado Comunicación
Mariana Guzmán N. Encargada Finanzas
Amanda González del V. Encargada Social.