Homicidios

Informe de la Comisión Bicameral - Tucumán 1974-1983 (Anexo III)

 

2. Homicidios con presunción 
de participación de organismos de seguridad

Nos referimos en este subtítulo a los casos de Diego Zoilo Fernández y Rafael D. Fagalde, ambos secuestrados de sus domicilios por personas armadas que operaban en idénticas circunstancias a las que venimos analizando. Luego de ello, las víctimas aparecieron asesinadas, tras sufrir horrendos castigos, por supuestos comandos terroristas de ultraderecha.

Se trata, por consiguiente, de ejemplos de cadáveres que las fuerzas de seguridad identificaron y que son la síntesis de una cronología sangrienta que comenzó con el secuestro en su domicilio o en la vía pública, sin haberse determinado nunca cómo murieron o quién los mató. El Estado siempre permaneció indiferente a estos crímenes y nunca implementó la investigación de los mismos.




2.1. Leg. 314-F-84. Homicidio de Diego Zoilo Fernández.

En dicho legajo se denuncia el secuestro y posterior muerte de DIEGO ZOILO FERNÁNDEZ, ocurrida según las circunstancias que a continuación se detallan: 

“... el día 10 de mayo de 1975 aproximadamente a las 24 horas un grupo de personas fuertemente armadas y desplazándose en varios vehículos se hicieron presente en el domicilio que ocupábamos con mi esposo y a viva voz reclamaron su presencia gritando: “Fernández, la policía” (...) ante la violencia que ejercían los individuos sobre la puerta del inmueble con el objeto de ingresar al mismo, Diego Fernández optó por abrir la puerta, fue introducido en uno de los vehículos, logrando advertir la denunciante que el secuestrado sólo alcanzó a ponerse un par de sandalias y un poncho regional que se encontraba en un aparador”.


Publicación diario “La Gaceta”

Con fecha 14 de mayo de 1975, en una publicación en dicho diario se leía: “Tres cadáveres habrían sido identificados. Aparecieron en Río Colorado. Versiones no confirmadas oficialmente indicaban anoche que habrían sido identificados los tres cadáveres que en la madrugada del lunes fueron encontrados en la zona de Río Colorado, departamento Famaillá. El trascendido señalaba que uno de los muertos sería el obrero de los talleres de Taif Viejo Diego Zoilo Fernández, militante del Partido Comunista. Otra víctima identificada sería de apellido Roldán y la restante de apellido Espinoza, estos dos vecinos también de Taif Viejo”.


Testimonio

En el mismo legajo un testigo expone en su declaración:

“Fui testigo de los hechos que a continuación relataré referidos a la muerte y secuestro del Señor Diego Zoilo Fernández. Que acompañando a Olga Ángel Bustos, en busca del paradero de su esposo, llegamos junto a Juan Arsenio Rojas hasta la Comisaría de Río Colorado. Allí sólo permitieron mi ingreso y adonde protagonicé los siguientes hechos: En el patio de la comisaría unas quince personas de aspecto joven todos ellos de cabellos rubios y ojos claros, vestidos de civiles y con cabellos de corte militar. En una de las salas de la Comisaría se produjo una entrevista con un señor de civil de piel cobriza, bajo de estatura y de unos treinta años, quien sentado detrás de un escritorio limpiaba un revólver 38 y preguntó al suscrito qué andaba buscando a lo que se le contestó que con fecha 10 de mayo de 1975 habían secuestrado a Diego Fernández y que en su búsqueda había sido enviado a la Comisaría de Famaillá para ver si entre los cadáveres que allí se encontraban uno era el del secuestrado, inmediatamente se le ordenó al suscrito que volviese de nuevo al principio de la cuadra donde estaba el auto y la esposa del secuestrado y se volviese junto a la comisaría. Ya de vuelta preguntó si un ponchito tipo regional de criatura y unas chancletas podrían ser del señor que se buscaba a lo que se contestó que sí. Seguidamente se me mandó con una persona de rasgos deformes (...) que decía ser el sepulturero de Río Colorado (...) Cuando llegamos al cementerio y cuando nos encontramos fuera del auto aparecieron unas diez personas, vestidas de civil con poleras, con cabellos y bigotes blancos, asimismo se encontraban fuertemente armados. Uno de ellos me exigió me identificara, hecho esto me hicieron pasar a un cuarto donde se encontraban tres cadáveres semidesnudos, tapados con unos panfletos, me dirigí al que creía era el de Diego Fernández y retirando los panfletos de su rostro alcancé a leer en ellos VIOLA TE HEMOS VENGADO, reconocí el cadáver que se encontraba horriblemente mutilado, me di vuelta y dije llorando: “hay que ser... ...para asesinar de ese modo”, a lo que un señor de uniforme policial me contestó: “como era Fernández”. En el mismo lugar se encontraba un pariente del otro secuestrado –Roldán– que es agente de la policía que también había reconocido el cadáver de su pariente...”.


La Comisión libró los siguientes oficios:

– a Jefatura de Policía a fin de que remitan las actuaciones instruidas con motivo del hecho: informando dicha dependencia “que no obran antecedentes al respecto” (Diciembre 5 de 1984). Expediente 9824/108/29–D–5. Se adjunta a las actuaciones, un certificado de defunción en el cual se señala el nombre, apellido y categoría del funcionario certificante.




2.2. Leg. 432-D-85. Homicidio de Rafael Dionisio Fagalde.


“...La misma expresa que viene a denunciar el asesinato cometido contra su esposo Rafael Dionisio Fagalde, de profesión Abogado, con estudio jurídico para esa fecha en calle General Paz 385 de esta ciudad y cuyos hechos ocurrieron en la noche del 30 de junio de 1975, conforme detalla a continuación:

“Como ha expresado la compareciente, su esposo era abogado del Foro local y ejerció su profesión exclusivamente del modo habitual y permanente de todas las gamas del Derecho, haciendo su especialidad el “Derecho Penal”, en la que por su versación llegara a destacarse y merecer el reconocimiento de quienes conocieron su quehacer en ese ámbito profesional. Es que para su esposo tenían plena vigencia la declaración constitucional, propia del Estado Democrático, por el cual “todos los habitantes de este País, son inocentes mientras no se pruebe su culpabilidad” y de allí hizo suya, como rigurosa constancia de su especialidad, la máxima del ilustre jurisconsulto Dr. Fernando López de Zavalía, para quien “El Código Penal es el Código de la Libertad”. Sin militancia política alguna defendió presos políticos (...) por ello murió. En la noche indicada salió de su estudio rumbo a su hogar. Fue encontrado muerto a la vera del camino de la localidad de Los Vázquez, en horas de la tarde del día 1 de julio de 1975. El acta de defunción, firmada por el médico policial Federico Ruiz Huidobro, da como causa de la muerte “SHOCK, AGUDO GRAVE, POR HERIDAS DE BALA”, en realidad su cuerpo presentaba más de treinta impactos de bala de distinto calibre y señales de tortura. La ilicitud represiva cobraba una nueva víctima. El hecho relatado, que en este caso afectó a un profesional del Derecho, con motivo del ejercicio legítimo de su profesión, no es un hecho aislado, se encuadra dentro de la ola de crímenes generada por la represión indiscriminada, y las organizaciones paralelas creadas para llevarla a cabo, que en definitiva culminó con el genocidio más grande que recuerda la historia de nuestro País. Esta connotación no es antojadiza. Con motivo del trágico motín del Penal de Villa Urquiza del 6 de setiembre de 1971, su esposo fue detenido, procesado y declarado inocente por sentencia de la Cámara Federal Especial, con fecha 11 de Mayo de 1973. Fue puesto en libertad por la misma fecha, vale decir el 11 de mayo de 1973 y se reintegró al ejercicio de su profesión. No obstante en el mes de mayo de 1975, aparecieron en el centro de esta ciudad y en la Jefatura de Policía, unos afiches en los que, denunciándose con fotos y nombres a los que se sindicaban como jefes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), se incluía la foto y nombre de su esposo. Ante su enérgica protesta, estos datos fueron borrados en algunos afiches, no en todos. Expresa que en la madrugada de los hechos se contactó con el Comisario Marcos Fidencio Hidalgo, mejor dicho, casi al mediodía, el que al parecer ya estaba en conocimiento de los hechos y la envió a la localidad de “Los Vázquez” para efectuar el reconocimiento del cadáver. Expone con certeza que Hidalgo ya sabía de lo ocurrido a su esposo. De hecho, no sabe hasta la fecha si la policía realizó alguna investigación acerca de lo relatado ya que jamás pudo localizar el sumario ni el juzgado donde se tramitó la causa. Cree que jamás se investigó absolutamente nada, por lo que solicita a esta Comisión una exhaustiva investigación de lo relatado a fin de lograr la verdad de lo ocurrido, habida cuenta de que el General Edgar Vilas para ese entonces se declara único responsable de los actos sucedidos en Tucumán.

 

 

 

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