Informe Político

III. La violación a los derechos humanos 
en la provincia de Tucumán

Resulta indispensable realizar un somero análisis de la evolución socioeconómica de Tucumán, a fin de poder apreciar cuáles fueron las causa primordiales que hicieron de esta provincia, un escenario donde encontraron un clima propicio y permanente, las tensiones sociales, que derivaron en conflictos políticos, dando lugar a que la violencia –no aceptada por el pueblo–, se agudizará aquí con especial énfasis, hasta desembocar en los hechos cuya investigación nos ocupa.

Debemos recordar que cerrados los circuitos ancestrales de articulación con el mundo andino (Bolivia, norte de Chile y Perú), y arruinada su economía artesanal como consecuencia del libre cambio, Tucumán se acomodó al nuevo esquema económico que se desarrolló en el país a fines del siglo pasado, como proveedor de azúcares para el incipiente mercado interno. La instalación del ferrocarril, en 1876, le permitió acceder a los mercados nacionales de consumo e importar equipo de alta tecnología para modernizar las plantas de producción de los ingenios. De la simbiosis entre la avanzada tecnología industrial –importada entonces de Europa– y la mano de obra servil y abundante de la hacienda colonial, surgió el primer desfasaje estructural de la provincia, común a todas las economías periféricas y subdesarrolladas.

La actividad económica de la provincia, giró a partir de ahí, en torno a la transformación industrial de la caña de azúcar, inicialmente favorecida por las ventajas comparativas de la economía provincial (bajo costo de materia prima, mano de obra intensiva y barata), pero tempranamente sometida a tensiones derivadas del desbalance entre la oferta y la demanda final del producto elaborado, que hizo estallar ya entre 1896 y 1899, la primer gran crisis de superproducción que culminó con el cierre de 7 de los 18 ingenios existentes en ese entonces en la provincia.

A partir de allí, y complicada posteriormente la simplicidad del esquema productivo inicial, por la aparición de fenómenos tales como la ampliación de las fronteras agrarias (incorporación de numerosos productores cañeros) y sindicalización de los trabajadores (que rompieron con el esquema laboral del servilismo), todo ello sumado a la pérdida de algunas de las ventajas comparativas iniciales, comienzan a impulsar a la economía azucarera tucumana, a una creciente crisis de carácter estructural.

Esta crisis agudizó los conflictos de intereses entre los agentes socioeconómicos involucrados, agudizada por el fenómeno irreversible de la avasalladora competitividad de las economías agroindustriales azucareras de Salta y Jujuy.

Los ingenios del norte comienzan a disputarle con éxito, al azúcar tucumano, crecientes fracciones de la demanda final, achicada además, por la competencia de la fructosa. En consecuencia, comenzó a vivirse el crudo problema del sobredimensionamiento de la capacidad industrial de la provincia.

Frente a esta amenaza (puesta ya en toda su evidencia a principio de los años ’60), Tucumán no pudo construir una estrategia superadora de esta crisis irreversible, limitándose la provincia a la presión política sobre el Estado Nacional, con vistas a lograr subsidios para su economía (vía regulación de precios remunerativos, inmovilización de azúcares excedentes, etc.). Tal estrategia tuvo algún éxito con gobiernos constitucionales, pero fue impotente ante la dictadura del general Juan Carlos Onganía, quien en 1966 decretó el cierre simultáneo de once ingenios, con verdadero desprecio por sus desvastadores efectos sociales. Las consecuencias traumáticas de esa medida en la sociedad tucumana, hace que aún hoy, a dos décadas de aquellos sucesos, perduren como un fantasma.

La verdadera dimensión de este drama, se patetiza en el éxodo masivo de trabajadores que arrastra a más de 200.000 habitantes de la provincia, entre ellos la mano de obra más calificada y especializada de la industria azucarera, masa humana que va a engrosar las aledañas villas miseria de la Capital Federal. Por contrapartida, este cierre masivo de ingenios despobló decenas de pueblos y villas del interior tucumano, las que quedaron convertidas en verdaderos “pueblos fantasmas”. Esta deshumanizada medida tomada por el general Onganía, produce la quiebra de la industria metalúrgica local, a la par que una severa restricción de la actividad comercial y otros efectos multiplicadores.

Este desastre económico y social, produjo una terrible y angustiante miseria y un grave desconcierto y se constituyó en el nervio de la agitación política que se precipitó en Tucumán durante las dos últimas décadas.

Ese fenómeno alcanzó su pico máximo durante los años de la llamada “Revolución Argentina” (1966-73), cuando crecientes sectores y segmentos sociales, fueron exteriorizando sus protestas mediante metodologías cada vez más violentas, como ocurrió durante los levantamientos y puebladas de 1970, 1971 y 1972 con el saldo de centenares de detenidos, decenas de heridos y varios muertos y con importantes sectores de la ciudad capital, tomados por los manifestantes y retenidos en su poder durante varios días.

Los protagonistas centrales de estas protestas, fueron los obreros y los estudiantes, aunque es justo reconocer que contaban con la adhesión y simpatía casi unánime de la población.

Por otro lado, la severa represión de estas protestas, lejos de aplacarlas, constituía un factor de indignación colectiva y de provocación de nuevos disturbios.

Este fue el marco político–social en la primera parte de la década del ’70 y que coincidió con la aparición del accionar guerrillero tanto del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) como de la organización Montoneros. Sin embargo, este fenómeno no debe de ninguna manera ser esgrimido como justificación de la feroz acción represiva desatada en toda la provincia, principalmente a partir de marzo del ’76.

La prestigiosa publicación norteamericana “Newsweek” ha hecho recientemente, trascendentales revelaciones sobre los sucesos de la época que estamos investigando, al dar a conocer informes y mapas secretos firmados por los principales jefes militares del país en el año 1975: el general Videla (entonces Comandante en Jefe del Ejército); el general Viola (Jefe del estado Mayor del Ejército) y el coronel Carlos A. Martínez (Sub-jefe de Inteligencia del Ejército).

El diario La Razón, de la Capital Federal, en su edición del 29 de abril último, en su página 10, transcribe el aludido artículo de la revista norteamericana y reproduce fotocopias de los documentos y mapas a que hicimos referencia.

De dicha documentación, recogemos los siguientes datos: “...Indica que en el país había no más de 600 guerrilleros del ERP, uno de los dos principales grupos extremistas, el mejor organizado y el más aguerrido. Indica, además, que en Tucumán, donde el general Videla anunció que se libraba una guerra importante a la cual se enviaban grandes contingentes de tropa, había entre 120 y 180 guerrilleros del ERP...”.


Sr. Presidente:

El irresponsable proceder de los elementos terroristas, totalmente desvinculados del real problema social y popular del pueblo tucumano, servirá de motivo para montar un vasto aparato represivo, que orienta su verdadero accionar a arrasar con las dirigencias sindicales, políticas y estudiantiles, que eran totalmente ajenas al pernicioso accionar de la guerrilla.

Recordamos, asimismo, que ya en 1975 (según consta en los medios de prensa locales y nacionales), cuando fue sustituido en la comandancia de la 5ª Brigada de Infantería por el general Antonio Domingo Bussi, el entonces general Acdel Vilas, afirmó que la guerrilla ya había sido derrotada en Tucumán.

Sin embargo, el número de víctimas se incrementó notablemente a partir de esa fecha.

La militarización creciente de la sociedad tucumana, aumentó cuando la policía local pasó a depender directamente de la autoridad militar de la provincia, incrementándose la escalada represiva con el accionar conjunto de las fuerzas militares, policiales y de seguridad.

Igualmente, de los testimonios y denuncias recibidas, surgen las siguientes características comunes, en los llamados “procedimientos antisubversivos”.

1) 9 de cada 10 personas fueron secuestradas en sus domicilios, lugares de trabajo o en la vía pública, por personas armadas, las que siempre actuaban en una superioridad numérica de 15 –aproximadamente– contra 1.

2) Los secuestradores, a veces uniformados, otras de civil, generalmente ocultaban sus rostros para asegurar su impunidad.

3) Operaban con gran despliegue de vehículos, sin chapas y patentes o con las mismas adulteradas y siempre en un marco de absoluto desparpajo, llegando muchas veces a interrumpir el tráfico en varias cuadras a la redonda.

4) En la gran mayoría de los casos estas acciones se desarrollaron en horas de la noche, como habría de reconocerlo en una oportunidad el general Vilas: “Los mayores éxitos los conseguimos entre las dos y las cinco de la mañana, la hora en que el subversivo duerme... Yo respaldo incluso los excesos de mis hombres si el resultado es importante para nuestro objetivo”. (“Excelsior”; México, 1975). Como puede observarse, este “subversivo” era una persona con una identidad propia, con un domicilio real y conocido y que de noche descansaba junto a su familia.

La represión contra el pueblo tucumano se fue desarrollando escalonadamente. Todavía en los inicios del último gobierno constitucional, en septiembre de 1973, el jefe de policía de ese entonces, comisario Héctor García Rey, desató un verdadero raid persecutorio nocturno, con asaltos de domicilio, rapiñas y numerosas detenciones sin orden judicial.

La oportuna intervención de la Honorable Legislatura, la indignada reacción ciudadana y la decisión del gobierno provincial, determinaron la remoción de este funcionario, quien se marchó a Córdoba a ejercer idéntico cargo, no sin antes resistir la medida oficial “por haber sido designado por López Rega”, según el mismo lo expresó.

Luego de la muerte de Perón, comenzaron a actuar en la provincia, grupos irregulares que cometieron numerosos atentados con explosivos de alto poder, de procedencia policial o militar, ya que en algunos casos, se han encontrado hasta los precintos.

Comienza así a institucionalizarse las agresiones, secuestros y asesinatos, siendo sus víctimas personalidades políticas, profesionales de reconocida actuación, dirigentes estudiantiles, líderes obreros, intelectuales, periodistas y sacerdotes.

Se atacaron con cargas explosivas, instituciones como la Universidad Nacional de Tucumán, Honorable Legislatura, sede de partidos políticos (radical, comunista y socialista), Colegio de Abogados, etc.

Un sector particularmente afectado por el terror intimidatorio fue el de los abogados, circunstancia que no obedece a un hecho fortuito. Por el contrario, se trataba en realidad de utilizar todos los medios de la violencia y el terror físico y sicológico con el objetivo de limitar el accionar de aquellos letrados que se dempeñaban como defensores de presos políticos o colaboraban en apoyo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y, por otro lado, se trataba también, de amedrentar a los profesionales que eventualmente pudieran ser requeridos para la defensa de las víctimas de la acción represiva.

Se generó así la indefensión de la civilidad como sistema, la falta de auxilio como horma, en suma, se libró al arbitrio de las circunstancias, situaciones que por su naturaleza y por esencia, requerían urgente atención profesional que no podías ser brindada. 

No se trataba de cobardía de un sector de la sociedad que no acudía en auxilio de otro que tanto lo necesitaba; era el terror que invadía a éste y muchos otros segmentos de la familia argentina, que lo imposibilitaba física e intelectualmente a dar aquello para lo cual había demorado una vida en prepararse, privándolo de ejercitar el derecho de defensa, a veces, lastimeramente requerido.

Se le negaba a la comunidad, que había contribuido a la formación profesional del abogado, recibir sus servicios como auxiliar de la Justicia, impidiéndole de este modo, no sólo el ejercicio de tan alto ministerios, sino también de su consecuencia y resultado que no es otro que el imperio del derecho y la Justicia.

Al incalificable atentado contra el Colegio de Abogados, al que ya hemos hecho referencia, se unen los perpetrados contra los estudios y domicilios de los doctores Arturo Ponsati, Muguel Seleme, Gerardo Maxud, Napoleón Torres Bougeau, José María Martinelli, Julio César Rodríguez Anido, Carlos Zamorano, Juan Roberto Robles, Carlos San Juan, etc. En el lapso que estamos analizando se produjeron los asesinatos de los abogados de Rafael Fagalde y Ángel Pisarello.

Estimamos justo y honorable referirnos muy especialmente al doctor Ángel Pissarello –asesinado en 1976– ya que fue un heroico y auténtico luchador por las libertades democráticas y que pagó con su vida y un cruento martirologio, su consecuencia con esa lucha. Extraemos de una carta, escrita por él pocos días antes de su secuestro, este párrafo: “Vicisitudes diarias, las amenazas constantes, no me arredran. Defenderé con mi vida la bandera de las libertades esenciales del individuo y de la mano de don Hipólito Irigoyen, seguiré luchando para que esa realidad en esta porción de tierra que me toca defender, que los hombres y los pueblos deben ser sagrados para los pueblos”.

Entre los abogados desaparecidos, debemos registrar a los doctores Víctor Noé, Elda Calabró, Juan del Gesso y Dardo Molina. Es de destacar que la mayoría de estos sucesos, se llevaron a cabo cuando el general Bussi ejercía la comandancia de la 5ª. Brigada y la Gobernación de la Provincia, es decir, contaba con la suma del poder público.

Cabe recordar al respecto, que el “Tribunal Permanente de los Pueblos”, citó el Boletín del Consejo de Europa del día 31 de enero de 1980, que decía que en nuestro país, para esa fecha, habían sido asesinados 27 abogados, que 76 figuraban como desaparecidos, que 109 estaban en prisión y que 200 estaban exiliados.

Los profesionales de la medicina, no escaparon al contexto de las atrocidades que se cometieron en aquella época.

En efecto, la intranquilidad y el desasosiego, fueron las notas identificatorias del quehacer profesional de los médicos. Atentados, intimidaciones, amenazas, se sucedieron sin solución de continuidad, en contra de muchos de ellos que no encontraron jamás la protección y/o seguridad que les posibilitaran el ejercicio de su apostolado, conforme a su esencia.

Entre los médicos desaparecidos, debemos señalar a los doctores Carlos Román Apaza, Rubén Lindor Tártalo, Máximo E. Jaroslavsky y Graciela Bustamante de Argañaraz. En ese lapso, fue asesinado el doctor Maddalena y murió en presidio el doctor Villavicencio, que era un exiliado boliviano. Los doctores Emilio Jarma y Forti, se exiliaron, contándose como desaparecida la esposa de este último.

Este clima de inseguridad y terror, situación provocada y a la que le dio asidero el terrorismo, constituyó el pretexto esperado para la intervención represiva, situación que se extiende luego deliberadamente al resto del país, allanándose así las Fuerzas Armadas, el camino para el golpe militar.

Es así que a Tucumán le correspondió el triste y doloroso papel de convertirse en campo de experimentación de aberrantes técnicas represivas, aplicadas por algunos jefes militares y policiales.

Este proceso se vio facilitado por la profunda debilidad política del gobierno nacional, como consecuencia de la honda crisis desatada luego de la muerte del general Perón, que dio lugar al creciente copamiento del Poder Ejecutivo, por sectores irrepresentativos y que preconizaron políticas que facilitaron el avance golpista.

Por otra parte, el gobierno –en lugar de esgrimir su verdadero capital político, convocando al pueblo en apoyo a su programa original de transformaciones sociales en el marco de la Constitución y llamando a las Fuerzas Armadas a sumarse a ese plan– optó por una política llena de vacilaciones que se caracterizó por las continuas concesiones a las cúpulas militares que lo rodeaban, al tiempo que dejaba impunes hechos delictivos de violencia, que habría sido preciso investigar en su momento.

Que esta experiencia, trágica por sus consecuencias –el golpe y el genocidio– sea un llamado de atención para quienes entendemos que la democracia, la libertad y la justicia, constituyen los pilares del sistema de vida que han elegido los argentinos.

En este marco, merece especial mención, la furia represiva que se desató luego del golpe militar del 24 de marzo de 1976, contra las autoridades constitucionales de la provincia. Cárceles, torturas, asesinatos, desapariciones, persecuciones y vejámenes de toda clase, fueron moneda corriente en el trato que dispensó la dictadura a esos funcionarios del gobierno justicialista.

Existe una larga lista de los componentes de los poderes que regían en Tucumán. Algunos fueron sometidos a procesos irregulares sin permitírseles ejercer el derecho de defensa adecuada; otros recibieron tratos degradantes e inhumanos, sufriendo largos períodos de cárcel; los hubo torturados y vejados. Muchos fueron liberados meses después sin que se los hubiera reconocido como presos y sin formulárseles cargo alguno. Varios fueron secuestrados y no aparecieron nunca más.

El gobernador constitucional de la Provincia, don Amado Juri, permaneció detenido casi tres años, el entonces ministro de Economía, contador Jorge Raúl Martínez, estuvo dos años en poder de las fuerzas represivas y formuló denuncia ante la Comisión de Solidaridad con Presos y Desaparecidos Justicialistas por privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales reiterados, trato inhumano, falta de defensa en juicio y carencia de debido proceso legal.

El entonces intendente de la ciudad de San Miguel de Tucumán, don Carlos María Torres, permaneció detenido 3 años y 6 meses. Fue secuestrado por el término de 5 días y sufrió apremios ilegales y trato inhumano (causa 276-T-84).

Antonio Isaac Guerrero, diputado de la Nación, detenido sin proceso durante 3 años, denunció privación ilegítima de la libertad y trato inhumano.

Fueron secuestrados y aún figuran como desaparecidos, el doctor Dardo Molina, presidente del Honorable Senado; Juan Eduardo Tenreyro, Secretario General de la Gobernación; Bernardo Samuel Villalba, Diputado de la Nación, secuestrado en la vía pública (causa 268); Damián Márquez, Senador provincial; Raúl Mauricio Lechessi, Diputado provincial: Guillermo Vargas Aignasse, Senador provincial; José Chebaia, Secretario de Estado de Planteamiento.

Fue secuestrado y mantenido en esa situación por el lapso de 6 meses, el Ministro de Bienestar Social, Carlos Prats Ruiz.

Sufrieron cárceles, persecuciones, apremios ilegales, carencia de debida defensa en juicio, entre otros: René Quinteros, Diputado provincial; doctor Jesús Santos, Juez federal; Ricardo Díaz, Diputado provincial; Miguel Ángel Cosiansi, Secretario de Estado de Turismo; doctor César René Dantur, Secretario General del Ministerio de Bienestar Social; Iván Vacaflor, Secretario de Estado de Obras Públicas; doctor Adolfo Rospide, Secretario de Estado de Apoyo a la Comunidad; ingeniero José David Robledo, Secretario de Estado de Industria, Comercio y Minería, y muchos otros.

La represión entre dirigentes sindicales, como ya lo hemos manifestado, cobró una alta cuota de víctimas, entre los que debemos recordar el asesinato de los hermanos Arancibia, pertenecientes al gremio ATEP y del secretario general de la FOTIA, Atilio Santillán.

Debemos destacar el trato inhumano que recibieron todas las personas precedentemente mencionadas, el que ofrece un absoluto contraste con el que se les da actualmente a los integrantes de las Juntas Militares y otros altos jefes de la represión, que se encuentran detenidos y procesados al amparo de todas las garantías constitucionales que les brinda la Justicia de la Democracia.

La casi carencia de pruebas documentales, derivada de la clandestinidad inherente al accionar represivo, tornó trabajosa y difícil la tarea investigadora realizada por esta Comisión. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que no estamos en presencia de un caso más de una conducta humana cualquiera, sino más bien nos acercamos a lo que los criminólogos denominan “delincuentes paranoicos”, que subvirtieron todo el orden jurídico internacional, a la vez que violaron absolutamente todos los derechos esenciales del ser humano.

No está de más traer a colación el pensamiento de Francesco Carnelutti, extraído de su obra “Las Miserias del Proceso Penal”, donde dice: “... Que el justo, el verdadero juicio, es el que está en manos de Dios, pero si los Hombres se encuentran, sin embargo, en la necesidad de juzgar, deben tener al menos la conciencia de que hacen, cuando juzgan, las veces de Dios”.

Pese a las dificultades a las que hemos aludido y a las que vamos a hacer mención más adelante y cumpliendo con lo manifestado en la página 9 de este informe, debemos señalar que se han sustanciado un total de 450 expedientes, que comprenden 600 presuntas víctimas las que, ahora, podrán ejercer por sí o por sus representantes legales, ante la Justicia administrada por jueces constitucionales los roles que la ley les acuerda.

Cumplimos con nuestro cometido, hasta donde legalmente nos fue demarcado; no dudamos que el resto será cumplido eficazmente por el Poder Judicial, quien tomará el deber protagónico que la historia le señala en definitiva: hacer Justicia.

Haciendo referencia a las dificultades aludidas precedentemente, debemos señalar que el número de denuncias receptadas y ratificadas en esta Comisión, es sensiblemente inferior al que han registrado los organismos defensores de derechos humanos de esta provincia y las realizadas ante la CONADEP, en ocasión de sus visitas a Tucumán. Este desfasaje se nota, especialmente, en el rubro desaparecidos.

La causa de esta circunstancia es atribuible, fundamentalmente, a los resabios del espanto y el terror sembrado entre la población, en los años en que campeó la represión desmedida.

En repetidas ocasiones, se hicieron presentes ante esta Comisión, familiares y/o víctimas de violaciones a los derechos humanos y expresaron su reticencia a efectuar las denuncias correspondientes, porque consideraban que en la provincia se conservaban vestigios del aparato represivo y señalaban que sus temores se basaban, especialmente, en que en la policía local se mantendrían y habrían sido reincorporados y/o ascendidos, elementos de los cuales ellos mismos había sido sus víctimas. Inclusive, llegaron a expresar que dudaban que esta Comisión les pudiera otorgar suficientes garantías, cuando sus propios miembros estaban siendo amenazados y no habían conseguido que la policía ni la Justicia, pudieran individualizar a los autores.

Con respecto a la situación señalada por las personas mencionadas, esta Comisión informa a los señores legisladores, que en el mes de enero de este año, radicó las correspondientes denuncias ante el señor Juez de Instrucción de Turno y ante el propio jefe de Policía, facilitando inclusive, el testimonio de una persona que individualizó a uno de los autores de las amenazas.

Retomando lo ya expresado, los resabios de temor se agudizan especialmente, en una sociedad provinciana como la nuestra, donde no existe el anonimato de las grandes ciudades, incidiendo ello negativamente en la mentalidad de sus habitantes que, muchas veces –como en los caso señalados– prefieren callar antes que exponerse a potenciales represalias. Abogados, testigos y miembros de los organismos de Derechos Humanos, siguen siendo hoy amenazados.

En el caso del interior de la provincia, han sido factores complementarios en la omisión de denuncias, hechos tales como el aislamiento en que viven muchos pobladores de las zonas rurales, las dificultades de acceder a medios de transporte y el fenómeno típicamente tucumano de los trabajadores “golondrinas” de la zafra, sobre cuyo destino es difícil precisar.

Asimismo, la represión aplicada sobre grupos familiares o sectores poblacionales íntegros, impide determinar, con exactitud, el número real de casos de violación de los derechos humanos.

Señor presidente: La experiencia que hemos vivido los miembros de esta Comisión, ha sido –sin duda– altamente traumática. No es posible descender a increíbles, casi inenarrables infiernos de la degradación humana y salir indemnes de allí. El relato de lo que algunos hombres hicieron con sus semejantes, sólo puede tener calificativo en el diccionario de Dios, porque en el de la humanidad, sinceramente, no lo tiene. 

Uno no deja de preguntarse –y creo que nunca dejará de hacerlo– cómo algunos hombres pueden dar ciertas órdenes –y solazarse con ellas– y otros ejecutarlas –y gozar con su ejecución–.

Uno no deja de preguntarse –y creo que nunca dejará de hacerlo– cómo algunos hombres, a pesar de la impunidad de que gozaban, pueden haber descendido tan hondo en la degradación.

Tal vez, señor Presidente, habría que recurrir al infierno del Dante o a la Dinamarca de Shakespeare, para entender lo que nos pasó, porque no es posible explicarlo.

Si los miembros de esta Comisión nos sentimos horrorizados, si sabemos concientemente que los relatos del horror no se borrarán jamás de nuestra mente, imaginamos lo que sucederá con quienes sufrieron las torturas más espantosas y fueron sometidos a los más increíbles vejámenes.

Y, sin embargo, son los que tuvieron la suerte al cabo de la noche más cruel y sangrienta que vivió la Argentina en toda su historia: están vivos.

Decía que el horror jamás se borrará de nuestra mente. Y así será, porque los miembros de esta comisión, hemos quedado marcados a fuego luego de haber descendido a un infierno inimaginable.

¿Cómo va a poder borrarse de nuestros pensamientos, el relato desesperado de una mujer del interior de nuestra provincia, cuyo hogar fue asolado a las 3 de la mañana del 20 de julio de 19777?

¿Cómo olvidar que 15 individuos, volteando la puerta de ese hogar a puntapiés, violaron el sueño de un trabajador, de su mujer embarazada de seis meses y de sus pequeñas hijas de 3 y 2 años?

¿Cómo entender que la seguridad de la patria, necesitaba ser resguardada por 15 vándalos que, profanando el uniforme verde oliva del ejército de la patria, arrojaron al obrero contra el suelo, vendaron sus ojos y lo maniataron entre soeces insultos y violentos culatazos?

¿Cómo entender que la seguridad de la patria, necesitaba del salvajismo de golpes en el vientre hinchado de una mujer embarazado a quien, mientras golpeaban, le vociferaban: “te vamos a hacer parir a tu hijo a patadas”?

¿Cómo entender, señor presidente, que la seguridad de la patria, necesitaba que dos criaturas de escasos años, fueran salvajemente golpeadas para alejaras de su padre maniatado? ¿Qué peligroso podían representar para la seguridad de la patria esos dos pequeños seres?

¿Cómo entender, señor presidente, que la seguridad de la patria necesitaba de la amenaza de matar a esas niñas, para silenciar a esa madre que pedía clemencia para sus hijas?

Pero esos hombres que profanaron el uniforme que les dio la patria para defenderla, eran hombres de palabra: al irse, llevándose al obrero, lo hicieron diciéndole a la mujer que nunca más volvería a verlo. Y cumplieron, porque ese trabajador hoy engrosa la larga lista de los secuestrados desaparecidos.

Este relato y la actitud de los vándalos que asolaron la Nación secuestrando, torturando, robando, matando, nos conduce inexorablemente a este interrogante: si los Montoneros y miembros de otras organizaciones terroristas fueron aplastados, ¿qué pasa con los otros? ¿Qué vida imaginable pueden llevar hoy, en medio de un restaurado orden democrático que los ha dejado sin razón de ser, esas legiones de personas que tienen ya el arma poco menos que incorporada a su propio organismo?

¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué debe hacer con ellos la democracia? ¿Qué hace, qué debe hacer esta sociedad que quiere ser civilizada, para expurgarlos de su seno?.