¿De qué estará hecho el mañana?
Los caminos de la memoria en una sociedad de frontera

por Diana Arellano, Silvia Waskiewicz y Yolanda Urquiza

 

 

Los hechos, los sujetos y el tiempo
II. La dictadura militar en Misiones 1976-1983

 

Si bien son múltiples las investigaciones sobre la dictadura y el terrorismo de estado instaurado por el gobierno militar que asume el poder en Argentina el 24 de marzo de 1976, estas -salvo excepciones- se han focalizado en los escenarios del país central, donde obviamente se evidenciaron con mayor nitidez los rasgos de la barbarie. Sin embargo, en una exploración histórica y de la memoria social, es necesario atender una fase menos visible, pero no menos trágica, de la represión en los espacios regionales y/o periféricos en los cuales el control social y la cotidianeidad compartida entre quienes tuvieron alguna responsabilidad en las distintas formas de represión y sus víctimas obstruye de forma visible o invisible todo proceso de indagación.

La represión se centró sobre dirigentes sociales, agrarios, religiosos y militantes políticos peronistas, comunistas, socialistas, etc., considerados bajo la común denominación de "subversivos". El perfil de muchos de estos dirigentes y sus espacios de acción política -miembros de familias de colonos que cargaban con el peso de la historia de la masacre del 36 y que trabajaban en zonas rurales- constituyeron obstáculos adicionales tanto para el reclamo por parte de sus familiares como para hacer pública la memoria de sus luchas y sus historias. Los dirigentes políticos de los Partidos Radical y Peronista, no se destacaron por su participación pública en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura. En este sentido, más que sus palabras, debemos explorar sus silencios.

La memoria de la dictadura militar constituye un campo paradigmático de luchas por los monumentos y los recordatorios, que se despliegan en el escenario político con una gran carga de conflictos; la apropiación de la memoria de "Margarita Belén", es un ejemplo clásico.

No ocurre lo mismo con la memoria de los militantes no peronistas a las que corresponden los silencios de mayor densidad. Explorar estas cuestiones tiene particular relevancia en tanto se registran evidencias de que Misiones, con un 90% de fronteras internacionales, constituía una escala hacia el exilio para muchos dirigentes políticos, que huían del exterminio apelando a las redes transfronterizas que facilitaban esta salida. Paralelamente, era un paso por donde se realizaba un intercambio de información y prisioneros, por parte de los aparatos represivos que actuaban en forma conjunta; y cuyas formas operativas comienzan a dilucidarse a partir del descubrimiento de los "archivos del terror" en el Paraguay.

Las políticas de la memoria en Misiones en tanto implementación de acciones orientadas a recuperar testimonios de ese pasado y/o como una instancia hacia la configuración de un saber académico, es una tarea pendiente. Peor aún, se asiste a una gradual pérdida de las huellas de esa memoria por omisión o por acción

En el año 1990 fueron destruidos los archivos de la Dirección de Inteligencia en Misiones. Esta destrucción fue autorizada por medio de una Ley (Nº 2802) sancionada por el Poder Legislativo Provincial que en su artículo segundo establecía que "En el acto de su destrucción estarán presentes el Secretario General de la Gobernación y un representante de cada uno de los bloques partidarios de esta Honorable Cámara, labrándose la correspondiente acta con intervención del Escribano General de Gobierno". Desconocemos la existencia de algún inventario de la documentación destruida. No obstante, en el mensaje del PE (23-10-1991) que acompaña al proyecto de Ley existen indicios respecto del volumen de testimonios y el tipo de datos que incluían:

"Este Poder Administrativo pretende, con el proyecto de Ley que propicia, hacer partícipe a los legisladores de la decisión adoptada, requiriendo su consentimiento para destruir en un acto formal, toda aquella documentación que se refiera fundamentalmente a antecedentes personales, políticos, familiares, etc. documentación que contiene información de más de 60.000 ciudadanos misioneros o residentes en la Provincia, a quienes se los ha historiado en fichas, la mayoría de ellas sin firmar." (5)

Con la destrucción de esta documentación se pierden evidencias fundamentales para reconstruir la lógica de funcionamiento de los mecanismos de represión y control ideológico que operaban en la Provincia; también se ocluyen las posibilidades de explorar las transformaciones operadas en esta "maquinaria" a lo largo del tiempo y los criterios seguidos para reconocer al "enemigo".

Paradójicamente, una década más tarde, también por Ley, se crea el "Registro Único de la Verdad". En sus aspectos fundamentales la norma establece:

a) El Registro funcionará en el ámbito del Ministerio de Gobierno [Ministerio que tiene bajo su área el manejo de las fuerzas policiales y de las políticas de seguridad de la Provincia].

b) El objetivo es la constitución de una base de datos unificada de la información "…con relación a toda violación de los derechos humanos que cometieron las Fuerzas Armadas o de Seguridad… procurando la reconstrucción de la información que haya sido destruida y tomando todas las medidas para salvaguardar las existentes" [Podría suponerse que se alude a la documentación destruida por la Ley 2802 sancionada por el mismo poder en 1990].

c) Crea un Consejo Asesor integrado por cinco miembros que durarán dos años en sus funciones, de los cuales dos (2) serán designados por el PE, "entre personas de reconocida trayectoria en la provincia en el ámbito de los derechos humanos"; los otros tres (3) serán diputados provinciales, dos por la mayoría y el restante por la primera minoría.

Hasta la fecha no se registra ninguna evidencia pública en relación con los efectos prácticos de la ley; ni siquiera en relación con la constitución del Consejo Asesor.

En este punto, es necesario señalar que las organizaciones de derechos humanos no han logrado articular acciones conjuntas. La fragmentación, la falta de articulación, las disputas por apropiarse de capital simbólico para reciclarlo en posiciones del poder político y la falta de medios de quienes tratan de mantener actitudes de autonomía, son algunos de los obstáculos que -desde nuestra perspectiva- obstruyen tanto la implementación de políticas públicas de la memoria como el acceso a las fuentes de información de quienes -sin renunciar a posicionamientos éticos y políticos- centramos nuestro esfuerzo en el ámbito de la producción académica-científica.

 

Notas

(5) En el período 1989-1991, la Cámara de Representantes de la Provincia estaba constituida por 21 legisladores del FREJUPO, 18 de la UCR y 1 de la UCEDE. Archivo de Casa de Gobierno. Boletín Oficial Nº 7922- 9/11/1990.

 

 

    

  
   

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