La Sombra de Campo de Mayo
Robo de bebes
La
Sombra de Campo de Mayo
La justicia ante una decisión crucial
Ante la citación a Massera para declarar, su abogado argumentó que estos hechos son "cosa juzgada". Si la Cámara lo acepta cortará de plano la investigación sobre los chicos nacidos en cautiverio.
Con la presentación ante la Justicia de Miguel Arce Aggeo, abogado del ex marino Emilio Eduardo Massera, de que el robo de bebés durante la dictadura militar sea considerado "cosa juzgada", la Sala II de la Cámara Federal se encuentra frente a una decisión crucial.
Si resuelve que el secuestro de hijos de desaparecidos no fue juzgado ni está prescrito, los juicios relacionados al destino de los chicos nacidos en cautiverio podrán seguir adelante.
Esto generará que un importante número de militares desfilen nuevamente ante los jueces para declarar por estas causas. Las mismas por las que el juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich, detuvo al ex dictador Jorge Rafael Videla y por las que quedó en libertad el ex mayor médico Norberto Bianco.
Detención
La presentación de Arce Aggeo se generó a partir de la citación que recibiera Massera para presentarse a declarar por estas causas, el próximo 3 de diciembre, ante el juez federal Adolfo Bagnasco y por la que podría quedar detenido.
Si la Cámara avala el pedido del abogado del ex marino, el fallo podría ser invocado por otros militares y perjudicaría las investigaciones de Bagnasco, sobre el secuestro de más de 200 menores.
Mientras tanto, la Cámara Federal analiza el planteo de "cosa juzgada" en el caso de Videla, aunque los camaristas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani aun no se expidieron sobre si el asunto es de su competencia o debe ser devuelto a la justicia federal de San Martín.
Placintara 75
Según su abogado, Massera tiene en su poder un documento secreto, denominado Placintara 75, mediante el cual el Comando de Operaciones Navales habría fijado los procedimientos a seguir con los prisioneros.
Allí se establecía que los hijos de los detenidos "debían ser entregados a sus familiares" y que "las embarazadas debían ser atendidas por médicos".
En cuanto al caso de Bianco, que fuera liberado el 9 de octubre tras estar detenido durante 19 meses, la determinación la tomo la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, argumentando que durante su exilio en Paraguay ya estuvo preso, cumpliendo una condena total de 11 años, 5 meses y 19 días.
La Cámara tomó la determinación, aunque el juez Marquevich reunió suficientes pruebas demostrando que durante su permanencia en Paraguay, el ex oficial gozó de una libertad sin restricciones.
El caso Bianco
El ex mayor médico Norberto Bianco está procesado por haber inscripto como hijos propios a Carolina y Pablo, mientras que la Justicia probó que se trataba de hijos de desaparecidos y que sus actas de nacimiento habían sido falsificadas. Además el ex militar, que ahora recuperó su libertad (ver nota central), está acusado de haber atendido partos de detenidas en el hospital de Campo de Mayo, durante la última dictadura militar, y de haber participado del secuestro de esos recién nacidos. Por otra parte, sería titular del Servicio de Traumatología de la Clínica Nuestra Señora del Buen Ayre de Bella Vista y durante los años de plomo su domicilio estaba a escasas cuadras de ese centro asistencial. Su esposa, Nilda Susana Wehrli, continúa detenida en la cárcel de Ezeiza, por la misma causa que se le imputó a Bianco.
(Publicado en la edición Nº 530 del lunes 16 de noviembre del ´98)
Franco preso en Campo de Mayo
Está acusado por el robo de bebés. Lo determinó el juez Banagsco. Es el quinto detenido por estos hechos.
Tras haber declarado el lunes durante dos horas ante el juez federal Adolfo Bagnasco en los tribunales de Retiro, el ex almirante Ruben Franco,
integrante de la última junta militar que gobernó el país en el final del período de facto, fue enviado a prisión en una celda de Campo de Mayo acusado de asociación ilícita, sustracción de menores, supresión de estado civil y sustitución de identidad.
De acuerdo a los considerandos del juez, que permitieron dejar detenido al ex marino, se destaca su compromiso en "la tergiversación histórica y la impunidad en la violación de los derechos humanos", puntualmente en el robo de bebes que nacieron en cautiverio durante la dictadura militar.
Cómplice
En su descargo, el ex almirante acusó al último presidente de facto, el ex general Reynaldo Bignone de: "destruir la documentación existente durante la lucha contra la subversión", por medio del decreto 2.776 de octubre del '83.
Bignone, por su parte, ya fue citado a declarar el 23 de diciembre, pero no se presentó recusando a Bagnasco por unas declaraciones efectuadas por el magistrado que el ex dictador consideró "prejuzgantes". De haber concurrido a la indagatoria se presume que también habría quedado detenido.
Franco es el quinto militar del gobierno de facto que está preso por esta causa. Le precedieron el ex general Jorge Rafael Videla y los ex marinos Emilio Eduardo Massera, Antonio Vañek y José Supicich.
No obstante, como Franco tienen 71 años de edad, es posible que se le otorgue el beneficio del arresto domiciliario y en las próximas horas deje la cárcel de Campo de Mayo con destino a su casa.
Cargo
El ex almirante ahora preso reemplazo a Jorge Anaya como titular de la Armada el 1º de octubre del '82, tras los reacomodamientos castrenses que devinieron de la derrota de Malvinas y el fin de la dictadura.
En tal sentido, el cuestionario a Franco giró en torno al "Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra el terrorismo y la subversión", en la que se declaraba muertos a los desaparecidos, y la firma de la Ley de Autoamnistía (22.924), con la que los mi-litares pretendían evitar rendir cuentas ante la justicia, pero fue derogada por el gobierno de Raúl Alfonsín, apenas éste asumió la Presidencia de la Nación.
La investigación que sigue Bagnasco es para determinar si existió un plan sistemático para la apropiación de unos 200 chicos y bebés durante el denominado "Proceso de Reorganización Nacional".
(Publicado en la edición Nº 548 del miércoles 30 de diciembre del ´98)
Un tigre acompaña a Franco
Mañana debe declarar ante el juez el ex general Nicolaides y en los próximos días su par Bignone que, de quedar detenidos, serán nueve los militares acusados por el robo de bebés. Jorge Acosta está preso en Campo de Mayo.
Con Jorge "Tigre" Acosta preso, se empieza a bajar en el escalafón de los mandos militares acusados por el robo de bebés nacidos en cautiverio durante la última dictadura militar. Mientras el ex capitán de fragata acompaña al ex almirante Ruben Franco, ambos detenidos en una unidad de Gendarmería en Campo de Mayo, el juez federal Adolfo Bagnasco se prepara para tomarle declaración mañana al ex general Cristino Nicolaides, y en los próximos días al ex general Raynaldo Bignone, si no prospera la recusación que éste presentó. Es muy probable que ambos también queden encarcelados.
La diferencia entre Acosta y los otros militares detenidos es que aquel, por su edad (56 años) no puede pedir el beneficio del arresto domiciliario del que ahora gozan Emilio Eduardo Massera, Jorge Videla, el contralmirante José Suppicich, el vicealmirante Antonio Vañek y, seguramente en pocos días, Franco. En la misma situación que Acosta está el prefecto retirado Héctor Febres que estuvo en la ESMA entre el ´77 y el ´79 a sus órdenes.
Un caso, todos los casos
Si bien hay tres jueces trabajando en estas causas (María Servini de Cubría que ordenó la detención de Massera, Roberto Marquevich la de Videla, y Bagnasco la de los otros cinco), los casos se unifican en el sentido de tratarse de menores nacidos en cautiverio a los que se secuestró y se cambió su identidad.
Además, con la citación de Acosta comienza la etapa en que militares de menor jerarquía empiezan a desfilar por tribunales, sindicados por aquel delito que no está contemplado en las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Por otra parte, se está estudiando la posibilidad de unificar las causas intentando englobar los cerca de 200 casos de chicos nacidos en cautiverio, determinando si exitió un plan sistemático para el robo de estos bebés.
Mientras Massera está preso por considerárselo partícipe necesario del secuestro de Javier Penino, parido en la ESMA por la desaparecida Cecilia Viñas, Videla lo está por ser el máximo responsable de ese presunto plan, implementado durante la última dictadura militar.
Zonas
Las causas que investiga Bagnasco tienen que ver con la denuncia de seis Abuelas de Plaza de Mayo, por las que también podrían quedar detenidos Bignone y Nicolaides.
Salvo estos dos últimos y Videla, los otros seis están implicados en el robo de bebés nacidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Mientras que los tres hombres del Ejército, pudieron haber tenido que ver con casos ocurridos en el hospital militar de Campo de Mayo, o en el ejido dependiente de esta guarnición militar.
Robos de Bebes
Una determinación lenta
La Cámara aun no determinó si estos casos son "cosa juzgada".
Con la citación a Massera por parte del juez federal Adolfo Bagnasco para el 3 de diciembre pasado (aunque luego fue procesado por Servini de Cubría al concurrir a una citación anterior el 24 de noviembre), su abogado defensor, Miguel Arce Aggeo hizo una presentación ante la justicia a mediados de noviembre aduciendo que el robo de bebés durante la dictadura era "cosa juzgada".
El reclamo fue tomado por la Sala II de la Cámara Federal, que aun no determinó sobre el particular. De este fallo depende la continuidad de los juicios relacionados con el secuestro de los chicos nacidos en cautiverio.
Si la Cámara avala el pedido del Arce Aggeo, el fallo podría ser invocado por otros militares y perjudicaría las investigaciones de Bagnasco sobre la apropiación de más de 200 menores (ver Un "Tigre acompaña...).
Videla
Por su parte, la Cámara Federal continúa analizando el planteo de "cosa juzgada" en el caso de Videla, que fue presentado a los pocos días de su detención, concretada el 9 de junio pasado.
Pero en el caso del ex dictador, los camaristas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani, tampoco se expidieron sobre si el asunto es de su competencia o debe ser devuelto a la justicia federal de San Martín, puntualmente al juez Roberto Marquevich, que ordenó el procesamiento de Videla.
(Publicado en la edición Nº 549 del lunes 4 de enero del ´99)
La firma que lo llevará a la cárcel
Fue el informe de la última dictadura. Por haberlo rubricado están siendo citados varios jefes de las Fuerzas Armadas. Detalles.
"...Quienes figuran en las nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en la clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos se consideran muertos...", expresaba el "Documento final sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo", que la Junta Militar dio a conocer públicamente el jueves 28 de abril de 1983, como corolario de 7 años de una de las dictaduras más sangrientas que registra la historia del país.
Más adelante señalaba que "...el accionar de los integrantes de las Fuerzas Armadas en las operaciones realizadas con la guerra librada constituyeron actos de servicio..." y que "...únicamente el juicio histórico podrá determinar con exactitud a quién corresponde la responsabilidad directa de métodos injustos o muertes inocentes".
Una forma de evitar el juicio real que luego debieron afrontar, aunque en parte "la responsabilidad de los métodos injustos", quedó salvada con las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y con los indultos.
Estilo
El documento constaba de 22 carillas y trazaba un panorama del "desarrollo de la agresión terrorista a lo largo de casi dos décadas", según especificaba.
Según la evaluación del último gobierno de facto, entre 1969 y 1979 se registraron 21.642 hechos terroristas y la estructura subversiva llegó a contar con 25.000 integrantes, de los cuales 15.000 eran combatientes.
En un intento más de salvaguardar sus filas, también recordaron que por medio del decreto 261 del 5 de febrero del ´75, el gobierno constitucional convocó a las Fuerzas Armadas para enfrentar a la subversión en Tucumán. Extendiéndolo luego a todo el país, a través del decreto 2.772 del 6 de octubre de ese año.
Obligados
En otro párrafo detallaba que "la naturaleza y características del accionar terrorista (los) obligaron a adoptar procedimientos inéditos", y que en ese marco: "...se cometieron errores que, como sucede en todo conflicto bélico, pudieron traspasar, a veces, los límites del respeto de los derechos humanos fundamentales...".
No obstante, marcando nuevamente una postura preservacionista de las Fuerzas, agregaron que esos hechos: "...quedan sujetos al juicio de Dios en cada conciencia y a la comprensión de los hombres".
En cuanto a las secuelas del conflicto, el documento aludía a las dificultades para ofrecer datos completos "de las consecuencias de una lucha de tales características", y añadía que para facilitar la aclaración de "las situaciones de duda que pudieran existir", se ponía a disposición para consulta, en el Ministerio del Interior "la siguiente información".
Contame un cuento
Esa información a la que hacía referencia el documento por el que citaron a declarar a los generales Cristino Nicolaides y Reynaldo Bignone, por haberlo firmado, al igual que el ex almirante Ruben Franco, que está detenido -sindicándolos como posibles integrantes de un plan sistemático de robo de bebés-, estaba totalmente parcializada.
Allí constaban: nómina de los integrantes de las organizaciones terroristas a este momento condenadas y bajo proceso por la justicia federal y por los consejos de guerra; detenidos a disposición del Poder Ejecutivo; pedidos de paradero registrados por el Ministerio del Interior desde 1974; pedidos de paradero solucionados por vía judicial o administrativa, y bajas producidas por la acción terrorista. Unos meses después de ese abril del ´83 y antes de la asunción de Raúl Alfonsín, se habría ordenado la destrucción de buena parte de la documentación de la dictadura.
Quince Años después
En un ensayo que el periodista Alfredo Sayus realizara en 1983 sobre la dictadura militar, titulado "Informe sobre desaparecidos", en el párrafo final -que coincidía con la crítica al documento de la dictadura-, se lee: "...mucho tiempo pasará para que el caudal desbordado regrese a su cauce, para que la justicia con todo su peso caiga sobre los responsables. No podemos aguardar que la demanda la conformen Dios y La Patria, pero sí los habitantes que en ella viven y esos habitantes somos nosotros (...) es sabido que llevará mucho tiempo lograrlo, pero sólo así la justicia llegará a los responsables para que actos denigrantes de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir nunca más en nuestro país, ni en ninguna parte del mundo". A quince años de este trabajo, varios de aquellos responsables están siendo llamados a comparecer ante los tribunales. Se avizora un poco de justicia.
(Publicado en la edición Nº 553 del miércoles 13 de enero del ´99)
Segundos afuera
Con la detención de Massera continúa un capítulo que se abrió con Videla preso y puede seguir hacia abajo en la cadena de mandos.
Luego de cinco horas de declaración en los Tribunales de Comodoro Py (Capital Federal) ante la jueza María Servini de Cubría, el ex almirante e integrante de la primera Junta Militar de gobierno tras el golpe de Estado del '76, Emilio Eduardo Massera, fue trasladado en un primer momento a la unidad de Gendarmería en Campo de Mayo, donde permaneció detenido hasta el sábado, en que fue internado en el Hospital Naval, aunque no tenía ninguna dolencia, ni presentaba problemas de salud.
La citación de Servini de Cubría tuvo que ver con los bebés nacidos en cautiverio durante los años de plomo en la Argentina, y de los que Massera fue uno de los mentores. Aunque la declaración del ex dictador comenzó siendo informativa, la jueza decidió cambiarla a indagatoria cuando, en los dichos del ex "Almirante Cero", existían elementos de sospecha.
Ahora Massera quedó preso por sustracción de menores, supresión de estado civil y falsedad ideológica de documento público.
Caso testigo
El caso testigo por el que Massera ahora está recluido en Campo de Mayo, es el de Javier Gonzalo Penino, que nació en septiembre del '77 en la ESMA.
Su madre está desaparecida y al bebé lo secuestró el oficial de la Marina Jorge Vildoza -prófugo desde 1985-. La identidad del chico se confirmó recién en agosto pasado. Con estos elementos, Servini de Cubría pudo procesar a Massera como partícipe necesario del hecho.
A cinco meses de la detención del número uno de la Junta Militar, el ex general Jorge Rafael Videla, por el juez federal de San Isidro Roberto Marquevich -también por la sustracción de recién nacidos-, la investigación continúa.
No obstante, aun se analiza en la Corte el principio de Cosa Juzgada, aunque el tema generó un amplio debate y ésta tiene que expedirse en los próximos días (La Hoja Nº 530). Incluso esto podría motivar la postergación de la citación a declaración indagatoria que el juez Adolfo Bagnasco le fijó a Massera para mañana, por los quince casos de chicos nacidos en cautiverio que él investiga.
¿A casa?
Mientras tanto, el defensor de Massera, Miguel Arce Aggeo, tramitaba la solicitud de arresto domiciliario para su defendido, amparándose en la Ley 24.660 que transforma una detención en arresto domiciliario para las personas mayores de 70 años. Massera tiene 73 y Videla -que ya goza de ese beneficio desde el 16 de julio-, tiene 72 años.
Mientras tanto, varios legistas coinciden en que Massera y Videla pueden ser juzgados porque el robo de bebés no prescribe y porque durante el juicio a las juntas (en 1985) no había información sobre todos los casos.
Esta instancia puede desembocar en la citación de todos los integrantes de la cadena de mandos, desde Videla hacia abajo, lo que haría retornar a los Tribunales a varios militares que participaron de estas aberrantes prácticas, durante el gobierno de facto.
(Publicado en la edición Nº 537 del miércoles 2 de diciembre del ´98)
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