Los que no están

Desaparecidos y dictadura cívico-militar en Florencio Varela (1976 – 1983)
 

 

 

 

LA DICTADURA CIVICO-MILITAR

 

    

 

     Cuando el 24 de Marzo de 1976 se anuncia la destitución de María Estela Martínez de Perón del gobierno, y la asunción al poder de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, integradas por el General Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Eduardo Massera, y el Brigadier Orlando Ramón Agosti, se daba comienzo al período más oscuro de nuestra historia.

 

     Para ese entonces, tanto en el plano local como en el internacional, había varios focos de conflicto. A la lucha entre Capitalismo y Comunismo (propia de la Guerra Fría) se le sumaba la confrontación entre el Neoliberalismo y el modelo de Estado Interventor. En el plano local se daba un fuerte enfrentamiento entre capitalistas y obreros. En las fábricas automotrices (que habían crecido durante el gobierno de Frondizi), el sindicalismo combativo planteaba una fuerte oposición a los poderosos capitalistas del sector y a la burocracia sindical (la fábrica Peugeot de Florencio Varela sería fiel testigo de este conflicto).

 

     En el plano económico, se planteaba la disputa por la hegemonía entre el sector financiero y la industria nacional. Junto con los productores de bienes exportables (sector terrateniente), los representantes del sector financiero querían desplazar a la industria liviana, que se había desarrollado al amparo del estado interventor (se puede decir que la burguesía liberal se enfrentaba a la burguesía populista).

 

      En el plano político, el espiral de violencia que se había iniciado con los bombardeos del Golpe de Estado de 1955, y que había seguido con los fusilamientos de 1956,  fue madurando el enfrentamiento entre peronistas y antiperonistas; pero para la década de 1970, este enfrentamiento sería desplazado por el que encarnaron la izquierda revolucionaria y la derecha reaccionaria; cabe aclarar que en los dos bandos había peronistas y también antiperonistas, pero que habían limado sus diferencias detrás de objetivos comunes. En cuanto a la cultura juvenil, había logrado imponerse el sueño de la ‘revolución social’ (cuyo símbolo era el Che Guevara), ganando terreno frente a las opciones del  power flower y del rebelde sin causa3.

 

     Este es, en resumen, el panorama político, social y económico en el que asumen las Fuerzas Armadas en 1976.

 

     El “Proceso de Reorganización Nacional”, tal como llamaron los militares a su gobierno, se propuso objetivos claros y autoritarios. El 29 de Marzo de 1976 se dictó el ‘Acta, el Estatuto y el Reglamento del Proceso de Reorganización Nacional’ relegando  la Constitución Nacional a un segundo plano. Algunos de los puntos contenidos en el Acta eran los siguientes: “(...) Disolver el Congreso Nacional, las Legislaturas Provinciales (...) Remover a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (...) Suspender la actividad política y de los Partidos Políticos, en el nivel nacional, provincial y municipal. Suspender las actividades gremiales de trabajadores, empresarios y de profesionales (...)”4. En esos primeros días del gobierno militar se dictan, entre otras, las siguientes leyes: Ley 21.258 (Despidos en el Poder Judicial); Ley 21.260 (Despidos masivos de trabajadores, por razones de ‘seguridad’); Ley 21.261 y 21.263 (por las cuales se suspendían los derechos de los trabajadores, como el derecho a huelga y a la libre representación gremial); Ley 21.264 (instalación de pena de muerte y creación de Consejos de Guerra) y Ley 21.274 (despidos masivos en los organismos del Estado).

 

       En cuanto a los planes que el gobierno militar se propuso, los mismos fueron presentados públicamente el 29 de Marzo de 1976 en el Acta, cuyos principales objetivos eran: “Restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción integral del Estado, enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia, imprescindible para reconstruir el contenido y la imagen de la Nación, erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la vida nacional (...)”5. También tenían como objetivos imponer la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino, y la vigencia de la seguridad nacional, erradicando la subversión y las causas que favorecieran su existencia. Es importante recalcar estos dos últimos objetivos (erradicar la subversión y las causas que favorecen su existencia), porque ahí es donde queda claro que no sólo se quería terminar con lo que ellos llamaban ‘subversivos’, sino con las condiciones que posibilitaban su existencia; es decir, no sólo querían eliminar al ‘virus’, sino también su ‘caldo de cultivo’. Es por eso que el plan se manifestó claramente en dos sentidos: la represión y el genocidio, por un lado, y la destrucción de la economía apuntalada por el Estado, por el otro.

 

     Antes de abordar específicamente las características del plan del gobierno militar y cómo se llevó a cabo, se explicará a qué se llamó la ‘lucha contra la subversión’ y a quiénes consideraban ‘subversivos’ los militares. El diccionario dice que ‘subversivo’ es “aquel capaz de subvertir el orden establecido”; y subvertir se entiende como destruir, trastornar. De ahí que la persecución o la ‘lucha contra la subversión’ se hiciera contra aquellos a los que se consideraba peligrosos para el precario orden que, tanto los militares como la clase dominante, intentaban conservar.  Ahora bien, el término fue utilizado por los militares de una forma muy amplia, de modo tal que cualquiera podía ser considerado subversivo, ya sea por su manera de vestir, por su profesión, por las amistades que tenía, por los libros que leía, por los lugares que frecuentaba, por su compromiso social, por su solidaridad, por su creencia, por su militancia y por otras miles de circunstancias. Esto llevó a desplegar un grado tal de miedo en la sociedad que muchos pensaron que la manera de salvarse (y no ser perseguidos) era no meterse en nada, ya que cualquier actividad de índole social podía estar sospechada; de ahí que el encierro, el individualismo y el ‘no te metás’ comenzaron a ganar terreno en la sociedad argentina. La política comenzó a ser algo peligroso, prohibido. Más adelante se volverá sobre la actitud de la sociedad argentina ante el gobierno militar y su genocidio.

 

     Ahora bien, ya se ha mencionado que dos de los objetivos de la dictadura militar fueron el genocidio y la modificación del modelo económico argentino. Con respecto a este último punto, es oportuno describir cuál era el modelo económico hasta 1976, y cuáles fueron los cambios y el nuevo rumbo tomado a partir del Golpe de Estado.

 

    Para finales del siglo XIX, Argentina ingresó al mercado mundial como país exportador de materias primas e importador de productos industriales. Este modelo agroexportador, que favorecía al sector terrateniente (los dueños de las tierras), se impuso hasta entrada la década de 1930 cuando, a partir de cambios económicos en el ámbito mundial, nuestro país comienza una nueva experiencia económica, basada en la elaboración de productos industriales para el mercado interno, con una fuerte intervención estatal en la economía (tendencia que se afirmaba en el mundo occidental). El modelo de sustitución de importaciones con intervención estatal fue apoyado y profundizado durante los dos primeros gobiernos de Juan Perón (1946-1955), en desmedro de la tradicional burguesía agrícolo-ganadera; continuó por inercia durante la década de 1960 y continuaba (con algunas reformas), cuando en 1976 asume el gobierno militar. Se trataba de industrias poco modernizadas, que basaban su producción en el pleno empleo de la fuerza de trabajo (los obreros) y en la ayuda y el arbitraje del Estado, que las protegía tanto de la competencia extranjera como de los conflictos salariales. A estas industrias locales se les sumaban algunas multinacionales (principalmente automotrices), que se habían instalado en la década de 1960.

 

     Para los militares y los civiles que asumieron el gobierno en 1976, el Estado de Bienestar peronista había destruido los principios del trabajo asalariado, dándole demasiado poder a los sindicatos y garantizando el ‘pleno empleo’, y los gobiernos que se habían sucedido desde 1955 no habían atacado este problema de raíz, algo que sí se proponía realizar este nuevo gobierno. La oportunidad histórica que abría la dictadura militar fue aprovechada por EEUU para dominar definitivamente la economía argentina, saquearla financieramente, controlar su mercado interno y lograr que su aparato productivo quedara en manos de empresas extranjeras (fundamentalmente multinacionales estadounidenses). El plan era destruir las industrias amparadas por el Estado que, mediante la apertura de la economía, eran obligadas a competir con los productores extranjeros. De esta manera, los patrones se verían obligados a cerrar las fábricas, ante la imposibilidad de afrontar la competencia, o a poner ‘en caja’ a sus obreros, quitándoles los derechos y beneficios que antes les garantizaba el Estado. (Es de destacar que no todas las empresas fueron puestas en esta situación de competencia: la industria automotriz, vinculada con el capital internacional, fue el sector más protegido por el Estado durante el gobierno militar).

 

      El hombre elegido para llevar adelante este plan económico fue José Alfredo Martínez de Hoz. ¿Quién era este fundamental personaje de la dictadura militar? Aquí tenemos una interesante radiografía de él, y su pasado: “ ‘Joe’ –para los amigos- ha nacido el 13 de Agosto de 1925, pertenece a una familia consecuentemente conservadora. Uno de sus antepasados (José) intervino en el Cabildo Abierto del 22 de Mayo de 1810 y votó a favor del Virrey Cisneros. Otro –Narciso- fue rivadaviano y pasó de comerciante a ganadero, con grandes extensiones cerca de lo que hoy es Lincoln, donde una localidad recuerda su apellido. Miguel, el único militar de la familia, se presentó voluntariamente a combatir en el ejército de Mitre, en la Guerra de la Triple Alianza. El bisabuelo, José Toribio, se constituyó en propietario de enormes extensiones de tierras en Cañuelas, Castelli, Lobería y Chapadmalal. (En ésta última estancia, la familia levanta el haras ‘Malal Hué’ y construye un palacio de tipo normando, semejante a los más hermosos castillos ingleses por su magnificencia y estilo). En su carácter de ganadero, José Toribio fue uno de los fundadores de la Sociedad Rural Argentina, el 10 de Julio de 1866, acontecimiento que tuvo lugar en su propia residencia. La familia trenza lazos de parentesco con la crema de la oligarquía: los Ortiz Basualdo, los Ramos Mejía, los Acevedo, los Casares, los Bullrich, entre otros. El abuelo –Miguel Alfredo- se casa con una niña de los Acevedo. El padre –José Alfredo, como él-  contrae enlace con una de las chicas de los Cárcano. Y él, para no ser menos, se liga matrimonialmente con Elvira Bullrich Lezica Alvear. Pero ‘Joe’ no se resigna a continuar con los viejos amigos de la oligarquía tradicional, sino que comprendiendo que el imperio Inglés ya es el pasado, se preocupa por (unirse) con los yanquis. Así, se ha vinculado (ente otros) con los Rockefeller, hacia 1970 (...)”6. Martínez de Hoz se relaciona directamente con el establishment económico internacional, y ocupa cargos en empresas norteamericanas, con lo cual se advierte su propósito de alejarse del mundo agrario como única fuente de negocios, y vincularse con las nuevas posibilidades que el mundo ofrecía a la clase dominante de la Argentina, esto es: empresas multinacionales, bancos y financieras. Ésta va a ser la persona elegida para ocupar el Ministerio de Economía, logrando gran parte de sus objetivos previos.

 

     Paralelamente al modelo económico diseñado por el gobierno, y a su aplicación, se llevó a cabo la otra cara del plan, el exterminio de la oposición, y de todo aquel que resultase un peligro o un impedimento para su programa de gobierno. Es decir, la idea era aniquilar en nombre de la lucha contra la subversión a quienes estaban involucrados con la protesta social, la militancia, o a quienes pudieran retomarla. Análogamente, se esparcía un miedo paralizador por toda la sociedad. La cultura del miedo llegaba para quedarse.

 

     Como todos los gobiernos, los militares tuvieron en la educación una herramienta importante para someter ideológicamente a la población. A través del sistema educativo, la dictadura obligó a los argentinos a un nuevo ‘consenso social’. El control ideológico incluyó la desaparición de docentes y estudiantes, cárcel, listas negras y cesantías para quienes no colaboraran en la aceptación social y en la prédica del proceso de desindustrialización, desocupación, baja de salarios y concentración de la riqueza en pocas manos. Los dispositivos disciplinarios en las escuelas hacían de éstas cuarteles militares donde los servicios de inteligencia de la dictadura actuaban celosamente para detectar ‘subversivos’.

 

     En ocasión de una de las tantas quemas de libros de autores como Neruda, Proust, García Márquez, Vargas Llosa o Galeano, el III Cuerpo del Ejército de Córdoba publicó un comunicado más que representativo del espíritu castrense y de su precaria prosa. En él se proclamaba que era necesario “que no quede ninguna parte de estos libros, folletos, revistas, etc. (Por ello) se toma esta resolución para que con este material se evite continuar engañando a nuestra juventud sobre el verdadero bien que representan nuestros símbolos nacionales, nuestra familia, nuestra iglesia y, en fin, nuestro más tradicional acervo espiritual sintetizado en Dios, Patria y Hogar”7.

 

    Si bien la mayoría de los desaparecidos pertenecía a la clase obrera, con el genocidio de intelectuales se completaba el círculo para la represión y la paralización de una generación contestataria. Estrictamente, fue la venganza de las clases dominantes, representadas por Martínez de Hoz, hacia una Argentina en la cual los sectores sociales históricamente subalternos habían empezado a conquistar un espacio de participación política desde el surgimiento del peronismo. Como apuntaba Jaime Smart (Ministro de Gobierno bonaerense) en ejercicio de su función pública en diciembre de 1976: “Tenemos el deber de desenmascarar a quienes armaron a los delincuentes subversivos, porque sino corremos el riesgo que dentro de unos años vuelvan desde las sombras, y nuevamente lancen a la lucha a otra generación de argentinos”8. En esa oportunidad, Smart agregó: “Hay mucho todavía que averiguar en el país, porque la subversión y estos combatientes no nacieron de la nada. Todo eso fue causa de personas. Llámense políticos, sacerdotes, periodistas, profesores de todas las categorías de la enseñanza, que en su momento los armaron y ahora han dado un paso atrás tratando de pasar desapercibidos”9. Lo cierto es que los acusados de subversión no volverían de las sombras a las que alude este siniestro funcionario. La dictadura militar se encargó de instalar un modelo político y económico, y de crear las condiciones ideológicas necesarias para mantenerlo vigente, a través de los medios de comunicación, la Iglesia, la Educación, etc.

 

      Para llevar adelante el plan represivo, la totalidad de los generales, almirantes y brigadieres realizaron reuniones orgánicas en las que acordaron la metodología y la ejecución. Para ello, el gobierno militar dividió al país en 5 zonas, divididas, a su vez, en 19 subzonas y 117 áreas.

 

     En esta división, el partido de Florencio Varela quedó dentro de la zona 1, cuya responsabilidad estaba a cargo del 1º Cuerpo del Ejército, con sede en Santa Fe 4815, Capital Federal, y abarcaba la Capital Federal, provincia de La Pampa y provincia de Buenos Aires (los responsables fueron: desde Enero de 1976 a Enero de 1979: Carlos Guillermo Suárez Mason; desde Enero de 1979 hasta Diciembre de 1979: Leopoldo Fortunato Galtieri; desde Enero de 1980: José Montes);  subzona 11, cuya responsabilidad estaba a cargo de la Brigada de Infantería Mecanizada, y tenía a cargo los siguientes partidos de la provincia de Buenos Aires: Giles, Luján, Mercedes, Gral. Rodríguez, M. Paz, Las Heras, Navarro, Lobos, Cañuelas, Echeverría, Lomas de Zamora, Avellaneda, La Matanza, Quilmes, Florencio Varela, Berazategui, Alte. Brown, La Plata, San Vicente, Brandsen, Gral. Paz, Monte y Lanús (los responsables fueron: desde Enero de 1976 hasta Diciembre de 1976: Adolfo Sigwald; desde Enero de 1977 hasta Diciembre de 1978: Juan Bautista Sasiain; desde Enero de 1979: Juan Pablo Saa); y área 116, cuya responsabilidad estaba a cargo del Batallón de Comunicaciones de Comando 601. El asentamiento de la cabeza de zona estaba en City Bell, y tenía bajo su jurisdicción a los partidos de Berazategui y Florencio Varela (el responsable fue, desde Enero de 1976, Juan Carlos Amiano)10.

 

     Realizada la división del territorio, las Fuerzas Armadas, que usurpaban el gobierno del Estado Argentino, usaron sistemáticamente las amenazas, las represalias, las torturas y el exterminio contra la población, a fin de lograr su obediencia y sumisión. De esta manera, el mismo Estado, que tiene la función de garantizar la justicia e impedir el terror y la violación de los derechos de los ciudadanos, encarnaba sistemáticamente el incumplimiento de todos estos derechos, comenzando por el más elemental: el derecho a la vida. Es a esto a lo que se llama Terrorismo de Estado.

 

    Los encargados de hacer el trabajo material de secuestro y traslado de las personas eran los grupos de tareas. Estos grupos, una vez que localizaban a la persona, iban hasta su domicilio o lugar de trabajo y la secuestraban, a través de operativos nocturnos o a plena luz del día, a la vista de muchas personas; y, en muchos casos, hasta en la vía pública (esto muestra la impunidad con la que actuaban). Los operativos para el secuestro variaban en intensidad; algunas veces eran cinco o seis personas, y otras se realizaban movimientos de cercamiento del lugar con varios vehículos. El grupo de tareas iba siempre fuertemente armado, hecho que era justificado mediante una recurrente sobredimensión de la peligrosidad de las víctimas. Esto fue relatado en más de una oportunidad en los Hábeas Corpus que presentaron los familiares de las víctimas y que han sido transcriptos en la ‘Parte I’. “La intimidación y el terror no sólo apuntaban a inmovilizar a las víctimas en su capacidad de respuesta ante la agresión. Estaban dirigidos también a lograr el mismo propósito entre el vecindario. Así, en muchos casos, se interrumpió el tráfico, se cortó el suministro eléctrico, se utilizaron megáfonos, reflectores, bombas, granadas, en desproporción con las necesidades del operativo”11. Cuando el grupo de tareas actuaba, pedía previamente ‘zona liberada’; esto significa que ya la comisaría de la zona sabía del operativo y, ante el llamado de algún vecino, los policías no actuaban porque ya estaban avisados del accionar de los militares. A partir del secuestro comenzaba la ‘desaparición’ de la persona, ya que no se le informaba a los familiares cuál era su destino.

 

     Una vez secuestrada, la persona era llevada a lo que se conoce como Centro Clandestino de Detención. Se calcula que hubo más de 340 de estos centros en todo el país, y  era ahí donde se encontraban detenidas las personas mientras sus familiares las buscaban y presentaban Hábeas Corpus, los que sistemáticamente eran respondidos negativamente por la justicia. A partir del ingreso a estos centros comenzaba el infierno para los secuestrados; se los torturaba (de variadas maneras) con el objetivo de que  confesaran cuáles eran sus actividades políticas, quiénes eran sus amigos, qué lugares frecuentaban, etc; se los hacía vivir en condiciones inhumanas, “y se atormentaban sus cuerpos y sus espíritus más allá de lo imaginado”12 (La carta de Rosano Velázquez, transcripta en la Parte I, es un significativo testimonio sobre la vida en los centros clandestinos de detención).

 

     La mayoría de los secuestrados no volvió a recuperar la libertad, pero una pequeña minoría fue liberada luego de un tiempo de cautiverio (recuérdense los casos de Garay, Campodónico y Rosano Velázquez);  ésto tiene que ver con que los destinatarios del terror no eran sólo los secuestrados, sino la sociedad toda. De este modo, liberando algunos detenidos, el gobierno de facto ofrecía premeditadamente pistas de lo que oficialmente negaba, ya que ello servía para alertar y atemorizar al conjunto de la sociedad.

 

     En la Parte I se ha mencionado que algunos de los detenidos-desaparecidos de Florencio Varela fueron vistos en distintos centros clandestinos. En el caso de María Cristina Mura, Hugo Armando Corsiglia y Angel Alberto Iula, fueron vistos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). “(Éste lugar está ubicado) en la Capital Federal, sobre Avda. del Libertador al oeste, calle Comodoro Rivadavia y Leopoldo Lugones al este y la calle Santiago Calzadilla al sur. Al norte linda con la escuela industrial Raggio. El Casino de Oficiales era el edificio destinado al Grupo de tareas 3.3.2. Tenía tres pisos, un sótano y un gran altillo. En estos dos últimos y en el tercer piso estaban los detenidos”13. Enrique Reggiardo, María Tolosa y Sergio Zurita fueron vistos en ‘La Cacha’, ubicado en “(las) antiguas instalaciones de Radio Provincia de Buenos Aires, contiguas a la cárcel de Olmos, entre calles 191, 47, 196, y 52 (vías del F.C. Gral. Belgrano), en la localidad de Lisandro Olmos, partido de La Plata. (El) Edificio principal, antiguo y mal conservado, constaba de tres plantas. Subsuelo para capacidad de 12 detenidos. Planta baja: salón amplio para el personal, sala de torturas, celda colectiva para unos 10 detenidos. Primer piso: gran sala dividida en boxes, por medio de separaciones de alambre tipo artístico, con capacidad para unos 20 detenidos (...)”14.  Rosa Taranto y Horacio Altamiranda fueron vistos en ‘El Vesubio’, “ubicado en Av. Ricchieri y Camino de Cintura, Partido de La Matanza (...) frente a la agrupación Güemes y a pocos metros del Escuadrón de Caballería de la Policía de Buenos Aires. Predio perteneciente al Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. (...) Las construcciones fueron demolidas en 1980, consistían en tres casas más bien antiguas, tipo colonial con tejas rojas(...)”15. Alejo Zurita fue visto en ‘El Banco’, ubicado “Cerca de la intersección de la Autopista Ricchieri y el camino de cintura (Ruta Nacional Nº 4), en Puente 12. En las instalaciones funciona actualmente la XI Brigada Femenina de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El edificio reservado a los detenidos clandestinos estaba rodeado por otras construcciones antiguas, pertenecientes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires (...)”16.

 

     Estos son algunos de los Centros Clandestinos de Detención por donde pasaron vecinos de Florencio Varela. Aunque parezca un frío inventario inmobiliario, no hay que olvidar que las personas mencionadas en este libro sufrieron vejámenes horrorosos (si no la muerte) en éstos o en otros centros.


 

Notas


 

3 Para más información sobre la cultura joven en los setenta ver: Sergio Pujol, “Rebeldes y modernos. Una cultura de los jóvenes”, en Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976), Op. Cit

4 Poder Judicial de la Nación. Causa Nº 8686/2000. Buenos Aires, 6 de Marzo de 2001.

5 Ibídem

6 Galasso, Norberto, De la banca Baring al FMI, Buenos Aires, Colihue, 2003, pág. 212.

7 La Opinión, 30/04/1976

8 La Nación, 12 de Diciembre de 1976.

9 Ibídem.

10 Información extraída del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).

11 Informe de la Comisión Sobre la Desaparición de Personas, Nunca Más, pág. 18.

12 Ibídem, pág. 55

13 Ibídem, pág. 81

14 Ibídem, pág. 92

15 Ibídem. Pág. 116

16 Ibídem,  pág. 84

 

 

 

 
   
Indice  general  del  libro  

 

 


 

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