Martín, Juan

Legajo Conadep Nº 440 

Modo operativo

La agudización de la lucha política en Tucumán, así como el modo operativo de la represión ilegal, se anticipó casi en un año a lo que ocurriría en todo el país luego del golpe de estado de 1976.

En 1975 el gobierno nacional declaró a la provincia de Tucumán como zona de emergencia militar e instauró el llamado “Operativo Independencia”, destinado a combatir la guerrilla rural implantada en la zona sur de la provincia.

Pero sobre todo, este Operativo significó la militarización de la totalidad de la vida tucumana, porque el objetivo además, fue la paralización de la actividad política y sindical.

Así, la lucha contra la guerrilla rural, pero también la represión contra los trabajadores y otros sectores populares, se fue perfilando como la práctica del Terrorismo de Estado: secuestros, centros clandestinos de detención de prisioneros, interrogatorios y torturas, retención ilegal y sin término de los detenidos, masificación de la represión.

Precisamente, la llamada “escuelita de Famaillá”, tiene el extraño privilegio de haber sido el primer centro clandestino de concentración de prisioneros, y su funcionamiento es anterior en casi un año al lanzamiento, ya a nivel nacional, de este tipo de política represiva.

En este contexto es que el SIC comienza a operar. Por tanto, su modo principal de accionar, es la reiteración impune de la metodología: secuestro – desaparición – tortura, y la reiteración de este trágico ciclo.

Por ejemplo, personal del SIC secuestra a los integrantes de dos familias (una de ellas, de apellido Rondoletto), a fin de obtener información sobre uno de sus miembros, opositor a la dictadura. La jurisdicción del SIC estaba limitada a la capital de la provincia y a los suburbios.

A partir de alguna información o dato obtenido previamente, se montaba un operativo de seguimiento de la víctima elegida. Posteriormente se realizaba el secuestro. Sólo en caso de estricta necesidad se realizaba de día. La madrugada era lo hora elegida para el asalto a los domicilios.

En cada uno de estos operativos intervenían, aproximadamente, unos 12 miembros del SIC, distribuidos en tres coches (requisados a militantes populares, o robados en la vía pública), convertidos en vehículos operativos. El personal llevaba sus rostros tapados, utilizando capuchas, bufandas o pañuelos. Llevaban armas cortas y largas, y granadas de guerra.

El secuestrado era inmediatamente ingresado al campo de concentración de la Jefatura, y durante 24 o 48 horas permanecía en la zona de interrogatorios, con sus ojos vendados, y las manos atadas. Durante este período –cuando las torturas eran más intensas- se determinaba la posibilidad de una inmediata liberación del prisionero (podría tratarse de un error en la selección de la víctima) o su ingreso al área de calabozo. Una vez adoptada esta decisión, era muy difícil recuperar la libertad.

Los sistemas de torturas más utilizados por el SIC eran la picana eléctrica, submarino “mojado” y “seco”, los ayunos forzosos sin agua ni comida, con aislamiento por 24 o 48 horas, las palizas a golpes de puño, pies y palos, etc. 

Las torturas se realizaban bajo asesoramiento del médico policial, subcomisario Ricardo Galdeano.

Los detenidos-desaparecidos permanecían alrededor de 5 o 6 meses en el campo de concentración, a disposición de las autoridades del SIC, que podían ordenar, ante la aparición de un nuevo dato, otro ciclo de interrogatorios y torturas. Empero, había casos en que los detenidos eran trasladados a otros campos, requeridos en vinculación con otro caso.

Habitualmente existían dos formas de realización de tales traslados. Una de ellas era en forma individual; se realizaba a cualquier hora del día y el detenido era esposado con las manos en la espalda, asegurado el vendaje de los ojos, encapuchada su cabeza e introducido en el baúl de algún vehículo, o entre los asientos, hasta que llegaba al lugar de destino. Esta es mi experiencia personal.

Existía también otro tipo de traslados. Se realizaba en forma colectiva, en grupo de 5 a 10 personas, exclusivamente de noche, y utilizando un camión propiedad de la policía, de tamaño mediano, con caja metálica cerrada, color aluminio, con una inscripción en ambos lados de la carrocería que decía: “transporte higiénico de carnes”. Este veh+iculo, en forma habitual estaba estacionado en una playa de la Jefatura General de Policía, ubicada en la calle Junín al 800, en mitad de cuadra.

Por comentarios formulados a a de algunos de los integrantes del SIC, estos traslados concluían en un “pozo”, denominación que utilizaban, en apariencia, para designar una fosa común clandestina.

En cada viaje que realizaba el camión eran cargados, además, dos bidones con 25 litros de nafta cada uno. Desde la partida hasta su regreso, el vehículo demoraba entre dos y tres horas.

Personalmente no me consta que los detenidos-desaparecidos hayan sido asesinados.

Mi propósito no es, de ningún modo, eximir a las autoridades militares y policiales de su responsabilidad. Yo, como la inmensa mayoría del pueblo argentino, uno mi voz al reclamo dramático, urgente y justo que las Madres de Plaza de Mayo realizan a la dictadura militar: “Que aparezcan con vida los desaparecidos”. Y si así no ocurriera –aunque fuera sólo una de las personas secuestradas-, los responsables tendrán que asumir ante el pueblo argentino y ante la humanidad toda, las consecuencias de esta violación de los derechos humanos.

Las órdenes de traslado, tanto individuales como colectivas, provenían directamente del Comando de la V Brigada de Infantería, y eran dispuestas en reunión de la denominada “Comunidad de Servicios de Inteligencia”, que presidía el segundo comandante de la Brigada, en 1976/77, Coronel Cattáneo.

La “Comunidad” estaba integrada por los responsables de Inteligencia del Destacamento 142 de Inteligencia del Ejército, con sede en Tucumán, de la Secretaría de Informaciones del Estado, del SIC y de la delegación Tucumán de la Policía Federal Argentina.

En el caso de los traslados colectivos que se realizaban en el camión, en las órdenes cursadas figuraba un sello con las siglas “D.F.”. Por comentarios de miembros del SIC, estas iniciales significarían “Disposición Final” del detenido.

Yo estuve recluido durante dos temporadas en este campo. Desde mi secuestro hasta mediados de septiembre de 1976, y desde junio de 1977 hasta agosto de 1978. Durante mi primera estancia, no pude verificar ni las formas ni el número de prisioneros trasladados. Durante la segunda fue cuando pude tomar conocimiento de los traslados colectivos. Me fue imposible, entonces y ahora, determinar una frecuencia periódica fija para este tipo de traslados. Algunas veces se hacían cada 15 o 20 días, y en otras se realizaban 3 o 4 veces por mes. Esto me hace imposible determinar el número probable de detenidos-desaparecidos que estuvo o pasó por el campo de concentración de la Jefatura.