Queridos amigos queremos inaugurar hoy nuestro Blog de la Asociación por la Investigación de los Desaparecidos Gallegos. la dirección es: desaparecidosgalegos.blogspot.com
Esperamos contar con vuestra ayuda para difundir nuestra lucha contra la impunidad.
Secretaría de Prensa (en el 25° aniversario de la Masacre de Trelew)
Citan al ex gobernador de la dictadura, Ibérico Saint Jean
Fue el autor de la frase que caracterizó la masacre: "Primero deberemos matar a los guerrilleros, después a sus colaboradores, luego a sus simpatizantes, a continuación a los indiferentes y por último a los vacilantes”.
(La Plata, 21agosto207).- La Cámara Federal convocó a declarar al ex interventor designado por la dictadura cívico militar para gobernar la provincia de Buenos Aires, Ibérico Saint Jean, para prestar declaración informativa acerca del secuestro y desaparición de varios miembros de la familia de Antonio Bettini.
Las audiencias fijadas para mañana son las siguientes:
Hora: 10 - Causa Nº 1967 - Carátula: Agüero, Alfredo Narciso
Declarante: José Oscar Cerro – Ex detenido – Declaración testimonial
El 29 de Agosto de 1977 fue allanado el domicilio de los Agüero, donde además funcionaba el restaurante familiar en el que trabajaba también Alfredo Narciso, de 17 años. Intervinieron alrededor de nueve hombres. Estaban presentes el matrimonio, dos de sus hijos, Lino Daniel y Jorge, la esposa del primero y los hijos de Lino, de uno y tres años. Los hombres dijeron ser policías y les ordenaron hacer salir a varios clientes y cerrar el negocio.
Puesto que Alfredo se encontraba en casa de una tía, esposaron a Lino Daniel y lo obligaron a que los acompañara para mostrarles el domicilio. Al llegar no permitieron a Lino descender, sino que le ordenaron llamar a su hermano desde fuera. Cuando Alfredo salió, lo introdujeron al Ford Falcon blanco, patente B 1.125.951, en el que transportaban a Lino. Después, a éste lo encapucharon y a Alfredo lo encerraron en el baúl. Cuando el coche se detuvo, Lino pudo observar, levantándose ligeramente la capucha, que estaba ante la Brigada de Investigaciones de Morón. Allí bajaron a Alfredo, y poco después liberaron a Lino cerca de su domicilio. Cuando concurrió a la Brigada, el Comisario Peña admitió la detención Alfredo, aduciendo que fue por orden del Comando del Primer Cuerpo de Ejército.
Alfredo fue visto en el centro clandestino de detención Brigada de Investigaciones de San Justo el 01/09/77 y en Pozo de Banfield el:24/09/77 según testimonio No:00443.
< < < < < o > > > > >
Hora: 10:30 - Causa N° 1223 - Carátula: Ferri, Edith Alicia
Declarante: Jorge Ferri - Familiar – Declaración testimonial
Oriunda de Olascoaga, Partido de Bragado, Pcia. De Buenos Aires, Edith tenía 24 años y estudiaba Derecho en la Universidad de La Plata. Fue secuestrada de su domicilio en calle 68 entre 156 y 156 bis la noche del 7 de Junio de 1977, en oportunidad de encontrarse sola puesto que su compañera de vivienda había viajado a su pueblo a visitar a sus padres.
< < < < < o > > > > >
Hora: 11:00 - Causa: 389 - Carátula: Benvenuto, Jorge Omar
Declarante: Benvenuto, Oscar – Familiar – Declaración testimonial
Benvenuto era un ensenadense, peón de albañil de 23 años. Estaba casado con una mendocina, estudiante de medicina, Rosa Vallejo, con la que tenía una niña de un año y cinco meses de edad –Eva Romina- cuando fueron secuestrados el 23 de Julio de 1976 mientras transitaban juntos por Punta Lara. Vivía en la casa 37 del barrio Atepán de la localidad de Ensenada
A través de un muchacho llamado Areco se sabe que estuvo cautivo junto a su esposa en la Comisaría 3ª de Valentín Alsina. Rosa fue liberada en 1980, está fallecida. Benvenuto fue liberado.
< < < < < o > > > > >
Hora: 11:15 - Causa: 1277 - Carátula: Bettini, Antonio Bautista
Declarante: Manuel Ibérico Saint Jean – Declaración Informativa
El abogado Antonio Bettini fue secuestrado el 18 de marzo de 1977 desde la intersección de las calles 12 y 60 de la Ciudad de La Plata por un grupo de personas armadas que dependían operacionalmente del Cuerpo I de Ejército.
Antonio Bautista Bettini estuvo detenido clandestinamente en el centro de detención denominado “La Cacha”.
En el marco de la causa que investiga el secuestro y desaparición de la familia Bettini, conformada por Antonio Bautista Bettini, su hijo Marcelo Gabriel -asesinado- su suegra Mercedes Hourquebie de Francese y su yerno el Teniente de Marina Jorge Alberto Devoto, la Cámara convocó al ex Gobernador de la Provincia de Buenos Aires durante la Dictadura Militar, Ibérico Saint Jean, quien fue citado a prestar declaración informativa.
< < < < < o > > > > >
Hora: 11:30 - Causa N° 40 - Carátula: Díaz, Pablo Alejandro
Declarante: Navarro, Luis Alberto - Liberado – Declaración testimonial
Pablo Díaz fue detenido el día 21 de septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata por fuerzas pertenecientes al Ejército Argentino, con integrantes del grupo de tareas de la Policía bonaerense. Es sobreviviente de la llamada “Noche de los Lápices”. Estuvo en Arana y en el Pozo de Banfield.
< < < < < o > > > > >
Hora: 12:00 - Causa Nº 2532 - Carátula: Schaposnik, Eduardo Oscar
Declarante: Welsh, Enrique Francisco - Coronel – Declaración informativa
Schaposnik nació en Berisso, único varón entre cuatro hijos. Estudiaba en la Facultad de Medicina de La Plata. Fue secuestrado de la casa de sus padres la mañana del 4 de Junio de 1976 por personal del Ejército, dos uniformados (un soldado con ametralladora y otro sin arma) y dos de civil - Posteriormente, en el cautiverio, Schaposnik conoció el nombre de estos dos: Teniente Welsh y Sargento Avellaneda - , luego lo ataron con hilo sisal y lo subieron a un Rastrojero sin patente para trasladarlo a un lugar de la Jefatura de Policía de la Provincia. El teniente Welsh es quien después lo tortura.
A partir de ese momento estuvo desaparecido durante cuatro meses en el destacamento policial de 1 y 59, en La Plata. De allí, ya legalizado, fue trasladado a la Unidad 9, donde sobrevivió hasta 1979, cuando fue trasladado a Caseros. En 1981 lo llevaron nuevamente a La Plata y, finalmente, en junio de 1982, lo liberaron. Diana, por entonces su compañera y madre de su hija mayor, sigue desaparecida.
El ex teniente (1976) del Regimiento de Infantería Mecanizado Nº 7 “Cnel. Conde”, hoy coronel Welsh es miembro de la “Honorable” Comisión Directiva del Círculo Militar y Presidente de la Subcomisión de Deportes de dicho círculo militar.
Case IND 100807
The International Secretariat of the World Organisation Against Torture (OMCT) requests your URGENT intervention in the following situation in India.
Brief description of the situation
The International Secretariat of OMCT has been informed by a reliable source and by Antenna International, a member the SOS-Torture network, of the fear of extrajudicial killing of Mr. Santosh Mondal (40 years old), resident of Shibpur P.O Border Para P.S Raninagar, District Murshidabad, by personnel of the Border Security Force (BSF) on 27 July 2007 near Shibpur.
According to the information received, on 27 July 2007 at around 6:30pm, three BSF personnel attached to the 90 BN BSF ECO Company, Harudanga, started randomly interrogating villagers, namely Mr. Uttam Mondal, Mr. Krishno Mondal, Mr. Tulsi Mondal, Mr. Sunil Mondal and Mr. Santosh Mondal, who were outdoors on the bank of the river Padma. However, the security forces, reportedly not being satisfied with their answers, have allegedly assaulted the villagers with sticks. While four of the villagers managed to escape, Mr. Santosh Mondal was not able to get away so he jumped into the river Padma. The BSF reportedly got back to Harudanga BSF camp, which is according to the information approximately 300 meters away, to take a speed boat in order to catch him.
According to the information, when the BSF detected with powerful torches Mr. Santosh Mondal swimming in the water, they reportedly drove near by him. However, instead of taking him out of the water, they then reportedly drove with high speed targeting him. A loud sound was reportedly heard and the propeller of the boat broke down.
According to the same information, Mr. Santosh Mondal did not come home that night and his body could not be traced. A relative of Mr. Santosh Mondal, Mr. Suresh Chandra Mondal of Harudanga lodged a complaint before the Officer-in- Charge (O/C) Raninagar P.S. on 29 July 2007. On the same day at around 6:00 pm, Mr. Purna Chandra Ghosh, Sub Inspector of Police attached to Raninagar Police Station, reportedly came to the village for investigation. According to the fact-finding mission, the 90 BN BSF ECO Company, Harudanga, sent a letter to Bangladesh Rifles (BRD) to recover the body of Mr. Santosh Mondal.
The International Secretariat of OMCT expresses its deep concern over the fear of extrajudicial killing of Mr. Santosh Mondal and the beatings suffered by the villagers by BSF personnel. OMCT wishes to recall that according to article 6 1) of the International Covenant on Civil and Political Rights to which India is a State Party “No one shall be arbitrarily deprived of his life”. OMCT calls on the authorities to order a thorough and impartial investigation into these events in order to identify those responsible, bring them to trial and apply the penal and/or administrative sanctions as provided by law. Further, as an elected member of the United Nations Human Rights Council, India should guarantee the respect of human rights and the fundamental freedoms throughout the country in accordance with national laws and international human rights standards.
Action requested
Please write to the authorities in India urging them to:
i. Locate the whereabouts of Mr. Santosh Mondal;
ii. Order a thorough and impartial investigation into these events in order to identify all those responsible, bring them to trial and apply the penal and/or administrative sanctions as provided by law;
iii. Guarantee that adequate compensation is awarded to the victim’s family;
iv. Ensure respect for human rights and fundamental freedoms throughout the country in accordance with national laws and international human rights standard.
Addresses
- Shri Manmohan Singh, Prime Minister of India, Prime Minister’s Office, Room number 152, South Block, New Delhi, Fax: + 91 11 2301 6857
- Shri Shivraj Patil, Union Minister of Home Affairs, Ministry of Home Affairs, 104-107 North Block, New Delhi 110 001 India, Fax: +91 11 2309 2979.
- Justice K. G. Balkrishnan, Chief Justice of India, Supreme Court, Tilak Marg, New Delhi -1, Fax: +91 11 233 83792, Email: supremecourt@nic.in
- Justice Rajendra Babu, Chairperson, National Human Rights Commission of India, Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi 110 001, Tel: +91 11 230 74448, Fax: +91 11 2334 0016, Email: chairnhrc@nic.in
- Justice Shyamal Kumar Sen, Chairman, West Bengal Human Rights Commission, Bhabani Bhaban, Alipur, Kolkata - 27. Phone +91-33-24797727, 24791629, Fax - 24799633, Email: wbhrc@cal3.vsnl.net.in
- H.E. Mr. Swashpawan Singh, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Permanent Representative to the United Nations (Geneva), Rue du Valais 9, 1202 Geneva, Tel: +41 22 906 86 86, Fax: +41 22 906 86 96, Email: mission.india@ties.itu.int
- Mr. Dipak Chatterjee, Ambassador, Embassy of India in Brussels, 217 Chaussée de Vleurgat, 1050 Brussels, Belgium, Fax: +32 (0)2 6489638 or +32 (0)2 6451869
Please also write to the embassies of India in your respective country.
Geneva, 10 August 2007
Kindly inform us of any action undertaken quoting the code of this appeal in your reply
DZA 100807
Le Secrétariat international de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) requiert votre intervention urgente dans la situation suivante en Algérie.
Description des faits
Le Secrétariat international de l’OMCT a été informé par une source fiable et par Antenna International, membre du réseau SOS-Torture, de l’arrestation arbitraire et de la disparition forcée de M. Mohamed Fatmia depuis le 6 juin 2007 à Alger ainsi que de M. Fethi Hamaddouche depuis le 2 mars 2007 à Mostaganem.
Selon les informations reçues, le matin du 6 juin 2007, des éléments du Département de la Sûreté et du Renseignement (DRS), en civil et armés, sont venus en voiture, de marque Partner, arrêter sans mandat d’arrêt M. Mohamed Fatmia sur le chantier où il travaille à Ain El Kerma à Alger. Son patron aurait aussi été arrêté en tentant de s’interposer, mais il aurait été relâché le jour même et aurait informé le frère de M. Fatmia qu’ils avaient été emmenés les deux au commissariat de Dar el Beida près d’Alger. Depuis, M. Fatmia demeure disparu, aucune information n’étant disponible sur son sort. Par ailleurs, selon ces mêmes informations, les autorités nieraient son arrestation.
Selon les mêmes informations, M. Fethi Hamaddouche, 24 ans, serait porté disparu depuis le 2 mars 2007 depuis qu’il est sorti du domicile familial à Mostaganem. Il aurait été arrêté par des agents du DRS. Par la suite, le 5 mars 2007 à 10h30, des agents du DRS, venus très nombreux, en véhicule et lourdement armés, auraient envahi le domicile affirmant le chercher. Ils auraient été très menaçants et virulents envers la famille. Ne le trouvant pas, ils auraient embarqué son frère Samir par la force, l’auraient roué de coups, recouvert avec son pull et l’auraient emmené à la caserne du quartier appelé « le Plateau » où Samir aurait été mis en cellule sans aucune explication. Quelques minutes après, les agents auraient amené Fethi devant lui en lui demandant s’il le connaissait. Après que Samir ait répondu qu’il s’agissait de son frère, il aurait été violement frappé devant Fethi. Samir aurait été relâché à 21h le soir même. Selon lui, Fethi portait déjà les traces de coups que les agents lui auraient assénés, un visage enflé et des yeux au beurre noir. Une autre personne, M. Touati Hameras aurait témoigné avoir été transféré et détenu avec M. Fethi Hamadouche dans une caserne du DRS à Alger. A ce jour, le lieu de détention et les motifs de l’arrestation de M. Fethi Hamadouche demeurent toujours inconnus.
Le Secrétariat international de l’OMCT exprime sa plus vive inquiétude quant à l’arrestation arbitraire et à la disparition forcée de M. Mohamed Fatmia et M. Fethi Hamaddouche et aux risques de torture encourus de par leur situation. L’OMCT demande aux autorités algériennes de les localiser au plus vite tout en garantissant leur intégrité physique et psychologique. L’OMCT rappelle que l’Algérie est partie à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui prohibe la torture et les mauvais traitements. Par ailleurs, l’OMCT prie les autorités algériennes de garantir en toutes circonstances la liberté de leurs ressortissants, en se conformant à l’article 9.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel l’Algérie est partie, qui stipule que « nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire ».
Actions requises
Merci d’écrire aux autorités de l’Algérie, afin de leur demander de:
1. Prendre toutes les mesures nécessaires pour localiser M. Mohamed Fatmia et M. Fethi Hamaddouche;
2. Garantir la sécurité et l’intégrité physique et psychologique de M. Mohamed Fatmia et M. Fethi Hamaddouche, mettant à leur disposition des soins médicaux appropriés si nécessaire;
3. Ordonner la libération immédiate de M. Mohamed Fatmia et M. Fethi Hamaddouche en l’absence de charges légales valables ou, le cas échéant, de les traduire devant un tribunal impartial et compétent tout en garantissant leurs droits procéduraux en tout temps;
4. Garantir une enquête exhaustive, indépendante et impartiale sur ces évènements, et ce afin d’identifier les responsables, de les traduire devant un tribunal civil indépendant, compétent et impartial et d’appliquer les sanctions pénales, civiles et/ou administratives prévues par la loi;
5. Garantir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales à travers le pays selon les lois nationales et les instruments internationaux des droits de l’homme.
Adresses
- M. Abdelaziz Bouteflika, Président de la République, El Mouradia-BP Alger Gare, Fax 00213 21 69 15 95, E-mail: President@el-mouradia.dz
- M. Tayeb Belaiz, Ministre de la Justice, Ministère de la Justice, 8 Place Bir-Hakem El-Biar, Alger, Algérie, Fax 00 213 21 92 17 01/ 29 56,
E-mail: info@mjustice.dz
- S.E. Idriss Jazaïry, Ambassadeur, Représentant permanent de l'Algérie auprès de l’ONU à Genève, Route de Lausanne 308, CH-1293, Bellevue, Suisse, E-mail: mission.algerie@mission-algerie.ch, Fax: +4122 / 774.30.49
- S.E. Halim Benattallah, Ambassadeur de l’Algérie auprès du Royaume de Belgique, Avenue Molière 207, 1050 Bruxelles, Fax : 0032 343 51 68, E-mail: info@algerian-embassy.be
Prière d’écrire également aux représentations diplomatiques de l’Algérie dans vos pays respectifs.
***
Genève, le 10 août 2007
Veuillez nous informer de toute action entreprise en citant le code de cet appel dans votre réponse.
TRAS DOS AÑOS DE ESTUDIOS
02/08/2007
Por primera vez en la provincia se logró identificar el cuerpo de un correntino desaparecido por las fuerzas armadas durante la dictadura militar. Se trata de los restos de Rómulo Artieda, quien al momento de su secuestro y posterior muerte, tenía 22 años. Detalles fueron suministrados este jueves, en una conferencia de prensa en la Subsecretaría de Derechos Humanos de Corrientes junto al Equipo Argentino de Antropología Forense y familiares de Artieda.
Se trata del resultado de una de las exhumaciones realizadas en Empedrado el año pasado, donde los pesquisas siguieron las pistas de tres desaparecidos.
La conferencia de prensa fue ofrecida por el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Pablo Vassel, junto al miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf), Miguel Nieva y los familiares de Rómulo Artieda.
El anuncio responde a los resultados de la investigación llevada adelante desde 2004 por el Eaaf a raíz de una iniciativa de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Tras dos años de trabajo de campo y el cumplimiento de una serie de instancias judiciales, el gabinete de investigadores logró en junio de 2006 la autorización del juez federal de Corrientes, Carlos Vicente Soto Dávila para la realización de exhumaciones en el cementerio de Empedrado.
Así es que entre el 25 y el 27 de junio del año pasado fue posible extraer restos de tumbas NN del camposanto de la localidad ribereña, muestras que fueron examinadas en Buenos Aires y el exterior hasta desembocar en los resultados que serán dados a conocer a la prensa.
La investigación de este caso comenzó en junio de 2004 con el Eaaf de la mano de la licenciada Silvina Turner, quien inició el trabajo de campo seguido por el grupo científico a lo largo de tres años. Para ello se abrieron instancias preliminares obtenidas por familiares de desaparecidos, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Provincial de Derechos Humanos, en una causa llevada adelante por el fiscal federal Flavio Ferrini.
Es la primera vez desde la dictadura militar que en la provincia se logra identificar el cuerpo de un desaparecido correntino. Vale señalar, en todo el país existen alrededor de 200 casos que llegaron a un resultado similar.
El caso particular de Rómulo Artieda, toma como antecedente el hallazgo, en julio de 1977, de un cuerpo flotando en el río Paraná a la altura de la localidad de Manuel Derqui, en Empedrado. A partir de allí, se presume que la persona hallada, por el tenor de los maltratos recibidos, no pudo ser identificado por la Policía, que en ese entonces determinó su entierro como NN en el cementerio de la localidad distante 60 kilómetros de esta capital.
LA PROCURACION OPINO QUE EL CONGRESO NO DEBIO IMPEDIR LA ASUNCION DEL REPRESOR LUIS PATTI
Luis Patti le prende una velita a la Corte
El dictamen fue firmado por el procurador Luis González Warcalde. Se basó en el fallo de la Corte sobre Bussi pero contradijo la opinión de Righi. Los diputados aseguraron que resistirán el ingreso del ex subcomisario y que acudirán a la CIDH. Críticas de los organismos de derechos humanos.
Por Victoria Ginzberg
El procurador fiscal ante la Corte Suprema Luis González Warcalde opinó que ese tribunal debería pronunciarse a favor de que el ex subcomisario Luis Abelardo Patti asuma como diputado. Basó su dictamen en la decisión de los propios supremos sobre el caso del dictador Antonio Domingo Bussi. Allí, la mayoría de los ministros aseguró que el Congreso no tiene atribuciones para rechazar la incorporación de un legislador electo. El escrito de Warcalde contradice la opinión de su jefe, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien hace dos años señaló que la Cámara de Diputados podía impedir el juramento de un legislador electo si éste estaba acusado de participar en crímenes de lesa humanidad. El nuevo dictamen fue criticado por los diputados que frenaron la asunción de Patti y por los organismos de derechos humanos. “Hubiera sido deseable que la Procuración insistiera con su posición para obligar a la Corte a contestar argumentos que fueron ignorados en el fallo anterior”, señaló Gastón Chillier, director del centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
González Warcalde es, de hecho, el segundo de Righi. Fue quien elaboró el dictamen sobre Patti porque el procurador general fue recusado por el ex subcomisario (ver aparte). Con su escrito firmado, la Corte ya está en condiciones de pronunciarse sobre la banca del represor. En el caso de Bussi, la decisión de los supremos quedó abstracta porque al momento del fallo ya había vencido su mandato. Pero Patti se presentó para el período 2005-2009. Si la Corte falla ahora a su favor, seguramente reclamará su incorporación al Congreso. Esto generaría un nuevo conflicto, ya que en su lugar asumió otro legislador de su lista. Por este caso, el oficialismo estudia solicitar una opinión consultiva ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“De acuerdo con la doctrina novísima de la Corte Suprema, la Cámara de Diputados de la Nación, al juzgar el diploma de Luis Abelardo Patti, ha excedido su potestad constitucional”, señaló González Warcalde. La doctrina a aludida es el fallo sobre Bussi. En junio, el máximo tribunal señaló –por mayoría de cuatro miembros– que el Congreso no podía definir si un diputado electo estaba en condiciones de asumir. El principal argumento de los jueces fue que habilitar a los legisladores para eso podía traer “consecuencias gravísimas”, ya que concedía a la mayoría la potestad de definir quién asumía y quién no. Los magistrados agregaron que el control de los requisitos constitucionales de los candidatos se debe hacer antes de la elección y ante el Poder Judicial pero que, además, el impedimento para ejercer el cargo “deviene, necesariamente, de una condena judicial por un delito”.
En este último fundamento reside la mayor crítica de quienes se oponen a que Patti (y los represores en general) pueda ser diputado o ejercer cualquier otro cargo público. Es que el ex subcomisario no pudo ser condenado, ni siquiera investigado, porque durante veinte años estuvieron vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Y, según la Corte, como no fue condenado, está en condiciones de ser diputado. “Es un argumento circular y perverso. El fallo (sobre Bussi) fue para un país donde funcionó la justicia, donde no hubo interrupción del estado de derecho, ignoró la política de impunidad que hubo en Argentina desde la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida hasta el fallo del juez Gabriel Cavallo”, dijo Chillier a Página/12. El director del CELS agregó que González Warcalde perdió la oportunidad de discutir el fallo de la Corte sobre Bussi, al que consideró “endeble”.
El CELS presentó ante la Corte un amicus curiae (un escrito de terceros con justificado interés en un proceso) en el caso Patti. Allí se recordó que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en 1995 y 2000 que la Argentina debía adoptar medidas para evitar separar a funcionarios sospechados de graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. En ese documento se hizo especial hincapié en la “situación excepcional” de los represores de la última dictadura que recién ahora comienzan a ser juzgados. En la resolución sobre Bussi, la Corte no hizo mención a este hecho.
El diploma de Patti fue impugnado por los diputados Miguel Bonasso, Araceli Méndez de Ferreyra, Remo Carlotto, Carlos Tinnirello y Diana Conti por su participación en crímenes de lesa humanidad. La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos hizo una investigación que incluyó la posibilidad de defensa por parte del dirigente del Paufe. La Comisión consideró probado que el ex subcomisario participó, entre otros casos, del fusilamiento de los dirigentes Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, el secuestro de Juan José Fernández, Ricardo Jiménez, el diputado Diego Muñiz Barreto y el periodista Tilo Werner y el secuestro y tortura de Valerio Salvador Ubiedo y Luis Angel Geréz. También se tuvo en cuenta que había sido procesado por encubrir, en 2003, al represor Jorge Granada mientras estaba prófugo. Actualmente, Patti está imputado en por lo menos cuatro causas por su actuación durante la última dictadura, aunque ninguna de ellas registró grandes avances. “Los jueces le tienen temor porque es poderoso y este dictamen es un mal mensaje”, dijo Ana Oberlin, abogada de Hijos (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) (ver aparte).
Al manifestar su opinión en el caso de Bussi –que había sido impugnado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos–, Righi dijo que el Congreso podía rechazar la incorporación al cuerpo de un torturador y señaló que “el disvalor que se desprende del hecho de haber formado parte de ese gobierno (de facto) permite razonablemente afirmar un reproche ético incompatible con el requisito de idoneidad necesario para el acceso a la función pública”. González Warcalde no opinó igual.
LOS DIPUTADOS RATIFICAN QUE IRAN A LA CIDH
“No permitiremos que asuma”
Por Miguel Jorquera
Los diputados kirchneristas que impugnaron el ingreso de Luis Abelardo Patti a la Cámara de Diputados por “inhabilidad moral” cuestionaron duramente la resolución del procurador adjunto Luis González Warcalde que favorece al ex subcomisario de la bonaerense y ratificaron que acudirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se expida sobre el “conflicto de poderes”. “Es un derecho constitucional revisar los títulos de los miembros de la Cámara”, “hemos respetado la voluntad popular” y “su derecho a defensa” argumentaron los legisladores que juzgaron la conducta de Patti. También dejaron en claro que no cederán ante la resoluciones judiciales: “no permitiremos que un torturador y genocida se siente en una banca del Parlamento”, sentenciaron.
Casi con los mismos argumentos con que manifestaron su rechazo a la resolución de la Corte Suprema sobre el dictador Antonio Domingo Bussi, los legisladores que impugnaron el ingreso de Patti al Parlamento volvieron a cuestionar el dictamen del procurador adjunto González Warcalde, aunque la decisión final estará en manos de los supremos.
“Primero, la resolución no es vinculante, pero hay varias cosas que nos llaman la atención: que se haya dado a conocer durante la feria judicial; que el adjunto haga propio el fallo de la Corte sobre el caso Bussi, en lugar de tener un pronunciamiento propio en el marco de una consulta; y que vaya en contra de toda la argumentación jurídica que volcó el procurador (Esteban) Righi en el caso Bussi”, dijo a Página/12 el diputado Remo Carlotto, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.
Desde México, donde participa de la gira presidencial, el diputado Miguel Bonasso fue contundente: “No vamos a permitir que un torturador y genocida ingrese a la Cámara de Diputados”, contestó ante la consulta de este diario. “Vamos a recurrir ante la CIDH porque sin lugar a dudas estamos frente a un conflicto de poderes, entre el Legislativo y la Justicia. Juzgar a nuestros pares en la Cámara es una facultad que nos otorga la Constitución, fue aprobado por dos tercios de los legisladores y le otorgamos derecho a defensa durante tres meses de audiencias a las que nunca asistió”, concluyó Bonasso, impulsor de la impugnación a Patti.
El kirchnerista tucumano Gerónimo Vargas Aignasse ratificó la “justeza” de la actuación de los diputados. “En el ’99, la Cámara no se equivocó con Bussi cuando no permitió que asumiera su banca por inhabilidad moral por mentir sobre sus cuentas en Suiza, y entonces sólo tenía una causa penal abierta. Ahora tiene más de 500 causas que van desde enriquecimiento ilícito hasta genocidio”, dijo a Página/12 antes de embestir contra el dictamen de la Procuración por el tema Patti: “La legitimidad popular tiene un límite. Pensar que el voto popular sobreseyó a alguien que violó las leyes es un disparate”, concluyó Vargas Aignasse.
“Si la Corte Suprema acogiera el criterio del dictamen, el fallo sería de cumplimiento imposible, pues hay una situación jurídica consolidada, ya que en lugar de Patti ingresó otro candidato de su lista”, argumentó la diputada correntina Araceli Méndez de Ferreyra. Dante Camaño se sentó en la banca del Paufe, de acuerdo con la ley electoral, “hasta el final del mandato”. Camaño no abrió la boca, mientras macristas y radicales aseguraron a Página/12, “aunque todavía no conocen los detalles del dictamen”, que mantendrán la misma postura que durante todo el proceso contra Patti: “si no está procesado, debe asumir su banca”.
LA PALABRA DE LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS
“Tendría que estar preso”
Por Adriana Meyer
“Son las paradojas que generó la impunidad en este país, que se haya cuestionado su diploma por su actuación y finalmente se resuelva a su favor tiene que ver con que durante todos estos años a las víctimas se les negó la justicia, y si en este país las instituciones funcionaran (Luis) Patti tendría que estar preso.” Así, con inocultable indignación, opinó sobre el dictamen de la Procuración la abogada de HIJOS de Rosario, Ana Oberlin. El mismo sentimiento recogió Página/12 en diálogo con Manuel Gonçalves y Juana Muñiz Barreto, hijos de dos de las víctimas del torturador aspirante a diputado.
“Es un retroceso como lo fue el dictamen de la Corte sobre Bussi, y se está dando un mensaje contradictorio: promovemos juicios que se reabren, instamos a la participación de los testigos y los animamos dándoles confianza, incluso algunas resoluciones de la Corte van en ese sentido, pero un dictamen como éste vuelve a generar impunidad. Y me preocupa ese mensaje en este momento clave en que socialmente se está debatiendo las consecuencias de la dictadura en el presente, es volver para atrás con el acierto del año pasado de la Cámara”, completó Oberlin, querellante en varios procesos en los que está imputado Patti. “Por algo los jueces tienen tanto temor con este personaje, por lo menos son cuatro que no hacen nada. Y ahora va a hacer aún más difícil pero vamos a seguir peleándola”, anticipó.
El hijo del desaparecido Gastón Gonçalves recordó que no sólo el problema está en la Justicia. “Los proyectos de ley para impedir las candidaturas de represores aparecieron con el caso Bussi y con el caso Patti pero ahora duermen en los cajones”, expresó. “Hay intereses que no conozco y con una elección acá nomás si no hay decisión de fondo esto va a seguir sucediendo”, agregó Manuel Gonçalves, que participó del proceso de impugnación de Patti en la Cámara de Diputados. “Fueron tres meses en el Congreso para lograr algo válido, y pensamos que la Justicia nos iba a acompañar pero me siento horrible... la gente tuvo que contar las atrocidades que vivió varias veces y alguien desde un escritorio ahora dice que esto no va. Parece todo un circo”, se quejó Gonçalves. La causa por el séxtuple homicidio de sus padres y otros cuatro militantes de la Juventud Peronista pasó del juzgado de San Nicolás al de Campana, de ahí a la Cámara de Rosario por un conflicto de competencia, y finalmente recayó en la justicia federal de San Martín. “Esto grafica mucho lo que pasa, dos años, tres jueces, dos cámaras, todo dilatado. El fiscal (Juan Murray) pidió su detención, y (Patti) ya estaría preso, ya habría condena. Pero da mucho trabajo porque tiene poder”, concluyó.
Consultada sobre el dictamen, la hija del desaparecido diputado justicialista Diego Muñiz Barreto manifestó que le parece “una verdadera vergüenza”. Y agregó: “Mi padre fue una víctima más de la falta de legalidad, así que no voy a dejar de batallar porque estoy segura de que éste es el mejor legado que puedo dejarles a mis hijos”.