Marzo 26, 2007

"De Igual A Igual" 3er. Temporada

Hoy lunes 26 de marzo, comienza el programa "De Igual a Igual" en su tercer temporada. Producido por la Dirección de DDHH de la Fac. de Periodismo y Com. Soc. de la UNLP y la Asociación Miguel Bru y con la conducción de Noelia De Biasi y Alberto Mendoza Padilla, ahora en AM Universidad, 1390 de tu dial, de 22.00 a 23.00 hs.

En este primer programa y en el marco del 31° aniversario del Golpe estuvimos en los distintos actos realizados en nuestra ciudad y en Capital Federal con testimonios de Estela Carloto, Nora Cortiñas, entre otros. Al cumplirse 6 meses de la desaparición de Jorge Julio López hablamos con Rubén, hijo de López y el testimonio de Nilda Eloy, ex detenida desaparecida y querellante en el juicio que condenó al genocida Miguel Etchecolatz.
En homenaje a los 30 años del asesinato y desaparición del escritor, periodista y militante revolucionario compartimos una entrevista exclusiva con el periodista Horacio Verbistky.

El decano de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, el Lic. Alejandro Verano, Rosa Schonfeld de Bru y Jorge Jaunarena, director de Derechos Humanos de la Fac. de Periodismo y Com. Soc., nos acompañarán en el estudio. También la columna del periodista Lucas Miguel y toda la información sobre los juicios por la verdad que se vienen para este año por crímenes de lesa humanidad.

"De Igual A Igual". Todos los lunes de 22.00 a 23.00 hs.
por AM Universidad 1390.

Posted by marga at 5:05 PM | Comments (0) | TrackBack

Marzo 8, 2007

La Fiscalía pide a Garzón que investigue a altos cargos marroquíes por genocidio:

Informa a favor de la admisión de una querella por los delitos cometidos contra cientos de saharauis desaparecidos, la mayoría de ellos de nacionalidad española / Entre los acusados está el ex director general de la Seguridad Nacional de Rabat

EL MUNDO: MANUEL MARRACO

MADRID.- La Fiscalía ha pedido a Baltasar Garzón que investigue a 32 altos cargos marroquíes por un presunto delito de genocidio denunciado por asociaciones pro Derechos Humanos y de ayuda al pueblo saharaui. El Ministerio Público respalda la admisión a trámite de una querella «contra gobernantes y militares marroquíes por su responsabilidad en el genocidio, torturas, secuestros y desapariciones practicado por el Reino de Marruecos contra el pueblo saharaui».

La querella recayó en el Juzgado de Baltasar Garzón, que dio traslado al Ministerio Público. En diciembre, dos meses después de su presentación, el fiscal Pedro Rubira informó favorablemente a su admisión por los mismos delitos denunciados, una decisión sobre la que la Fiscalía no había informado.

El juez instructor aún no se ha pronunciado de manera definitiva, aunque las asociaciones querellantes se muestran optimistas, especialmente tras el respaldo de la Fiscalía dirigida por Javier Zaragoza. A favor también cuentan las actuaciones precedentes del magistrado en casos de delitos contra la Humanidad, y el hecho de que Garzón les haya pedido que cumplimenten diversos requisitos procesales necesarios para la admisión.

El pasado 11 de diciembre, el magistrado también les solicitó que identificasen «concretamente las imputaciones que hacen a cada uno de los querellados y presunta participación de éstos con los hechos imputados», para fijar los indicios de participación criminal contra cada uno «en este momento procesal».

Amparándose en el principio de justicia universal, el escrito fue presentado de manera conjunta por la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui, la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui y la Federación de Asociaciones de Promoción de Defensa de los Derechos Humanos. Otros cuatro familiares de desaparecidos saharauis ejercen la acusación particular.

Justicia universal

La Fiscalía considera que los hechos denunciados encajan en los criterios marcados recientemente por el Tribunal Constitucional para aplicar el criterio de jurisdicción universal. Fuentes de la Audiencia resaltan que habría que admitir la querella incluso siguiendo la interpretación más restringida seguida inicialmente por el Tribunal Supremo, que exigía algún tipo de «conexión» con los intereses nacionales. En este caso, gran parte de las víctimas mencionadas disponían DNI español, lo que cumpliría con creces el requisito. Algunas de ellas llegaron a combatir contra Marruecos bajo bandera española.

Entre los 32 querellados se encuentran varios generales y figuras prominentes de la política marroquí de los últimos tres decenios. Entre ellos destaca Dris Basri, ex ministro del Interior y hombre fuerte del reinado de Hasan II. Según los querellantes, gestionaba casi en exclusiva los temas relacionados con el Sáhara Occidental. Basri fue destituido por el actual monarca, Mohamed VI, y vive exiliado en París.

También figuran como querellados Hamidou Lanigri, ex director general de la Seguridad Nacional marroquí [la Policía] y de la DST [policía política]; Yasine Mansouri, ex director general de la Dirección General de Estudios y Documentación y consejero especial del Rey de Marruecos; Abdellaj el Kadiri, ex director general de la Dirección General de Estudios y Documentación; Abdelasis Banani, general mayor de las Fuerzas Armadas Reales; Housni ben Sliman, general de la Gendarmería Real marroquí; Ben Hima, comisario de la Dirección General de la Seguridad Nacional de El Aaiún y en la actualidad comisario en Agadir; y Abdelhafid ben Hachem, ex jefe de la Dirección General de la Seguridad Nacional y, según los querellantes, brazo derecho de Dris Basri.

El escrito denuncia «el plan sistemático de eliminación del pueblo saharaui, que se realiza de forma organizada y jerarquizada por las personas denunciadas, sirviéndose de personal a su mando y de los efectivos personales militares y paramilitares».

Según el relato de las asociaciones, «desde el 31 de octubre de 1975 hasta la actualidad el Ejército marroquí ha ejercido una permanente violencia contra el pueblo saharaui, primero en una guerra de invasión que obligó a gran parte de la población saharaui, más de 40.000 personas, a huir al desierto, siendo perseguidos y bombardeados por las fuerzas invasoras con napalm, fósforo blanco y bombas de fragmentación, arrojados al vacío desde helicópteros, creando un estado de terror y persecución» en el territorio del Sáhara Occidental «que se mantiene en la actualidad».

Todo ello ha dado lugar «a la desaparición de miles de personas, de las cuales por lo menos 526 saharauis, aún hoy, permanecen en esa situación, sin que sus familiares tengan conocimiento alguno de su paradero, y negándoseles por el Estado marroquí cualquier noticia sobre ellos». La querella da el nombre y apellidos de 206 de esos desaparecidos, y pide al juez que tome declaración como testigos a algunos de sus familiares.

Los casos mostrados a la Audiencia Nacional tuvieron lugar entre 1975 y 1980, aunque según el escrito no ha dejado de producirse en ningún momento. Tras la llegada de Mohamed VI, afirman los querellantes, se produjo «un recrudecimiento del sistema represivo marroquí contra la población saharaui» para mantener «el estado de terror y de sitio implantado bajo las órdenes de Hasan II».

Posted by marga at 7:35 PM | Comments (0) | TrackBack

Sri Lanka: Spectre of abductions by the security forces officially admitted

On 6 March 2006, Sri Lanka's Inspector General of Police (IGP), Victor
Perera stated that over 400 persons including “ex-soldiers, serving
soldiers, police officers and underworld gangs and other organised
elements” had been arrested since September 2006 on charges of abduction.
Mr Perera refused to divulge further details. But Asian Centre for Human
Rights (ACHR) believes that majority of those abducted have been killed.

The announcement of the IGP appears to be the first official admission about the role of the police and the army in abductions and enforced disappearances. Often, the Sri Lankan government dismissed such allegations and set up inquiry commissions which whitewashed the gross human rights violations.

The intensity of abductions and disappearances in Sri Lanka require little introduction. The Human Rights Commission of Sri Lanka (HRCSL) is reportedly investigating 16,305 past cases of disappearance left un-inquired by the All Island Commission on Disappearances. According to HRCSL, about 100 abductions and disappearances have been reported so far in 2007. The majority of these abductions have taken place in the capital Colombo, Batticaloa in the Eastern Province and Jaffna peninsula in the Northern Province. Over 1,000 cases of abductions were reported in 2006 and ethnic Tamil minorities were the main victims.

I. Impunity: Inadequacies of the systems

Blanket impunity and the lack of systemic protections intensified human rights violations. Rather, laws were adopted which facilitate abductions and disappearances.

In May 2005, the Sri Lankan government adopted draconian Code of Criminal Procedure (Special Provisions) Act and Criminal Procedure Code Amendment Act in the name of speedy justice. The Acts empowered the Police Officer not below the rank of Assistant Commissioner of Police to detain persons for 48 hours, instead of existing 24 hours, in certain cases such as killings, rape and any offence committed with the use of explosives or offensive weapons without producing before the judge. The Acts also provided for the extension of the period of detention of persons arrested without producing before the court. In these offences, a magistrate has been also empowered to hold a preliminary inquiry and forward the record of the proceedings to the Attorney General, who on receipt of the record of the proceedings can decide whether to file indictments in the High Court, thereby denying trials at the lower courts. The Acts also provided that statements made by a witness in the course of the investigations shall become part of the records of the inquiry after the Magistrate had verified the accuracy of such a statement and both the witness and the Magistrate had certified it.

The institutional mechanisms have been inadequate. In 2002, the Sri Lankan government set up National Police Commission (NPC) under the 17th Constitutional Amendment with the power of “appointment, promotion, transfer, disciplinary control and dismissal of police officers other than the Inspector-General of Police”, among others. The NPC also has power to “entertain and investigate public complaints and complaints of any aggrieved person made against a police officer or the police service, and provide redress in accordance with the provisions of any law enacted by Parliament for such purpose.” However, the NPC has been hamstrung by the lack of adequate financial resources, investigative powers and the lack of cooperation from the police department. Chairman of NPC, Mr Ranjith Abeysuriya stated that effectiveness of the NPC depends on the goodwill of the police administration, and not its own effectiveness.

The Human Rights Commission of Sri Lanka (HRCSL) has not been different. Since inception, it has been hamstrung by the failure to establish transparency in its work. The lack of powers to enforce its recommendations and inadequate financial resources remained serious impediment to its effectiveness and independence. In its Annual Report 2003, the last one to have been made public, HRCSL stated, “owing to the heavy cuts imposed on the HRC budget in terms of the government's budgetary policy, HRC was severely constrained during this period in carrying out its routine duties such as visiting police stations and this often hampered the Commission in performing this deterrent role as efficiently as it would have”. The HRCSL recommended that the Human Rights Commission Act of 1996 should be amended to make the recommendations of the Commission enforceable but no action was taken by the government.

II. Establishing accountability: Spotlight on International Independent Group of Eminent Persons

President Mahinda Rajapakse set up his own Presidential Commission of Inquiry headed by former High Court Judge Mahanama Tilakaratna to enquire into disappearances. This was nothing new considering that each new President of Sri Lanka had a penchant for setting up his/her own commissions of inquiry. The Presidential Commission of Inquiry into Involuntary Removal of Persons of 1991, Regional Commissions of Inquiry in 1995, A Board of Investigation of the Ministry of Defence of 1996, All Islands Commission of Inquiry in 2000 are some of the inquiry commissions set up by different governments.

In its fourth periodic report to the UN Human Rights Committee in 2005, the Sri Lankan government stated that Presidential Commission of Inquiry into Involuntary Removal of Persons (13.11.94 to 03.10.97) had concluded that approximately 16,800 persons had disappeared during the period. The All Island Commissions of Inquiry “reported that further 10,400 persons had disappeared” during the relevant period”. The Sri Lankan government stated that “With this new addition the total number of persons who had disappeared during the period 1988-90 currently remains approximately at 27,200”. In December 2002, a Committee was appointed under the Human Rights Commission of Sri Lanka to investigate reports of over six hundred cases of "disappearance" which took place in Jaffna district during 1996 and 1997. The HRCSL reportedly did not receive information about 42 people from Batticaloa and four from Amparai who disappeared in 2002.

Kidnappings and disappearances in Sri Lanka have intensified following the collapse of the Cease-Fire Agreement between the government of Sri Lanka and the Liberation Tigers of Tamil Eelam. With the government backing the Karuna faction, the abductions and disappearances at the hands of the armed opposition groups have also intensified.

It is unlikely that that Justice Mahanama Tilakaratna Commission of Inquiry will establish accountability. All the eyes are presently on the inquiry to be conducted by International Independent Group of Eminent Persons headed by India's former Chief Justice, Justice P N Bhagawati. Given Sri Lankan government's track record of consistent failure to establish accountability, the eminent persons, who will make trips to Sri Lanka on rotational basis according to the Terms of Reference, have put their credibility at stake. The International Independent Group of Eminent Persons remains the last hope for the victims and their relatives, though the Terms of Reference belie any such hope.

Posted by marga at 7:29 PM | Comments (0) | TrackBack

Adiós al Toto Zimerman

Buenos Aires, 07 de marzo de 2007

El Toto Zimerman nos dejó. Era un hombre necesario como persona y como abogado.

La Honestidad con la que el Toto trabajaba, como cariñosamente lo llamábamos, era única.

Querido compañero seguramente nos seguiremos encontrando en la lucha ¡SIEMPRE!


HEBE DE BONAFINI
Presidente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo

Posted by marga at 7:26 PM | Comments (0) | TrackBack

Argentina: Secuestro, amenazas y malos tratos contra el Sr. Carlos Leiva

ARGENTINA

7 de marzo de 2007


El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Argentina.
Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido con preocupación informaciones del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) sobre el secuestro, las amenazas los malos tratos y las torturas infligidos al Sr. Carlos Leiva, dirigente del MTD1, en hechos ocurridos en la ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la información recibida, el 2 de marzo 2007, hacia el mediodía, el Sr. Carlos Leiva, integrante del MTD de Lanas, fue secuestrado cuando se dirigía a una reunión de delegados del MTD Frente Popular "Darío Santillán" en la zona de Constitución, Buenos Aires, el Sr. Carlos Leiva, integrante del MTD del Distrito de Lanús, a pocas cuadras del local del MTD adonde se dirigía, por tres personas que lo subieron por la fuerza a un auto modelo Polo de color gris oscuro con vidrios polarizados.


Los secuestradores lo mantuvieron cautivo en un galpón que parecía ser un taller deshabitado, donde lo ataron a una silla y lo interrogaron sobre sus actividades políticas. Le preguntaron por los "jefes" de su organización y por los "responsables" de las movilizaciones, diciéndole además que "si quería ser guerrillero, si quería que su cara aparezca en una bandera como la de Santillán" (en referencia al joven Darío Santillán, militante asesinado en la estación de Avellaneda, compañero de militancia del Sr. Leiva2).

Tras un largo interrogatorio, durante el cual demostraron conocer datos de sus movimientos durante los últimos días, uno de los secuestradores le forzó a ponerse de rodillas y le dijo que iba a ser "el segundo desaparecido”, agregando que habían recibido la orden de "limpiarle”. Entonces apretó reiteradamente el gatillo de un arma descargada sobre su cabeza.

Después de aproximadamente siete horas en estas condiciones, volvieron a subir al Sr. Leiva al auto y tras varios minutos le arrojaron en las cercanías de la Villa 21 de Barracas. Minutos después fue asistido por unas personas del lugar, a quienes pidió que le ayudaran a volver a Lanús. Mientras iba en camino a la parada del colectivo un policía lo acompañó a poner una denuncia a la comisaría 30.

El Observatorio recuerda que durante la última movilización en la Estación de Avellaneda del 26 de febrero 2006 - cuando como cada mes, se movilizaron los delegados del MTD para recordar a sus compañeros asesinados y para reclamar que se juzgue a los responsables - los miembros del MTD identificaron a dos personas que habían visto otras veces entre las filas policiales, esta vez vestidas de civil, integrando la movilización y acercándose insistentemente al lugar donde se toman las decisiones. Al preguntarles su identidad y el motivo de su presencia, actuaron de forma desafiante y con un gesto amenazante se alejaron de la movilización. El Sr. Carlos Leiva fue uno de quienes discutieron con esas personas para forzarlas a que se retiraran. Durante su secuestro, en el momento que estuvo a cara descubierta uno de los secuestradores lo instaba a levantar la vista para mirarlo: "si vos sabés quién soy, no te hagas el boludo, mirame, no me conocés ahora?".

El Observatorio teme que este hecho intimidatorio se haya originado en las acciones del Sr. Carlos Leiva en la defensa de los derechos humanos. Su actitud comprometida le llevó a ser protagonista tanto en gestiones institucionales (es querellante, por ejemplo, en la caso de la Masacre de Avellaneda, que apunta al ex presidente Duhalde y al actual diputado Juan José Álvarez, entre otros), como en movilizaciones, las que frecuentemente son objeto de represión. Existe en Argentina un contexto de degradación del clima de seguridad para los defensores de derechos humanos y testigos que brindan apoyo a la lucha contra la impunidad de crímenes del pasado y del presente y las violaciones de derechos humanos, como lo evidencian los casos de desaparición forzada del Sr. Julio López, quien continúa desaparecido, y la desaparición temporal del Sr. Luis Angel Gerez, ambos testigos en relación con casos de violaciones de los derechos humanos cometidas durante el último gobierno militar; el hostigamiento contra el Sr. Leandro Despouy; las amenazas contra integrantes de la Agrupación HIJOS La Plata, o el allanamiento del consultorio jurídico y el robo de importante información del Sr. Horacio Meguira, miembro del Comité de Acción Jurídica (CAJ)3.

El Observatorio quiere expresar su honda preocupación ante la generalización de las prácticas de infiltración de policías en civil, por parte de las distintas fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia, con vistas a identificar a los líderes de las organizaciones populares en las distintas protestas, presionar y, como sucedió en distintas ocasiones, generar situaciones que detonen la represión y las detenciones de militantes populares. Estos servicios de inteligencia parecen demostrar decisión, capacidad, y métodos cercanos a los utilizados en la época de la dictadura, aunque el Estado argentino niegue que se sigan usando.

El Observatorio condena estos nuevos hechos de hostigamiento contra defensores de derechos humanos y señala también su preocupación por este tipo de prácticas que se enmarcan dentro de un movimiento general de intimidación y acoso en contra de los defensores de derechos humanos en Argentina.

Acción solicitada:

Favor dirigirse a las autoridades de Argentina urgiéndolas a:

i. tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Leiva, de todos los líderes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), y en general de todos los defensores de derechos humanos en Argentina;

ii. asegurar una investigación exhaustiva, completa e imparcial en torno a estos hechos, con el fin de identificar a los responsables de este grave hecho, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;

iii. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1), y a la obligación del Estado de garantizar “la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art. 12.2) ;

iv. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de los derechos Humanos, Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Argentina.

Direcciones

· Sr. Embajador Alberto J. Dumont, Misión Permanente de Argentina ante las Naciones Unidas en Ginebra, Route de l’Aéroport 10, Case postale 536, 1215 Ginebra 15, Suiza, Fax: +41 22 798 59 95 / +4122.798.19 92 E-mail: mission.argentina@ties.itu.int;

· Sr. Jorge Remes-Lenikov, Embajador de Argentina en Bruselas, Louisalaan 225, bus 3, 1050 Bruxelles, Bélgica. Tél.: + 32(0)2/647.78.12, +32(0)2/647.90.02 Fax: +32(0)2/647.93.19

· Sr. Néstor Carlos Kirchner, Presidente de la República Argentina, Casa Rosada, 24 Balcarce, Buenos Aires, Argentina, AAB1064, Fax: + 5411.434.43800 Fax: +54 114.344.38.45 / + 544.344.38.47

· Dr. Anibal Fernández, Ministro del Interior, FAX: +54 114.339.08.00

· Dr. Alberto Iribarne, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, FAX: +54 114.328.61.48

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Argentina en sus respectivos países.

Posted by marga at 7:23 PM | Comments (0) | TrackBack

Invitación a recordar a Olga Aredez el sabado 17 de marzo 2007

A 2 años del fallecimiento de
OLGA AREDEZ
Te invitamos a recordarla con MUESTRAS DE FOTOS, BANDAS EN VIVO, RADIO ABIERTA...
y continuar su lucha para que los crímenes del ···Ingenio Ledesma no queden impunes···

17 de marzo, a partir de las 15 hs
en Plaza de Mayo

Organiza:

Grupo de apoyo a CAPOMA_DDHH en BUENOS AIRES
grupoaccionddhh@yahoo.com.ar

CAPOMA_DDHH [ Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez, en Defensa de los Derechos Humanos ]
Ldor. Gral. SAN MARTIN, LEDESMA-JUJUY
capoma_ddhh@yahoo.com.ar


P.D.: Para participar con una mesa, o alguna propuesta para el evento, avisar con anticipación...
Desde ya muchas Gracias ...

Posted by marga at 7:18 PM | Comments (0) | TrackBack

Marzo 2, 2007

Deniegan Excarcelación a Represor Cordobés

Esta semana la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió rechazar el planteo interpuesto por la defensa de Guillermo Bruno Laborda que solicitaba que el represor recuperara su libertad en el proceso judicial que se sigue en su contra por la privación ilegitima de la libertad del Mario Jofre y como coautor del homicidio calificado del secuestrado Juan Carlos Perucca. De esta manera la resolución fechada el 26 de febrero de 2007, confirma la denegatoria del pedido en su momento dispuesta por el Juzgado Federal N º 3 de esta ciudad.

Recordemos que ya en 2006, la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó el procesamiento y prisión preventiva de Bruno Laborda, Luciano Benjamín Menéndez y el jefe en 1977 del batallón de Comunicaciones 141 Cnel. Dopazo. En esta causa aún debe decidir la Camara de Casación Nacional, si se concede o nó un recurso extraordinario interpuesto por los defensores de los genocidas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación , con el confeso fin de dilatar el inicio de la audencia oral y publica. Esta táctica dilatoria hasta ahora ha logrado sus objetivos, entre otras razones, por los largos tiempos que se han tomado, en particular las instancias La Cámara de Apelación y la de Casatoria, para resolver las verdadera batería de incidentes y recursos planteados por los defensores para obtener justamente esas demoras.

Los organismos de DDHH de Cba entienden que este es un logro mas en el camino a la concreción de los juicios orales y públicos, donde respetando los derechos constitucionales de todas las partes, se imponga severas condenas a quienes pergeñaron, organizaron, ejecutaron y encubrieron el terrorismo de estado.

Reiteramos que resulta indispensable acabar todas estas dilaciones, exigiendo juicio y castigo al terrorismo de estado en Córdoba como en todo nuestro País.

H.I.J.O.S. Córdoba

Posted by marga at 11:01 PM | Comments (0) | TrackBack

Elevación a juicio oral del caso Von Wernich

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata
Información de Prensa

Juicio por la Verdad
Informes anteriores: http://www.apdhlaplata.org.ar

Cristian Von Wernich a juicio oral

Por Secretaría Jurídica

LA PLATA (1ºmarzo2007).- El Juzgado Federal Nº 3 de La Plata dispuso ayer la elevación a juicio de la causa que se sigue contra el sacerdote Cristian Von Wernich, ex capellán de la policía de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura cívico militar, reconocido por ex detenidos desaparecidos como asiduo visitante en los centros clandestinos de detención de la región de La Plata.

La resolución, firmada por el juez Manuel Humberto Blanco en su carácter de subrogante, rechaza el pedido de sobreseimiento intentado por la defensa del cura, declara clausurada la instrucción y eleva las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de la ciudad de La Plata.

Los casos que van a juicio son homicidios, privaciones ilegales de la libertad y torturas cometidos contra personas que estuvieron detenidas en la Brigada de Investigaciones de La Plata, el destacamento policial de Bernal conocido como "Puesto Vasco", la Brigada de Investigaciones de Quilmes, el Comando de Operaciones Tácticas I de Martínez y la Comisaría Quinta de La Plata.

El sacerdote está detenido desde septiembre de 2003 por orden del Juez Corazza a partir de numerosos testimonios volcados en el llamado "Juicio por la Verdad" que se sustancia ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Pesan sobre él dos procesamientos dictados en octubre de 2003 y diciembre de 2005, respectivamente.

La elevación a juicio era la decisión esperado por la fiscalía y los querellantes. El próximo paso, una vez radicada la causa en el Tribunal Oral, será convocar a las partes para que ofrezcan las pruebas y fijar la fecha del juicio oral.

Posted by marga at 4:43 PM | Comments (0) | TrackBack