Febrero 28, 2007
Tiran pintura a placa de desaparecidos
Recibimos una denuncia de que sujetos desconocidos tiraron pintura blanca para cubrir una placa en conmemoración de Hugo Penino y Cecilia Viñas. Los denunciantes limpiaron la placa, pero ésta quedó todavía estropeada.
DDHH - LA PERLA Campo de Concentración
La Perla: recuperado para la memoria
El 24 de marzo puede ser un gran día para la memoria en Córdoba. En esa jornada está previsto que el presidente Néstor Kirchner concurra a Córdoba para encabezar un acto mediante el cual La Perla -uno de los centros clandestinos de detención más temibles durante la última dictadura- dejará de ser una unidad militar para quedar en manos, probablemente, de la Comisión de la Memoria, de acuerdo con la propuesta de los organismos de derechos humanos.
Muy cerca de la ciudad de Córdoba, sobre la autopista que une la capital provincial con Villa Carlos Paz, en las inmediaciones del Puente Nuevo que conecta con la entrada a Malagueño, está La Perla, el centro clandestino de detención más importante de Córdoba, durante la última dictadura. Sus instalaciones están sobre una loma, a mano derecha en dirección a Carlos Paz, y se pueden observar desde la ruta.
Se estima que por este centro clandestino pasaron más de 2500 personas entre 1976 y fines de 1979. La Perla: su nombre sólo puede ser asociado a las torturas y a la muerte.
Pero parece que llegó el momento de que ese predio pueda ser transformado en un centro de la memoria. El presidente Kirchner encabezará el acto central por el 31° aniversario del golpe y recorrerá junto a los organismos de derechos humanos y ex detenidos las instalaciones en las que sufrieron su cautiverio.
Todo indica que llegó el esperado momento para los organismos de derechos humanos del anuncio del traspaso del predio, hoy aún en manos del Ejército.
Gestiones
Convertir este centro clandestino de detención en un espacio para la memoria fue un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos.
En diciembre último, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en oportunidad de la entrega del Premio Azucena Villaflor a Sonia Torres, Abuela de Plaza de Mayo, el presidente Kirchner anunció públicamente que había que recuperar La Perla.
En ese momento, representantes de la agrupación Hijos de Córdoba tuvieron contactos con Oscar Parrilli, secretario General de la Presidencia, quien les pidió un informe completo sobre el campo de concentración y conversó con el organismo acerca de la posibilidad del traspaso.
Los últimos días de enero se realizó el primer recorrido por las instalaciones de La Perla con Judith Said -coordinadora del Archivo Nacional de la Memoria, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación- y diferentes funcionarios del Gobierno nacional. En ese reconocimiento por el predio fueron acompañados por personal militar. A partir de que se encontró documentación, la agrupación Hijos Córdoba solicitó a la Justicia Federal, en el marco de la causa "Enterramientos clandestinos", una visita al centro clandestino de detención.
El 8 de este mes, la jueza federal Cristina Garzón de Lascano y la fiscal Graciela López de Filoñuk realizaron una inspección ocular junto a representantes de organismos de derechos humanos, de abogados que llevan causas de violaciones a los derechos humanos, de representantes del Equipo Argentino de Antropología Forense y de sobrevivientes de ese campo de concentración.
Se secuestró el material denunciado y se reconocieron los diferentes lugares del área: la cuadra, donde estaban tirados en colchonetas y con los ojos vendados los detenidos; la sala de torturas, y las oficinas, para luego llegar hasta la mezquita, que se encuentra a varios minutos del resto de las instalaciones.
La semana pasada, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e Hijos, en relación a la recuperación del predio, enviaron una propuesta a Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación. En ella sugerían que debía ser recuperado el predio y sus instalaciones comprendidas entre las cuatro garitas de vigilancia, incluyendo todo lo edificado y plantado a los fines de la creación de un espacio para la memoria.
La "cuadra", donde se encontraban los detenidos ilegales, tirados en colchonetas de paja en el piso, sólo mantiene el techo y el piso igual que en los años de la dictadura militar. Hoy tiene tabiques y equipos de aire acondicionado y calefacción.
La extensión de 32 hectáreas, que está alambrada, es el predio donde en la actualidad funciona el Escuadrón de Exploración de Caballería de Paracaidistas IV.
Ese es el lugar que los organismos piden recuperar para lugar de la memoria, ya que allí están los sitios significativos, donde se torturó y mató a los detenidos ilegalmente. En el documento que se elevó a Duhalde se pidió que sean desalojados los militares que en la actualidad ocupan ese espacio. Las agrupaciones trabajan sin descanso para el acto del 24, que partirá desde el puente Nuevo hasta llegar al predio donde se realizará el traspaso.
Febrero 26, 2007
Información para las escuelas que deseen visitar la muestra "imágenes para la memoria".
Memoria Abierta, Acción Coordinada de Organismos de Derechos Humanos, invita a las escuelas a visitar la muestra imágenes para la memoria, que se exhibirá entre el 22 de marzo y el 30 de abril en la Casa de la Cultura (Avenida de Mayo 575, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Las escuelas que visiten la muestra serán recibidas por guías voluntarios especialmente capacitados.
Para acordar un horario de visita comuníquese al (011) 4951-4870/3559 o vía mail a memoriaabierta@memoriaabierta.org.ar
El 24 de marzo de 2007 se cumplen treinta y un años del último golpe militar. Durante los años que duró la dictadura, se puso en práctica un sistema planificado de represión que incluyó la creación de centros clandestinos de detención, el uso sistemático de la tortura y la desaparición de personas.
Memoria Abierta trabaja para lograr que los registros de lo ocurrido durante la última dictadura militar y sus consecuencias sean accesibles y sirvan a los fines de investigación y para la educación de las futuras generaciones.
imágenes para la memoria incluye fotografías, fragmentos de testimonios audiovisuales, material de prensa gráfica, cartas y documentos relacionados con lo sucedido durante los años de la última dictadura militar.
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Con el auspicio de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación.
Declarada de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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¿Más información sobre la muestra y los lugares donde ya fue exhibida? http://www.memoriaabierta.org.ar/im/index.html
Inicio de la Comisión Ética en Colombia
El próximo miércoles 28 de febrero en San Onofre- Sucre.
25 PERSONALIDADES INTERNACIONALES DAN VIDA A UNA COMISIÓN ÉTICA EN COLOMBIA, COMO SALVAGUARDA DE LA MEMORIA, ANTE LA AUSENCIA DE GARANTÍAS REALES PARA ACCEDER A LA VERDAD, A LA JUSTICIA Y A LA REPARACIÓN INTEGRAL
Comunicado de prensa, Bogotá, D.C. Febrero 26 de 2007. Con la presencia de Mirta Baravalle por las Madres de la Plaza de Mayo – Línea Fundadora de Argentina, Francine Damasceno Piñeiro por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra del Brasil, Libertad Sánchez Gil por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca de España, Enrique Nuñez por la Comisión Ética contra la Tortura de Chile, entre otros invitados internacionales, se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de febrero, la presentación pública de una Comisión Ética, como propuesta de salvaguarda de la Memoria ante la ausencia de garantías para acceder hoy a la verdad, a la justicia y a la reparación integral en Colombia.
El evento que se realizará simultáneamente en el municipio de San Onofre, departamento de Sucre y en la ciudad de Barrancabermeja, departamento de Santander en el marco del tercer Encuentro del Movimiento Regional de Víctimas del Terrorismo de Estado del Magdalena Medio, nace de la sentida necesidad de que la memoria de millares de Crímenes de Lesa Humanidad y violaciones de derechos humanos cometidos a través de las distintas fases de la represión y las operaciones paramilitares en Colombia desde 1962, sea conocida, protegida y salvaguardada.
Por ello, uno de los actos más importantes se realizará en la Hacienda “El Palmar” ubicada en cercanías de San Onofre en Sucre, lugar utilizado por la estrategia paramilitar como centro de torturas y ejecuciones extrajudiciales, donde se hallan centenares de víctimas enterradas en fosas comunes.
En este sitio, a las 11: 30 de la mañana, la Comisión Ética construirá un monumento que representará el sentido de su labor como custodia de la memoria y recibirá testimonios, pruebas y objetos de las víctimas, que serán protegidos en Casas de la Memoria fuera de Colombia.
La Comisión que esta conformada igualmente por personalidades de alto nivel, como Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz. Francois Houtar, dirctor del CETRI de Bélgica y miembro fundador del Foro Social Mundial, Elizabeth Deligio, miembro del Movidmiento por el cierre de la Escuela de las Américas (SOA Watch), prtende sesionar durante 10 años, tiempo en el cual se encargará de recoger a lo largo y ancho del país pruebas, documentos, objetos, testimonios, relatos de las víctimas, de las familias, de las comunidades, apoyando sus iniciativas de memoria, de dignificación y de reparación integral.
A lo largo de 10 años los miembros de la Comisión Ética salvaguardarán confidencialidad sobre muchos hechos que testimonien las víctimas, denunciarán públicamente otros, y presentarán los resultados de su labor a la opinión pública que sirvan de insumos a una Comisión de la Verdad que reúna garantías reales para las víctimas de crímenes de contra la Humanidad y genocidio.
La propuesta de la Comisión Ética ha sido una iniciativa gestada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, el cual agrupa a cerca de 200 organizaciones de víctimas en todo el país, como un mecanismo de afirmación del derecho a la memoria y a la verdad.
Para mayores informes, favor coumunicarse con Adriana Cuéllar,
prensa Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" al celular: 311 2194030.
Febrero 23, 2007
Jefes Navales detenidos en Mar del Plata
“No Hay deuda que no se pague
Ni plazo que no se venza”
Martin Fierro
La Justicia de Mar del Plata comienza lentamente a despejar un camino que durante años pareció imposible de transitar, pues el arduo trabajo desplegado por el Tribunal Oral Federal cuando se pusiera al frente del Juicio por la Verdad ha comenzado a dar sus frutos.
Testimonios aportados en la substanciación del mismo permitieron ya la deten ción y procesamiento del suboficial Molina,integrante del grupo represor actuante en el Centro Clandestino de Detención situado en la Base Aerea de Mar del Plata, conocido como “La Cueva”.
A mediados de este año, el Juez Federal Alejandro Castellanos ordenó la deten ción del excomisario Héctor Francisco Bicarelli por la represión en la zona de Necochea durante el 1976 cuando intervino en el secuestro y tormentos de decenas de personas de esa localidad. Los testigos que declararon en el Juicio por la Verdad permitieron determinar la responsabilidad penal del ex jefe policial.
Ahora el magistrado, tambien en base a testimonios brindados por sobrevivien- tes del centro de detención instalado en la Base Naval de Mar del Plata entre 1976 a 1983 ordenó la detención de los contraalmirantes retirados Juan Carlos Malugani y Roberto Luis Pertusio, acusados de tormentos y desaparición de per sonas mientras prestaron servicios en esa unidad militar.
Aunque aun hoy muchos pueden dudarlo, en esa postal de la “Ciudad Feliz”, incorporada al paisaje del turismo existió un centro de exterminio de personas que funcionó hasta después de la asunción del presidente Ricardo Alfonsín, ha biendo “alojado” posiblemente en sus últimos días a la joven Cecilia Viñas hasta su desaparición definitiva.
La Base Naval se estructuro como centro clandestino de detención ,creando com partimentos distintos según sea el carácter o la militancia del secuestrado y la división de inteligencia que requería a cada persona. Así funcionó un propio sec tor en el mismo edificio de la Base, otro en el área de “buzos tácticos”, uno en el sector del Arsenal y otro más en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina.
De todos ellos ,la zona de buzos tácticos ligada a la base de submarinos fue tan cruel e inhumana que una sobreviviente llegada al centro clandestino “La Cacha” le confesó a su amiga: “ esto parece el Sheraton, comparado con lo que pade- cí en Mar del Plata”.
El contraalmirante Juan Carlos Malugani fue jefe de la Base Naval Mar del Plata desde enero de 1976 hasta el mismo mes del año siguiente y en su sello lucia la mención de “Comandante de Fuerzas de Tareas” .En ese entonces tenía el grado de Capitán de Navío, aunque antes de dejar ese destino ya había sido ascendido a Contraalmirante.Dos años más tarde estaba al frente de la Dirección de Instru cción Naval de la marina argentina, atribuyéndosele responsabilidad en el centro clandestino de detención de la “Esma” por lo que el juez español Baltarsar Garzón lo acuso del secuestro de 42 personas,la privación ilegitima de la libertad y torturas a 68 personas y la desaparición forzosa de 15 personas, librando una orden internacional de captura y solicitando en octubre del 2001 la extradicción del marino.
Fue incluido entre los indultados por el Presidente Carlos Saúl Menem, aunque en octubre de 2004 es detenido por orden del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata a raíz de los cargos que pesaban sobre él por desaparición de personas.
En ese entonces Malugani acusó a los jueces Falcone, Porteña y Parra de "mani- fiesta connivencia" con organismos de derechos humanos , incumplimiento de los deberes de funcionario público, privación ilegal de la libertad y prevaricato.
Había llegado a Mar del Plata el 13 de septiembre de 1971 al mando del sub marino S-22 “Santiago del Estero” junto a su compañero Juan Carlos Martinez quien piloteaba el S-21 “Santa Fe” ,ambos con el grado de Capitan de Fragata. Martinez años más tarde protagonizo un curioso accidente en la rada de la misma base al chocar un submarino con otro amarrado al muelle del complejo militar . Del agua pasó al aire, pues en marzo de 1976 fue nombrado interventor de una de las dos radios AM que existían en la ciudad.
Roberto Luis Pertusio por los años 76 era Capitan de Fragata y Jefe de la Fuerza de Submarinos asentados en la Base Naval Mar del Plata. Varios testimonios lo sindican como el encargado de los operativos en los que la marina, bajo directi- vas del Grupo de Defensa de Artillería Antiaera 601, secuestró a diversas perso nas en la citada ciudad,con posterior desaparición de las mismas.
En 1984,según registros de la propia armada nacional , aún seguía siendo el jefe de la Fuerza de Submarinos. Lo extraño de su ubicación en el esquema de la Base Naval es que no aparece con escalafón oficial alguno, pues cuando el Esta do Mayor de la Armada Argentina informa al Tribunal Federal Oral de Mar del Plata las autoridades de esa unidad militar por el periodo 1976-1983, no figura con cargo alguno en dicho listado.
Es probable que la Fuerza de Submarinos haya operado en ese entonces con la de Buzos Tácticos que para 1976 tenia como jefe al Capitan de Fragata Raul Alber to Guiñazu y en 1977 al Capital de Fragata Jose Omar Lodigiani.
Ya retirado, Pertusio se dedicó a la investigación y difusión de sus trabajos. Asi en el sitio “Mercado Libre” se puede ver ofrecida su obra: “Submarinos,su historia, relatos y curiosidades” o “Una marina de guerra, ¿para hacer que?.”, ediciones del “Instituto de Publicaciones Navales”.-
Integrante del Comité de Estudios de Estrategia Militar y Organización Superior del Centro Naval Argentino se especializó en temas de estrategia nacional e internacional, participando en paneles auspiciados por la Escuela de Defensa Nacional bajo el temario de “Seguridad Hemisférica y Defensa en Espacios Regionales”, con la de integrante de las universidades más prestigiosas del país.
Entres las obras referidas a temas de estrategia nacional e internacional se encuentran: “Un Análisis Estratégico Militar para la Situación Argentina" y " La Seguridad en el Atlántico Sur”.
En esta causa ambos marinos están imputados de la privación ilegitima de la li bertad de Nancy Carricabur, Stella Maris Nicuez, Liliana Iorio, Patricia Lazzeri, Liliana Retegui, Omar Tristán Roldán, Delia Garaguso, imposición de tormentos a presos agravado por la persecución política, homicidio doblemente calificado agravado de Liliana Iorio (22 años ), Liliana Retegui (22 años), Patricia Lazzeri (21 años) , Omar Tristán Roldán (20 años) y Delia Garaguso (22 años,embara- zada de tres meses).
Las tres primeras jóvenes fueron secuestradas por un comando de la marina el 19 de septiembre de 1976, mientras Omar y Delia ya habian sido detenidos el día anterior en un operativo en el cual intervienen mas de una docena de efectivos.
El jefe de grupo ordenó dejar todo como estaba, mientras se llevaba la llave de la casa, manifestando que iban a regresar. Y efectivamente, cuarenta y ocho horas después llegó un camión militar con soldados y gente de civil que ingresaron al domicilio de los jóvenes utilizando la misma llave que el anterior grupo había sustraído. Cargaron todo el mobiliario y enseres de la vivienda, haciendo compa recer como testigo a la esposa del dueño de la casa delantera que observó que el vehiculo ya traía otros muebles de anteriores procedimientos.
El comandante de la Base Naval, Juan Carlos Malugani en nota dirigida al padre de Omar en fecha 26 de noviembre desconoce la detención de la pareja ,alegando ignorar las causas de su desaparición. Pero en cambio Pertusio comunica a los fa miliares el 25 de enero de 1977 lo siguiente: “Personal perteneciente a esta Fuerza realizó un procedimiento en la vivienda que habitaba su hijo juntamente con una persona de sexo femenino.Al presentarse el personal militar en la casa,esta se encontraba deshabitada ,procediendose a requisar entonces los muebles y demás enseres en busca de documentación, armas o cualquier otro tipo de material comprometido, dichas pertenencias fueron trasladadas a dependencias militares donde personal especializado las hizo objeto de un detenido estudio....Esta Fuerza desconoce el paradero de su hijo y su amiga, ya que el procedimiento que usted menciona y en el que habrían sido detenidos,de haber ocurrido,no fue protagonizado por personal de la Armada...”.
Destaca el marino, que la contestación la efectua por orden del señor Comandan- te de la Fuerza de Submarinos, Contralmirante Dn Juan Carlos Malugani y al cos tado de su firma, hay un sello que dice “Jefe ,Fuerza de Submarinos”.
Similar situación se planteó frente al secuestro de Nora Inés Vacca (24 años) ocurrido el día 16 de septiembre de ese año.El padre de Nora reclamó en la Base por los elementos robados del departamento en que habitaba su hija. Otra vez responde Pertusio: “ Mar del Plata 23 de septiembre de 1977....1°) Es falso que su hija haya sido detenida por efectivos de la Armada...2°) Ante la denuncia de que había ocurrido un secuestro de personas jóvenes,personal de esta Fuerza se hizo presente en el lugar encontrando la casa deshabitada, la concurrencia de las Fuerzas Legales respondió a su responsabilidad de velar por las vidas de todo ciudadano...”
La compañera de Nora era Lidia Elena Renzi ( 24 años) y ese mismo día la habia ido a buscar un grupo de hombres,pero como no la encontraron dejaron a la propietaria del departamento que alquilaba la joven un teléfono para avisar si la veían. El número era: 8-0070 y casualmente correspondía a la Base Naval Mar del Plata. Lidia fue posteriormente secuestrada y aún permanece desaparecida.
Hasta el mes de septiembre de 1976 la lista de personas vistas por testigos en la Base Naval, a más de las nombradas , fue la siguiente: Carlos Alberto Oliva, Su sana Laura Martinelli de Oliva,Rosa Ana Frigerio, Fernando Francisco Judi, Al berto D´Uva,Omar Alejandro Marochhi, Susana Valor de Marochhi,Jorge Aude lino Ordoñez,Adalberto Sadet,Lidia Alvarez de Sadet, Enrique Daniel Nario y Liliana Pachano de Nario, todos con edades que no superaban los 24 años.
Tambien en febrero de ese año la unidad militar participó del secuestro y desapa rición de Francisco Host Venturi,artista plástico y miembro de las Fuerzas Arma das Peronistas. En la misma dependencia sufrió torturas que le causaron la muerte Juan Jacinto Burgos “Ezequiel”, despues de haber sido herido en un en frentamiento con un grupo de tareas de la Marina. Igualmente algunos indicios no confirmados dan cuenta del paso de Dolores Muñiz por la Escuela de Sub oficiales de Infantería de Marina.
En octubre la Marina se dedicó a la persecución de miembros del Partido Socia lista de los Trabajadores (PST) comenzando con el secuestro de Norma Susana Huder de Prado (18 años) el 13 de dicho mes ,continuando con Elena Alicia Ferreiro (21 años), Gustavo Eduardo Stati ( 17 años) ,Jose Alberto Martinez ( 21 años) y David Manuel Ostrowiecki (20 años ), estos últimos el 28 del mismo mes.
Del grupo se militantes juveniles se salvaron unos pocos,entre ellos la actual di putada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, quien el 16 de septiem bre de 2004 recordó a sus compañeros en una sesión de dicho cuerpo, especial- mente a su novio de entonces: Gustavo Stati.
El mes siguiente,continuan los golpes contra militantes del PST, desapareciendo Patricia Mabel Gaitan (19 años) Carlos Jose Guillermo Berdini (25 años) ,Adrian Sergio Lopez Vacca(24 años) y Nestor Alfredo Confalonieri (21 años) .
Otros jóvenes desaparecidos este año 76 en la Base Naval fueron Mario Alberto D´Fabio y Ruben Julio Fazio.
Ninguno de los nombrados reapareció con vida y a ellos deben sumarse otras 25 personas cuya secuestro y posterior desaparición se produjo por fuerzas asenta- das en la Base Naval Mar del Plata durante 1977.
Si bien los marinos procesados lo están por algunos de estos hechos,es obvio que la lista es mayúscula y deberán en algún momento responder por la totalidad de los mismos.
La Justicia tarda, pero llega y el impulso dado es de suma importancia,avalando la valiente actitud de familiares que desde hace años vienen clamando en denuncias como la siguiente:
“Extensión de los testimonios por la detención y posterior desaparición de Jacué María Carolina y Jacué Susana Rosa ,autoridades responsables de la represión en esta “Subzona Militar N°15” En el periodo en que ocurrieron los hechos denunciados 30/06/77 y 24/12/77: Comandante de Subzona Militar N° 15: Coronel Don Pedro Alberto Barda. Jefe de Operativos: Teniente Coronel Don Alfredo Arrillaga. Comandante de la Base Naval Fuerza Submarinos: Capitán de Navío Don Juan José Lombardo.Jefe de Operativos: Capitán do Fragata Don Roberto Luis Pertusio”.-
Personal que ejecutó los operativos en que fueron detenidas nuestras hija. Jefe del Operativo: Teniente de Infanteria de Marina (abogado) Davids, Oficial Gonzalez Chavez y Cabos Morales Luis y Perez Víctor además del personal de apoyo entre los que fue identificado por nuestro vecino Suboficial Mayor (RE) Don Máximo Argentino Carballo a quién obligaba a permanecer dentro do su domicilio al tiempo que le decía "Ud. es Militar, por favor no me comprome- ta, yo soy Cabo Cocinero de la Base de Submarinos “me engancharon para este operativo" Mar del Plata, 18 de enero de 1984 –María Carolina Guitian de Jacué .-MADRE”
Carlos A.Bozzi
Sobreviviente de la Noche de las Corbatas
Abogado.
Articulo publicado en www.elortiba.org
Comisión Ética Internacional para Colombia
SEGUIMOS PERSISTIENDO HASTA QUE HAYA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION
COMISIÓN ÉTICA INTERNACIONAL
PARA COLOMBIA
(Bogotá, D.C. 20 de febrero de 2006). Se presenta iniciativa del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado para el acompañamiento de las comunidades y organizaciones golpeadas por la violencia de Estado y la estrategia paramilitar. El Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, las Madres de la Plaza de Mayo, reconocidas asociaciones de víctimas de varios países, destacados juristas y académicos, deciden apoyar a las víctimas de la violencia estatal en Colombia
La necesidad de que la memoria de millares de Crímenes de Lesa Humanidad y violaciones de derechos humanos cometidos a través de las distintas fases de la represión y las operaciones paramilitares en Colombia desde 1962 sea conocida, protegida y salvaguardada, ha llevado a que 25 personalidades y organizaciones de una reconocida trayectoria y de gran autoridad moral participen en la Comisión Ética.
La Comisión pretende sesionar durante 10 años recogiendo a lo largo y ancho del país, pruebas, documentos, objetos, testimonios, relatos de las víctimas, de las familias, de las comunidades y apoyando sus iniciativas de memoria, de dignificación y de reparación integral. También será una instancia para velar por la protección de comunidades que han luchado por décadas por sus derechos fundamentales y por el respeto de sus territorios.
Los miembros de la Comisión Ética consideran que la Ley 975/05 niega aspectos esenciales de los derechos de las víctimas, no solo porque desconoce los estándares internacionales que los consagran, sino porque el mismo fallo de la Corte Constitucional está siendo burlado por decretos presidenciales. Igualmente consideran que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación ha desconocido la participación de las víctimas, y no es una instancia autónoma e independiente del Gobierno colombiano.
El Cacarica, bajo Atrato, departamento del Chocó; San Onofre, Sucre; Barrancabermeja, Santander y la ciudad de Bogotá serán los cuatro escenarios donde los Comisionados se encontrarán con las víctimas y se hará pública la presentación de sus objetivos y metas.
A lo largo de 10 años los miembros de la Comisión Ética salvaguardarán confidencialidad sobre muchos hechos que testimonien las víctimas, denunciarán públicamente otros, y presentarán los resultados de su labor a la opinión pública que sirvan de insumos a una Comisión de la Verdad que reúna garantías reales para las víctimas de crímenes de contra la Humanidad y genocidio.
La propuesta de la Comisión Ética ha sido una iniciativa gestada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, el cual agrupa a cerca de 200 organizaciones de víctimas en todo el país, como un mecanismo de afirmación del derecho a la memoria y a la verdad.
8 miembros de la Comisión Ética estarán en el país desde el próximo 15 de febrero hasta el 3 de marzo.
Entre los miembros de la Comisión que estarán en Colombia se encuentran:
- Mirta Baravalle por las Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora de Argentina,
- Libertad Sánchez Gil por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca – España,
- Enrique Nuñez por la Comisión Ética contra la Tortura ,
- Lorenzo Loncon por el pueblo indígena Mapuche de Chile
- Francine Damasceno Piñeiro por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra del Brasil – MST,
- Carlos Fazio, profesor investigador de la UACM y la UNAM , escritor y periodista de La Jornada de México,
- Alberto Giraldéz en delegación de la Comunidad Santo Tomás de Madrid, España,
- Bernardine Dohnr; jurista y experta en derecho de los niños, profesora de la Universidad Northwestern de Chicago.
De la Comisión Ética hacen parte hasta el momento:
- Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz ,
- Francois Houtar, director del CETRI de Bélgica y miembro fundador del Foro Social Mundial,
- Tomás Gumbleton Obispo emérito de Detroit, Estados Unidos,
- Gilberto López y Rivas, director de Etnología y Antropología, autor de numerosas publicaciones sobre Antropología, Pueblos Tribales e Indígenas y Resistencia Cultural Social, profesor de la UNAM
- Miguel Álvarez, experto en temas de Paz y negociación de conflictos, miembro de Serapaz de México
- Paolo Romo, experto en temas de Paz y negociación de conflictos, miembro de Serapaz de México
- Elizabeth Deligio, miembro del Movimiento por el cierre de la Escuela de las Américas (SOA Watch).
Movimiento Nacional de Víctimas
de Crímenes de Estado
Febrero 22, 2007
Homenaje a Silvia Noemí Giménez
Silvia Noemi Gimenez, secuestrada en Mar del Plata el 19 de Junio de
1976, sus restos fueron hallados e identificados por el equipo de
Antropologia Forense en el cementerio de Avellaneda. El homenaje se
desarrollara en el cementerio de La Plata el domingo 25 de Febrero a las 11 Hs.
* El 19/6/76 en Mar del Plata son secuestrados junto a Silvia su
compañero Raul Alfredo Guido, Gregorio Nachman, Luis Conti, Nora Roman de Guerrero, Patricia Pedroche, Daniel Roman, Sabina Suarez de Roman y Gladis Garcia(identificada en el 2005).
Colombia: Lanzamiento Campana Memorias contra el Silencio
Lanzamiento…
CAMPAÑA,
“MEMORIAS CONTRA EL SILENCIO Y LA IMPUNIDAD.
NUNCA MAS CRIMENES DE ESTADO”.
Medellín, 21 de febrero de 2007
Nos unimos para contribuir a la recuperación de la memoria histórica de los crímenes de lesa humanidad en Antioquia a partir de la verdad de las víctimas, sensibilizando a la sociedad sobre los efectos que ha provocado la estrategia paramilitar del Estado y la fase de legitimación del modelo de control social, político y económico que beneficia a los responsables de graves y persistentes violaciones de los Derechos Humanos.
Martes 27 de febrero del 2007, en el marco de la conmemoración del aniversario del asesinato del defensor de Derechos Humanos Jesús Maria Valle.
10:00 a.m. - Rueda de Prensa y presentación de Galería de la
memoria – Plaza de la dignidad – Alpujarra
4:00 p.m. - Plantón: Edifício Colon. (Ayacucho entre Carabobo y Bolívar).
- Movilización y acto político-cultural, Plaza
de la dignidad.
Los esperamos…
Organizaciones convocantes
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Asociación de Familiares de Detenidos desaparecidos (Asfaddes), Asamblea Regional de Derechos Humanos de Antioquia, Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Estados Unidos, Colectivo de derechos humanos Semillas de Libertad (CODEHSEL), Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), Asonal Judicial, Red Juvenil de Medellín, Instituto Popular de Capacitación (IPC), Grupo interdisciplinario por los derechos humanos (GIDH), Capítulo de derechos humanos del Polo Democrático Alternativo, Corporación El Solar, FASOL, Comité Permanente Héctor Abad Gómez, Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, Corporación Cultural La Aldaba, Asociación Campesina de Antioquia, Comité de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, Campaña por la Vida y la Libertad, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Comité Estudiantil Contracorriente, Fundación Sumapaz, Cristianos y Cristianas por la Justicia y la Paz, Red de Organizaciones Comunitarias, Corporación Jurídica Libertad.
Campaña “Memorias contra el silencio y la impunidad. Nunca más crímenes de estado”
corpora@une.net.co
asamblearegionaldh@ipc.com.co
Guate: Conmemoracion a victimas de desapariciones forzadas
El Grupo de Apoyo Mutuo
Por la Conmemoración del Día Nacional de la Dignificación de la Víctima del Conflicto Armado Interno.
Invita:
El día viernes 23 de febrero de 2007 a las 9:30 a. m. en la Plaza de los Derechos Humanos, frente a la Corte Suprema de Justicia.
En donde se realizará una concentración en conmemoración a las víctimas de desaparición forzada, en el que presentaremos 23 Procesos Especiales de Averiguación (mecanismo contemplado en el ordenamiento jurídico para la búsqueda de personas) y una exposición fotográfica.
Esperamos contar con su apoyo y participación activa.
Nunca dejaré de buscarte, porque la esperanza de verte de nuevo llena mi corazón de fuerza, ¡Hasta encontrarte!
Guatemala, febrero 2007
Homenaje a Rodolfo Miguel Ernesto Ratti
Rodolfo Miguel Ernesto Ratti, víctima de la dictadura
HOMENAJE DEL COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS POR EL 30° ANIVERSARIO DEL SECUESTRO Y DESAPARICION DE UN COLEGA
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal rendirá el próximo viernes un sentido homenaje al colega Rodolfo Miguel Ernesto Ratti, secuestrado el 23 de febrero de 1977 por la última dictadura y desaparecido desde entonces.
Ratti fue un notable abogado laboralista y defensor de presos políticos. Trabajó en Asuntos Municipales durante el gobierno bonaerense de Oscar Bidegain y se desempeñó también en el Diario Noticias, junto a Gregorio "Goyo" Levenson y Miguel Bonasso.
Por su compromiso con el ideal de un país mejor, Ratti fue perseguido primero por la Triple A y luego, tras el golpe militar del 24 de marzo de 1976, por la dictadura.
Ratti era socio del abogado Hugo Oscar Segura, hoy vocal titular del Consejo Directivo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y coordinador de la Comisión de Homenaje. El estudio que compartían en Diagonal 1119, Quinto Piso, fue ilegalmente allanado en aquellos oscuros tiempos.
El viernes 23 de febrero, a las 19 horas, tendrá su merecido homenaje en el Salón Auditorio del Colegio, Av. Corrientes 1441, primer piso. Su figura será evocada por sus familiares y amigos Gabriela Ratti; el escritor, periodista y cineasta Ernesto Jauretche -sobrino de Arturo Jauretche-; el periodista y diputado nacional Miguel Bonasso.
También hará uso de la palabra el presidente del Colegio Público, Dr. Jorge Rizzo.
Más de un centenar de abogados secuestrados por la dictadura permanecen hoy desaparecidos. Una treintena fueron asesinados y muchos otros sufrieron la persecución y el exilio.
PRENSA – COLEGIO DE ABOGADOS
Contactos:
FLORENCIA STERO: 15-5733-5989
Febrero 21, 2007
Casación deberá decidir si el represor Raúl Guglielminetti queda en libertad
Lo determinó la Sala I de la Cámara Federal al conceder el recurso que había interpuesto el abogado Gustavo Pablo Labora. Al ex agente de inteligente se le imputan la tortura de a los prisioneros alojados en un centro clandestino de detención durante la última dictadura.
La Cámara Nacional de Casación Penal será el tribunal que resolverá si puede recuperar su libertad el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, imputado de torturar a los prisioneros alojados en un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.
Así lo determinó la Sala I de la Cámara Federal al conceder el recurso de casación que había interpuesto el abogado Gustavo Pablo Labora, para que el máximo tribunal en materia penal del país deje sin efecto la denegatoria del beneficio que oportunamente había decretado el juez federal Daniel Rafecas y luego confirmó la Cámara.
La medida fue dictada en el marco de la "megacausa" por gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas, entre 1976 y 1983, en ámbitos del Primer Cuerpo de Ejército, que se reactivó tras la derogación y nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
En una resolución de cuatro carillas -a la que Télam tuvo acceso- los camaristas Gabriel Cavallo y Martín Irurzun coincidieron, aunque con argumentos propios, en otorgar al letrado la posibilidad que intervenga la Cámara de Casación Penal dado que, caso contrario, podría ocasionarse un perjuicio "de imposible o tardía reparación ulterior".
El fallo que Labora quiere que se anule es aquel por el cual la Cámara confirmó la denegatoria de excarcelación del ex agente de inteligencia acusado de delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como "Automotores Orletti", que funcionó durante la última dictadura militar.
En esta causa, en septiembre de 2006, Guglielminetti fue hallado "prima facie" responsable por el secuestro de 65 personas, 24 de ellas desaparecidas, en ese campo clandestino que funcionó, durante los primeros meses del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" en el barrio porteño de Floresta.
También están procesados el ex comodoro Néstor Guillamondegui, el ex general Eduardo Cabanillas, el ex coronel Rubén Visuara y el ex agente de inteligencia Honorio Martínez Ruíz.
Entre las víctimas del grupo se encuentran Marcelo Gelman, hijo del poeta Juan Gelman, y el contador Carlos Santucho, hermano del fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Mario Santucho.
Se estima que por "Automotores Orletti" pasaron más de 200 detenidos, muchos de nacionalidad uruguaya, ya que el taller mecánico ubicado en Venancio Flores y Emilio Lamarca, funcionó como una de las bases operativas del denominado "Plan Cóndor", por el cual las dictaduras latinoamericanas coordinaron su acción represiva ilegal tendiente a eliminar a sus opositores políticos.
"Todo secuestrado era sometido a un régimen con tanta carga de terror y sadismo, que de por sí era constitutivo del delito de imposición de tormentos", expresó Rafecas -el primer juez que equiparó los centros clandestinos de detención con los campos de concentración del nazismo- cuando dictó los procesamientos.
Tras permanecer varios años con órdenes de captura en su contra, Guglielminetti -también sindicado como integrante de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA)- fue detenido en agosto último en una quinta de Mercedes, donde su abogado dijo que "siempre" había estado allí por lo que intentó demostrar que "no estaba prófugo".
HIJOS La Plata denunció que recibió amenazas de parte de la familia de un represor
(AW). “Déjense de joder con mi familia o le ‘lopeamos’ un bastardo”. Militantes de HIJOS La Plata denuncian el “silencio del gobierno” de Néstor Kirchner y cuentan cómo viven frente a las amenazas.
Buenos Aires, 21 de febrero de 2007 (Prensa de Frente). Militantes de HIJOS La Plata denuncian el “silencio del gobierno” de Kirchner y cuentan cómo viven frente a las amenazas. Hace una semana, la agrupación presentó una denuncia y dio a conocer públicamente una serie de correos electrónicos recibidos durante el mes de enero.
En las intimidaciones -salidas entre otras, de la casilla del sobrino del ex represor sureño Gustavo Vitón- reivindican el terrorismo de Estado, la desaparición de Jorge Julio López y cargan contra los militantes, prometiendoles represalias similares a las sufridas por sus padres.
Parte de Guerra I
“APROVECHEN H.I.J.O.S. DE MIL PUTASS LA OFERTAZA DE FIN DE AÑO: COMIÉNDOSE LOS “PATTIS A LA BONAFINI” EL JEREZ LO INVITAMOS NOSOTROS... Y DE POSTRE NOS LOS COGEMOS ASI COMO NOS COGIMOS A SUS MADRES, A SUS HERMANAS Y A SUS ABUELAS EN LA ESMA”.
El pasado 29 de diciembre, en el contexto de la desaparición de Luis Gerez, la amenaza (arriba transcripta textualmente) ingreso a la casilla de correo de HIJOS.
La misma fue enviada desde una cuenta de correo llamada pikanaloca@hotmail.com y firmada bajo el nombre de “GT 893”, en referencia a la denominación con la que identificaba un Grupo de Tareas de la última dictadura. Otras tres amenazas fueron enviadas el mismo día con copias a otros organismos de derechos humanos.
Parte de Guerra II
“SOLO COMUNICO QUE ANTE EL MENOR INTENTO DE ESCRACHE NO ME VA A TEMBLAR LA MUÑECA PARA VACIARLES UN DESCARGADOR DE 45 EN LAS PIERNAS. TIENEN LA IMPUNIDAD DE UN GOBIERNO MARXISTA QUE LES PERMITE MOVERSE EN ESTA SOCIEDAD QUE DESEA PAZ MIENTRAS USTEDES ESCUPEN MIERDA ZURDA A LOS CUATRO VIENTOS”.
Esta nueva amenaza llegada el 3 de enero provino del correo electrónico de Mariano Vitón, mariano_viton@hotmail.com
Para sorpresas de ambos, el muchacho en cuestión es sobrino del ex Mayor Gustavo Vitón, torturador sureño que actualmente vive en La Plata, a quien HIJOS escrachó en 2005 al cumplir 10 años la agrupación.
La evidencia de esta amenaza que desnuda los vínculos de los genocidas y su entorno, fue el motivo por el que HIJOS salió a denunciar los aprietes. “Hacer la denuncia fue un proceso que fuimos pensando”, señalo Eva de HIJOS La Plata, “ya que las tres amenazas fueron todas en el contexto de lo de (Luis) Geréz y muy burdas”, precisó la joven.
Parte de Guerra III
“DÉJENSE DE JODER CON MI FAMILIA O LES LOPEAMOS UN BASTARDO”.
“Fijate ‘lopear’ es una terminología nueva para decir desaparecer”, señaló la militante de HIJOS. El correo llegado el 8 de enero se titulaba “impunes de mierda”.
Con todos estos elementos el pasado jueves 15 de febrero, HIJOS presento la denuncia en el Tribunal Federal de La Plata ante el Juzgado Federal Nº 3 a cargo de Arnaldo Corazza. Para Eva la denuncia se hizo para no “naturalizar la amenaza”, además de “pinchar sobre más amenazas que recibieron otros compañeros”. En estos días el Tribunal citará al sobrino de Gustavo Vitón para interrogarlo sobre su presunta participación en los hechos.
HIJOS ampliará las denuncias sobre el ex militar Gustavo Vitón, y los ex policías Rodolfo González Conti y Esteban Pulvermacher, relacionados comercialmente con las agencias de seguridad privadas regenteadas por los represores.
Desde la agrupación, estiman que desde estas agencias, "desde ahí se hace inteligencia para ubicar nuestros correos, teléfonos, direcciones" argumentaron.
"Tanto Mariano Vitón como su tío son dueños de empresas de seguridad. Lo que significa que tienen capacidad operativa para hacer un secuestro, tienen móviles, comunicación, armas, tienen plata, entonces que no jodan más con decir que son bandas parapoliciales sin nombre y apellido, que investiguen con más profundidad y más firmemente en lugares que puede ser que la investigación prospere". Muchas de estas agencias tienen actualmente al Estado entre su cartera de clientes.
Luego de negar la existencia de algún llamado desde el gobierno nacional, Eva comentó "el silencio del gobierno sigue desde que desapareció López hasta ahora. Y no solo con nosotros sino con otros compañeros. A la compañera Nilda (Eloy, testigo junto al desparecido albañil del juicio a Etchecolatz) le pusieron seguridad, pero igual le entraron a la casa y solo le comieron las empanadas que tenía! Como diciendo, mira entro y hago lo que quiero".
Las Abuelas recuperaron el nieto n° 86
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El país | Miércoles, 21 de Febrero de 2007
RECUPERO LA IDENTIDAD UN NIÑO, HOY UN JOVEN, QUE FUE APROPIADO POR EL REPRESOR BIANCO
“Pudimos revertir el plan macabro”
Hace más de veinte años, las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron al médico militar y represor de Campo de Mayo Atilio Bianco por la apropiación de dos menores. La Justicia confirmó ahora que uno de ellos es el hijo de los desaparecidos Jorge Casariego y Norma Tato. El joven aceptó voluntariamente hacerse el análisis de ADN.
Por Victoria Ginzberg
En 1985, las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron al médico del Ejército Norberto Bianco como apropiador de hijos de desaparecidos. Una fuga a Paraguay, una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y una condena a doce años de prisión formaron parte de esa historia. Pero aun así, las identidades biológicas de Pablo y Carolina, los dos niños que el represor había criado, no habían sido develadas. Eso fue así hasta que Pablo, hoy un joven de 29 años, aceptó hacerse voluntariamente el estudio de ADN. De esta forma, se comprobó finalmente que es hijo de Norma Tato y Jorge Carlos Casariego. Ellos fueron secuestrados en abril de 1977 y fueron vistos en el centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo, donde Bianco atendió partos y se ocupó de “repartir bebés”. “Después de más de veinte años de inclaudicable y tenaz lucha para restituir sus derechos a un bebé, hoy un joven, pudimos revertir el macabro plan de los genocidas. Pablo Hernán Casariego Tato es libre”, dijeron las Abuelas en un comunicado.
Por este caso fue que el juez Roberto Marquevich ordenó el 9 de junio de 1998 que el dictador Jorge Rafael Videla volviera a prisión. Pero hace ya más de cinco años que la causa en la que se investigaba el origen de los chicos apropiados por Bianco y su mujer, Susana Wehrli, está cerrada. El represor fue condenado a doce años de prisión, aunque no estuvo mucho tiempo tras las rejas, porque la Justicia computó como tiempo de detención diez años que pasó mientras esperaba su extradición con una laxa prisión domiciliaria en Paraguay, donde se había fugado.
En 2001, la Cámara Federal de San Martín consideró que el delito de supresión de estado civil y la identidad de Pablo y Carolina estaba prescripto. De esta forma, impidió seguir investigando quiénes eran los padres de los niños. Pero el delito no había cesado, ya que los jóvenes no habían recuperado su identidad.
Las Abuelas de Plaza de Mayo no se resignaron. Una joven colaboradora del organismo contactó a Pablo y Carolina en Paraguay, donde vivían. Y en octubre de 2002 logró que Pablo accediera a realizar el estudio de ADN. El análisis se hizo en forma privada y reveló que los padres de quien había crecido como Bianco Wehrli eran Casariego y Tato. En noviembre del año pasado, las Abuelas, con la representación del abogado Luciano Hazan, consiguieron que la jueza de San Martín Sandra Arroyo Salgado y el secretario Walter Rodríguez reabrieran la causa judicial en base al derecho a la Verdad. Con la intervención de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, se pudo repetir el análisis de sangre, esta vez en el Banco Genético del Hospital Durand. Así, la Justicia confirmó formalmente la identidad de Pablo, que inició un proceso de acercamiento a su familia biológica.
La familia
Norma Tato y Jorge Carlos Casariego se conocieron mientras trabajaban en el laboratorio Squibb. El era alto, de tez blanca y ojos claros y usaba anteojos. Estudió Química en la UBA, se casó con su prima Rosa María, tuvo dos hijos y luego se separó. Ella tenía ojos marrones, pelo castaño y nariz pequeña. Era maestra y también tenía dos hijos de un matrimonio anterior. Ambos militaban en Montoneros y vivían en un pequeño departamento cerca del Zoológico.
Norma fue secuestrada el 13 de abril de 1977, en su domicilio, frente a sus hijos, que fueron dejados con una vecina y luego entregados a su papá. Estaba embarazada de cinco meses y fue vista junto con Casariego en Campo de Mayo. Sobrevivientes de ese centro clandestino revelaron que dio a luz a mediados de agosto. Según los testimonios, el parto se hizo en condiciones precarias, sin asistencia médica, en una piecita ubicada junto al pabellón número 1. La mujer fue asistida por otra detenida. Veinticuatro horas después le sacaron al bebé. Y una semana más tarde fue “trasladada”, es decir, asesinada. Unos días antes Jorge había tenido el mismo destino.
La Justicia
Las Abuelas comenzaron a seguir la pista de Bianco en 1984, a partir de informaciones anónimas, incluso de personas cercanas al represor, que aseguraban que Bianco y su mujer tenían niños que podían ser hijos de desaparecidos. Las denuncias se completaban con el dato de que la pareja no podía tener hijos y con el hecho de que el hombre se desempeñaba como médico en el hospital militar de Campo de Mayo.
Bianco no sólo es responsable por la apropiación de Pablo –la identidad de Carolina aún se desconoce–, sino también por su actuación como represor en Campo de Mayo, donde se registraron al menos 35 casos de mujeres embarazadas (ver aparte). Bianco era el encargado de la maternidad clandestina que funcionó en el hospital militar. Las denuncias señalaron a Bianco como quien llevaba a las mujeres a parir en el sector de Epidemiología de ese lugar y luego retiraba a los niños recién nacidos. Allí, después de dar a luz, las madres recibían una inyección para que no tuvieran leche.
Para evitar el análisis de sangre que confirmaría la identidad de los niños y lo llevaría a la cárcel, en 1986 Bianco se escapó con su mujer y los dos chicos a Paraguay, donde recibió el amparo de la dictadura de Alfredo Stroessner. Fueron localizados en 1987 en Asunción, donde los chicos iban a la escuela con el apellido Polimeni. El 23 de abril de ese año, la Justicia argentina pidió la extradición y la restitución de los niños bajo la tutela del juez. El trámite de extradición se demoró diez años y motivó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A pesar de haberse comprometido a partir de un acuerdo en el organismo internacional, la Justicia paraguaya nunca hizo los exámenes genéticos a los chicos. Para conocer la verdad sobre Pablo hubo que esperar otros diez años.
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Reclamo a Casación
El Consejo de la Magistratura solicitó a la Cámara de Casación un detalle sobre su actuación en las causas vinculadas con las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. El pedido se concretó el lunes y se hizo a partir de una propuesta de la diputada Diana Conti, presidenta de la Comisión de Disciplina y Acusación del organismo. Página/12 informó la semana pasada que la Cámara de Casación era considerada por los organismos de derechos humanos como uno de los principales obstáculos en el avance de los expedientes sobre la última dictadura. En ese tribunal hay más de cien recursos pendientes, algunos hace más de tres años. Uno de los planteos que deben resolver es el de la validez de la ley que anuló el Punto Final y Obediencia Debida, sobre el que ya se expidió la Corte Suprema. Además, varios casos que están por ir a juicio oral deben esperar por decisiones de Casación. Ahora, el tribunal deberá informar mensualmente sobre el estado de las causas y los jueces que intervienen. También tendrá que aclarar la fecha de ingreso de los expedientes.
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Pinochet regime sent to a criminal court in France
Seventeen people close to the dictator, died last December, will be judged as soon as possible in 2008 in absentia during the first lawsuit to the world of the Chilean dictatorship.
The investigative judgein charge of the inquiry on the disappearance of four French people under the dictatorship of Augusto Pinochet sent 17 ex-leader for the Chilean junta in front of the criminal court of Paris, as it was learnt on Wednesday, February 21st in judicial sources. Augusto Pinochet, aimed by an international warrant for arrest in this procedure, died on December 10th, 2006 at the age of 91.
These seventeen persons, among whom the general Herman Brady-Roche and Juan-Manuel Contreras, the leader of the DINA, the political police of the regime, are suspected of having participated in the arrest and in the detention of these four French people.
4 kidnapped persons
Georges Klein, personal doctor of the president Salvador Allende, disappeared on September 11th, 1973. Etienne Pesle was kidnapped the same day by servicemen of the Air Force. Alphonse-René Chanfreau, arrested September 11th, 1973 never went out
again from "Colonia Dignidad", German enclave in Chile. Finally, Jean-Yves Claudet, extreme left-wing activist, was kidnapped on November 1st, 1975 in Boenos Aires (Argentina).
The 17 accused
Here are the names of seventeen accused persons sent in front of the criminal court of Paris which will judge them in absentia for the disappearance of four French people in Chile between 1973 and 1975.
- Juan Manuel Guillermo Contreras Sepulveda (general of the retired land forces), 77 years, imprisoned in Chile. Ex-chef of the DINA (Direccion of investigaciones nacionale), the secret police of the regime.
- Herman Julio Brady Rock (general of the retired land forces), 86 years, ex-general of the land forces, the commander-in-chief of the garrison of Santiago
- Luis Joachim Ramirez Pineda ( retired general), 81 years, ex-lieutenant-colonel, commanding the regiment of artillery of the land forces Tacna which would have prisoner Klein
- Rafael Francisco Ahumada Valderrama (Colonel), age 62, ex-captain suspected of having executed Klein in the property of Peldehue belonging to the regiment Tacna
- Emilio Sandoval Poo (officer of the Chilean air strength) 71 years, would be a part of the group of servicemen wearing the uniform of Fach which arrested Pesle
- Andres Rigoberto Pacheco Cardenas (colonel of the retired Chilean air Strength), 78 years, ex-commanding(ex-ordering) of the base of Maquehue (in the South of Temuco) where the formerpriest was detained
- Pedro Octavio Espinoza Bravo (general corporal of the retired land forces), 74 years, imprisoned, ex-lieutenant-colonel of infantry, N°2 of DINA. He would have showed his ability in the head of the caravan of the death (commando group in helicopter of 12 men tank
- Gerardo Ernesto Godoy Garcia (colonel of the retired police-customs officers), 60 years, ex-second lieutenant of the land forces, nicknamed a captain Manuel (captain Text book) ", hesteered a group of intervention of DINA, the Tucan commando group
- Osvaldo Enrique Romo Mena, unemployed, 68 years, imprisoned in Chile, ex-commanding(ex-ordering) of the land forces, nicknamed " Romo the ventru ", member of the group of intervention of DINA which arrested Chanfreau
- Miguel Krasnoff Martchenko (colonel of the land forces), 61 years, ex-captain of the land forces, he would have participated in sessions of torture in 38, rue de Londres in Santiago, one of the centres of interrogation of DINA nicknamed " the house of the terror "
- Marcello Luis Moren Brito (colonel of the retired land forces), 71 years, ex-commanding (of the land forces affected in DINA, he would have participated in sessions of torture, street of London
- Basclay Humberto Zapata Reyes (non-commissioned officer of the land forces), 60 years, ex-non-commissioned officer of the land forces, he would have boasted to have crushed the legs of Chanfreau with a car in the Villa Grimaldi, center of interrogation of DINA
- Paul Schaeffer Schneider, leader of the " colony" of the "renamed" dignity villa Baviera ", 85 years, imprisoned in Chile, former Nazi who had based in Chile this colony which served as detention centre.
- José Octavio Zara Holger (general of the retired land forces), 64 years, ex-officer of the land forces, he would have assisted the colonel Will Counter for the activities of DINA abroad
- Raul Eduardo Iturriaga Neumann (general of the retired land forces), 69 years. Nicknamed "El Chico", he was responsible for the foreign service of DINA.
Recordatorio de Roberto Coria y Maria Ester Donza
Roberto Coria- María Ester Donza
Desaparecidos el 19 de febrero de 1977.
Los buscamos siempre.
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.
Guate: Foro sobre desaparecidos de U de San Carlos
La Maestría en Psicología Social
y Violencia Política
En acompañamiento a la familia del Doctor Emil Bustamante,
se complacen en invitarle al foro
“La desaparición forzada de los intelectuales de la
Universidad de San Carlos de Guatemala en los años 80´s”
“Emil Bustamante, una lucha contra el olvido”
Lunes 26 de febrero de 2007, 17:00 horas
Auditórium de Centro Universitario Metropolitano
9ª. Avenida 9-45, zona 11, Edificio “A”
Febrero 17, 2007
Otra sotana manchada de sangre
Por Camilo Ratti y Victoria Ginzberg. Pagina 12. Argentina. 15 de febrero de 2007. El sacerdote Miguel Regueiro fue capellán militar y está acusado del secuestro de tres jóvenes y la sustracción de un bebé. Entre 1975 y 1978 fue capellán militar del batallón de Combate de Ingenieros de San Nicolás. El teniente coronel Manuel Saint Imant, jefe del área 132, lo consideraba "un aliado del Ejército". En el barrio cordobés Las Violetas, donde tiene una de sus varias capillas, era conocido por su pasado y simpatía castrense. El sacerdote Miguel Regueiro fue detenido el lunes por orden del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo. Está acusado de haber participado en el secuestro y asesinato de tres jóvenes y de la sustracción de un bebé. María Cristina Alvira y Horacio Arístides Martínez, jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral y militantes de la Juventud Peronista Universitaria, se instalaron en San Nicolás en 1975. En abril de 1977 la pareja y Rosa Raquel, la hermana de María Cristina, fueron secuestrados en un operativo en el que actuaron las "fuerzas conjuntas". El hijo de unos pocos meses de María Cristina y Horacio fue dejado con un vecino, a quien luego le ordenaron entregarlo al capellán militar Regueiro.
Alertada por el vecino, la familia buscó al bebé y a fuerza de insistencia logró recuperarlo. Para ello, la madre de María Cristina tuvo que ir a una casa en las afueras de San Nicolás con el cura, donde, señaló, había "muchos otros niños y bebés". La mujer le rogó a Regueiro que le dé información sobre su hija y su yerno. La respuesta fue que "eran unos delincuentes subversivos que querían matarlo a él y al teniente coronel" (Manuel Saint Imant) y que no le iba a decir dónde estaban. La detención de Regueiro, pedida por el fiscal Juan Murray y la familia de las víctimas, se concretó el lunes. Ayer, el sacerdote fue indagado durante cuatro horas y quedó alojado en la delegación de San Nicolás de delitos federales y complejos de la Policía Federal. En la misma causa se investiga la desaparición de otros jóvenes, compañeros de militancia de Alvira y Martínez. Todos estaban ligados con el trabajo social en la diócesis de San Nicolás, dirigida por el obispo Carlos Horacio Ponce de León, cuyo asesinato es objeto de otro expediente judicial.
Las Violetas
Regueiro estuvo muchos años en Córdoba como capellán del Liceo Militar General Paz. En 1992 se incorporó a la arquidiócesis provincial como sacerdote diocesano. El arzobispado, en ese momento presidido por el fallecido Raúl Primatesta, lo designó como su representante en la capilla de Parque República, un barrio aledaño a Las Violetas, una de las comunidades más pobres de la zona oeste de la capital. En las calles de esa populosa barriada cordobesa los vecinos se dividen entre quienes lo quieren "por toda la obra que hizo aquí y en otros barrios", y los otros, como Susana. Sentada en la vereda de su casa, frente a la parroquia Santa Teresa de Jesús, la construcción más nueva y coqueta de un zona muy humilde, con chicos que juegan en la calle al ritmo del cuarteto o la cumbia, la mujer aseguró que el cura arrestado es "prejuicioso y discriminatorio hacia los más pobres o los que no participamos activamente de sus actividades en la parroquia". Pedro Pérez, el ordenanza que colabora desde hace once años con Regueiro en el mantenimiento de la capilla, dijo que desconoce cuál fue la actuación de éste en los años ’70: "Lo único que él me contaba era todo lo bueno que habían hecho en San Nicolás". También sentadas en la vereda "por una humedad que no se aguanta", sorprendidas como todos en el barrio por la detención de Regueiro, Mabel y Cora contaron que "don Pedro solía acompañar al cura al comando". El "comando" es el Tercer Cuerpo de Ejército, ubicado a unos pocos kilómetros del barrio Las Violetas.FIN.
Por complicidad con desaparición de personas en San Nicolás Detienen en Córdoba a ex capellán militar El sacerdote Miguel Angel Regueiro, quien durante la última dictadura fue capellán en varias unidades militares y actualmente era párroco en la ciudad de Córdoba, fue detenido a causa de su actuación durante el régimen militar por orden del Juzgado Federal de la ciudad bonaerense de San Nicolás. Versión para imprimir Enviar por mail Aumentar Default Disminuir [cerrar] Comparta esta nota con un amigo E-Mail de su amigo Su nombre Su E-Mail
Se trata del actual cura de la parroquia Santa Teresa de Jesús, ubicada en Aguirre y Locatelli, del barrio Las Violetas de la ciudad de Córdoba, quien ayer a la tarde fue trasladado a la ciudad de San Nicolás, en el norte bonaerense.
Fuentes del juzgado federal número 2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, quien ordenó la detención, precisaron que Regueiro, de 73 años, está siendo investigado en el marco de una causa por desaparición forzada de personas.
La investigación, agregaron los voceros, comenzó hace un año y medio, ya tiene a dos militares retirados procesados y en los últimos días agregó a dos detenidos: Regueiro y un ex suboficial del Ejército que fue apresado en San Nicolás.
El párroco de barrio Las Violetas fue detenido el lunes último en un procedimiento que contó con la colaboración de los Tribunales federales locales.
El sacerdote está sospechado, según confiaron funcionarios judiciales nicoleños, de haber conocido presuntas violaciones a los derechos humanos y desapariciones forzadas cuando se desempeñaba como capellán del batallón del Ejército que funcionaba en San Nicolás y que en la actualidad ha sido reducido a destacamento.
A causa del secreto de sumario, las fuentes consultadas por el diario se negaron a adelantar qué imputación recayó sobre el religioso, ya que el detenido será informado hoy al respecto, cuando sea llamado a prestar declaración.
Voceros del Arzobispado de Córdoba señalaron que en la curia no tenían conocimiento de la existencia de la causa judicial y que se enteraron del hecho con la detención de Regueiro.
Regueiro se ordenó sacerdote en 1972, y fue destinado al obispado castrense, el organismo eclesiástico que atiende las necesidades espirituales de los integrantes de las Fuerzas Armadas.
Por esa razón habría sido destinado, en 1976 ó 1977, al entonces batallón del Ejército en San Nicolás.
Fuente: DyN
Febrero 15, 2007
Fin de la impunidad de los responsables de los crímenes de estado de la 'Triple A'
Declaración de la APDH
Buenos Aires, 13 de febrero 2007
Fin de la impunidad de los responsables de los crímenes de estado de la 'Triple A'
La tarea permanente de la defensa integral de los DDHH obliga a otorgar una alta prioridad a la lucha a través de la Justicia contra la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad, perpetrados bajo diversas formas de terrorismo de estado. Memoria, Verdad y Justicia han sido las tres nociones fundamentales que han guiado el quehacer de todos los organismos de DDHH de la Argentina a lo largo de más de tres décadas.
Esta obligación ética ha llevado a los organismos de derechos humanos a realizar un esfuerzo permanente en la sanción de la legislación pertinente y también en la transformación del Poder Judicial, para que éste cumpla el papel que le corresponde en la defensa de los derechos fundamentales de todos los habitantes del territorio nacional, contribuyendo así a la tarea de afianzar la democracia en nuestro país.
No cabe duda que si se mantiene la impunidad en relación a los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el marco del Terrorismo de Estado, poco pueden esperar de la justicia quienes integran nuestra sociedad.
La urgencia de hacer Justicia es mayor cuanto más prolongada haya sido la impunidad.
Es hora de llevar a la Justicia a los responsables de los crímenes de Estado de lesa humanidad, cometidos por la TRIPLE A y por organizaciones de similares características que existieron en varias provincias argentinas.
La conducción de este brazo criminal paraestatal estuvo en manos de José López Rega quien era miembro del gabinete de gobierno. Las amenazas y crímenes de esta organización fueron realizados de manera no encubierta, firmados al estilo mafioso, para instalar el terror en la sociedad argentina. Sus recursos empleados en el funcionamiento eran del Estado, que aseguró la impunidad de sus miembros durante largos años.
Los asesinatos, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, la desaparición forzada de personas, el exilio y la persecución sistemática de los asilados violando las convenciones de Naciones Unidas adoptadas por la Argentina, constituyen Crímenes de Estado aberrantes que claman por Justicia.
La APDH apoya la prosecución y profundización de los juicios a los responsables de estos hechos aberrantes y reitera que la Justicia es la institución pública que debe poner fin a la impunidad.
No cabe ninguna duda que los horrores vividos por nuestra sociedad durante un largo período de esta historia han sido posibles por la profunda crisis político, institucional y económica.
Es fundamental que la justicia pueda actuar sin interferencias de actores políticos, económicos y formadores de opinión que apoyaron las dictaduras y el modelo neoliberal quienes pretenden impedir que se de un paso importante para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y participativa.
La APDH es conciente de la larga historia de persecución política-ideológica creciente en Argentina. Sabemos que este es un capítulo de la historia de nuestro país que aún debe ser investigado y escrito por nuestros historiadores presentes y futuros.
Lo que es imprescindible ahora es hacer justicia en el tramo de nuestra historia más reciente, período en el que todavía hay muchos protagonistas de los Crímenes de Estado, víctimas que sobrevivieron y testigos de los hechos.
Declaración aprobada en sesión de Mesa Directiva de la APDH el lunes 12 de febrero - 2007-02-2007
Buenos Aires
A 5 MESES DE LA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ
Marcha a Plaza de Mayo Domingo 18 febrero, a las 16 hs desde Callao y
Corrientes
A 5 MESES DE LA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ, en Capital Federal, el
Encuentro Memoria Verdad y Justicia convoca, en el marco de una nueva
jornada de lucha y movilización.
( Encuentro Memoria Verdad y Justicia , 14 de Febrero del 2007 )
Se puede leer la nota completa en
http://argentina.elmilitante.org/index.asp?id=muestra&id_art=2448
HIJOS: Denuncia De Amenazas Ante Tribunales Federales
(AW) Mañana, jueves 15 de febrero a las 10.00 la agrupación HIJOS, regional La Plata, realizará en el Juzgado Federal Nº 3, a cargo del Dr. Arnaldo Corazza, una denuncia por una serie de amenazas recibidas entre diciembre de 2006 y enero de 2007. La presentación será acompañada organismos de derechos humanos de La Plata y por las organizaciones integrantes de la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada.
La Plata, 14 de febrero de 2007 (Mesa de Escrache Popular La Plata).- El jueves 15 de febrero a las 10 hs la agrupación HIJOS, regional La Plata, realizará en el Juzgado Federal Nº 3, a cargo del Dr. Arnaldo Corazza, una denuncia por una serie de amenazas recibidas entre diciembre de 2006 y enero de 2007.
A fines de 2006, y con el caso Gerez en plena visibilidad pública, continuó la rueda de amenazas a familiares, querellantes y militantes de derechos humanos, tras el juicio al genocida Miguel O. Etchecolatz. En ese marco HIJOS recibió varios correos electrónicos intimidatorios, que hacían referencia directa al caso del secuestrado en Escobar.
En enero de este año se recibieron en la casilla de la Mesa de Escrache Popular de La Plata dos amenazas de muerte enviadas desde un mismo remitente. Quien las envió pertenece al entorno más directo de uno de los tantos represores impunes que viven en esta ciudad. El mismo fue escrachado en distintas oportunidades, habiéndose denunciado su pasado como represor y su presente como encargado de distintas empresas de limpieza y seguridad privada.
Hacia agosto de 2003 la Mesa de Escrache Popular denunció que el represor Héctor Darío Romero (quien se desempeñó entre 1975 y 1980 en el Centro Clandestino de Detención que funcionó en la Comisaría 5º de La Plata) cumplía funciones en la Dirección General de Fiscalización de Agencias y Seguridad Privada (dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia). Esta Dirección es justamente la que debería controlar que en las agencias de seguridad privada no haya represores.
Sin embargo, desde hace años venimos denunciando la vinculación entre algunas agencias de seguridad privada y aquellos que fueron parte del plan sistemático de secuestro, desaparición y tortura. En muchos casos nos encontramos con que esas agencias siguen funcionando sin que el Estado haga nada para impedirlo. En otros casos hemos encontrado a represores o a personas de su máxima confianza trabajando en distintas dependencias del Estado.
Tras el secuestro y la desaparición de Jorge Julio López, insistimos en que la investigación del caso debe apuntar a estos sectores, que demuestran poseer la capacidad operativa y la impunidad suficiente para golpear al campo popular como hace 30 años.
Estos hechos revelan, no sólo el marco de impunidad que los gobiernos nacional y provincial brindan a estos sectores, sino también su disposición a defender a cualquier costo los negociados que ostentan con el actual poder político y económico.
La denuncia del jueves 15 se acompañará de la documentación que surge de la investigación realizada estos años sobre varias empresas de seguridad privada vinculadas a represores de la última dictadura. Exigimos a la Justicia Federal que investigue seriamente los hechos denunciados y su vinculación con el desarrollo de las causas judiciales contra los genocidas.
La presentación será acompañada organismos de derechos humanos de La Plata y por las organizaciones integrantes de la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada.
Jueves 15 de febrero - 10 hs
Tribunales federales de La Plata (8 y 50)
No olvidamos
No perdonamos
No nos reconciliamos
Juicio y castigo a todos los represores y sus cómplices
Nulidad de los indultos a los genocidas
Desmantelamiento del aparato represivo
Aparición con vida ya de Jorge Julio López
SI NO HAY JUSTICIA HAY ESCRACHE
India: Investigate All 'Disappearances' in Kashmir
Recent Cases Reveal Pattern of Security-Force Involvement
(New York, February 15, 2007) – The Indian government must launch a credible and independent investigation into all “disappearances” and fake “encounter killings” in Jammu and Kashmir state since the conflict began in 1989, Human Rights Watch said today. Last week, on February 6, India signed a new United Nations treaty to combat forced disappearances.
Recent investigations into the “disappearance” of Abdul Rahman Paddar, a carpenter who went missing in December, have shown that he was picked up in Srinagar by a special operations squad of Gandherbal district police and later killed. Although Abdul Rahman had been reported missing by his family, the police identified him as a Pakistani militant and claimed that he had been killed in an armed encounter. Abdul Rahman Paddar’s body was exhumed and identified by his relatives last month.
Four other bodies were also exhumed, including that of a street vendor and a Muslim priest, who had all “disappeared” last year. Eight policemen, including two senior officers, have been arrested for these murders. A judicial inquiry has been ordered into these fake “encounter killings,” which are executions staged to look like self-defense. Human Rights Watch documented many such cases in its September 2006 report, “‘Everyone Lives in Fear’: Patterns of Impunity in Jammu and Kashmir.”
“Recent revelations have confirmed what families in Kashmir have been alleging all along,” said Brad Adams, Asia director at Human Rights Watch. “The Indian security forces have ‘disappeared’ countless people in Jammu and Kashmir since 1989 and staged fake encounter killings while fabricating claims that those killed were militants.”
The Association of the Parents of Disappeared Persons in Jammu and Kashmir (APDP), fearing that their relatives might have met the same fate, is now calling for an investigation into all “disappearances.” The APDP alleges that more than 10,000 people are missing in Jammu and Kashmir. The government has admitted that nearly 4,000 people are missing, but claims that some of them may have crossed into Pakistan to join militant groups. Until now, authorities have denied all responsibility for the fate or whereabouts of the “disappeared” persons in response to habeas corpus petitions.
Officially, the government has always denied allegations of staging fake encounter killings. However, according to Indian security officials who have spoken to Human Rights Watch on condition of anonymity, fake encounter killings are a common occurrence. Fake encounter killings are even encouraged through decorations, gallantry citations or promotions of personnel credited for the death of “militants.” However, it has long been alleged that these incentives lead to abuses, including the murder of innocents, as happened in the case of Abdul Rahman Paddar.
When there are public demonstrations protesting a fake encounter killing, the official response usually is to offer an oral assurance of an inquiry, though these rarely happen. If such inquiries do take place, the findings are seldom made public. If any action is taken against those found responsible, that too is rarely made public.
“We welcome judicial inquiries into encounter killings, but given the government’s track record, there is reason to be skeptical,” said Adams. “We hope the Indian government will surprise us with a speedy and credible investigation.”
Human Rights Watch urged the Indian authorities to establish an independent commission on “disappearances” and fake encounter killings, one that is empowered to compel both the testimony of state agents and the disclosure of documents. The commission should include eminent persons who inspire enough trust to enable witnesses or victims’ families to register such cases without fear of intimidation. According to the APDP, many families have not filed missing person complaints because they fear retribution from the security forces.
Human Rights Watch said that witnesses and family members told them that they hadn’t filed complaints because they were afraid of retaliation or because they felt that the police would not take their complaints seriously.
“To end the vicious cycle of violence and mistrust, Kashmiris have to be able to trust that their complaints will be heard and addressed,” said Adams.
Human Rights Watch called on the Indian government to establish an independent and impartial commission of inquiry into serious violations of international human rights and humanitarian law by Indian security forces since the beginning of the Kashmir conflict in 1989. The findings of the commission should be made public and the commission should be empowered to recommend the prosecution of persons implicated for abuse.
The government of Jammu and Kashmir should publish its list of missing persons, so that families and groups like APDP and the government can begin to account for missing persons. As there are over 30,000 Kashmiri refugees in Pakistan, such a list could be provided to the Pakistani government, which could also assist in identifying those who are now in Pakistan.
Human Rights Watch said that, to prevent “disappearances” and fake encounter killings, the government should also:
Strengthen and enforce laws and policies that protect detainees from torture and other mistreatment, including strict implementation of requirements that all detainees be brought before a magistrate or other judicial authority empowered to review the legality of an arrest within 24 hours;
Establish a centralized register of detainees, accessible to lawyers and family members;
Respond promptly to habeas corpus petitions in cases of alleged “disappearances;”
Take swift and public action against all state officials who have obstructed or ignored judicial orders to produce detainees in court;
Take all feasible measures to account for persons reported missing as a result of armed conflict and provide information to their family members;
Allow the International Committee of the Red Cross to undertake the full range of its protection activities in Jammu and Kashmir, including giving it full access to all army and paramilitary interrogation and detention centers;
Promptly ratify and implement the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, which India signed on February 6, the date the treaty was opened for signature.
“We commend India for signing the new international convention on enforced disappearances,” said Adams. “Ratifying and implementing it would go a long way toward showing Kashmiris that the government is committed to ending human rights abuses there.”
For more information, please contact:
In Mumbai, Meenakshi Ganguly (English, Hindi): +91-98-200-36032
In London, Brad Adams (English): +44-20-7713-2767; or +44-7908-728-333 (mobile)
In New York, Sophie Richardson (English): +1-212-216-1257; or +1-917-721-7473 (mobile)
In Washington, DC, Sam Zarifi (English, Farsi, Dari): +1-202-612-4354; or +1-646-662-7750 (mobile)
Barrancabermeja: Desaparición de Katherine González Tórres
VOCES DE MUJERES
ACCION URGENTE
Miércoles, 14 de febrero de 2007
La Organización Femenina Popular una vez más reafirma su compromiso por la vida y continua sembrando vida donde hay muerte, hoy con el sinsabor de la oscuridad, la impunidad y el dolor denunciamos:
La desaparición de la joven KATHERINE GONZALEZ TORRES, soltera, de 20 aí±os de edad, hermana de SANDRA GUTIERREZ TORRES, integrante del equipo de dirección de la Organización Femenina Popular.
El ambiente de zozobra que se vive en la ciudad de Barrancabermeja por las continuas amenazas y asedio a jóvenes, hombres y mujeres; los hechos irregulares ocurridos recientemente, y denunciados por el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos de Barrancabermeja, el pasado 12 de febrero, sobre el accionar de miembros encubiertos del Ejército nacional, involucrados en el supuesto intento de desaparición de Alberto Pumarejo Arias y abuso de autoridad, nos hace temer por la vida y la integridad física de KATHERINE GONZALEZ TORRES.
LOS HECHOS
El martes, 13 de febrero de 2007, a la 1 p.m. KATHERINE GONZALEZ TORRES, salió de su casa en Barrancabermeja, en dirección a su trabajo, sin que hasta el momento se sepa de su paradero. Después de salir de su casa se reportó telefónicamente para confirmar que había llegado al trabajo como siempre lo hacía.
Hasta el momento hemos agotado la bíºsqueda en los espacios de su vida cotidiana y las averiguaciones en las instituciones correspondientes sin tener ninguna información de ella, así mismo hemos colocado las denuncias ante las autoridades competentes.
EXIGENCIAS
Exigimos a las autoridades competentes: Policía, Ejército, SIJIN, DAS, la bíºsqueda inmediata y aparición inmediata sin daí±os a su integridad, de KATHERINE GONZALEZ TORRES
LLAMAMOS
Dr. Carlos Franco.
Director Programa Derechos Humanos Vice-Presidencia de la Repíºblica.
Teléfono: 565 97 97 ext. 744
E. mail: cefaro@presidencia.gov.co
Coronel Efraín Oswaldo Aragón. Director Programa Derechos Humanos de la Policía
Teléfono: 315 94 38
E.mail: efrainaragon@gmail.com
Coronel Enrique Garay Saleg Jefe Oficina de Derechos Humanos del Ejército Nacional
Teléfono: 266 03 16
E.mail: alie@ejercito.gov.co
Dr. Volmar Pérez Ortiz. Defensor Nacional del Pueblo
Teléfono: 314 73 00
E.mail: defensoria@defensoria.org.co
Dr. Edgardo José Maya Villazón Procurador General de la Nacional
Teléfono: 336 00 11
E.mail: revgon@procuraduria.gov.co
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
Para los Derechos Humanos en Colombia.
Telefonos 658 33 00
oacnudh@hchr.org.co
Organización Femenina Popular
femenina@colnodo.apc.org
teléfonos: 622 66 25
Organización Femenina Popular
Barrancabermeja – Magdalena Medio – Colombia
Febrero 14 de 2007
Febrero 14, 2007
La causa de la Triple A sumó un testigo del Gran Rosario
Nota del Ciudadano al Tato
La causa de la Triple A sumó un testigo del Gran Rosario. Tres décadas después de las torturas, un militante del PC de Villa Constitución aportó su testimonio.
Aunque no es su cumpleaños ni un aniversario especial, el 3 de febrero de 1976 quedó grabado para siempre en la memoria de Alberto González, quien entonces era un muchacho de 21 años nacido en Villa Constitución y mudado a La Matanza por razones familiares. La viuda de Perón, María Estella Martínez, llevaba un año y ocho meses a cargo del gobierno de la Nación tras la muerte de su esposo el 1º de julio de 1974, y el país se encaminaba sin remedio hacia lo que luego sería las más cruel dictadura militar de las cinco que desalojaron a gobiernos constitucionales durante el siglo XX en la Argentina. Un operativo de control de Gendarmería en el Camino de Cintura y avenida Ricchieri lo sorprendió ese día arriba de un colectivo junto a su amigo y también militante de la Federación Juvenil Comunista, Pascual Manganielo, de sólo 15 años, con “material del partido” que los gendarmes mostraron especial interés en conocer. Los chuparon durante 60 horas, los picanearon y padecieron simulacros de fusilamientos en la cochera del destacamento de Gendarmería Nacional ubicado allí, sitio que apenas unos meses después comenzaría a funcionar como centro clandestino de detenciones y se conocería, más tarde, como El Vesubio. El martes Alberto González fue aceptado por el juez federal de la Capital Norberto Oyarbide como querellante en la causa que investiga los crímenes de la Triple A, y ese mismo día prestó declaración ante el secretario del juzgado.
“Yo en algún momento creí que lo que me había pasado era menor por todo lo que pasó después”, dice ahora González, un laburante de 52 años que “junto a otros 15 compañeros” constituyó una cooperativa dedicada a la construcción de viviendas en Villa Constitución, lugar al que la vida lo devolvió tras su paso por el Gran Buenos Aires. Sin embargo, la apertura de la investigación judicial de los crímenes de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) le hizo cambiar de idea y ahora cree que “es necesario que se haga justicia”.
No fue casual que Alberto González se convirtiera en militante de “la Fede”, como se conoce a la Federación Juvenil Comunista. Mamó la lucha de clases en su hogar. Su padre, un obrero metalúrgico de Villa Constitución, era un trabajador peronista y delegado gremial en la fábrica Metcon, de la que fue despedido “durante la dictadura de (el general Juan Carlos) Onganía”, recuerda Alberto. Allí comenzó “un peregrinaje como familia” en busca de empleo que depositó a los González en la localidad de Villa Madero, en el partido bonaerense de La Matanza.
El 3 de febrero
“Veníamos de una reunión del partido en San Alberto. Nosotros éramos dos, yo que tenía 21 años y el otro chico (Pascual Manganielo) que tenía 15 y era militante de la Fede en secundarios”. Tres décadas después, el recuerdo de aquel día permanece claro en la memoria de Alberto González, que realiza un relato preciso de lo ocurrido.
Recuerda, por ejemplo, que junto a Manganielo viajaban “en el colectivo 97”. “Al llegar al Camino de Cintura y Ricchieri –cuenta González–, donde había un destacamento de Gendarmería que creo que todavía está, nos para un operativo de control. Hacen la requisa en el colectivo y nos encuentran el material del partido que llevábamos encima”. En febrero del 76, con la Triple A del Brujo López Rega actuando con discrecionalidad y sin freno, llevar papeles del Partido Comunista no era la mejor credencial posible.
“Nos bajan a patadas y golpes”, recuerda González sobre los modales de los gendarmes argentinos, “y nos llevan hasta la dependencia de Gendarmería que está a unos cien metros” del lugar donde habían detenido el ómnibus.
“A partir de ahí nos empiezan a torturar a Pascual y a mí”, relata González. ¿Los métodos? “Con picana eléctrica, con submarino seco (consistente en tapar la cabeza con una bolsa produciendo ahogo), estábamos encapuchados y esposados, nos golpean muy sofisticadamente con pelotas de fútbol para que los golpes sean internos y no externos”, agrega. La “sofisticación” tenía por fin que no quedaran vestigios constatables de la paliza, precursora de los métodos que poco días después comenzarían a aplicarse de modo sistemático y extendido.
Dónde están las armas
Mientras le pasaban electricidad por el cuerpo los gendarmes, acompañados según González por policías de la provincia de Buenos Aires, le preguntaban: “Dónde están las armas”. Él les explicaba que sólo realizaba tareas políticas, y sus torturadores lo alentaban, asegurándole que mientras permaneciera allí (en la cochera del destacamento) no tendría problemas. “Si los llevan para el otro lado sí”, agregaban en referencia a las dependencias contiguas donde luego funcionó el chupadero El Vesubio.
“Me ponen en la nuca un FAL (Fusil Automático Liviano) y me revientan al lado del oído con otro, simulando un fusilamiento”. Luego de 60 horas de secuestro, interrogatorios y torturas lo subieron a un automóvil tapando su cabeza con una funda de almohada que, impunidad mediante, tenía inscripta la leyenda de Gendarmería Nacional. “Me pasean un rato y me dejan en los bosques de Ezeiza”, cuenta Alberto González, quien aunque ya no tiene edad para integrar “la Fede” todavía sigue siendo militante comunista.
Antes de ser privados de su libertad, Alberto y Pascual alcanzaron a gritar sus nombres mientras eran bajados del colectivo. El chofer, recuerda Alberto, “avisó a un local del partido y empezaron a buscarnos inmediatamente”. Al mismo tiempo, pero por separado, también lo soltaron a Pascual luego de torturarlo y golpearlo.
Los dos jóvenes denunciaron el hecho “en dependencias policiales de San Justo” –donde un médico constató las lesiones, recuerda González– y también lo hicieron públicamente en el Concejo Delibertante de La Matanza y hasta en el Congreso de la Nación, donde el Partido Comunista tenía dos diputados.
La cosa no terminó allí. Luego sufrieron persecución, allanamientos en sus viviendas y debieron cambiar de domicilio para evitar la represión. ¿Eran conscientes de la existencia de las tres A?, le preguntó este diario a González. “Teníamos conocimiento de la Triple A, porque a esa altura habían asesinado a algunos militantes comunistas y ya había pasado lo de Ortega Peña (el asesinato del abogado y diputado del PJ)”, responde el ahora cooperativista de Villa Constitución.
“Yo en algún momento creí que lo que me había pasado era menor por lo que pasó después”, agrega el militante comunista, que aún arrastra secuelas de aquel 3 de febrero. “A mí me costó mucho”, dice, “hay que estar ahí picanéandote cuando uno tiene 20 años”. Todo lo contado arriba fue lo que escuchó el secretario del Juzgado federal de Oyarbide, el juez que pidió la extradición de Isabelita para que declare por los crímenes cometidos durante su gobierno por las fuerzas paramilitares (conformadas por policías, militares y patoteros y mercenarios civiles) que su ministro de Bienestar Social, José López Rega, organizó bajo el paraguas y la protección del Estado. Tres décadas después, Alberto González testimonió por qué cree que “se puede hacer justicia”.
Aquella madrugada del 75 que nunca se investigó
Los secuestros, torturas y desapariciones ocurridas a partir del 20 de marzo de 1975 en la localidad de Villa Constitución, cuando fue ocupada por personal militar, policial y parapolicial de la Triple A también serán investigados en la causa que lleva el Juzgado federal de Norberto Oyarbide en la Capital Federal. Así lo anticipó a El Ciudadano el ex detenido Alberto González, quien ya prestó declaración ante el juez por otro caso también vinculado a los delitos cometidos por la patota conducida por el ex ministro de Bienestar Social de Isabel Perón, José López Rega.
En la madrugada de aquel 20 de marzo, un año antes del golpe militar de 1976, un centenar de automóviles –muchos de ellos Ford Falcon– ingresó a la ciudad tripulados por entre cuatro y cinco personas cada uno que mostraban sus armas largas por las ventanillas. Tenían un objetivo claro: desarticular la lucha de la combativa lista Marrón de la Unión Obrera Metalúrgica, que había ganado las elecciones un año antes y controlaba las comisiones internas de Acindar, Marathon (dependiente de la primera) y Metcon.
El gobierno constitucional de la época consideraba las reivindicaciones y luchas de los obreros metalúrgicos como el “complot rojo contra la industria pesada del país”. Los métodos que se emplearon adelantaron un año la maquinaria de la represión clandestina que se pondría en marcha el 24 de marzo de 1976. El albergue destinado al personal jerárquico de Acindar, ubicado en el interior de la planta de la empresa, fue convertido en uno de los primeros centros clandestinos de detención.
A partir del 20 de marzo hubo allanamientos, detenciones, secuestros, torturas y asesinatos en Villa Constitución. Entre los “vengadores” que llegaron hasta la ciudad del sur santafesino se encontraba Aníbal Górdon, comandante de una banda de secuestradores e inorgánico oficial de inteligencia. La columna de más de cien autos también traía a “pesados” de la derecha peronista, provistos por los sindicatos burócratas aliados al Brujo López Rega. Esa inmensa operación policial y paramilitar, de la que aún quedan decenas de testigos y protagonistas, comenzará a investigarse judicialmente por primera vez.
Febrero 12, 2007
Nunca dejaremos de buscarte
NUNCA DEJAREMOS DE BUSCARTE, PORQUE LA ESPERANZA DE VERTE DE NUEVO, LLENA MI CORAZON DE FUERZA
¡¡HASTA ENCONTRARTE!!
El Grupo de Apoyo Mutuo, comprometido con las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, convencido de que es posible construir un mundo mejor, siempre manteniendo la condición de que esa construcción se debe hacer sobre la base de conocer el pasado y promover la reconciliación, ha impulsado la realización de tres reencuentros de familias que fueron separados, debido a las circunstancias de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, debido de los sucesos, las familias desconocían sí sus hermanos, padres o hijos continuaban con vida. Pasadas mas de 2 décadas, se ha logrado promover el reencuentro de personas que desconocían donde se ubicaban mutuamente.
La familia Escalante Argueta, originarios en la actualidad de la comunidad de Nuevo México, San Vicente Pacaya, Escuintla y de Valle de Candelaria, Ixcan Quiché, tuvieron la oportunidad de reencontrarse el pasado 5 de febrero de 2007.
En el año de 1986, la aldea Valle de Candelaria, Ixcán, Quichè, era un lugar muy tranquilo, cuando todavía reinaba el amor y la tranquilidad a pesar de la pobreza en que vivían las familias. Una de ellas era la de don Nicolás Escalante Argueta.
La familia de Don Nicolás estaba integrada por su esposa Santos Damiana Argueta, su hijo Walfred, sus hijas Fermina y Viviana Escalante Argueta. Se dedicaban a la agricultura, y a la crianza de aves de corral.
Tenían la dicha de tener a su familia unida, hasta que fue brutalmente destrozada, por miembros del Ejército que llegaron a la comunidad, en enero de 1986. Durante su recorrido por las distintas comunidades iban asesinando a todas las personas que encontraban a su paso.
En ese momento un vecino que se había enterado de lo que estaba aconteciendo, y que se encontraba próximo a la comunidad, dio la voz de alerta, y como pudieron recogieron algunas de sus pertenencias, y huyeron hacia las montañas, desde un lugar entre la maleza observaron cómo el Ejército, daba muerte a algunos vecinos que no tuvieron tiempo de resguardarse.
En el momento de la huída para evitar encontrarse con otra sección de la tropa que estaba muy cerca, se dispersaron dando así lugar a la desintegración familiar. Cada quien tomó rumbo distinto: Viviana Escalante Argueta fue refugiada en Chiapas, México, y su Padre en Quintana Roo, México, donde les brindaron ayuda.
En Diciembre de 1996, cuando se firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, la señora Viviana Escalante Argueta, retornó a Guatemala entre uno de los primeros grupos de refugiados en regresar al país y actualmente vive en la comunidad de Kaibil Balam, Ixcan Quiché, y su padre don Nicolás Escalante, vive actualmente en Nuevo México, San Vicente Pacaya, Escuintla, donde recogimos dicho testimonio y la denuncia de la separación de su hija.
Como un resultado del trabajo de investigación tanto documental como de campo realizado en varias visitas a distintos lugares, logramos por fin hacer realidad el reencuentro de padre e hija, demostrando con esto que con un trabajo consciente y efectivo, es posible unificar a las familias separadas durante el conflicto armado interno, respondiendo como organización social a las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico que consigna que es deber del Estado atender la problemática de la Desaparición Forzada, con especial énfasis en la Niñez Desaparecida a causa del conflicto armado interno, queremos también dejar constancia de nuestro agradecimiento al Comité Internacional de la Cruz Roja que nos apoyo moral y materialmente en este esfuerzo.
Según el testimonio de don Nicolás Escalante y de su hija Viviana Escalante Argueta, tenían 21 años de no verse ni tener comunicación alguna.
Es momento propicio para solicitar al Estado de Guatemala, que asuma su compromiso brindando el soporte necesario para continuar con este proceso de búsqueda de niñas y niños desaparecidos durante 36 años de sufrimiento para nuestro pueblo, es necesario mencionar que tenemos cientos de denuncias de estos casos.
GRUPO DE APOYO MUTUO, PRESENTE, HASTA CUANDO, HASTA SIEMPRE.
Guatemala 9 de febrero de 2007
Febrero 11, 2007
Vieron a Jorge Julio López con vida?
Parece ser que existe un testigo que dice haber visto a Julio López con vida a diez días de su desaparición, en un campo donde habría un edificio con calabozos. El gobierno no quiere comentar, y aparentemente no han investigado este dato, aunque se han hecho las declaraciones frente a la justicia.
Secuestro de un activista saharaui
En la ciudad saharaui de El Aaiun ha sido secuestrado el miércoles 7 de enero el activista Saidi Salek en la cercanías del barrio del Aeropuerto. Los autores del secuestro son oficiales muy conocidos por la población saharaui y se trata de Hamid Bahri, torturador tristemente conocido entre los presos políticos saharauis, y los agentes Aziz Touhima y Moulud Edairee.
Recordar que Saidi Salek es el joven que quemó vivo la policía marroquí en julio de 2006 (http://www.saharalibre.es/modules.php?name=News&file=article&thold=-1&mode=flat&order=0&sid=59).
Febrero 10, 2007
Saudi Arabia: Discussion forum host's whereabouts unknown after his arrest by secret police in round-up of reform advocates
Saudi Arabia: Free Detained Advocates of Reform
Secret Police Arrests 7 Prominent Reformers in Replay of Events in 2004
(New York, February 8, 2007) - Saudi Arabia should immediately release, or formally charge and present the evidence against, 10 persons arrested by its secret police on February 2, Human Rights Watch said today.
The men are all associated with advocacy for reform, and the secrecy surrounding their arrest and detention on dubious allegations of financing terrorism in Iraq suggests that the arrests are politically motivated. The secret police has denied detainees family visits, access to legal counsel, and has yet to confirm the location where one of the men is detained.
"Once again, Saudi authorities are seeking to silence reformers instead of engaging in debate about the serious issues these men work on," said Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch. "Seven of the detainees are prominent and longstanding advocates of political and social reforms."
On February 2, Saudi secret police (mabahith) commandos stormed the Jeddah villa of lawyer 'Isam Basrawi, where he was meeting with a group of five associates widely known for their advocacy on issues of social and political reform in Saudi Arabia. The police arrested all six men in addition to Basrawi's personal assistant. Another associate was arrested in his car in Jeddah, and two others in Medina. The secret police handcuffed those in the villa and transported them to a new mabahith prison about 30 kilometers northeast of Jeddah near 'Isfan, according to a person in Jeddah who received details of the arrest from Basrawi's wife.
During a fact-finding mission to Saudi Arabia in November and December 2006, Human Rights Watch met with four of the 10 detainees - Sulaiman al-Rashudi, 'Isam Basrawi, Abd al-Rahman al-Shumairi, and Abd al-'Aziz al-Khuraiji - and their lawyer, Basim 'Alim. Others arrested in Jeddah include Sa'ud Mukhtar al-Hashimi, Musa al-Qarni, al-Sharif Saif al-Din Shahin and Basrawi's assistant, Hussain al-Sadiqi, who is Moroccan.
Sulaiman al-Rashudi, an elderly former judge, was also arrested on March 16, 2004 by Saudi secret police, along with 13 other prominent advocates of political and constitutional reform. Another of those currently arrested, al-Hashimi, who is a medical doctor, runs a prominent intellectual discussion forum (diwaniya) in his house in Jeddah. His wife told Human Rights Watch that the secret police frequently summoned him to instruct him to stop inviting prominent Islamist personalities to his house for discussion. She said that only three days before his arrest, he had participated in a television debate on the demands of the political reformers.
On April 12, 2006, Musa al-Qarni, another of those arrested this month, was among four men who petitioned King Abdullah for permission to open an Islamic Civil Society organization with the aim of discussing "freedom, justice, equality, citizenship, pluralism, [proper] advice, and the role of women." Neither the king's office nor any other government agency ever replied.
Basim 'Alim, a lawyer for four of the detainees, told Human Rights Watch that the authorities have refused him access to his clients, despite repeated cables to Assistant Minister of Interior for Security Affairs Prince Muhammad bin Nayef bin Abd al-'Aziz Al Sa'ud. On February 3, Saudi Ministry of Interior spokesperson Lt.Gen. Mansour al-Turki is reported by news media to have alleged that those arrested were involved in collecting money to send Saudi youth to "disturbed areas," but no formal charges are yet known.
'Isam Basrawi's son, Hisam, reportedly has tried daily to visit the mabahith prison to see his father, who is disabled and relies on his personal assistant's help to move around. His attempts have been unsuccessful. Al-Hashimi's wife, Asma', told Human Rights Watch that when she went to the prison on February 5, an officer there denied they were holding her husband. She has not received news of his whereabouts. Mabahith officers on February 3 briefly detained Sa'ud's brother Usama al-Hashimi when he refused to allow them entry to Sa'ud's house without a search warrant.
Human Rights Watch is calling on the Saudi Minister of Interior to release the detained reformers. The mabahith officers appear to have failed to comply with Saudi law in conducting the searches and arrests. Mabahith officers produced no search warrants, although Article 41 of the Saudi Code of Criminal Procedure specifies that house searches require "a search warrant specifying the reasons for the search, issued by the Bureau of Investigation and Prosecution." They have also held the detainees incommunicado and their lawyer and family members have not been able to visit them or receive information on their charges. Most worryingly, the whereabouts of Sa'ud Mukhtar al-Hashimi is not known.
Article 116 of the Saudi Criminal Procedure Code gives the arrested person the right to "be promptly notified of the reasons for his arrest or detention" and the investigator (in Saudi Arabia, this is also the prosecutor) must inform the detainee of the charges "when the accused appears for the first time for an investigation" (Article 101), which has to be within 48 hours (Article 34). The code also provides the detainee "shall be entitled to communicate with any person of his choice to inform him of his arrest" (Article 35). A period of arrest longer than 24 hours requires "a written order from the investigator" (Article 33), but can be ordered "if the accused fails to establish his innocence" (Article 34) to the arresting officer. This criterion places Saudi law at odds with international standards that require respect for the fundamental right to presumption of innocence.
"The mabahith's disregard for their laws in arresting well-known reformers on dubious grounds shows that in Saudi Arabia, politics still trump the rule of law," Whitson said.
For background on the human rights situation in Saudi Arabia, please see:
- Saudi Arabia chapter of Human Rights Watch's World Report 2007: http://hrw.org/englishwr2k7/docs/2007/01/11/saudia14717.htm
- February 2006 letter from Human Rights Watch to King Abdullah bin Abd al-'Aziz Al Sa'ud on rights reform in Saudi Arabia: http://hrw.org/english/docs/2006/02/07/saudia12621.htm
- February 2006 memorandum from Human Rights Watch to the Government of Saudi Arabia on human rights priorities in the Kingdom: http://hrw.org/english/docs/2006/02/07/saudia12622.htm
- May 2005 Human Rights Watch news release, "Petitioners for Reform Punished for Exercising Their Right to Free Speech": http://hrw.org/english/docs/2005/05/16/saudia10955.htm
For further information, contact Christoph Wilcke (English, German, Italian, Arabic), New York, tel: +1 212 216 1295, mobile: +1 646 322 8355; Fadi Al-Qadi (Arabic, English), Cairo, tel: +20 2 794 5036, mobile: +20 12 135 9232; or Human Rights Watch, 350 Fifth Ave., 34th Floor, New York NY 10018-3299, U.S.A., tel: +1 212 290 4700, fax: +1 212 736 1300, e-mail: hrwnyc@hrw.org, Internet: http://www.hrw.org/
Bussi y Menéndez podrán gozar del arresto domiciliario
La Cámara Federal de Apelaciones decidió no conceder el recurso de casación interpuesto por el fiscal subrogante contra la sentencia que les otorgaba el beneficio a los represores. Los militares retirados cumplen prisión preventiva acusados de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
Los represores Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez podrán gozar del beneficio de la detención domiciliaria en lugar de cumplir en la cárcel de Villa Urquiza la prisión preventiva que pesa sobre ellos por violaciones a los derechos humanos, se informó.
La Cámara Federal de Apelaciones resolvió no conceder el recurso de casación que había interpuesto Emilio Ferrer, en el carácter de fiscal de Cámara subrogante, contra la sentencia a favor de que a los militares retirados se les concediera la detención domiciliaria.
La resolución fue firmada por Graciela Fernández Vecino, Marina Cossio de Mercau y Enrique Andrada Barone (este en el carácter de conjuez), informaron hoy voceros judiciales.
El fiscal Ferrer pretendía que la cuestión fuera revisada por la Cámara Nacional de Casación Penal, pero los camaristas concluyeron que el recurso no era procedente, porque la sentencia de la Cámara no era definitiva, sino que se limitaba a señalar que la prisión preventiva que pesa sobre los procesados podía ser convertida en arresto domiciliario por razones humanitarias.
Bussi tiene 80 años y padece problemas cardíacos, mientras que Menéndez tiene 79 y ambos cumplen prisión preventiva acusados de violaciones a los derechos humanos durante el último proceso militar.
El juez federal número uno, Jorge Parache, había ordenado que Bussi y Menéndez cumplieran la prisión preventiva en la cárcel de Villa Urquiza ante un pedido efectuado por Ferrer, pero la resolución fue apelada por el abogado de los ex militares, Horacio Conesa Mones Ruiz.
El abogado solicitará en las próximas horas, una vez que tenga en sus manos la resolución judicial, que se ejecute la sentencia de la Cámara para que Bussi pueda ser trasladado desde el ex arsenal Azcuénaga, donde se encuentra alojado, a un domicilio particular.
Menéndez, por su parte, ya goza de este beneficio en Córdoba, aunque está a disposición de la Justicia Federal de Tucumán.
Al fiscal general Gustavo Gómez, en tanto, le quedará interponer un recurso extraordinario, porque Ferrer hizo reserva del caso federal, a fin de llevar eventualmente el caso a la consideración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Audiencia Nacional de España define la extradición de Rodolfo Almirón
Debe ratificar el proceso contra el ex comisario y cabecilla de la Triple A, quien está en prisión desde el pasado 29 de diciembre. La Cancillería argentina envió a España el pedido para que el represor sea entregado al país y hoy vence el plazo formal para presentarlo ante el tribunal.
(Telam) La Audiencia Nacional de España deberá ratificar hoy el proceso de extradición contra el ex comisario argentino y cabecilla de la Triple A, Rodolfo Almirón, en prisión desde el pasado 29 de diciembre para ser entregado a la Argentina, según su abogado, Marcos García Montes.
El letrado español dijo ayer a Télam que hoy vence el plazo para que la justicia argentina formalice el pedido de extradición contra Almirón, por lo que su cliente "podría quedar en libertad si la documentación no llega a tiempo".
Esta situación no debería producirse ya que la Cancillería argentina envió a España el pedido de extradición dictado por el juez Norberto Oyarbide el pasado 30 de enero.
Una vez que el pedido llegue a España, la Embajada argentina es la encargada de entregarlo, aproximadamente en 48 horas, al Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno español, que a su vez deberá remitirlo al tribunal.
De todos modos, la Audiencia Nacional deberá ratificar el proceso de extradición contra Almiron, por lo que García Montes acudirá hoy a la Audiencia Nacional para corroborar la situación procesal de su cliente, quien cumple prisión provisional en la madrileña cárcel de Valdemoro.
El 28 de diciembre pasado Almirón fue detenido en Torrent, una localidad cercana a Valencia, a raíz de que los delitos de la Triple A fueron declarados imprescriptibles por el juez argentino Norbeto Oyarbide.
Oyarbide investiga los crímenes cometidos por la organización ultraderechista durante la gestión de la ex presidenta Isabel Martínez de Perón (1974-1976), quien se encuentra en libertad provisional en España pendiente de dos procesos de extradición.
El ex jefe de la Triple A llegó a España en 1975 junto al fallecido ex comisario y ex ministro argentino de Bienestar Social, José López Rega.
Desde entonces Almirón frecuentó ambientes de ultraderecha, por lo que ahora está acusado de participar, en mayo de 1976, en los sangrientos sucesos de Montejurra, en Navarra, donde pistoleros de extrema derecha dispararon contra varios carlistas progresistas y mataron a dos.
En Argentina, el presunto cabecilla de la Triple A sería el responsable de las muertes del diputado peronista Rodolfo Ortega Peña, el sacerdote Carlos Múgica, profesor Silvio Frondizi y el subjefe de la Policía de Buenos Aires Julio Troxler.
El juez Norberto Oyarbide investiga los crímenes cometidos por la Triple A, organización de ultraderecha que nació en 1973 con el objetivo de combatir a la subversión. Sus métodos ilegales incluyeron secuestros, asesinatos y torturas.
En 1983 salió a la luz que Rodolfo Almirón trabajaba como jefe de la seguridad del entonces líder de Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne.
España pide a la Argentina la extradición de más de 40 represores
Están procesados por delitos de genocidio, terrorismo y torturas, en la causa en la que el juez Baltasar Garzón investiga crímenes de la última dictadura militar. Con esta decisión, el Consejo de Ministros cumple con la sentencia dictada en 2005 por el Tribunal Supremo español.
España solicitará a la Argentina la extradición de más de 40 represores procesados por genocidio, terrorismo y torturas en el marco de la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, investiga los crímenes de la última dictadura militar argentina.
El Consejo de Ministros español, en cumplimiento de la sentencia de 31 de mayo de 2005 dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, acordó hoy dar curso a esta solicitud, que había sido frenada en agosto de 2003, tras la derogación de las leyes argentinas de Obediencia Debida y Punto Final.
De acuerdo al documento al que tuvo acceso Télam, el consejo acordó pedir la extradición, entre otros, de Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Isaac Anaya, Basilio Lami Dozo, Jorge Olivera Rovere, Antonio Bussi, Ramón Díaz Bessone, Luciano Benjamín Menéndez, Alfredo Astiz, Antonio Pernias y Héctor Febres.
Un grupo de estas personas, entre las que se encuentra Graffigna, fueron detenidas en Argentina el 26 de julio de 2003, en cumplimiento de una orden internacional cursada por el juez Garzón.
El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional envió al Ministerio de Justicia la propuesta de extradición, pero el 29 de agosto de 2003, el Consejo de Ministros, del entonces presidente José María Aznar, decidió suspender el procedimiento contra los más de cuarenta represores argentinos.
Paradójicamente, en el marco de la misma causa, México extraditó dos meses antes a España al represor Ricardo Cavallo, quien ahora podría ser enviado a la Argentina por una decisión de la Audiencia Nacional de no juzgarlo.
La decisión del gobierno de Aznar consideró que con la derogación de las leyes de Obediencia debida y Punto Final, los jueces argentinos habían recuperado su plena soberanía para actuar y, por lo tanto, no procedía la extradición.
Al no formalizarse el pedido de extradición, el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral dejó en libertad a estas personas. A pesar de la medida, la detención de varios represores dio origen a distintas causas en Argentina.
Sin embargo, las acusaciones populares y particulares en los juicios de España interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra el citado acuerdo del Consejo de Ministros español.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo resolvió en mayo de 2005 ese recurso contencioso- administrativo y en su sentencia declaró que el Consejo de Ministros debía dar curso a la solicitud de extradición ante el Gobierno de Argentina para su tramitación.
El Tribunal Supremo consideró que el gobierno de José María Aznar había tomado una decisión que era una injerencia en los asuntos propios de la justicia.
Más de un año y medio después, el gobierno español del presidente José Luis Rodríguez Zapatero explica que "está obligado a cursar la petición de extradición del Juzgado Central de Instrucción Número 5 a Argentina, decisión que fue tomada hoy en el Consejo de Ministros".
"Es una medida muy importante y ayuda a que, ante las dificultades surgidas en Argentina, se sienta que las jurisdicciones de fuera del país siguen actuando", dijo el abogado Carlos Slepoy a Télam.
En ese sentido, el letrado agregó que "ahora se pueden dar diferentes situaciones, una de ellas es la de las personas que ya están siendo procesadas en Argentina, y que la justicia local puede no extraditar hasta tanto se resuelvan estas causas en el país".
"Otro es el caso de los que no están procesados, quienes se podrían extraditar inmediatamente, una vez iniciado el trámite procesal", agregó Slepoy.
El procedimiento es el mismo al que actualmente están sometidos en España el ex comisario y presunto cabecilla de la Triple A, Rodolfo Almirón, y la ex presidenta argentina, María Estela Martínez de Perón. En tanto, el abogado de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos-Madrid (AAPDH-M), Antonio Segura, dijo a Télam que esta decisión es muy importante.
Sin embargo, señaló que con esto Madrid intenta "cubrirse las espaldas ante las denuncias de que España está colaborando con la impunidad de criminales internacionales, tras la decisión de avanzar en la extradición a la Argentina de Ricardo Cavallo".
Febrero 9, 2007
Declaración de Familiares ante la firma de la "Convención Internacional contra la desaparicion forzada de personas"
En febrero de 1981 se realizó en Francia el “Coloquio de París” con la concurrencia de Organismos de Derechos Humanos argentinos, del exilio argentino en Francia en la organización y la participación de prestigiosos juristas internacionales.
De allí surgió el primer proyecto de Convención sobre desaparición forzada de personas.
Un año después la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos -a la que integran, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora-, en el Congreso realizado en Lima redactó un nuevo proyecto.
Éstos y otros redactados posteriormente fueron presentados ante Naciones Unidas e impulsados por FEDEFAM y por todos los organismos de familiares de América Latina.
Ha pasado un cuarto de siglo. En estos años la desaparición forzada se ha extendido a casi todos los países de América Latina, Asia y África.
Pero, finalmente, la constancia y la conciencia de la imperiosa necesidad de la aprobación de este instrumento internacional, dieron sus frutos y la Convención es hoy una realidad.
Nos congratulamos por este logro y esperamos que sea una realidad la “protección de todas las personas en contra de la desaparición forzada”.
Peru: Segunda Sentencia por Desaparición Forzada: Chuschi Presente
08 de febrero del 2007
Ideele
El 14 de marzo de 1991, alrededor de la medianoche, efectivos de la Policía Nacional y el Ejército, ingresaron a las viviendas de tres autoridades y de un menor de edad en el distrito de Chuschi, departamento de Ayacucho, sacándolos violentamente en presencia de sus familiares.
Esa noche se detuvo a Manuel Pacotaype Chaupin, Martín Cayllahua Galindo, Marcelo Cabana Tucno, todos ellos autoridades de Chuschi, también al menor Isaías Huamán Vilca, para luego ser conducidos al Puesto Policial de Chuschi. En la mañana del día siguiente, fueron llevados por una patrulla del Ejército con rumbo a la Base Militar de Pampa Cangallo. Como era de esperarse los familiares de los detenidos los siguieron percatándose del ingreso al recinto militar; luego de ese día no los volvieron a ver.
Los familiares de las víctimas denunciaron los hechos no sólo al Ministerio Público sino también al Congreso de la República [1] llegando inclusive a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[2] .
Han transcurrido 16 años desde lo sucedido en el distrito de Chuschi para que una instancia nacional determine responsabilidades y sancione a los responsables, y es en ese sentido que el pasado lunes 05 de febrero del 2007 los miembros de la Sala Penal condenaron a 14 años de pena privativa de libertad al oficial del Ejército Collins Collantes Guerra y a 6 años al efectivo policial Luis Juárez Aspiro por la comisión del delito contra la humanidad en la modalidad de desaparición forzada.
Ahora bien, ésta es la segunda sentencia que dicta la Sala Penal Nacional por la comisión del delito de desaparición forzada, recordemos que la primera fue por la detención y desaparición del estudiante Ernesto Castillo Páez [3]. Esta última resolución recoge argumentos de derecho internacional y de derecho internacional humanitario, y lo más importante es que avanza jurisprudencialmente ya que no se limita a establecer sanciones sino que ordena remitir copias de todo lo actuado al Ministerio Público para que inicie las investigaciones en contra de los superiores que prestaron servicios en la Base Militar de Pampa Cangallo. Ello debido a que durante el desarrollo del juicio oral el condenado Collins Collantes aseguró que había actuado en cumplimiento de órdenes superiores.
Además, la sentencia dispone que a través del Ministerio Público y en coordinación con otras instituciones del Estado se continúe con la búsqueda de los restos de las víctimas para su posterior entrega a los familiares, cosa que no se ordenó en el caso de Ernesto Castillo Páez.
Por otro lado, no podemos dejar de reconocer que la sentencia es un trabajo conjunto de magistrados, del representante del Ministerio Público y de las abogadas de la parte civil; sin embargo, también es necesario reconocer la labor que cumplieron los familiares de las víctimas: personas campesinas, algunos de ellos quechua hablantes, que no dudaron en denunciar los hechos a pesar de las condiciones adversas de esos años.
Finalmente, debemos agregar que actualmente en el Poder Judicial como en el Ministerio Público existen decenas casos sobre violaciones a los derechos humanos, que por cierto no debería esperar 16 años para ser esclarecidos y obtener una resolución justa.
(Patricia Figueroa Valderrama)
[1] El 05 de julio de 1991 se constituyó una Comisión Investigadora del Senado de la República, designada para esclarecer los hechos.
[2] En su Informe Nº 47/00 del 13 abril del 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado Peruano, a través de los efectivos policiales del distrito de Chuschi, apoyados por los efectivos militares de la Base Militar de Pampa Cangallo, detuvo a los señores Manuel Pacotaype Chaupín, Martín Cayllahua Galindo, Marcelo Cabana Tucno e Isaías Huamán Vila el 14 de marzo de 1991 en el distrito de Chuschi, provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho, y que posteriormente fueron desaparecidos.
[3] Sentencia del 20 de marzo del 2006, dictada por la Sala Penal Nacional y que condena a cuatro efectivos policiales a penas entre quince y dieciséis años.
Olmert asks Britain to protect Israeli officers from war crimes charges
Prime Minister Ehud Olmert asked the visiting British foreign minister this week to push for a law preventing the arrest in Britain of Israeli military officers on suspicion of war crimes against Palestinians, an Israeli official said Thursday.
British Foreign Minister Margaret Beckett responded favorably to the request, said Olmert's spokeswoman, Miri Eisin.
Israel has been seeking such protections for several years. In 2005, Doron Almog, a retired Israeli general, refused to get off a plane in London after he was tipped off he was about to be arrested by British authorities over a 2002 air strike in the Gaza Strip that killed a Hamas leader and 14 others, nine of them children. He flew straight home.
British police later canceled an arrest warrant against Almog, reports AP.
Beckett "was very aware of the issue and said they are trying to address and change it," Eisin said.
Karen Kaufman, a spokeswoman for the British Embassy in Tel Aviv, confirmed "the matter was raised." She declined further comment because Wednesday's meeting was private.
Febrero 8, 2007
Colombia: Desaparición de Javier Emilio Suárez Arenas
Natural de Becerril, Departamento del Cesar, Republica de Colombia, de 26 años de edad, quien se encontraba en la Serranía del Perijá- Machiques- Venezuela, en calidad de solicitante de refugio junto con su núcleo familiar compuesto por (padre, hermanos, sobrinos), éste joven salió de la comunidad donde residía (zona rural), con la finalidad de cobrar un dinero de 3 vacas que su papá vendió, al llegar al sitio conocido como LA MORENA, (zona urbana), se encontró con un conocido al cual invitó para que lo acompañara; pero este al encontrarse ocupado se excuso y en un gesto de compañerismo le prestó la motocicleta que meses antes había comprado.
Ese 16 de Junio de 2006, JAVIER SUAREZ, salió en la moto de su amigo, y hasta la fecha no se sabe del paradero de él y la moto. Esta familia en Colombia pasó por los avatares de la Guerra al ser mutilada su señora madre por la motosierra empuñada por los generadores de la violencia, razón por la cual deciden pedir refugio en este País.
Febrero 7, 2007
La Audiencia Nacional deja en libertad a Cavallo y éste se entrega "voluntariamente" para ser extraditado.
La ingeniería procesal de la Audiencia Nacional deja en libertad a Miguel Angel Cavallo, responsable de crímenes contra la humanidad. (Equipo Nizkor). Radio Nizkor, 30ene07
En un comunicado hecho público el 26dic06 bajo el título “Hay razones procesales para suponer que el oficial naval Miguel Angel Cavallo quedará en libertad”, el Equipo Nizkor actualizaba el estado del caso a tenor del auto de 20dic06 por el que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, integrada por los magistrados Alfonso Guevara Marcos (Presidente), Ricardo Rodríguez Fernández y Fermín Javier Echarri Casi, se declaraba incompetente para juzgar a Cavallo e invitaba a las autoridades Argentinas, una vez más, a solicitar formalmente su extradición.
En este comunicado desarrollábamos la historia procesal del caso desde que el 03oct03 se dictara el primer auto de conclusión del sumario, es decir, desde que se decretara la terminación de la etapa de investigación respecto del procesado. Exponíamos asimismo una serie de conclusiones a tenor del auto de 20dic06 mencionado. El análisis de la situación creada por la Sección Tercera de la AN mediante ese auto permitía concluir que la consecuencia probable del mismo sería la libertad del procesado.
Pues bien, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional puso ayer, 29ene07, en libertad a Cavallo, al haber expirado el plazo legal de 40 días concedido a Argentina para remitir la documentación de cara a su extradición, y ello a pesar de que esa resolución no es firme, pues fue recurrida ante el Tribunal Supremo.
El 30ene07, Cavallo compareció a primera hora, voluntariamente, ante el juez de instrucción de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Lo hizo acompañado de su abogado, Fernando Pamos de la Hoz.
El juez, tras comprobar la existencia de una orden de prisión dictada contra Cavallo el pasado 27 de diciembre de 2006 por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 12 de Buenos Aires, Sergio Torres, que le ha procesado en relación con cinco causas criminales, procedió a decretar la prisión de Cavallo, en el marco de este procedimiento de extradición...
Es evidente la clara intención de romper la unidad procesal que tiene el dejar en libertad a Cavallo, el cual al presentarse “voluntariamente” entra de lleno en lo que se denomina una extradición pasiva y además sin relación procesal entre los dos procedimientos...
JOAN MANUEL SERRAT RINDIÓ HOMENAJE A LAS VICTIMAS DE LA DICTADURA DE STROESSNER Y ABOGÓ POR LA MEMORIA HISTORICA
por Federico Tatter
El prestigioso cantautor catalán dedicó su segunda y única actividad pública en Paraguay a visitar , este mediodía,el Museo de las Memorias" Dictadura y Derechos Humanos" ubicado en un antiguo centro de torturas de la larga dictadura de Alfredo Stroessner, y saludó a víctimas y referentes de Derechos Humanos en Paraguay, país en el que funciona actualmente, la Comisión de Verdad y Justicia para investigar los crímenes ocurridos entre 1954 y 1989.
La invitación fue formulada por el colectivo de ongs de DDHH denominado MESA MEMORIA HISTORICA y la Fundación Celestina Pérez de Almada, cuyos directivos Martín Almada y Antonio Pecci, lo condujeron por un breve recorrido por salas de torturas y calabozos hasta llegar al auditorio donde lo recibieron gran cantidad de defensores y defesnoras de DDHH, entre las que se destacaron Idalina de Tatter, de Madres Línea Fundadora, Gladys de Sanemann, Elba Elisa Benítez de Goiburu, así como hijos y familiares de centenares de detenidos desaparecidos en Paraguay y Argentina en el marco del Operativo Cóndor. Emilio Barreto, actor y escrito teatral, detenido y torturado en ese mismo lugar, leyó un afiche recordotorio de su visita y agradeció en nombre de los asistentes. Serrat agradeció con emocionadas palabras y partio de regreso a Buenos Aires, luego de haber cautivado a un auditorio de más de mil personas, con un concierto unipersonal, en las que se presentó su nueva serie de cancioes "100 x100 Serrat Mó".
Palabras de Serrat en el Museo de las Memorias
Refiriéndose al local del Museo, un antiguo centro de detención y tortura de presos politicos bajo la dictadura stronista (1954-1989), donde se conservan instrumentos de tortura, Serrat manifestó. "Es un lugar que por una parte provoca escalofrios y angustia, pero por otra parte nos sirve a todos como punto de reflexión, de búsqueda de quienes fuimos y de dónde queremos ir". En esta única actividad pública, el cantautor español señalo tambien: "La memoria es fundamental para que aquellos que dejaron su vida en los caminos de la búsqueda de la libertad, los que murieron asesinados por la opresión, por la dictadura, sigan con nosotros, en tanto sigan vivos en esta casa de la memoria" luego de saludar a familiares de desaparecidos y víctimas de la dictadura. "La gente no muere nunca, hasta que no se la olvida. Nosotros mantendremos la memoria para mantener su presencia y su ejemplo", exhortando a que nunca más se permitan sistemas totalitarios. FIN.
Febrero 6, 2007
Spanish judges let Argentine repressors off the hook.
It's a good time to be an Argentinian human rights violator in Spain. Once upon a time Spain was in the spotlight for its progressive application of international human rights law. In 1998 Pinochet was arrested in London at the request of Spanish judicial authorities, in 2003 Argentine repressor Miguel Cavallo was extradited to Spain from Mexico and in 2005, Argentine captain Adolfo Scilingo was found guilty of committing crimes against humanity. That same year, the Spanish Constitutional Tribunal ruled that Spain had universal jurisdiction over human rights violations.
But the tide has turned, and a new class of conservative judges has taken over the National Audience, Spain's trial chambers. They are associated with fundamentalist currents within the Catholic Church and sometimes espouse Franquist ideologies; Judge Guevara Marcos, the President of the Chamber in charge of the Cavallo trial, for example, is a Catholic fundamentalist close to Opus Dei who was sanctioned by the General Council of the Judicial Power for racist attitudes. These judges are antagonistic to criminal procedures against human rights violators in general, and seem determined to rid Spain of these cases.
Miguel Cavallo was part of Task Force 3.3.2, an inter-force squad charged with kidnapping, torturing and killing suspected "subversives," among others. Later, Cavallo joined the Argentine Foreign Task Force that went to Central America to train others in counter-insurgence and torture techniques. In 2000, Cavallo was located in Mexico and in 2003 he was extradited to Spain. Finally, in February 2005 the instructional phase of the procedures against Cavallo concluded, and the case passed to the trial stage.
Since then, there have been a series of tactics put in place to delay his trial, which had not started by December 2006. In December 2006, moreover, the trial court suddenly decided it did not have jurisdiction over Cavallo, as he had also been indicted by courts in Argentina. This, despite clear language by the Spanish Constitutional Tribunal that Spain enjoyed concurrent jurisdiction to try crimes against humanity. The trial court gave Argentina 40 days to present documentation upon which to base an extradition. This was done in the height of Argentine summer, when courts are on vacation. The Argentine court scrambled to send the documentation on time, but this was not forwarded to the National Audience, and Cavallo was set free.
Cavallo has now stated he will present himself for voluntary extradition. That would be to his advantage, as he then can negotiate the charges on which he will be extradited - and he will not have to face additional charges when he arrives in Argentina. These charges are likely to be limited to the murder of journalist Rodolfo Walsh, and perhaps a few other murders - but will most likely not be for crimes against humanity as such. This will mean he will not have to testify about his involvement in either task force described above. Moreover, Cavallo will be freed in June 2007, when his pre-trial detention ends. It can take several years before a trial in Argentina starts, if at all, so he would be de-facto a free man.
The same may happen with Juan Carlos Fotea, a former counter- intelligence agent and member of the Foreign Task Force that operated in Central America during the 1980s. Despite the fact that Fotea had been indicted numerous times by Garzon as early as 1997, Garzon has suddenly decided that Spain no longer has jurisdiction over Fotea, for similar reasons to those claimed in the Cavallo case. Fotea's case is being appealed. Meanwhile bail has been set and reduced for Fotea, and it's likely that at some point he'll be released on his own recognizance.
The legal strategy being pursued in Spain appears to be designed to minimize the number of the accused and the severity of the charges against them. Trials in Argentina will likely result in the accused being tried on common crimes rather than crimes against humanity (as Scilingo was in Spain). Being tried for a crime such as murder will require a greater level of evidence to convict the accused of a particular crime - rather than demonstrating a particular behavior and/or membership in a criminal organization which led to the commission of crimes - and minimizes the seriousness of the crimes and the potential punishment those accused have to face.
So if you are a Latin American human rights violator, you could do worse than visiting Spain.
Según Solari Yrigoyen, "ni la ex presidenta ni nadie podía ignorar la existencia” de la Triple A
El ex senador es considerado la primera víctima de la agrupación paramilitar que actuó en los años de plomo. Tras cargar sobre Isabel Martínez de Perón, expresó su satisfacción por brindar testimonio en carácter de “luchador de toda la vida por los derechos humanos”.
El ex senador Hipólito Solari Yrigoyen, considerado la primera víctima de la Triple A, afirmó hoy que "ni la ex presidenta" María Estela Martínez de Perón "ni nadie, podía ignorar la existencia" de la agrupación paramilitar.
Solari Yrigoyen, quien declarará hoy ante el juez Norberto Oyarbide, a cargo de la investigación de la causa sobre los crímenes atribuidos a la Triple A, expresó "una doble satisfacción" por tener que brindar testimonio ante la Justicia en carácter de "luchador de toda la vida por los derechos humanos".
En declaraciones a Radio Continental, el ex senador manifestó su deseo de que "se dilucide la verdad" para "terminar con la impunidad con que esta organización terrorista con vínculos estatales" entre 1973 y 1975.
Solari Yrigoyen definió al atentado contra su persona, el 21 de noviembre de 1973, como "el primer atentado que asumió públicamente la Triple A", y opinó que a partir de los juicios que se están llevando a cabo se pueden sanar "viejas heridas de la impunidad".
Cristina Fernández: "Este es un gran día para la condición humana"
Nota correspondiente a la publicación del día Martes de 6 de Febrero de 2007
Antes de firmar la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, aseguró que "la administración del presidente Kirchner ha hecho de los derechos humanos uno de los pilares básicos de su gobierno". Y agregó que la desaparición de Julio López generó "la convicción más absoluta" de que los juicios contra los genocidas "se deben llevar adelante".
La Argentina, "el segundo laboratoria de ensayo" del Holocausto, da la bienvenida a la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas como un "aporte invalorable a la defensa de la condición humana", dijo hoy la senadora Cristina Fernández de Kirchner.
En un discurso ofrecido en la sede de la cancillería francesa, donde se firmó la convención ante representantes de 50 países, la legisladora explicó que la Argentina tuvo "el protagonismo triste" de haber sufrido el horror "del terrorismo de Estado".
Durante el acto, la senadora aseguró que, en la actualidad, la defensa de los derechos humanos se había convertido en "uno de los pilares básicos" del gobierno que preside Néstor Kirchner.
Al referirse a los crímenes de la última dictadura militar, Fernández de Kirchner expresó su satisfacción porque "los tres poderes del Estado, junto a una sociedad democrática, han decidido declarar la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y consagrarse a la memoria y el castigo de los culpables".
En este contexto, se refirió a la desaparición de Jorge Julio López, que, sostuvo, generó "en el Gobierno la convicción más absoluta" de que los juicios contra los genocidas "deben seguir llevándose adelante". La senadora aseguró que "ésta es la única garantía" de que "estas aberraciones no vuelvan a suceder".
Fernández de Kirchner sostuvo que se estaba viviendo "un gran día para la condición humana" y dijo que la enorgullecía que la Argentina, junto a la "hermana" República de Francia, "sean grandes impulsoras" de esta convención. Asimismo, destacó que asistía "con mucho honor" a este acto de firma, al que consideró "un compromiso institucional, moral, político y generacional".
La legisladora se manifestó honrada de pertenecer a una "generación que fue la víctima propicia de ese terrorismo de Estado" y dijo que la convención reivindicaba a "todos aquellos que no tuvieron derecho a defenderse ante un juicio justo".
Minutos antes de firmar el texto de la convención, la senadora respaldó la actuación de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en especial de las dirigentes Estela Carlotto, Hebe de Bonafini y Marta Vázquez, en su defensa de los derechos humanos.
Telam - Agencia Nacional de Noticias de la República Argentina - Versión de la nota para impresión.
Marta Vásquez aseguró que el documento "ayudará a mantener viva la memoria"
La titular de Madres de Plaza de Mayo-Línea fundadora se refirió de esta manera al documento que se firmó hoy en París. "Hemos alcanzado nuestro objetivo, es un día memorable", manifestó la reconocida luchadora por los Derechos Humanos.
La titular de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Marta Vásquez, dijo hoy que la firma de la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas "nos ayudará a mantener viva la memoria".
Respecto a la larga lucha de los familiares de desaparecidos para lograr este documento, Vásquez afirmó: "Hemos alcanzado nuestro objetivo, hoy será un día memorable".
Vásquez, destacada luchadora por los Derechos Humanos, fue una de las oradoras en el acto de firma de la Convención Internacional Contra la Desaparición Forzada de Personas que se realizó en la sede diplomática francesa Quai D’Orsay, en París.
En 1973, Marta era madre de seis hijos, pero la represión ilegal le arrancó a su única hija mujer y fue entonces cuando empezó una ardua lucha que lleva más de 30 años y es reconocida a nivel mundial.
Un logro tras el difícil camino en la lucha por los Derechos Humanos
El subsecretario de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarolo, señaló que la firma de la Convención "fue una tarea muy difícil" por las obstrucciones que habían padecido por parte de "la diplomacia militar”. Al respecto, admitió que existe "una gran satisfacción" por la rúbrica, "sobre todo pensando en las víctimas, en los que no están".
El subsecretario de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarolo, señaló hoy que "hay una gran satisfacción" por la firma de la Convención Contra la Desaparición Forzada de Personas, "sobre todo pensando en las víctimas, en los que no están".
Recordó que el escritor Julio Cortázar, al hablar en la inauguración del Coloquio de París, en 1981, donde se comenzó a analizar la elaboración de una convención sobre el tema, enfatizó en que más que pensar en "categorías jurídicas, tenemos que sentir a las víctimas, su aliento, rescatarlos como seres humanos".
"Eso me parece fundamental: las categorías jurídicas tienen cierto grado de abstracción y esas palabras apuntaban al sentido de la vida", dijo Mattarollo en una entrevista con Télam, en la que destacó los hitos fundamentales que marcaron el camino hasta llegar hoy a la firma del instrumento jurídico internacional.
El funcionario señaló que le tocó a él "realizar, en agosto de 1976, la primera denuncia sobre la desaparición forzada de personas en la Argentina, ante la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra", en nombre de "la comisión internacional de juristas, una ONG con estatuto consultivo".
Esa denuncia fue repetida "en marzo de 1977 ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU", en lo que significó el comienzo de una acción de "denuncia sistemática de violaciones, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, que aparecía como el método fundamental que empleaba la Junta Militar".
Recordó que "esta fue una tarea muy difícil" por las obstrucciones desplegadas por "la diplomacia militar argentina que, aliada en ese momento a la entonces Unión Soviética, con quien tenía excelentes relaciones comerciales, desarrollaba una férrea labor en contra de las denuncias de las ONG".
En ese marco, "el exilio argentino aparece como un actor importante, al cumplir un papel fundamental de explicación, de información de la opinión pública internacional", en un trabajo de "crear, ingeniarse para hacer llegar sus denuncias a la ONU a través de las ONG que ofrecieron sus tribunas", dijo Mattarollo.
Rescató la intervención de "gente honesta y competente que había en el seno de la ONU", como el experto holandés Leo Van Vogen, quien "creó un grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas con la finalidad de tomar el caso argentino y de otros países".
El grupo comenzó a trabajar en 1980 en la ONU para "colaborar con los gobiernos en la búsqueda de desaparecidos", con un mandato de un año, a cuyo término, frente a una "ofensiva de la diplomacia militar argentina para que no se renueve, "un núcleo de abogados argentinos exiliados en Francia, decidimos hacer un gran evento internacional", indicó.
Nació así en 1981 el Coloquio de París, el cual "produce una gran convocatoria durante dos días: el 31 de enero, en el Senado de Francia, y por la gran repercusión, al día siguiente, primero de febrero, continúa en la Cámara de Diputados".
"Con alocución de Julio Cortázar se lee el libro ’La negación del olvido’ y se presentan por primera vez los proyectos de Convención, algunos elaborados en Europa y otros en Argentina, y se logra la renovación del mandato para el funcionamiento del grupo, que aún hoy día existe", recordó Mattarollo.
En los años ’90, al cumplirse una década del funcionamiento del grupo, se redacta un informe en el cual se expresa que "si hubiera que identificar una causa de las desapariciones, el rasgo fundamental que las explica sería la impunidad, y esa fue una buena referencia para los argentinos".
El funcionario señaló las dificultades que encontraron para definir la figura de la desaparición, al tratarse de "un comportamiento complejo, que reunía múltiples violaciones", lo cual "retardó durante años la acción de la convención".
Por ello "se adoptó la estrategia de tender hacia una convención pero, antes, obtener una declaración que fue hecha en 1992 por la ONU y lograda por actividades como el coloquio de París de 1981 y el coloquio de Bogotá de 1986".
Luego, acotó, "un grupo de juristas latinos nos reunimos en Ginebra con juristas europeos para redactar un anteproyecto y una figura clave en todo esto. El experto francés Luis Joinet presenta un proyecto de convención, elaborado sobre la base de ese trabajo, a la subcomisión de Derechos Humanos de la ONU".
"En el 2003 se forma un grupo de composición abierta para redactar una convención definitiva, donde a mi me tocó ser el jefe de la delegación argentina, y el año pasado se aprobó por unanimidad en el Consejo de Derechos Humanos, tras lo cual lo adopta la Asamblea General el 20 de diciembre y se convirtió así en una Convención patrocinada por más de cien Estados", concluyó Mattarollo.
Febrero 2, 2007
Conferenza Stampa ESMA 8.2.2007 ore 16.30 c/o Provincia di Roma
Provincia di Roma
Palazzo Valentini
Via IV Novembre 119/A
Sala delle Bandiere
giovedì 8 febbraio 2007 - ore 16.30
ESMA: Processo a Roma contro i militari argentini
Da questa caserma della Marina militare, sita nel centro di Buenos Aires, sono passate 5.500 persone, delle quali 4.400 sono state uccise e buttate in mare con i "voli della morte".
Il processo italiano contro cinque ufficiali argentini riguarda gli omicidi di Angelamaria Aieta Gullo, e di Giovanni e Susana Pegoraro.
Le prossime udienze dibattimentali -con audizione di testimoni- si svolgeranno i giorni 8 e 9 febbraio 2007 nell’Aula Bunker di Rebibbia (in Via di Casale S. Basilio 168 a Roma) e riguarderanno nello specifico i casi di Giovanni e Susana Pegoraro.
Nella conferenza stampa i testimoni, le parti civili e gli avvocati illustreranno l’esito dell’udienza.
INTRODUCE:
Massimiliano Massimiliani, Provincia di Roma
INTERVENGONO:
Inocencia LUCA PEGORARO, parte civile
Raúl CUBAS, ex-detenuto all'ESMA
Elisa TOKAR, ex-detenuta all'ESMA
Lila PASTORIZA, ex-detenuta all'ESMA
Norma BURGOS, ex-detenuta all'ESMA
Alicia MILIA, ex-detenuta all'ESMA
Graciela DALEO, ex-detenuta all'ESMA
Marcello Gentili, avvocato parte civile
Giancarlo Maniga, avvocato parte civile
Ernesto Magorno, Provincia di Cosenza
Jorge Ithurburu, Comitato promotore processo ESMA
Info: 339 28 75 195 http://www.24marzo.it/
Clarín: Caso Gelman: intentó fugarse por segunda vez uno de los militares uruguayos reclamados por Argentina
El ex coronel Gilberto Vázquez, acusado por la desaparición de la nuera del poeta en 1976, fue confinado a una celda de castigo luego de que los guardias detectaran que planeaba escaparse. El año pasado había estado prófugo durante cuatro días tras escaparse del Hospital Militar, donde estaba internado.
Por segunda vez, el coronel retirado Gilberto Vázquez, detenido en una cárcel especial de Montevideo y con pedido de extradición por parte de la Justicia argentina por su presunta vinculación con la desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman hace tres décadas, intentó fugarse de la prisión, pero los guardias frustraron su intención.
Según los medios uruguayos, los guardias del ex Batallón Ingenieros, actual unidad 8 de Montevideo, donde se encuentra detenido el ex militar detectaron su plan de escape a tiempo y lograron frutar la fuga. El diario El País informó que Vázquez intentó usar dulce de membrillo para corroer los barrotes de la celda y tenía escondida entre sus pertenencia una pequeña sierra.
Finalmente, el represor -acusado por violaciones a los derechos humanos y requerido y con pedido de extradición por parte de la justicia argentina- fue sometido a un arresto a rigor, confinado a un "encierro total" y privado de la posibilidad de visitas por los próximos 60 días.
Sin bien esta vez, el intento de escape fue frustrado, no sucedió lo mismo el 3 de julio del año pasado cuando el ex coronel se fugó del Hospital Militar donde estaba siendo atendido por una afección en la próstata.
Su aventura duró sólo cuatro días, porque el 7 de julio fue recapturado por una comisión de Interpol oculto en la casa de una prima en el barrio Sur de Montevideo. en un primer momento el ex militar, que presentaba una imagen muy cambiada con extensiones de pelo color caoba y vestimenta andrajosa, intentó escaparse por la azotea. Sin embargo, y pese a que portaba un arma, cuando se vio rodeado por los efectivos, decidió entregarse.
A raíz de esa fuga, Vázquez y otros militares procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura uruguaya (1973-1985) fueron trasladados a la Cárcel Central desde sus alojamientos en dependencias del Ejército, donde gozaban de un régimen de arresto flexible.
Más tarde, el último 23 de diciembre, cinco oficiales del Ejército -Vázquez entre ellos- y dos ex policías procesados por crímenes durante el gobierno de facto, fueron encerrados en una prisión especial que acababa de construirse.
Clarín: El represor que reivindicó el terrorismo de Estado deberá ampliar su indagatoria
El ex jefe de operaciones navales Luis María Mendía, imputado por violaciones a los derechos humanos, será citado nuevamente por el juez federal Sergio Torres. Ayer, el almirante retirado dijo ante el magistrado que la represión durante la dictadura fue legal, al haber sido ordenada por el gobierno de Isabel Perón.
El detenido vicealmirante retirado Luis María Mendia, que ayer asumió ante la Justicia la autoría intelectual del plan represivo de la Armada en la última dictadura que incluyó los "vuelos de la muerte", deberá volver a los tribunales para ampliar su declaración indagatoria.
La medida, que aún no tiene fecha, fue resuelta por el juez federal Sergio Torres que quiere repreguntar a Mendía, de 82 años y ex 'número 3' de la marina de guerra, sobre puntos precisos de la ejecución del "Plan de Capacitación contra la insurgencia terrorista de la Armada argentina" (Placintara), informaron fuentes judiciales.
El Placintara, concebido en 1975 con "operaciones especiales" por parte de los marinos, tales como los 'vuelos de la muerte', es decir arrojar vivos y dopados al mar a guerrilleros y opositores a la dictadura, llevó la firma de Mendía y se impartió a oficiales y suboficiales.
La decisión judicial de ampliar la declaración indagatoria se produce apenas 24 horas después de la resonante exposición que ayer hizo Mendía, cuando dijo que lor represores de la ESMA cumplieron órdenes suyas y de la ex presidenta Estela Martínez de Perón.
Por primera vez desde la 'guerra sucia' de la dictadura, el ex jefe de Operaciones Navales asumió ayer la responsabilidad de lo ocurrido en la Escuela de Mecánica de la Armada, por donde pasaron unos 5.000 prisioneros, torturados y en tránsito hacia los 'vuelos de la muerte': "Yo impartí las órdenes", aseguró.
A Mendía la Cámara Federal le confirmó el procesamiento por 151 hechos de torturas y secuestros en la denominada "megacausa ESMA", por lo que el vicealmirante cumple prisión preventiva en su domicilio a la espera de que se lleve a cabo el juicio oral.