EntriesArg - Confirmarán la condición de lesa humanidad en los crímenes cometidos por la Triple A
Rionegrino Declara en Causa de la Triple A
La suerte de Isabel se definiría en los próximos días
Piden que citen al español Fraga Iribarne por Triple A
Fin de la impunidad de los responsables de los crímenes de estado de la 'Triple A'
La causa de la Triple A sumó un testigo del Gran Rosario
Según Solari Yrigoyen, "ni la ex presidenta ni nadie podía ignorar la existencia” de la Triple A
Más familiares de víctimas de la Triple A quieren ser querellantes en la causa
Julio 29, 2007
Arg - Confirmarán la condición de lesa humanidad en los crímenes cometidos por la Triple A
El fallo de la Cámara Federal ratificará lo que ya había resuelto el juez Oyarbide, en una causa que investiga los delitos cometidos por el grupo terrorista y en la que está pedida la extradición de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón.
La Cámara Federal prepara un fallo donde avalará la condición de lesa humanidad de los crímenes cometidos por el grupo ultraderechista Triple A, en una decisión que será firmada una vez finalizada la feria judicial de invierno, informaron este sábado fuentes judiciales.
El fallo que emitirá la sala I del tribunal de apelaciones confirmará lo ya resuelto por el juez federal Norberto Oyarbide, en una causa donde investiga los delitos cometidos por el grupo y en la que está pedida la extradición de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón.
Según anticiparon las fuentes a Télam, ya hay un borrador de voto preparado y a la firma de los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah, ya que el tercer integrante del cuerpo, Gabriel Cavallo, está excusado porque intervino como juez en instancias anteriores en la causa.
El tribunal de apelaciones considerará que la actividad de la Triple A fue un "preludio" de la represión ilegal en la dictadura y que muchos de sus miembros continuaron operando, luego, en grupos de tareas clandestinos, según las fuentes.
Además, acordará con Oyarbide al considerar que los crímenes son imprescriptibles porque fueron "orquestados desde el Estado" y cometidos bajo su amparo, un argumento similar al usado para con las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura.
De hecho, esta postura de la Cámara Federal fue anticipada ya en un fallo emitido el 19 de julio último, donde se dio por probado que el máximo referente de ese grupo fundado por el fallecido José López Rega, Anibal Gordon, actu• en el centro clandestino de detenci•n Automotores Orletti.
"Además de pesonal de la SIDE, intervenían agentes pertenecientes al Servicio de Información de Defensa, del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas de la República de Uruguay, agentes de laTriple A y agentes de la Superindendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal", entendieron los camaristas.
En ese fallo se confirmó el procesamiento y prisión preventiva de ex represores, entre ellos de los acusados del asesinato de Carlos Santucho, el hermano del fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
Todos los procesados están acusados de haber actuado en Orletti, un centro clandestino de detención que funcionó en el barrio porteño de Flores, de mayo a noviembre de 1976 bajo la órbita de la SIDE.
Pero la Cámara dio por probado que uno de los máximos referentes de la Triple A, Anibal Gordon, tuvo tareas jerárquicas en el lugar como mano derecha del entonces jefe de la Secretaría de Inteligencia, Otto Paladino.
"Pudo establecerse la presencia de Aníbal Gordon en el lugar y su vinculación con la Secretaría, siendo uno de los que se habría presentado a alquilar el inmueble con falsa identidad".
Además, militares detenidos en la causa intentaron deslindar responsabilidades y vincularon "directamente a Aníbal Gordon y ’su gente’ -personal inorgánico- en el manejo del centro", concluyeron los camaristas.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=69788&id=165789&sec=1&dis=1Junio 28, 2007
Rionegrino Declara en Causa de la Triple A
Buenos Aires.- La Dirección General de Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro comunica que en el marco de las causas judiciales que promueve ante los organismos y estados nacionales que corresponda, por secuestro, desaparición y muerte de personas durante la década del setenta en nuestro país, el Sr. Andrés Alberto Correa, una de las víctimas de dicho genocidio, actual vecino de Viedma y radicado desde 1975 en nuestra provincia, iniciará a partir de mañana una nueva gestión en la Ciudad de Buenos Aires por la causa de su secuestro por parte de la Triple A, durante el Gobierno de la entonces presidente Isabel Martínez de Perón (1974).
También la próxima semana realizará su primer declaración en Montevideo (Uruguay), ante la Organización de Madres y Familiares de Desaparecidos, Miembro de la FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos) y ante las autoridades judiciales que correspondan, por la participación conjunta de represores de ambos países en el secuestro, tortura y asesinato de tres estudiantes uruguayos que convivieron con él durante su cautiverio en distintos centros de detención de Bs. As. Y gran Bs. As. Daniel Banfid, Guillermo Jabif y Luis Latrónica.
Reiteramos el necesario compromiso del Estado Nacional y los estados Provinciales como así también el de la comunidad toda, en el Rechazo a todo intento de perpetuar la impunidad de los genocidas y renovamos el compromiso por la continuidad de los juicios contra los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A, los cometidos durante la última dictadura militar y la condena a los culpables, como así la garantía y protección de los Derechos Humanos de testigos y/o querellantes, en las causas ante la justicia contra el terrorismo de Estado.
Fuente: Ministerio de Gobierno
http://www.adnrionegro.com.ar/noticias/wmview.php?ArtID=15119Mayo 4, 2007
La suerte de Isabel se definiría en los próximos días
Telam
Según confirmaron hoy en el Tribunal Federal local, el pedido de extradición contra la ex mandataria, actualmente con residencia en España, "podría tener una definición inmediata", dado que el máximo tribunal de la justicia española ordenó seguir la causa penal.
Autoridades de la Audiencia Nacional española ordenaron esta semana continuar la causa penal contra la ex presidenta María Estela Martínez de Perón -en el marco de causa por Triple A- por los delitos de lesa
humanidad que investiga el juez federal de San Rafael, Héctor
Acosta, en perjuicio de dos sanrafaelinos.Según confirmaron hoy en el Tribunal Federal local, el pedido de extradición contra la ex mandataria, actualmente con residencia en España, "podría tener una definición inmediata", dado que el máximo tribunal de la justicia española ordenó seguir la causa penal.
Se trata de la investigación sobre la desaparición de Héctor Fagetti y la privación ilegítima de la libertad y torturas de Jorge Berón, ambos oriundos de San Rafael y que en ese entonces tenían 17 años, en el marco de la investigación por torturas y desaparición forzada de personas ocurridas en el sur mendocino durante el gobierno constitucional de Isabel Perón.
Según conoció Acosta esta semana, la justicia ordenó que prosiga la causa penal en España iniciada por varios delitos de lesa humanidad, que no tienen prescripción.
De acuerdo con un comunicado recibido por Acosta, el titular del Juzgado Centro de Instrucción 3 de Madrid, Fernando Grande Marlaska Gómez, recibió instrucciones del Ministerio de Justicia de España y el acuerdo del Consejo de Ministros para que prosiga la causa penal contra Isabel.
Fuentes del tribunal local indicaron que dado que la ex presidenta argentina solicitó no ser extraditada, se remitió el pedido a la Sección Segunda de la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional de Madrid (principal instancia penal española), que está integrada, entre otros, por el juez Baltasar Garzón.
El 13 de enero pasado, el juez sanrafaelino había ordenado la detención y extradición de Isabel Perón. Otro pedido contra la ex mandataria fue cursado por el juez federal porteño porteño Norberto Oyarbide.
María Estela Martínez de Perón, jefa de Estado argentino durante 1974-1976, fue imputada por Acosta por desaparición forzada de personas y torturas.
Una vez que concluya el trámite de la causa penal en España, la Audiencia Nacional resolverá sobre la extradición de la ex mandataria.
En enero pasado, Isabel fue detenida en su casa de Villanueva de la Cañada, en el oeste de Madrid, y llevada ante el juez español Juan Del Olmo, de la Audiencia Nacional ante quien se negó a ser extraditada.
Luego, el fiscal requirió que se le concediera la libertad condicional teniendo en cuenta que la ex mandataria tiene 75 años de edad.
Abril 18, 2007
Piden que citen al español Fraga Iribarne por Triple A
La presentación fue realizada ante el juez federal Norberto Oyarbide por la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH).
El pedido de los abogados Guillermo Loruso y Myriam Bregman responde a que diversas versiones indicarían que Iribarne 'estaría en la Argentina'.
Trascendidos periodísticos indicarían que el político 'estuvo el domingo en un acto proselitista realizado en el Teatro Avenida de esta Ciudad', según se indicó.
El pedido de citación de los organismos se vincula con que Fraga Iribarne tendría una vinculación personal con Rodolfo Almirón, uno de los acusados detenidos en España a pedido del juez Oyarbide, quien le imputa haber participado en el accionar delictivo de la Triple A.
Según los abogados, Almirón fue 'guardaespalda personal' de
Fraga Iribarne, desde 1980 'hasta llegar a ser el jefe de seguridad del líder de Alianza Popular'.'Sería de gran importancia -dijeron los representantes de los organismos- para el desarrollo de esta investigación la citación a declarar' de Fraga Iribarne.
Fuentes judiciales indicaron que el magistrado accedería al pedido de citación previas gestiones en la Embajada de España para confirmar si el testigo está aún en la Argentina y averiguaciones sobre su lugar de alojamiento.
Febrero 15, 2007
Fin de la impunidad de los responsables de los crímenes de estado de la 'Triple A'
Declaración de la APDH
Buenos Aires, 13 de febrero 2007
Fin de la impunidad de los responsables de los crímenes de estado de la 'Triple A'
La tarea permanente de la defensa integral de los DDHH obliga a otorgar una alta prioridad a la lucha a través de la Justicia contra la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad, perpetrados bajo diversas formas de terrorismo de estado. Memoria, Verdad y Justicia han sido las tres nociones fundamentales que han guiado el quehacer de todos los organismos de DDHH de la Argentina a lo largo de más de tres décadas.
Esta obligación ética ha llevado a los organismos de derechos humanos a realizar un esfuerzo permanente en la sanción de la legislación pertinente y también en la transformación del Poder Judicial, para que éste cumpla el papel que le corresponde en la defensa de los derechos fundamentales de todos los habitantes del territorio nacional, contribuyendo así a la tarea de afianzar la democracia en nuestro país.
No cabe duda que si se mantiene la impunidad en relación a los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el marco del Terrorismo de Estado, poco pueden esperar de la justicia quienes integran nuestra sociedad.La urgencia de hacer Justicia es mayor cuanto más prolongada haya sido la impunidad.
Es hora de llevar a la Justicia a los responsables de los crímenes de Estado de lesa humanidad, cometidos por la TRIPLE A y por organizaciones de similares características que existieron en varias provincias argentinas.
La conducción de este brazo criminal paraestatal estuvo en manos de José López Rega quien era miembro del gabinete de gobierno. Las amenazas y crímenes de esta organización fueron realizados de manera no encubierta, firmados al estilo mafioso, para instalar el terror en la sociedad argentina. Sus recursos empleados en el funcionamiento eran del Estado, que aseguró la impunidad de sus miembros durante largos años.
Los asesinatos, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, la desaparición forzada de personas, el exilio y la persecución sistemática de los asilados violando las convenciones de Naciones Unidas adoptadas por la Argentina, constituyen Crímenes de Estado aberrantes que claman por Justicia.La APDH apoya la prosecución y profundización de los juicios a los responsables de estos hechos aberrantes y reitera que la Justicia es la institución pública que debe poner fin a la impunidad.
No cabe ninguna duda que los horrores vividos por nuestra sociedad durante un largo período de esta historia han sido posibles por la profunda crisis político, institucional y económica.
Es fundamental que la justicia pueda actuar sin interferencias de actores políticos, económicos y formadores de opinión que apoyaron las dictaduras y el modelo neoliberal quienes pretenden impedir que se de un paso importante para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y participativa.
La APDH es conciente de la larga historia de persecución política-ideológica creciente en Argentina. Sabemos que este es un capítulo de la historia de nuestro país que aún debe ser investigado y escrito por nuestros historiadores presentes y futuros.
Lo que es imprescindible ahora es hacer justicia en el tramo de nuestra historia más reciente, período en el que todavía hay muchos protagonistas de los Crímenes de Estado, víctimas que sobrevivieron y testigos de los hechos.Declaración aprobada en sesión de Mesa Directiva de la APDH el lunes 12 de febrero - 2007-02-2007
Buenos Aires
Febrero 14, 2007
La causa de la Triple A sumó un testigo del Gran Rosario
Nota del Ciudadano al Tato
La causa de la Triple A sumó un testigo del Gran Rosario. Tres décadas después de las torturas, un militante del PC de Villa Constitución aportó su testimonio.
Aunque no es su cumpleaños ni un aniversario especial, el 3 de febrero de 1976 quedó grabado para siempre en la memoria de Alberto González, quien entonces era un muchacho de 21 años nacido en Villa Constitución y mudado a La Matanza por razones familiares. La viuda de Perón, María Estella Martínez, llevaba un año y ocho meses a cargo del gobierno de la Nación tras la muerte de su esposo el 1º de julio de 1974, y el país se encaminaba sin remedio hacia lo que luego sería las más cruel dictadura militar de las cinco que desalojaron a gobiernos constitucionales durante el siglo XX en la Argentina. Un operativo de control de Gendarmería en el Camino de Cintura y avenida Ricchieri lo sorprendió ese día arriba de un colectivo junto a su amigo y también militante de la Federación Juvenil Comunista, Pascual Manganielo, de sólo 15 años, con “material del partido” que los gendarmes mostraron especial interés en conocer. Los chuparon durante 60 horas, los picanearon y padecieron simulacros de fusilamientos en la cochera del destacamento de Gendarmería Nacional ubicado allí, sitio que apenas unos meses después comenzaría a funcionar como centro clandestino de detenciones y se conocería, más tarde, como El Vesubio. El martes Alberto González fue aceptado por el juez federal de la Capital Norberto Oyarbide como querellante en la causa que investiga los crímenes de la Triple A, y ese mismo día prestó declaración ante el secretario del juzgado.
“Yo en algún momento creí que lo que me había pasado era menor por todo lo que pasó después”, dice ahora González, un laburante de 52 años que “junto a otros 15 compañeros” constituyó una cooperativa dedicada a la construcción de viviendas en Villa Constitución, lugar al que la vida lo devolvió tras su paso por el Gran Buenos Aires. Sin embargo, la apertura de la investigación judicial de los crímenes de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) le hizo cambiar de idea y ahora cree que “es necesario que se haga justicia”.
No fue casual que Alberto González se convirtiera en militante de “la Fede”, como se conoce a la Federación Juvenil Comunista. Mamó la lucha de clases en su hogar. Su padre, un obrero metalúrgico de Villa Constitución, era un trabajador peronista y delegado gremial en la fábrica Metcon, de la que fue despedido “durante la dictadura de (el general Juan Carlos) Onganía”, recuerda Alberto. Allí comenzó “un peregrinaje como familia” en busca de empleo que depositó a los González en la localidad de Villa Madero, en el partido bonaerense de La Matanza.El 3 de febrero
“Veníamos de una reunión del partido en San Alberto. Nosotros éramos dos, yo que tenía 21 años y el otro chico (Pascual Manganielo) que tenía 15 y era militante de la Fede en secundarios”. Tres décadas después, el recuerdo de aquel día permanece claro en la memoria de Alberto González, que realiza un relato preciso de lo ocurrido.
Recuerda, por ejemplo, que junto a Manganielo viajaban “en el colectivo 97”. “Al llegar al Camino de Cintura y Ricchieri –cuenta González–, donde había un destacamento de Gendarmería que creo que todavía está, nos para un operativo de control. Hacen la requisa en el colectivo y nos encuentran el material del partido que llevábamos encima”. En febrero del 76, con la Triple A del Brujo López Rega actuando con discrecionalidad y sin freno, llevar papeles del Partido Comunista no era la mejor credencial posible.
“Nos bajan a patadas y golpes”, recuerda González sobre los modales de los gendarmes argentinos, “y nos llevan hasta la dependencia de Gendarmería que está a unos cien metros” del lugar donde habían detenido el ómnibus.
“A partir de ahí nos empiezan a torturar a Pascual y a mí”, relata González. ¿Los métodos? “Con picana eléctrica, con submarino seco (consistente en tapar la cabeza con una bolsa produciendo ahogo), estábamos encapuchados y esposados, nos golpean muy sofisticadamente con pelotas de fútbol para que los golpes sean internos y no externos”, agrega. La “sofisticación” tenía por fin que no quedaran vestigios constatables de la paliza, precursora de los métodos que poco días después comenzarían a aplicarse de modo sistemático y extendido.Dónde están las armas
Mientras le pasaban electricidad por el cuerpo los gendarmes, acompañados según González por policías de la provincia de Buenos Aires, le preguntaban: “Dónde están las armas”. Él les explicaba que sólo realizaba tareas políticas, y sus torturadores lo alentaban, asegurándole que mientras permaneciera allí (en la cochera del destacamento) no tendría problemas. “Si los llevan para el otro lado sí”, agregaban en referencia a las dependencias contiguas donde luego funcionó el chupadero El Vesubio.
“Me ponen en la nuca un FAL (Fusil Automático Liviano) y me revientan al lado del oído con otro, simulando un fusilamiento”. Luego de 60 horas de secuestro, interrogatorios y torturas lo subieron a un automóvil tapando su cabeza con una funda de almohada que, impunidad mediante, tenía inscripta la leyenda de Gendarmería Nacional. “Me pasean un rato y me dejan en los bosques de Ezeiza”, cuenta Alberto González, quien aunque ya no tiene edad para integrar “la Fede” todavía sigue siendo militante comunista.
Antes de ser privados de su libertad, Alberto y Pascual alcanzaron a gritar sus nombres mientras eran bajados del colectivo. El chofer, recuerda Alberto, “avisó a un local del partido y empezaron a buscarnos inmediatamente”. Al mismo tiempo, pero por separado, también lo soltaron a Pascual luego de torturarlo y golpearlo.
Los dos jóvenes denunciaron el hecho “en dependencias policiales de San Justo” –donde un médico constató las lesiones, recuerda González– y también lo hicieron públicamente en el Concejo Delibertante de La Matanza y hasta en el Congreso de la Nación, donde el Partido Comunista tenía dos diputados.
La cosa no terminó allí. Luego sufrieron persecución, allanamientos en sus viviendas y debieron cambiar de domicilio para evitar la represión. ¿Eran conscientes de la existencia de las tres A?, le preguntó este diario a González. “Teníamos conocimiento de la Triple A, porque a esa altura habían asesinado a algunos militantes comunistas y ya había pasado lo de Ortega Peña (el asesinato del abogado y diputado del PJ)”, responde el ahora cooperativista de Villa Constitución.
“Yo en algún momento creí que lo que me había pasado era menor por lo que pasó después”, agrega el militante comunista, que aún arrastra secuelas de aquel 3 de febrero. “A mí me costó mucho”, dice, “hay que estar ahí picanéandote cuando uno tiene 20 años”. Todo lo contado arriba fue lo que escuchó el secretario del Juzgado federal de Oyarbide, el juez que pidió la extradición de Isabelita para que declare por los crímenes cometidos durante su gobierno por las fuerzas paramilitares (conformadas por policías, militares y patoteros y mercenarios civiles) que su ministro de Bienestar Social, José López Rega, organizó bajo el paraguas y la protección del Estado. Tres décadas después, Alberto González testimonió por qué cree que “se puede hacer justicia”.Aquella madrugada del 75 que nunca se investigó
Los secuestros, torturas y desapariciones ocurridas a partir del 20 de marzo de 1975 en la localidad de Villa Constitución, cuando fue ocupada por personal militar, policial y parapolicial de la Triple A también serán investigados en la causa que lleva el Juzgado federal de Norberto Oyarbide en la Capital Federal. Así lo anticipó a El Ciudadano el ex detenido Alberto González, quien ya prestó declaración ante el juez por otro caso también vinculado a los delitos cometidos por la patota conducida por el ex ministro de Bienestar Social de Isabel Perón, José López Rega.
En la madrugada de aquel 20 de marzo, un año antes del golpe militar de 1976, un centenar de automóviles –muchos de ellos Ford Falcon– ingresó a la ciudad tripulados por entre cuatro y cinco personas cada uno que mostraban sus armas largas por las ventanillas. Tenían un objetivo claro: desarticular la lucha de la combativa lista Marrón de la Unión Obrera Metalúrgica, que había ganado las elecciones un año antes y controlaba las comisiones internas de Acindar, Marathon (dependiente de la primera) y Metcon.
El gobierno constitucional de la época consideraba las reivindicaciones y luchas de los obreros metalúrgicos como el “complot rojo contra la industria pesada del país”. Los métodos que se emplearon adelantaron un año la maquinaria de la represión clandestina que se pondría en marcha el 24 de marzo de 1976. El albergue destinado al personal jerárquico de Acindar, ubicado en el interior de la planta de la empresa, fue convertido en uno de los primeros centros clandestinos de detención.
A partir del 20 de marzo hubo allanamientos, detenciones, secuestros, torturas y asesinatos en Villa Constitución. Entre los “vengadores” que llegaron hasta la ciudad del sur santafesino se encontraba Aníbal Górdon, comandante de una banda de secuestradores e inorgánico oficial de inteligencia. La columna de más de cien autos también traía a “pesados” de la derecha peronista, provistos por los sindicatos burócratas aliados al Brujo López Rega. Esa inmensa operación policial y paramilitar, de la que aún quedan decenas de testigos y protagonistas, comenzará a investigarse judicialmente por primera vez.
Febrero 6, 2007
Según Solari Yrigoyen, "ni la ex presidenta ni nadie podía ignorar la existencia” de la Triple A
El ex senador es considerado la primera víctima de la agrupación paramilitar que actuó en los años de plomo. Tras cargar sobre Isabel Martínez de Perón, expresó su satisfacción por brindar testimonio en carácter de “luchador de toda la vida por los derechos humanos”.
El ex senador Hipólito Solari Yrigoyen, considerado la primera víctima de la Triple A, afirmó hoy que "ni la ex presidenta" María Estela Martínez de Perón "ni nadie, podía ignorar la existencia" de la agrupación paramilitar.
Solari Yrigoyen, quien declarará hoy ante el juez Norberto Oyarbide, a cargo de la investigación de la causa sobre los crímenes atribuidos a la Triple A, expresó "una doble satisfacción" por tener que brindar testimonio ante la Justicia en carácter de "luchador de toda la vida por los derechos humanos".
En declaraciones a Radio Continental, el ex senador manifestó su deseo de que "se dilucide la verdad" para "terminar con la impunidad con que esta organización terrorista con vínculos estatales" entre 1973 y 1975.
Solari Yrigoyen definió al atentado contra su persona, el 21 de noviembre de 1973, como "el primer atentado que asumió públicamente la Triple A", y opinó que a partir de los juicios que se están llevando a cabo se pueden sanar "viejas heridas de la impunidad".
Enero 31, 2007
Más familiares de víctimas de la Triple A quieren ser querellantes en la causa
Solicitaron formar parte de la investigación que lleva adelante el juez Oyarbide por los crímenes cometidos por la organización parapolicial. En el marco de la pesquisa, el magistrado ya pidió a España la extradición de Isabel Perón y de Rodolfo Almirón.
Un nuevo grupo de familiares y víctimas de la Triple A solicitó ser querellante en la causa que el juez federal Norberto Oyarbide lleva adelante por los crímenes de lesa humanidad que cometió esa organización de ultraderecha.
Valentina Paola y Leonidas Ezequiel Banylis se presentaron ante el juzgado de Oyarbide para narrar lo que le sucedió a su padre, Carlos Alberto Banylis, el 10 de junio de 1975 en su domicilio de la localidad bonaerense de Ituzaingo.
En diálogo con Télam los hermanos recordaron que esa tarde cuatro o cinco automóviles con "gente que cubría sus rostros con medidas femeninas de nylon" y camperas verdes sacaron a su padre al jardín.
Los desconocidos dispararon "con una ametralladora con sonido amortiguado" alrededor de "60 tiros a la cabeza" al entonces delegado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y afiliado al Partido Comunista.
Por su parte, Pascual Manganiello le informó a Oyarbide que el 5 de febrero de 1976, "teniendo 15 años e integrando la Federación Juvenil Comunista", viajaba con otro compañero de militancia en un colectivo y en una requisa en Ricchieri y Camino de Cintura fueron detenidos "ante la existencia de agendas y propaganda partidaria".
Manganiello dijo que "nos trasladan en forma ilegal al centro clandestino de la Gendarmería Nacional", cerca de la Agrupación Güemes, enfrente de lo que luego se denominó El Vesubio, donde fue torturado durante 50 horas "mediante submarino seco, picana eléctrica y simulacro de fusilamiento".
Aníbal Facundo Martínez Soler también pidió ser querellante. Su padre, Aníbal Martínez Durán, del Ejército Revolucionario del Pueblo, fue secuestrado el 7 de abril de 1975 -y desde entonces sigue desaparecido- por efectivos que llegaron a su vivienda de
Ciudadela a bordo de un Ford Falcon, color verde, "con sirena".La hermana de Graciela Carmen Pane también efectuó una presentación similar. El 2 de octubre de 1975, dijo, se allanó la vivienda familiar donde se secuestró a la víctima, miembro del Centro de Estudiantes de la Universidad Tecnológica y cuyo cuerpo fue hallado, a las 48 horas, con signos de haber sido torturado.