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Julio 5, 2007

Arg - Un basural ensombrece un lugar de homenaje a los desaparecidos

Debajo de la autopista 25 de Mayo, en Paseo Colón al 1200 —entre San Juan y Cochabamba— funcionó "El Atlético", uno de los centros clandestinos de detención de la dictadura militar. Por allí pasaron entre 1976 y 1977 unas 1.800 personas entre detenidos y desaparecidos.

Un cuarto de siglo después, en 2002, un grupo de antropólogos realizó excavaciones y desenterraron el horror: hallaron celdas y también telas de uniformes policiales, botas y, como todo un símbolo, un rosario.

En el 2005, la Legislatura porteña declaró al lugar "sitio histórico" y se realizó una intervención artística llamada "Homenaje a los desaparecidos", con figuras humanas representadas con los brazos en alto, buscando escapar de su encierro y el contorno de un hombre en la tierra.

Pero hoy, este proyecto de Recuperación de la Memoria, muestra su lado vergonzoso: en la misma esquina de Cochabamba y Paseo Colón —en una especie de plaza seca lindera con la excavación— se observa un basural, producto de que varios cartoneros eligieron el lugar para asentarse luego de recorrer las calles de San Telmo y Puerto Madero para cirujear.

La vereda de Paseo Colón, a la madrugada, es una "alfombra" de papeles y mugre. Algunos —inclusive— se han instalado y por las noches duermen. Toda esta postal lamentable, a metros de un sitio que merecería un homenaje mucho más digno.

http://www.larazon.com.ar/notas/2007/07/04/01450693.html

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Junio 26, 2007

Arg - Ordenaron excavaciones donde funcionó el centro de torturas de Arana

Se llevarán a cabo a partir de una presentación que realizó el Equipo de Antropología Forense. La medida tiene por objeto determinar la existencia de restos óseos que puedan corresponder a personas desaparecidas durante la dictadura.

La justicia Federal de La Plata dispuso hoy que el Equipo Argentino de Antropología Forense realice excavaciones en el predio del Destacamento de Arana donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura.

Fuentes judiciales informaron a Télam que la medida fue adoptada hoy por el juez Federal de La Plata, Arnaldo Corazza, a partir de una presentación que realizó el Equipo de Antropología Forense en base a excavaciones que realizó en ese predio durante 1996.

El magistrado consignó también que en base a testimonios brindados ante la ante la CONADEP y los Juicios por la Verdad, respecto de los enterramientos que pudieron haber ocurrido en la dependencia policial, se realizó un proyecto de investigación integral que implicaría, además de la investigación histórica, la prospección total de la superficie del destacamento y de la parte externa del mismo.

En la resolución, Corazza dispuso que se realicen excavaciones en la superficie comprendida por el muro perimetral de la dependencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en la calle 640 a la altura de la calle 131 de la localidad de Arana y en la parte externa del mismo.

Las tareas se llevarán adelante también en la zona lindera al Destacamento de Arana, correspondiente al lugar ubicado en el terreno del Centro de Atención Primaria N 21 en el que se encontrarían unas chapas de zinc ubicadas al fondo y que cubrirían un área de nueve metros cuadrados aproximadamente.

El juez explicó que la medida tiene por objeto determinar la existencia de restos óseos que puedan corresponder a personas fallecidas en el Centro Clandestino de Detención que funcionó en dicho destacamento durante la última dictadura militar.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=66057&id=158337&dis=1&sec=1

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Mayo 30, 2007

Arg - Maternidades Clandestinas

Abuelas de Plaza de Mayo han publicado un informe sobre las maternidades clandestinas que funcionaron en Argentina durante la dictadura militar. El informe está disponible en:

http://www.abuelas.org.ar/maternidades/

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Mayo 23, 2007

Arg - Presos de la dictadura reconocieron los centros de detención clandestina

Víctimas del último proceso militar de la Argentina, reconocieron el pasado jueves los lugares en donde estuvieron detenidos y fueron torturados. Fue en el marco de la causa iniciada por denuncias del ex suboficial del Ejército Angel Panetta y que está a cargo del juez Federal Carlos Soto Dávila

Durante el jueves de la semana pasada en la ciudad de Goya, varias personas que estuvieron presas ilegalmente durante la última dictadura militar, reconocieron los lugares de detención en los que fueron torturados. Así, "la casa de los Murciélagos", (casona abandonada en un predio que era propiedad de la Policía provincial, en el Puerto Boca), el Regimiento de Ingenieros 7 y el ex campo Hípico formaron parte del recorrido.

Esto se dio en el marco de la causa "Panetta Angel Vicente S / Denuncia Expediente Nº 577/05" a cargo del juez Federal de Corrientes, doctor Carlos Soto Dávila.

En ese marco, el magistrado ordenó la inspección judicial a los lugares sindicados como centros de detención durante la nefasta época, como parte de los avances de la causa que aún está en la "etapa instructoria".

El abogado querellante en representación de la familia de los desaparecidos Abel Arce (cumplía el servicio militar) y Elida Goyeneche (era docente y fue secuestrada en el Club Doña Goya), Juan Rajoy, explicó que la investigación se inició en 2005 con las denuncias de Angel Vicente Panetta, un ex suboficial del Ejército que prestaba servicios en el Regimiento Ingenieros 7 durante la dictadura, quien narró en esa oportunidad algunos hechos de los cuales fue testigo.

Estas precisiones fueron brindadas por Rajoy, que también estuvo en el itinerario. Por su parte, el letrado Ramón Leguizamón, quien colabora en la Capital correntina con la investigación, precisó que "algunas personas reconocieron los lugares donde permanecieron detenidas, e incluso dieron nombres de algunos de los torturadores".

Además, Leguizamón detalló que se tomaron fotografías y se adjuntaron los planos de los edificios a la investigación. "Varias diligencias serán evaluadas e incorporadas al expediente, y a partir de allí seguramente el juez citará a declarar a los involucrados".

En ese sentido, reveló que ellos son militares del Ejército, y miembros de otras fuerzas de seguridad como Policía y Prefectura. "Se nombró a personas que ya están incluidas en la causa, por lo cual, estas afirmaciones materializan y objetivizan las suposiciones. Ahora les tendrán que tomar la declaración indagatoria", detalló.

Asimismo, Leguizamón informó que entre las personas que realizaron el recorrido se encontraban el matrimonio Bello, el Padre Arroyo, el señor Pezzelatto, el juez Federal Soto Dávila, el secretario Penal y el secretario de Derechos Humanos del Juzgado, y personal de Gendarmería Nacional que se encargó de la parte técnica (fotos, planos, etc.).

En tanto que Rajoy consideró muy positiva la inspección, teniendo en cuenta que a partir de ahora "se espera la opinión del fiscal, que en base a los informes podría tomar medidas para que avance la instrucción".

También aclaró que si bien aún no hay procesados, hay muchos militares que pertenecían "a las que en ese entonces eran las fuerzas conjuntas (Policía de Corrientes, Policía Federal, Prefectura), que sí están imputados por la desaparición de personas, apremios ilegales y torturas".

http://www.mega24.com.ar/enlace.php?idn=20554

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Abril 29, 2007

Reclaman convertir un centro clandestino de detención en un espacio para la memoria

Organismos de DD.HH. mendocinos iniciaron una campaña para que el Departamento de Inteligencia de la policía local, conocido como D2, tenga un nuevo destino. Las organizaciones, a través de la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entregaron anoche un petitorio a funcionarios provinciales y nacionales.

Organismos de Derechos Humanos de Mendoza iniciaron una campaña para convertir en un espacio para la memoria el edificio del Departamento de Inteligencia de la policía local, que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura.

Las organizaciones, a través de la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, entregaron anoche un petitorio en el que expresan el reclamo para darle un nuevo destino al edificio policial, conocido como D 2, durante un acto festivo por el aniversario de la radio Libertador, de Mendoza.

Los integrantes de organismos de Derechos Humanos de Mendoza, Ramón Abalos y María Gil, hicieron entrega del petitorio al representante del gobernador, Pedro Marabini, y al secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur.

En su discurso, Albistur destacó la defensa del gobierno en la "recuperación de los medios públicos, como la mejor manera de darles batalla a los monopolios informativos, que los mendocinos conocen bien".

Sostuvo que "por supuesto que faltan muchísimas más, pero la mejor manera de concretarlas es así, rodeados y apoyados de la gente que está en la misma lucha por recuperar la memoria, por recuperar la identidad nacional y recuperar los medios públicos".

Al entregar el petitorio para la creación de un nuevo espacio de la memoria, Carlotto destacó que no se trata sólo de "colocar un pedazo de mármol o bronce, sino de que todos los que pasen por ese lugar siniestro donde funcionó un centro clandestino de detención, recuerden que nos tocó a todos".

"Estamos acá hoy porque tenemos memoria y porque queremos que no vuelva a pasar y que el ’nunca más sea una realidad’ y el reaseguro para que nuestros jóvenes vivan en libertad, puedan pensar y sean hombres y mujeres libres", añadió.

También asistieron a la ceremonia en el auditorio Paco Urondo de la radio Libertador, el gerente de Relaciones Institucionales de Canal 7, Luis Lázaro; el presidente de Télam, Martín Granovsky; y Eduardo García Caffi, por Radio Nacional.

Fueron anfitriones del acto Sergio Peralta, director de LV8 Radio Libertador y Julio Rutman, director de Contenidos de la emisora, y cerró el acto la cantante Adriana Varela.

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Abril 20, 2007

Ordenan excavaciones para localizar un ex centro de detención clandestino

La medida, dispuesta por la justicia provincial, tiene como objetivo localizar fosas comunes donde se habrían sepultado personas desaparecidas durante la última dictadura. El lugar denunciado es una estancia del Ejército argentino.

La justicia federal santafesina ordenó el inicio de excavaciones en una estancia donde habría funcionado un centro clandestino de detención durante la dictadura militar, ubicado en jurisdicción de Campo Andino, a unos 90 kilómetros de esta ciudad, informaron hoy fuentes judiciales.

El objetivo es localizar fosas comunes donde se habrían sepultado personas desaparecidas durante la última dictadura militar.

La denuncia fue realizada por integrantes de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe, quienes indicaron ante el juez federal Nro. 2 de Santa Fe, Francisco Miño, la presunta existencia de un centro de exterminio de la última dictadura militar, en el llamado campo "San Pedro", donde se encontrarían dos fosas comunes con restos humanos.

El lugar denunciado es una estancia de unas 2.200 hectáreas pertenecientes al Ejército Argentino, dependiente del Comando de Artillería 121, correspondiente al segundo cuerpo del Ejército, con sede en Rosario, que está ubicada en jurisdicción de Campo Andino, a la vera del camino que une esa localidad con Arroyo Aguiar.

Los denunciantes informaron que el campo tiene unos tres kilómetros de frente por más de siete kilómetros de fondo, y que durante muchos años se utilizó como lugar de instrucción del Comando de Artillería y de otras fuerzas militares de la zona, lo que incluía el disparo de cañones de tierra y baterías antiaéreas.

La presentación judicial aporta pruebas documentales, testimoniales e instrumentales y solicita una medida cautelar urgente para preservar el sector señalado como posible centro de exterminio.

A la vez, pide se de intervención al Equipo de Antropología Forense para que se constituya en el lugar y proceda a realizar los trabajos de investigación para determinar la existencia de restos humanos.

En las últimas horas, el juez federal Miño ordenó cercar el perímetro y comenzar los trabajos de excavaciones y esas tareas fueron observadas por los denunciantes, integrantes de organizaciones de Derechos Humanos y efectivos de la policía federal.

Por su parte, la representante de la Casa de Derechos Humanos, Milagros Demiryi, aclaró que "esta información viene circulando desde hace mucho tiempo sin que se hiciera jamás una investigación judicial seria y sistemática al respecto".

Seguidamente, explicó que desde la organización se presume que "más que como centro clandestino de detención ha funcionado como centro de exterminio, porque los elementos que se constituyen como indicios fuertes apuntan a ello".

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Febrero 28, 2007

DDHH - LA PERLA Campo de Concentración

laperla.jpgLa Perla: recuperado para la memoria

El 24 de marzo puede ser un gran día para la memoria en Córdoba. En esa jornada está previsto que el presidente Néstor Kirchner concurra a Córdoba para encabezar un acto mediante el cual La Perla -uno de los centros clandestinos de detención más temibles durante la última dictadura- dejará de ser una unidad militar para quedar en manos, probablemente, de la Comisión de la Memoria, de acuerdo con la propuesta de los organismos de derechos humanos.


Muy cerca de la ciudad de Córdoba, sobre la autopista que une la capital provincial con Villa Carlos Paz, en las inmediaciones del Puente Nuevo que conecta con la entrada a Malagueño, está La Perla, el centro clandestino de detención más importante de Córdoba, durante la última dictadura. Sus instalaciones están sobre una loma, a mano derecha en dirección a Carlos Paz, y se pueden observar desde la ruta.

Se estima que por este centro clandestino pasaron más de 2500 personas entre 1976 y fines de 1979. La Perla: su nombre sólo puede ser asociado a las torturas y a la muerte.

Pero parece que llegó el momento de que ese predio pueda ser transformado en un centro de la memoria. El presidente Kirchner encabezará el acto central por el 31° aniversario del golpe y recorrerá junto a los organismos de derechos humanos y ex detenidos las instalaciones en las que sufrieron su cautiverio.

Todo indica que llegó el esperado momento para los organismos de derechos humanos del anuncio del traspaso del predio, hoy aún en manos del Ejército.

Gestiones

Convertir este centro clandestino de detención en un espacio para la memoria fue un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos.

En diciembre último, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en oportunidad de la entrega del Premio Azucena Villaflor a Sonia Torres, Abuela de Plaza de Mayo, el presidente Kirchner anunció públicamente que había que recuperar La Perla.

En ese momento, representantes de la agrupación Hijos de Córdoba tuvieron contactos con Oscar Parrilli, secretario General de la Presidencia, quien les pidió un informe completo sobre el campo de concentración y conversó con el organismo acerca de la posibilidad del traspaso.

Los últimos días de enero se realizó el primer recorrido por las instalaciones de La Perla con Judith Said -coordinadora del Archivo Nacional de la Memoria, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación- y diferentes funcionarios del Gobierno nacional. En ese reconocimiento por el predio fueron acompañados por personal militar. A partir de que se encontró documentación, la agrupación Hijos Córdoba solicitó a la Justicia Federal, en el marco de la causa "Enterramientos clandestinos", una visita al centro clandestino de detención.

El 8 de este mes, la jueza federal Cristina Garzón de Lascano y la fiscal Graciela López de Filoñuk realizaron una inspección ocular junto a representantes de organismos de derechos humanos, de abogados que llevan causas de violaciones a los derechos humanos, de representantes del Equipo Argentino de Antropología Forense y de sobrevivientes de ese campo de concentración.

Se secuestró el material denunciado y se reconocieron los diferentes lugares del área: la cuadra, donde estaban tirados en colchonetas y con los ojos vendados los detenidos; la sala de torturas, y las oficinas, para luego llegar hasta la mezquita, que se encuentra a varios minutos del resto de las instalaciones.

La semana pasada, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e Hijos, en relación a la recuperación del predio, enviaron una propuesta a Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación. En ella sugerían que debía ser recuperado el predio y sus instalaciones comprendidas entre las cuatro garitas de vigilancia, incluyendo todo lo edificado y plantado a los fines de la creación de un espacio para la memoria.

La "cuadra", donde se encontraban los detenidos ilegales, tirados en colchonetas de paja en el piso, sólo mantiene el techo y el piso igual que en los años de la dictadura militar. Hoy tiene tabiques y equipos de aire acondicionado y calefacción.

La extensión de 32 hectáreas, que está alambrada, es el predio donde en la actualidad funciona el Escuadrón de Exploración de Caballería de Paracaidistas IV.

Ese es el lugar que los organismos piden recuperar para lugar de la memoria, ya que allí están los sitios significativos, donde se torturó y mató a los detenidos ilegalmente. En el documento que se elevó a Duhalde se pidió que sean desalojados los militares que en la actualidad ocupan ese espacio. Las agrupaciones trabajan sin descanso para el acto del 24, que partirá desde el puente Nuevo hasta llegar al predio donde se realizará el traspaso.

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Agosto 7, 2006

Unas 500 cárceles clandestinas, en el mapa de la represión de la dictadura

Lucio Fernández Moores. CLARIN. 6 DE AGOSTO DE 2006. El aparato de la represión ilegal de la guerrilla durante la última dictadura militar tuvo al menos medio millar de centros clandestinos de detención por donde pasaron miles de personas que en su gran mayoría permanecen desaparecidas.

El último relevamiento indica que hubo 488 lugares usados para el secuestro de las víctimas del terrorismo de Estado. Y existen otros 65 en proceso de revisión que pueden engrosar la lista. Además, el número no es definitivo y puede ampliarse en base a nuevos datos.

El número de Centros surge del informe entregado la semana pasada en la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el subsecretario de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarolo. Originalmente, tras el fin de la dictadura, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) contabilizó en 1984 unos 156 centros clandestinos de detención, a los que se llamó por su siglas, CCD.

Con los años, el número se fue incrementando. Pero las leyes del perdón y la paralización de las investigaciones judiciales, en 1987, detuvieron el registro. La lista volvió a crecer con los datos obtenidos en los "juicios por la verdad". Y, en los dos últimos años, con la anulación de las leyes del perdón y la reapertura de las causas judiciales.

Hubo otra fuente permanente de aportes. Son los testimonios brindados por las víctimas o sus familiares en la Secretaría de Derechos Humanos. Allí se recibieron unos 1.800 testimonios luego del informe Nunca Más, de la Conadep. La secretaría a cargo de Eduardo Luis Duhalde entrecruza los datos con el famoso programa informático Excalibur.

"El método ha sido conseguir un testimonio de un sobreviviente que haya estado en el lugar señalado como centro clandestino de detención", explicó Mattarolo a Clarín. Pero también ocurre que hay sobrevivientes que no saben dónde estuvieron secuestrados. Para ello se entrecruzan todos los datos existentes. Y se les muestran fotos, sobre todo de otras víctimas que sí se sabe donde estuvieron, para ver si pasaron por el mismo lugar que ellas. Hay un banco de 4 mil fotografías.

La gran mayoría de los CCD registrados en el informe oficial funcionaron dentro de comisarías o dependencias militares. Ello no quiere decir que una comisaría porteña o del Gran Buenos Aires tuviera la misma magnitud que el mayor CCD conocido, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), hoy en camino de ser transformada en Museo de la Memoria.

Hubo otros casos como el alquiler de un garaje por parte de la SIDE, Automotores Orletti, donde fueron reunidas las víctimas del Plan Cóndor, en su mayoría uruguayos secuestrados en la Argentina. Allí, el fallecido miembro de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) Aníbal Gordon exhibía un retrato de Adolf Hitler. El ex policía recientemente condenado a 25 años de cárcel, Julio Simón (alias Turco Julián) torturaba en el Olimpo con una cruz esvástica en su pecho.

Pero muchos otros lugares que figuran en el relevamiento fueron "de paso" o de "tránsito". El requisito es que hayan sido usados para mantener cautivas, aunque fuera por unas horas, a personas secuestradas que o bien figuran como desaparecidas o bien fueron luego liberadas. Podía ser una comisaría como un batallón militar.

El mismo informe presentado en Ginebra por el Gobierno —se trata de una comisión creada originalmente por la ONU para el caso argentino— incluye una reconstrucción virtual de lo que fue Club Atlético, otro CCD demolido en la construcción de la autopista 25 de Mayo y ubicado a pocas cuadras de la Casa Rosada.

Más de 200 detenidos


El informe ante el Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas esclareció un número que —tras la anulación de las leyes del perdón— nunca había estado claro. ¿Cuántos represores están presos?

Según el Gobierno, y en base a datos de la Procuración General de la Nación, son 211 los represores que cumplen prisión preventiva. Varios de ellos en cárceles comunes, otros en dependencias militares o de fuerzas de seguridad y otros pocos en prisión domiciliaria. Uno de ellos, el ex suboficial de la Federal Julio Simón recibió el viernes la primera condena tras la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final: 25 años de prisión. Las causas en todo el país son 959.

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