Junio 30, 2006
UN AVANCE PARA EL MUNDO
ASI CALIFICO EL PERIODISTA SANTIAGO RODRIGUEZ, DEL DIARIO PAGINA 12, ARGENTINA, LA RECIENTE APROBACION POR UNANIMIDAD Y ACLAMACION DE LA CONVENCION CONTRA LA DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS, QUE TENDRA JURISDICCION MUNDIAL.
DIARIO PAGINA 12, ARGENTINA. Con el impulso de la Argentina, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU definió como delito universal las desapariciones.
Por Santiago Rodríguez. La Argentina consiguió ayer el objetivo que se había propuesto junto con Francia para el debut del flamante Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: la aprobación de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, un instrumento jurídico que, además de establecer que es un delito de “lesa humanidad”, obliga a los países signatarios a prevenirlo y castigarlo penalmente y también a buscar a los desaparecidos y otorgar reparaciones a las víctimas. “Es un avance contra la impunidad en todo el mundo”, destacó el canciller Jorge Taiana. Marta Vázquez, integrante de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, estuvo en el momento en que la iniciativa fue aprobada y recibió la ovación de todos los presentes.
La Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas resultó aprobada en forma unánime y por aclamación por los 47 países que integran el nuevo Consejo de Derechos Humanos, entre los que se cuenta la Argentina –Estados Unidos no está en el Consejo–. Fue el broche de oro para el debut de ese cuerpo, que viene a reemplazar a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La aprobación de la Convención fue producto del trabajo conjunto de la Argentina y Francia: ambos países se asociaron con ese objetivo y formaron un “grupo de presión” al que se sumaron Bélgica, Chile, España y México. Taiana y el canciller francés, Philippe Douste-Blazy, se erigieron en referentes de ese grupo, que al término de las dos semanas de deliberaciones del Consejo de Derechos Humanos en la ciudad suiza de Ginebra consiguió su propósito.
La desaparición forzada es tipificada como un crimen de “lesa humanidad” en la Convención y reconoce el derecho de todas las personas a no ser víctimas de ese delito, a la vez que reafirma el derecho a la verdad, la reparación y la justicia. Los países que la suscriban tendrán, por consiguiente, la obligación de buscar a los desaparecidos y reparar a las víctimas. Deberán, además, prevenir y sancionar penalmente las desapariciones.
“Esta resolución constituye un momento histórico para la causa de los derechos humanos”, subrayó Taiana y agregó que “significa un progreso tangible en la lucha contra la impunidad, así como representa una herramienta muy útil en nuestra tarea de prevenir las violaciones a los derechos humanos”. El canciller remarcó también que el Consejo “no podría comenzar de manera más provechosa y honrosa, dando aprobación a este nuevo instrumento jurídicamente obligatorio que viene a completar los esfuerzos ya desarrollados por nuestros países”, y recordó que la Convención fue elaborada “con el concurso de las organizaciones no gubernamentales, en particular las asociaciones de familiares y víctimas de violaciones de los derechos humanos que hoy nos acompañan”.
Eso mismo enfatizó Taiana en su discurso previo a la aprobación y destacó la presencia de Vázquez, a quien presentó como “luchadora incansable contra la impunidad”. Entonces, todos los presentes la ovacionaron de pie.
“Estoy muy emocionada. Nos llevó 23 años obtener la aprobación de esta Convención”, contó a Página/12 Vázquez –madre del viceministro de Defensa, José María Vázquez Ocampo– y celebró que “se va a terminar la impunidad y la desaparición forzada de personas porque los países se van a sentir observados y obligados a responder por ese delito”.
Taiana relató que la presencia de Vázquez “fue muy emocionante” y explicó a este diario el motivo: “En 1981 hubo un coloquio en París en el que por primera vez se planteó la necesidad de contar con un instrumento jurídico internacional referido a las desapariciones forzadas. Allí había abogados, estaba Julio Cortázar y Marta fue una de las Madres de Plaza de Mayo que participaron del encuentro”.
La Convención debe ser aprobada ahora por el plenario general de Naciones Unidas, trámite que está asegurado por el respaldo unánime que obtuvo enel Consejo de Derechos Humanos. Quedará entonces a la firma y entrará en vigencia una vez que veinte países la ratifiquen.
Por pedido de Argentina, la ONU declaró "crimen de lesa humanidad" la
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CLARIN, ARGENTINA.
Por pedido de Argentina, la ONU declaró "crimen de lesa humanidad" la
desaparición forzada de personas
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Se trata de una iniciativa conjunta impulsada por los gobiernos
argentino y francés. La propuesta fue aprobada por unanimidad por el
nuevo Consejo de Derechos Humanos del organismo. Ahora pasará al
plenario general.
El flamante Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU)
aprobó hoy en Ginebra por unanimidad la Convención Internacional
contra las Desapariciones Forzadas de personas, por iniciativa de la
Argentina y de Francia.
Las 47 naciones que componen el Consejo votaron a favor de la
Convención, que ahora deberá ser girada al plenario general para su
aprobación y puesta en vigencia. De todos modos, el carácter unánime
de la decisión hará que el trámite pueda ser rápido y burocrático,
dado que el apoyo sin fisuras alcanzado en el Consejo le brinda una
fortaleza política inédita, según fuentes de la cancillería argentina.
El titular del Palacio San Martín, Jorge Taiana, estuvo presente en la
sesión aprobatoria que se realizó en la ciudad suiza y calificó la
medida del Consejo como una "resolución (que) constituye un momento
histórico para la causa de los derechos humanos".
Taiana recordó que el "proyecto fue preparado y consensuado, no
solamente por los Estados, sino con el concurso de las organizaciones
no gubernamentales, en particular las asociaciones de familiares y
víctimas de violaciones de los derechos humanos que hoy nos
acompañan".
El canciller argentino sostuvo hoy que "este no es el final del camino
sino el comienzo de una nueva etapa en la promoción de los derechos
humanos". Con la aprobación de este instrumento, los Estados reconocen
el derecho de todas las personas a no ser víctimas de desaparición
forzada, a la vez que reafirman el derecho a la verdad, la reparación
y la justicia, y confirman que la práctica sistemática de ese delito
constituye un crimen de lesa humanidad.
Ahora la Convención consagra el deber de incriminar las desapariciones
forzadas como delito autónomo, a la vez que estipula la obligación de
los Estados de proceder a adoptar una serie de medidas para la
prevención, investigación, procesamiento y castigo de quienes resulten
responsables.
ONU: la desaparición forzada de personas será delito de lesa humanidad
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DIARIO LA NACION, ARGENTINA.
ONU: la desaparición forzada de personas será delito de lesa humanidad
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El Consejo de Derechos Humanos de esa organización aprobó hoy la
iniciativa promovida por la Argentina y Francia; ese delito será
imprescriptible y con jurisdicción universal para su juzgamiento.
La desaparición forzada de personas será un delito de lesa humanidad
para el mundo. Así lo declaró hoy el Consejo de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras un pedido hecho por la
Argentina y Francia.
Por lo tanto, esos delitos son imprescriptible y con jurisdicción
universal para su juzgamiento. La convención consensuada hoy será
presentada a la Asamblea General para su adopción en su próxima sesión
de septiembre.
Esta Convención, cuyo proyecto inicial fue elaborado en 1981, es el
primer instrumento internacional que adopta el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, que comenzó a funcionar el pasado 19 de junio.
El texto, aprobado hoy por consenso, fue presentado por Philippe
Douste Blazy, embajador de Francia, país que junto a la Argentina
impulsó el proyecto desde hace más de dos décadas.
Luego de la presentación efectuada por el embajador francés, hablaron
el canciller Jorge Taiana, y los representantes de Guatemala,
Finlandia -en nombre de la Unión Europea- Japón, Perú, Argelia y Gran
Bretaña.
La Convención también establece "normas sobre la restitución a su
familia de origen" de los niños apropiados por miembros de los grupos
represivos militares, destacó Rodolfo Mattarollo, subsecretario de
Derechos Humanos de Argentina, a la agencia ANSA.
Taiana, por su parte, calificó el paso dado por la ONU como "histórico
para la causa de los derechos humanos". En su discurso, el canciller
saludó a los activistas de derechos humanos presentes, en especial, a
los argentinos. "Quiero homenajear a quien aquí las está
representando, Marta Vázquez, Madre de Plaza de Mayo y luchadora
incansable contra la impunidad", concluyó.
ONU SOBRE DESAPARICION FORZADA: JUSTICIA UNIVERSAL POR UNANIMIDAD
SORPRESIVAMENTE EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES APROBO
POR "UNANIMIDAD" LA CONVENCION CONTRA LA DESAPARICION FORZADA DE
PERSONAS, QUE CALIFICA EL DELITO COMO DE LESA HUMANIDAD,
IMPRESCRIPTIBLE Y CON JURISDICCION UNIVERSAL PARA SU JUZGAMIENTO.
EL PASO SIGUIENTE SERA LA PRESENTACION ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS
NACIONES UNIDAS, QUE AL CONTAR CON EL APOYO UNANIME DE LOS 47 MIEMBROS
DEL NUEVO CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, TENDRA UN SOPORTE Y UNA
VIABILIDAD MAYOR.
LA APROBACION DE LA CONVENCION ES PRODUCTO DE UNA LARGA LUCHA DE LAS
ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS, QUIENES FUERON
CITADAS ESPECIALMENTE EN DICHO CONSEJO EN EL NOMBRE DE MARTA VAZQUEZ,
PRESIDENTA DE MADRES DE PLAZA DE MAYO, LINEA FUNDADORA, Y PRESIDENTA HASTA EL 2003,
A SU VEZ, DE LA FEDERACION LATINOAMERICANA DE FAMILIARES DE DETENIDOS
DESAPARECIDOS, FEDEFAM, CREADA EN 1981 Y CUYO XVIII ANIVERSARIO SE
CELEBRA EN ESTOS DIAS.
LA APROBACION, ES UNA VICTORIA, UN PASO MAS EN LA LUCHA CONTRA LA
IMPUNIDAD DE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD, UNA VICTORIA POR LA
VERDAD, LA JUSTICIA Y LA MEMORIA DE LOS MILES DE DETENIDOS
DESAPARECIDOS POR RAZONES POLITICAS EN EL MUNDO.
LA AGRUPACION DE FAMILIARES DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y
ASESINADOS POR RAZONES POLITICAS DEL PARAGUAY, DE RECIENTE
REAGRUPACION, SE HA SUMADO A LA TAREA, JUNTO A LA FEDEFAM, POR LA
APROBACION FINAL EN LA ASAMBLEA POR CADA UNO DE LOS ESTADOS MIEMBROS,
Y COMPROMETIDO EL TRABAJO DE INCIDENCIA NECESARIO PARA EL VOTO
POSITIVO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY Y SU POSTERIOR INTERNALIZACION Y
REGLAMENTACION, CONFORME AL ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL.
FEDERICO TATTER.
En dónde están los restos mortales de 13 mil colombianos...
Las fosas comunes
ANNCOL. Las fosas comunes son la evidencia de las masacres y
desapariciones forzadas de personas que no son afectas al régimen
narco-paramilitar de Uribe Vélez. Su repetición en tiempo, espacio y
circunstancias diferentes es muestra de que obedecen a 'orientaciones
institucionales'.
Esta práctica criminal se comenzó a aplicar desde la década de los 70
y ya en el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) se reportan 273 casos
en 4 años; en el gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986): 700
casos en tres años y ocho meses.
Durante el gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986-1990) padre de la
actual Canciller colombiana Carolina Barco Isackson- en el 87 fueron
muertas y desaparecidas 1.560 personas, 3.900 en el 88; 2.480 en el 89
y 3.800 en el 90.
No tenemos consolidados del gobierno de César Gaviria Trujillo, pero
tal práctica se siguió llevando a cabo. Mencionemos no más que durante
esta administración 14.850 colombianos fueron víctimas relacionadas
con el conflicto interno.
Durante la administración de Ernesto Samper Pizano (1.994-1.998), hubo
202 víctimas de desaparición forzada en el 95; 359 en el 96; 183 en el
97; y 349 en el 98, para un total de 1.093 personas víctimas de este
crimen estatal.
La administración de Andrés Pastrana (1.998-2.002) tiene cifras
escalofriantes de violaciones de derechos humanos. En el 99 fueron
desparecidas 457 personas; 743 en el 2.000 año de inicio del Plan
Colombia-, 1.565 en 2.001 y 1.358 en 2.002; alcanzando la cifra récord
de 4.123 colombianos desaparecidos en sus 4 años de 'gobierno'.
Durante la administración de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), tal
práctica adolece de un subregistro toda vez que las organizaciones
defensoras de derechos humanos han sido declaradas 'objetivo militar'
por el mismo estado. Sin embargo, se han logrado recopilar estos
casos: 461 desaparecidos en el 2.003; 139 en el 2004 (según Amnistía
Internacional, en la primera mitad del 2004 se dio muerte o se hizo
'desaparecer' al menos a 1.400 civiles), y en el primer semestre del
2005 tenemos 35 casos reportados, lo cual nos arroja por lo menos 635
víctimas de este flagelo.
RÃos Montt no será interrogado
Ríos Montt no deberá responder las preguntas del juez
español Pedraz. La corte constitucional de Guatemala
confirmó que el ex gobernante militar Efraín Ríos
Montt no podrá ser interrogado por un juez español en
referencia a los crímenes cometidos durante la guerra
civil de ese país.
Así, con una votación con cuatro votos a favor y uno
en contra, la corte más alta del país paraliza el
proceso liderado por el juez español Santiago Pedraz,
quien se encuentra actualmente en Guatemala.
La defensa de Ríos Montt, quien fue presidente de
facto guatemalteco entre 1982 y 1983, había
interpuesto un amparo para evitar que sea interrogado
por violaciones a los derechos humanos cometidas
durante su gobierno.
Ahora, imposibilitado de interrogar a Ríos Montt y a
otros ex funcionarios del régimen militar, se estima
que Pedraz abandonará el país en los próximos días.
La justicia guatemalteca aún debe definir si el
proceso judicial iniciado en España es constitucional.
"Lamentable"
El abogado español de las familias de las víctimas,
Antonio García, dijo que el veredicto de la corte "es
definitivamente la confirmación de la imposibilidad de
llevar a cabo (el juicio), y también la confirmación
de la absoluta ineficacia que la justicia guatemalteca
ha demostrado".
Por otra parte, la líder indígena y Premio Nobel de la
Paz 1992, Rigoberta Menchú, afirmó que la decisión
tomada por la corte es "lamentable".
La demanda que fue presentada ante la Audiencia
Nacional de España se erige como uno de los más
importantes procesos judiciales que investigan
violaciones a los derechos humanos durante el
conflicto guatemalteco.
La intención de la delegación judicial española era
interrogar a Ríos Montt y a otros siete altos
funcionarios de los gobiernos de facto acusados de
genocidio.
Entre los crímenes investigados se encuentra un ataque
de las fuerzas de seguridad contra la embajada de
España en el país centroamericano, en el que murieron
37 personas. FIN.
Junio 29, 2006
Etchecolatz seguirá en la c�rcel
El Tribunal Oral Federal N° 1 dio a conocer hoy el rechazo del recurso de reposición que la defensa del represor había intentado para devolverlo a su casa. Declararon tres ex detenidos.
Secretaría Jurídica
La Plata, 28junio2006).- Los jueces rechazaron el recurso contra la decisión que revocó la prisión domiciliaria de Etchecolatz por considerarlo improcedente de acuerdo a las reglas de procedimiento, por lo que el represor continuará en la cárcel federal de Marcos Paz.
El Tribunal escuchó hoy la declaración de tres personas que estuvieron detenidas clandestinamente durante la última dictadura cívico-militar. Julio Jorge López, Adriana Calvo y Víctor Illodo relataron las circunstancias vividas durante sus respectivos cautiverios.
López fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 y pasó por los centros clandestinos de detención que funcionaron en el Destacamento Policial de Arana, estancia “La Armonía”,Comisaría Quinta y Comisaría Octava, siendo derivado luego al sistema penitenciario.
El testigo había relatado ya su periplo, las torturas a que fue sometido y las personas que reconoció en su declaración ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (ver http://www.apdhlaplata.org.ar/prensa/1999/080799A.htm). Atestiguó en esta oportunidad acerca del fusilamiento de Patricia Dell’Orto y su compañero Ambrosio de Marco, quienes habían militado con él en una Unidad Básica de Los Hornos. Según su relato, el día en que estalló una bomba en la Jefatura de Policía ingresó al centro de detención la patota de torturadores entre quienes reconoció a Garachico, Aguiar, Urcola y Manopla Gómez, y fusiló a la pareja junto a un hombre paraguayo de apellido Rodas. Los represores manifestaron en esa oportunidad que por cada policía que muriera iban a morir cinco de ellos. Acusó a Etchecolatz de dirigir personalmente la matanza.
Compartió su cautiverio con López Muntaner, a quien llamaban “el chico de los boletos”, Alejandro Sánchez, Guillermo Cano y el granadero Aleksoski.
También identificó a Hugo Guallama, chofer de Etchecolatz que actualmente se encuentra detenido por el asalto a la casa Mariani.
El testigo reivindicó a la militancia de Montoneros: “fueron los únicos valientes que hicieron frente a 240.000 hombres armados” y dijo que la organización dejó las armas en agosto de 1976 y quedó en bancarrota, diferenciando a los militantes de base de las cúpulas.
Todo el circuito Camps en el Tribunal.
Adriana Calvo, integrante de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, presentó al Tribunal una síntesis de las investigaciones llevadas adelante por esa organización desde hace 22 años. Con la ayuda de un proyector de diapositivas mostró la distribución geográfica de los 29 centros clandestinos de detención (CCD) que integraban en el circuito Camps y que abarcaban 9 partidos; La plata y conurbano bonaerense.
Describió los circuitos que recorrían los detenidos, así como el intercambio con otros circuitos y jurisdicciones. Hizo alusión al papel que algunos de estos centros desempeñaron en el “Plan Cóndor”, ya que alrededor de treinta personas de nacionalidad uruguaya fueron alojados en estos centros y muchos de ellos trasladados luego a Uruguay.
Explicó también la forma en que se coordinaban las direcciones policiales de Investigaciones, Seguridad e Inteligencia y describió cada centro de detención. Mencionó la cifra de 1486 personas que fueron alojadas clandestinamente en esos centros.
A continuación, la testigo relató su propio secuestro y cautiverio, guardando una notable coherencia con la declaración ya prestada en el Juicio por la Verdad (ver http://www.apdhlaplata.org.ar/prensa/2000/160200.htm). Calvo estuvo alojada en el destacamento policial de Arana, donde relató no haber recibido un solo bocado de comida en siete días, para pasar luego a la Comisaría Quinta. Allí se refirió a las inhumanas condiciones de detención y explicó la existencia de dos grupos operativos que tenían detenidos a su disposición. Uno de ellos utilizaba la Comisaría como lugar de torturas y el otro como depósito humano.
En ese lugar la testigo compartió cautiverio con Inés Ortega en el momento del nacimiento de su hijo, Leonardo Fossatti, quien recuperó su identidad en 2005. Relató muy conmovida las condiciones de ese nacimiento y también la larga entrevista que mantuvo con el joven una vez que éste se reencontró con su historia.
También se refirió al nacimiento de su hija en el automóvil que la trasladaba desde la Comisaría Quinta hacia el “Pozo de Banfield”, donde el médico Jorge Bergés le retiró la placenta y luego la obligaron a limpiar la sala.
La testigo y el público se conmovieron con las referencias a los actos de solidaridad que Calvo recibió de sus compañeras presas y que le permitieron sobrevivir a ella y a su hija. “La libertad de algunos compañeros es parte del plan represivo”, manifestó Calvo, quien atribuyó la liberación a la voluntad de los represores de difundir el miedo dando a conocer lo que ocurría en los centros de detención.
Un recorrido por “Pozo de Quilmes”, Arana y Comisaría Octava.
El tercer testigo de hoy fue Víctor Illodo, quien fuera secuestrado entre el 5 y el 7 de diciembre y conducido a la Brigada de Investigaciones (Pozo) de Quilmes. En ese lugar permaneció un día y luego fue trasladado al centro de detención “Destacamento Arana”.
Manifestó que el “Pozo de Quilmes” era en ese momento un centro de torturas, en el que incluso llegó a oír torturar a un niño de 12 años, a quien le preguntaban por su padre.
En Arana recibió un trato algo mejor, pero relató las torturas sufridas en el lugar por Raúl Bonafini. Permaneció alrededor de un mes en el lugar y fue trasladado a la Comisaría Octava de La Plata, donde luego de un tiempo le hicieron firmar una declaración que no leyó.
En base a esa declaración fue sometido a Consejo de Guerra en el Primer Cuerpo de Ejército. Su cautiverio finalizó en el sistema penitenciario, pasando por Devoto y la Unidad Penitenciaria N°9.
Illodo también había prestado declaración en el Juicio por la Verdad (ver http://www.apdhlaplata.org.ar/prensa/2002/201102.htm).
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Junio 28, 2006
Guate: Exhumación de cementerio clandestino
A partir del día 27 de Junio de 2006, se inicia la exhumación del cementerio clandestino ubicado en el cantón Chugüexa II “B”, Chichicastenango, El Quiché. Se presume que serán exhumados los restos de Manuel Pichol Calel de 62 años, Sebastiana Mejia de 40 años, Tomasa Pichol Calel de 11 años, Antonio Pichol Mejia de 7 años, Tomasa Pichol Mejia 11 años y Pedro Pichol de 5 años.
La masacre ocurrió en esa comunidad el 22 de agosto de 1982, durante el gobierno del General José Efraín Ríos Montt. Era un día domingo y por lo mismo de mercado, la familia Pichol se preparaba para las actividades del día feriado, cuando un grupo de militares irrumpió en la comunidad, dirigiéndose a la casa de la familia donde sin mediar ningún tipo de palabra descargaron sus armas sobre quienes se encontraban ahí reunidos.
Algunos de los integrantes de la familia lograron escapar de la vivienda en que se producía la masacre, gracias a su testimonio 24 años más tarde se realiza la exhumación que permitirá el reencuentro de la familia que fue reprimida y dividida aquel fatídico día de 1982.
Al retorno encontraron el macabro escenario, donde seis de los familiares de la familia Pichol habían sido ejecutados extrajudicialmente, los sobrevivientes se dieron a la tarea de inhumarlos en el patio de la casa. Durante más de dos décadas tuvieron temor de sufrir represalias, actualmente con el apoyo del GAM y de otras organizaciones, se logra la exhumación.
La exhumación permite contar con pruebas de que se cometieron estos crímenes, para poder iniciar investigaciones de tipo penal, pero lo más importante, es la garantía de que con la exhumación se logra el reencuentro entre seres queridos que fueron separados por el terror que se vivió desde el Estado.
La exhumación será realizada por la FAFG y se alargará al menos por una semana. Luego se realizarán los exámenes médico forenses a fin de determinar la identidad y al causa de la muerte, para en un último paso inhumar los restos en un cementerio legal. Se buscará dignificar a las víctimas, que pudieron haber sido criminalizados por el ejército.
Con este tipo de acciones el GAM contribuye a impulsar los reencuentros entre familia y se aporta a la eventual reconciliación entre los guatemaltecos y guatemaltecas.
Guatemala 26 de Junio de 2006
Grupo de Apoyo Mutuo
8a Calle 3-11 Zona 1
Ciudad de Guatemala
Presentan proyecto de código contra desapariciones forzadas
27 de junio, 2006 El grupo de trabajo que elaboró un proyecto de código para proteger a las personas de las desapariciones forzadas, presentó hoy su borrador al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
El borrador rechaza la invocación de cualquier circunstancia excepcional, como el estado o amenaza de guerra, la inestabilidad política o cualquier emergencia pública, para justificar las desapariciones.
El embajador de Brasil, Sergio Florencio, en nombre del Grupo Latinoamericano y Caribeño de la ONU, el GRULAC, sostuvo que el proyecto de Código tiene varios aspectos innovadores, como el llamado Habeas Corpus Internacional. También constituye un paso adelante en la lucha contra la impunidad.
"Creemos que así como los familiares y las sociedades tienen que poder al menos saber lo ocurrido con sus queridos, es decir, el derecho a la verdad, cuando las circunstancias internas en un país evolucionan hacia un sistema democrático resulta esencial que la justicia proceda a la identificación y sanción de los autores de las desapariciones forzadas", dijo el diplomático.
El embajador brasileño confió en que el Consejo de Derechos Humanos apruebe este proyecto por aclamación lo antes posible, y lo remita a la Asamblea General, que tiene que adoptarlo formalmente
Noticias de la ONU, 27/6/2006
Denuncia contra Mart�nez de Hoz y Harguindeguy
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"Tan culpables como los militares"
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El Gobierno se presentó en la causa por el secuestro de dos
empresarios y solicitará la anulación de los indultos del menemismo.
Por Adriana Meyer. "Creemos que esto es parte del reclamo de memoria
verdad y justicia, y que los responsables económicos son tan
responsables como los militares", afirmó ante Página/12 Luis Alén,
jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación,
tras presentar la querella del Gobierno en la causa por el secuestro
de dos empresarios durante la dictadura. La reapertura de este proceso
fue pedida por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga
Argentina por los Derechos del Hombre, el fiscal federal Federico
Delgado y el fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido.
En sintonía con los demás querellantes, la posición oficial
presentada ayer en conferencia de prensa por el secretario Eduardo
Luis Duhalde y Alén reclamará la inconstitucionalidad de los indultos
menemistas que favorecieron a los tres imputados: el dictador Jorge
Rafael Videla y sus ex ministros del Interior y Economía, Albano
Harguindeguy y Alfredo Martínez de Hoz, respectivamente.
Estos represores fueron acusados por el secuestro de Federico Gutheim
y su hijo Miguel, quienes pasaron cinco meses presos a disposición del
Poder Ejecutivo Nacional. El verdadero móvil de la detención habría
sido presionarlos para que negociaran con representantes de empresas
extranjeras a raíz de un frustrado negocio de exportación del que José
Alfredo Martínez de Hoz había tomado conocimiento en una visita
oficial a Hong Kong. El gobierno de facto pretendía que Sadeco, la
empresa textil de los Gutheim, cumpliera con un contrato de
exportación que le habilitaría a Martínez de Hoz obtener créditos
desde esa ciudad china. Mientras estuvieron detenidos fueron
trasladados cuatro veces, en enero de 1977, a oficinas en las que se
desarrollaron negociaciones con los representantes de tales empresas y
uno de la cartera económica.
Harguindeguy, como ministro del Interior, y Videla, como presidente de
la Nación, fueron responsabilizados como coautores por haber firmado
los decretos de detención, en la medida en que sólo ellos tenían poder
de hecho para dar tales órdenes, y por haber permitido y facilitado
los traslados de los detenidos. El 5 de noviembre de 1976 Gutheim
padre e hijo fueron arrestados a disposición del PEN y el 6 de abril
de 1977 fueron liberados, en ambos casos con sendos decretos que
habrían sido elaborados luego de los hechos para darle cierta
apariencia de legalidad al encarcelamiento ya materializado. Antes que
la causa se cerrara por los indultos que Carlos Menem dictó en 1990,
la Justicia ya había determinado que no existían elementos para
detener a los Gutheim, tan sólo habían sido acusados por
irregularidades en trámites de exportación de algodón.
"Se encuentra acreditada la organización y funcionamiento de una
estructura ilegal, orquestada por las Fuerzas Armadas, la cual tenía
como propósito llevar adelante un plan clandestino de represión",
dicen los fundamentos de la presentación oficial. En tal sentido, Alén
agregó que "hay una parte que falta, la dictadura no fue sólo una
cuestión para combatir a la guerrilla sino la deliberada puesta en
marcha de un programa económico con beneficiarios, cuyo comandante fue
Martínez de Hoz, y las muertes y las desapariciones fueron un modo de
disciplinamiento para imponer esa política". Y agregó que por ese
motivo, en los argumentos de la querella citaron a Rodolfo Walsh, en
su Carta Abierta a la Junta, cuando habla de la política económica. En
la presentación también se mencionan párrafos del discurso de la
ministra de Economía, Felisa Miceli, en su homenaje a los
desaparecidos de la cartera económica pronunciado el 31 de marzo.
En julio de 1988 la Cámara Federal confirmó la prisión preventiva de
Harguindeguy y de Videla, calificó sus conductas como secuestro
extorsivo reiterado y consideró como ilegal y carente de razonabilidad
las detenciones. La tanda de indultos del menemismo benefició a los
tres acusados y ésa es la situación que ahora pretenden revertir los
querellantes Alicia Palmero y Rodolfo Yanzón, de la Asociación y de la
LADH respectivamente, y los representantes del Ministerio Público
Fiscal, ahora junto con el Gobierno. La causa fue reabierta cuando el
fiscal Delgado impulsó el pedido de los organismos de derechos
humanos.
Las fuentes judiciales consultadas por este diario afirmaron que, en
realidad, el Estado ya estaba representado en la causa por el
Ministerio Público Fiscal, por lo cual la presentación gubernamental
viene a reforzar la realizada oportunamente por los fiscales de la
causa. Y anticiparon que el juez federal Norberto Oyarbide está en
condiciones de resolver en breve la inconstitucionalidad de los
indultos en este caso.FIN.
Documental sobre Centro Piloto en París
El domingo 2 de julio, a las 19 horas, por América, DOCUMENTA, el ciclo de documentales del periodista Román Lejtman, presenta:
CENTRO PILOTO. Massera en París
El 30 de junio de 1977 la dictadura argentina creó el Centro de difusión argentino en París. Fue un proyecto experimental, se lo llamó Centro Piloto y fue utilizado por el almirante Emilio Massera para intentar concentrar todo el poder en la Junta Militar. Al frente de esta oficina estuvo Elena Holmberg, una diplomática de carrera, amiga de Jorge Rafael Videla, que se interpuso en el camino de Massera y finalmente fue secuestrada y asesinada en diciembre de 1978.
Con entrevistas exclusivas en París y Buenos Aires, CENTRO PILOTO recorre la historia de esta oficina diplomática en Francia que, durante más de seis años, la Armada utilizó en su provecho. Los hechos de corrupción, los secuestros, las torturas y los crímenes que allí se cometieron fueron cubiertos por un manto de oscuridad y misterio. Y los asesinos de Elena Holmberg jamás fueron hallados.
Harguindeguy eligi� como defensor a un ex ministro de la dictadura
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Harguindeguy eligió como defensor a un ex ministro de la dictadura
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Se trata de Jaime Smart, ex funcionario de la Gobernación bonaerense.
Un ex ministro de la última dictadura, que además integró un tribunal
especialmente dedicado a juzgar a presuntos subversivos, defenderá al
ex general Albano Harguindeguy en la causa que el Gobierno eligió para
impulsar la inconstitucionalidad de los indultos.
Jaime Lamont Smart estuvo él mismo involucrado en una causa por la
desaparición de un abogado en 1978. En otra, la del Plan Cóndor,
Harguindeguy —ex ministro del Interior— venía siendo patrocinado por
una defensora oficial. En el caso de los indultos, Smart —informaron
ayer a Clarín en su estudio de la calle Juncal— fue abogado del ex
represor hasta 1990, cuando un decreto del presidente Carlos Menem
mandó la investigación al archivo.
Se trata del secuestro de Federico y Miguel Gutheim, dueños de una
productora de algodón, entre 1976 y 1977. También fueron procesados
por este episodio el ex dictador Jorge Videla y su primer ministro de
Economía, José Martínez de Hoz. Los tres firmaron el decreto
—2.840/76— por el cual pusieron a los empresarios a disposición del
Poder Ejecutivo.
En abril, dos organismos de derechos humanos pidieron la reapertura de
este sumario en el mismo juzgado federal donde tramitó hace dos
décadas. El juez que está allí ahora, Norberto Oyarbide, desarchivó el
expediente y comenzó a escuchar las opiniones de las partes. A través
de la Secretaría de Derechos Humanos, el Gobierno ya solicitó que se
declaren inconstitucionales los beneficios que Menem les otorgó tanto
a Martínez de Hoz como a Videla y Harguindeguy.
Ahora se pronunciarán los defensores. Martínez de Hoz está en
libertad, luego de pasar 77 días preso por este episodio en 1988.
Harguindeguy estuvo detenido por el Plan Cóndor —la coordinación de la
represión en el Cono Sur— y Videla lo está por el robo de bebés de
desaparecidos.
Smart fue ministro de Gobierno de Ibérico Saint Jean en la Gobernación
de la provincia de Buenos Aires. En Tribunales, empezó como secretario
de un juzgado de primera instancia y, en 1968, el dictador Juan Carlos
Onganía lo designó fiscal hasta que, en 1971, Roberto Levingston lo
nombró juez de una Cámara Federal dedicada a juzgar guerrilleros y
opositores políticos. Su última defensa conocida fue la del ex policía
Samuel Miara, condenado por la apropiación de dos mellizos hijos de
desaparecidos.
Uno de los abogados de Videla es otro ex ministro de la dictadura:
Alberto Rodríguez Varela, titular de la cartera de Justicia entre 1978
y 1981. El de Martínez de Hoz, Carlos Hernán Franco, socio de
Guillermo Klein, otro funcionario de la dictadura; Franco ya patrocinó
al ex ministro de Economía en una investigación penal sobre la deuda
externa que tanto contribuyó a engrosar.FIN.
Juicio al Turco Julian
Ha comenzado el juicio al Turco Julián. Durante la primera jornada del juicio, a cargo del Tribunal Oral en lo Federal N° 5, Simón se negó a declarar, y se exhibió además un video en el que el ex represor admite la aplicación de torturas y
asegura que durante la dictadura "el criterio general era matar a todo
el mundo".
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HOY EMPIEZA EL JUICIO ORAL AL TURCO JULIAN
La mano de obra en el banquillo
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Su verdadero nombre es Julio Simón y será juzgado por el secuestro y
desaparición de Gertrudis Hlaczik y José Poblete y por la apropiación
de Claudia, la hija del matrimonio. En julio se conocerá la sentencia.
El Turco Julián integraba la patota de torturadores junto con el
fallecido Antonio Del Cerro.
Subnotas
Por Irina Hauser. Buscarita Roa no puede dejar de pensar cómo será el
momento en que vea cara a cara, sentado ante el tribunal, a ese
represor, conocido como el "Turco Julián", que hacía tirar por las
escaleras del centro clandestino de detención El Olimpo a su hijo,
José Poblete, a quien le faltaban las piernas. "Tengo grabada esa
imagen, que conocí por el relato de algunos sobrevivientes", dice,
mientras se prepara "bastante nerviosa" para las audiencias del juicio
oral que empieza hoy y que hará historia. El ex policía, que en
realidad se llama Julio Simón, está acusado de la desaparición de
Poblete y su mujer, secuestrados en 1978, y de la sustracción de la
hija de ambos, que entonces tenía ocho meses de vida. Es el caso en el
que se basó la Corte Suprema para declarar la inconstitucionalidad de
las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y fue, por eso, el que
permitió que se empezara a avanzar en otras investigaciones por los
crímenes cometidos durante la dictadura.
Por la agenda de testigos prevista, es casi cantado que este juicio
terminará antes del que transcurre en La Plata contra otro ex policía
acusado por delitos de lesa humanidad, Miguel Etchecolatz. Por eso,
Simón es candidato a convertirse en el primer represor condenado en
los últimos veinte años después del Juicio a las Juntas por los
crímenes del terrorismo de Estado. El 18 y 20 de julio serán los
alegatos y podría haber sentencia antes de fin de ese mes.
En la audiencia de hoy, el Tribunal Oral Federal 5 le ofrecerá hablar
al acusado, que está preso desde hace seis años, y luego se leerá el
requerimiento fiscal que detalla las imputaciones en su contra:
privación ilegal de la libertad agravada en concurso con torturas y
sustracción, retención y ocultamiento de una menor. Buscarita Roa es
querellante, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS).
En este mismo proceso estaba acusado Juan Antonio del Cerro, alias
"Colores", que murió el último 2 de abril, a un paso del juicio, en la
cárcel de Devoto. Cuando el juez (ahora camarista) Gabriel Cavallo
procesó a ambos policías y les dictó prisión preventiva aseguró que
"decidían sobre la vida, la muerte, los tormentos y las demás
vejaciones a las que eran sometidos los detenidos, sin necesidad de
esperar órdenes concretas de sus superiores". Ambos actuaron en los
centros clandestinos Club Atlético, El Banco y El Olimpo. A Simón, por
eso, le esperan juicios por muchas otras desapariciones en el área del
Primer Cuerpo de Ejército.
José Poblete y Gertrudis Hlaczik fueron secuestrados el 28 de
noviembre de 1978 en su casa de Guernica por un grupo que decía
pertenecer a las "fuerzas conjuntas". Primero se la llevaron a ella,
con la beba en brazos, en un auto de la policía. Después lo llevaron a
él, "que justo ese día no tenía puestas sus piernas ortopédicas sino
que andaba en la silla de ruedas", relata su madre. Gertrudis era
estudiante de psicología. José era un técnico tornero que había
perdido sus piernas en un accidente, siete años antes de su
desaparición, y había formado en 1971 el Frente de Lisiados Peronistas
(FLP). Por testimonios de ex detenidos se supo que fueron llevados a
El Olimpo, de la División Mantenimiento de Automotores de la Policía
Federal, donde fueron sometidos a todos tipo de vejámenes.
Durante la instrucción de la causa el juez Cavallo determinó que
Gertrudis había señalado a Simón y Del Cerro como sus secuestradores y
fue el primero en anular las leyes de impunidad. También estableció,
en base a una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo, que la beba del
matrimonio, luego de estar varios días en cautiverio con sus padres,
fue entregada al teniente coronel Ceferino Landa y su mujer, Mercedes
Beatriz Moreira. En junio de 2001 el militar retirado fue condenado a
nueve años de prisión y su mujer a cinco años y medio por apropiarse y
cambiarle la identidad a Claudia Poblete, que había vivido con el
nombre de Mercedes Landa.
Buscarita será la primera testigo en hablar ante los jueces, mañana a
primera hora. También están citados otros familiares de la pareja
desaparecida y veintiún sobrevivientes de El Olimpo irán aportando sus
relatos con el correr de los días. Entre los testigos citados por la
defensa del Turco Julián figuran los apropiadores de Claudia.
"Después de tantos años de pelear parece increíble que llegue este
momento. No puedo negar la sensación de que la Justicia llega tarde,
pero este juicio será importante para las nuevas generaciones", dijo a
Página/12 Fernando Navarro Roa, quien como hermano menor de José
Poblete buscaba imitar sus pasos en la militancia social. Su mamá,
Buscarita, que trabaja en Abuelas, señaló: "Nuestros hijos,
equivocados o no, tenían derecho a un juicio justo que ellos, los
represores, les negaron y que ahora reivindican para sí". Carolina
Varsky, abogada del CELS, destacó que la lucha de los organismos de
derechos humanos "consolidó un proceso de justicia real para la etapa
más sangrienta de la historia".FIN.
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La nación
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En el primer día del juicio en su contra, "El Turco Julián" se negó a declarar
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El ex policía dijo que lo hará "más adelante"; además se exhibió un
video en el que asegura que durante la dictadura "el criterio general
era matar a todo el mundo"; en el proceso contra Etchecolatz se define
dónde seguirá preso el ex represor
El movimiento provocado por la nulidad de las leyes del perdón tendrá
hoy un nuevo capítulo. Al juicio oral que se le sigue al ex policía
bonaerense Miguel Etchecolatz en La Plata se suma el inicio de un
proceso similar contra el también ex policía Julio Simón, alias "El
Turco Julián", acusado de haber cometido violaciones de los derechos
humanos en la última dictadura militar.
Durante la primera jornada del juicio, a cargo del Tribunal Oral en lo
Federal N° 5, en el que Simón se negó a declarar, se exhibió además un
video en el que el ex represor admite la aplicación de torturas y
asegura que durante la dictadura "el criterio general era matar a todo
el mundo".
"Se aceleraba el interrogatorio mediante la tortura", se lo ve decirle
al periodista en el video, en el que también explica que que "no le
convencía demasiado la tortura porque (la víctima) quedaba muy
deteriorado luego del shock eléctrico", es decir al paso de la picana.
Imputaciones. A Simón se le imputa el secuestro, torturas y posterior
desaparición forzada de un matrimonio y el apoderamiento de la beba de
la pareja, en el centro clandestino de detención "El Olimpo" que
funcionaba durante la última dictadura.
Como el acusado hizo uso de su derecho constitucional de negarse a
declarar y dijo que la va a hacer "más adelante en toda su extensión",
el camarista Luis Di Rienzi, presidente del tribunal dispuso la
proyección de un video del programa "Telenoche Investiga".
En esa filmación, el ex represor había admitido que durante la
represión ilegal de la última dictadura militar "se mató gente que
debió haber salido en libertad", aunque afirmó que en los tres centros
clandestinos de detención en los que actuó (Club Atlético, El Banco y
El Olimpo) "no participé de ningún ´traslado´".
Durante el reportaje Simón dijo que participó de tareas para "frenar
la horda asesina que nos traían del exterior", en referencia a
supuestas actividades subversivas, que "se mató a gente que debió
haber salido en libertad" y que la conducción la tenía el fallecido ex
general Carlos Guillermo Suarez Mason.
El proceso contra Simón es el primero en jurisdicción de la Ciudad de
Buenos Aires desde la anulación de las leyes de obediencia debida y el
mismo en el que se basó la Corte Suprema para declarar la nulidad de
las leyes del perdón.
El arresto de Etchecolatz. En tanto, el Tribunal Federal Oral 1 de La
Plata resolverá hoy si revoca el arresto dispuesto el viernes pasado
para que el ex policía Miguel Etchecolatz, que hasta ahora cumple
condena en su domicilio, sea trasladado a una cárcel común.
El tribunal debe resolver el planteo interpuesto por el abogado
defensor de Etchecolatz, Luis Boffi Carri Pérez, quien argumentó que
el estado de salud del ex represor hace necesario que se le
restablezca el beneficio del arresto domiciliario.
Etchecolatz, quien desde el 20 de junio es juzgado en La Plata por dos
casos de secuestro y torturas y seis homicidios, gozaba de arresto
domiciliario desde septiembre del año pasado, pero el viernes último
le fue revocado ese beneficio tras detectarse que en su domicilio
había un arma de fuego.
Testimonio. Además, durante esta jornada, el Tribunal Federal Oral 1
de La Plata, que sesiona en el Palacio Municipal de la capital
provincial, oirá el testimonio de Jorge Julio López, un albañil
secuestrado y torturado, que, según declaró en un juicio anterior,
presenció la ejecución de una pareja, cuya muerte se imputa al ex
represor.
Esta será la primera vez que en el juicio se ventilan dos homicidios
imputados al ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense,
ya que hasta el momento los testimonios relataban casos de secuestros
y torturas infligidas en centros clandestinos de detención.
Imputaciones. La privación ilegítima de la libertad y los tormentos
sufridos por López es uno de los cargos que se imputa a Etchecolatz,
sobre quien pesa también la privación ilegítima y torturas a Nilda
Eloy y los homicidios de Ambrosio Francisco De Marco, Patricia
Graciela Dell´Orto, Diana Teruggi de Mariani, Elena Arce Sahores, Nora
Livia Formiga y Margarita Delgado.
López declarará hoy por su caso y por las muertes de Dell ´Orto y De
Marco, detallaron fuentes judiciales.
El albañil, hoy de 76 años, ya brindó testimonio en el Juicio por la
Verdad que desde 1998 se sigue en la ciudad de La Plata para conocer
el destino de más de dos mil desaparecidos de la capital provincial y
alrededores.
El caso. López fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 y tras estar
detenido en el centro clandestino de "Pozo de Arana", las comisarías 5
y 8 de La Plata y el penal 9 de La Plata. fue liberado el 25 de junio
de 1979. FIN.
En Memoria de Teófilo Rímac Capcha...
23 de junio cumple 20 años de la desaparición forzada del compañero
TEÓFILO RÍMAC CAPCHA
Testimonio de Doris Caqui, esposa del compañero desaparecido Teófilo Rímac Capcha
"Te callas o te friegas... a tu marido lo volamos en mil pedazos, a ti te descuartizamos y cada uno de tus extremidades las exhibiremos en las calles principales"
MI esposo se llamaba Teofilo Rimac Capcha, era maestro de Filosofia y Ciencias Sociales, fue Secretario General de mineros de la empresa minera de Milpo, subsecretario General de la Federacion Departamental de Comunidades Campesinas de Pasco, fundador de la Federacion Minera del Peru, gestor del Frente de Defensa de los intereses del pueblo de Pasco junto a reconocidos compañeros como Eladio Yalico Bravo, Felix Rivera y muchos otros más.
Hasta que el día 22 de junio de 1986 al promediar las 12 de la noche ingresan a mi domicilio alrededor de 20 soldados del Ejercito Peruano, lo sacaron de mi dormitorio, nos separaron. A Teófilo se la llevaron a mi sala, a mí me tiraron boca abajo en el piso de mi dormitorio y mis 3 pequeños hijos comenzaron a llorar al ver todo lo que sucedía en mi casa. Y luego, Teófilo fue conducido a la base militar de Carmen Chico en Pasco, desde aquella noche nunca mas pude ver a mi esposo.
En dicha base militar el responsable era el Comandante EP Javier Robles Leo y un Teniente Segil según el testimonio de los detenidos con Teofilo.
En los días siguientes intentamos llegar a la base militar de Carmen Chico con el diputado David de la Sota Atahuaman lamentablemente los soldados del ejercito no nos permitieron cruzar ni siquiera la zona de Pucayacu ex ciudad universitaria de la UNDAC, tenian ordenes de disparar. Por otro lado tampoco el fiscal de Pasco no pudo hacer nada, el Ejercito tenia el control poltico militar de la ciudad de Pasco ya que se encontraba declarado como zona de emergencia..
La misma noche que llevaron a mi esposo a la base militar habían sido detenidos dirigentes mineros, dirigentes estudiantiles y dirigentes campesinos. Y uno de los detenidos Juan Santiago ex - Secretario General de Mineros Metalurgicos de Centromin quien compartió los calabozos en la base militar de Carmen Chico, el día 27 de junio me manda llamar a su casa para decirme que a Teofilo lo han matado, lo han torturado lo han llenado en un costal, han jugado fútbol con él. Él tenía toda la mandíbula destrozada, tenía las costillas rotas, tenía fractura por todos lados. Lo han introducido el FAL por la boca hasta donde han podido. Le han introducido el mango de la escoba por el recto y Teófilo no ha podido soportar todo eso.
Sin embargo, me dice, antes de fallecer me ha dejado un encargo para usted. Teófilo ha dicho: Dígale a Doris, mi esposa, que cuide a mis hijos, que nunca abandone. Que haga de Iván un gran hombre, que haga de Carla una gran mujer, de Tania, una linda niña, que sea valiente y que sepan afrontar la situación. A mí me matan, dice Teófilo, sin culpa alguna y todos ustedes quizás van a morir. Dijo esto y expiró Teófilo., a medida que iba contándome lloraba, creo, mucho más que yo. Estaba aterrorizado de todo lo que había pasado con mi esposo.
Seguí para adelante con las denuncias, el caso concitó la atencion de algunos medios sobre todo la prensa escrita no solamente a nivel de nuestro pais sinó a nivel internacional. En una oportunidad juntamente con el Dr. Genaro Ledesma Izquieta logramos conversar con el Comandante Politico Militar Javier Robles Leo, a quien le exigimos que nos diga la verdad acerca de mi esposo, a pesar de que casi todos los que estuvieron detenidos con Teofilo habian confirmado de su muerte, en algun momento tenia la sensacion de que pudiera estar vivo, por eso le exigi con tanta fuerza la verdad a este Comandante.
Entonces me dijo: señora Doris, su esposo no ha muerto, su esposo está vivo. Nosotros lo estamos teniendo controlado. A más tardar dentro de quince días su esposo va a llegar a su casa caminando con sus propios pies. Senti tanta indignación y dolor por que comprendi que se estaba burlando del senador Genaro Ledesma y de mi persona. Fue entonces que abandone la oficina en San Juan Pampa de este mal Comandante.
Mas adelante con el apoyo de Parlamentarios de Izquierda logramos obtener una Comision Investigadora de la Camara de Senadores, en su mayoria conformado por apristas y solo dos era de izquierda, los compañeros Jorge del Prado y Javier Diez Canseco. El Compañero Javier realizo una investigacion completa, recogio testimonio de cada uno de los detenidos, se constituyó a la ex-base Militar de Carmen Chico , pensando quizas encontrar algunos indicios que pudiera permitirnos ubicar los restos de Teofilo. Mientras que los otros comisionados apristas nunca llegaron a viajar siquiera a Pasco; sin embargo emitieron un informe, donde decia que Teofilo Rimac Capcha habia fugado de la Base Militar de Carmen Chico.¿Como pudo haber fugado Teofilo si los militares estaban armados hasta los dientes?
Por otro lado, la investigacion exhaustiva del compañero Javier Diez Canseco emitia un informe en minoria... decia que Teofilo Rimac Capcha habia fallecido como consecuencia de las torturas a las que habia sido sometido en la base militar.
Finalmente el caso traspasó las fronteras pues, postulamos la candidatura de Teofilo a la alcaldia provincial de Pasco, donde lamentablemente perdimos por una diferencia insignificante contra el Apra, esto permitio visibilzar el apoyo y el cariño contudente que le tenia el pueblo de Pasco a nuestro querido compañero, ya que los medios de comunicación en sus titulares principales publicaron : "Un fantasma gana la alcaldia en Pasco ", otro "Rimac Capcha es alcalde electo por Pasco", etc. estos hechos permitieron que el caso de Teofilo avance, la Asociacion Pro-Derechos Humanos APRODEH por su parte tomó el caso llegando asi el caso a la Comision Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington-EEUU.
Esto no fue facil, ya que fui detenida en Pasco por tres oportunidades donde me golpearon, me amenazaron, me decían que de una vez por todas callara lo de mi esposo. "Te callas o te friegas... a tu marido lo volamos en mil pedazos, a ti te descuartizamos y cada uno de tus extremidades las exhibiremos en las calles principales"
Yo fugué de Cerro de Pasco, huí disfrazada de campesina. Me apoyaron CODEH-Pasco, Aprodeh . Me enyesaron la cabeza, me enyesaron las piernas unos amigos médicos. Así pasé las bases militares, los controles de Junín, de Carhuamayo y finalmente Lima. En la capital no teníamos casa, los pocos familiares que teníamos huían de nosotros. No tenia trabajo. Yo soy maestra. Así deambulaba por las calles, a veces sin comer. Finalmente logre reincorporarme a mi trabajo gracias a la gestión de compañeros sutepistas.
En la actualidad la investigacion acerca del caso de mi esposo continua en la Fiscalia de Pasco, sin avance alguno, mientras tanto los asesinos caminan libres .
¡No a la Impunidad!
¡Sancion a los asesinos!
¡Exigimos la judilizacion y esclarecimiento de la muerte del compañero Teofilo Rimac Capcha!
Los pueblos tienen el compromiso solidario de exigir justicia por sus hijos.
La esposa , hijos y amigos
Lima, 14 de junio 2006
Junio 27, 2006
M�s testimonios en el juicio a Etchecolatz
“Yo no olvido ni perdono a ninguno de los personeros de la muerte”.
Lo dijo Walter Docters, hijo de un oficial de policía bonaerense y ex empleado de la repartición, al relatar su cautiverio en distintos centros clandestinos de detención. El abogado de Etchecolatz pidió que vuelva a la detención domiciliaria.
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata
Información de Prensa
Juicio a Etchecolatz
Secretaría Jurídica
(La Plata, 26junio2006). El abogado de Etchecolatz, Dr. Luis Boffi Carri Pérez, solicitó hoy al Tribunal Oral en lo Federal Nª 1 que deje sin efecto la orden de prisión efectiva contra el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, basándose en su estado de salud “agravado” y argumentando que el ex Director General de Investigaciones de la Policía provincial “es un hombre pacífico”, ya que al ser atacada su casa por la “horda de salvajes” (hacía referencia a un escrache) se limitó a llamar a la policía.
Alegó también que no era cierto que Etchecolatz tenía un arma en su poder, ya que la misma había sido entregada a su suegra, quien habita un departamento a pocas cuadras. Ante ello, el Dr. Oscar Rodríguez, representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata manifestó al Tribunal que la madre política del represor podía estar incursa en el delito de tenencia ilegítima de arma de guerra.
En el priemr testimonio de la fecha declaró Walter Docters, quien fuera secuestrado el 20 de septiembre de 1976, luego de afirmar en la Escuela de Suboficiales y Tropa de la policía provincial, que la policía no debía comandada por un coronel sino por un hombre de la propia fuerza, ya que se había conformado una banda de delincuentes al servicio de la corrupción y la tortura.
Docters fue llevado al destacamento policial de Arana, que funcionaba –según se viene demostrando en estas audiencias– como centro clandestino de torturas e interrogatorios. Allí fue sometido al paso de corriente eléctrica, como todos los que pasaban por ese lugar, y también con la práctica conocida como “submarino”.
Durante su estadía en esa dependencia fue trasladado a la sede de la Dirección General de Investigaciones por el Comisario Nogara, para entrevistarse con su familia, ya que su padre era también funcionario policial y había realizado gestiones por él con Etchecolatz. Mientras conversaba con sus familiares en la Jefatura de Policía, se asomó el acusado y le dijo a su padre: -”¿Viste que estaba vivo?. A ver si te dejás de joder ahora”. Docters padre declaró en el Juicio por la Verdad en noviembre de 2001, pero jamás accedió a involucrar a sus camaradas de armas. Sí reconoció haber visitado a su hijo en la Dirección General de Investigaciones (ver www.apdhlaplata.org.ar/prensa/2001/141101.htm).
El testigo permaneció en Arana alrededor de diez días. Describió los vejámenes sufridos, explicando que en ese sitio se les hacía “cualquier cosa que hiciera sentir a uno que no iba a tener después de eso ninguna posibilidad de vida, de dignidad, de nada”. El 1º de octubre fue trasladado al “Pozo de Quilmes”. Allí supo que en ese lugar se hallaba también alojada Nilda Eloy, a quien luego encuentra en la Comisaría Tercera de Valentín Alsina.
Preguntado si supo alguna vez la razón de su secuestro, respondió: “Fui un delegado estudiantil y fui y soy un militante popular”.
En Arana torturaban mientras comían
También prestó declaración hoy la actual Directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de La Plata, Nora Alicia Ungaro, quien fue secuestrada el 30 de septiembre de 1976, quince días después que su hermano Horacio Ángel, en el domicilio de otro desaparecido de la llamada “Noche de los Lápices”, Daniel Racero.
Ungaro fue llevada al cuerpo policial de caballería en 1 y 60 por unas horas y trasladada por la noche al Destacamento policial de Arana, al cual, igual que Docters, calificó como centro de torturas.
Se refirió especialmente a los casos de Ángela López Martín, profesora de historia en el Colegio Nacional y su compañero Osvaldo Busetto, herido durante el operativo que lo secuestró, así como a la situación de los hermanos Badell, quienes eran objeto de especial ensañamiento por su condición de policías. Su relato detalló con entereza los tormentos, pero se quebró al recordar la solidaridad y el afecto con que había sido tratada por otras presas como la mencionada López Martín y Amelia Acosta de Badell.
La testigo describió los métodos de tortura en ese centro clandestino de detención, coincidiendo con los restantes testigos que prestaron declaración en este proceso y aregando que escuchaba mientras era torturada que los represores almorzaban. Se decían: “pasame la mayonesa”. En Arana tuvo oportunidad de compartir el cautiverio con Nilda Eloy. Al igual que un grupo importante de secuestrados vinculados con la “Noche de los lápices”, Ungaro fue trasladada luego a la Brigada de Investigaciones de Quilmes (Pozo de Quilmes), donde ya no fue sometida a torturas, pero el régimen era inhumano en cuanto a alimentación e higiene y continuaban desaparecidos para sus familias.
Finalmente volvió a Arana y fue liberada cerca de su domicilio.
Junio 26, 2006
ATACAN A MADRE DE PLAZA DE MAYO DE ROSARIO
*ATACAN A MADRE DE PLAZA DE MAYO DE ROSARIO*
/Herminia Severini recibió en su casa un volante difamatorio e
infamante. La llaman terrorista y le dicen que no es cierto que su hija
esta desaparecida./
Por Patricia Luján y Julio Fernández
Rosario2/06/06ECA. A los 80 años Herminia continúa acompañando la lucha
de docentes, estudiantes y trabajadores. Es habitual encontrarla en una
protesta o en una movilización.
Tal vez su continua e incansable militancia a favor de los excluidos de
esta sociedad, sea la razón que motivó el cruel panfleto dejado
anónimamente en su hogar y en el teléfono público de la esquina.
Según relató Herminia el libelo afirma que su hija Adriana no está
desaparecida sino que está viva en Cuba. "Ojalá estuviera viva porque
aún la sigo buscando, dicen que no hay desaparecidos... dicen que soy
terrorista, madrina de narcotraficantes de Colombia, quienes me conocen
saben que no soporto el humo de un cigarrillo y me llaman
narcotraficante", manifestó Herminia sonriendo. "Se molestaron en
agregar una foto mía sin el pañuelo, en la que salí muy
bien", mencionó desafiante.
El escrito se autoproclama la autoría de un supuesto grupo denominado:
JUVENTUD CRISTIANA ROSARINA.
Herminia Severini vive en la misma casa desde hace más de 50 años.
Este acto repudiable ocurre en momentos en que el país sufre una marcada
efervescencia de ciertos sectores que pujan por crear un ambiente de
miedo, como en épocas pasadas.
Ante este hecho la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos se
solidarizó con Severini haciendo un llamamiento activo a todos los
sectores sociales frente a semejante atropello. La convocatoria se
realizará el lunes 5 de junio a las 16:30 en Brasil 486.
No Olvidamos, No Perdonamos, No Nos Reconciliamos
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario
apdhrosario@yahoo.com.ar apdh_rosario@yahoo.com.ar
Juicios a los militares en Uruguay?
LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CONO SUR
Uruguay: el Ejército acepta los juicios a militares de
la dictadura
Guillermo Pellegrino MONTEVIDEO. ESPECIAL CLARIN,
ARGENTINA.
Un nuevo capítulo en materia de derechos
humanos parece desatarse en Uruguay. Primero fueron
las declaraciones del presidente Tabaré Vázquez, en
las que resolvió excluir a los altos mandos militares
del amparo de la amnistía vigente para los militares
acusados de violaciones a los derechos humanos. Ayer,
una noticia del semanario Búsqueda señala que el jefe
del Ejército piensa que sería conveniente enjuiciar a
los militares uruguayos en el país, para evitar que se
los juzgue afuera.
"El Jefe del Ejército cree que la única forma que
existe para evitar la extradición de militares a
Argentina es que sean enjuiciados en Uruguay", señala
la tapa de la publicación. Según Búsqueda —que señaló
como origen de la información a una fuente política—,
el comentario del comandante en jefe del Ejército
Carlos Díaz fue a manera de reflexión y en el marco de
una reunión con algunos de los oficiales arrestados.
La revista se comunicó telefónicamente con el jefe del
Ejército quien confirmó la reunión y dijo que "pudo
haber manejado esa afirmación como una reflexión ante
la hipótesis de que finalmente la justicia uruguaya
acceda al pedido argentino" de extradición de los
militares.
En su declaración, Díaz se refería concretamente a los
5 militares y un policía detenidos a la espera de la
extradición solicitada por el juez argentino Guillermo
Montenegro por la causa Plan Cóndor. Se trata de José
Ricardo Arab, José Nino Gavazzo, Ricardo Medina,
Ernesto Rama, Jorge "Pajarito" Silveira Quesada y
Gilberto Vázquez, involucrados directamente en la
detención ilegal de 11 uruguayos y de la argentina
María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman.
A la hipótesis mencionada por Díaz debe agregarse la
preocupación que hay desde hace unos meses en filas
castrenses, y en otros actores de la vida política,
por la consumada extradición a Chile de tres militares
uruguayos implicados en el secuestro y homicidio del
químico chileno Eugenio Berríos, ex agente de la DINA,
la policía secreta de la dictadura de Augusto
Pinochet. Claro que este caso fue radicalmente
distinto ya que el crimen ocurrió en los '90, en plena
democracia.
Según las fuentes consultadas por Búsqueda, "los tres
militares con los que se reunió Díaz recibieron con
'frialdad' las expresiones del Comandante en Jefe".
"Creo que si no se juzga a los militares violadores de
derechos humanos en Uruguay por causa de una ley de
impunidad, se los debe someter a la justicia, para que
solicite las extradiciones por delitos que puedan
haber cometido en el extranjero. Tratándose de delitos
de lesa humanidad, obviamente hay un criterio de
universalidad en la persecución de los mismos para su
juzgamiento", dijo a Clarín Guillermo Payssé,
Coordinador del Serpaj (Servicio de Paz y Justicia).
Payssé también se refirió a las declaraciones del
presidente Vázquez acerca de que los altos mandos
militares de la dictadura quedarán fuera del alcance
de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del
Estado, promulgada en 1986 y reconfirmada mediante un
referéndum en 1989.
"La posición de Tabaré no es nueva", dijo Payssé.
"Hace más de un mes, en EE.UU., ya se había
manifestado al respecto. Desde los organismos de
derechos humanos consideramos que los mandos militares
no están dentro de la ley de caducidad por el propio
texto de la ley, y además por la posición jerárquica
que ocupaban, por ser los responsables mediatos de las
acciones de sus subordinados, las hayan conocido o
no", dijo Payssé.
Clarín intentó comunicarse con referentes del sector
militar, pero muchos se negaron a hablar. Quien sí
aceptó dar su opinión sobre las declaraciones del jefe
del Ejército fue el general retirado Oscar Pereira,
autor del libro Recuerdo de un soldado oriental del
Uruguay (2004), en el que el militar asume las culpas
del Ejér cito en el período de la dictadura
cívico-militar.
"De ser real, la de Díaz es una reflexión muy
importante porque, al fin y al cabo determina y acepta
que los militares deben ser juzgados", declaró Pereira
a este diario entre desconfiado y optimista. "Pero por
otro lado —dijo— no me queda claro a través de qué
mecanismo podrían ser hoy juzgados si no se anula la
ley de caducidad, que es lo que corresponde hacer,
para preservar la institucionalidad del país. Este no
es un tema político ni tampoco militar, es un tema de
la sociedad, y creo que al final la sociedad va a
lograr el propósito de derogar o anular esa ley",
declaró el militar retirado.
Entrevista a Schiffrin sobre el juicio a Etchecolatz
EL JUEZ DE LA PLATA LEOPOLDO SCHIFFRIN ANALIZA EL JUICIO A MIGUEL ETCHECOLATZ
"No me quería sentar encima de la prueba"
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A partir de las audiencias del juicio por la Verdad, este magistrado
dio el puntapié inicial para que se realizara el juicio contra Miguel
Osvaldo Etchecolatz, que comenzó esta semana.
Por Victoria Ginzberg
En 1999, después de escuchar durante más de un año testimonios de
sobrevivientes y familiares de desaparecidos en el Juicio por la
Verdad, el camarista de La Plata Leopoldo Schiffrin pidió a sus
compañeros del tribunal que el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz
fuera citado como sospechoso. Todavía estaban vigentes las leyes de
impunidad. Se trataba de iniciar un camino y forzar una declaración
sobre la invalidez de esas normas. La iniciativa de Schiffrin fue
discutida, rechazada y, finalmente, girada a un juez de primera
instancia para que se investigaran los crímenes que habían conmovido
al juez en las audiencias públicas. Al magistrado le disgustó la
medida, pero ese hecho culminó en el juicio oral contra el ex director
de Investigaciones de la Policía Bonaerense que comenzó esta semana.
Schiffrin cuenta ese proceso y analiza los avances de los expedientes
sobre el terrorismo de Estado. "Tenemos una Justicia tardía, tenemos
que evitar que sea más tardía aún", señala.
En La Plata dicen que esta causa se inició por hartazgo, porque usted
se cansó de escuchar tantos testimonios en el Juicio por la Verdad sin
poder hacer nada, ¿es así?
Es así, sólo que está simplificado. En 1999, cuando ya llevábamos más
de un año de juicio y se veía que la prueba era abrumadora, preparé
con mis colaboradores de entonces una iniciativa dirigida al pleno de
la Cámara que no era una denuncia para que Etchecolatz fuera citado
en declaración indagatoria. No podíamos citarlo como testigo.
Pero era difícil citarlo porque todavía estaban vigentes las leyes de
Punto Final y Obediencia Debida.
Sí, pero más por el espíritu que existía, porque las leyes ya estaban
muy cuestionadas. La ley de Obediencia Debida tenía una parte procesal
que impedía el llamado a indagatoria, pero como estaba derogada, eso
no se aplicaba más. Nada impedía llamarlo por esos hechos. Después, él
podía invocar la ley de Obediencia Debida, que se podía aplicar como
ley penal más benigna.
¿Y luego había que dejarlo libre?
Si él invocaba la Obediencia Debida había que definir si la ley era
válida o nula, por eso nadie lo quería agarrar. En definitiva, hasta
que no hubo una corriente de opinión muy fuerte y avalada
legislativamente, en los tribunales no se dio el paso. El paso se dio
a la rastra de la opinión pública.
¿Usted intentaba iniciar un camino y ver qué pasaba?
Es que la derogación, para mí, fue un gran paso. En la Cámara Federal
de La Plata hubo un gran debate. Las posiciones estaban tan divididas
que al final esto lo decidieron jueces de primera instancia que
actuaron como conjueces y decidieron que esto fuera considerado una
denuncia, que no era tal. Yo me quedé muy lesionado. Estuve tres meses
sin ir a las audiencias. Me empezó a dar vergüenza.
¿Vergüenza porque no lo citaban a Etchecolatz?
En general... que se estuviera acumulando prueba... Me acuerdo que en
un momento en que habíamos ordenado una inspección ocular, un militar
me dijo: "Muy bien, usted acumula una montaña de prueba y después,
¿qué hace con eso?, ¿se sienta encima?" Yo no me quería sentar encima.
Entonces, ahí fue que la mayoría que no quiso tomar indagatoria lo
mandó como denuncia a primera instancia. El juez (Arnaldo) Corazza se
declaró incompetente y fue a Capital Federal, donde quedó en manos del
juez Sergio Torres, que la instruyó bien. Cuando toda la causa 44
(Camps) con sus derivados vuelve a La Plata, llega esta causa, que
estaba a tal punto preparada que ya tenía el pedido de elevación a
plenario. Así, quedó lista después de obstáculos procesales menores y
llegó a ser el primer juicio que se llevó a cabo. Llevó por años la
carátula Schiffrin sobre denuncia, hasta que la cambiaron por
Etchecolatz. Es decir que soy denunciante, pero no en el sentido
clásico de la palabra. Primero por lo que acabo de narrar, pero
también porque es una denuncia que se hizo por obligación del oficio.
Los juicios por la Verdad fueron criticados porque no se podía
condenar a los represores. Las denuncias que salieron de La Plata
demostraron que tuvieron su utilidad, pero ahora que las leyes están
anuladas, ¿siguen teniendo sentido?
Son irreemplazables. Esto funciona como una central de reunión de
información. En realidad, no hemos hecho ni la mitad del trabajo.
Hemos tomado más de mil cien declaraciones. Hay cantidad de casos que
no se conocen. Desaparecidos tenemos contados mil ciento ochenta y una
gran cantidad de ellos son nuevos con relación al Nunca Más. Y todos
los días aparecen nuevos. La capacidad de los juzgados de instrucción
no da para hacer estas cosas. Por esto es como una central de reunión
de información que los fiscales la toman para abrir causas o
enriquecer causas abiertas.
Lo de central de reunión de información suena a la SIDE.
Bueno, no sé cómo llamarla (se ríe). Pero no se olvide que se trata
de información pública a la que se puede acceder por Internet.
Otra denuncia que salió del juicio por la Verdad es la del cura
Cristian Von Wernich, ¿en qué estado está la causa?
Creo que tendría que ser elevada pronto a juicio. Hasta ahora nunca
se juzgó a un miembro de la Iglesia por estos hechos.
Justo ahora que la Iglesia hace esos llamados a la reconciliación.
La reconciliación es una idea que podría tener sentido cuando ambas
partes se han inferido iguales lesiones. Las más de mil declaraciones
y la documentación revelan que los blancos favoritos de la represión
no eran los pocos resistentes armados que podían quedar, sino la masa
de los activistas, por ejemplo, del campo gremial. Los dirigentes
gremiales de base y los estudiantes eran los favoritos. A la Cámara
viene gente muy humilde que nunca tuvo oportunidad de declarar. En
realidad, hay gente de dos tipos: los que agradecen la oportunidad y
dicen que por fin han encontrado un lugar donde los oigan y han podido
vertir sus penas y otros que están enojados que dicen "después de
tantos años y ¿qué pasa..?".
Y los dos tienen razón, ¿no?
Los dos tienen razón. Otra de las cuestiones que se ha comprobado en
estos juicios es la fenomenal desaparición de pruebas. Se supo que se
destruyeron 23 libros de la morgue policial de La Plata que eran
preciosos. El único que sobrevivió lo están usando en el juicio contra
Etchecolatz.
En algunas jurisdicciones los juicios están avanzando y en otras
están estancados. ¿Se puede hacer algo al respecto?
Yo siempre sostuve que hay que dictar una ley especial que obligue a
los jueces a actuar, no digo en términos muy breves, porque no se
puede, pero sí en términos muy claros. Y se debe establecer que si no
se cumple es causa de mal desempeño. Además se necesitan reglas para
agilizar algunos actos procesales, como las apelaciones.
Es que se trata de delitos imprescriptibles, pero se corre el riesgo
de no hacer los juicios y de que se mueran los represores y las
víctimas.
Claro. Cuando hay buena voluntad, por ejemplo en La Plata, los jueces
mandan incidentes de apelación y siguen instruyendo la causa. Pero,
para mí, tiene que haber una ley que obligue a los jueces a actuar. Yo
llevé un proyecto a (el presidente Néstor) Kirchner cuando se reunió
con la Comisión Provincial por la Memoria, al inicio de su mandato.
Fui como consultor de la Comisión y lo llevé, pero hasta ahora no pasó
nada.
¿El destino de las causas termina dependiendo de la buena voluntad de
los jueces?
No puede ser que dependa de la buena voluntad de los jueces. Muchos
dicen que no se puede establecer reglas especiales. Pero también está
esta circunstancia: acá hubo una sistemática denegación de Justicia
por 20 años. No sigamos atrasando el procedimiento. En Buenos Aires y
La Plata más o menos camina, pero en el interior...
¿Cómo evalúa el accionar de los jueces en general?
Está el problema genérico que tiene siempre una corporación
burocrática con un pasado ligado a la antigua república oligárquica.
Hoy hay muchos hombres nuevos, que no pertenecen a ese sector social,
pero aún así, el espíritu general es estar ligado a esa vieja
república no del todo desaparecida. Pero es una corporación en
transición. Yo quisiera que este momento crucial fuera de reflexión.
Ya que la judicatura está respondiendo en la forma que la Justicia
reclama, que las medidas legislativas también puedan impulsarlo.
¿Por qué es un momento crucial?
Si estos juicios no se hacen ahora y con cierta premura no se hacen.
Tenemos una Justicia tardía, tenemos que evitar que sea más tardía
aún. Hay desaparición de pruebas, testigos muertos.
¿Por qué cree que ahora surge un grupo que defiende públicamente la dictadura?
Porque empezó a verse que la lucha contra la impunidad produce
algunos resultados. Y eso conmueve la estructura de autojustificación
complaciente que subsistió tantísimos años.FIN.
Junio 10, 2006
Juicio contra Etchecolatz
Justicia Ya en La Plata
Comunicado de Prensa
8 de junio de 2006
Etchecolatz en el banquillo
COMIENZA EL PRIMER JUICIO CONTRA UN REPRESOR DESDE LA NULIDAD DE LAS LEYES DE IMPUNIDAD
Es la culminación de una causa que investigó ocho casos de secuestros, torturas y homicidios cometidos durante la última dictadura. El imputado es el ex Director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Osvaldo Etchecolatz. El juicio oral y público se hará en La Plata desde el 20 de junio, y se prevé que declaren más de 130 testigos.
El 20 de junio comenzará en La Plata el juicio oral y público al represor Miguel Osvaldo Etchetolatz, por su responsabilidad en casos de secuestros, torturas y homicidios cometidos durante la última dictadura militar. El expediente se inició en 1999, pero será la primer causa que llega a juicio desde la anulación definitiva de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, obtenida tras años de lucha popular de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremiales y políticas, familiares y víctimas directas del terrorismo de Estado.
Etchecolatz —ex Director de Investigaciones de la Policía provincial durante la dictadura— tendrá que responder por su responsabilidad en el homicidio calificado de Diana Esmeralda Teruggi; la privación ilegal de la libertad, torturas y homicidio de Patricia Dell'Orto, Ambrosio De Marco, Nora Formiga, Elena Arce y Margarita Delgado; y la privación ilegal de la libertad y torturas de Nilda Emma Eloy y Jorge Julio López.
Los organismos nucleados en el espacio "Justicia Ya en La Plata" participarán activamente del juicio, que durará al menos tres meses, durante los cuales declararán cerca de 130 testigos. En la querella actuarán abogados de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, HIJOS La Plata, Liberpueblo, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, CEPRODH, APDH La Plata, Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), CODESEDH y FIDELA.
La historia de la causa
Este expediente se inició en 1999, a partir de una serie de casos de violaciones a los derechos humanos perpetrados durante la dictadura pero que nunca habían sido investigados ante la Justicia. Los primeros datos surgieron de testimonios brindados en el Juicio por la Verdad de La Plata, y tomaron forma de denuncia penal cuando la Cámara Federal de La Plata los remitió a un juzgado de primera instancia para iniciar la investigación.
La causa en sí es fragmentaria en cuanto a los hechos que toma, y limitada en cuanto a la investigación integral del aparato represivo ilegal instaurado durante la última dictadura. No obstante, el contexto en el cual se inició estaba marcado por la vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que convalidaron la impunidad de los genocidas argentinos hasta el 2003. En aquel marco, los organismos de Derechos Humanos nos presentamos como querellantes e impulsamos la causa, que constituía uno de los pocos caminos abiertos en el ámbito de la Justicia para avanzar en la investigación.
Sin embargo, el expediente estuvo paralizado durante varios años —pese a la cantidad de elementos de prueba que ya estaban reunidos en la causa— fundamentalmente por conflictos de competencia entre distintos jueces de La Plata y Buenos Aires. Recién en 2004, con Etchecolatz ya procesado por la justicia federal de Buenos Aires, la causa volvió a recaer en el mismo lugar en donde se había originado: el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, a cargo del juez Arnaldo Corazza, que a fines del 2005 dio por clausurada la etapa de instrucción.
Todos los genocidas, por todos los compañeros
El juicio oral contra el represor Etchecolatz abarca unos pocos hechos no conectados directamente entre sí. La investigación no los inserta en el circuito de centros clandestinos de detención ni abarca la estructura represiva en su totalidad, a diferencia del enfoque integral que promovemos desde "Justicia Ya en La Plata", que implica que todos los genocidas respondan judicialmente por todos los compañeros víctimas del terrorismo de Estado.
Consideramos que el camino hacia la Verdad y la Justicia por los crímenes de la dictadura debe partir de la investigación integral del aparato represivo, enmarcando siempre los hechos en el plan sistemático de eliminación de personas implementado por la dictadura militar.
No obstante, los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, familiares y víctimas directas que componemos este espacio consideramos que es importante participar de este proceso, el primero en llegar a la etapa oral desde que la lucha popular consiguió la inconstitucionalidad y anulación de las leyes de impunidad, y que alcanza los delitos que constituyeron el núcleo del accionar represivo: el secuestro, la tortura y el homicidio.
El juicio oral contra Etchecolatz que comenzará el 20 de junio será el primer paso en el largo camino que falta recorrer para lograr el Juicio y Castigo a todos los culpables del terrorismo de Estado.
Convocatoria al acto de “Justicia Ya en La Plata”
Consideramos que es importante la presencia de todos durante el juicio oral al represor Etchecolatz. Estaremos informando el lugar, pues todavía no está definido el sitio en donde tendrá lugar el juicio.
Asimismo, convocamos al acto y conferencia de prensa que tendrán lugar el mismo día de inicio de las audiencias orales y públicas, el próximo 20 de junio a las 10 hs, en lugar a confirmar.
Nos reuniremos bajo la consigna “Juicio a todos los genocidas. Condena por todos los compañeros. Empezamos con Etchecolatz”.
JUSTICIA YA EN LA PLATA
8 de junio de 2006
JUSTICIA YA EN LA PLATA está integrado por:
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Plata
Asociación Anahí
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD)
Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada
Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Prov. de Bs. As.
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH)
Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH)
Comité de Acción Jurídica (CAJ)
Familiares de Desaparecidos (La Plata)
Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA)
H.I.J.O.S. (La Plata)
Liberpueblo
Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH)
Madres de Plaza de Mayo (La Plata)
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)
Guatemala debe apoyar la convención contra las desapariciones forzadas
GAM
Grupo de Apoyo Mutuo
8a Calle 3-11 Zona 1
Ciudad de Guatemala
Guatemala debe apoyar la convención contra las desapariciones forzadas
A partir del próximo 19 de junio se inicia la primera sesión de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (CDH-ONU), de la cual Guatemala es parte. Durante esta jornada de trabajo que se alargará algunas semanas, se discutirán asuntos de suma trascendencia para el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.
Uno de esos aspectos, es el concerniente a la aprobación de la Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, cuyo documento fue concluido el pasado 26 de septiembre por el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas.
El voto guatemalteco es sumamente importante, porque es el país que tiene el más alto número de desapariciones forzadas en todo el planeta, no ha sido posible que se investigue uno solo de estos casos y lo mas reciente, es que existe el compromiso de parte de cuatro instituciones para investigar los casos de desaparición forzada, siendo estas:
Ministerio público.
Organismo judicial.
Procuraduría de los derechos humanos.
Comisión presidencial de derechos humanos.
Este gobierno cuenta una vez mas con la oportunidad de ponerse de lado de las víctimas, con una acción de esta naturaleza puede limpiar su imagen, que se encuentra bastante deteriorada debido al incremento en las violaciones a los derechos humanos y la protección que ha existido a favor de los terroristas que tanto dolor causaron en el pasado reciente a la población guatemalteca.
El GAM le hace un llamado público al Presidente de la República, al Ministro de Relaciones Exteriores y al embajador de Guatemala ante el CDH-ONU, para que vote a favor de la aprobación de la Convención.
Con esta convención existirá un instrumento que contribuya a erradicar del planeta un crimen tan aberrante como es la desaparición forzada.
¡JUNIO, MES DEL XXII ANIVERSARIO DEL GAM Y DE LUCHA A FAVOR DEL ESCLARECIMIENTO DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS!
Guatemala 9 de Junio de 2006
Junio 9, 2006
BA: Homenaje a 50 años de los fusilamientos
1956 - JUNIO - 2006
...En los primeros días de junio de 1956 la Dictadura Militar secuestra y asesina a integrantes de la Resistencia Peronista
"27 EJECUCIONES EN 6 LUGARES, EN 72 HS."
HOMENAJE
14 Hs. OFRENDA FLORAL
a los fusilados
ESPACIO DE LA MEMORIA PLAZA CANAL SAN FERNANDO
Colón y Constitución
19 Hs. CINE DEBATE
OPERACIÓN MASACRE
Basado en el libro de Rodolfo Walsh con la presencia de familiares de integrantes de la resistencia peronista
TEATRO MARTINELLI LAVALLE 3021 - VICTORIA
(A tres cuadras de la Estación)
SÁBADO 10 DE JUNIO
¡ANTES Y AHORA, LA LUCHA ES UNA SOLA!
COMISIÓN POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA -- ZONA NORTE