MIGUEL,
Miguel, Miguel Angel, Miguel Angel Horton, no te conozco, no sé de tu estatura, ni de la forma de tus brazos y mucho menos podría hoy reconocer tu rostro. Supongo que a nosotros nos toco conocernos de otra manera, de la manera que se descubre tu ausencia entre el alma de quienes te aman. Supe de ti por unos ojos claros que mientras dicen TE AMO están siempre buscando la forma de compartirte su vida. Supe de ti cuando escarbe en el alma del hombre a quien amo y encontré ese dolor ajeno, que ahora siento como propio. Supongo que si estás entre esos ojos, que si habitas las almas de aquellos a quienes también amo, entonces ya sabes de esta niña que queriendo ser mujer, poco a poco aprende de tu mundo.
No sabes cómo me duele que no estés Miguel, cómo me duele reconocer los rostros que te aman y no poder saludarte junto a ellos. Quiero entonces, así, creyendo que mientras escribo estás letras tu me escuchas, tu me lees, presentarme y decirte que tu ausencia está tan presente, que aprendí a llevarte en mi corazón y a querer encontrarte.
TU MERO RECUERDO ES EL GRITO QUE PERMANECE EN NUESTRAS GARGANTAS.....
Desde aquí, desde está tierra que también es tuya, un abrazo Miguel, un abrazo....
Talía Osorio
¡Tanto discurso, tanta letra escrita, tanta imagen sin cuerpo, tanto esbozo nulo! Se comen todo. Se comieron la revolución, se comieron la justicia, se comieron la educación, se comieron la dignidad. Se comen a los desaparecidos.
"Los desaparecidos no están, no tienen entidad, no existen" (Videla dixit)
Tanto recuerdo vaciado de contenido, tanta memoria falsa, tanto recorrido mustio! Se comen el trabajo, se comen el amor, se comen la lucha, se comen la poesía.
Miguel Ángel Horton está secuestrado desde el 30 de junio de 1977. Miguel es foguista de ferrocarril. Miguel tiene mamá, y conversa con ella. Miguel tiene hermanos, y sobrinos, y nietos. Miguel tiene familia. Miguel ama a su hijo Miguel. Miguel grita conmigo mientras pulso estas teclas. Miguel nos desnuda las almas cada día.
Miguel construye nuestra memoria. Miguel Angel Horton está, tiene entidad, existe.
Por Emilio Díaz
VARIAS AGENCIAS.
Agencia Télam. Argentina. 28 de julio de 2006. La
Cámara Federal confirmó los procesamientos del ex
dictador Jorge Rafael Videla y otros ex jefe militares
responsables en Argentina del 'Plan Cóndor', como se
denominó al sistema de persecución, secuestro, tortura
y muerte de opositores políticos, ideado por las
dictaduras latinoamericanas de la década del '70.
La medida alcanzó, además, a los ex militares Albano
Harguindeguy, Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamín
Menéndez, Santiago Omar Riveros y Ramón Genaro Díaz
Bessone, entre otros represores, informaron hoy
fuentes judiciales.
El mismo temperamento siguió la Sala I del Tribunal
respecto de Antonio Vañek, Bernardo José Menéndez,
Eduardo Samuel De Lío, Carlos Landoni, Juan Pablo Saa,
Jorge Olivera Rovere, Carlos Tragant, Eugenio Guañabes
Perelló y Ernesto Alais.
A todos se les imputó los delitos de privación
ilegítima de la libertad y asociación ilícita
agravada. La resolución -conocida hoy- fue dictada el
último día hábil previo al receso invernal por los
camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani,
mientras que Eduardo Freiler (el tercer integrante de
la Sala) estaba excusado por haber intervenido como
fiscal.
En una treintena de carillas los magistrados
realizaron un análisis histórico de lo que se bautizó
como "Plan Cóndor" y sostuvieron que así se conoció "a
la relación ilegítima establecida entre los gobiernos
y servicios de inteligencia" de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Ese modo de "cooperación ilegal" les permitió a las
dictaduras latinoamericanas "compartir información y
cooperar para perseguir ilegalmente a opositores
políticos", cometiendo "entre los hechos ilícitos que
se destacan la privación ilegal de la libertad, la
tortura y el homicidio".
Está probado. Los jueces explicaron que "está probado"
que "en ocasiones las fuerzas armadas o servicios de
inteligencia actuaban en un país ajeno para privar
ilegalmente de la libertad ambultoria a individuos
para luego trasladarlos a su país de origen, o bien,
procedían a su eliminación física en el territorio del
país extranjero".
"Por las características que reviste este fenómeno,
aparte de la afectación de los derechos humanos
básicos como la integridad física, la libertad y la
vida, se afectaba el derecho de asilo y el de la no
extradición de los llamados 'perseguidos políticos'".
Los camaristas enfatizaron que "los delitos cometidos
en el marco del plan señalado deben ser considerados,
a la luz del derecho de gentes, como crímenes contra
la humanidad" lo que significa que "son lesivos de
normas que protegen valores fundamentales reconocidos
a todo ser humano".
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Confirman procesamiento de jefes de la dictadura por
Plan Cóndor
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Terra. España. 28 de julio de 2006. Un tribunal
confirmó los procesamientos del ex dictador Jorge
Videla y otros 14 jerarcas del último régimen militar
argentino por el Plan Condor, el sistema de
coordinación de la represión política que existió en
la región.
La resolución de la Cámara Federal de Buenos Aires,
dictada hace una semana pero anunciada hoy, alcanzó
además a los ex militares Albano Harguindeguy, Antonio
Bussi, Luciano Menéndez, Santiago Riveros y Ramón Díaz
Bessone, entre otras autoridades de la dictadura que
gobernó el país de 1976 a 1983.
El tribunal de segunda instancia convalidó así el
procesamiento de los ex militares por los delitos de
'privación ilegítima de la libertad' y 'asociación
ilícita agravada' que había dictado el juez a cargo
del caso, Guillermo Montenegro.
En su resolución, la Cámara definió al Plan Cóndor
como 'la relación ilegítima establecida entre los
gobiernos y servicios de inteligencia' de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en las
décadas de los años 70 y 80.
Esa coordinación permitió a las dictaduras militares
del Cono Sur 'compartir información y cooperar para
perseguir ilegalmente a opositores políticos', además
de cometer delitos como 'privación ilegal de la
libertad, tortura y homicidio', señaló el fallo.
Los jueces explicaron que 'está probado' que 'en
ocasiones las Fuerzas Armadas o servicios de
inteligencia actuaban en un país ajeno para privar
ilegalmente de la libertad a individuos para luego
trasladarlos a su país de origen, o bien procedían a
su eliminación física en el territorio del país
extranjero'.
'Por las características que reviste este fenómeno,
aparte de la afectación de los derechos humanos
básicos como la integridad física, la libertad y la
vida, se afectaba el derecho de asilo y el de la no
extradición de los llamados perseguidos políticos',
agregaron.
Los miembros del tribunal enfatizaron que 'los delitos
cometidos en el marco del plan señalado deben ser
considerados, a la luz del derecho de gentes, como
crímenes contra la humanidad', lo que significa que
'son lesivos de normas que protegen valores
fundamentales reconocidos a todo ser humano'.
Además, se remitieron a un fallo de la Corte Suprema
argentina en el que se afirma que 'no podría
sostenerse que si los homicidios, la tortura y la
desaparición forzada de personas son delitos contra la
humanidad, el formar parte de una asociación destinada
a cometerlos no lo sea'.
Algunos de los ex militares procesados se encuentran
en libertad a raíz de una resolución dictada en abril
pasado por la Cámara de Casación, el máximo tribunal
penal del país, mientras que otros permanecen
detenidos y bajo arresto domiciliario.
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Plan Cóndor: la Cámara Federal confirmó los
procesamientos de Videla y otros represores
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Clarin, Argentina, 28 de julio de 2006. En la medida
están incluidos también Harguindeguy, Bussi y
Menéndez, entre otros. Están acusados de privación
ilegítima de la libertad y asociación ilícita en la
causa que investiga la coordinación entre las
distintas dictaduras latinoamericanas en los 70.
La Cámara Federal confirmó los procesamientos de los
máximos responsables del "Plan Cóndor" en la
Argentina, encabezados por el ex dictador Jorge Rafael
Videla. A todos se les imputaron los delitos de
privación ilegítima de la libertad y asociación
ilícita agravada.
Así lo confirmaron fuentes tribunalicias, quienes
señalaron que la medida alcanzó, además de Videla, a
Albano Harguindeguy, Antonio Domingo Bussi, Luciano
Benjamín Menéndez, Santiago Omar Riveros y Ramón
Genaro Díaz Bessone, entre otros.
La misma línea siguió la Sala I del Tribunal respecto
de Antonio Vañek, Bernardo José Menéndez, Eduardo
Samuel De Lío, Carlos Landoni, Juan Pablo Saa, Jorge
Olivera Rovere, Carlos Tragant, Eugenio Guañabes
Perelló y Ernesto Alais.
El Plan Cóndor fue el nombre que recibió la
coordinación entre las distintas dictaduras que en las
décadas del 70 y 80 gobernaron en Argentina, Uruguay,
Chile, Brasil y Paraguay.
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Ex militares argentinos será procesados por Operación
Cóndor
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El Mercurio, Chile, 28 de julio de 2006. El ex
dictador argentino Jorge Rafael Videla y 15 ex
jerarcas militares serán procesados por su
responsabilidad en la denominada Operación Cóndor, un
acuerdo de cooperación de los regímenes militares
sudamericanos de la década de los setenta para
reprimir a sus opositores fuera de las fronteras de
sus países.
El fallo fue dictado el viernes por la Cámara Federal
de esta Capital, que imputa a Videla y a los demás ex
generales y almirantes de asociación ilícita agravada
y privación ilegítima de la libertad.
Videla se encuentra ahora bajo arresto domiciliario,
por ser mayor de 70 años, procesado en otra causa por
el apoderamiento ilegal de bebés nacidos en campos
clandestinos de detención durante el cautiverio de sus
madres, que luego fueron ejecutadas por la dictadura
militar instaurada en 1976.
Entre los demás procesados figuran los generales
retirados Albano Harguindeguy, Antonio Bussi, Luciano
Menéndez, Santiago Omar Riveros, Ramón Genaro Díaz
Bessone, Juan Pablo Saa y Jorge Olivera Rovere.
OTRAS FUENTES:
http://www.rodolfowalsh.org/breve.php3?id_breve=3654
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060728/pags/20060728160649.html
http://www.miami.com/mld/elnuevo/news/world/americas/15148126.htm
Primera Fuente. Tucumán. Argentina. 27 de julio de
2006. Los actos en conmemoración del “Apagón de
Ledesma” se inician hoy en la Escuela Normal de
Libertador General San Martín, donde desaparecieron 14
chicos del centro de estudiantes. De allí, se iniciará
una marcha de 8 kilómetros desde Calilegua hasta
Libertador, deteniéndose antes en un monolito en el
que se recuerda a los desaparecidos. “Este era el
recorrido que hacían los furgones del ingenio con los
compañeros detenidos”, recordó Susana.
El acto central se realizará en la plaza principal,
con la participación de unos 8.000 militantes de
derechos humanos. A la noche, está prevista una peña
solidaria, como lo solía hacer Olga –acotan las
militantes- para recaudar fondos para comedores
comunitarios y comunidades aborígenes.
Con la bandera de la luchadora tucumana Olga Aredes,
militantes de derechos humanos pasaron ayer por
Tucumán rumbo hacia el departamento de Ledesma, donde
hoy se recordará a los desaparecidos en el “Apagón de
Ledesma”, durante la última dictadura militar. Las
representantes de la Organización de Lucha contra el
Genocidio en la Argentina (OLGA) aseguraron que los
dueños del ingenio Ledesma fueron cómplices de los
militares y hoy siguen asesinando gente con la
contaminación.
Con el ejemplo de lucha incansable que les heredó la
tucumana Olga Aredes, los militantes defensores de los
derechos humanos de Capital Federal y Gran Buenos
Aires pasaron ayer por la Asociación de Prensa de
Tucumán camino al departamento de Ledesma, en Jujuy,
donde hoy se conmemoran los 30 años del “Apagón de
Ledesma”.
En sus miradas se refleja la fuerza y el coraje que
les dejó Olga para continuar con su lucha en defensa
no tan solo de los derechos humanos sino también de la
salud, medio ambiente, la mujer y la niñez. Susana
Casaretto y Adriana Molinuevo, presidenta y secretaria
de la Organización de Lucha contra el Genocidio en la
Argentina (OLGA), creada en honor a su nombre,
llegaron ayer a Tucumán junto a un grupo de 60
personas que hoy participarán de los actos por la
memoria, verdad y justicia a 30 años del horror que
vivieron los pobladores de los pueblos de Calilegua y
Libertador General San Martín, a 110 kilómetros al
este de la capital jujeña.
“El grupo de Ledesma (dueños del ingenio) fue cómplice
de los militares. Ellos cortaban la luz (la usina
estaba dentro del ingenio) para que los militares
pudieran secuestrar a la gente, prestaban las
camionetas y el lugar como un centro clandestino de
detención. También está comprobado, por testimonios,
que después de torturarlos, al mejor estilo de Hitler,
los molían en los trapiches y tiraban los restos al
río San Lorenzo”, relató Adriana al recordar el terror
que se vivió durante la última dictadura militar. Las
dirigentes recordaron que el apagón más grande que se
produjo en Ledesma fue el 27 de julio de 1976, cuando
se llevaron a 14 chicos estudiantes y al secretario
general del sindicato interno del ingenio Ledesma. En
total unas 600 personas fueron desaparecidas, pero 30
de ellas, del trayecto entre Calilegua y Libertador
General San Martín, no volvieron nunca más.
Una de las víctimas fue el esposo de Olga, Luis
Aredes, quien en su rol de intendente no claudicó en
su lucha en defensa de los trabajadores y pobladores
jujeños. “Luis fue secuestrado en 1975 y estuvo
cautivo por más de un año y medio; luego fue liberado
pero en vez de huir se quedó a defender a los chicos y
a los trabajadores. Por ello, en el 77 fue secuestrado
otra vez y sin que vuelva a aparecer”, señaló Adriana.
En ese momento, Susana no dudó en acotar que el horror
continúa: “Los mismos que mataron a Luis mataron a
Olga. Ella murió el 17 de marzo de 2005, víctima de un
carcinoma provocado por la bagazosis. Por eso, los
dueños del ingenio siguen asesinando gente por la
contaminación que producen. El mismo hongo que se
encuentra en la tierra y en el aire se halló en los
pulmones de Olga”. Acusaron a Nelly Arrieta Blaquier,
la dueña del ingenio, como principal responsable de lo
que sucede en el departamento de Ledesma.
“No tan solo intoxican a los pobladores con el
polvillo que generan por no usar los filtros en sus
chimeneas, sino que el grupo Blaquier es uno de los
mayores deudores del país que sacó sus capitales al
exterior”, añadió Adriana. Por ello, en su férrea
defensa por la salud y el medio ambiente, y en los
últimos días de su vida, Olga inició un juicio ético
contra los dueños del ingenio a través del Centro de
Profesionales por la Etica y los Derechos Humanos
(Codesech) para que la empresa no contamine. “No se
trata de un resarcimiento monetario, sino lo que se
pide es un resarcimiento comunitario, es decir, que se
empleen todas las metodologías para se cubra el
bagazo, se saneen las aguas contaminadas y que se usen
los filtros en las chimeneas”, explicaron. En estos
momentos, la causa sigue su marcha.
Otro planteo, iniciado por Olga, que siguen reclamando
las militantes es el retiro de un destacamento de
Gendarmería Nacional del interior del ingenio que
permanece allí desde la dictadura. “Se supone que esas
fuerzas son para cuidar las fronteras y no la
propiedad privada”, acotó Adriana. Este pedido ya fue
presentado ante el Ministerio de Defensa de la Nación.
También piden que se eliminen las escuelas de niños
policías para que no se militarice la niñez. “Todos
estos reclamos Olga ya se los comunicó al presidente
(Néstor Kirchner) el mismo momento en el que le
entregó un premio por su trayectoria en defensa de los
derechos humanos en diciembre de 2004”, recordaron,
antes de prepararse para partir hacia el destino
final: el pueblo de Libertador General San Martín.
Antes de retirarse de la redacción de primerafuente,
Adriana y Susana dejaron su misión en claro: “Queremos
memoria y preservar esta marcha con los familiares,
madres y ex detenidos junto al pueblo de Calilegua y
Libertador. Olga nos entregó su pañuelo como hijos de
Ledesma para continuar su lucha”.
Luego de retrasarse por más de tres horas en Santiago
del Estero por desperfectos técnicos en el colectivo,
en la comitiva que arribó a la sede de la APT también
vinieron dirigentes de ATE, docentes de CTERA,
cursantes de Teología de la Liberación de Madres de
Plaza de Mayo; niños de la Casita Augusto Conte;
integrantes de la murga “Los Balcanes de Olivos” y del
Hospital Neurosiquiátrico Borda. La Madres de Plaza
Mayo de la Línea Fundadora, Edna Ricceti y Nora
Cortinia, habían emprendido su viaje por vía aérea.
El independiente digital. Argentina. 25 de julio de 2006. “Repudiamos las manifestaciones públicas de Mons. Bernardo Witte porque entendemos que, de manera deliberada, agravia y ofende la dignidad de los riojanos y argentinos al declarar que el asesinato del obispo Angelelli fue un accidente.
Cuando desde Punta de los Llanos el 4 de agosto de 1976 se difundió la noticia de la muerte de Angelelli, el pueblo riojano y todo argentino honesto y de buena voluntad pronunciaron un dictamen con una verdad: lo mataron. Una verdad que, sorteando la actitud cómplice y claudicante de algunos jueces locales, comenzó a ser reafirmada por las declaraciones públicas de Mons. Jaime de Nevares y la reapertura de la causa judicial en 1983. Miles de páginas acumuladas le permitieron al juez Aldo Fermín Morales declarar, en julio de 1986, que la muerte de Angelelli fue un ‘homicidio fríamente premeditado y esperado por la víctima’.
La labor pastoral de Angelelli y su trayectoria de compromiso con el pueblo han trascendido día a día. Así como también el pueblo ha ido conociendo en detalle las atrocidades cometidas por la dictadura militar.
Las injusticias sociales que denunció y el terrorismo de Estado son una afrenta a la dignidad humana. Sólo esta suerte de impunidad y corrupción que atraviesa las instituciones, y los jueces de la dictadura enquistados en el estamento judicial actual, han permitido que aún no hayan sido condenados los asesinos de Carlos, Gabriel, Wenceslao, el ‘Pelado’ Angelelli y causante además de delitos de lesa humanidad contra treinta mil desaparecidos.
Exigimos Justicia, Juicio y Castigo a los ejecutores de estos crímenes y a los responsables políticos de los mismos. La lucha de Angelelli contra las injustas estructuras de dominación que someten a nuestros pueblos de América latina, contra la violencia institucionalizada que arrasa nuestros derechos y las políticas de privilegio y dominación al servicio del imperialismo, nos convocan no sólo a pedir la condena de sus asesinos sino a continuar la lucha por la liberación nacional y social de nuestros pueblos. A retomar el legado de compromiso de todos los que como Angelelli soñaron y lucharon por terminar con la históricas causas de la dependencia, que nos mantienen humillados y postrados”.
COMISIóN DE HOMENAJE A MONS. ANGELELLI (COMUNIDADES CRISTIANAS BARRIALES, MADRES DE PLAZA DE MAYO, EX PRESOS POLíTICOS E INDEPENDIENTES, BIBLIOTECA POPULAR DARíO SANTILLáN, 92.3 FM CIUDADANOS, SEMINARIO DE FORMACIóN TEOLóGICA Y DOCENTES INDEPENDIENTES).
EFE. LA NACION, CHILE, 24 DE JULIO DE 2006. Un tribunal otorgó la libertad al marino argentino Juan Barrionuevo por falta de pruebas suficientes en su contra por delitos de lesa humanidad, entre ellos complicidad en "vuelos de la muerte" durante la última dictadura militar.
En una resolución dictada el 11 de julio pasado pero dada a conocer hoy, la Cámara Federal de Buenos Aires revocó el procesamiento con prisión preventiva del imputado, quien había sido detenido en enero del 2004, informaron fuentes judiciales.
El tribunal de segunda instancia consideró que los elementos por los cuales el juez federal Sergio Torres procesó a Barrionuevo, actualmente retirado, "no alcanzan la entidad suficiente para afirmar la comisión de los hechos con relevancia penal que se le atribuye".
Aunque recomienda que "es menester profundizar la investigación" sobre el acusado, el tribunal consideró que "no hay mérito para ordenar el procesamiento ni tampoco para sobreseer" a Barrionuevo, por lo que ordenó "su inmediata libertad".
Torres había enviado al marino retirado a prisión en el marco de la investigación de los delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el mayor centro clandestino de detención de la dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983.
En los comicios legislativos del 2003, Barrionuevo había sido elegido diputado en la sureña provincia de Tierra del Fuego, pero no pudo asumir el cargo debido a las denuncias de los organismos humanitarios.
El marino fue reconocido por víctimas de la represión ilegal como la persona apodada "Jeringa" que ayudaba en las sesiones de tortura en la Escuela de la Armada, de la que el acusado se retiró a comienzos de la década de los años ochenta con el grado de suboficial.
Además, se le acusa de aplicar inyecciones de pentotal a detenidos que luego fueron arrojados al mar en los denominados "vuelos de la muerte".
El ex marino Adolfo Scilingo admitió la existencia de los "vuelos de la muerte" y se encuentra detenido en España, luego de que en abril del 2005 un tribunal de Madrid le sentenció a 640 años de prisión.
Según los organismos de derechos humanos argentinos, por la ESMA pasaron unas 5.000 víctima de la represión ilegal y los desaparecidos durante la dictadura fueron 30.000.
EFE. EL MOSTRADOR, CHILE, 24 DE JULIO DE 2006. Así lo afirmó el alemán
Gerhard Mucke al juez Jorge Zepeda, que investiga diversos delitos
cometidos en la Colonia Dignidad, situada cerca de la localidad de
Parral, a unos 380 kilómetros al sur de Santiago.
Al menos 22 víctimas del régimen de Augusto Pinochet fueron asesinadas
y quemadas con fósforo químico en la Colonia Dignidad, enclave alemán
del sur de Chile que fue centro de torturas bajo la dictadura militar.
Así lo afirmó el alemán Gerhard Mucke al juez Jorge Zepeda, que
investiga diversos delitos cometidos en la Colonia Dignidad, situada
cerca de la localidad de Parral, a unos 380 kilómetros al sur de
Santiago, según informó hoy el diario La Nación.
Mucke, que fue colaborador del antiguo líder y fundador de la colonia,
Paul Schaefer, un ex cabo del Ejército nazi, dijo que en 1973 condujo
a un grupo de militares hasta una fosa clandestina dentro del recinto,
lugar en el que bajaron de una camioneta a cinco presos, los
ejecutaron y los lanzaron en su interior.
"En total, durante los dos meses tras el golpe (militar de 1973), al
interior de Dignidad fueron eliminados y sepultados 'unos 20'
prisioneros, recuerda Mucke en el proceso judicial contra Colonia
Dignidad", según la nota del mencionado matutino.
El diario aseguró que el número de asesinados coincide con la veintena
de personas que desapareció entre septiembre y octubre de la cárcel y
la comisaría de Parral.
En 1978, en el marco de la llamada "Operación retiro de Televisores",
que consistió en la remoción de los restos de más de 1.000
detenidos-desaparecidos que dejó la dictadura y cuyo rastro el régimen
trató de borrar, Mucke recordó que Schaefer le ordenó limpiar el
lugar.
"¡Anda, sácalos y deshazte de ellos!", le dijo.
"Tras desenterrar los cuerpos... fueron metidos en un saco bien
amarrado, y luego puesto dentro de otro que tenía una sustancia que
era fósforo y que quemaba fuertemente. Todos los cuerpos fueron
quemados", dijo Mucke, según publica el diario.
"Las cenizas se arrojaron al río Perquilauquén en un camión", agregó.
El diario subraya que Schaefer, condenado a 20 años de prisión por los
abusos sexuales y violaciones cometidos contra 25 niños de la colonia,
negó estas acusaciones durante un careo con Mucke.
La Colonia Dignidad, hoy intervenida por el Estado chileno, fue
fundada en 1961 por Schaefer, quien implantó un riguroso sistema de
disciplina y trabajo y separó a padres de hijos.
Durante el régimen militar (1973-1990), el líder alemán puso el
enclave a disposición del régimen para que fuese usado como campo de
prisioneros y centro de torturas.
En los recintos del predio de más de 13.000 hectáreas se han
descubierto arsenales que incluían misiles tierra-aire, lanzacohetes,
ametralladoras y explosivos.
El pasado 19 de abril, los habitantes de la Colonia Dignidad, la
mayoría alemanes, hicieron público un "mea culpa" en una declaración
difundida por la prensa local y dirigida a la presidenta de Chile,
Michelle Bachelet.
En ella los colonos admitieron el abuso sexual cometido contra niños
alemanes y chilenos, así como la existencia de armas y explosivos en
el lugar y las violaciones a los derechos humanos.
Schaefer, además de otros cinco dirigentes de la colonia y jefes de la
DINA, la policía secreta del régimen de Pinochet, están también
procesados y detenidos por su responsabilidad en delitos como
asociación ilícita en la desaparición de personas.
Corrientes Noticias. Argentina, 21 de julio de 2006.
Confirmaron los procesamientos del ángel rubio y del
tigre Acosta. La Cámara Federal porteña confirmó hoy
los procesamientos de varios represores encabezados
por Alfredo Astiz y Jorge 'El Tigre' Acosta, por el
secuestro del periodista y escritor Rodolfo Walsh,
hecho que los jueces enmarcaron en los 'crímenes
contra la humanidad'.
La Sala II de la Cámara Federal, a cargo de Martín
Irurzun y Eduardo Luraschi, confirmó las imputaciones
por la privación ilegal de la libertad agravada de
Walsh "por haber sido cometida con abuso de sus
funciones y con violencia o amenazas", en concurso
real "con robo agravado por haber sido cometido en
lugar poblado y en banda".
Los alcanzados por la medida fueron Acosta, señalado
como supuesto "autor mediato en función de su
jerarquía y calidad de Jefe de la Unidad de Tareas
3.3" de la ESMA, junto a los ex marinos Julio César
Coronel, Antonio Pernías, Héctor Antonio Febres,
Alfredo Ignacio Astiz, Jorge Carlos Radice, Carlos
Orlando Generoso y Ernesto Frimon Weber, Pablo Eduardo
García Velasco y Juan Carlos Rolón.
Así, la Justicia les adjudicó un papel crucial en la
emboscada que sufrió el maestro de periodistas Rodolfo
Walsh, en la noche del 25 de marzo de 1977, horas
después de haber enviado una carta abierta a la Junta
Militar en donde denunciaba los crímenes que se habían
cometido hasta el primer aniversario del golpe.
Walsh, de 50 años, miembro de la conducción de
Montoneros y fundador de la Agencia Clandestina de
Noticias (ANCLA), fue secuestrado en medio de un
supuesto tiroteo en la esquina de San Juan y Entre
Ríos, de esta capital.
Si bien la Justicia no encontró pruebas para dar por
acreditado la muerte del autor de "Operación Masacre"
(se dice que fue llevado herido a la ESMA), lo cierto
es que sí se le atribuyó a la banda de marinos el
saqueo que se hizo horas después en la casa que el
periodista tenía en San Vicente.
La Cámara confirmó así la resolución que había tomado
en diciembre pasado el juez federal Sergio Torres, a
cargo de la causa que investiga los crímenes cometidos
en el centro clandestino que funcionó en la Escuela de
Mecánica de la Armada.
Y en esa ratificación de las sospechas atribuidas se
les confirmó además a todos los involucrados embargos
de un millón de pesos a cada uno.
El fallo de la Cámara al que accedió DyN rechazó las
nulidades planteadas, dio por probado el secuestro de
Walsh (una defensa cuestionaba las pruebas sobre la
acreditación del episodio) y refutó los argumentos
para entender que el delito estaba prescripto, al
señalar que "estas conductas llevan el sello
característico de los crímenes contra la humanidad",
con la consecuente "imprescriptibilidad" del suceso.
También se refutó el argumento de haber seguido
órdenes superiores, porque -se sostuvo- "la obediencia
debida no puede ser invocada como eximente de la
responsabilidad penal en la comisión de crímenes
contra la humanidad".
Fuente: Carlos Cue, El País, Madrid, Esp, 17jul06.
recolectado por Equipo Nizkor.
Después de un larguísimo proceso con múltiples
retrasos, el Gobierno ultima el informe y la Ley de
Memoria Histórica para presentarla en Consejo de
Ministros antes de agosto. Con el tiempo y las
críticas feroces del mundo conservador, el Gobierno ha
ido suavizando el contenido de la ley para tratar de
limitar la polémica y aplacar al PP, contrario a hacer
cualquier tipo de ley "que remueva el pasado". El
Ejecutivo ha anunciado en los últimos días el reparto
de tres millones de euros para asociaciones de
víctimas del franquismo, pero desoye sus peticiones
más reiteradas.
El 18 de julio, día en que se cumplen 70 años del
golpe de Estado del general Francisco Franco contra la
II República, llegará sin que la Ley de Memoria
Histórica, prometida desde junio de 2004, haya visto
la luz. El Ejecutivo duda entre el 21 y el 28 de
julio. Esta última fecha garantizaría que la polémica
llegue ya con el país de vacaciones, en pleno agosto,
el mes menos activo en política.
El Gobierno tiene ya ultimados dos documentos. Uno, el
informe con todo el trabajo realizado por la comisión
interministerial creada para este fin y presidida por
María Teresa Fernández de la Vega. Ahí estarán lo que
piden las asociaciones de víctimas del franquismo
-casi 40 han pasado por la comisión-, y lo que se ha
hecho desde 1978 en cuanto a reparación moral y
material de las víctimas y recuperación de la memoria.
Al contrario de lo que puede parecer, según fuentes de
la comisión, se ha hecho mucho, sobre todo en los
primeros años de Gobierno del PSOE: rehabilitación de
soldados republicanos, compensaciones para los que
lucharon con el Ejército fiel a la legalidad o
sufrieron cárcel bajo el franquismo. Las asociaciones
siempre se han quejado de que estas compensaciones
eran ínfimas.
Los dos bandos.
En el informe, que seguramente será muy polémico, el
Gobierno planteará una descripción del horror de la
Guerra Civil, y destacará que hubo desmanes en los dos
bandos. Lo dijo el viernes el propio presidente José
Luis Rodríguez Zapatero: "España tuvo un drama
histórico, una guerra incivil en la que todo el mundo
fue víctima. Hubo víctimas de un lado y de otro",
señaló en Punto Radio.
A partir de ahí vendrá el cuerpo fundamental de la
iniciativa: un reconocimiento moral, desde la
democracia, a quienes sufrieron, después de la guerra,
la represalia franquista, que fue especialmente dura
en los primeros 10 años pero duró hasta la muerte del
dictador. Sólo dos meses antes de su fallecimiento
firmó las sentencias de muerte de dos presos de ETA y
tres de los FRAP, que inspiraron la canción Al Alba,
de Luis Eduardo Aute.
"Tenemos que reconocer a las víctimas del franquismo
porque fueron fruto de una dictadura militar que
cercenó las libertades durante cuarenta años y que
utilizó métodos propios de la dictadura", explicó
Zapatero. Además, el presidente confió en que la
polémica sea limitada: "Este es un país donde somos
todos ya hermanos políticos y de convivencia, que con
30 ejemplares años de democracia ha demostrado que
nada del pasado le puede perjudicar ni afectar".
En esta parte de las víctimas sólo habrá
reconocimiento moral, pero hay otras que tendrán
compensaciones: son las de los últimos años del
franquismo y la Transición. La ley de víctimas del
terrorismo, que cubre desde 1968, cuando ETA comenzó
sus actividades, dejó fuera a varias decenas de
muertos a manos de la policía o extremistas en toda
esa época convulsa. Es el caso de estudiantes y
obreros asesinados por la policía en huelgas y
protestas, como los cinco trabajadores muertos en
Vitoria en 1976, o los dos carlistas fallecidos por
los disparos de militantes de la extrema derecha en
Montejurra (Navarra). Una ley cubrirá este hueco.
La comisión ha realizado también un intenso trabajo
para garantizar la recuperación de todos los archivos
con datos de la represión franquista. Además, se
prepara un protocolo para la reapertura de fosas
comunes, hasta ahora realizada sin apenas control ni
apoyo público. "No pretendemos resucitar muertos, sino
hacer que personas que tuvieron muertos tengan la
posibilidad de saber dónde han estado", explicó
Zapatero. Además, en el Valle de los Caídos se
instalará una exposición permanente sobre la
represión.
Las asociaciones reclaman muchas más cosas, como la
anulación de los juicios sumarísimos o la eliminación
de los nombres franquistas de calles y plazas y las
placas falangistas de las puertas de las iglesias. El
Gobierno, sin embargo, quiere limitar la polémica y
sobre todo evitar el mensaje del PP, que le acusa de
"dividir a los españoles". De momento, el Ejecutivo ya
ha aprobado la mayoría de las peticiones de subvención
de los colectivos de víctimas que luchan por recuperar
la memoria histórica. Hasta tres millones de euros ha
repartido entre asociaciones, la mayoría de ellas muy
pequeñas, para distintos proyectos, una manera
evidente de reconocer su trabajo y el interés del
Gobierno por apoyarlo.
A 30 años de esta tragedia, mi recuerdo para los que fueron parte de mi vida
y los que permanecen junto a mí en la memoria. Josecito, el mayor de mis dos
únicos primos, el nieto preferido de nuestra bobe, el hijo de mi amado tío
Alberto. En la adolescencia fue Joe, con los amigos del Colegio Buenos Aires
y mi hermano Héctor, tan querido por sus 3 primas.
Crecimos... al elegir una carrera eligió la mía, arquitectura, qué hermoso!. Siempre unidos hasta en las distancias, que increíbles situaciones, plantearon en la vida de nuestros padres, nunca comprendidas.
Para mi tía Chola, linda y amiga de las sobrinas de Alberto, la tía de las delicias y de las memorables reuniones de amigos, el saber que en la familia de Jacobo, el único hermano de Alberto, fue siempre recordada.
Hoy cuando la vida ha dado tantos golpes, deseo unirme a los que los quieren y quedamos marcados por estos asesinos, decir que están presentes a través de los días de mi vida, que permanecerán en la memoria de nuestros hijos y sus familias.
Con amor a José y a la Tía Chola de Diana Bronzel.
EL PAIS. ESPAÑA. 18 DE JULIO DE 2006. Un ex piloto de los helicópteros
del ex dictador Augusto Pinochet ha confesado a un juez haber lanzado
al mar en 1987 los cuerpos de cinco opositores a la dictadura, que
previamente fueron asesinados con un veneno. Según reveló ayer el
diario La Nación, el piloto del comando de Aviación, apodado Chino
Campos, contó al magistrado Hugo Dolmetsch que su jefe, el coronel
Mario Navarrete, le ordenó ir en un helicóptero al campo militar de
Peldehue a buscar "unos paquetes".
Los "bultos" eran los cuerpos de cinco militantes del Frente
Patriótico Manuel Rodríguez, una facción del Partido Comunista que
combatía al régimen, que habían sido detenidos por la Central Nacional
de Informaciones (CNI) para canjearlos por el coronel Carlos Carreño,
secuestrado por el grupo. Los detenidos —Gonzalo Fuenzalida, Julio
Muñoz, José Peña, Alejandro Pinochet y Manuel Sepúlveda— son los
últimos nombres que se conocen de los más de 1.000 desaparecidos por
la dictadura. Por el caso de estas cinco víctimas están procesados
hasta ahora el jefe de la CNI, general Hugo Salas, tres oficiales, dos
suboficiales y cuatro empleados civiles del Ejército.
Pinochet, sin inmunidad
Por otra parte, el pleno de jueces de la Corte Suprema desaforó ayer a
Pinochet, lo que confirma un fallo previo de la Corte de Apelaciones
de Santiago, por su presunta responsabilidad en el secuestro y
ejecución de dos víctimas de la Caravana de la Muerte.
Aunque el Tribunal Superior no dio a conocer el dictamen ni su
votación y sólo lo hará cuando esté redactado el texto, el pleno de
jueces sólo puede quitar un fuero —garantía que en este caso Pinochet
tiene por su condición de ex presidente— si logra "sospechas fundadas"
de la participación del inculpado. El juez Víctor Montiglio, a cargo
del sumario, deberá ahora interrogar al ex dictador por estos dos
crímenes y resolver si lo somete a proceso.
Las víctimas, Wagner Salinas y Francisco Lara, eran miembros de la
escolta del ex presidente Salvador Allende y ambos fueron detenidos en
la ciudad de Curicó el 30 de septiembre de 1973, tres semanas después
del golpe militar. El general Sergio Arellano, jefe de la Caravana de
la Muerte, una comitiva militar enviada por Pinochet que asesinó a
decenas de prisioneros políticos de la dictadura en distintas
ciudades, ordenó trasladar a Salinas y Lara a Santiago, donde ambos
fueron asesinados y sus cuerpos arrojados en una calle.
Los casos de Salinas y Lara no fueron incluidos en la querella por los
75 secuestros y homicidios que se le imputan a la comitiva. Pero en la
práctica, esta resolución de la Corte Suprema reabrió el proceso por
la Caravana de la Muerte, por el que Pinochet fue juzgado, aunque
después ese mismo tribunal lo sobreseyó en 2002 por su supuesta
"demencia senil".
DYN. TELAM. LA NACION. ARG. 18 DE JULIO DE 2006. La fiscalía pidió 24 años y seis meses de prisión para el ex represor; la querella, en cambio, solicitó 50 años
Comenzó el camino final en el juicio oral contra el ex represor Julio Simón, acusado de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
La querella solicitó este mediodía al Tribunal Oral en lo Federal que condene a 50 años de prisión al "Turco Julián", tal su apodo.
Fue durante el alegato de las abogadas Carolina Varsky y Alcira Ríos, en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la madre de una de las víctimas.
La fiscalía, en cambio, a cargo de Raúl Perotti, pidió 24 años y seis meses de cárcel para el ex represor.
Al "Turco Julían" se lo acusa por la desaparición del matrimonio formado por José Poblete y Gertrudis Hlaczyk y la sustracción de su beba.
Tras los alegatos, que se desarrollaron hoy ante el tribunal oral federal 5 (TOF5), la octava audiencia del juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves próximo.
Afuera, la agrupación Hijos junto al MTD de Guernica "José Poblete" realizaron un acto frente a los tribunales de Comodoro Py 2002.
EL PERIODICO, GUATEMALA. 14 DE JULIO DE 2006. El pasado miércoles 12,
familiares de 23 guatemaltecos que, entre 1983 y 1985, fueron
capturados y desaparecidos por unidades operativas de la Inteligencia
Militar...
El pasado miércoles 12, familiares de 23 guatemaltecos que, entre 1983
y 1985, fueron capturados y desaparecidos por unidades operativas de
la Inteligencia Militar reclamaron justicia ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual les ha sido negada
en nuestro país.
Se trata de un caso bien conocido de la opinión pública. En 1999 el
National Security Archives –institución con sede en Washington, D.C.
que trabaja con fondos del Congreso de Estados Unidos en la
desclasificación de información secreta del Estado- dio a conocer un
expediente de la Dirección de Inteligencia del Ejército de Guatemala
en el cual constaba que varios dirigentes estudiantiles y sindicales
que fueron desaparecidos durante el gobierno del general Humberto
Mejía Víctores, habían permanecido en los calabozos militares,
sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos.
El Archivo Militar incluía las fotos originales –arrancadas de las
cédulas de vecindad- de las víctimas y una nomenclatura, aún no
descifrada, sobre su destino (la mayoría, se presume, fue ejecutada).
Desde entonces el Ministerio Público no ha realizado ninguna acción
efectiva para dar con los responsables, aunque es sabido que el
director de la D-2, entonces, era el coronel Byron Lima Oliva (quien
guarda prisión por el caso Gerardi) y su director operativo era el
general Julio Balconi, quien jugó un rol importante en las
negociaciones de paz. Por lo demás, la estructura represiva de la
Inteligencia era clandestina, tan ilegal como los métodos subversivos
que pretendía derrotar.
Ante este y otros casos de violaciones de los derechos humanos, las
autoridades de Gobierno solo han seguido administrando (mal) la cosa.
Como reacción "meritoria" ante la demanda el "gerente" de Copredeh,
Frank LaRue tuvo a bien pedir a las ONG que fueron creadas casi una
década después de ocurridos esos dolorosos hechos, la información que
compete otorgar al Estado. Algo mucho peor hizo el ex activista
humanitario y aspirante a Premio Nobel de la Paz el año pasado, en el
caso del señor Florencio Chitay Nesh, síndico de la Municipalidad de
San Martín Jilotepeque, secuestrado en 1981: decirle a la CIDH que, si
acaso el hecho ocurrió, los familiares podían acudir al Programa de
Resarcimiento para que les dieran dinero.
Lo dijo muy bien el miércoles el hermano de Joaquín Rodas Andrade, un
dirigente estudiantil de Quetzaltenango "fichado" en el Diario
Militar: "No es venganza lo que buscamos, es justicia legal y justicia
a sus memorias".FIN.
Chile declara monumento histórico enorme fosa común de dictadura
Jueves 13 de Julio, 2006 12:16 GMT. SANTIAGO (Reuters). Chile declaró el jueves como monumento histórico nacional al Patio 29 del Cementerio General en Santiago, donde en las décadas de 1970 y 1980 fueron sepultados en forma anónima más de un centenar de víctimas de la dictadura militar.
El sitio está plagado de cruces de "NN" sobre tumbas irregulares, algunas de las cuales fueron el único rastro que permitió a familiares el hallazgo de los restos de detenidos desaparecidos y ejecutados bajo la dictadura del general Augusto Pinochet.
La declaratoria se produjo después de un escándalo en abril por errores en la identificación de las osamentas de 48 personas exhumadas en la década pasada del Patio 29.
"Quisiéramos que nuestra historia hubiese sido distinta (...) Que no hubiere existido jamás un lugar de entierros anónimos de compatriotas como lo fue el Patio 29," dijo Nivia Palma, vicepresidenta del Consejo de Monumentos Nacionales.
"Pero nuestra memoria está sembrada de luces y sombras," agregó Palma, quien calificó la declaratoria de monumento histórico del área en el cementerio como un "homenaje a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de educación para el respeto irrestricto de la vida."
El anuncio coincidió con la declaración del campamento minero de Sewell, a 85 kilómetros al sur de Santiago y a unos 2.000 metros de altura, como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
A mediados de abril, a poco de asumir la presidenta Michelle Bachelet, el país fue sacudido luego de que el Servicio Médico Legal admitió errores en la identidad de algunos de los 124 restos óseos exhumados en la década de 1990.
Bachelet, quien sufrió en carne propia de torturas durante la dictadura, pidió calma y aseguró que dispondría de todos los recursos para una correcta identificación.
Durante el gobierno de Pinochet, entre 1973 y 1990, unas 3.000 personas murieron o desaparecieron, mientras que otras 28.000 fueron sometidas a torturas.
"Nos parece justo lo que hoy día ha sucedido," dijo a periodistas Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
"Esperamos que esta sea una piedra más en la tarea de construir verdad y justicia," añadió Pizarro.
Centros de tortura ocupados durante la dictadura militar en Santiago, como Villa Grimaldi y Londres 38, también han sido declarados monumentos nacionales.
Pinochet, de 90 años de edad, está procesado por la justicia por secuestro y desaparición de opositores, además de delitos tributarios vinculadas a millonarias cuentas en el extranjero, aunque hasta ahora se ha librado de ir a la cárcel por razones de salud.
Palma aseguró que el decreto que nombra al Patio 29 monumento histórico "en ningún caso afectará las investigaciones judiciales en marcha o que surjan en el futuro para establecer la verdad de lo ocurrido en materia de violaciones a los derechos humanos."
13 de julio. Clarin, Argentina. Con tres declaraciones
de sobrevivientes finalizó hoy la ronda de testimonios
en el juicio contra el represor Julio "El Turco
Julian" por delitos de lesa humanidad cometidos
durante la última dictadura militar. La semana que
viene comenzarán los alegatos.
Jorge Roabasto, Hugo Roberto Merola y la psicóloga
Adriana Claudia Trillo, dieron hoy su testimonio ante
el Tribunal que juzga a Simón por el secuestro, en
1978, torturas y desaparición forzada de José Poblete
y Gertrudis Hlaczik y la entrega de la pequeña hija de
ambos (Claudia Victoria) a una pareja de apropiadores.
Los tres integraban la agrupación "Cristianos para la
Liberación", en la que también militaban los Poblete,
y fueron secuestrados simultáneamente y trasladados a
"El Olimpo" donde "el turco Julián" participaba
activamente en las sesiones de torturas, aplicando
corriente eléctrica o interrogando a las víctimas.
Las declaraciones coincidieron en que el represor se
autoproclamaba "Dios de la vida y de la muerte" de las
personas ilegalmente alojadas en el campo de
concentración "El Olimpo" durante la dictadura.
Además, señalaron que Simón tenía "poder de decisión"
en el centro clandestino y que "siempre" estaba allí,
donde se movía con "bastante autoridad" y "voz de
mando" en ese campo clandestino en el que un par de
veces fue visto el fallecido general Carlos Guillermo
Suarez Mason.
Está previsto que cuando se reanude el debate -el
martes 18 de julio- escuchen el alegato de los
abogados de la querella (el Centro de Estudio Legales
y Sociales y Buscarita Roa, madre de Poblete) y 48
horas después el de la defensa de Simón.
Las partes volverán a verse las caras el dos de agosto
cuando se efectúen las "réplicas", es decir los
argumentos con que cada una de ellas intentará
desvirtuar los elementos valorados en el alegato de la
contraria.
El organigrama prevé que el cuatro de agosto se le
conceda al represor la oportunidad de decir sus
"últimas palabras", tras lo cual los jueces se
retirarán a deliberar para el dictado del veredicto
que podría conocerse ese mismo día.
En este juicio -el primero en la Ciudad de Buenos
Aires tras la anulación de las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final- Simón está acusado, entre otros
casos, por el secuestro, torturas y desaparición
forzada de José Poblete, su esposa Gertrudis Hlaczik y
la pequeña hija del matrimonio, quien luego fue
entregada a una pareja de apropiadores.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y
Buscarita Roa (madre de Poblete y patrocinada por la
abogada Alcira Ríos) actúan como querellantes,
mientras que la acusación fiscal la lleva adelante
Raúl Perotti, y la asistencia de "el turco Julián", el
Defensor Oficial Antonio Dromi.
El matrimonio Poblete, cuya hija Claudia fue apropiada
por sus secuestradores y entregada a los cónyuges
Ceferino Landa -ex militar- y Mercedes Moreira, ambos
procesados por ese hecho y que declararán el miércoles
12 de julio- fue secuestrado en noviembre de 1978 y
conducido al centro clandestino de detención "El
Olimpo".
Por la Redacción de APM. Agencia Periodística del Mercosur. 13 de
julio de 2006. Un representante de los campesinos denunció a marines
de Estados Unidos y a grupos paramilitares de ser responsables de
desapariciones y muertes en la región del Chaco Paraguayo.
Marines estadounidenses y grupos especiales que actúan como
paramilitares "son los responsables de más de 30 desapariciones y
muertes" de trabajadores en Paraguay, denunciaron ayer organizaciones,
dirigentes sociales y campesinos paraguayos.
"En menos de tres meses hubo más de 30 desapariciones y varias
muertes, todas ellas a manos de los terratenientes de cada lugar",
explicó a la agencia Télam Nicolás Barreto, responsable internacional
del Movimiento de Campesinos Paraguayo (MCP).
"Hace poco -agregó- murió en Itapúa y a causa de los agrotóxicos el
niño Silvino Talavera, su madre hizo la denuncia y como venganza
descuartizaron a su hermano y lo tiraron para que todos vean qué es
capaz de hacer esa gente".
El lugar en cuestión es Mariscal Estigarribia, localidad ubicada a
sólo cien kilómetros al norte de Salta y a 250 kilómetros de la
boliviana Tarija. Allí, está ubicado el Comando Sur de los Estados
Unidos emplazado con una fuerza de 2.800 marines.
"Nos parece increíble que se pueda guardar tanto silencio sobre el
tema sobre todo porque el Parlamento ya le otorgó inmunidad nada menos
que a 16 mil marines. Para tener una real dimensión, todo el ejército
paraguayo, incluidos los retirados, tiene 14 mil efectivos.", afirmó
Barreto.
Para explicar la represión que sufren los trabajadores rurales
paraguayos, hay que saber que Paraguay, en todo su territorio, sigue
dominado por latifundios como en pleno siglo XIX. A tal punto que si
bien el 92 por ciento de la población es campesina, su inmensa mayoría
no es dueña de la tierra.
Desde hace años, los campesinos -al igual que sucede en Brasil con el
Movimiento de los Sin Tierra (MST), o con los movimientos sociales
argentinos- vienen protagonizando reclamos y movilizaciones para
tratar de conseguir la tierra. Y ante la organización campesina, surge
la réplica terrateniente militarizando la lucha de los trabajadores.
"Con su anunciada política de tolerancia cero, el presidente (Nicolás)
Duarte Frutos militarizó la lucha y le dio un marco de inusitada
violencia. A tal punto que los marines participan en la represión y
hasta ocupan escuelas agrícolas. Es decir, actúan como un verdadero
ejército de ocupación", relató Barreto.
En esa zona el gobierno paraguayo creó la Guardia de Seguridad
Ciudadana, un grupo especial que si bien responde al Estado, actúa
-según todos las denuncias- con metodología paramilitar o
parapolicial.
Organizaciones sociales y de derechos humanos pidieron recientemente
que desarticulen a esos grupos parapoliciales, y el viceministro del
Interior, comisario general Mario Agustín Saprisa, respondió que "en
Estados Unidos y Colombia existen (grupos similares) y dieron buenos
resultados".
"La metodología con la que actúan es similar a la de esos países, ya
que reclutan a sus miembros de entre los hijos de los campesinos",
señaló Barreto.
En Mariscal Estigarribia -hay que recordar, en pleno Chaco paraguayo-
construyeron una pista de aterrizaje de 3.800 metros de largo para que
puedan operar aviones de gran porte. Para tener una dimensión de la
obra, hay que decir que es más grande que la del aeropuerto
internacional de Asunción.
El permiso otorgado al Comando Sur vencía a fines de 2006, pero el
vicepresidente Luis Castiglione anunció que se le extendió la licencia
por un año más. El lugar donde actúan está estratégicamente ubicado
cerca de la zona productora de litio (Salta) y la reserva gasífera más
grande de la región (Tarija).
"Este no es un problema sólo paraguayo, acá se trata del Pentágono
queriendo controlar a las democracias de la región y para eso buscan
hacer de Paraguay un país satélite", denunció por su parte José
Roselli, ex diputado nacional y actual dirigente del Partido por la
Revolución Democrática (PRD) argentino.
Orlando Castillo, del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) paraguayo,
por su parte, afirmó que "Estados Unidos tiene fuertes aspiraciones de
convertir a Paraguay en otra Panamá para sus tropas, y no están lejos
de controlar el cono sur y de extender la Guerra en Colombia".
Estados Unidos intentó desde 2004 que sus tropas obtengan "inmunidad"
en Paraguay, lo que finalmente ocurrió aunque Washington advirtió que
no tenía intención de establecer una base en territorio paraguayo.
Desde entonces, Estados Unidos realizó contactos con Perú, Ecuador,
Venezuela y Paraguay para que firmen un acuerdo que le otorgue
inmunidad al ejército estadounidense.
No obstante, y ante las denuncias, la embajada estadounidense en
Paraguay afirmó a través de un comunicado que los ejercicios militares
en cuestión suponen "asistencia humanitaria y médica a comunidades
pobres así como entrenamiento militar" y "no tiene intención alguna de
establecer una base militar en ningún lugar de Paraguay".
Ese fue el mismo argumento utilizado por el Pentágono para explicar
sus maniobras en Manta, Ecuador, donde ahora se encuentra una base
militar norteamericana de 80 millones de dólares.
Primero dijeron que las instalaciones eran una antigua mina que iba a
ser usadas para monitoreo del clima y no albergaría de forma
permanente personal estadounidense.
Días después, sin embargo, el Pentágono tuvo que revelar que en Manta
se localizaría una importante base militar que llevaría a cabo
misiones relacionadas con cuestiones de seguridad.
El FBI también tiene proyectos para Paraguay, tal como explicó el
pasado 26 de octubre su director, Robert Mueller, al llegar al país
para "comprobar los preparativos para el establecimiento de una
oficina permanente en Asunción con el fin de cooperar con las
organizaciones encargadas de la seguridad en la lucha contra la
delincuencia internacional, el tráfico de drogas y los secuestros".
Informes de prensa citaron versiones sobre la supuesta existencia de
campos de entrenamiento de Al Qaeda cerca del Paraguay, más
precisamente en la zona de la Triple Frontera, entre Argentina, Brasil
y Paraguay.
En tanto, el gobierno y de la oficina local de las Naciones Unidas
(ONU) señaló ayer que El 40 por ciento de la población paraguaya es
pobre. Paraguay tiene 5.837.000 habitantes, señaló el viceministerio
de la Juventud al difundir un informe elaborado con la cooperación del
Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Los pobres paraguayos constituyen el 40 por ciento, situación que
castiga con fuerza a las mujeres al no poseer condiciones económicas y
financieras para cuidar su salud, razón por la cual las complicaciones
durante el alumbramiento son la primera causa de fallecimiento en el
grupo de 25 a 29 años de edad (182 muertes por cada 100 mil partos).
Otros datos indican que unos 242 mil niños salen de sus hogares a
trabajar en cualquier actividad, dejando de lado la escuela.
En Paraguay sobreviven 17 etnias, totalizando una población de 90.000
personas que no se consideran paraguayas sino que reivindican su
identidad como mbya, chamacoco y totobiegosode, por citar algunas
naciones indígenas. De la cifra total de aborígenes, 47 de cada 100
tienen menos de 14 años de edad.
EL DELITO DE LA DETENCION-DESAPARICION O DESAPARICION
FORZADA, DELITO CONSIDERADO COMO DE LESA HUMANIDAD,
CONTINUADO, IMPRESCRIPTIBLE Y DE JURISCCION MUNDIAL,
POR EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU, TIENE
SUS ANTECEDENTES HISTORICOS BIEN DEFINIDOS Y UNA
METODOLOGIA DE APLICACION, DE ALTA COMPLEJIDAD.
UNA DE LAS CARACTERISTICAS ES QUE EL ESTADO
PERPETRADOR, DEBE GARANTIZAR PARA SUS FUERZAS
ILEGALES, SEAN DE INTELIGENCIA, OPERACION O LOGISTICA,
SEAN DEL SERVICIO DE ESPIONAJE POLITICO, LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO, LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA, LA MAS ABSOLUTA IMPUNIDAD. PUEDE UTILIZAR
TODO O PARTES DEL ESTADO Y SUS FUERZAS DE SEGURIDAD,
PERO DEBEN FUNCIONAR COMO UN MECANISMO DE RELOJERIA EN
FORMA PARALELA A LA ADMINISTRACION "NORMAL", AUN BAJO
CONDICIONES DE EXCEPCION O ESTADO DE SITIO.
LA IMPUNIDAD, "INMUNIDAD" Y INCLUSO EL DESCONOCIMIENTO
DE SU EXISTENCIA DEBE SER CASI ABSOLUTO PARA LOS NO
CRUZADOS Y PARA LOS CRUZADOS ENTRE SI. PARA UN
PARLAMENTO EN CASO DE DEMOCRADURA O DICTADURA CIVIL,
PARA UN SISTEMA JUDICIAL BAJO CUALQUIERA DE LAS
SITUACIONES, DICTADURA ABIERTA, SEMICONSTITUCIONAL,
CIVICO-MILITAR.
NO OBSTANTE, LAS COMUNICACIONES ENTRE LAS FUERZAS
OPERACIONALES, SUS RESPONSABLES POLITICOS Y SUS PARES
EN EL EXTERIOR, DEBEN REALIZARSE UTILIZANDO UNA "DOBLE
VIA" A TRAVES DE DETERMINADOS ORGANOS DEL ESTADO COMO
LAS EMBAJADAS, CONSULADOS, AGREGADURIAS, DE TAL FORMA
A LOGRAR A LA VEZ QUE LA COMUNICACION EFECTIVA, LA
MIMETIZACION DE LAS OPERACIONES ENCUBIERTAS EN SUELO
DE PAISES AMIGOS O "AMIGABLES" AL PROCEDIMIENTO.
DE ALLI LA NECESIDAD, DE LA APROBACION DE UNA
CONVENCION EN CONTRA DE SU PRACTICA, Y SOBRE TODO
PORQUE FUE DE USO EXTENSIVO E INTENSIVO EN LAS
DICTADURAS DEL CONO SUR, PARAGUAY INCLUIDO, CRUZANDO
LAS FRONTERAS DE ACUERDO A CADA NECESIDAD LOCAL, SIN
DEJAR RASTROS, EVIDENCIAS, Y DONDE EL "CUERPO DEL
DELITO" SEA DE CASI IMPOSIBLE LOCALIZACION Y POR LO
TANTO PROBANZA. INCLUSO HOY, A 30 AÑOS, SE VE COMO
NECESARIO BUSCAR LAS PRUEBAS EN LOS "REPLIEGUES
BUROCRATICOS" DEL SERVICIO EXTERIOR A MILES DE
KILOMETROS DEL PAIS.
SOLAMENTE DESVISTIENDO LOS MULTIPLES ROPAJES DEL
ESTADO, ES POSIBLE INGRESAR A ESE "OTRO MUNDO" DE LA
ILEGALIDAD, LA IMPUNIDAD POR DONDE SE HAN IMPLANTADO
LOS SISTEMAS REPRESIVOS DE ELIMINACION Y CONTROL
SOCIAL, DENTRO DE LA QUE SE ENCUENTRA COMO LA
PREFERIDA, PERO DE MAS COMPLEJA APLICACION CON EXITO
DE IMPUNIDAD EN EL TIEMPO, LA DESAPARICION FORZADA DE
PERSONAS POR PARTE DEL TERRORISMO DE ESTADO.
"DEENMASCARAR" ES SACAR LAS MASCARAS, LAS CARETAS,
MOSTRAR LA VERDAD PARA QUE ACCEDA LA JUSTICIA. Y ESTA
ES LA MAS IMPORTANTE TAREA AUN PENDIENTE. LOS
MULTIPLES ROPAJES FORMALES DE FACHADA Y LOS ILEGALES
DE LA REALIDAD COTIDIANA EN NUESTROS ESTADOS EN
TRANSICION ETERNA, CONVIVIENDO CON LOS PEORES
ELEMENTOS DEL CONSERVADOPRISMO DICTATORIAL, ES UN
IMPOSIBLE QUE DEBE TENER UN UNICO FINAL, CUAL ES EL
FIN DE LA IMPUNIDAD.
A LAS ORGANIZACIONES CIVILES, Y LOS GRANOS
DEMOCRATICOS QUE APUNTALAN EL ESTRECHO ANDARIVEL DEL
ESTADO DE DERECHO, DENTRO DE LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA, LES CORRESPONDE IR CONSTRUYENDO ESPACIOS DE
VERDAD, ESPACIOS DE JUSTICIA Y ESPACIOS DE MEMORIA, EN
UNA SOCIEDAD QUE ANTE LA INACCION, SIEMPRE MARCHA
HACIA ATRAS, HACIA EL OLVIDO, HACIA LA REPETICION DEL
HORROR.
FEDERICO TATTER.
Por Victoria Ginzberg. Diario Página 12, 12 de julio
de 2006. La medida incluye a Astiz, Acosta y Pernías.
Se dictaron embargos que alcanzan los 175 millones de
pesos. Todos están presos. Los represores Jorge “El
Tigre” Acosta y Alfredo Astiz encabezan la lista de
represores procesados.
“Los hechos ilícitos investigados en esta causa no
resultaron producto de una decisión solitaria, sino
que son consecuencia de un modo de acción que los
comandantes resolvieron y fueron ejecutados
confluyendo una compleja gama de factores que
involucró a personal militar y a toda la estructura y
logística de la Armada”, señaló el juez federal Sergio
Torres al procesar a los represores Alfredo Astiz y
Jorge “El Tigre” Acosta y otros 16 miembros del grupo
de tareas de la ESMA. El magistrado analizó 175 casos
de víctimas de la dictadura y embargó a los acusados
con sumas que llegan a los 175 millones de pesos.
Además de Acosta y Astiz, los represores que fueron
procesados son: Oscar Antonio Montes, Manuel Jacinto
García, Antonio Pernías, Alberto Eduardo González,
Jorge Raúl González, Jorge Perren, Jorge Radice,
Francisco Lucio Rioja, Juan Carlos Rolón, Néstor Omar
Savio, Pedro Antonio Santamaría, Víctor Francisco
Cardo, Roque Martello, Ernesto Frimon Weber, Luis
María Mendía y Ricardo Guillermo Corbetta. Todos están
detenidos.
Los acusados formaron parte del grupo de tareas 3.3/2
que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada
durante la última dictadura y que, según fue
ratificado en la investigación judicial, detuvieron
ilegalmente, torturaron e hicieron desaparecer a miles
de personas que pasaron por allí. “Se encuentra
debidamente probado que una vez producido el secuestro
y conducida la persona a la ESMA se la sometía
sistemáticamente a un interrogatorio acompañado de
tormentos (pasaje de corriente eléctrica, golpes,
simulacros de fusilamiento, etc)”, señaló Torres.
El juez utilizó como pruebas los legajos de las
víctimas de la Conadep y todos los antecedentes que
hay de ellas en la Justicia militar o cualquier fuero
civil. Además, interrogó a sobrevivientes, familiares
y amigos de los desaparecidos e incluyó, entre otros
informes y documentos, la causa que instruyó en España
su colega Baltasar Garzón.
Martín Gras, sobreviviente de la ESMA, explicó en su
declaración que la creación del grupo de tareas 3.3/2
fue apoyada decididamente por el dictador Emilio
Eduardo Massera para obtener su propia cuota de poder:
“Desde el punto de vista jerárquico organizativo, el
GT es el brazo ejecutor del SIN (Servicio de
Inteligencia Naval), pero en la práctica realiza sus
propias tareas de inteligencia, convirtiéndose
paulatinamente en un sector de dependencia directa de
Massera, agudizándose las contradicciones políticas
con el SIN, cuya jefatura no era considerada
‘masserista’”.
Otros ex detenidos de la ESMA, como Andrés Castillo y
Graciela Daleo, aportaron datos sobre la estructura de
la patota armada por Massera. Relataron que se
establecieron tres sectores: inteligencia, operaciones
y logística. Los integrantes del primer grupo eran los
encargados de interrogar y torturar a los
secuestrados. Los de operaciones, planificaban y
ejecutaban las detenciones, robos de autos, saqueos de
viviendas y otras maniobras. Los miembros de logística
eran los que se ocupaban del desarrollo y
mantenimiento de la infraestructura del grupo de
tareas.
Durante la investigación, Torres pudo probar más de
ciento cincuenta casos de personas que fueron privadas
de su libertad, trasladadas a la ESMA y sometidas a
tormentos para posteriormente ser liberadas o
eliminadas físicamente. “Los responsables de estas
actividades actuaron con total libertad e impunidad en
cualquier hora del día y en cualquier lugar”, señaló
el magistrado.
El descargo de Pernías
La mayoría de los dieciocho represores procesados se
negó a declarar cuando fue citado por el juez Sergio
Torres. Pero no todos callaron. Si bien intentaron
culpar a sus superiores o justificar sus crímenes en
base a una supuesta “guerra contra la subversión”, los
que hablaron no hicieron más que ratificar las
acusaciones en su contra. Uno de ellos fue Antonio
Pernías, el represor que junto con Juan Carlos Rolón
fue dado de baja al confesar en el Senado que aplicó
torturas en la Escuela de Mecánica de la Armada.
Pernías admitió que se desempeñó como integrante del
sector de inteligencia de la unidad de tareas 3.3/2 y
en el Centro Piloto de París. “Finalizada la guerra,
la Armada me destinó a las escuelas y unidades
correspondientes a su jerarquía. Esto lo considero un
reconocimiento a cualidades profesionales y éticas
probadas en cumplimiento del deber. Pasé a retiro ante
la imposibilidad de salvar o contrarrestar las
presiones mediáticas que ejercían sobre la Comisión de
Acuerdo (del Senado) determinados organismos o medios,
particularmente Página/12”, dijo Pernías. El represor
no se animó a admitir cuál era el destino final de las
víctimas: “Era una decisión tomada en niveles
superiores de conducción, corresponde por lo tanto que
la metodología empleada sea respondida por quienes
tuvieron esa responsabilidad”.
Dedicado a un amigo mío muy querido (que se encuentra en la búsqueda de sus padres en Argentina) y su señora...
Inocencia perdida con las muertes
Nombres bermejos escritos en el tiempo
Adioses sin sentido y sin palabras
teñidos de nostalgias
sin olvido
Recuerdo el recuerdo de sus madres
golpeando cacerolas en memoria
de anagramas incompletos de pasiones
sin cuentos felices que contarán la historia
Hoy escribo el testamento de sus vidas
reivindico sus memorias libres en las celdas
secuestradas por la hueste deleznable
que intoxica aún el libro de la gesta
Pero su lucha no ha muerto con sus huesos
esos son simietes que verderán luego
llegará el tiempo de un nuevo día de esos ecos
con sus palabras libres y sus sueños frescos
en su memoria
lo prometo
Susana Sciscioli
URUGUAY, REANUDA DEBATE SOBRE LA NECESARIA NULIDAD DE LA LEY DE
CADUCIDAD, QUE IMPIDE EL JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS DE TERRORISMO DE ESTADO COMETIDOS POR LA DICTADURA CIVICO MILITAR DEL URUGUAY.
Hugo Cores. PVP-567 Frente Amplio. La República, Montevideo, 10 de
julio de 2006. La realidad de las fuerzas armadas uruguayas ha sido,
en los últimos decenios, muy poco transparente. Hasta ahora poco se ha
avanzado en aclararla. El tipo de mensaje que se usa habitualmente
invita a creer que todo sigue dentro de los cauces de la normalidad,
sin explicar qué se entiende por 'normal'. En el seno de nuestra
fuerza política, pese a los invalorables aportes del Compañero General
Victor Licandro, la discusión sobre estos temas ha sido pertinazmente
desalentada.
La fuga del ex coronel Gilberto Vázquez, al romper durante cuatro días
las reglas de las relaciones entre el gobierno y las fuerzas armadas,
al protagonizar un episodio de desenlace imprevisible, alteró los
límites de 'lo normal' y amplió fugazmente el área de problemas acerca
de los que se habla en forma pública. Las 96 horas de incertidumbre
achicaron el campo al discurso de rutina, hecho de silencios,
anestésico y fosilizado.
Esta vez, los medios de comunicación amplificaron el contacto del
público con los hechos. Es lógico que así fuera. No se termina de
entender el reproche que se les ha formulado por haber dado
importancia al episodio. La fuga de G. Vázquez y los avatares
posteriores fortalecieron la posición del gobierno, mostraron una
policía adecuada a las circunstancias y debilitaron y dividieron al
núcleo más duro de la represión en el período del terrorismo de
Estado. Entre los hechos que afloraron quedan para ser examinados
varios puntos.
Para empezar, las referencias reiteradas por parte de las autoridades
civiles y militares a la significación de los compromisos emanados del
'código de honor' que caracterizaría a los militares. Cabe
preguntarse, como lo hacía Raúl Olivera en un intercambio de opiniones
reciente, cuál es el alcance de este concepto 'código de honor' que
posee tanta y tan espectacular eficacia. Un código que proporciona el
derecho a estar en libertad cuando los magistrados han ordenado la
prisión preventiva. Un código de tan espléndidos efectos que paraliza
la acción de los jueces. Que coloca al estamento militar por encima de
las obligaciones que circunstancian la vida del resto de sus
conciudadanos. ¿Dónde latía ese sentido del honor hace 33 años, cuando
integrantes de una institución del Estado, se transformaron en
instrumento de la devastación de ese Estado y de su transformación en
una aparato destinado a paralizar la acción ciudadana mediante el
terror? Desde hace 33 años, Gavazzo, Vázquez, etc. se han comportado
como delincuentes: en dictadura cometiendo los peores crímenes. En
democracia ocultando la verdad, mintiendo.
Hace unos pocos días, Búsqueda (1.360) informaba en su página 1 "Jefe
del Ejército cree que la única forma que existe para evitar
extradición de militares a Argentina es que sean enjuiciados en
Uruguay". Para llegar a ese fin, la opción razonable, la única legal y
pertinente es la anulación de la ley de Caducidad. Pero no es ese el
camino que ha preferido transitar la cúpula del Ejército. Las
propuestas manejadas que, en nota de análisis publicada ayer en El
País son confirmadas por fuentes militares a Alfonso Lessa, son de
otro carácter. Y no se caracterizan, precisamente, por su apego a la
Constitución y la Ley ¿Como es posible que la máxima jerarquía del
Ejército nacional mantenga reuniones con los acusados por la Justicia
argentina en las que se aborda la problemática de cómo evitar la
extradición?
¿Qué asidero legal tiene la posibilidad que se manejó en el sentido
que los oficiales acusados por la justicia argentina se hicieran
responsables de alguno de los delitos (se llega a hablar del 'caso
Adalberto Soba' y hasta del número de años en prisión que costaría
hacerse cargo) para de este modo evitar ser trasladados a Argentina.
¿Tiene el mando del Ejército potestades para negociar carátulas,
delitos, penas? ¿Por qué habría que negociar en materia tan delicada?
¿Cuál es la fuerza del grupo de Gavazzo, que frente a ellos se
suspende el orden legal y hay que negociar? ¿Cuál es la fuente de
legitimidad de esa fuerza?
Si esa fuerza existe no puede ser sino como un factor residual de la
dictadura. Un poder nacido del accionar clandestino, de las manos
sucias, de los crímenes repugnantes, al decir de Tabaré. Un poder
ilegítimo, basado, más que en la fuerza en el recuerdo, en el reflejo,
de la fuerza. La amenaza desde el pasado con respaldo en las
autoridades militares de hoy. Ese es el asunto. Y un gobierno popular,
democrático y defensor de los valores de la legalidad republicana no
puede tener una actitud distante, neutral o 'pragmática' ante la
supervivencia de esa gravitación cuya sola existencia desmoraliza al
estado de Derecho. La democracia republicana se asienta en valores y
esos valores son incompatibles con los que personifican Silveira,
Gavazzo, Vázquez y Medina, herederos y beneficiarios de los miedos
paralizantes del terrorismo de Estado. Finalmente, un día sí y otro
también, la prensa se hace eco de la existencia de logias dentro del
Ejército. Logias, vale decir, organizaciones clandestinas de oficiales
con mando de tropa. También se reitera la existencia de vínculos de
alguna de estas logias con sectores políticos entre los que se
incluyen a grupos del Frente Amplio. La existencia de estos vínculos
constituye un grave error.
Cabe preguntarse ¿qué fundamento tiene en el ordenamiento legal
vigente la existencia de estas relaciones? Esto es lo decisivo. Hemos
elegido acumular fuerzas a partir del desarrollo y la profundización
democrática, acrecentando la transparencia de los asuntos políticos y
la más amplia participación de los ciudadanos. Ese ha sido, desde sus
orígenes, la impronta estratégica fundamental del FA. Si en algún
territorio de la realidad estatal las normas no ayudan a resolver los
problemas, como ocurre ahora con la ley de impunidad, habrá que
movilizarse y convencer para cambiar las normas con arreglo al Estado
de derecho y con la más amplia participación democrática del pueblo.
Las relaciones con logias clandestinas es una opción que no va en esa
dirección. Habría que preguntarse cuáles son los fundamentos políticos
de esta línea de trabajo hacia las fuerzas armadas y explicar cómo
empata ese accionar con los puntos de vista y el programa de la
izquierda acerca de la necesidad de ganar para el pensamiento
democrático a los integrantes de los cuerpos armados del Estado. El FA
no triunfó solamente para cambiar los titulares de las viejas palancas
del poder estatal. Se propuso cambiar, en un sentido democrático y
popular, una estructura del Estado heredada que había sido montada
durante decenios por los conservadores para respaldar al orden
capitalista dependiente.
Este Estado es, para la izquierda, un campo de lucha. Lucha frente a
los residuos de la doctrina de la seguridad nacional, frente al
servilismo ante los grandes corporaciones y organismos
internacionales, frente al burocratismo, el clientelismo y demás
formaciones parasitarias que traban la acción social del Estado, que
impiden su rol en el desarrollo de nuestra identidad cultural y de
nuestra soberanía.FIN.
EXTRAIDO DE LA AGENCIA ADITAL, BRASIL.
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Fedefam, 25 años de lucha: Por el derecho a no ser desaprecido
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FEDEFAM: Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de
Detenidos Desaparecidos.
Adital - Convocatoria al XVIII Congreso de Fedefam del 10 al 15 de
julio de 2006 en Bogotá, Colombia: Ni desaparición forzada, ni
impunidad. Por el derecho a no ser desaparecido"Convención YA".
AMIGAS Y AMIGOS, FEDEFAM realizará su XVIII Congreso, en esta ocasión
en Bogota, Colombia, del 10 al 15 de julio de 2006.
En el XVII Congreso, celebrado en Guatemala, después de escuchar el
incremento de violaciones de los derechos humanos que se estaban
cometiendo en ese momento en Colombia, se decide realizar el siguiente
congreso en ese país como muestra de solidaridad al pueblo colombiano
y a nuestra Asociación: ASFADDES.
Lamentablemente, en el transcurso de estos últimos dos años, en vez de
detenerse, se reporta que graves violaciones de los derechos humanos
se han incrementado considerablemente, sin que exista la voluntad
política para frenarlas.
Son múltiples las ejecuciones extrajudiciales, se reportan de tres a
cuatro desapariciones forzadas diarias, encarcelamientos, detenidos en
masa, etc. Con clara muestra de tener control absoluto del país, ha
quedado en evidencia que no hay voluntad política para tratar de
resolver la situación. Al contrario, en la actualidad no se ve visos
de concretar la Paz con Justicia.
Sobresalen y preocupan hechos como la desmovilización de los
paramilitares, responsables de graves hechos delictivos, para
incrustarlos en la participación legal política; un proceso de cambios
constitucionales para garantizar la reelección del presiente Álvaro
Uribe. Asimismo, las elecciones que se llevaron a cabo el 28 de mayo y
que son rechazadas por una gran parte de la comunidad colombiana,
sobre todo por los trabajadores de los Organismos de Derechos Humanos
que son quienes han sufrido el incremento de las mencionadas
violaciones.
Este congreso coincide con dos eventos sumamente importantes:
1.- Estamos cumpliendo 25 años de existencia de nuestra federación; y
uno de los objetivos del Congreso es de llevar a cabo un análisis
profundo sobre los avances que a lo largo de los años hemos obtenido,
con un autodiagnóstico que nos permitirá efectuar una profunda
reflexión sobre los obstáculos que evitan el avance y cuál será la
forma de seguir aun con nuestras deficiencias.
El tema tanto abierto como interno revela que vivimos realidades
totalmente distintas a las de hace 25 años, nuestra federación se
inició bajo dictaduras y pseudos-democracias. Hoy los cambios que
estamos viviendo, nos obligan a llevar a cabo una serie de reflexiones
para tomar un nuevo rumbo en nuestro trabajo. Muchos de nuestros
países tienen gobiernos democráticos, pero estos no aseguran el
respeto a los derechos humanos; sino que en ellos podemos ver como los
derechos de nuestros pueblos, por los que lucharon nuestros
familiares, están siendo pisoteados en nombre del nuevo sistema
económico..
Preocupantes son los proyectos económicos que se están tratando de
imponer bajo sangre y fuego, como el ALCA, PPP, TLC y otros, pero por
otro lado esta el proyecto del ALBA que despunta desde Venezuela, y
que nuestra federación ha llevado a cabo desde nuestro surgimiento en
1981. La experiencia de nuestra federación demuestra que en la
práctica, con la unidad en la lucha en contra del grave flagelo de la
desaparición forzada, hemos amasado triunfos; grandes o pequeños, pero
son triunfos, que serán herencia para la humanidad. Hoy más que nunca
nuestra federación deberá consolidar el trabajo en torno a qué hacer,
cómo y desde qué perspectiva seguir.
2- En segundo lugar está el tema de la Convención que desde hace más
de 24 años venimos trabajando ante la Naciones Unidas El texto de
Convención, tal como fue adoptado el pasado 23 de septiembre de 2005,
tras tres años de negociación, representa un avance sustancial por el
derecho internacional y una significativa victoria de todos los
familiares de desaparecidos. Por primera vez en la historia del
derecho internacional de derechos humanos, la Convención establece dos
nuevos derechos: el autónomo derecho de toda persona a no ser sometida
a una desaparición forzada y el derecho de las víctimas (considerando
como tales a la persona desaparecida y a todos sus familiares) a
conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada,
los progresos y resultados de la investigación y la suerte de la
persona desaparecida. Asimismo, la Convención reconoce expresamente
que la práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas
constituye un crimen de lesa humanidad, que como tal es
imprescriptible. El texto de la Convención, para entrar en vigor,
necesita ahora de la aprobación del nuevo Consejo de Derechos Humanos
y de la Asamblea General de Naciones Unidas (Nueva York, diciembre de
2006). Finalmente, será necesaria la ratificación por 20 Estados.
A tod@s nuestr@s amig@s que nos siguen acompañando en este largo
camino, los invitamos para que en conjunto ratifiquemos la lucha por
la Verdad, la Justicia, la recuperación de la memoria histórica, que
unamos nuestras voces, acciones y sentimientos en la lucha contra la
impunidad.
Firmado por, Nila Heredia y Judith Galarza, Presidenta y Secretaria
Ejecutiva respectivamente.FIN.
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Primer homenaje de toda la Iglesia al obispo Angelelli
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sergio Rubin. Por primera vez, toda la Iglesia argentina rendirá un
homenaje al obispo de La Rioja, monseñor Enrique Angelelli, emblema de
la lucha por los derechos humanos y la oposición a la dictadura. Será
el 4 de agosto, en esa provincia, con motivo de cumplirse 30 años de
su muerte durante un episodio presentado como un accidente
automovilístico, pero que muchos consideran que se trató de un
asesinato.
En una decisión inédita, el centenar de obispos del país decidió
adherir en conjunto a la recordación de Angelelli, enviar a los actos
a una delegación encabezada por el propio presidente del Episcopado,
cardenal Jorge Bergoglio, y alentar a una amplia participación de los
religiosos en la recordación. Se cree que irán una treintena de
obispos.
Hasta ahora, la participación de los obispos en los homenajes a
Angelelli había acotada a unos pocos —los más progresistas—, que
asistían a título personal. El giro obedece, según explicaron a Clarín
fuentes eclesiásticas, a "la creciente impresión de que el obispo fue
asesinado".
La decisión se interpretó como un síntoma del cambio de perfil operado
en los últimos años en el Episcopado, al nombrarse —a raíz del
recambio generacional— a muchos obispos moderados que reemplazaron a
otros tantos conservadores que en los años 70 eran mayoría.
Sin embargo, las fuentes insistieron en que el cambio debe buscarse
centralmente en la cada vez más extendida sospecha de que a Angelelli
lo asesinaron. Más aún: el Episcopado se sumó en mayo al pedido del
Gobierno nacional para que se reabriera la investigación judicial.
La Justicia hasta ahora tuvo definiciones disímiles. Un juez consideró
que se trató de un asesinato. Pero una Cámara Federal dijo no contar
con elementos como para considerarlo así.
Las diferencias entre la percepción de los obispos y los
pronunciamientos de la Justicia se planteó en el último plenario de
obispos, en mayo, en Pilar. Allí se decidió no atar los pasos de la
Iglesia a los de la Justicia. El argumento que saldó la cuestión fue:
"En la época de las persecuciones a los cristianos, la Iglesia no
esperaba que Julio César reconociera que había matado a un creyente
para reconocer su martirio".
De esto se infiere que los obispos consideran seriamente la
posibilidad de impulsar un proceso de canonización —declaración de
santo— de Angelelli con el argumento de que fue víctima de un
martirio. Por las mismas razones, Bergoglio dio luz verde el año
pasado a un proceso similar por los cinco religiosos palotinos
acribillados también hace tres décadas en una iglesia del barrio
porteño de Belgrano R.
Angelelli apareció tirado junto a su auto en el paraje Punta de los
Llanos cuando regresaba del funeral de los sacerdotes Carlos de Dios
Murias y Gabriel Longeville, que habían sido asesinados. También lo
fue el laico Wenceslao Pedernera.
Afirman que origen fortuna de Pinochet son las drogas
Santiago de Chile, 9 jul (PL) La fuente primaria de la voluminosa
fortuna que alcanzó el ex dictador Augusto Pinochet serían las drogas,
según denuncia de uno de sus más estrechos ex colaboradores dada a
conocer hoy por el diario La Nación.
Involucran a Augusto Pinochet en tráfico de drogas
Chile / Notimex. El ex jefe de inteligencia de la dictadura militar
chilena, general en retiro Manuel Contreras, aseguró que Augusto
Pinochet y su familia obtuvieron su millonaria fortuna gracias al
tráfico de drogas y armas.
La edición digital del diario chileno La Nación precisó este domingo
que "la fortuna amasada por el ex dictador se debe al tráfico de
drogas realizado por su hijo Marco Antonio junto al empresario chileno
de origen sirio Edgardo Bathich".
AUNQUE ESTOS DOS DESPACHOS DE NOTIMEX Y PRENSA LATINA, REPRODUCIDOS EN VARIOS MEDIOS DIGITALES Y CONVENCIONALES EL 9 DE JULIO DE 2006, HIELEN LA SANGRE, LO VISTO, LEIDO Y ODIO HASTA EL MOMENTO, NO SERIA MAS QUE LA FINA EPIDERMIS DE LA COMPLEJA TRAMA DELICTIVA DE LAS DICTADURAS DEL CONO SUR LATINOAMERICANO, DONDE ES IMPOSIBLE DESLIGAR EL
ANTICOMUNISMO, LAS GUERRAS "PRIVADAS", LAS GUERRAS SUCIAS, EL TERRORISMO DE ESTADO, EL NARCOTRAFICO, EL ARMATRAFICO, ASI COMO UN CONJUNTO AUN NO DIMENSIONADO DEL COMERCIO DELICTUAL.
ES UNA TRAMA QUE HA QUEDADO OCULTA POR MAS DE 30 AÑOS, POR LOS PROPIOS MILITARES RESPONSABLES, POR JUECES, POLITICOS, CORPORACIONES, BANCOS Y PAISES COMPLICES, Y HOY, NO POR ARREPENTIMIENTO NI MEA CULPA ALGUNO, SINO POR FISURAS EN LA "MURALLA DE SILENCIO" EL EX JEFE DE LA DINA, Y PRINCIPAL COORDINADOR DEL OPERATIVO CONDOR, MANUEL CONTRERAS, COMIENZA
A DAR PISTAS A LA JUSTICIA.
LA CONSIGNA NUMERO UNO DE LAS DICTADURAS, HA SIDO MANTENER LA MAXIMA IMPUNIDAD DE SUS ACCIONES, MAS ALLA INCLUSO DE SU EXISTENCIA EN EL PODER, A TRAVES DE UNA COMPLEJA RED DE COMPLICIDADES EN EL CRIMEN, DONDE MILITARES, JUECES, EMPRESARIOS, BANCOS Y GOBIERNOS A LA VEZ QUE SE BENEFICIABAN, INGRESABAN AL INTIMO CIRCULO DE LA LEALTAD MAFIOSA DE LA QUE SOLO SE SALE "CON LOS PIES PARA ADELANTE".
CONOCEDOR DE LA METODOLOGIA, EL EX GENERAL CHILENO MANUEL CONTRERAS, ALTISIMO RESPONSABLE PINOCHETISTA QUE HA LLEVADO EL TERROR MAS ALLA DE SUS FRONTERAS, Y TEJIDO EL OPERATIVO CONDOR CON LAS DICTADURAS DE BOLIVIA, ARGENTINA, URUGUAY, PARAGUAY, EXPORTANDO LA METODOLOGIA DEL TERROR A MUCHOS OTROS PAISES DE LATINOAMERICANA Y EL MUNDO, COMIENZA A ABANDONAR, AL SENTIRSE TAMBIEN ABANDONADO DEL MAFIOSO CLAN PINOCHET, SUS NEGOCIOS, Y SUS RUTAS FINANCIERAS DELICTIVAS.
AUNQUE NO ESTE A NUESTRO ALCANCE, AUN SABER A CABALIDAD, SI LOS PROPIOS ESTADOS UNIDOS HAN PERMITIDO EL INGRESO A LAS CUENTAS QUE PINOCHET TENIA EN EL MUY SELECTO BANCO RIGGS, VERDADERO CENTRO DE OPERACIONES ILEGALES DE VARIOS "AMIGOS DE OCCIDENTE EN EL PODER", ES PORQUE ALGO MAS GRANDE SE OCULTA. AL FIN Y AL CABO, ESTE PAIS NO TIENE AMIGOS, SOLAMENTE TIENE INTERESES, Y UN DESPRESTIGIADO EX GENERAL GENOCIDA COMO PINOCHET, FUERA DEL PODER, MAS QUE UN AMIGO ES UN ESTORBO Y UN MOLESTO TESTIGO. PROBABLEMENTE, EL EX GENERAL MANUEL CONTRERAS, NO QUIERA SEGUIR LA MISMA SUERTE, Y BUSQUE SALVARSE, SIENDO IGUALMENTE RESPONSABLE QUE SU EX JEFE Y CORRESPONSABLE, DEL PARTICULAR SISTEMA NORTEAMERICANO DE "DESHECHAR" INSERVIBLES.
NO OBSTANTE, BIENVENIDO EL COMIENZO DE LA RUPTURA DEL SILENCIO DE LOS EX JERARCAS CHILENOS, PUES ELLO PERMITIRA QUE LA FISURA SE EXTIENDA, CRUCE LAS FRONTERAS, INVOLUCRE A LOS OTROS CIRCULOS MAFIOSOS DEL CONTINENTE CON LOS QUE SE ASOCIARON, MILITARES, CIVILES Y POLICIALES, PARA QUE COMENCEMOS A VISUALIZAR, AUNQUE NO SEA EN FORMA DIAFANA Y COMPLETA, PARTE DE LA VERDAD, PARTE DEL INMENSO HORROR Y DOLOR QUE PRODUJERON, ASI COMO LOS REALES MOTIVOS QUE LOS LLEVARON A HACERLO, MOTIVOS QUE CON SEGURIDAD, PONDRAN NUEVAMENTE A LA HUMANIDAD EN LA PERPLEJA ENCRUCIJADA DE REVISAR SU CONDICION Y EXISTENCIA.
FEDERICO TATTER.
Silvana Boschi. El ex ministro de Economía de la dictadura, José
Alfredo Martínez de Hoz, podría ser investigado por la desaparición de
un ex funcionario, el español Juan Carlos Casariego de Bel. Su caso,
revelado por Clarín, aún no fue esclarecido, pero su familia sospecha
que ex el ministro pudo haber tenido participación o complicidad en su
secuestro.
El martes 18 de julio, el caso Casariego de Bel junto al de otros once
desaparecidos de origen gallego será presentado ante el juez federal
Daniel Rafecas, en la causa en la que se investigan violaciones a los
derechos humanos en jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército.
La presentación será durante una audiencia con el juez, donde se
entregará un escrito encabezado por Francisco Lores y Manuel Campos
Janeiro, presidente y vice de la Federación de Asociaciones Gallegas
de la Argentina. Allí pedirán ser tenidos como querellantes, se darán
detalles de los 12 casos de ciudadanos de Galicia o descendientes de
gallegos que desaparecieron en el área controlada por el Primer
Cuerpo, y se solicitará la detención inmediata de los acusados.
Luis Fernández Ageitos, de la Federación de Asociaciones Gallegas de
Argentina, explicó a Clarín que "debe haber unos 90 casos registrados
de desaparecidos de origen gallego en nuestro país, de un total de 600
españoles, pero sólo estos 12 casos pertenecen a la jurisdicción del
Primer Cuerpo del Ejército".
Además de Casariego de Bel, figuran en la presentación: Ernesto
Fernández Vidal, Ramón García Ulloa, Dolores del Pilar Iglesias,
Manuel Souto Leston, Urbano López Fernández, Manuel Gómez Aguirre,
Jaime Emilio Lozano Nieto, Inés Olleros, Miguel Angel Castiglioni
Cornes, Alberto Horacio García López, y Alicia Raquel D'ambra
Villares.
El caso de Casariego de Bel involucra al ex ministro Martínez de Hoz,
actualmente imputado en una causa por el secuestro de los empresarios
Federico y Miguel Gutheim. En esta causa el Gobierno pidió la nulidad
del indulto contra Martínez de Hoz.
María Casariego de Gainza, hija del funcionario desaparecido en junio
de 1977, también planea sumar el caso de su padre a esta causa, para
que la Justicia investigue la posible participación o complicidad del
ex ministro y del secretario, Guillermo Walter Klein. "Si bien no
tenemos una prueba directa sobre la participación de Martínez de Hoz
—dice—, hay elementos de peso en favor de esta hipótesis: uno es la
negativa del ministerio a intervenir ante la desaparición de uno de
sus principales funcionarios; la otra es que al mes se nombró a un
director interino, que firmó negociados que mi padre rechazaba, como
el caso Italo".
La presentación que se realizará el 18 en el juzgado de Rafecas fue
anunciada el viernes en Vigo, España, en una conferencia en la sede de
la Confederación Intersindical Gallega (CIG). Participaron Francisco
Lores, presidente de la Federación de Asociaciones Gallegas de la
Argentina; Fermín Paz, secretario de la CIG; Luis Pérez Leira, del
departamento de Migracion de la CIG, y Gustavo García, abogado de la
CIG en el juicio de Madrid contra los delitos de genocidio cometidos
en la Argentina.
Estas entidades solicitan también que el Parlamento gallego constituya
una comisión de investigación de los delitos de lesa humanidad
cometidos en la Argentina contra ciudadanos gallegos y sus familiares.
También se solicitó a la Junta de Galicia que, a través de su
presidente, presente una querella institucional y dé asistencia
jurídica a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado en
Argentina.
Por último, pidieron que Galicia solicite a la Argentina amplia
información sobre las circunstancias de las desapariciones y
asesinatos de los ciudadanos gallegos y sus familiares.
La comunidad autónoma de Galicia está gobernada ahora por el Partido
Socialista, que el año pasado logró desplazar al gobierno conservador
de Manuel Fraga Iribarne.
Desde Argentina, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD)
participó en la elaboración de la querella. Adriana Calvo, de la AEDD,
explicó que desde la reapertura de las causas por violaciones a los
derechos humanos se impulsó en Buenos Aires y La Plata un espacio que
se llama "Justicia Ya" "que reúne a organismos de derechos humanos,
organizaciones gremiales, sociales y políticas, interesadas en
participar en las causas". "Todas las organizaciones tienen el derecho
y el deber de reclamar por sus desaparecidos", señaló.
FEDEFAM: Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de
Detenidos Desaparecidos.
Adital - Convocatoria al XVIII Congreso de Fedefam del 10 al 15 de
julio de 2006 en Bogotá, Colombia: Ni desaparición forzada, ni
impunidad. Por el derecho a no ser desaparecido"Convención YA".
AMIGAS Y AMIGOS, FEDEFAM realizará su XVIII Congreso, en esta ocasión
en Bogota, Colombia, del 10 al 15 de julio de 2006.
En el XVII Congreso, celebrado en Guatemala, después de escuchar el
incremento de violaciones de los derechos humanos que se estaban
cometiendo en ese momento en Colombia, se decide realizar el siguiente
congreso en ese país como muestra de solidaridad al pueblo colombiano
y a nuestra Asociación: ASFADDES.
Lamentablemente, en el transcurso de estos últimos dos años, en vez de
detenerse, se reporta que graves violaciones de los derechos humanos
se han incrementado considerablemente, sin que exista la voluntad
política para frenarlas.
Son múltiples las ejecuciones extrajudiciales, se reportan de tres a
cuatro desapariciones forzadas diarias, encarcelamientos, detenidos en
masa, etc. Con clara muestra de tener control absoluto del país, ha
quedado en evidencia que no hay voluntad política para tratar de
resolver la situación. Al contrario, en la actualidad no se ve visos
de concretar la Paz con Justicia.
Sobresalen y preocupan hechos como la desmovilización de los
paramilitares, responsables de graves hechos delictivos, para
incrustarlos en la participación legal política; un proceso de cambios
constitucionales para garantizar la reelección del presiente Álvaro
Uribe. Asimismo, las elecciones que se llevaron a cabo el 28 de mayo y
que son rechazadas por una gran parte de la comunidad colombiana,
sobre todo por los trabajadores de los Organismos de Derechos Humanos
que son quienes han sufrido el incremento de las mencionadas
violaciones.
Este congreso coincide con dos eventos sumamente importantes:
1.- Estamos cumpliendo 25 años de existencia de nuestra federación; y
uno de los objetivos del Congreso es de llevar a cabo un análisis
profundo sobre los avances que a lo largo de los años hemos obtenido,
con un autodiagnóstico que nos permitirá efectuar una profunda
reflexión sobre los obstáculos que evitan el avance y cuál será la
forma de seguir aun con nuestras deficiencias.
El tema tanto abierto como interno revela que vivimos realidades
totalmente distintas a las de hace 25 años, nuestra federación se
inició bajo dictaduras y pseudos-democracias. Hoy los cambios que
estamos viviendo, nos obligan a llevar a cabo una serie de reflexiones
para tomar un nuevo rumbo en nuestro trabajo. Muchos de nuestros
países tienen gobiernos democráticos, pero estos no aseguran el
respeto a los derechos humanos; sino que en ellos podemos ver como los
derechos de nuestros pueblos, por los que lucharon nuestros
familiares, están siendo pisoteados en nombre del nuevo sistema
económico..
Preocupantes son los proyectos económicos que se están tratando de
imponer bajo sangre y fuego, como el ALCA, PPP, TLC y otros, pero por
otro lado esta el proyecto del ALBA que despunta desde Venezuela, y
que nuestra federación ha llevado a cabo desde nuestro surgimiento en
1981. La experiencia de nuestra federación demuestra que en la
práctica, con la unidad en la lucha en contra del grave flagelo de la
desaparición forzada, hemos amasado triunfos; grandes o pequeños, pero
son triunfos, que serán herencia para la humanidad. Hoy más que nunca
nuestra federación deberá consolidar el trabajo en torno a qué hacer,
cómo y desde qué perspectiva seguir.
2- En segundo lugar está el tema de la Convención que desde hace más
de 24 años venimos trabajando ante la Naciones Unidas El texto de
Convención, tal como fue adoptado el pasado 23 de septiembre de 2005,
tras tres años de negociación, representa un avance sustancial por el
derecho internacional y una significativa victoria de todos los
familiares de desaparecidos. Por primera vez en la historia del
derecho internacional de derechos humanos, la Convención establece dos
nuevos derechos: el autónomo derecho de toda persona a no ser sometida
a una desaparición forzada y el derecho de las víctimas (considerando
como tales a la persona desaparecida y a todos sus familiares) a
conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada,
los progresos y resultados de la investigación y la suerte de la
persona desaparecida. Asimismo, la Convención reconoce expresamente
que la práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas
constituye un crimen de lesa humanidad, que como tal es
imprescriptible. El texto de la Convención, para entrar en vigor,
necesita ahora de la aprobación del nuevo Consejo de Derechos Humanos
y de la Asamblea General de Naciones Unidas (Nueva York, diciembre de
2006). Finalmente, será necesaria la ratificación por 20 Estados.
A tod@s nuestr@s amig@s que nos siguen acompañando en este largo
camino, los invitamos para que en conjunto ratifiquemos la lucha por
la Verdad, la Justicia, la recuperación de la memoria histórica, que
unamos nuestras voces, acciones y sentimientos en la lucha contra la
impunidad.
Firmado por, Nila Heredia y Judith Galarza, Presidenta y Secretaria
Ejecutiva respectivamente.FIN.
Causa Etchecolatz
Otro testigo dijo que la casa estaba “fichada”. Declararon allegados a los asesinados en el episodio.
(La Plata,10julio2006).- En la jornada de hoy se presentó el testigo que había quedado pendiente del viernes anterior, Oscar Ruiz, quien vio que el 24 de marzo de 1976 alguien sacaba en brazos un bebé de la casa de calle 30 entre 55 y 56.
Mientras los demás vecinos se resguardan de los disparos, él se asomó y alcanzó a ver que sacaban de la casa un bulto envuelto en una manta, con todas las características de tratarse de un bebé.
También declaró hoy Ana María Bossio, cuyo esposo Leonardo Miceli fuera secuestrado en abril de 1976. El hermano de la testigo, Alberto Bossio, pudo eludir ese operativo, manteniéndose en la clandestinidad. Hasta noviembre de 1976 mantuvo comunicaciones esporádicas con sus familiares. En la última de ellas, el 18 de ese mes, le pidió a su hermana “que fuera a la casa de calle 30”, ya que allí había compañeros que tenían un bebé y la casa estaba “fichada”.
La testigo, que esperaba un niño por esos días, no pudo ir antes del ataque. Hoy su hermano se encuentra desaparecido.
A partir de esta declaración, la querella de A.P.D.H. LA PLATA pidió la formación de una nueva causa penal respecto de Carlos Castillo (a) “el Indio”, conocido militante de la Concentración Nacional Universitaria, a quien la testigo reconoció como partícipe de los operativos sufridos en su casa y en la de su hermano.
Luego del secuestro de Miceli y del frustrado operativo que buscaba a su hermano Alberto, la testigo acudió a dependencias policiales en busca de objetos robados de su casa. Se dirigió a la comisaría octava donde el Comisario Lara le mostró objetos que, según el funcionario, habían sido robados por una banda “que se hacían pasar por policías””. Entre los objetos reconoció pertenencias de su hermano y entre los detenidos al “Indio Castillo”.
Seguidamente depuso Mauricio Jorge Peiris, hermano de Juan Carlos Peiris, uno de los asesinados en la casa de calle 30, quien en aquella época vivía en Bahía Blanca y se enteró de la muerte de su hermano 29 años después de ocurrida. En la audiencia fue exhibido un certificado de defunción en el que consta el fallecimiento, con el error de que el occiso aparecía como “Peires”. También se le hizo reconocer una fotografía de su hermano.
Este testigo relató haber recibido la visita de personal armado en su casa, referenciando la fecha en función del combate boxístico Monzón-Valdés. Nunca fue detenido, pero sí recibió estas “visitas” en dos oportunidades.
Florencio Gabriel Quiroga es hermano de Beatriz Mariana Quiroga, casada con Roberto César Porfidio, militante gremial no docente que compartía la casa de calle 30 con la pareja Mariani-Teruggi.
El asesinado Porfidio y su mujer tenían también una niña nacida en febrero de 1976. Beatriz había desaparecido en octubre de 1976 y a partir de ese momento Roberto comenzó a deambular con la bebé por distintas casas. Ambos solían estar en calle 30, pero el día que ésta fue atacada no estaba allí.
Este testigo, domiciliado en Mar de Ajó, presenció el arribo de cadáveres a la zona de Santa Teresita y Mar de Ajó, provenientes de los llamados “vuelos de la muerte”.
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ARRESTARON AL REPRESOR DEL CASO GELMAN QUE SE HABIA FUGADO: No lo
salvaron las extensiones
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Gilberto Vázquez Bisto fue encontrado en Montevideo, disfrazado de
mendigo. Tiene un pedido de extradición de la Argentina.
PAGINA 12. ARGENTINA. El militar uruguayo Gilberto Valentín Vázquez
Bisto, que se había fugado el lunes pasado del Hospital Militar de
Montevideo, fue recapturado ayer antes de que consiguiera salir del
país. Vázquez es uno de los siete represores detenidos y en espera de
extradición a la Argentina por el secuestro y desaparición de María
Claudia García, la nuera del poeta Juan Gelman, y por otros crímenes
cometidos en el marco del Plan Cóndor, que coordinó la represión
ilegal de las dictaduras del Cono Sur. Tras escapar, envió una carta
abierta al presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, donde lo acusaba de
"chantaje". Lo encontraron en pleno Montevideo, disfrazado de mendigo
y con extensiones de cabello color caoba.
Vázquez estaba en el Hospital Militar, bajo la custodia del Ministerio
de Defensa uruguayo. Logró escapar aprovechando que había sido
trasladado para hacerse exámenes médicos. Mientras estuvo prófugo, el
militar se dedicó a llamar a distintos canales de televisión y radio
uruguayos. El coronel retirado, de 61 años, les anunciaba que estaba
armado y dispuesto a resistir el arresto. También decía que se dirigía
a Brasil campo traviesa. Mientras tanto, se desplegó un operativo
conjunto que incluyó a los organismos de inteligencia, la policía
uruguaya, migraciones y la Interpol.
Finalmente dieron con él ayer al mediodía en una precaria vivienda
cerca del centro de Montevideo, con ropas de vagabundo y sus
particulares extensiones capilares. No tenía armas y, si bien hizo un
fugaz intento de huir, no opuso resistencia cuando se vio rodeado. Fue
trasladado a la Cárcel Central de Uruguay, donde permanecerá de ahora
en más bajo custodia de policías. Allí están recluidos también los
otros represores: José Arab, José Gavazzo, Ricardo Medina, Jorge
Silveira Quesada y el policía Hugo Campos Hermida, en tanto que
Ernesto Rama se encuentra internado en el Hospital Militar por una
afección cardíaca, con custodia policial.
En mayo de 2006, el juez Guillermo Montenegro pidió la extradición de
siete militares por la desaparición de María Claudia. La nuera del
poeta Juan Gelman fue secuestrada en agosto de 1976 y trasladada a
Uruguay, donde la asesinaron luego de que diera a luz a María
Macarena. Su hija fue apropiada por un policía y recuperó su identidad
recién en 2004. En la denuncia que se presentó ante la Justicia
uruguaya, se detallaba que Vázquez estuvo presente en la detención y
los interrogatorios de uruguayos que fueron secuestrados en la
Argentina. "El sería una de las personas que junto a León Tabaré Pérez
habrían trasladado a María Claudia del Servicio de Inteligencia del
Ejército (SIE) a otro centro clandestino de detención, presuntamente
denominado base Valparaíso", explicó a Página/12 José Luis González,
el abogado de Gelman.
La fiscal uruguaya Ana María Tellechea se pronunció en junio a favor
de la extradición y la decisión quedó en manos del juez Juan Carlos
Fernández Lecchini, quien también investiga cómo consiguió fugarse
Vázquez. Sobre la fuga existe un sumario en el Ministerio de Defensa.
De todas formas, Vázquez no será imputado en la Justicia. "Existe la
figura penal de autoevasión, pero tiene que ser con violencia sobre
las cosas. Esta vez, se evadió sin que mediara ningún tipo de
violencia", explicó González.
Vázquez había dado su "palabra de honor" de que no escaparía al jefe
del ejército, Carlos Díaz, que presentó su renuncia y fue confirmado
tras la fuga. Por ese motivo, el viceministro de Defensa, José
Bayardi, informó que el represor "será sometido a un tribunal de honor
del ejército, ante el que podría perder su condición de militar". "A
partir de su recaptura le tomarán declaraciones. Seguramente esperará
con los demás la resolución sobre la extradición, que sigue su curso
como si nada hubiera ocurrido", concluyó González.
Informe: Werner Pertot.