EntriesPeru - Sentencian a 15 años de prisión a cuatro ex agentes del Grupo Colina
Peru - Encuentran restos óseos en zona que fue ocupada por militares en Huancavelica
Peru - Se inicia juicio a ex militares y policías por desaparición de campesinos
Perú: Asociación de familiares de desaparecidos pide reparaciones individuales
Peru - Caso Cantuta: ¿De Testigo a Procesado?
Peru - Se Inicia Juicio Oral en Caso“Chavín de Huántar”
Peru: Entregarán constancias de ausencia a familiares de 11 desaparecidos
Defensoría del Pueblo entrega constancias a familiares de desaparecidos
Testigos de masacre peruana abren su memoria en Miami
Peru: Planton contra la Impunidad
U.S. arrests three accused of S.American war crimes
Peru: Segunda Sentencia por Desaparición Forzada: Chuschi Presente
Declaran procedente extradición de militar involucrado en masacre de Accomarca
Peru's Former Spymaster Faces Verdict
Por la memoria de Accomarca
En Memoria de Tefilo Rmac Capcha...
Junio 27, 2007
Peru - Sentencian a 15 años de prisión a cuatro ex agentes del Grupo Colina
agenciaperu.com
La Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL) sentenció hoy a quince años de cárcel a los ex miembros del grupo Colina, Jorge Enrique Ortiz Mantas, Pablo Andrés Atúncar Cama, Héctor Gamarra Mamani y Hércules Gómez Casanova, quienes se sometidos al beneficio de la colaboración eficaz.
El ex agente Gómez Casanova señaló en juicio oral, hace unas semanas, que el ex presidente Alberto Fujimori conocía las actividades del grupo Colina, escuadrón de la muerte comandado por Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingüe Guevara.
El Tribunal Superior, presidido por la vocal Inés Villa Bonilla y compuesto por las doctoras Inés Tello de Ñeco e Hilda Piedra Rojas, encontró responsabilidad a los ex agentes de inteligencia en los delitos de asociación ilícita para delinquir, homicidio calificado, secuestro agravado y desaparición forzada de personas.
La Sala condenó a los procesados por su autoría y coautoría en los casos de la matanza de Barrios Altos, la ejecución de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, la muerte del periodista Pedro Yauri y la desaparición de campesinos de El Santa, ocurridos entre 1991 y 1992.
También recibieron condena en casos que aún están en investigación preliminar pero en los que ya aceptaron su responsabilidad, como el asesinato de la familia Ventocilla, en Huaura; la desaparición de Fortunato Gómez Palomino; la desaparición de dos personas en el distrito Ate Vitarte; y el homicidio de cuatro personas en Paramonga.
Por el concepto de reparación civil a favor de los agraviados, el Tribunal Anticorrupción fijó entre S/. 4500 y S/. 10000 el pago que los colaboradores eficaces deberán abonar, dinero que será descontado de sus pensiones como ex miembros del Ejército.
Tanto Ortiz Mantas, Atúncar Cama, Gamarra Mamani y Gómez Casanova se acogieron el año pasado al principio de la confesión sincera y a la colaboración eficaz, recibiendo los códigos 117–00B, 102–00B, 101–00A y 111–00K, respectivamente, cuya reserva se levantó en la sesión de hoy.
http://www.agenciaperu.com/actualidad/2007/jun/15_colina.html
Junio 20, 2007
Peru - Encuentran restos óseos en zona que fue ocupada por militares en Huancavelica
| CPN RADIO 19 jun| Un macabro hallazgo se realizó en la zona conocida como Campi Chico, ubicada a 2 kilómetros de la ciudad de Huancavelica, región del mismo nombre, luego que en un desmonte de construcción se hallaran restos óseos de al menos 10 personas.
Los pobladores al conocer del hecho demandaron una pronta investigación de los hechos y recordaron que en dicho lugar, que pertenece en la actualidad a la Universidad Nacional de Huancavelica, durante la época terrorista funcionó el Comando Político Militar.
En diálogo con CPN RADIO, los deudos denunciaron que mientras operó la ex sede militar ocurrieron desapariciones forzadas de sus seres queridos.
"Demandamos una pronta investigación de todo lo ocurrido", insistieron los pobladores de Campi Chico.
Junio 19, 2007
Peru - Se inicia juicio a ex militares y policías por desaparición de campesinos
lunes, 18 de junio , 2007 - 10:28:48
(RPP) Este martes 19 de junio se inicia el juicio oral contra los ex militares y policías involucrados en la desaparición del ciudadano Albino Quino Sulca y otros tres campesinos, ocurrido el 30 de julio de 1986, en la comunidad de Matero, en la provincia ayacuchana de Cangallo.
Karim Ninaquispe, abogada de los hijos de Albino Quino Sulca y representante de la Asociación Para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (Adehr), señaló que el juicio oral permitirá establecer la responsabilidad penal de los acusados que afrontan los cargos de desaparición forzada.
La Fiscalía Superior ha solicitado 20 años de pena privativa de libertad para los acusados, según recordó Adehr.
"El juicio oral a los militares acusados se realizará a las 10 de la mañana de este martes 19, en la sede de la sala Penal Nacional, presidida por el magistrado Pablo Talavera", precisó Ninaquispe Gil.
Por su parte, los hijos del desaparecido campesino Albino Quino Sulca se mostraron esperanzados en que los acusados confiesen dónde se encuentran los restos de su padre para darle cristiana sepultura y que digan quiénes dieron las órdenes para su desaparición.
Junio 17, 2007
Perú: Asociación de familiares de desaparecidos pide reparaciones individuales
Por Fidel Gutiérrez, enviado especialHuanta, jun. 16 (ANDINA).- Implementar lo más pronto posible un programa de reparaciones individuales para las víctimas de la violencia política, reclamó esta tarde Lidia Flores viuda de Huamán, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos en Zonas Declaradas en Emergencia (Anfasep).
A su juicio, el Gobierno si está en capacidad de atender a quienes, como ella, perdieron a familiares tanto debido al accionar terrorista como a excesos de las fuerzas del orden.
Indicó que su asociación reúne a cerca de 500 madres que de pronto, ante la desaparición de sus esposos por dichas causas, debieron asumir la educación de estos solas. “Reclamamos una indemnización”, expresó.
Similar punto de vista expresó Angélica Mendoza, presidenta honoraria de Anfasep, quien consideró que si no se dan las reparaciones individuales, cualquier otro tipo de acciones tendrá como único fin “tranquilizar al pueblo y engañarlo”.
Ambas ciudadanas participaron como invitadas en la ceremonia de inauguración del Programa de Reparaciones Colectivas, realizada al mediodía en esta provincia ayacuchana.
Mayo 18, 2007
Peru - Caso Cantuta: ¿De Testigo a Procesado?
Las Confesiones del General EP (R) Pérez Documet
17 de mayo del 2007
El jueves 10 se presentó en el juicio oral contra el destacamento Colina por el asesinato de los 9 estudiantes y un profesor en la Universidad Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”, el general EP (r) Luis Pérez Documet, quien había sido citado en su condición de testigo para que relate los hechos relacionados al crimen cometido por el mencionado destacamento militar.
Como se recuerda, el 18 de julio de 1992, fecha en la que el destacamento Colina secuestra y asesina a los 9 estudiantes y al profesor de La Cantuta, el general se desempeñaba como Jefe de la División de Fuerzas Especiales - DIFE, unidad que tenía a su cargo el control de la base militar instalada en la Universidad La Cantuta.
En su testimonio, el general (r) Pérez Documet acusó al ex Comandante General del Ejército, general EP (r) Nicolás Hermoza Ríos, al ex Jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, general EP (r) Juan Rivero Lazo y al mayor EP Santiago Martin Rivas de ser los responsables del asesinato de los nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta. Al ser interrogado por la 1ª Sala Penal Anticorrupción, Pérez Documet precisó que un día antes del operativo en La Cantuta, el 17 de julio de 1992, lo llamó Hermoza para decirle que preste apoyo a Rivero Lazo. "Éste (Rivero) nunca llegó. En su lugar se presentó Martin Rivas, el cual me comunicó que por encargo de Rivero Lazo necesitaba el apoyo del teniente Aquilino Portella "para realizar un interrogatorio" (La República, 11/05/07).
Agregó que la mañana del 18 de julio, luego de que el Coronel EP Carlos Miranda Balarezo y el Teniente EP Aquilino Portella le contaron lo sucedido en La Cantuta (el asesinato), llamó a Rivero y éste le contesto: "se les pasó la mano". Pérez Documet anotó que una semana después lo llamaron Rivero y Hermoza para decirle que debía adiestrar a Portella en lo que podía responder sobre lo sucedido en La Cantuta, pero que se negó (La República, 11/05/07).
El testimonio del general EP (r) Luis Pérez Documet ratifica la versión dada anteriormente en este mismo juicio por el Coronel EP (r) Carlos Miranda Balarezo, quien en diciembre del 2005, y al haberse acogido a la confesión sincera señalo que: “fue el general EP (r) Luis Pérez Documet quien ordenó para que el Teniente Aquilino Portella apoye en el ingreso de un comando del ejército a la universidad La Cantuta, comando que estaba al mando del mayor EP Santiago Enrique Martín Rivas. Que incluso el general Pérez Documet le mencionó que la orden provenía del Comandante General del Ejército Nicolás De Bari Hermoza y del general jefe de la DINTE Juan Rivero Lazo (ver “Caso Colina: entre el silencio y la confesión sincera”).
En aquella oportunidad, el coronel Miranda Balarezo señaló además que el teniente Aquilino Portella lo llamó a su casa, el mismo 18 de julio de 1992, a las 5:30 a.m., para contarle que ya había cumplido la misión ordenada pero que debía reportarle un hecho preocupante, “que las personas que fueron con él, habían secuestrado y ejecutado a los estudiantes y un profesor de La Cantuta”. Que, ante esa información, pidió de manera urgente entrevistarse con el general Pérez Documet, y al hacerlo y verlo tan preocupado dicho general le señaló: “qué tanto te preocupas Miranda si los responsables de esto son Hermoza Ríos y Rivero lazo, son ellos los que deben resolver el problema”.
Señaló, asimismo, que esa misma noche del 18 de julio él y Aquilino Portella Núñez, se reunieron en casa del general Pérez Documet y fue el mismo Portella quien le contó a Pérez Documet todo lo sucedido en la madrugada de ese día. Es decir que el general en mención conoció de los hechos desde el primer día en que estos sucedieron.
Como podemos notar, y en versión no solamente del Coronel EP Miranda Balarezo, sino en boca del mismo general EP Pérez Documet, éste habría sabido del crimen de La Cantuta desde el mismo día en que estos sucedieron y, a pesar de ello, no solamente no denunció ese crimen, sino que incluso adoctrinó a sus oficiales subalternos para que guarden un silencio cómplice ante tan execrable delito. Esto para nuestra legislación penal constituye, por lo menos, encubrimiento.
Es por ello, que desde estas líneas nos preguntamos si la condición del general EP (r) Luis Pérez Documet debe seguir siendo la de testigo, o debe ser denunciado penalmente y sometido a la justicia por su participación en los hechos vinculados al asesinato de los nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta. Creemos que a versión de parte, relevo de pruebas. El general ha reconocido los hechos y las circunstancias relacionadas al crimen investigado.
Finalmente, si bien el ahora testigo Pérez Documet ha señalado no haber conocido las razones por las cuales ese destacamento militar (Colina) ingresó a la universidad La Cantuta, resulta poco creíble que esta intervención fuese una operación de inteligencia de carácter secreto, realizada en horas de la madrugada en una zona bajo control militar, sobre personas de quienes se sospechaba ser integrantes de Sendero Luminoso por los antecedentes de operaciones militares similares en el centro del país, en las que el objetivo de la intervención era detener y luego desaparecer a las personas.
(Antonio Salazar García)http://www.justiciaviva.org.pe/noticias/2007/mayo/17/caso_cantuta.htm
Peru - Se Inicia Juicio Oral en Caso“Chavín de Huántar”
17 de mayo del 2007
El 18 de mayo se dará inicio al juicio oral de uno de los casos de derechos humanos más controversiales, como es el de las ejecuciones extrajudiciales durante el Operativo “Chavín de Huántar”. Si bien en los últimos años se ha pretendido presentar este caso como un ejemplo de persecución del Poder Judicial contra los comandos, lo cierto es que el objeto del proceso penal no es la operación militar de rescate de los 71 personas que permanecían de rehenes en la residencia del Embajador japonés, sino las supuestas ejecuciones extrajudiciales de los integrantes del MRTA que tomaron por asalto la residencia[1].
El juicio oral que está a cargo de la Tercera Sala Penal Especial, y tiene como acusados a Nicolás Hermoza Ríos, Vladimiro Montesinos Torres, Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio Aliaga por el delito de homicidio calificado. La fiscalía superior ha solicitado se les imponga 20, 18 y 15 años de pena privativa de libertad respectivamente. En un inicio, el Ministerio Público también formuló acusación contra Juan Fernando Dianderas Ottone, Martín Fortunato Luis Solari de la Fuente y Herbert Danilo Angeles por el delito de encubrimiento real, pero ese extremo de la acusación fue desestimado por la Sala debido a que los delitos habían prescrito.
Cabe señalar que en un inicio el proceso penal comprendió tanto a los actualmente acusados, así como a los oficiales del Ejército Peruano Augusto Jaime Patiño, José Williams Zapata, Luis Alatrista Rodríguez, Carlos Tello Aliaga, y los responsables de los equipos especiales de comandos participaron en el operativo militar. Pero, a la par que el Poder Judicial abrió proceso penal, el Consejo Supremo de Justicia Militar, en junio del 2002, inició proceso penal militar contra las mismas personas por los mismos hechos y además entabló contienda de competencia.
Esa contienda de competencia, el 16 de agosto del 2002, fue resuelta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, presidida por Guillermo Cabala, emitiendo un fallo no sólo discutible, sino que además contrario a normas internacionales, ya que determinó que en el extremo del caso que comprendía a los comandos debía pasar a la justicia militar y el extremo del caso que comprendía las responsabilidades de Montesinos, Hermoza, Zamudio y Huamán Azcurra se quedaba en el Poder Judicial. Posteriormente, la justicia militar falló absolviendo a todos los comandos de los cargos bajo el argumento de la inexistencia de pruebas.
Como se advierte, la Tercera Sala Penal Especial tendrá como tarea el juzgamiento de quienes pueden ser considerados como autores intelectuales del hecho (Hermosa y Montesinos) y solo dos autores materiales (Huamán y Zamudio).
Existirían una serie de evidencias forenses y testimonios recogidos durante el proceso que indicarían que luego de finalizar la incursión de los comandos a la residencia del Embajador Japonés, los miembros del MRTA se rindieron y fueron desarmados. El ciudadano Hidetaka Ogura ha afirmado que tres emerretistas asesinados se encontraban con vida al finalizar la operación; similar afirmación realizaron los policías Raúl Robles Reynoso y Marcial Torres Arteaga, quienes capturaron a Eduardo Cruz Sánchez (a) Tito y lo entregaron a Jesús Zamudio Aliaga. Por su parte, existe un Informe Pericial Médico Legal que concluye que las víctimas se encontraban de espaldas a sus victimarios y con imposibilidad de moverse, debido a la trayectoria del proyectil y los orificios de entrada y salida que se apreciaban en los restos.
Los testimonios actuados durante el proceso afirman que los Comandos, luego de haber culminado su participación, entregaron con vida a los emerretistas a los denominados “Gallinazos” (grupo operativo conformado por miembros de la PNP y del Servicio de Inteligencia Nacional disfrazados de comandos), dirigidos por el propio Teniente Coronel EP Jesús Zamudio y quienes habrían ejecutado a los detenidos.
Además, también existen indicios que permitirían establecer una cadena de mando conformada en su cúspide por Alberto Fujimori, quien mantuvo el control y manejo total de las operaciones, luego se ubicaría Vladimiro Montesinos Torres y Nicolás de Bari Hermoza, quienes se encontraban conduciendo el operativo desde el Centro de Operaciones Tácticas, mientras en los últimos escalafones se encontraron Huamán Azcurra, y debajo de él, Jesús Zamudio Aliaga, según lo manifestaron los efectivos policiales Raúl Robles Reynoso y Marcial Torres Arteaga.
Entre las pruebas de la existencia real de una cadena de mando estarían las decisiones de Fujimori para la elaboración de un plan operativo militar, en el que participaron Montesinos y Hermoza Ríos, así como la orden dada por el propio Fujimori para dar inicio a la intervención, la misma que fue transmitida a través de todos los escalafones de la cadena de mando. También se hace notar el encargo dado por Montesinos a Huamán Azcurra para que realizara las labores de explotación de información y éste, a su vez, ordenó a Zamudio la construcción de túneles y la seguridad en las casas aledañas a la residencia.
Resulta evidente que más allá de las responsabilidades penales que alcancen a los cuatro procesados (Hermosa, Montesinos, Huamán y Zamudio), el tribunal tendrá que emitir alguna opinión sobre los niveles de responsabilidad penal de aquellos efectivos militares que habrían entregado a los emerretistas rendidos y capturados al grupo del SIN.
(Mariella Valcárcel Angulo)[1]Eduardo Nicolás Cruz Sánchez (c) “Tito”, Víctor Salomón Peceros Pedraza y Herma Luz Meléndez Cueva (c)“Cinthya.
http://www.justiciaviva.org.pe/noticias/2007/mayo/17/inicia_juicio.htm
Abril 23, 2007
Peru: Entregarán constancias de ausencia a familiares de 11 desaparecidos
Entregarán constancias de ausencia a familiares de 11 desaparecidos en Junín, Pasco y Huancavelica
Huancayo, abr. 23 (ANDINA).- En mérito a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la Defensoría del Pueblo entregará esta tarde constancias de ausencia por desaparición forzada a familiares de once pobladores de los departamentos de Junín, Pasco y Huancavelica.
La entrega, a realizarse a las 16:30 horas (21:30 GMT) en el auditorio del Colegio de Abogados de Junín, contará con la presencia de la comisionada de la Adjuntía de Derechos Humanos y la Persona con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo de Lima, Gisella Vignolo Huamaní, y organizaciones de desplazados y afectados por la violencia política de la región central del país.
La Defensoría del Pueblo entregará estas constancias tras corroborar la situación de desaparecidos de las 11 personas en mérito a la Ley Nº 28413, que regula la ausencia por desaparición forzada.
Esta entrega constituye un reconocimiento oficial de la situación jurídica de la persona desaparecida, permitiendo a los familiares iniciar el procedimiento judicial de Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada.
Asimismo, la constancia permitirá a los familiares de las víctimas acceder en forma permanente y libre al Seguro Integral de Salud (SIS).
Los casos corresponden a: Luis Alberto Collantes Aylas (26), Enrique Alfredo Kriete Aylas (19), Jorge Ezequiel Quispe Rodríguez (19) y Maura Orihuela Chávez (49), desaparecidos el 11 de diciembre de 1991 en el anexo Chacaybamba, distrito de Monobamba (Jauja).
También a Juan Meneses Sotacuro (19), Dora Marín Aire (23), Macedonio Torres Caisahuana (20), José Santos Carrasco Huiza (27) y Fermín Pérez Maita (18), desaparecidos en Huancayo (Junín).
Asimismo, a Cristóbal Ortiz Osis (38), desaparecido en 1993 en el anexo Los Mellizos, distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa (Pasco).
Por último, a Zacarías Lapa Castro (41), desaparecido en abril de 1989 en el barrio Tres de Mayo, distrito de Vilca, provincia y departamento de Huancavelica.
(FIN) PTM/JOT
http://www.andina.com.pe/NoticiaDetalle.aspx?id=123608Abril 17, 2007
Defensoría del Pueblo entrega constancias a familiares de desaparecidos
Por Patricia Escudero
Lima, abr. 17 (ANDINA).- Durante su investigación sobre las causas que desataron dos décadas de violencia y en su intento por identificar a las víctimas de ese período –a partir de testimonios recibidos en audiencias públicas–, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) concluyó que ocho mil 585 peruanos desaparecieron tras haber sido arrestados, detenidos o trasladados por la fuerza a quién sabe dónde, entre 1980 y 2000.
Para continuar con el proceso de reconciliación nacional, hoy la Defensoría del Pueblo tiene por encargo entregarles a los familiares de los desaparecidos por la violencia, constancias que certifican su situación, con las cuales se reconocen los derechos de sus familiares a algunos beneficios.
Hasta febrero fueron mil 400 las constancias cedidas, pero esta labor tuvo una y mil sorpresas. Una de ellas, quizás la más importante debido a las cifras, es que sólo el 44 por ciento de los casos certificados por la Defensoría se encuentra en el padrón elaborado por la CVR.
De hecho, el 56 por ciento restante –787 personas que la Defensoría certificó como desaparecidas por hechos vinculados a la violencia– constituye casos nuevos, no reportados hasta el momento. Es decir, no aparecen en la larga relación que presentó la CVR.
¿Esto hace que las cifras de la CVR se multipliquen aún más? No necesariamente. Ello se sabrá sólo cuando el trabajo esté mucho más avanzado.
Gisela Vignolo, jefa del equipo de la Defensoría del Pueblo que trabaja en torno a las secuelas de la violencia política, considera razonable que muchas personas con familiares desaparecidos no denunciaran el hecho, por temor a represalias, sobre todo en lugares donde aún hay rezagos de terrorismo o porque viven muy alejadas.
Registro
Los casos incluidos por la CVR constituyen un registro no certificado de desaparecidos. Y es que, no obstante el trabajo minucioso de la comisión, sus miembros no tenían posibilidades de verificar con documentos la veracidad de los testimonios.Con los casos que certifica la Defensoría se elabora, más bien, el Registro Oficial de Desaparecidos Víctimas de la Violencia Política, lo que significa la primera estadística oficial de desaparecidos reconocidos por el Estado peruano.
¿Y por qué es necesario que exista un registro oficial? Vignolo sostiene que contar con ese registro significa que el Estado reconoce la situación de esas personas y las circunstancias en que desaparecieron, y, más aún, regulariza su condición de ausentes.
La constancia que entrega la Defensoría, además, facilita el procedimiento para que esa persona sea declarada judicialmente ausente por desaparición forzada, y que su identificación en el Reniec tenga el mismo reconocimiento.
En lo inmediato, ser reconocido como ausente por desaparición forzada da a los familiares directos de la víctima derecho a una reparación, cuando el Estado la otorgue; pero por lo pronto les brindan acceso al Sistema Integral de Salud (SIS) con el único pago de un nuevo sol.
Las solicitudes para constancias de desaparecidos van en aumento. Al iniciar su labor, la Defensoría recibía algo más de 100 al mes, en los últimos meses llegan a 200.
Candelaria Palomino Vega vivió 54 años en Toraya, un distrito lejano de la provincia de Aymaraes, en Apurímac. Su vida, que transcurrió en el campo, entre su familia y sus cosechas, no existió para el Estado. Nunca contó con un documento de identidad. Ella desapareció en 1990. Dieciséis años después, ingresó en las estadísticas nacionales, cuando ya no tenía vida... Existió para el Estado a partir de una Constancia de Ausencia por Desaparición Forzada.
Trámite gratuito
Gisela Vignolo hace hincapié en que el trámite para buscar este reconocimiento es totalmente gratuito y que no se necesita contratar a un abogado. El interesado sólo debe acercarse a cualquier oficina de la Defensoría y presentar su solicitud o pedir que se levante un acta.Si el caso tiene antecedente, como una denuncia policial, la Defensoría inicia la investigación a partir de ello, a fin de certificar la información. Si el caso es nuevo, la Defensoría necesitará información mínima para iniciar su búsqueda, como la versión de testigos.
Hay que aclarar que las denuncias de desaparición deben corresponder a casos sucedidos entre 1980 y 2000, y estar vinculados al período de violencia. El proceso de verificación resulta imprescindible, expresó la funcionaria, porque ello involucra futuras reparaciones.
Vignolo resalta el arduo trabajo de investigación que debe realizar su equipo de la Defensoría para encontrar documentos que permitan cruzar información, y así constatar las circunstancias de su desaparición y ausencia permanente.
Fuente de información
El Estado entregará reparaciones a las víctimas acreditadas por el Consejo de Reparaciones, que encabeza Sofía Macher, a partir del Registro Único de Víctimas, que acogerá tanto a desaparecidos como a desplazados, al igual que a otros perjudicados.Jesús Aliaga, coordinador de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) para Políticas de Paz, Reparación y Reconciliación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) indica que el plan integral de reparaciones consta de siete programas, cinco de ellos de reparaciones individuales y dos de beneficio colectivo.
No obstante, aclara que el registro de la Defensoría no es del todo vinculante para el plan de reparaciones, sino una fuente de información para el trabajo que el Consejo de Reparaciones realiza y para la elaboración del Registro Único de Víctimas, porque la ley excluye de este registro a los miembros de las organizaciones terroristas.
Explicó que cuando la Defensoría hace su investigación no puede diferenciar entre civiles, militares o terroristas, porque se trata de una labor humanitaria, por eso su registro pasa al Consejo de Reparaciones, que se constituye en un tamiz para saber si esa persona estuvo relacionada o no con grupos terroristas.
Pedidos y reapariciones
De las solicitudes denegadas, 18 reaparecieron con vida; 37 reaparecieron sin vida; y 16 se encuentran fuera del marco de la Ley Nº 28413.Huancavelica (303), Ayacucho (299), Huánuco (260) y Apurímac (125) son las regiones en las que se registra la mayor cantidad de desaparecidos.
Cifras
- 1,402 solicitudes de constancias tiene la Defensoría del Pueblo.
- 388 casos han sido investigados y concluidos.
- 317 constancias fueron expedidas.
- 71 solicitudes fueron denegadas.
- 75 solicitudes no tienen información mínima para iniciar su investigación.
- 939 están en proceso de verificación.Situación especial
El caso de Candelaria Palomino Vega nos enfrenta con la realidad de las zonas más alejadas. Muchos de los peruanos que desaparecieron no habían sido ni siquiera inscritos en partidas de nacimiento. Esta es también una oportunidad para regularizar su existencia en los registros del país.Candelaria fue secuestrada por Sendero Luminoso durante una incursión realizada al distrito de Toraya, en agosto de 1990. Quince años después, su hijo, José Barrientos Palomino, pidió una constancia de ausencia.
Tras verificaciones administrativas en el Reniec, en el Inpe y en el departamento de requisitorias de la PNP, todas infructuosas, se pasó a una verificación directa, con entrevistas a familiares diversos y a vecinos de la desaparecida.
Y después con diligencias complementarias y con documentación oficial que corroboró las incursiones de Sendero Luminoso en ese poblado, en la fecha indicada por el solicitante.
Abril 10, 2007
Testigos de masacre peruana abren su memoria en Miami
GERARDO REYES / El Nuevo Herald
http://www.elnuevo.com/210/story/26345.html
Publicado el domingo 08 de abril del 2007
Teófila Ochoa dice que lo vio todo desde su choza, al lado de un hermano menor. Tenía 12 años.
Distorsionadas por sus lágrimas vio las imágenes de los militares del ejército peruano abusando sexualmente de las mujeres y llevando a empellones a los viejos de la comunidad para que hicieran fila hacia la muerte y a los hijos que arrancaban de las faldas de sus madres.
Ahí, en esa tremolina, estaban su mamá Silvestra y sus tres hermanos.
Oía gritos, muchos gritos, recuerda, y sobre todo las órdenes de los soldados que nadie entendía. En un diálogo de sordos, los militares vociferaban en español y las víctimas imploraban en quechua.
Cuando llegaron temprano en la mañana por su mamá a la chacra, ella le dijo orgullosa a quienes la sacaron que tenía un hijo mayor que había sido soldado de la patria.
Pero los cabos que la llevaban con sus hijos a la explanada de Hatumpampa, con la excusa de una reunión comunitaria, no entendían quechua.
''Los gritos se fueron parando cuando le pusieron candela a la casa donde los metieron a todos'', recuerda Ochoa en una entrevista telefónica con El Nuevo Herald desde Lima. "¡Qué terrible debía ser lo que estaba pasando ahí adentro!''
Un total de 69 pobladores de Accomarca, un caserío indígena de la sierra, al sur del Perú, murieron esa tarde del 14 de agosto de 1985. Fueron masacrados por las patrullas Lince 6 y Lince 7 del ejército peruano que tenían órdenes de ''capturar y/o destruir a los elementos terroristas existentes en la quebrada de Huancayoc'', según los documentos de tribunales del Perú.
Esa dramática historia, que en América Latina de ordinario pasa a engrosar voluminosos documentos de derechos humanos que acumulan más polvo que lectores, revivió la semana pasada en forma de aliento para quienes durante los últimos 21 años han luchado porque no se olvide.
El jefe de Lince 7, entonces subteniente Telmo Hurtado Hurtado, durmió tranquilo en un apartamento del norte de Miami Beach hasta el viernes antepasado.
A las 4:45 de la madrugada, un grupo de asalto de la policía de esa ciudad le dio apoyo a agentes federales del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que lo arrestaron bajo cargos de fraude de documentos de inmigración. Se llevaron a su madre y a su hermano Samuel que también fue militar.
El mismo día, el jefe de Lince 6, Juan Manuel Rivera Rondón fue arrestado en su casa de un barrio de clase alta del condado de Montgomery, Maryland.
Rivera, de 47 años, propietario de dos casas en las afueras de Washington, una de ellas evaluada en $820,000, llevaba una vida muy tranquila y holgada junto a su novia de ciudadanía estadounidense. Se dedicaba al negocio de hipotecas.
En los registros catastrales figura como propietario de dos casas en las afueras de Washington. Su historial judicial en Estados Unidos también está manchado, según el diario The Baltimore Sun. En el 2003 fue acusado de múltiples conductas de abuso sexual a raíz de una denuncia presentada por un pariente joven.
La mayor parte de los cargos fueron revocados pero la fiscalía de Montgomery lo encausó por una ofensa sexual en cuarto grado. Fue condenado a un año de prisión y se le concedió libertad bajo fianza. Esta situación lo forzó a pedir permisos para salir del país, una vez a visitar a su madre enferma a Perú y otra para viajar con su novia a las Islas Caimán, donde ella se reunió con parientes cubanos.
En el Peru, las sobrevivientes de la masacre no se explican cómo el ex militar entraba y salía al país sin problemas a pesar de su deudas con la justicia.
El oficial inmediatamente superior a Hurtado y Rivera durante la masacre era el entonces capitán y hoy general retirado José Williams Zapata. Williams representa en la actualidad al Perú ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington.
La junta es una organización internacional de defensa y seguridad que sirve de órgano consultivo a la Organización de Estados Americanos (OEA) y que tiene, entre sus programas principales, el de la "educación para la paz''.
En Perú, Williams, quien posó como héroe nacional por ser uno de los militares que participaron en la liberación de los rehenes de la residencia del embajador japonés en Lima en 1997, afronta el caso judicial por la masacre de Accomarca así como una acusación por la presunta ejecución extrajudicial de guerrilleros del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), que tomaron la embajada y también alegatos de enriquecimiento ilícito.
El Nuevo Herald dejó mensajes a Williams en la sede de la junta en Washington que no fueron respondidos.
Aparentemente Estados Unidos también fue escogido como refugio por David Eduardo Castañeda Castillo, jefe de la Patrulla Tigre, quien participó igualmente en la masacre de Accomarca, según informó Karim Virginia Ninaquispe Gil, abogada de las víctimas. Se sospecha que vive en California.
Samuel Hurtado, hermano de Telmo, quien no aparece involucrado en la masacre, fue arrestado por la policía durante el allanamiento al apartamento de Miami Beach y luego liberado. Su madre, quien también fue detenida, podría ser deportada.
Samuel asegura que todas las víctimas de Accomarca eran guerrilleros del izquierdista movimiento rebelde Sendero Luminoso y que aquello no fue una masacre sino un enfrentamiento "arma con arma''.
De ser esto cierto, la familia de Teófila era un pelotón de niños combatiente de uno a seis años al mando de una señora de 35.
Ernestina, Víctor, Celestino y Viduen Ochoa, los supuestos guerrilleros armados de Sendero Luminoso en la mente del subteniente Hurtado, murieron calcinados en una fogata siniestra prendida por su patrulla.
''Es que ustedes los periodistas no entienden cómo es la guerra'', dijo Samuel. "Para que su familia duerma tranquila en su casa, para que el presidente duerma tranquilo y los senadores y los diputados, ¿quiénes estamos combatiendo en la calle? Los militares''.
Ninaquispe sostuvo que el argumento del hermano de Hurtado en el sentido de que aquello fue un enfrentamiento es "absurdo''. ''No se ha demostrado, durante todos estos años, que las personas hayan sido colaboradores o miembros de Sendero Luminoso. Tampoco hubo bajas, tampoco se llegó a confiscar material subversivo, nada'', explicó la abogada a El Nuevo Herald.
Según las investigaciones, la orden de ''limpiar'' la zona fue impartida por el jefe político militar del departamento de Ayacucho, Wilfredo Mori Orzo, bajo el argumento de que la población apoyaba y formaba parte de Sendero Luminoso.
Teófila se salvó de la masacre porque escapó de su casa con su hermano Gerardo. Cada uno tomó direcciones opuestas. Gerardo fue alcanzado por las balas de soldados que lo persiguieron y murió.
En su fuga, Teófila se encontró frente a frente con un grupo de militares que llevaba a unas 10 niñas prisioneras. Un derrumbe que había en el camino, un guaico como se le llama en el Perú, la separaba de la muerte
Al otro lado los militares, mientras le apuntaban, le gritaban que atravesara el guaico y se entregara. Ella se negó y salió corriendo entre los tiros que picaban en la tierra.
Se escondió en un piedra grande, recuerda, y desde allí fue testigo de un segundo espectáculo macabro.
Los soldados tomaban a cada niña, entraban con ellas a las chozas abandonadas, las violaban, les daban un tiro y le prendían fuego a la vivienda.
''Una por una, así, hasta matarlas a todas'', agregó.
Al mismo costado del guaico, su prima Cirila Pulido, contenía la respiración junto a sus hermanos, Alfredo y Elva, para que los soldados no los descubrieran. Desde la loma donde estaba su choza, Pulido vio cómo llevaban a su mamá, a una hermanita de ocho meses, varios tíos y sus abuelos a la casa de un comunero para luego acribillarlos a bala.
''¿Qué culpa tenían para que hagan eso?'', dijo Cirila a El Nuevo Herald. "Nos quitaron la familia, seguir viviendo es muy duro''.
Al anochecer Pulido se dirigió al pueblo con su hermano y se salvó.
Teófila caminó tres días y tres noches hasta que su abuelo la encontró, y sin medir las consecuencias del trauma, la llevó de regreso al lugar de la masacre para que le ayudara a reconocer los cuerpos de su madre y sus hermanitos en la casa incendiada.
"Regresamos para buscar los restos, yo sin zapatos, sin sombrero, triste, destrozada, cuando llegamos, ay Dios mío, era un lugar horrible, ardía todavía, en eso vi parte de mi madre, la cintura, un pedazo de manta, ella agarrando a uno de mis hermanitos''.
Telmo Hurtado no ocultó su responsabilidad en los hechos. Durante una declaración que él pensaba que quedaría bajo secreto militar, explicó orgulloso sus acciones ante un inspector del ejército de la Segunda División de Infantería del departamento de Ayacucho:
"He dado la orden de disparar contra los pobladores así como haber lanzado una granada en el interior de la habitación del centro, que es lo que tenía el mayor número de gentes, con la intención de eliminar a los posibles heridos que podían haber quedado, y la otra con la finalidad de destruir la casa''.
Hurtado había ordenado a los hombres hacer fila en un lado y a las mujeres a otro. Entre ellas había 10 embarazadas. La mayoría de los hombres eran ancianos porque los jóvenes habían salido de madrugada a trabajar en las plantaciones.
Al promediar las 8:30 de la mañana, los militares habían reunido a más de 60 personas en la zona de Lloccllapampa, según el relato de la asociación de las víctimas. A los hombres los encerraron en la casa del campesino Cipriano Gamboa, no sin antes golpearlos, y a las mujeres y niños en la casa del comunero César Gamboa.
''Previamente las mujeres fueron llevadas a unos arbustos donde fueron ultrajadas sexualmente'', agrega el informe. Una vez en las viviendas, los militares acusaron de terroristas a los campesinos y procedieron a disparar contra todos.
Teófila recuerda que las ráfagas empezaron tan pronto puso el pie, en una de las casas, el último de la fila de los hombres.
Las noticias de la masacre sacudieron el recién inaugurado primer gobierno del presidente Alan García. Los militares buscaban afanosamente proteger a los altos mandos y sacrificar a Hurtado.
El 16 de septiembre de 1985, cuando Hurtado se encontraba declarando, él mismo relató que el coronel inspector de la Segunda División del Ejército le dijo que su declaración "no tenía ningún valor para el Fuero Militar ni para el Fuero Común, que la investigación que estaba realizando era un procedimiento interno para salvar la responsabilidad del general Mori''.
''Por eso'', agregó Hurtado, "me sugirió que me haga el loco y que aparente eso para que de esa manera no caiga el comando de la Segunda División y no tenga ninguna repercusión para el general [. . ] inclusive el coronel de Infantería Gonzáles Feria Nelson sugirió que me hiciera el loco o llorara delante de los parlamentarios''.
Hurtado fue absuelto de los delitos de homicidio, negligencia y desobediencia, y sólo fue condenado por la justicia militar, por abuso de autoridad, a seis años de prisión y al pago de 500 soles (unos $250) por concepto de reparación civil a los deudos de las víctimas.
Cuando se esperaba que el militar ya estuviera en uso de buen retiro, una denuncia periodística de la televisión peruana, en mayo de 1999, reveló que Hurtado no fue dado de baja. Se había acogido a las leyes de amnistía y continuaba su carrera castrense en la Sexta Región Militar, ahora bajo el grado de mayor.
Su hermano sostuvo a El Nuevo Herald que Telmo estaba bajo arresto dentro del cuartel como sanción disciplinaria pero no penal.
En un principio, la denuncia original por la masacre, radicada por la Fiscalía de Derechos Humanos en febrero del 2005, incluyó, además de los altos mandos militares, al presidente Alan García. Pero el nombre del ex mandatario fue removido por presiones políticas, según la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq.
Excluido García, el Tercer Juzgado Penal Supraprovincial de Lima abrió el proceso penal en contra de 29 personas.
Posiblemente, para esa época, Hurtado ya estaba aclimatándose en Miami Beach. Según documentos de una corte federal de Miami, en diciembre del 2002, llenó un formulario para solicitar un visado a Estados Unidos.
El formulario contenía una pregunta mandada a hacer para él: "¿Ha sido usted arrestado o condenado alguna vez por cualquier contravención o delito, aunque haya sido objeto de amnistía o cualquier acción legal similar?'' Hurtado respondió que no.
Con esa negativa presuntamente falsa, las autoridades de Estados Unidos hallaron pretexto para arrestarlo cinco años después en su apartamento de Harding y la calle 77. Fue acusado de falsedad.
Peru: Planton contra la Impunidad
Planton contra la Impunidad y Marcha de los Estudiantes Universitarios
Jornada de lucha por la extradicion del mas corrupto dictador de la historia del Peru y por la defensa de los derechos de los estudiantes y de todos los peruanos.
Una vez mas se cumplio la meta : los jovenes tomaron la entrada del Ministerio Publico y le recordaron al Poder Judicial todos los crimenes del Chino Rata.Ver fotos del planton 24 Marzo :
http://peru.indymedia.org/news/2007/03/27741.phpY seguiremos dale y dale aunque el Fujitivo tenga la ayuda de sus complices (en Peru junto a su yunta aprista que tiembla por su rabo de paja) y del gobierno japones (han agarrado de excusa el TLC proximo a firmarse entre Chile y Japon para presionar al Poder Judicial mapocho) vamos a continuar exigiendo justicia.
Algunos datos sobre el caso :
La República, el 30 de marzo del 2007
"Yo no hice nada, fue el Ejército"
- Fujimori pide rechazar la extradición escudándose en dictadores de
África y atribuyendo los crímenes de "Colina" a una práctica militar.Redacción La República.
Para solicitar a la Corte Suprema de Chile que rechace el pedido de
extradición de Alberto Fujimori, la defensa del ex presidente se fundamenta en los casos de los dictadores africanos Teodoro Obiang y
Robert Mugabe, a quienes se les ha seguido sin éxito procesos
judiciales por corrupción y violaciones
de los derechos humanos.Para los abogados chilenos de Fujimori, éste debe ser tratado igual que Obiang y Mugabe.
De acuerdo con el alegato presentado por los defensores de Fujimori,
Gabriel Zaliasnik y Francisco Velozo, y dado a conocer ayer por la revista Caretas, no hay pruebas que acrediten los delitos que se le atribuyen al ex mandatario porque el Estado peruano sólo ha presentado indicios y presunciones.Los argumentos de Zaliasnik y Velozo se sustentan en la desinformación
Con la abierta intención de sorprender a la Corte Suprema. Aseguran que el proceso de extradición es una venganza política y no
busca la justicia. La columna vertebral de la defensa de Fujimori
consiste en presentar al ex jefe del Estado como una víctima de sus enemigos.El santo
Fujimori "desempeñó sus funciones constitucionales tras ser en tres
ocasiones elegido democráticamente por el pueblo peruano en votaciones populares, libres y soberanas", afirma la defensa, ocultando el fraude electoral del año 2000 y la utilización de fondos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para el financiamiento de la campaña, delito acreditado en numerosos "vladivideos" y confesiones de miembros de la mafia.En un intento por desarmar el argumento del Estado peruano de que
Fujimori monopolizó el poder, la defensa arguye que eso es falso porque Fujimori recién comenzó en la política en 1990 y era un ciudadano común y corriente y no un político consumado. "En efecto, resulta casi ridículo pensar que un ciudadano peruano, hijo de inmigrantes japoneses arribados al Perú en la década de 1930, titulado de ingeniero, y que se desempeñó siempre como profesor
en la Universidad Agraria, hubiese de la noche a la mañana devenido en
el omnipotente personaje político que la contraria (el Estado peruano) nos quiere hacer creer".Resulta que ese personaje desvalido e inocente que describe la defensa
chilena, 18 meses después de asumir el poder por la vía democrática asestó el golpe de Estado del cinco de abril de 1992, con la participación activa de las Fuerzas Armadas y el SIN controlado por su asesor Vladimiro Montesinos."Fujimori era un outsider del sistema político y sin vínculos con los
poderes públicos y militares que en esa época gobernaban en el Perú", aseguran falsamente Zaliasniky y Velozo:
Fujimori estaba estrechamente vinculado con el primer gobierno aprista de Alan García, cuando se desempeñaba como rector de la Universidad Agraria, por intermedio de su íntimo amigo el entonces militante aprista Absalón Vásquez Villanueva.
Es más, el 22 de junio de 1989 el ministro de Agricultura, el aprista Remigio Morales Bermúdez, le adjudicó a Fujimori 12 mil hectáreas de terreno en un área conocida como Pampa Bonita. Además, por su relación con el gobierno aprista, condujo un programa político
en el canal estatal, "Concertando". No era un académico cualquiera,
alejado de la política.El inmaculado La parte más débil de la defensa de Fujimori se refiere a su responsabilidad por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.
Ante todo, Zaliasnik y Velozo sugieren que el ex presidente era un
Ignorante en asuntos castrenses y de espionaje, por lo tanto no sabía nada de la actividad de grupos militares de aniquilamiento.
De esta manera se obvia groseramente que Vladimiro Montesinos se puso a disposición de Fujimori desde abril de 1990, y que lo vinculó con el SIN desde ese momento, proporcionándole, por ejemplo, transcripciones de la conversaciones telefónicas "chuponeadas" de Mario Vargas Llosa.La defensa chilena, a falta de argumentos, sostiene: "Fujimori no tenía experiencia militar alguna. Era un ciudadano civil,
profesor universitario cuya trayectoria hasta el día de su elección
había transcurrido silenciosa y pacíficamente en las aulas
universitarias. Nada más lejos de su realidad y experiencia de vida que el mundo militar y sus operativos. Desconocía completamente el mundo de las Fuerzas Armadas y de los servicios de
inteligencia". ¿Y a qué mundo pertenecía Montesinos?Una vez en el poder, el presidente del Comando Conjunto, el
Vicealmirante Alfonso Panizo Zariquey, le remitió un detallado
informe a Fujimori sobre las actividades de espionaje de Montesinos,
su relación con el narcotráfico, su expulsión del Ejército
por robar documentos secretos, e identificó su red de contactos en los
altos mandos. Fujimori lanzó al tacho el documento y
expulsó a Panizo. Y consagró a Montesinos como jefe máximo del SIN.El manos limpias
Por supuesto que antes de ingresar en Palacio de Gobierno, por
intermediación de Montesinos, Fujimori se vinculó con la
cúpula militar y con el SIN. Si hasta tenía un dormitorio en la sede
del servicio de inteligencia. Zaliasnik y Velozo recurren a l
a falsedad para pretender tumbarse los fundamentos de la extradición.Lo que llega a enervar es que se felicitan de que se le atribuyan a
Fujimori los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, porque
están "distanciados temporalmente entre sí y tuvieron lugar en un
periodo de 10 años de gobierno, (lo que) indefectiblemente
desvirtúa la existencia de una política oficial y sistemática de
violación a los derechos humanos", explican. No, fue en un periodo
de ocho meses: entre noviembre de 1991 y julio de 1992.No continuaron perpetrándose ese tipo de ejecuciones sencillamente
porque la prensa sacó a la luz al grupo "Colina",
y Fujimori, Montesinos y el entonces comandante general del Ejército,
Nicolás Hermoza Ríos, lo desactivaron.
Y con autorización de Fujimori y Montesinos, los integrantes fueron
premiados para que no hablaran. Y luego fueron amnistiados.
Está probado que Fujimori conocía de la existencia del grupo
paramilitar, porque en 1991 felicitó oficialmente a varios de sus
integrantes, como Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingüe.El yo no fui
Cuando el procurador Omar Chehade adelantó que la defensa de Fujimori
responsabilizaba a los militares de los crímenes del grupo "Colina", los fujimoristas desmintieron la versión con vehemencia.
Pero el alegato de Zaliasnik y Velozo, efectivamente,
sostiene que las matanzas del grupo paramilitar --que, por supuesto, no se limitaron a Barrios y La Cantuta-- era una práctica que
se había originado en el gobierno de Alan García. "Las actividades de
esta unidad armada ('Colina') "cuya creación no puede
bajo ningún aspecto ser atribuida al ex presidente Fujimori sino más
bien responde a una división anterior del Ejército peruano,
que posteriormente derivó en un grupo paramilitar", tienen conexión con hechos anteriores a la época en que nuestro representado (Fujimori) asumiera el gobierno del Perú", dicen los
abogados del ex mandatario.El ataque a un bus repleto de húsares de Junín fue el tres de junio de
1989, al final del gobierno de Alan García, pero la matanza de Barrios Altos ocurrió durante el mandato de Fujimori.Zaliasnik y Velozo van más lejos. Indican que el crimen de Barrios Altos "respondió a motivaciones de naturaleza estrictamente militares, como parte de un continuismo (también castrense) del cual el presidente (Fujimori) recién asumido claramente no fue partícipe".
O sea que "Colina" se generó durante el gobierno aprista, era un
Producto exclusivo del Ejército y Fujimori no sabía nada cuando llegó al poder.Y sostienen lo mismo sobre La Cantuta: una represalia del Ejército por
el ataque contra Tarata. "Cualquiera que haya sido la motivación que impulsó la comisión de estos hechos (Barrios Altos y La Cantuta) responde a un móvil puntual e identificable, con origen nuevamente en el Ejército del Perú", señala la defensa: "La decisión de dar muerte respondió a la decisión de oficiales del Ejército (...) (Se trató) de un operativo estrictamente militar, (motivado) por razones que responden a motivaciones individuales de parte de aquellos que cometieron los hechos".
Así se lava las manos Fujimori, culpandode todo al Ejército.
DatosEL ASUNTO.
Existen alusiones a Vladimiro Montesinos en el alegato de la defensa,
Pero no profundiza sobre las actividades del ex asesor. No se trata, sin duda, de una ausencia casual.NÚMEROS.
Para demostrar que el gobierno de Alberto Fujimori era democrático, la
defensa señala que durante su gobierno hubo mucho menos muertos y desaparecidos que en los regímenes anteriores.Análisis
"Hay evidencias de sobra"
José ugaz Ex procurador del caso fujimori-montesinos."El alegato de la defensa chilena de Alberto Fujimori es más de lo
mismo que la defensa en Perú ha dicho desde un comienzo. En un inicio han pretendido vendernos la idea de que Fujimori era un incauto y que Montesinos manipulaba todo detrás de él, sin que tuviera conocimiento,
y últimamente trata de cargar sus responsabilidades al Ejército, al
echarle la culpa de sus delitos.Ahora, los expedientes tienen evidencia suficiente para que Chile
simplemente constate si hay indicios suficientes y razonables para abrir un proceso. Y eso existe de sobra y por lo tanto la
defensa de Fujimori se equivoca o manipula la verdad cuando dice que no existen evidencias ni pruebas de la responsabilidad del ex presidente respecto a los delitos que se le imputan.Aquí no se necesita que haya pruebas de su responsabilidad sino
Indicios razonables que justifiquen abrir una investigación, y eso es suficiente para que Chile conceda la extradición".“Está desesperado y muy nervioso"
Ronald Gamarra
Ex procurador del caso fujimori-montesinos"Este alegato sólo expresa la desesperación y el nerviosismo de Alberto
Fujimori, que sabe que no tiene todas consigo y es consciente de que la extradición finalmente será favorable al Estado Peruano. Pero también es un acto de cobardía de su parte por el hecho de atribuir su responsabilidad a los demás.Si uno se fija bien, con su alegato lo que busca es dejar en claro que
el tiene inmunidad por haber sido presidente. Luego busca aclarar que los delitos que le atribuyen ya prescribieron, y finalmente, arguye que en el Perú no hay garantías judiciales suficientes para procesarlo debidamente.Todo lo que ha venido haciendo su defensa está relacionado al tema de
la extradición, como el ataque a la Sala Anticorrupción y el hecho de querer traerse abajo el proceso por el cinco de abril.
Todo está concatenado y apunta a restarle mérito a la solicitud de
extradición tramitada por el Estado Peruano. Pero la extradición saldrá".Y es que la defensa ha hecho lo que le conviene, es decir, por un lado
intentar impedir un resultado favorable al estado peruano sobre la base de inmunidad y, en segundo lugar, cuestionar la no existencia
de un debido proceso en el Perú .Ahora, para fundamentarlos no ha encontrado las razones necesarias para ello porque quien conozca algo de la historia de la última década del Perú se dará cuenta que no que señala no es cierto porque cuando dio el golpe de Estado concentró todos los poderes y se apoyo en las
Fuerzas armadas. Entonces, quien conozca algo de la historia del Perú sabrá que lo que dice Fujimori es una pobre argumentación.La República, el 1 de abril del 2007
Hermoza y Rivas vincularon a Fujimori con crímenes de Colina
- Ex presidente del Comando Conjunto contó que Fujimori sabía de
lo ocurrido en La Cantuta.Para impedir la extradición de Alberto Fujimori, sus abogados chilenos
han presentado un extenso alegato en el que lo describen como un
hombre que desconocía el mundo militar y que difícilmente pudo estar
enterado de los crímenes cometidos por el Grupo Colina. Pero los
testimonios de Nicolás Hermoza Ríos y Martin Rivas desbaratan esta
tesis.En setiembre del 2001, el ex presidente del Comando Conjunto
Nicolás Hermoza Ríos declaró ante el vocal José Lecaros que Fujimori
sí estaba enterado del secuestro y asesinato de los nueve estudiantes y
de un maestro de la universidad La Cantuta.
De acuerdo con este testimonio, fue el propio Vladimiro Montesinos
quien contó a Hermoza que el extraditable Alberto Fujimori sabía de
esta operación. Estas declaraciones coinciden con las del propio
Santiago Martin Rivas, jefe operativo del grupo Colina, quien confesó
al periodista Umberto Jara que las órdenes para intervenir en La
Cantuta
"venían desde arriba". Es decir, de la Presidencia de la República que
entonces ocupaba el extraditable.
En medio del planton se aparecieron unos "espontaneos" simpatizantes a sueldo que coreaban insulsas frases para apoyar a su Emperador. Obviamente la prensa servil les dio toooda la cobertura del caso.
Probablemente veran a esta mujer tan sonriente en la television. Apenas vio las camaras se puso a llorar por el Delicuente Fujimori e intento hacer un show tirando unos centavos a los que protestabamos (lo que los reporteros no mostraron es que unos minutos antes un indignado señor le habia arrojado esas monedas porque el Pueblo no se vende por un kilo de arroz!
La Juventud Conciente, Luchando por el Futuro y el Presente!
El Comercio -
http://www.elcomercioperu.com.pe/EdicionOnline/HTML/olEcPortada/2007-04-04/olEcPortada0001375.htmlReuters -
http://lta.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=domesticNews&storyID=2007-04-04T212233Z_01_N04391631_RTRIDST_0_LATINOAMERICA-PERU-FUJIMORI-SOL.XML&archived=FalseBBC Mundo -
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6528000/6528239.stmEl Diario - EEUU
http://www.eldiariony.com/noticias/detail.aspx?especialid=§ion=20&desc=Nuestros%20Pa%C3%ADses&id=1615448&fecha=Adital -
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=27028Andina -
http://www.andina.com.pe/NoticiaDetalle.aspx?id=121133El Diario - Mexico
http://www.diario.com.mx/nota.asp?notaid=6f81d0c6c8893fdcc807bbb1185f0814Prensa.com - Panama
A pesar de la sobredimensionada respuesta policial frente a la concentracion de los jovenes, el movimiento estudiantil demostro gran consecuencia al enfrentar a los represores que a punta de un despliegue de caballos, bombas lacrimogenas, chorros de agua, etc, persiguieron a los estudiantes con la intencion de detenerlos.Mas fotos de la Marcha de los Estudiantes Universitarios, aqui :
http://peru.indymedia.org/news/2007/04/28244.php
Planton y Marcha de los Jovenes - Un solo corazon
video: MPEG at 383.6 kibibytes
Preciso momento en que el Planton contra la Impunidad de la Fujirrata y la Marcha de los estudiantes confluyen.
Correccion : Escucha Fujimori, las matanzas no se olvidan
Ni la Cantuta
Ni Barrios Altos
Ni el Santa
Ni Pedro YauriPor Justicia y Por Verdad, nunca mas Impunidad!!
Correccion : La Mafia Yakuza, le paga a esta gentuza!
En medio del planton se aparecieron unos "espontaneos" simpatizantes a sueldo que coreaban insulsas frases para apoyar a su Emperador. Obviamente la prensa servil les dio toooda la cobertura del caso.
Correccion : La Cara de la Miseria MoralProbablemente veran a esta mujer tan sonriente en la television. Apenas vio las camaras se puso a llorar por el Delicuente Fujimori e intento hacer un show tirando unos centavos a los que protestabamos (lo que los reporteros no mostraron es que unos minutos antes un indignado señor le habia arrojado esas monedas porque el Pueblo no se vende por un kilo de arroz!
La Juventud Conciente, Luchando por el Futuro y el Presente!
Abril 3, 2007
U.S. arrests three accused of S.American war crimes
http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSN0325005520070403
Reuters
Tuesday, April 3, 2007U.S. arrests three accused of S.American war crimes
WASHINGTON, Apr 3 (Reuters) -- The United States on Tuesday announced
the arrests of three former South American military officers suspected of
war crimes, including the accused chief interrogator of Argentina's former
military government.The three suspects, who also include two former Peruvian Army officers
accused in the 1985 killing of 69 villagers known as the Accomarca massacre,
were arrested during the past week by agents of the U.S. Immigration and
Customs Enforcement, known as ICE.
They have been charged with violating U.S. immigration laws and face
deportation to their respective countries, ICE said in a statement.
The suspects include Ernesto Guillermo Barreiro, a retired Argentine army
major, who ICE said is accused by Argentine authorities in the torture and
deaths of several people during Argentina's so-called Dirty War period
from 1976 to 1983.
Immigration officials said Barreiro, who was arrested for visa fraud in
Arlington, Virginia, served as chief interrogator at La Perla, a clandestine
detention facility in Argentina.
A second suspect, Telmo Ricardo Hurtado-Hurtado, was arrested in Miami
and charged with visa fraud.
An affidavit in the case described him as a former Peruvian army platoon
commander responsible for the rape and murder of villagers in Accomarca, Peru,
during a military search for Shining Path guerrillas.
Juan Manuel Rivera-Rondon, another former Peruvian army officer accused
in the same massacre, was arrested in Baltimore on immigration charges.
###Febrero 9, 2007
Peru: Segunda Sentencia por Desaparición Forzada: Chuschi Presente
08 de febrero del 2007
Ideele
El 14 de marzo de 1991, alrededor de la medianoche, efectivos de la Policía Nacional y el Ejército, ingresaron a las viviendas de tres autoridades y de un menor de edad en el distrito de Chuschi, departamento de Ayacucho, sacándolos violentamente en presencia de sus familiares.
Esa noche se detuvo a Manuel Pacotaype Chaupin, Martín Cayllahua Galindo, Marcelo Cabana Tucno, todos ellos autoridades de Chuschi, también al menor Isaías Huamán Vilca, para luego ser conducidos al Puesto Policial de Chuschi. En la mañana del día siguiente, fueron llevados por una patrulla del Ejército con rumbo a la Base Militar de Pampa Cangallo. Como era de esperarse los familiares de los detenidos los siguieron percatándose del ingreso al recinto militar; luego de ese día no los volvieron a ver.
Los familiares de las víctimas denunciaron los hechos no sólo al Ministerio Público sino también al Congreso de la República [1] llegando inclusive a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[2] .
Han transcurrido 16 años desde lo sucedido en el distrito de Chuschi para que una instancia nacional determine responsabilidades y sancione a los responsables, y es en ese sentido que el pasado lunes 05 de febrero del 2007 los miembros de la Sala Penal condenaron a 14 años de pena privativa de libertad al oficial del Ejército Collins Collantes Guerra y a 6 años al efectivo policial Luis Juárez Aspiro por la comisión del delito contra la humanidad en la modalidad de desaparición forzada.
Ahora bien, ésta es la segunda sentencia que dicta la Sala Penal Nacional por la comisión del delito de desaparición forzada, recordemos que la primera fue por la detención y desaparición del estudiante Ernesto Castillo Páez [3]. Esta última resolución recoge argumentos de derecho internacional y de derecho internacional humanitario, y lo más importante es que avanza jurisprudencialmente ya que no se limita a establecer sanciones sino que ordena remitir copias de todo lo actuado al Ministerio Público para que inicie las investigaciones en contra de los superiores que prestaron servicios en la Base Militar de Pampa Cangallo. Ello debido a que durante el desarrollo del juicio oral el condenado Collins Collantes aseguró que había actuado en cumplimiento de órdenes superiores.
Además, la sentencia dispone que a través del Ministerio Público y en coordinación con otras instituciones del Estado se continúe con la búsqueda de los restos de las víctimas para su posterior entrega a los familiares, cosa que no se ordenó en el caso de Ernesto Castillo Páez.
Por otro lado, no podemos dejar de reconocer que la sentencia es un trabajo conjunto de magistrados, del representante del Ministerio Público y de las abogadas de la parte civil; sin embargo, también es necesario reconocer la labor que cumplieron los familiares de las víctimas: personas campesinas, algunos de ellos quechua hablantes, que no dudaron en denunciar los hechos a pesar de las condiciones adversas de esos años.
Finalmente, debemos agregar que actualmente en el Poder Judicial como en el Ministerio Público existen decenas casos sobre violaciones a los derechos humanos, que por cierto no debería esperar 16 años para ser esclarecidos y obtener una resolución justa.
(Patricia Figueroa Valderrama)[1] El 05 de julio de 1991 se constituyó una Comisión Investigadora del Senado de la República, designada para esclarecer los hechos.
[2] En su Informe Nº 47/00 del 13 abril del 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado Peruano, a través de los efectivos policiales del distrito de Chuschi, apoyados por los efectivos militares de la Base Militar de Pampa Cangallo, detuvo a los señores Manuel Pacotaype Chaupín, Martín Cayllahua Galindo, Marcelo Cabana Tucno e Isaías Huamán Vila el 14 de marzo de 1991 en el distrito de Chuschi, provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho, y que posteriormente fueron desaparecidos.
[3] Sentencia del 20 de marzo del 2006, dictada por la Sala Penal Nacional y que condena a cuatro efectivos policiales a penas entre quince y dieciséis años.Septiembre 27, 2006
Declaran procedente extradición de militar involucrado en masacre de Accomarca
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró procedente solicitar a los Estados Unidos la extradición de Juan Manuel Elías Rivera Rondón, procesado por la ejecución extrajudicial de más de 69 campesinos de la comunidad campesina de Accomarca, el pasado 14 de agosto de 1985.
La abogada de los deudos de Accomarca y representante de la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (Adehr), Karim Ninaquispe, precisó que lo resuelto por la Corte Suprema es un importante avance en materia de justicia, que por más de 21 años se les ha negado a los familiares de las víctimas.
Asimismo, afirmó que el pedido de extradición de Rivera Rondón es un primer paso, y por ello, el más importante, para traer a dicho militar, involucrado en violaciones a los derechos humanos.
Ninaquispe Gil explicó que el Cuadernillo de Extradición de Rivera Rondón será enviado al Ejecutivo y que dependerá de dicha instancia extraditar con éxito al militar procesado.
"Si el Gobierno está comprometido con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad lo va a tener que demostrar en éste caso", recalcó la abogada.
En ese sentido, aseveró que "el Ejecutivo debe prestar toda la atención posible para lograr extraditar con éxito a uno de los autores materiales de la cruel masacre perpetrada durante el primer gobierno aprista".
De otro lado, señaló que próximamente la Corte Suprema deberá pronunciarse sobre la extradición de Telmo Hurtado Hurtado, quién también es procesado por el asesinato de los campesinos de Accomarca.
La ejecución de más de 69 pobladores de Accomarca, en Ayacucho, se produjo el 14 de agosto de 1985. La operación militar contó con la aprobación del Jefe Político Militar y otros altos oficiales de la Segunda División de Infantería.
En dicho operativo participaron cuatro patrullas militares. Dos de ellas fueron comandadas por Telmo Hurtado Hurtado y Juan Manuel Elías Rivera Rondón.
Lima, 13 de setiembre de 2006
Oficina de Prensa
Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (Adehr)
Mayor Información: Karim Ninaquispe: (511) 9749-0807
Septiembre 22, 2006
Peru's Former Spymaster Faces Verdict
September 21,2006 | CALLAO, Peru -- Former Peruvian spymaster Vladimiro Montesinos went to court Thursday to hear the verdict on charges he masterminded a deal seven years ago that parachute-dropped 10,000 assault rifles to leftist Colombian guerrillas.
Montesinos, 61, is already serving a 15-year term on about a dozen corruption convictions, which under Peruvian law are served concurrently. If convicted, he faces his harshest sentence yet. Prosecutors are seeking a 20-year sentence and a fine of $3 million to be split by the governments of Peru and Colombia.
"This is one of the cases in which one of the toughest sentences could be handed to Montesinos," State Attorney Juan Carlos Portocarrero told The Associated Press before the court session began.
The ruling caps a nearly three-year trial that heard testimony resembling a spy novel. The plot includes a stealth Ukrainian flight crew, a French financier and a Lebanese arms dealer known as the "Merchant of Death."
Men allegedly working for Montesinos posed as Peruvian military representatives to purchase Soviet-era East German assault rifles from Jordan that were delivered in 1999 to the Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC.
Montesinos has maintained he had nothing to do with the arms deal and that he was the one responsible for uncovering the scheme. But testimony from his co-defendants overwhelmingly points to him as the leader of the plot.
Montesinos appeared calm as he consulted with his attorney before taking a seat in the second of three rows occupied by 18 co-defendants.
A court clerk began reading the verdict shortly before 10 a.m. local time, but seven hours later, the pronouncement of guilt or innocence for Montesinos and his co-defendants had still not come. Under Peru's Napoleonic code system of justice, the culmination of a trial requires a detailed recitation of the facts of the entire case.
Portocarrero described the case as "emblematic" of the man who used his post as de facto head of Peru's National Intelligence Service to gain control of the military, the courts, and most media outlets.
"We are talking about a mega-network of corruption," Portocarrero said.
Montesinos' influence permeated a nation already weakened by chronic corruption -- until ex-President Alberto Fujimori's 10-year autocratic regime collapsed in November 2000 amid a bribery scandal involving his spymaster.
The arms scandal came to light three months earlier when Montesinos made a rare public appearance with Fujimori to announce that Peruvian authorities had broken a gunrunning ring led by brothers Jose Luis and Luis Frank Aybar, both Peruvian army veterans.
But their version quickly unraveled under skepticism from Colombian and Jordanian officials.
Montesinos fled Peru but was captured in Venezuela in June 2001. He has since been locked up in the high-security naval prison in Lima that he helped design for Peru's most notorious guerrilla leaders.
Fujimori, who was not charged in the arms trafficking case, also fled, first going to Tokyo, then to Chile, where he is still fighting extradition to his homeland.
Co-defendant Jose Luis Aybar testified he was tortured by Montesinos' intelligence agents, who warned him to take the blame for the arms deal or his family would face the consequences.
Prosecutors are seeking 15-year sentences for Aybar and his brother.
In 1998, the Aybars contacted Miami-based businessman Charles Acelor, a French-born naturalized U.S. citizen, in search of assault rifles. Acelor put them in touch with international weapons broker Sarkis Soghanalian, a Turkish-born Lebanese citizen and 23-year U.S. resident -- whose long career supplying arms to ex-dictators like Nicaragua's Anastasio Somoza and Iraq's Saddam Hussein earned him the nickname "The Merchant of Death."
Soghanalian, one of 15 defendants tried in absentia in the case, has said he negotiated the deal with Montesinos for what he believed was a legal transaction -- a claim prosecutors reject.
Peru is trying to have Soghanalian extradited from the United States, Portocarrero said.
The weapons were reportedly bought in three lots and delivered on four flights between March and August of 1999 by a Ukrainian-registered military surplus cargo jet.
The original plan allegedly was to sell another 40,000 rifles to the rebels but Jordan canceled the deal when the CIA tipped it off in mid-1999 that the rifles were turning up in the hands of captured Colombian guerrillas.
Montesinos faces a possible 35-year sentence in another trial for allegedly directing a paramilitary death squad during the first half of Fujimori's regime. Other trials are ongoing or have yet to begin
By CARLA SALAZAR Associated Press Writer
Agosto 15, 2006
Por la memoria de Accomarca
DE: contralaimpunidad accomarca
Por la memoria de Accomarca
El Per se ha caracterizado desde la etapa republicana por los altos ndices de discriminacin y exclusin social hacia diversos sectores de nuestra poblacin.
Durante el Conflicto Armado que atraves nuestro pas, varios sectores de la sociedad civil permanecieron indiferentes ante la masividad de las violaciones a los derechos humanos que se producan en las zonas alto andinas y nativas del pas. Indiferencia que coadyuv a que la impunidad sea parte de la convivencia social.
Pese a que contamos con un Documento Oficial (Informe de la CVR) que recoge las causas y consecuencias de la guerra interna que vivi el pas, la sociedad peruana an contina indiferente ante la importancia de conocer lo que sucedi en estos 20 aos de conflicto, de esclarecer las violaciones de DDHH, y responsabilidades de aquellas personas que estn involucradas en dichas atrocidades.
Como se recuerda, el 14 de agosto de 1985 ms de 69 pobladores de la provincia ayacuchana de Accomarca fueron cruelmente asesinados por efectivos militares, pertenecientes al Comando Poltico Militar de Ayacucho, que reciban rdenes del general Wilfredo Mori Orzo.
Segn se ha comprobado, fueron cuatro patrullas las encargadas de concretar la matanza de Accomarca, siendo la compaa Lince 7, al mando del entonces subteniente Telmo Hurtado Hurtado, la autora directa del horrendo crimen que enlut a decenas de familias.
Pese a las decenas de pruebas que se han presentado durante estos largos 21 aos, la justicia an no llega para los familiares, vctimas y sobrevivientes de la masacre de Accomarca, donde perecieron nios y nias, adultos y ancianos.
Es necesario que, a partir de hechos como la masacre de Accomarca y otras violaciones a los derechos humanos que actualmente son procesadas ante las instancias judiciales, la sociedad se informe, sensibilice, involucre y solidarice con las vctimas del conflicto armado interno y tome conciencia de la importancia de la lucha contra la impunidad como una de las formas de lograr una sociedad ms justa, inclusiva y equitativa.
Asociacin para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (ADEHR)
www.adehrperu.org
Junio 28, 2006
En Memoria de Tefilo Rmac Capcha...
23 de junio cumple 20 aos de la desaparicin forzada del compaero
TEFILO RMAC CAPCHA
Testimonio de Doris Caqui, esposa del compaero desaparecido Tefilo Rmac Capcha
"Te callas o te friegas... a tu marido lo volamos en mil pedazos, a ti te descuartizamos y cada uno de tus extremidades las exhibiremos en las calles principales"
MI esposo se llamaba Teofilo Rimac Capcha, era maestro de Filosofia y Ciencias Sociales, fue Secretario General de mineros de la empresa minera de Milpo, subsecretario General de la Federacion Departamental de Comunidades Campesinas de Pasco, fundador de la Federacion Minera del Peru, gestor del Frente de Defensa de los intereses del pueblo de Pasco junto a reconocidos compaeros como Eladio Yalico Bravo, Felix Rivera y muchos otros ms.
Hasta que el da 22 de junio de 1986 al promediar las 12 de la noche ingresan a mi domicilio alrededor de 20 soldados del Ejercito Peruano, lo sacaron de mi dormitorio, nos separaron. A Tefilo se la llevaron a mi sala, a m me tiraron boca abajo en el piso de mi dormitorio y mis 3 pequeos hijos comenzaron a llorar al ver todo lo que suceda en mi casa. Y luego, Tefilo fue conducido a la base militar de Carmen Chico en Pasco, desde aquella noche nunca mas pude ver a mi esposo.
En dicha base militar el responsable era el Comandante EP Javier Robles Leo y un Teniente Segil segn el testimonio de los detenidos con Teofilo.
En los das siguientes intentamos llegar a la base militar de Carmen Chico con el diputado David de la Sota Atahuaman lamentablemente los soldados del ejercito no nos permitieron cruzar ni siquiera la zona de Pucayacu ex ciudad universitaria de la UNDAC, tenian ordenes de disparar. Por otro lado tampoco el fiscal de Pasco no pudo hacer nada, el Ejercito tenia el control poltico militar de la ciudad de Pasco ya que se encontraba declarado como zona de emergencia..
La misma noche que llevaron a mi esposo a la base militar haban sido detenidos dirigentes mineros, dirigentes estudiantiles y dirigentes campesinos. Y uno de los detenidos Juan Santiago ex - Secretario General de Mineros Metalurgicos de Centromin quien comparti los calabozos en la base militar de Carmen Chico, el da 27 de junio me manda llamar a su casa para decirme que a Teofilo lo han matado, lo han torturado lo han llenado en un costal, han jugado ftbol con l. l tena toda la mandbula destrozada, tena las costillas rotas, tena fractura por todos lados. Lo han introducido el FAL por la boca hasta donde han podido. Le han introducido el mango de la escoba por el recto y Tefilo no ha podido soportar todo eso.Sin embargo, me dice, antes de fallecer me ha dejado un encargo para usted. Tefilo ha dicho: Dgale a Doris, mi esposa, que cuide a mis hijos, que nunca abandone. Que haga de Ivn un gran hombre, que haga de Carla una gran mujer, de Tania, una linda nia, que sea valiente y que sepan afrontar la situacin. A m me matan, dice Tefilo, sin culpa alguna y todos ustedes quizs van a morir. Dijo esto y expir Tefilo., a medida que iba contndome lloraba, creo, mucho ms que yo. Estaba aterrorizado de todo lo que haba pasado con mi esposo.
Segu para adelante con las denuncias, el caso concit la atencion de algunos medios sobre todo la prensa escrita no solamente a nivel de nuestro pais sin a nivel internacional. En una oportunidad juntamente con el Dr. Genaro Ledesma Izquieta logramos conversar con el Comandante Politico Militar Javier Robles Leo, a quien le exigimos que nos diga la verdad acerca de mi esposo, a pesar de que casi todos los que estuvieron detenidos con Teofilo habian confirmado de su muerte, en algun momento tenia la sensacion de que pudiera estar vivo, por eso le exigi con tanta fuerza la verdad a este Comandante.
Entonces me dijo: seora Doris, su esposo no ha muerto, su esposo est vivo. Nosotros lo estamos teniendo controlado. A ms tardar dentro de quince das su esposo va a llegar a su casa caminando con sus propios pies. Senti tanta indignacin y dolor por que comprendi que se estaba burlando del senador Genaro Ledesma y de mi persona. Fue entonces que abandone la oficina en San Juan Pampa de este mal Comandante.
Mas adelante con el apoyo de Parlamentarios de Izquierda logramos obtener una Comision Investigadora de la Camara de Senadores, en su mayoria conformado por apristas y solo dos era de izquierda, los compaeros Jorge del Prado y Javier Diez Canseco. El Compaero Javier realizo una investigacion completa, recogio testimonio de cada uno de los detenidos, se constituy a la ex-base Militar de Carmen Chico , pensando quizas encontrar algunos indicios que pudiera permitirnos ubicar los restos de Teofilo. Mientras que los otros comisionados apristas nunca llegaron a viajar siquiera a Pasco; sin embargo emitieron un informe, donde decia que Teofilo Rimac Capcha habia fugado de la Base Militar de Carmen Chico.Como pudo haber fugado Teofilo si los militares estaban armados hasta los dientes?
Por otro lado, la investigacion exhaustiva del compaero Javier Diez Canseco emitia un informe en minoria... decia que Teofilo Rimac Capcha habia fallecido como consecuencia de las torturas a las que habia sido sometido en la base militar.
Finalmente el caso traspas las fronteras pues, postulamos la candidatura de Teofilo a la alcaldia provincial de Pasco, donde lamentablemente perdimos por una diferencia insignificante contra el Apra, esto permitio visibilzar el apoyo y el cario contudente que le tenia el pueblo de Pasco a nuestro querido compaero, ya que los medios de comunicacin en sus titulares principales publicaron : "Un fantasma gana la alcaldia en Pasco ", otro "Rimac Capcha es alcalde electo por Pasco", etc. estos hechos permitieron que el caso de Teofilo avance, la Asociacion Pro-Derechos Humanos APRODEH por su parte tom el caso llegando asi el caso a la Comision Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington-EEUU.
Esto no fue facil, ya que fui detenida en Pasco por tres oportunidades donde me golpearon, me amenazaron, me decan que de una vez por todas callara lo de mi esposo. "Te callas o te friegas... a tu marido lo volamos en mil pedazos, a ti te descuartizamos y cada uno de tus extremidades las exhibiremos en las calles principales"
Yo fugu de Cerro de Pasco, hu disfrazada de campesina. Me apoyaron CODEH-Pasco, Aprodeh . Me enyesaron la cabeza, me enyesaron las piernas unos amigos mdicos. As pas las bases militares, los controles de Junn, de Carhuamayo y finalmente Lima. En la capital no tenamos casa, los pocos familiares que tenamos huan de nosotros. No tenia trabajo. Yo soy maestra. As deambulaba por las calles, a veces sin comer. Finalmente logre reincorporarme a mi trabajo gracias a la gestin de compaeros sutepistas.En la actualidad la investigacion acerca del caso de mi esposo continua en la Fiscalia de Pasco, sin avance alguno, mientras tanto los asesinos caminan libres .
No a la Impunidad!
Sancion a los asesinos!
Exigimos la judilizacion y esclarecimiento de la muerte del compaero Teofilo Rimac Capcha!
Los pueblos tienen el compromiso solidario de exigir justicia por sus hijos.
La esposa , hijos y amigosLima, 14 de junio 2006
