Diciembre 31, 2006
Gérez: La oposición planteó sus dudas y le pidió más datos al Gobierno
Clarín
Desde PRO, la UCR y el ARI coincidieron en calificar de "extraño" el secuestro del albañil.
Un día después de la aparición del testigo Luis Gerez, la oposición salió ayer a plantear sus dudas sobre el caso y a reclamarle al Gobierno que brinde toda la información que posee sobre los motivos del secuestro por 48 horas del albañil y sobre sus responsables.
El presidente del bloque de Propuesta Republicana (PRO), Federico Pinedo, opinó que "el episodio es un poco extraño. La desaparición, la aparición inmediata, las acusaciones; todo llama mucho la atención y es el Presidente quien tiene que aclarar las dudas«.
"Queremos que el Presidente nos informe por qué habló de un grupo de represores, queremos saber qué información tiene y qué está haciendo el Gobierno para meterlos presos", agregó en diálogo con este diario.
En el mismo sentido se pronunció el flamante titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales. "Todo fue muy raro. El Gobierno tiene que investigar bien el tema para determinar qué fue lo que pasó. Cómo lo secuestraron, si tiene que ver o no con (Luis) Patti. ¿Para qué están los servicios de inteligencia?, ¿sólo para escuchar las conversaciones de los dirigentes de la oposición?", se preguntó a pura ironía Morales.
El jefe radical anticipó también que entre el martes y miércoles próximos realizará un pedido de informes ante la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior para reclamar todos los datos que existan sobre el caso. "El Gobierno tiene que aclarar qué fue lo que pasó", insistió.
El líder de los diputados del ARI, Eduardo Macaluse, también manifestó su sorpresa por el rápido desenlace del caso. "Nos extrañó que se haya resuelto tan rápido y que lo vinculen al discurso del Presidente. Estos casos no se resuelven por discursos, porque en ese caso también hubiera aparecido Julio López. Estos casos se resuelven si hay velocidad y eficiencia operativa", señaló.
En sintonía con su compañero de bloque, Marcela Rodríguez dijo que "es ingenuo pensar que Gerez haya aparecido por el discurso de Kirchner" y resaltó la "ineficacia del Gobierno en la búsqueda de López, que es la gran deuda pendiente".
Alejandro Rodríguez, asesor del ex ministro Roberto Lavagna, sostuvo que "es importantísimo que Luis Gerez haya aparecido con vida, por él, por su familia y por todos los argentinos". Y agregó que "ahora resulta imprescindible poner todo el esfuerzo en lograr que el caso se esclarezca y se resuelva muy rápidamente. También sería prudente que se detenga cierta inercia de algunos sectores, que parecen inclinarse a usar este caso en beneficio de intereses políticos pequeños, a la derecha o a la izquierda, jugando con la angustia de todos los argentinos".
Gerez: "Sólo sé que me agarraron, pero no sé quiénes me secuestraron"
31.12.2006 | Clarin.com
REPORTAJE AL MILITANTE KIRCHNERISTA DE ESCOBAR
Mariano Thieberger
Yo sólo sé que me agarraron, pero no sé quiénes me secuestraron". Con tono lento, frases de militante, y sin querer dar detalles sobre su cautiverio, Luis Gerez accedió anoche a hablar por teléfono con Clarín.
Con su jefe político Emilio Pérsico —vicejefe de gabinete de Felipe Solá— siguiendo la conversación a través del altavoz del teléfono, Gerez afirmó que está "tratando de tranquilizarme un poco, estoy medicado".
Tras reiterar varias veces que Gerez no respondería ninguna pregunta sobre la investigación y que no realizará declaraciones periodísticas en los próximos días, Pérsico le pasó el teléfono a Gerez para que pudiera dialogar con este diario.
—¿Cómo se encuentra?
—Me siento bien y quiero agradecerle a toda la ciudadanía, que en los momentos críticos sale a poner el pecho. Yo estoy tratando de tranquilizarme, estoy medicado.
—¿Cómo lo trataron?
—Nadie puede estar bien en esas condiciones. No quiero recordar algo que ya pasó y estoy tratando de superar. Como decía Bonavena, un luchador de la vida, me habían sacado hasta el banquito y me habían dejado completamente solo.
—¿Lo torturaron?
—Cuando más duele es cuando te pegan en el alma, y el dolor que tengo es en el alma. Como le dije al Presidente, me mataron más de 30 mil veces.
—Algunos interpretaron esa frase como que lo habían sometido a simulacros de fusilamiento, ¿fue realmente así?
—Lo dije por los 30 mil compañeros desaparecidos, no tiene otra lectura. Tengo como bandera de lucha a los 30 mil compañeros.
—¿Relacionó su secuestro con la desaparición de Julio López?
—Pensé mucho en el compañero López, siempre lo tengo presente. Pero no asocié lo mío a eso. Al compañero Julio López lo tomo como una bandera de lucha, yo no soy ni un poquito al lado de él. ¿Quién puede saber quién lo agarró a López?
—¿Y a usted? ¿Quién lo agarró?
—Yo sólo sé que me agarraron, pero no sé quiénes me secuestraron. Todavía no alcanzo a entender la magnitud de todo lo que pasó. Todavía no hice un balance de lo que se piensa cuando estás debajo del agua. Lo tengo que masticar más.
—¿Pensó que lo iban a matar?
—Yo no vivo para morir, nací para vivir. Y tengo el aliento de miles de compañeros que me permiten pensar que estoy para vivir mucho más.
—¿Qué piensa hacer ahora?
—Quiero estar rodeado de mi familia. Quiero volver a revocar paredes y levantar ladrillos.
Murió uno de los impulsores del Plan Cóndor
Se trata del general paraguayo Alejandro Fretas Dávalos, uno de los precursores del método instaurado por las dictaduras de América Latina para secuestrar y asesinar opositores.
ASUNCIÓN – PARAGUAY, Diciembre 30 (Agencia NOVA) El general paraguayo Alejandro Fretes Dávalos, quien murió este viernes en Asunción, fue sindicado como uno de los precursores del Plan Cóndor, montado por las dictaduras de América latina en la década del '70 para secuestrar y asesinar opositores.
El abogado y defensor de los derechos humanos de Paraguay, Martín Almada, quien a fines de 1992 descubrió el archivo secreto de la policía del dictador Alfredo Stroessner, bautizado como "el Archivo del terror", aseguró que con la muerte de Fretes Dávalos "falleció el Cóndor número 1 del Paraguay".
El ex dirigente del gremio docente aseguró que Fretes Dávalos firmó al menos 400 escritos de órdenes de búsqueda, detención y torturas de personas, cuyas evidencias existen en el "Archivo del terror".
Almada recordó que en 1994, cuando ejercía su función gremial, fue interrogado en celdas de la policía paraguaya por Fretes Dávalos y los agregados militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay, tras lo cual fue considerado "terrorista intelectual", lo que le costó tres años de prisión. (Agencia NOVA)
Las lecciones del caso Gerez
Página/12 Web
Domingo, 31 de Diciembre de 2006
Rebrotes
La alegría por la reaparición del testigo Gerez no debería diluir el análisis de las deficiencias puestas de manifiesto en la investigación de su secuestro y en el diseño de los juicios pendientes, y el vínculo que estas cuestiones tienen con el debate público sobre la seguridad ciudadana. Kirchner marcó un punto de inflexión ante el chantaje de los reconciliadores a palos. Pero la voluntad política debe complementarse con las necesarias medidas de organización.
Por Horacio Verbitsky
La aparición del testigo Luis Gerez, golpeado pero vivo, es la mejor noticia posible en un fin de año que había adquirido tintes sombríos. Harán falta más conocimientos de los disponibles en estas primeras horas posteriores a su liberación para determinar si la insistencia oficial en vincular el desenlace feliz con el discurso del presidente Néstor Kirchner tiene otro sustento que el triunfalismo usual en la competencia política argentina. Pero no hace falta esperar más tiempo para advertir que la actitud presidencial marcó un punto de inflexión respecto del modo de tratar con quienes intentan impedir el castigo por los crímenes de la peor dictadura de la historia y con aquellos que creen posible reproducir en democracia las prácticas perversas de entonces. No obstante, es imprescindible analizar lo sucedido en un contexto más amplio y no diluir en la alegría por la conclusión del episodio las deficiencias puestas de manifiesto en su investigación y en el diseño de los juicios pendientes, y el vínculo que estas cuestiones tienen con el debate público sobre la seguridad ciudadana.
Killer serial de la dictadura, el comisario Luis Abelardo Patti siguió torturando después, con la complicidad de los sectores políticos. En 1990 el juez Raúl Borrino lo detuvo por picanear a dos acusados de un robo. El presidente Carlos Memen hizo su público elogio porque dijo que había limpiado de delincuentes su zona. El gobernador Antonio Cafiero y su ministro de gobierno José María Díaz Bancalari enviaron al jefe de policía, comisario Osvaldo Somohano, a llevarle la solidaridad oficial en su lugar de detención. Los habitantes de los countries tomaron por asalto el despacho de Borrino y con ese pretexto la Cámara de Apelaciones lo apartó de la causa, para que otro magistrado dejara en libertad a Patti. Menem lo designó como interventor en el mercado central y apoyó su candidatura a gobernador bonaerense. Eduardo Duhalde lo incluyó el año pasado en la boleta electoral de su esposa. Recién este año esa condescendencia se cortó, cuando los diputados kirchneristas Miguel Bonasso, Remo Carlotto y Araceli Méndez propusieron el rechazo de su título por falta de idoneidad moral. Así lo dispuso la Cámara de Diputados, pese a la oposición de prohombrecitos de la UCR como Federico Storani. Pero ni aún ahora toda la dirigencia política ha cortado los puentes con Patti porque comparte su idea de que los derechos y garantías constitucionales son un obstáculo para la seguridad, como lo demuestra el proyecto de reforma procesal penal del ministro de justicia bonaerense Eduardo Di Rocco, que el Senado provincial se rehusó a aprobar a la disparada y sin discusión como pretendía el gobernador Felipe Solá.
El de Gerez no constituye un caso aislado. Forma parte de una serie de episodios de características e intención similares. El secuestro de Jorge Julio López hace cien días; el presunto suicidio del testigo clave correntino Albino Montecucco, ex agente civil de la inteligencia del Ejército que apareció ahorcado el mismo día en que debía declarar en Paso de los Libres; la paliza a otro testigo que ya había declarado en la misma causa, Carlos Lozada, frente a la ex sede militar en que fue torturado hace tres décadas; y el secuestro durante dos semanas en Venado Tuerto de Héctor Darío Bustos, a quien le quemaron una svástica con cigarrillos en el pecho, son algunos de los más recientes. Esta Semana Santa en cuotas procura quebrar la voluntad estatal para continuar con esas investigaciones y obtener alguna forma de impunidad, de facto o de iure. Con todas las letras lo dijo en un editorial el diario La Nación el mismo día de la desaparición de Gerez: “Lo importante es avanzar hacia una reconciliación que difícilmente llegará si se siguen resucitando odios a partir de la pretensión oficial de fragmentar nuestra visión sobre los nefastos episodios de un pasado del que los argentinos debemos recoger enseñanzas sin quedar presos de él”. Kirchner ratificó que no retrocedería y encontró la expresión precisa para definir lo que está en juego, que es la posibilidad de vivir de una vez por todas en un Estado de derecho.
El fantasma de Alfonsín
La experiencia del ex presidente Raúl Alfonsín es aleccionadora: había hecho del juicio a los represores de la dictadura el eje de su discurso de recuperación de la juridicidad democrática e incluso al comenzar el alzamiento de 1987 dijo que no negociaría con los rebeldes porque todos los ciudadanos eran iguales ante la ley y nadie escaparía a la acción de la justicia. Por eso cuando impulsó la ley de obediencia debida no sólo se interrumpieron los juicios. También sepultó su ilusión de un tercer movimiento histórico superador de radicalismo y peronismo y decretó el principio del fin de su gobierno.
El viernes Kirchner dijo que él no se dejaría intimidar como su antecesor radical. El contexto nacional e internacional y la reforma constitucional de 1994 (declaró insanablemente nulos los golpes de Estado e infames traidores a la Patria a sus autores y a los funcionarios del gobierno de facto, estableció que responderán en forma penal y civil de sus actos, que no podrán ser indultados ni prescribirán) cierran el camino para la amenaza golpista. Y el fallo de la Corte Suprema de Justicia al anular las leyes de punto final y de obediencia debida en el caso Simón, excluye la posibilidad de una nueva ley de amnistía. La Corte dijo que el derecho de gentes impide amnistiar o cesar por el mero paso del tiempo la persecución de crímenes de lesa humanidad y citó en su aval fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de cumplimiento obligatorio para la Argentina. Es decir que la voluntad política expresada por el presidente tiene un sólido respaldo institucional, construido por la sociedad a lo largo de los años.
Morir inocente
Pero aun sin una ley protectora, para los fines de quienes no se resignan a la justicia bastaría que los procesos se estancaran por falta de impulso de querellantes y fiscales o de acción de los jueces, amedrentados por la represalia. Lo sucedido en Chile con Pinochet es un buen ejemplo: el dictador murió inocente, porque nunca fue condenado, y hasta recibió honras fúnebres como ex comandante en jefe del Ejército. En la Argentina el primer condenado luego de la nulidad de las leyes fue un suboficial de la Policía Federal (Julio Simón, a) el Turco Julián) y el segundo un oficial de la policía bonaerense (el comisario Miguel Etchecolatz). En cambio, ningún oficial de las Fuerzas Armadas, accionista o dirigente de empresa, obispo o capellán castrense han sido llevados a juicio, pese a que ya transcurrieron ocho años desde que los ex dictadores Massera y Videla y una docena de integrantes de sus cúpulas fueron detenidos por el robo de bebés. El transcurso del tiempo sin que se cierre la instrucción y se eleven las causas a juicio termina por devaluar a la justicia que, en cierto momento, les concede la libertad porque han excedido todo plazo razonable de detención sin condena. Es el caso, por ejemplo, del ex dictador Benito Bignone, quien con escándalo de los transeúntes fue visto en un shopping gastando en sus compras de Navidad la jubilación extraordinaria que cobra por haber usurpado el poder.
No hay tu tía
Hace cien días, cuando desapareció Jorge Julio López, sus familiares pensaban que se había ido a casa de algún amigo o pariente y dijeron que ya se había alejado otras veces. El ministro del Interior opinó que podía estar en casa de una tía (probabilidad baja: López tiene 78 años). Y una vieja conocida de López sembró dudas sobre su personalidad desde la sala de prensa de la Casa de Gobierno. Ahora, en cambio, en la propia madrugada del jueves 28 el presidente fue enterado de la desaparición de Luis Gerez, convocó al gobernador de Buenos Aires y al ministro del Interior y dispuso que el caso debía tratarse como lo que era, una privación ilegal de la libertad. Según fuentes oficiales, 3000 hombres de las fuerzas federales (Gendamería y Policía) fueron lanzados a la búsqueda. La cifra parece exagerada, pero aun sometida al necesario desagio marca una diferencia sustancial con el caso anterior. También la respuesta política fue rápida, con actos y manifestaciones en Escobar y otros lugares de la provincia. Pero más allá de esos buenos reflejos el Estado vivió a ciegas durante los dos días que duró la pesadilla. La distribución de fotos de López implicaba una preferencia subliminal por la hipótesis del anciano perdido que no podía volver. En el caso de Gerez podía ayudar a que algún testigo aportara algún dato. Pero las dos fotos en el vidrio de un patrullero reforzaban el mensaje intimidatorio, como casillas de un tablero ominoso que se fueran llenando. ¿Cuántas fotos más harían falta para obstruir la visión e invertir los términos con que durante años se conceptualizó la posibilidad de juicio y castigo como garantía de una convivencia sin los sobresaltos del crimen impune? Los controles vehiculares y los rastrillajes podían tener o no algún éxito, favorecidos por el escaso tiempo transcurrido. Pero ponían en evidencia la falta de información confiable.
Respuesta institucional
Se entiende: las viejas estructuras de inteligencia no han sido purgadas de cuadros comprometidos en prácticas incompatibles con la convivencia democrática y las nuevas no terminan de crearse. Kirchner ha mostrado decisión de conducir a las Fuerzas Armadas y ha encontrado en Nilda Garré una colaboradora eficaz. También dejó claro que no teme a quienes reivindican los métodos de la dictadura. Pero eso no basta. También es precisa una respuesta institucional a estos casos que, con baja intensidad de riesgo para sus autores, producen un efecto de desgaste y temor entre querellantes, testigos, fiscales y jueces. En ese terreno la respuesta estatal ha sido deficiente.
Hace cien días, cuando se divulgó el legajo de Juan José Alvarez como agente de la SIDE, el CELS solicitó al Poder Ejecutivo que se desclasificara la información sobre todo el personal de la Secretaría de inteligencia que prestó servicios durante la dictadura militar. Nadie respondió. La solicitud fue reiterada el viernes en una nota entregada en la Casa de Gobierno horas antes de que Kirchner hablara al país.
El gobierno ha designado allí a dos pingüinos de confianza, el secretario Héctor Icazuriaga y el subsecretario José Larcher. Pero debajo de ellos se perpetúan las estructuras históricas. El libro publicado este año por el periodista Gerardo Young, SIDE. La Argentina secreta, contiene algunos datos inquietantes sobre la continuidad en el organismo de agentes que fueron personas de confianza de los generales Carlos Martínez y Otto Paladino, y cuyos legajos habrían sido depurados en 1984. Según Young no tienen cargos menores: Horacio Antonio Stiuso, alias Aldo Stiles o Jaime, sería el actual director general de Operaciones, tercero en la línea de mando; Horacio Germán García, alias Garnica, director de Contrainteligencia y Roberto Saller, alias Gordo Miguel o Roberto Silo o Cilo, agente operativo de contrainteligencia, a cargo de investigaciones sobre secuestros. Tan importante como la limpieza de las instituciones preexistentes es el cumplimiento del mandato legal de creación de estructuras investigativas nuevas. Nada justifica seguir dilatando la puesta en funcionamiento pleno de la Dirección de Inteligencia Criminal, bajo la directa dependencia de la Secretaría de Seguridad Interior, tal como lo ordena la ley de inteligencia, que lleva cinco años de promulgada.
Protección
Kirchner pidió en su discurso que los testigos aceptaran la protección que les ofrecía y que Gerez había rechazado. Son muchos quienes no se sienten protegidos por una fuerza policial en la que todavía permanecen miles de hombres que actuaron en aquellos años. El relato del concejal Hugo Cantero, cuya presencia reclamó Gerez al recuperar la libertad, es elocuente: cuando un patrullero llegó a su casa para trasladarlo hasta el lugar donde estaba su compañero, pensó que venían a secuestrarlo también a él.
Además, para custodiar a unos cinco mil testigos durante todas las horas del día, se necesitarían quince mil efectivos, es decir un tercio de la fuerza total de la bonaerense y bastante más que el número de hombres que tiene en la calle en cualquier hora del día. La imposibilidad fáctica es evidente. Pero hay otros modos de protección y contención a los testigos, que requieren una coordinación de esfuerzos de distintos organismos oficiales. Hasta el día de hoy no existe una Autoridad Unica responsable, con capacidad operativa y de decisión, para resolver las demandas de seguridad y psicológicas de las personas vinculadas a los juicios en todo el país, que actúe en forma coordinada con las autoridades judiciales de las distintas jurisdicciones y fortalezca la capacidad estatal de búsqueda de información confiable sobre las situaciones amenazantes que puedan enfrentar los testigos.
Si los secuestros buscan instalar la idea de que hacer justicia tiene consecuencias insoportables, de modo que la única solución sea la impunidad, acelerar los procedimientos para que haya condenas en juicio y no sólo arrestos preventivos, es otra forma de protección a querellantes, testigos, fiscales y jueces. Desde el secuestro de López, el CELS ha sugerido a distintas autoridades judiciales y del ministerio público que una planificación estratégica de los juicios permitiría acortar el lapso de instrucción de modo que la mayor cantidad de testimonios se concentrara en la audiencia oral. Repetir varias veces la misma historia padecida, porque los casos no se agrupan por centro clandestino y cada desaparición, tortura o ejecución ilegal se consideran como un hecho aislado, desgasta a los testigos y multiplica su exposición, con el consiguiente peligro. También es imprescindible una acción decidida que impida a la Cámara Nacional de Casación Penal seguir paralizando los procesos a la espera de que venzan los plazos máximos de detención preventiva para ordenar libertades. En varias provincias hay juzgados y cámaras vacantes o con jueces que se excusan o son recusados por sus vínculos con los hechos y/o las personas que se investigan. El caso extremo es Formosa, donde catorce jueces pasaron por ese proceso de designación sin que quedara uno a cargo. El Procurador General y la Corte Suprema pueden dar indicaciones concretas para que fiscales y jueces acorten los tiempos de las investigaciones y la realización de los juicios. El Consejo de la Magistratura debe designar sin demoras a conjueces o subrogantes y el Poder Ejecutivo agilizar los nombramientos en los juzgados y fiscalías vacantes. Sin tales decisiones, carecerá de sentido quejarse de que los jueces no avanzan con la celeridad necesaria. Las cosas no ocurren por actos de voluntad sino como consecuencia de decisiones racionales y aplicación de recursos para ponerlas en práctica.
Diciembre 30, 2006
Un torturador en Madrid
http://www.elpais.com/articulo/ultima/torturador/Madrid/elpepuint/20061227elpepiult_1/Tes
REPORTAJE
Un torturador en Madrid
Una víctima argentina lleva al ex policía Fotea a la Audiencia Nacional
JORGE MARIRRODRIGA - Buenos Aires - 27/12/2006
"Era de color naranja". María Alicia Milia recuerda perfectamente el color del coche a bordo del cual fue introducida a la fuerza el 27 de mayo de 1977. Varios hombres la interceptaron mientras caminaba por una calle de Florida, en la provincia de Buenos Aires la golpearon y la metieron en un Ford Falcon, el vehículo utilizado normalmente por los servicios argentinos para llevarse a las víctimas de la represión política y que -cosas de las crisis argentinas- todavía pueden verse transitando por las calles de la capital argentina. Milia fue trasladada a la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) y allí comenzaron casi dos años de pesadilla. Entre sus secuestradores se encontraba Juan Carlos Fotea, un suboficial de la Policía Federal argentina implicado en numerosos casos de secuestros y torturas. La Audiencia Nacional ha decidido que Fotea sea juzgado en España por el secuestro de Milia y luego extraditado a Argentina para ser procesado por otros crímenes.
"Una de las razones por las que tiene sentido el haber pasado por un campo de concentración es poder transmitirlo", subraya esta profesora de castellano y ciencias sociales, superviviente de uno de los símbolos máximos del régimen de terror instaurado por la Junta Militar Argentina. Sobrevivir para transmitir que existía en los sótanos de la ESMA un pasillo al que los carceleros habían llamado "la avenida de la Felicidad", donde la música a todo volumen de los Rolling Stones o de Joan Manuel Serrat no lograba acallar los aullidos de los torturados. O que en lo alto estaba "la capucha", donde los detenidos estaban tumbados en una especie de ataúdes, esposados, encapuchados y en silencio la mayor parte del tiempo.
"La ESMA y los demás centros de detención eran máquinas de hacer picadillo que formaban parte de un sistema para acabar de una manera casi industrial con una forma de concebir Argentina", subraya. Un sistema que incluía mantener con vida a las detenidas embarazadas. Su existencia era valiosa hasta justo el momento del parto. Luego el recién nacido era secuestrado y la madre eliminada como el envoltorio de un caramelo ya consumido. En junio de 1977 Milia ayudó a dar a luz a una joven, Ana Rubel de Castro. "Era un varoncito", recuerda. Del niño hace 29 años que no se sabe nada. De la madre, tampoco.
Y en aquel ambiente se movía a sus anchas Juan Carlos Fotea Dimieri, alias Lobo, alias Fernando. Formaba parte del Grupo de Tareas 3.3 de la ESMA, formado por individuos pertenecientes a diferentes cuerpos del Ejército y policía y que se dedicaban a la captura, tortura y asesinato de los que estimaban enemigos del régimen. Tal es el caso, en el que también se encuentra implicado Fotea, del secuestro y desaparición de 15 mujeres, entre ellas la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo y de dos monjas francesas cuando se hallaban reunidas en una iglesia en diciembre de 1977. O el asesinato del periodista y escritor Rodolfo Walsh, perpetrado en el centro de la capital argentina el 25 de marzo de 1977. A pesar del clima de detenciones indiscriminadas que se estaba viviendo en Argentina, Walsh había decidido seguir escribiendo y denunciando los atropellos del Gobierno militar. Tras ser acribillado, su cuerpo fue trasladado a la ESMA y en la actualidad forma parte de la lista de desaparecidos. Fotea tiene concedida la extradición a Argentina para ser procesado por este caso.
"Estos procesos son importantes porque permiten conocer la verdad y ejercer la justicia no sólo a través de la condena de los culpables sino del conocimiento del porqué de las luchas de los 30.000 desaparecidos", destaca Milia, quien durante 20 años ha vivido en Alicante. Recuperó la libertad el 19 de enero de 1979, con un billete a París y el dolor sufrido en carne propia y ajena. Su marido, un ingeniero químico llamado Roberto Pirles, fue fusilado en la noche de Reyes de 1977 con la excusa de que había intentado fugarse.
Fotea se trasladó a España por primera vez en 1985. Figura como propietario de un restaurante y una tienda de frutos secos en la localidad madrileña de Las Rozas. Detenido en varias ocasiones, durante años ha tratado de eludir la acción de la justicia. "Lo importante es que se le juzgue y lo antes posible", destaca Milia, quien resalta que hasta el momento Fotea está acusado de más crímenes en España que en Argentina.
Hay razones procesales para suponer que el oficial naval Ricardo Miguel Cavallo quedará en libertad (ampliado)
(Equipo Nizkor)
Desde que el 16 de febrero de 2005 el Juzgado Central de Instrucción Núm. 5 de la Audiencia Nacional española decretara mediante auto la conclusión del sumario respecto de Ricardo Miguel Cavallo, y con ello el término de la etapa de instrucción, el procedimiento ha estado plagado de tácticas dilatorias encaminadas a agotar el plazo máximo de prisión preventiva del procesado sin que se llegue a la celebración del juicio oral, o, en todo caso, sin que se le haya notificado fehacientemente una sentencia condenatoria.
Recordemos que ya el 03oct03, el Juzgado Central de Instrucción Núm. 5 había dictado auto de conclusión del sumario respecto de Ricardo Miguel Cavallo, el cual fue devuelto por la Sala a efectos de despejar, vía rogatoria, la cuestión de los procesos abiertos en la República Argentina.
Desde que se decretara nuevamente el cierre de la instrucción en febrero de 2005, los hitos más importantes en esa dilación directamente relacionados con la fase intermedia (previa al juicio oral) del procedimiento que se sigue contra Cavallo, son sendas Comisiones Rogatorias acordadas mediante providencia de 03nov05 y auto de 27 jun06, en las que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, básicamente, invita a las autoridades argentinas a solicitar su extradición a las españolas.
Ambas comisiones se producen a instancias de la defensa del procesado y en coordinación con actuaciones procesales concretas en instancias tanto de la fiscalía como de la judicatura argentina.
Otro hecho dilatorio de extrema importancia viene dado por los recursos de casación que varias acusaciones populares y particulares anuncian entre el 26 de abril y el 12 de mayo de 2005 contra la sentencia por crímenes contra la humanidad recaída el 19 de abril de 2005 en el caso Adolfo Scilingo Manzorro.
Estas acusaciones interpusieron formalmente un recurso conjunto ante el Tribunal Supremo el 12 de enero de 2006. En él básicamente afirman que “En el marco de los hechos probados de la sentencia que recurrimos analizaremos la errónea calificación jurídica que, a nuestro criterio, el tribunal sentenciador ha aplicado a los mismos”, manteniendo que los hechos probados se incardinan en las figuras del genocidio y terrorismo, y no en la de crímenes contra la humanidad.
Los recurrentes no ofrecen ningún tipo de prueba que permita analizar el “means rea” o requisito de intencionalidad específica genocida, que en el caso concreto de Adolfo Scilingo permita calificar estos hechos como genocidio, pero tampoco lo hicieron durante en el momento procesal oportuno, esto es, durante la fase de juicio oral.
Tal y como se afirma en el escrito de impugnación presentado el 10nov06 en defensa de la sentencia condenatoria de Adolfo Scilingo: “En último extremo, la falta de prueba del delito de genocidio coincide con los intereses de la defensa del Oficial Adolfo Scilingo, toda vez que en caso de calificarse como Genocidio, el imputado debería ser dejado en libertad por falta de pruebas. La intencionalidad de modificar las categorías jurídicas para analizar unos hechos contextuales que reúnen las características claras de crímenes contra la humanidad no puede tener otra intención que la defensa de los intereses del imputado y de los oficiales que organizaron, dirigieron y planificaron el grupo de exterminio de la Marina Argentina que funcionó en la ESMA, en todo el territorio argentino e incluso en países extranjeros.”
Llama la atención el hecho de que las acusaciones recurrentes proporcionen argumentos en contra de la sentencia recaída en el caso Scilingo que ni siquiera la propia defensa del condenado esgrime.
En todo caso, la consecuencia de este recurso conjunto ha sido también al alargamiento del tiempo por parte de la Audiencia Nacional a la hora de señalar el inicio del juicio oral contra Cavallo, pues al poner en discusión la calificación de los hechos, la decisión del Tribunal Supremo sobre el recurso y, en último término, sobre si ratifica o no la sentencia Scilingo, afecta a la calificación de los hechos que pudiera hacer la Audiencia Nacional en el caso Cavallo.
Volviendo a la cuestión de las Comisiones Rogatorias cursadas por la Sección Tercera de la sala de lo Penal a las autoridades argentinas, mediante la primera de ellas, de 03nov05, la Sala expide “Comisión Rogatoria que se tramitará por medio del servicio de INTERPOL con el carácter de urgente, al objeto de que por el Juzgado de lo Criminal y Correccional nº 12 de Buenos Aires y por la Fiscalía Federal se remita informe acerca de si Ricardo Miguel Caballo va a ser juzgado en la República Argentina por los mismos hechos por los que se sigue el presente procedimiento, indicando, en su caso, si se va solicitar la extradición del procesado y rogando la máxima urgencia, dados los plazos de la prisión preventiva". Y declara la Sala “Se suspende la tramitación de la causa hasta tanto se reciba cumplimentada la Comisión Rogatoria”.
Ese mismo día, 03nov05, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, siendo en esa fecha Presidente de la Sala de lo Penal el Magistrado Gómez Bermúdez (cuyo nombramiento como tal ha sido anulado por el Tribunal Supremo en dos ocasiones), aprueba un Acuerdo relativo a la interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre de 2005 en la que la más Alta Instancia ratificaba la aplicación de la jurisdicción penal universal para los crímenes graves contra los derechos humanos.
Este acuerdo, que carece de valor como antecedente jurisprudencial dado que no proviene de un órgano sentenciador en el marco de un procedimiento, hace una interpretación del principio de jurisdicción universal contraria a la efectuada por el Tribunal Constitucional español, intentando sobrepujar el principio de concurrencia y convertirlo a la hora e su aplicación en principio de subsidiariedad, aspecto éste que era precisamente el que Tribunal Constitucional quiso dejar bien sentado.
El 15 de junio de 2005, el Fiscal General del Estado Cándido Conde-Pumpido, en Rueda de Prensa que ofreció a tenor de su visita a la Ficalía de Jaén, recordó, según información de prensa, que la Fiscalía sigue teniendo pendiente el proceso contra el ex militar Ricardo Miguel Cavallo en una causa en la que deberá examinarse el problema de la subsidiariedad, ya que "la jurisdicción universal interviene en principio cuando no hay una solución en el propio lugar del hecho", y que “Si la justicia argentina, a través de las reformas legislativas procedentes, puede ser útil para resolver esos problemas, tendremos que examinar si sigue siendo necesaria la intervención de la Justicia española".
Estas declaraciones son “premonitorias” de la postura de la Fiscalía en el caso Cavallo, la cual, en su escrito de conclusiones provisionales de enero de 2006, no menciona ni una sola vez la sentencia por crímenes contra la humanidad recaída en el caso Scilingo.
Por otra parte, y como informó Radio Nizkor en un programa de fecha 14ago05, la previsión de la Sala era la de iniciar el juicio oral de Cavallo para Octubre de ese mismo año 2005.
El 28 de septiembre de 2005, cuando ya se había evacuado el trámite de instrucción, la Asociación HIJOS de Madrid, a través de su abogada Susana García, a la sazón funcionaria de la Embajada Argentina en Madrid, solicita la personación en la causa, la cual le es acordada por Providencia de 10oct05.
Por su parte, y mediante escrito de entrada en la AN de un día antes, 27sep05, el procesado designa formalmente como abogados encargados de su defensa a los letrados Fernando Pamos de la Hoz, Alberto de la Hoz Pamos, y Sabina Rodrigo de Santiago-Salgado.
Fernando Pamos de la Hoz, había representado también formalmente a Adolfo Scilingo en momentos procesales claves, y, si bien Adolfo Scilingo durante el juicio oral estuvo representado por un abogado de oficio, contó éste con la asistencia del equipo de Pamos.
La colusión de actuaciones encaminadas a la obstrucción del procedimiento en curso quedaba bien a las claras.
Tal y como expone la Acusación Popular de la Asociación Argentina pro Derechos Humanos de Madrid, en su recurso de 11nov05 contra la medida suspensiva de la Sala:
a) Se expide una Comisión Rogatoria Internacional después de que el 27 de octubre próximo pasado el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 3 de Buenos Aires, Eduardo Raúl Taiano, hubiere formulado Requerimiento de Instrucción ante el Juzgado Nº 12, Secretaría Nº 23, en el marco de la Causa Nº 14.217/03, "E.S.M.A. s/delito de acción pública" .
En su requerimiento, el Sr. Fiscal Eduardo Raúl Taiano, solicita "se instruya el pertinente sumario respecto de las personas que enunciaré en el acápite siguiente"; se trata de 295 personas, la mayoría de ellas pertenecientes en el momento de los hechos a la Armada Argentina, y respecto de las cuales el fiscal realiza el mencionado requerimiento al estimar que "Los delitos que se analizarán, cometidos desde el aparato del Estado constituyeron no sólo violaciones de derechos humanos, sino también, por su escala, volumen y gravedad, crímenes contra la humanidad de acuerdo al derecho internacional".
Entre esas 295 personas se encuentra:
"230) CAVALLO, Ricardo Miguel, alias "Marcelo", "Miguel Ángel" y "Sérpico", sosías "Marcelo Carrasco". En la fecha de los hechos, se desempeñaba como Teniente de Navío de la Armada Argentina, cumpliendo funciones en el grupo de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3/2."
b) La defensa de Ricardo Miguel Cavallo, conociendo de la actuación referida de la Fiscalía argentina, presentó el 31 de octubre de 2005 en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, escrito en el que se origina la expedición de la Comisión Rogatoria por parte de la Sección Tercera, provocando pues que un órgano jurisdiccional decisor y competente (la Audiencia Nacional) le pregunte a un juez y a una fiscalía si un procesado, en la primera y de cuyo juicio oral tendrá conocimiento, va a ser juzgado, en el futuro, en otra jurisdicción (o no, nadie lo puede garantizar, se está pidiendo un futurible imposible de contestar) por los mismos hechos, quedando el procedimiento que nos ocupa a expensas de la jurisdicción argentina, la que se convierte de esta forma en parte decisoria sobre la actuación de la jurisdicción de esta Sala.
La acusación popular, afirma asimismo en su recurso que
Esta Providencia deja en entredicho la debida imparcialidad de esta Sala, pues constituye un favorecimiento indebido de las posiciones de unas de las partes del proceso, cual es la defensa de Ricardo Miguel Cavallo, y poniendo en cuestión el principio de igualdad de las partes en el proceso...
Mediante esta providencia, la Sala, de facto, se está inhibiendo en cuanto al conocimiento de la causa, rehusando la competencia que tanto las leyes como la jurisprudencia le tienen atribuida, le reconocen y le obligan a ejercitar, siendo además que la misma es un derecho de las víctimas, pues de no ser así se estaría negando el acceso debido a la justicia y a un proceso justo y sin dilaciones...
La Comisión Rogatoria que se ordena expedir da luz verde a una estrategia procesal dilatoria; la misma es a toda luz inoperante a no ser sólo a efectos dilatorios de cara a agotar el plazo de prisión preventiva, como muestra la decisión de la sala de suspender "la tramitación de la causa hasta tanto se reciba cumplimentada la Comisión Rogatoria".
Al no tener en cuenta la sentencia del TC referida, lo que se produce es una obstrucción del procedimiento por parte de la defensa de Ricardo Miguel Cavallo, consentida y consumada...
Esta insólita actuación en que un órgano jurisdiccional competente haría dejación de su jurisdicción invitando a las autoridades jurisdiccionales extranjeras a crear las condiciones jurídicas que les permitan, a futuro, pedir la extradición de un procesado sujeto a la jurisdicción de los tribunales ordinarios españoles, no puede más que suponer, insistimos, una obstrucción del procedimiento, pues sólo restan dos campos de actuación posibles:
a) Que la jurisdicción argentina determine los tiempos procesales que permiten llegar al término de la prisión preventiva de Ricardo Miguel Cavallo, sin que se llegue a la celebración del juicio oral por parte de esta Sala, o, en todo caso, venciera dicho plazo antes de que recaiga o se notifique una eventual sentencia, y/o,
b) Que ante este tipo de resolución injusta, esta acusación popular se vea abocada a recurrir las mismas, y de este modo se siga dilatando el procedimiento en España, con el consiguiente riesgo de ver también expirado el plazo de prisión preventiva, dilación que, por supuesto, no es de la voluntad de esta acusación, pero que, mediante este tipo de ingeniería procesal, la Sala le está colocando inexorablemente en la tesitura de hacer valer el derecho...
Queremos poner de manifiesto desde ya, la mala fe del Estado argentino demostrada durante los más de 10 años de instrucción del procedimiento, con diversas y originales formas de influir en el procedimiento, intentar archivarlo y en todo caso, con una clara intención de obstruir y negar la jurisdicción española en un caso de crímenes contra la humanidad.
También la fiscalía recurrió el 14nov05 la suspensión del juicio oral, así como otras acusaciones particulares y populares.
Mediante Auto de 12dic05, la Sala estima los recursos y decide reanudar la causa. Poco después se abre el plazo para que las partes presenten la calificación provisional de los hechos, actuación propia de esta fase intermedia y previa al juicio oral.
La Fiscalía presenta pues sus conclusiones provisionales el 11 de enero de 2006, al Asociación Argentina pro Derechos Humanos de Madrid, a través de su letrado, Antonio Segura, lo hace el 22feb06, mediante un escrito asesorado y preparado con el Equipo Nizkor, al que se adhiere la Acusación Particular de Graciela Palacio de Lois, y con sello de entrada de 24 de febrero lo hacen las acusaciones representadas por los abogados Carlos Slepoy, José Luis Galán, Jaime Sanz de Bremond, Juan Puig de la Bellacasa, Manuel Ollé y Susana García.
Mediante escrito de 12may06, la defensa de Ricardo Miguel Cavallo interpone escrito y promueve lo que en derecho procesal español se conoce como “incidente de previo pronunciamiento de nulidad de actuaciones y declinatoria de jurisdicción”.
Básicamente plantea como objeciones preliminares la falta de competencia de los tribunales españoles.
El 27 de junio de 2006 la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la AN dicta auto admitiendo parcialmente las solicitudes de la defensa y decide cursar Comisión Rogatoria a Argentina para que se practique la prueba documental que pide la defensa, dejando los plazos procesales nuevamente en manos de la jurisdicción argentina.
En su auto de 27jun06, la Sala decide, entre otras cuestiones “Librar Comisión Rogatoria, al amparo del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Argentina, de 3 de marzo de 1987, al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 12 de la Capital Federal - Buenos Aires -“ a fin de que éste informe si una solicitud de extradición de Ricardo Miguel Cavallo existente en Argentina está dirigida a México o a España, si dicha solicitud de extradición se encuentra aún pendiente de resolución por la Cámara Nacional de Casación Penal y si llegó a esa sala como consecuencia de nulidad instada por la parte querellante o por la defensa de Cavallo, informándose así mismo si el 29nov05 la defensa de Cavallo ha pedido sea solicitada su extradición a España en relación con la causa 14.217/2003 (Acosta, Jorge Eduardo y Otros por privación ilegal de libertad, hechos ocurridos en la ESMA”), indicándose el trámite en que se encuentre esta solicitud de extradición.
Pide asimismo documentación al Juzgado Central de Instrucción No. 4 sobre la resolución que acuerda conceder a Argentina la extradición de Juan Carlos Fotea Dimieri, detenido en España en noviembre de 2005 a solicitud de Argentina, tras estar residiendo en España al menos desde 1985.
Recordemos que por Auto de 21 de abril de 2006 la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la AN decide conceder a Argentina la extradición de Juan Carlos Fotea Dimieri. La defensa de éste, de la que se hace cargo el despacho Ruiz Jiménez, recurre ese auto. Es el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, mediante Auto de 14 de junio de 2006 (días antes pues del auto de 27jun06 por el que se decide expedir otra CRI a Argentina en el caso Cavallo) el que nuevamente desestima el recurso de la defensa.
Por su parte, la Asociación Argentina pro Derechos Humanos de Madrid había solicitado al Juzgado Central de Instrucción No. 5, donde radica la causa Argentina, que continuara el procedimiento por crímenes contra la humanidad contra Fotea en España. Gracias a la intervención de esta acusación, que presentó como hechos adicionales la masacre de la Iglesia de Sta. Cruz, se logró que en el marco del procedimiento Argentino, el pasado 22nov06, se dictara auto de prisión provisional de Juan Carlos Fotea, el cual ha sido dejado en libertad bajo fianza por el Juez Baltazar Garzón mediante auto de fecha 20dic06 notificado a las partes el 26dic06 a pesar de que los crímenes contra la humanidad que ha cometido el imputado, dada la grave naturaleza de los mismos no son susceptibles de medidas de gracia como la dispuesta sin fundamentación suficiente por el mencionado juez Garzón.
Hecho este paréntesis, que nos parece oportuno para poner de relieve la sincronización de los momentos procesales entre las diferentes causas, y tras otras actuaciones procesales, se llega al Auto de 20dic06 por el que la Audiencia Nacional se declara incompetente para juzgar a Cavallo e invita a las autoridades Argentinas, una vez más, a solicitar formalmente su extradición.
Con este resolución, la Audiencia Nacional, deja en último término en manos del procesado la puesta en libertad del mismo, tal y como se desprende de la lectura de los siguientes artículos del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Argentina de 1987:
Artículo 17
La Parte requerida podrá conceder la extradición sin cumplir con las formalidades que establece este Tratado, si la persona reclamada, con asistencia letrada, prestare su expresa conformidad después de haber sido informada acerca de sus derechos a un procedimiento de extradición y de la protección que éste le brinda.
Artículo 18
1. La Parte requerida comunicará a la Parte requirente, por la vía del artículo 15, su decisión respecto de la extradición.
2. Toda negativa, total o parcial, será motivada.
3. Si se concede la extradición, las Partes se pondrán de acuerdo para llevar a efecto la entrega del reclamado, que deberá producirse dentro de un plazo de cuarenta y cinco días contados desde la comunicación a que se refiere el párrafo 1 de este artículo.
4. Si la persona reclamada no fuere recibida dentro de dicho plazo, será puesta en libertad y la Parte requirente no podrá reproducir la solicitud por el mismo hecho.
5. Al mismo tiempo de la entrega del reclamado, también se entregarán a la Parte requirente los documentos, dinero y efectos que deban ser puestos igualmente a su disposición.
Artículo 19
1. Si la persona reclamada se encontrare sometida a procedimiento o condena penales en la Parte requerida, la entrega podrá aplazarse hasta que deje extinguidas esas responsabilidades en dicha Parte, o efectuarse temporal o definitivamente en las condiciones que se fijen de acuerdo con la Parte requirente. [...]
A modo de conclusión podemos decir que:
1) La Sala III deja en indefensión a las acusaciones toda vez que cualquier recurso al Tribunal Supremo superará el plazo de prisión provisional del oficial naval Miguel Angel Cavallo que vence en el mes de junio de 2007
2) La Sala III proveyó el auto que estamos comentando en el convencimiento de que el momento oportuno eran las vaciones de Navidad en España y las vacaciones estivales en Argentina.
3) La Sala III olvidó, ignoró y dejó fuera del procedimiento a las más de 600 víctimas españolas reconocidas en la sentencia condenatoria del oficial naval Adolfo Scilingo, muchas de las cuales fueron asesinadas en la ESMA.
4) La Sala III con este auto deja en manos de la defensa del acusado el que éste quede en libertad, toda vez que abre recursos procesales de extradición donde las partes presentes como acusaciones no tendrán participación alguna, mientras que sí la tendrá la defensa del oficial naval Miguel Angel Cavallo.
5) Cabe advertir para una mejor comprensión que el período cumplido por el oficial naval en prisión es computable también ante la justicia argentina, por lo que la actuación de la Sala III permite que dicho plazo, que vence en Junio de 2007, se agote en trámites procesales que, en sí mismos, significan no sólo un retraso indebido del proceso, sino una clara denegación de justicia y en la práctica, puede significar su puesta en libertad.
6) La Sala III en este auto pone en cuestión la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 26sep05 en el sentido de que las jurisdiciones pueden ser concurrentes en casos como el presente y vuelve a plantear la posición de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía General del Estado, representante del Gobierno español en el procedimiento, de que se aplique el principio de subsidiariedad, lo que es lo mismo que ejercer un derecho no existente de injerencia política en hechos jurídicos que se juzgan en otro país.
7) A nuestro entender el momento procesal de la causa en España tiene preeminencia sobre la instrucción sumarial que se lleva a cabo por parte del Juez Torres en argentina por el simple hecho de que en la Audiencia Nacional se cerró la instrucción el 03 de octubre de 2003 y desde esa fecha y sin que se haya modificado ningún hecho de fondo, el sumario fue reabierto y vuelto a cerrar en forma definitiva el 26feb05.
Y sin mencionar que México, en pura formalidad procesal, podría aún reclamar la devolución del extraditado oficial naval Ricardo Miguel Cavallo.
Dadas las circunstancias actuales cabe colegir que en realidad hemos visto la instrumentación de una ingeniería jurídica que tenía como finalidad no la obtención de justica, sino su obstrucción.
Madrid, 26 de diciembre de 2006
Equipo Nizkor
Esp - Hay razones procesales para pensar que Cavallo puede quedar en libertad.
Esp/Arg - Hay razones procesales para suponer que Ricardo Miguel Cavallo quedará en libertad. (Equipo Nizkor). Radio Nizkor, 27dic06
Desde que el 16 de febrero de 2005 el Juzgado Central de Instrucción Núm. 5 de la Audiencia Nacional española decretara mediante auto la conclusión del sumario respecto de Ricardo Miguel Cavallo, y con ello el término de la etapa de instrucción, el procedimiento ha estado plagado de tácticas dilatorias encaminadas a agotar el plazo máximo de prisión preventiva del procesado sin que se llegue a la celebración del juicio oral, o, en todo caso, sin que se le haya notificado fehacientemente una sentencia condenatoria.
Recordemos que ya el 03oct03, el Juzgado Central de Instrucción Núm. 5 había dictado auto de conclusión del sumario respecto de Ricardo Miguel Cavallo, el cual fue devuelto por la Sala a efectos de despejar, vía rogatoria, la cuestión de los procesos abiertos en la República Argentina.
Desde que se decretara nuevamente el cierre de la instrucción en febrero de 2005, los hitos más importantes en esa dilación directamente relacionados con la fase intermedia (previa al juicio oral) del procedimiento que se sigue contra Cavallo, son sendas Comisiones Rogatorias acordadas mediante providencia de 03nov05 y auto de 27 jun06, en las que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, básicamente, invita a las autoridades argentinas a solicitar su extradición a las españolas.
Ambas comisiones se producen a instancias de la defensa del procesado y en coordinación con actuaciones procesales concretas en instancias tanto de la fiscalía como de la judicatura argentina...
Otro hecho dilatorio de extrema importancia viene dado por los recursos de casación que varias acusaciones populares y particulares anuncian entre el 26 de abril y el 12 de mayo de 2005 contra la sentencia por crímenes contra la humanidad recaída el 19 de abril de 2005 en el caso Adolfo Scilingo Manzorro...
A modo de conclusión podemos decir que:
1) La Sección Tercera de la Sala de lo Penal deja en indefensión a las acusaciones toda vez que cualquier recurso al Tribunal Supremo superará el plazo de prisión provisional del oficial naval Miguel Angel Cavallo que vence en el mes de junio de 2007
2) La Sección Tercera de la Sala de lo Penal proveyó el auto que estamos comentando en el convencimiento de que el momento oportuno eran las vaciones de Navidad en España y las vacaciones estivales en Argentina.
3) La Sección Tercera de la Sala de lo Penal olvidó, ignoró y dejó fuera del procedimiento a las más de 600 víctimas españolas reconocidas en la sentencia condenatoria del oficial naval Adolfo Scilingo, muchas de las cuales fueron asesinadas en la ESMA...
La Asociación Argentina Pro Derechos Humanos-Madrid anuncia que recurrirán el auto declinatorio de jurisdicción en el caso Cavallo.
Esp/Arg - Anuncian que recurrirán la resolución declinatoria de jurisdicción en el caso Cavallo. (Asociación Argentina Pro Derechos Humanos-Madrid). Radio Nizkor, 27dic06
"La AAPDH-M, recurrirá la decisión de los jueces de la Sala III que declinan en la jurisdicción argentina el enjuiciamiento del marino argentino Cavallo fundamentalmente por el momento procesal en la que se realiza, al faltar sólo seis meses para que se agote el plazo de su prisión preventiva, tanto en España como en Argentina, lo que deja a las víctimas en situación de total indefensión.
En efecto, basados en el Convenio de Extradición y Cooperación Judicial entre la República Argentina y el Reino de España, se utiliza la figura de la extradición pasiva, por la que se le comunica al reo su probable extradición y si éste accede, se lo extradita. En el caso de que no accediese comenzaría un juicio de extradición que puede durar un año largo. Dado que la defensa de Cavallo ha solicitado y logrado que se lo envíe a Argentina para ser juzgado allí, todo indica que aceptará ser extraditado.
Ahora bien, tanto en uno u otro caso, e incluso si desde Argentina no se solicitara su extradición, a Cavallo se le vence el plazo de la prisión preventiva dentro de seis meses, por lo que todo vuelve a indicar que ... Cavallo podría quedar en libertad provisional en uno u otro país..."
La Sala III de la Audiencia nacional declina su responsabilidad de juzgar a Cavallo, acusado de crímenes contra la humanidad.
En el Auto de esta mañana, de 20 de diciembre de 2006, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia nacional se muestra más sensible con las tesis de la defensa del marino argentino Cavallo, acusado de crímenes contra la humanidad, que de la defensa de las víctimas y de su derecho a obtener justicia y reparación.
En un Auto pobre en contenidos y de visión justiciera estrecha, los jueces Guevara, Rodríguez y Echarri, acuerdan (ante el interés manifestado insistentemente por la defensa de Cavallo) que es más conveniente que se lo juzgue en Argentina por ser el lugar en el que se cometieron los delitos, que en España, donde estaba a punto de iniciarse el juicio oral. No valoraron que desde Argentina no se hubiera pedido aún la extradición del marino argentino, toda vez que las causas abiertas en su contra están en una situación procesal muy distinta. Tampoco valoraron en sus justos términos la sentencia del Tribunal Constitucional español que habilita la concurrencia de jurisdicciones para entender de crímenes de obligada persecución internacional, por los que se pretende juzgar a Cavallo en aplicación del principio de jurisdicción penal universal. No valoraron en su justa medida, que el inminente juicio oral a Cavallo, después de una ardua instrucción, iba a responder a la necesidad de encontrar, después de tantos años, la justicia debida ante crímenes aberrantes y que aún permanecen impunes. Tampoco valoraron los jueces de la Audiencia nacional que entre las casi cinco mil personas asesinadas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), había cientos de víctimas españolas. Por no valorar, tampoco valoraron que existe ya una sentencia por crímenes contra la humanidad contra otro marino de la ESMA, Scilingo, que está cumpliendo condena en una cárcel española.
Además de que la Sala decline su responsabilidad de enjuiciarlo en España, es de honda preocupación que haya dispuesto un plazo máximo de 40 días para que las autoridades argentinas soliciten su extradición. Pasado dicho plazo, si éste no fuera extraditado, podrían acordar la libertad de Cavallo. Este Auto puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.
La AAPDH-M estudiará la situación planteada con este Auto tan singular y actuará conforme a derecho para garantizar que se haga justicia con las víctimas y los criminales respondan ante la justicia, tal como lo ha hecho solicitando la condena del primer marino argentino juzgado en España, Scilingo, por crímenes contra la humanidad y apoyando la sentencia que lo ha condenado.
Madrid, 21 de diciembre de 2006
Asociación Argentina Pro Derechos Humanos-Madrid (AAPDH-M),
acusación popular en los juicios contra Scilingo, Cavallo y Fotea
Cali: Desaparecido Jhon Edward Echeverry
Jhon desapareció el 16 de agosto en Cali Valle, Colombia. Si alguien lo vió, por favor comunicarse con desaparecidos_cali@yahoo.es o al celular 311 740 11 61
Santa Fe: Los represores están sueltos y para Buenos Aires no existen
Venado Tuerto, Santa Fe, 27 de diciembre de 2006 (Por José Maggi, página12.com.ar). Héctor Darío Bustos, el militante social de Venado Tuerto que desde hacía 14 días estaba desaparecido, reapareció ayer semidesnudo en una ruta cercana a San Gregorio con visibles signos de haber recibido una brutal tortura. Según reveló su madre, Nélida Caseri, las torturas a las que fue sometido son "similares a las del Proceso con picanas en los genitales y un palo en la zona anal, que después de sacárselo se lo hacían chupar. También tiene quemaduras en todo el cuerpo, y una cruz svástica quemada en el pecho, mientras se la hacían le gritaban 'zurdito de mierda te vamos a cambiar el corazón'. Y un tajo en la cara para que se acuerde cada vez que se mire al espejo que 'de los desaparecidos no se habla'".
La mujer aseguró que el poder político de Venado Tuerto tiene responsabilidad en el ataque a su hijo. Bustos se encuentra internado en terapia intensiva en un hospital de Venado Tuerto. El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Domingo Pocchetino, viajó especialmente a Venado Tuerto y se entrevistó con el juez de la causa, Hugo Perassi. "Esperamos la declaración de Bustos antes de opinar, porque hay cosas que no están del todo claras", remarcó el funcionario.
Bustos había desaparecido en extrañas circunstancias y su auto, un Fiat Regatta blanco, había sido hallado a un costado de la ruta provincial 90, en cercanías del acceso a la localidad de Santa Isabel. El militante fue abandonado alrededor de las 0.45 en cercanías de San Gregorio desde donde fue trasladado hasta su domicilio por un remisero a quien le narró su odisea.
Ayer a la tarde, la madre de la víctima reveló por LT 8 que su hijo estaba "hemodinámicamente compensado pero con un fuerte shock emocional, sedado, pero con lesiones que denotan que fue salvajemente torturado. Esta absolutamente deshidratado, y no se sostenía en pie cuando llegó y alcanzó a decirme que durante este tiempo no había ingerido alimentos". Y aseguró que su hijo "le daban una sustancia con agua para beber que la daba sueño, mientras le pegaban con un palo de goma en la espalda para que no se durmiera".
La mujer denunció que su hijo fue "víctima de un operativo de inteligencia por parte de policías de la comisaría 2º de Venado sobre su domicilio durante siete días, que terminó el mismo día en que desapareció". Según reveló, su hijo le confió que "cuando salió de su domicilio, el 13 de diciembre a las 10.30, lo subieron a un auto en el que escuchó que decían 'operativo cumplido, resultado positivo, lo chupamos'. Esto es lo que decían por lo cual pensamos que fue un operativo comando".
Según Caseri antes de liberarlo le advirtieron a su hijo que "se fuera de la ciudad porque sino le iban a reventar a sus hijos". Y agregó: "Estuvo tirado en el piso atado, en un lugar despoblado en una casita tipo tapera muy antigua con una ventana chiquita con rejas y una puerta".
Cabe recordar que tras la desaparición de Bustos se realizó un operativo de rastrillaje del que participaron más de 130 policías, perros adiestrados y buzos que investigaron una laguna de la zona de Santa Isabel. Sin embargo, los investigadores no dieron con dato alguno.
Ayer, luego de ser revisado por un médico forense, se determinó que fuese internado en la unidad de terapia intensiva del hospital "Alejandro Gutiérrez" de Venado Tuerto. Por su parte la división de Asuntos Internos de la policía provincial se encuentra investigando el caso.
Bustos integra la Red por la Identidad y la Memoria y hace 20 días pidió que se investigara a Juan Alberto Vidal, actual secretario de Gobierno de Venado Tuerto, "por su desempeño como intendente de Villa Cañas durante la dictadura, por haber tenido relación con gente de Santa Isabel ligada a secuestros y desaparición de personas. Eso es lo que denunció mi hijo", aseguró la madre del militante.
Además participaba en una corriente interna del PJ. Vivía hasta hace un tiempo en un barrio Fonavi de Venado Tuerto, denominado 102 viviendas, donde había protagonizado junto a un grupo de vecinos protestas en demanda de mejoras en el servicio de agua potable, que se hallaba contaminada por una fábrica cercana al barrio. En agosto pasado, organizó la visita de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto a su ciudad.
Gerez apareció tras 48 horas de secuestro
Página/12 Web
El país(3)|Sábado, 30 de Diciembre de 2006
MUESTRA MARCAS DE SUS LIGADURAS, QUEMADURAS EN EL PECHO Y GOLPES
Gerez apareció tras 48 horas de secuestro
La investigación está concentrada en zonas cercanas a Escobar. La Casa Rosada pone el acento en el rol que habrían jugado sectores ligados al ex subcomisario Patti. Apareció con el torso desnudo en la calle, víctima de un shock nervioso. Anoche fue atendido en el hospital de Escobar y durmió en su casa.
Por Raúl Kollmann
Luis Gerez apareció con vida anoche. Según los primeros relatos que hizo en la sala de Primeros Auxilios del Hospital de Garín, el albañil fue secuestrado por varias personas a metros de la casa de su amigo Jorge Altamirano. Lo tiraron detrás en un auto, le pusieron una bolsa en la cabeza y lo sofocaron. Instantes más tarde fue subido a un vehículo que no pudo ver porque estaba con la bolsa puesta y el coche anduvo por calles de tierra, luego una ruta o autopista y finalmente otra vez por un camino de tierra. Al final del recorrido, fue introducido en una casa-galpón, donde los individuos tenían preparado un juego de grilletes. Durante las 48 horas en que estuvo cautivo, siempre según su relato a los investigadores y a las fiscales, lo mantuvieron con los grilletes puestos y por ello tiene rastros muy nítidos en las muñecas. Además de esas marcas, Gerez tiene el labio hinchado y quemaduras de cigarrillo en el centro del pecho. “Me mataron mil veces”, dijo mientras dejaba claro que había sufrido simulacros de fusilamientos.
El albañil no habló mucho sobre su liberación y no está claro si lo sacaron o no del lugar de cautiverio en un auto. De todas maneras, el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, le dijo a este diario que está convencido de que “el lugar en el que estuvo secuestrado es muy cercano a la esquina en la que apareció”. En la Casa Rosada sostenían anoche que el secuestro fue obra de individuos relacionados con Luis Abelardo Patti y que la presión sobre esos sectores los obligó a soltar a Gerez. También destacaban que esa certeza los llevó a concentrar las operaciones policiales en la zona de Escobar. En la gobernación bonaerense agregaban que los múltiples allanamientos realizados por las distintas fuerzas, incluyendo uno realizado a cien metros del lugar donde apareció el albañil y un sobrevuelo de helicóptero en esa zona, llevaron a la liberación del testigo. Anoche se estaban haciendo varios allanamientos y fue detenida una mujer que podría dar información sobre el lugar de cautiverio.
Gerez apareció alrededor de las 21.30 en la esquina de Fructuoso Díaz y Bedoya, en la localidad de Garín. Dos niñas lo vieron correr con el torso desnudo hasta que finalmente se sentó en el cordón de la vereda, con una fuerte crisis nerviosa y una herida en la cabeza. Las niñas convocaron a una enfermera que le dio un vaso de agua y se esforzó en tranquilizarlo. Luego, a pedido del propio Gerez, convocaron al concejal Hugo Cantero, miembro de su misma agrupación. Instantes más tarde llegaron al lugar un patrullero y una ambulancia.
Trasladado al hospital de Garín, Gerez se fue reponiendo de a poco. Hasta el lugar llegaron el gobernador bonaerense Felipe Solá; el ministro de Salud, Ginés González García; el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el propio Arslanian. Celular mediante, el encargado de marcar fue Solá, el albañil habló con el presidente Néstor Kirchner y con su esposa Cristina Fernández. En ese lapso llegaron también al hospital su familia, sus amigos y compañeros de militancia, entre ellos el actor Paco Fernández De Rosa. Cerca de las 23, el albañil se fue tranquilizando e hizo un primer relato sobre el lugar y el momento del secuestro. Como es obvio, la fiscal Andrea Palacios y la fiscal general Liliana Maero esperan tomarle declaración en las próximas horas. Sucede que el caso está lejos de esclarecerse, ya que no hay ningún secuestrador detenido y al cierre de esta edición no se había encontrado el lugar de cautiverio.
En la Casa Rosada tenían el diagnóstico de que el grupo que actuó en el secuestro estaba integrado por hombres ligados a Patti. Es más, el discurso presidencial se demoró media hora porque se estaba esperando el resultado de un allanamiento orientado a un grupo de adherentes al ex comisario. “Estábamos bien encaminados, el Presidente le apuntó explícitamente en el discurso y lo tuvieron que largar. Sabían que estábamos cerca”, decían anoche en la Casa de Gobierno.
Los referentes bonaerenses le dijeron a este diario que “el discurso presidencial demostró que la cosa iba en serio. Con otro ritmo que cuando ocurrió lo del caso López. Eso influyó en forma decisiva. Pero también es cierto que los datos que se manejaban eran buenos. Durante la noche del jueves se hicieron 50 allanamientos en Villa Rosa, Pilar y Garín. Una señora llamó y dijo que en tal calle y tal otra de Garín vio que metían a una persona en una casa. Se pusieron cientos de policías a trabajar en esa pista y hubo allanamientos en lugares muy cercanos al sitio en el que apareció Gerez. Estamos seguros de que percibieron que con tantos policías bonaerenses, federales y gendarmes tarde o temprano los íbamos a encontrar, de manera que lo soltaron”, decía anoche uno de los investigadores más importantes del caso. Según parece, tras la aparición de Gerez, se ordenó la detención de la mujer que había señalado las dos calles de Garín: es que una de las calles se correspondía con el lugar donde apareció el testigo y en cambio la otra estaba equivocada. Al cierre de esta edición se le tomaba declaración y numerosos efectivos se aprestaban a realizar nuevos allanamientos.
Lo más sorpresivo del caso Gerez es que se asemejaba demasiado a la desaparición de Jorge Julio López. “No tenemos un solo testigo. Nadie escuchó un grito, una frenada. Nadie vio un auto raro. Es increíble”, le decía Jorge Altamirano a Página/12 ayer por la tarde. Altamirano es el amigo y compañero de militancia de Luis Gerez y el dueño de la casa en la que ambos estaban en los minutos previos a la desaparición. Altamirano, así como efectivos de la Policía Bonaerense, la Federal, la SIDE y hasta la Gendarmería, recorrieron el barrio Lambertuchi casa por casa, preguntando si alguien vio algo. La lógica indicaba que si a Gerez lo secuestraron, debió haber uno o dos autos en el operativo e incluso esos vehículos tendrían que haber estado estacionados en algún lado esperando que el albañil salga de la casa de Altamirano. Lo concreto es que los investigadores no consiguieron ni un testigo que haya visto movimientos raros. Según el relato de Gerez el coche extraño no sólo existió sino que fueron varios los que participaron del operativo del secuestro. “Tal vez quienes vieron algo tuvieron miedo de declarar”, razonaban anoche los investigadores.
Durante la noche del jueves y en las primeras horas de ayer se hicieron 26 allanamientos, la mayoría en countries de la zona, pero todos originados en llamadas anónimas al 911 o directamente a la fiscalía. Ninguno en virtud de un dato aportado por algún testigo. A la misma hora en la que apareció Gerez el grupo Albatros de la Prefectura salía de San Fernando hacia una casa ubicada en una isla porque también se había recibido una llamada al 911 señalando que allí se encontraba el albañil.
Gerez salió caminando hacia la carnicería a las 20.30. Sobre una mesa de la casa de Altamirano quedaron las llaves de su Dodge verde, la billetera, el teléfono celular y una carpeta en la que registraba sus trabajos. En el bolsillo llevaba 300 pesos que cobró de un trabajo terminado hacía una semana, dinero con el que compraría la carne para el asado. Altamirano pensó inicialmente que Gerez se estaba demorando porque, tal vez, había aprovechado la oportunidad para saludar a algún vecino por el fin de año, pero cuando la demora se extendió a más de una hora salió a buscarlo. Tras preguntar en todos lados, a las tres de la mañana se hizo la denuncia policial.
Con la difusión del caso y el establecimiento de una recompensa de 400.000 pesos pasó lo inevitable: se recibieron varios llamados al 911 y dos directamente a la fiscalía de Escobar. De la misma manera que hubo que rastrear numerosos lugares porque distintos ciudadanos llamaban diciendo que creyeron haber visto a López, en las últimas 48 horas se multiplicaron los que afirmaron haber visto a Gerez. Lo cierto es que Escobar, Garín y numerosas localidades de los alrededores se llenaron de efectivos de fuerzas de seguridad.
En la Casa Rosada, tras varias reuniones en las que participaron el Presidente, el gobernador bonaerense, el jefe de Gabinete, el ministro del Interior y el titular de la SIDE, decidieron hacer una gran ofensiva pública, por lo que el primer mandatario pidió que le prepararan la cadena nacional. Una hora más tarde, cuando las luces de la Casa de Gobierno ya estaban apagadas, llegó la noticia de la liberación. La niña que encontró a Gerez dice que el albañil repetía en shock: “Esto fue una advertencia, esto fue una advertencia”. Hoy continúa la investigación para conocer la verdad de lo ocurrido.
(AW): Acerca del secuestro y la liberación de Luis Gerez
(AW). ¿Qué es más terrible: que Julio López siga desaparecido o que Luis Gerez haya sido devuelto a su familia, dos días después de ser secuestrado, con signos de haber sido torturado y golpeado? Quizá también lo sea la sensación de que esto puede volver a pasar.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2006 (Agencia Walsh – por Gabriel Tuñez). Lo tomaron de los pelos. Eran varios. Le pusieron una bolsa de nylon en la cabeza y así empezó todo. Para algunos diarios, que colocaron la noticia en un costado de sus títulos principales, fue el desaparecido 30.002. Los números son elocuentes, pero para serlos no necesitan varios dígitos. Por el contrario, esa condición abruma y quita valor. Bastaba con decir que en menos de cien días dos personas fueron arrancadas de sus hogares luego de declarar contra represores y asesinos de la dictadura militar.
Durante las primeras horas, el dato del rapto de Luis Gerez quedó sobrepasado por noticias acerca de la supuesta reactivación económica que vive el país y el incremento de las compras navideñas protagonizado por una parte de la sociedad claramente identificada.
Gerez fue encontrado anoche en un descampado de Garín, un sitio que, según el ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian, había sido revisado minuciosamente hasta algunas horas antes. Y enseguida la utilización política del hecho. Para todos los funcionarios del gobierno nacional, la aparición se debió al discurso brindado por el presidente Kirchner, quien no hizo lo mismo luego de conocerse la desaparición de Jorge Julio López.
En abril pasado, Gerez declaró frente a una comisión legislativa que investigaba al político/represor/intendente/policía y candidato a gobernador Luis Patti. Dijo que a los 17 años, en 1972, había sido detenido, golpeado y torturado por Patti en una comisaría de Escobar, su lugar de vida. Sus palabras en el Parlamento propiciaron que el torturador no ocupara la banca en la Cámara baja.
Pero también comentó a esa comisión del Congreso que, por estas denuncias, había sido amenazado con armas de fuego en tres oportunidades, y que rechazó ingresar al sistema de protección de testigos porque el Estado no iba a ocuparse de su familia.
Kirchner habló en su discurso de grupos paramilitares y parapoliciales como responsables del secuestro de Gerez, y recomendó a los testigos de causas iniciadas contra represores aceptar la custodia que manda la ley. Durante la gestión de Felipe Solá y Arslanian, 15.000 policías bonaerenses fueron echados de la fuerza por diferentes delitos cometidos. ¿Cuál de todos esos policías iba a cuidar de Gerez? Quizá lo hiciera alguno de los casi 900 que todavía permanecen en la Bonaerense y son investigados por la Justicia.
¿Suena creíble que este tipo de personas decidiera liberar a Gerez después de escuchar un discurso presidencial? Si estos integrantes de bandas paramilitares y/o parapoliciales fueron quienes durante la dictadura militar decidieron sobre la vida y la muerte, ¿por qué iban a acceder tan fácil frente al mensaje público?
Como ocurre con la mayoría de los secuestros extorsivos, fueron los delincuentes quienes liberaron a sus víctimas y no la policía la que dio con ellos.
Algo de lo que dijo Kirchner es cierto: con los secuestros de López y Gerez se busca quebrar el sistema de derecho, la democracia. Y crear el temor suficiente para que las causas judiciales contra represores se caigan por la falta de testimonios.
¿Por qué Kirchner no habló en cadena nacional tras la desaparición de López, si a los pocos minutos de ocurrida todo el mundo supo que se trataba de un acto represivo y no de una decisión personal de abandonar a su familia? Y la sospecha sobre la víctima, aquella que algunos representantes de organismos defensores de los derechos humanos expresaron después de hablar con los funcionarios de la Casa Rosada.
Días atrás, la agencia de noticias alemana DPA citó fuentes anónimas de una organización no gubernamental para decir que Jorge López ya había sido asesinado. El Gobierno criticó y se escandalizó por la información, pero no brindó –ni brinda– un solo dato para pensar lo contrario. Es más, se asombró cuando quince días después del rapto aparecieron las llaves de la casa, que López se había llevado al momento de desaparecer, en el jardín de la vivienda.
¿Qué es más terrible: que López siga desaparecido o que Gerez haya sido devuelto a su familia torturado y golpeado? Quizá también lo sea la sensación de que esto puede volver a pasar.
Apareció con vida el testigo Luis Gerez
El testigo, que había sido visto por última vez el miércoles, fue hallado por dos nenas deambulando con el torso desnudo en Garín. Estaba conmocionado, tenía quemaduras de cigarrillos en el cuerpo y marcas de ataduras en las manos. Ahora recibe atención en el hospital de Escobar. Durante el proceso que impidió la asunción de Patti en el Congreso, había acusado al ex subcomisario de haberlo torturado.
Clarín
Luis Gerez, el testigo que había acusado por torturas al ex subcomisario Luis Patti, fue hallado esta noche con vida en cercanías de Garín, al norte del Gran Buenos Aires. Su desaparición, ocurrida el miércoles y que se sumó a la de Julio López, había generado una fuerte inquietud en toda la sociedad y llevó al Presidente a realizar un discurso por cadena nacional, en el que acusó por el hecho a "grupos paramilitares y parapoliciales".
Al parecer, Gerez fue hallado por dos nenas deambulando con el torso desnudo en Garín, al norte del Gran Buenos Aires. Según indicó el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, el testigo fue torturado: tenía quemaduras de cigarrillos en el cuerpo y marcas de ataduras en las manos.
El funcionario se encargó de aclarar que Gerez "fue liberado". Y calificó como "providencial" el discurso que apenas media hora antes del hallazgo realizó el presidente Néstor Kirchner por cadena nacional. El albañil fue trasladado al Hospital de Escobar, donde permanece alojado esta noche.
Hasta ese lugar se acercaron el gobernador Felipe Solá, así como el ministro Arslanian, entre otros funcionarios de la Nación y Provincia. Según fuentes oficiales, el mandatario provincial se comunicó con el presidente Kirchner, quien le pidió que "transmita a los policías y a la directora del Hospital su felicitación por la forma en que han tratado" al testigo.
Gerez, quien declaró haber sido torturado por el ex subcomisario Luis Patti, había sido visto por última vez el miércoles, cuando iba a comprar carne en Escobar. Su desaparición llevó al Gobierno a un virtual estado de movilización, que incluyó el lanzamiento por parte de las autoridades bonaerenses de una recompensa de $ 400 mil para quien aporte información sobre su paradero.
Este mediodía, horas antes de su discurso, el presidente Néstor Kirchner se reunió en Casa de Gobierno con el gobernador bonaerense, Felipe Solá, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para analizar novedades y coordinar las tareas de búsqueda.
En simultáneo, la Policía realizó durante la tarde más de 20 allanamientos en la zona de Escobar, con el objetivo de hallar al testigo. Los controles incluyeron la detención de numerosos automóviles y camiones, la verificación de documentación y la inspección de su interior. También revisan vehículos en los accesos a otras localidades de la zona como Ingeniero Maschwitz y Del Viso.
Diciembre 29, 2006
Triple A: trasladan a Almirón a un juzgado de Valencia
Clarín
Lo llevaron desde la comisaría de la ciudad de Torrent hasta la sede judicial local. No se informó si se le tomará declaración o sólo será notificado de su situación procesal. En los próximos días, el ex subcomisario de la Federal acusado por delitos de lesa humanidad será trasladado a Madrid para resolver el pedido de extradición. Ayer fue detenido a raíz de un pedido del juez Oyarbide.
El ex subcomisario de la Policía Federal Rodolfo Eduardo Almirón, que ayer fue detenido en España por pedido de la Justicia argentina, fue trasladado hoy de la comisaría en la que se encontraba en la ciudad valenciana de Torrent al juzgado local. Fuentes policiales no informaron si el traslado había sido ordenado para tomarle declaración indagatoria o para comunicarle acerca de su situación procesal.
Almirón actuó como jefe de operaciones de la organización criminal "Triple A", acusada de asesinar a más de 1.500 personas durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón.
El ex policía, de 71 años, fue detenido ayer en Torrent, donde vive hace tres años, para cumplir con el pedido de extradición formulado por el juez argentino Norberto Oyarbide. El magistrado emitió la orden el 20 de diciembre pasado y lo acusa de delitos de lesa humanidad, homicidio y asociación ilícita. Fue después de que periodistas del diario español "El Mundo" lo descubrieran a mediados de diciembre viviendo en Valencia.
Está acusado de haber participado en los asesinatos del diputado peronista, Rodolfo Ortega Peña, del sacerdote Carlos Mujica, del profesor Silvio Frondizi y del ex subjefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Julio Troxler, además de otras personas. Fue jefe de los custodios de José López Rega y la presidenta Isabel Perón y acompañó a aquel cuando dejó la Argentina en julio de 1975.
En los próximos días será trasladado hasta la Audiencia Nacional en Madrid por agentes de la Interpol para los trámites de extradición. Si se niega a ser extraditado, se abrirá un procedimiento judicial en el que se resolverá si es trasladado al país.
Actualizaciones sobre Luis Gerez
TELAM
Piden separar de la Policía a los efectivos que actuaron en la dictadura
Lo solicitó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, al expresar su "profundo repudio" por la desaparición de Luis Gerez. "No es casual que se haya producido cuando la justicia se decide a perseguir crímenes cometidos entre 1974 y 1975 como delitos de lesa humanidad", dijeron.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata (APDH) expresó su "profundo repudio" y preocupación por la ausencia de Luis Gerez, quien testificó contra el ex comisario Luis Patti, al tiempo que pidió se separen de la fuerza policial a los efectivos que se hayan desempeñado durante la última dictadura militar.
Un comunicado de la APDH remarca que "la desaparición del compañero Luis Angel Gerez viene a sumarse a la de Jorge Julio López, a la gravísima agresión al militante de Venado Tuerto, Héctor Bustos, a la interminable cadena de amenazas e intimidaciones a jueces, fiscales, abogados y militantes en el intento de detener la lucha por Verdad y Justicia".
Para el organismo de derechos humanos estos hechos "reafirman la irrupción en el escenario social de siniestros actores vinculados a los aspectos más sangrientos de la dictadura cívico militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, así como a la nefasta Triple A".
"No es casual que este hecho se haya producido cuando la justicia se decide a perseguir crímenes cometidos entre 1974 y 1975 como delitos de lesa humanidad", destaca. La APDH reclama "medidas firmes e inmediatas" y detalla que se debe "seguir adelante con todos los juicios a genocidas y con la inversión de recursos necesarios, con la protección a los testigos".
Pide además "el apartamiento de todos los uniformados o miembros de los servicios de inteligencia que hayan estado involucrados en la represión dictatorial o en hechos delictivos posteriores".
Página 12
DESAPARECIO UN TESTIGO QUE DECLARO CONTRA EL EX SUBCOMISARIO PATTI
“Un hombre íntegro, un militante”
Luis Gerez, integrante de una organización kirchnerista, desapareció en Escobar el miércoles a la noche. Es uno de los testigos clave contra Luis Patti y ya había denunciado amenazas. Al igual que en el caso de Jorge Julio López, se presume un secuestro. Intervienen todas las fuerzas de seguridad, pero piden que aparten a la Bonaerense.
Por Werner Pertot
Otra vez, un desaparecido. Otra vez, el dolor. Otra vez, el pedido de aparición con vida. Uno de los testigos que declararon contra el represor Luis Abelardo Patti, Luis Angel Gerez, desapareció en la noche del miércoles. Al igual que Jorge Julio López, Gerez es albañil y había militado en el peronismo en los setenta. Actualmente, forma parte de una de las organizaciones sociales kirchneristas en Escobar. Al igual que en el caso de López, se presume que es un secuestro. Con la voz quebrada, su mujer, Mirta, pidió en una conferencia de prensa que “estemos con Luis Gerez en la calle. Les pido ayuda para encontrarlo. Y pronto”. En tanto, el presidente Néstor Kirchner se reunió con el gobernador Felipe Solá para seguir la investigación
Gerez fue uno de los testigos que declaró contra Patti tanto en la Justicia como en el Congreso, para evitar que el ex comisario asumiera como diputado. En su testimonio, recordó que había reconocido la voz de Patti mientras lo torturaban en una comisaría de Escobar en 1972.
El miércoles a la noche, Gerez había ido a la casa de un amigo, Jorge Altamirano, en el barrio Luchetti, donde iban a hacer un asado. Se dieron cuenta de que les faltaba carne y Gerez salió a la carnicería, que está a dos cuadras. Dejó su celular y su auto. Eran las 20.30. Nunca volvió. Una hora después, sus amigos, extrañados, salieron a buscarlo y descubrieron que la carnicería estaba cerrada. Por horas, lo buscaron por todo el barrio. A las tres de la mañana hicieron una denuncia por “averiguación de paradero” en la comisaría primera de Escobar. Al igual que en el caso de López, hasta ahora no hay testigos.
La familia de López se mostró muy conmovida por la similitud de los hechos e intentaba comunicarse en las próximas horas con la familia de Gerez.
En noviembre de este año, Gerez había sido amenazado tres veces. Primero, le tajearon las cubiertas del auto que solía utilizar para transportarse. Luego, desde una camioneta que se le puso al lado en el Acceso Norte, le mostraron un revólver en clara señal de amenaza. Y, por último, un hombre se le acercó en una parada de colectivos para darle detalles de su vida y de la de toda su familia. Después se subió a una camioneta 4x4 y huyó raudamente del lugar. Con otros testigos, había denunciado las amenazas en la Cámara de Diputados.
Según fuentes del gobierno provincial, no tenía custodia policial a pesar de estas amenazas “porque no la había pedido”. “Muchos testigos, por la misma experiencia que pasaron, no querían custodia policial”, explicó un funcionario del gobierno bonaerense.
Militante social
Una sombra se proyectaba sobre el cartel azul que deja en claro a todo el que entra que Escobar es un “municipio hostil a la droga”. Las plazas lucen el pasto corto y cargado de flores y una pequeña torre con reloj estilo inglés corona la avenida central. Escobar es tierra de Patti. Pero también es tierra de Gerez, que vive allí desde los siete años.
Desde 1970, militaba junto con Gastón Gonçalves y Ana María Granado –dos de las víctimas de Patti– en la Juventud Peronista. Se cruzaba con el comisario seguido. Hasta en la cancha. “Negro, te tengo en la mira”, fue una de las amenazas que escuchó de la boca de Patti. Con la misma voz, que –afirmó– había oído mientras le daban picana en la comisaría: “Dale más en la lengua, en los testículos”
Siempre se autodefinió como un “militante social”. Desde el comienzo de la democracia, Gerez volvió a militar en Intransigencia y Liberación y en Peronismo Revolucionario. Actualmente, con 51 años, milita en la agrupación vecinal Pensar Escobar, vinculada al Movimiento Evita, que conduce el vicejefe de Gabinete bonaerense, Emilio Pérsico. El referente barrial es el actor Alberto “Paco” Fernández de Rosa. Allí también milita otro de los testigos que declararon contra Patti, el avicultor Orlando Ubiedo. “Si Luis no aparece vamos a hacer una marcha por todo Escobar para que se enteren hasta la China. No vamos a aflojar aunque vengan degollando”, dijo Ubiedo, que convocó a una marcha para hoy a las 17 en la plaza central de Escobar.
“Aparición de López y Gerez”
Los ojos húmedos y las caras de tristeza predominaban en la conferencia de prensa, en el local de la agrupación de Escobar. Los hijos de Gerez abrazaban a su hermana para tratar de aguantar el llanto. “Gerez era un hombre íntegro, un militante popular”, dijo su esposa, Mirta, entre lágrimas. Uno de sus hijos, Walter, pidió a media voz: “Quiero que me lo aparezcan a mi papá. Vamos a seguir peleando por mi viejo”. Luego miró directo a las cámaras, y agregó:
–A vos, sinvergüenza, entregalo a mi papá.
“Queremos la aparición con vida de López y de Gerez”, exigió Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Además de la familia, estaban el secretario de Derechos Humanos, Edgardo Binstock; el presidente del CELS, Horacio Verbitsky; la ministra de Derechos Humanos porteña, Gabriela Cerruti; la titular del Instituto Espacio para la Memoria, Ana María Careaga; los diputados Remo Carlotto y Diana Conti; Pérsico y el titular del FTV, Luis D’Elía. “Lo detienen a Almirón y desaparece Gerez. Hay alguien en la inteligencia de la muerte que está operando en esto”, afirmó el ex subsecretario de Hábitat en referencia al arresto del ex jefe de la Triple A en España.
La conferencia derivó en una improvisada marcha a la comisaría y a la Municipalidad que encabezaron los jóvenes del Movimiento Evita, que portaban banderas rojas y negras que decían “Juventud Peronista”. “Patti / vos sos genocida / ¿Cuánta gente vas a matar?”, coreaban.
Telam
En medio de las acusaciones, Patti asegura estar “muy preocupado”
El ex subcomisario señaló que el paradero del albañil que testificó en su contra por torturas es un tema que "va contra la democracia y las instituciones". Al respecto, volvió a negar toda vinculación con el hecho.
El ex subcomisario Luis Abelardo Patti consideró hoy que la situación que atraviesa el albañil Luis Gerez, cuyo paradero se desconoce desde el miércoles a la noche, es un tema que "va contra la democracia y las instituciones".
Incluso, el ex intendente de Escobar, quien dijo estar "muy preocupado", se mostró fastidiado de que haya quienes lo vinculen a él con la ausencia de Gerez al afirmar que no sabe "de dónde sacan esas pavadas" e insistir con que se trata de "un tema grave" que atenta contra "la democracia y las instituciones".
Puntualmente, Patti disparó contra el diputado nacional Gerónimo Vargas Aignasse, presidente de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que impugnó el pliego de Patti basado centralmente en el testimonio de Gerez, quien reconoció al ex subcomisario como uno de sus torturadores en 1972.
Es que el diputado kirchnerista consignó que el albañil Luis Gerez, de 51 años, había recibido una amenaza directa de Patti tras su testimonio que había derivado en el rechazo de su pliego de diputado.
"No podemos andar con pavadas y estupideces de estas características", respondió ofuscado Patti en diálogo con radio Del Plata, en el que se preguntó "cómo puede ser que hablen tan ligeramente" cuando se trata -dijo- "de un tema grave". De hecho, entendió que se trata de "un tema contra la democracia y las instituciones" y señaló que, si bien no pierde "la esperanza de que esto no termine mal", de ocurrir "alguna desgracia" eso va "contra la democracia y las instituciones".
Patti manifestó que seguramente "alguien debe haber visto algo" porque "en el centro de Escobar todo el día anda gente, salvo que se haya ido con alguien que él conocía", posibilidad que consideró poco probable por el hecho de haber dejado sus cosas en la casa del amigo en la que se encontraba.
Por otro lado, entendió que "puede haber una relación" entre lo sucedido con Gerez y lo sucedido con Jorge Julio López, el testigo clave del juicio contra el represor Miguel Etchecolatz cuyo paradero se desconoce hace más de tres meses. "¿Cómo puede ser que de La Plata se traslade a la otra punta del Gran Buenos Aires (en referencia a Escobar) un acontecimiento de estas características?", se preguntó Patti en la entrevista.
P12
"Alguien vio algo"
Marcelo y José Luis Gerez, hijos del desaparecido Luis Gerez, creen que algún vecino pudo haber visto el momento en que su padre era presuntamente secuestrado, y apelaron a ellos para que aporten los datos que tengan a fin de poder dar con su paradero.
"Les pido que traten de comunicarse conmigo, que me busquen, siempre saben por donde ando", dijo uno de los muchachos a la prensa, en la puerta de la casa de su abuela.
José Luis Gerez no señaló sospechas sobre ninguna persona, al afirmar que "no queremos meter a nadie en ésto, nosotros tenemos que seguir viviendo y no queremos meternos con nadie ni tener problemas con políticos".
Marcelo, en tanto, señaló que sospechan que "alguien vio algo" en el barrio e hizo un llamado a quienes pudieran haber testimoniado el momento del posible secuestro, que "tomen conciencia, que sean humanos" y aporten la información.
"No queremos presionar a nadie, para nada, sólo los puede persionar la conciencia: nosotros queremos ver a nuestro viejo aunque sea una vez más", añadió José Luis.
Consultados sobre si en caso de haber sido secuestrado, su padre habría intentado defenderse, uno de los hermanos respondió que "a no ser que haya sido un operativo muy bien armado, mi viejo estaba muy preparado para ésto, estaba conciente de que en cualquier moemnto le iba a pasar, y que iba a resistir".
"Tengo la esperanza de que alguien vio algo", agregó y señaló que "quiero pensar que ésto es otra cosa, que se equivocaron de persona".
Ambos hijos de Gerez afirmaron que tienen "confianza en el presidente" Néstor Kirchner y "en la policía" que está realizando los operativos de búsqueda.
P12
En vez de las rebeliones carapintada
Por Luis Bruschtein
La desaparición de Julio López carga de malos presagios la ausencia ahora de otro testigo en causas de derechos humanos. Y a su vez, esta desaparición de Luis Gerez resignifica la desaparición de López, tiende a disipar dudas. En los ’80, las rebeliones carapintada forzaron las leyes de punto final, obediencia debida y las amnistías menemistas. Ahora que esas leyes fueron anuladas, no hubo rebeliones ni movimientos corporativos, pero se produjeron estas desapariciones.
Podría significar que no hubo fuerza para una acción corporativa o que ésta va adquiriendo nuevas formas, como la simpatía distante o el desgano en la investigación de estos hechos. Sólo el núcleo más recalcitrante habría pasado de la conspiración a la acción y es probable que lo conformen quienes se sientan más afectados y en peligro por los juicios.
En los dos casos se trata de testigos contra ex jerarcas de la Bonaerense. Y ambos vivían en poblaciones chicas, fuera del conurbano, lo que facilitó el accionar sin testigos. Aunque hay varios detenidos de otras fuerzas, la elección de las víctimas y la inteligencia previa se orientó hacia ellos. Tampoco hay comunicados que den contenido a las acciones. Estas se explican por sí mismas: las víctimas son testigos contra represores de la dictadura. Los autores no tratan de buscar cómplices ni convencer como en otras épocas, son actos de intimidación pura y con un impacto concreto. Y tampoco es una demostración de poder –una rebelión o amotinamiento–, sino más bien de desesperación.
Aun así sería ingenuo pensar que los juicios podrían detenerse por acciones de este tipo. Intimidan, pueden desanimar a otros testigos, pero no tienen el impacto para mellar la voluntad de la sociedad y del Gobierno de llevar adelante los juicios. Por el contrario, generan una reacción inversa, ratifican la necesidad de hacerlos, porque confirman el carácter criminal de estos métodos que los acusados utilizaron en la dictadura.
Sin embargo, aunque no pueden terminar con los juicios, instalan un clima de inquietud y ponen al Gobierno en un brete cuando no acierta a encontrar a los responsables. En este caso, lo que podrían buscar no sería detener los juicios, sino presionar para que los acoten. Repetirían el mismo esquema que los carapintada con Raúl Alfonsín. Pero no es lo mismo, porque ante hechos tan focalizados, lo más probable es que cualquier gobierno, antes de ceder, redoble esfuerzos para ubicarlos y detenerlos.
Por lo tanto, parecería que la ecuación no cierra. Lo único que podría afectar a los juicios sería la presión de sectores de poder económico, político o religioso con la voluntad explícita de reinstalar la impunidad. Tendría que haber una campaña muy fuerte que podría aprovecharse del amedrentamiento provocado por el terror. Esa campaña no existe con fuerza en este momento. Es más, se podría pensar que la debilidad que tuvieron los últimos picos de esa campaña devino en acciones desesperadas.
Más allá de los objetivos que puedan buscar los autores, la repetición de estos hechos impone al Gobierno la obligación de esclarecerlos y castigar a los culpables. Pero hasta ahora la investigación de la desaparición de López no dio resultados, ya sea por la falta de indicios o por la poca convicción que se puso en ella. Todavía, para la mentalidad corporativa de las fuerzas de seguridad, resulta más fácil creerles a sus ex colegas que a militantes sociales o de derechos humanos.
La búsqueda de otro testigo clave
Investigan el vínculo de represores con la desaparición de Gerez
Así lo admitió el secretario de Seguridad bonaerense, León Arslanian; además, dijo que el caso es evaluado como un secuestro; Kirchner está reunido con Solá en la Casa Rosada
El ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, admitió hoy que que entre las hipótesis sobre el paradero de Luis Gerez, el albañil que atestiguó contra Luis Patti y está desaparecido desde anteayer, se estudia el vínculo entre su testimonio y los responsables de la represión ilegal durante la última dictadura militar.
Mientras tanto, y en un clima de tensión que crece con el correr de las horas, el presidente Néstor Kirchner está reunido desde poco después del mediodía con el gobernador bonarense, Felipe Solá, en la Casa Rosada para analizar la investigación.
Del encuentro también participan el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
Voceros oficiales dijeron que durante la audiencia se decidirá si el ministro del Interior recibe a un grupo de representantes de organismos de derechos humanos que desde el mediodía espera en la puerta de Balcarce 50.
Kirchner, que durante la mañana permaneció en la quinta de Olivos, llegó a la Casa Rosada en helióptero poco después del mediodía.
Secuestro y represión. Esta mañana, Arslanian había reconocido que una de las hipótesis que manejan los investigadores es la del posible vínculo entre la desaparición de Gerez y represores de la dictadura.
Además, afirmó que en su ministerio no se recibieron denuncias sobre las amenazas que el albañil recibió en los últimos tiempos y que fueron relatadas a LANACION.com por su mujer, Mirta Praino.
"Nosotros manejamos varias hipótesis. Dentro de ellas tenemos en consideración la calidad de testigo [de Gerez] y la índole de los intereses que puedan afectar y pueden ser afectados ex represores", aseguró Arlsanian en declaraciones a radio Del Plata.
El funcionario añadió que ese abanico de posibles implicados incluye "cualquier tipo de recurso policial que fue exonerado, separado de la fuerza o vinculado con la represión".
Arslanian ratificó esa línea de investigación en declaraciones a la prensa frente a la fiscalía de Escobar que investiga el caso, donde se presentó poco después de las 11.30.
“Nunca descartamos ninguna hipótesis. Y esto incluye tanto las vinculadas a la actividad de base que realiza Gerez como las que alcanzan a represores”, señaló.
Secuestro. Por otra parte, el funcionario afirmó que “desde un primer momento”, la desaparición de Gerez es investigada “desde la hipótesis del secuestro”, para lo que las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo previsto para esos casos, según indicó.
Arslanian añadió que aunque los casos “no se pueden vincular exactamente” no se descarta una conexión con la desaparición de Julio López, el testigo clave del juicio al represor Miguel Etchecolatz.
Gerez, que fue visto por última vez en la noche del miércoles cuando salió a hacer una compra en Escobar, había acusado a Patti de haberlo torturado en 1972 a los 16 años cuando fue detenido en esa localidad bonaerense.
El albañil, de 51 años, repitió su testimonio ante la Cámara de Diputados cuando se analizó la actuación de Patti como subcomisario de la seccional de Escobar, y se resolvió no dejar que jurara la banca que había obtenido en las elecciones legislativas.
Sin indicios. Desde la UFI 1 de Escobar, que centraliza la investigación sobre el paradero de Gerez, dijeron a LANACION.com que hasta ahora no hubo “ningún indicio firme” en la búsqueda.
La fiscal Paula Gallotti, que tiene a su cargo la pesquisa junto a la fiscal Andrea Palacios, informó a este medio que se están haciendo rastrillajes y allanamientos en Escobar y en las localidades bonaerenses aledañas. Precisó que la mayoría de los procedimientos, todos con resultado negativo, se decidieron a partir de datos aportados por personas que se comunicaron con el 911.
La fiscal reiteró el pedido para que quienes tengan información se comuniquen con el 911 o con el 0800-333-5502, la línea habilitada por el gobierno bonaerense.
Contra Patti. En tanto, desde el gobierno bonaerense apuntaron directamente a Patti. El vicejefe de Gabinete y líder de la agrupación piquetera MTD Evita-, en la que milita Gerez-, Emilio Pérsico, aseguró que si bien "no hay pruebas" de que el ex intendente de Escobar "tenga que ver" con la desaparición de Gerez, el ex policía "es uno de los principales sospechosos".
En este contexto, Pérsico aseguró que Patti "lo conoce al ´Negro´ [por Gerez]" y añadió: "Patti fue parte de lo que pasó en el pasado y es uno de los principales sospechosos".
Link permanente: http://www.lanacion.com.ar/871256
Crímenes de la Triple A: delitos de lesa humanidad
Página/12
El país del Miércoles/27-Dic-2006(7)|Hoy
EL JUEZ NORBERTO OYARBIDE DECLARO QUE LOS CRIMENES DE LA TRIPLE A FUERON DELITOS DE LESA HUMANIDAD
“Fueron la antesala del plan sistemático”
El magistrado, tal como anticipó Página/12, tomó esa decisión en la resolución con la que ratificó el pedido de “detención y extradición” contra Rodolfo Almirón, un ex jefe de la Triple A que vive en España. Esto permitirá juzgar todos los crímenes de la organización que lideró López Rega.
Por Irina Hauser
El juez federal Norberto Oyarbide estableció que los crímenes cometidos por la Triple A antes del golpe de Estado de 1976 deben ser considerados delitos de lesa humanidad, tal como anticipó Página/12. En la misma resolución ratificó el pedido de “detención y extradición” contra Rodolfo Eduardo Almirón, un ex jefe de esa organización terrorista de ultraderecha que fue descubierto en España por periodistas de un diario de ese país. Es la primera vez que la Justicia argentina establece que los ataques, secuestros y asesinatos que se sucedieron durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón son delitos que no prescriben y deben seguir bajo investigación. “Fueron la antesala e inicio del plan sistemático que desde el aparato del Estado se desarrolló” durante la última dictadura militar, afirmó el magistrado.
“La existencia de la Triple A y los distintos hechos cometidos por sus miembros obedecieron a circunstancias políticas, enmarcadas en cuestiones ideológicas y fue montada desde el aparato del Estado, bajo cuyo amparo y garantía de impunidad actuó la asociación”, dice la decisión de Oyarbide, a la que accedió este diario. También establece que desplegó “una práctica generalizada que de por sí constituyó una grave violación a los derechos humanos, justamente porque fueron implementados y llevados a cabo desde el Estado y por sujetos que respondían a ese poder”, añade.
El expediente judicial sobre los asesinatos de la Triple A se originó en 1975, pero casi nadie recordaba que existía hasta diez días atrás, cuando el diario español El Mundo reveló que Almirón, quien había sido guardaespaldas de Isabelita y José López Rega, vivía lo más tranquilo en la localidad de Torrente, a diez kilómetros de Valencia. El ex subcomisario, de 70 años, llegó a España aquel mismo año que se inició la investigación. El y su suegro, otro jefe de la custodia, Juan Ramón Morales, llegaron allí en comisión, de la mano de El Brujo, a esa altura radiado del poder.
En los tribunales porteños el único que advirtió hace un año que la causa estaba olvidada en una estantería fue el fiscal Eduardo Taiano, quien entonces hizo un pedido de reapertura y pidió que los homicidios de la Triple A fueran encuadrados como delitos de lesa humanidad, lo que obligaba a proseguir con la pesquisa. El juzgado reabrió el caso en febrero, pero recién ahora la puso realmente en marcha. La semana pasada el juez Julián Ercolini –quien subrogaba a Oyarbide, que tenía unos días de licencia– envió una notificación a Interpol para informar que existe un pedido de captura pendiente contra Almirón desde 1984 por asociación ilícita en concurso real con homicidio. También pedía cotejar que sea, en efecto, el hombre descubierto por los periodistas.
Con el hallazgo del represor, el Movimiento Argentinos en el Exterior reclamó el jueves último su detención al juez español Baltasar Garzón pero, teniendo en cuenta que el magistrado ha sido remiso a avanzar sobre hechos previos al golpe del ’76, alentó también su extradición a la Argentina. El organismo dejó en los tribunales españoles un dossier con pruebas contra Almirón.
El mismo material fue entregado ayer a Oyarbide por unos veinte representantes de organismos de derechos humanos. Quedaron impactados porque el juez los recibió a todos juntos. Durante el encuentro le pidieron que impulsara la captura internacional para juzgar al ex policía en Argentina y que los aceptara como querellantes (ver recuadro). A las pocas horas recibieron la noticia del pronunciamiento de Oyarbide, que permitirá juzgar los crímenes impunes de la organización que lideró López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social.
La resolución de Oyarbide, en la que trabajó también su secretario Jorge García Davini, repasa los inicios de la causa y subraya dos testimonios que permitieron reconstruir, en los años ochenta, la composición y el accionar de la Triple A. Uno fue el relato de un ex teniente del Ejército Salvador Horacio Paino, que había sido jefe de prensa y Relaciones Públicas de Bienestar Social. Contó que López Rega lo convocó en una oportunidad para hacerle saber que debía “organizar al personal para montar un dispositivo de seguridad eficaz” que debía distribuirse “en células” que no tuvieran contacto entre sí. También detalló la reunión donde surgió el nombre de la Alianza Anticomunista Argentina”. Paino estuvo preso por delitos comunes. Otro testimonio citado, pero de 1983, es el de Rodolfo Peregrino Fernández, un ex funcionario de Albano Harguindeguy que declaró ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos en Madrid y sumó precisiones sobre las “Tres A”.
Almirón, dice Oyarbide, fue señalado por aquellos y otros testimonios como “jefe operativo” de la organización terrorista y “se han recabado numerosos elementos probatorios que acreditan en principio la existencia de esta asociación ilícita” y que el ex subcomisario” se encontraba “entre sus miembros”, “así como la existencia de los delitos por ella cometidos y la intervención que en ellos le cupo al nombrado, sea de forma material e inmediata, sea como organizador o instigador de tales crímenes”.
En un tramo de las 12 páginas que firmó ayer, el juez recuerda que la Triple A debutó el 21 de noviembre de 1973 con un atentado a Hipólito Solari Yrigoyen, que en ese momento era senador nacional por la UCR. El entonces legislador, fundador del Movimiento Renovación y Cambio, había recibido una carta amenazante con la sigla “AAA”. Cuando intentó poner en marcha el motor de su Renault 6 estalló una bomba que le destrozó los pies. Tiempo después tuvo un segundo ataque, al que también sobrevivió, en su casa de Puerto Madryn.
“La Triple A fue una organización criminal gestada desde el propio Estado”, sentenció Oyarbide. Especificó, además, que “son objeto de investigación” los asesinatos de: el diputado Rodolfo Ortega Peña, que compartía estudio de abogados con el actual secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el abogado de presos políticos Alfredo Curutchet; el ex subcomisario de la policía bonaerense Julio Troxler; el profesor de sociología Silvio Frondizi, hermano del ex presidente Arturo Frondizi, y su yerno Luis Mendiburu; también el periodista Pedro Barraza y su amigo Carlos Laham. Todos estos crímenes, cometidos en 1974, fueron reivindicados por la organización que lideraba López Rega.
Al pedir el desarchivo, el fiscal Taiano señaló otros secuestros y desapariciones ligados a la Triple A, como los de Daniel Banfi, Luis Latrónica y Guillermo Jabif, así como el ataque sufrido por el ex rector de la UBA Raúl Laguzzi y su esposa, en el que murió su bebé de cuatro meses. La realidad es que son sólo un puñado de los cerca de 1500 crímenes que se estima que ejecutó la estructura parapolicial al mando de el Brujo, entre ellos el del sacerdote Carlos Mugica.
En el expediente también se destacan pruebas de “una reunión de gabinete que habría tenido lugar el 8 de agosto de 1974 en la residencia oficial de Olivos, presidida por María Estela Martínez de Perón, en la que, previa proyección de diapositivas con la imagen de quienes serían asesinados por supuestas responsabilidades en actividades subversivas, se habría determinado la eliminación de Julio Troxler”. Esto indica que el magistrado podría terminar citando a declarar a la propia Isabelita.
En la historia de esta causa el propio López Rega –que desde Bienestar Social dirigía, financiaba y proveía armamento a la Triple A– llegó a estar procesado. Pero recién en 1986 se logró su extradición desde Estados Unidos. El entonces fiscal Aníbal Ibarra pidió para él la pena de prisión perpetua, pero murió antes de recibir una condena. La fiscalía de Taiano, según pudo saber este diario, analiza ahora qué otros represores y ex funcionarios podrían ser imputados. Otro hombre clave de la Triple A, que también estuvo en España con López Rega, Miguel Angel Rovira, fue escrachado en 2001 por HIJOS cuando trabajaba como jefe de Seguridad de Metrovías.
Aparición con vida de López y Gerez. No a los genocidas de hoy y de ayer.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata expresa su profundo repudio y su preocupación por la reaparición de metodologías que la sociedad argentina creía desterradas para siempre.
La desaparición del compañero Luis Angel Gerez viene a sumarse a la de Jorge Julio López, a la gravísima agresión al militante de Venado Tuerto, Hector Bustos, a la interminable cadena de amenazas e intimidaciones a jueces, fiscales, abogados y militantes en el intento de detener la lucha por Verdad y Justicia.
Sin embargo, no es éste un episodio más, sino que viene a reafirmar la irrupción en el escenario social de siniestros actores vinculados a los aspectos más sangrientos de la dictadura cívico militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, así como a la nefasta Triple A.
No es casual que este hecho se haya producido cuando la justicia se decide a perseguir crímenes cometidos entre 1974 y 1975 como delitos de lesa humanidad.
Hemos dicho que los sectores más reaccionarios de nuestro país, con contactos dentro de las fuerzas armadas, de seguridad y de los servicios de inteligencia, están dispuestos a poner en juego todos sus recursos para conseguir un nuevo "punto final". Lo están haciendo.
La situación es grave y exige medidas firmes e inmediatas. Sólo la decisión política de seguir adelante con todos los juicios a genocidas, con la inversión de recursos necesarios, con la protección a los testigos, con el apartamiento de todos los uniformados o miembros de los servicios de inteligencia que hayan estado involucrados en la represión dictatorial o en hechos delictivos posteriores, garantizará que podamos seguir procurando la construcción colectiva de una sociedad democrática.
Desde los organismos de derechos humanos, la convocatoria sigue siendo apostar a la unidad y a la movilización para demostrar -como lo hacemos desde hace treinta años- que el pueblo en la calle es la única defensa real de nuestras conquistas.
MESA DIRECTIVA
La Plata, 28 de diciembre de 2006
Teléfonos de contacto:
Alicia Peralta 15-4096639
Marta Vedio 15-5891217
LUIS ANGEL GEREZ
Se solicita información sobre el paradero de Luis Angel Gerez comuniquese inmediatamente con el call center 911 o al 0800-333-5502.
Gerez tiene 51 años, es de tez trigueña, robusto, de 1,60 metros de estatura, cabello corto entrecano ondulado, ojos marrones y nariz chata.
Presenta como señas particulares un lunar blanco en el cuello y un tatuaje azul en forma de corazón con el nombre de la madre.
Vestía pantalón beige y remera roja manchada con pintura, ya que trabaja como albañil.
Desapareció alrededor de las 20.30 de ayer miércoles 27 en Escobar.
Gerez es un ex militante de la JP en la década de los ’70 que denunció que fue torturado por Patti en una comisaría de Escobar en 1972, acusación que confirmó ante una comisión parlamentaria que analizaba si el ex intendente podía asumir en su banca de diputado.
Diciembre 28, 2006
Detienen en Valencia al ex dirigente de la Triple A argentina Almirón Sena
ELMUNDO.ES | EFE
MADRID.- La Policía Nacional ha detenido en la localidad valenciana de Torrent al ex policía argentino y supuesto dirigente de la organización ultraderechista Triple A Rodolfo Eduardo Almirón Sena, reclamado en su país por un doble homicidio.
Según informó la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, el arresto se produjo horas después de que se tramitara a través de la Interpol la orden internacional de detención con fines de extradición cursada por un Juzgado argentino el pasado día 20.
Almirón Sena, de 70 años de edad y jubilado de hostelería, fue localizado por EL MUNDO en Torrent, donde vive junto a su segunda esposa.
El miembro de la Triple A fue detenido por la Policía sobre las 15:30 horas en uno de los lugares que solía frecuentar en Torrent y será puesto a disposición de la Audiencia Nacional para que tramite su extradición.
Para actualizar la orden de detención, el juez federal de Buenos Aires, Norberto Oyarbide, dictó el martes un auto en el cual declara los crímenes atribuidos a Almirón y a la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) como de "lesa humanidad" y, por tanto, imprescriptibles.
Almirón Sena está imputado por presunta "asociación ilícita en concurso real con homicidio doblemente agravado en hechos reiterados" por cuatro asesinatos políticos cometidos en 1974: los del diputado nacional Rodolfo Ortega Peña; el ex jefe de la Policía bonaerense Julio Tomás Troxler; el profesor universitario Silvio Frondizi y su yerno Luis Ángel Mendiburu.
Vinculación de Isabel Martínez de Perón
El miércoles, el juez Oyarbide adelantó, además, que "no se descarta la convocatoria de Isabel Martínez de Perón" a declarar en la causa por la que se investigan entre 800 y 1.000 crímenes perpetrados durante su gobierno por la paraestatal Triple A. El caso de Almirón Sena podría, por tanto, acabar llevando ante la Justicia a la propia ex presidenta de Argentina María Estela Martínez, viuda de Perón y más conocida como Isabel, su apodo de ex bailarina.
La viuda de Perón vive, desde 1980, en Madrid, mantiene relaciones estrechas con la familia Franco y, de vez en cuando, se deja ver por Marbella.
La Triple A fue una banda terrorista creada en el seno del Gobierno por el ministro de Bienestar Social, José López Rega, a su vez secretario de la presidenta Martínez, viuda de Perón, para eliminar al ala izquierdista del peronismo, encarnada en la Juventud Peronista y la organización guerrillera Montoneros.
Almirón Sena había sido exonerado de la Policía Federal por presunta connivencia con delincuentes, pero en 1973 López Rega lo reincorporó a la fuerza junto a su suegro, el comisario José Ramón Morales, y asignó a ambos tareas de custodia suya y de la presidenta Isabel Perón.
La Triple A debutó mediante con un atentado con bomba contra el entonces senador radical Hipólito Solari. A partir de ahí, ejecutó entre 800 y 1.000 atentados contra miembros de la oposición política y la guerrilla, además de perpetrar amenazas a intelectuales y artistas.
A mediados de 1975, en medio de protestas populares por el plan económico denominado Rodrigazo, López Rega abandonó el Gobierno y fue enviado por Isabel a España con el rango de embajador plenipotenciario, junto a Morales y Almirón.
Almirón fue localizado en 1983 cuando trabajaba en la seguridad de Manuel Fraga, entonces líder de Alianza Popular. El descubrimiento suscitó un escándalo y Almirón Sena dejó su trabajo en el partido. Hace apenas unos días, EL MUNDO lo reencontró viviendo en un piso subsidiado de la Comunidad Valenciana.
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/12/28/internacional/1167325991.html
Desaparición de Luis Gerez
Otra vez esa palabra, DESAPARECIDO
(AW) Luis Gerez, un albañil de 50 años, quien con su testimonio ayudó a que Luis Abelardo Patti no ocupe su banca en el Congreso nacional, está desaparecido desde el martes por la noche. En Belén de Escobar, su ciudad, nadie sabe nada sobre su paradero. Distintas fuentes indican que la búsqueda, que comenzó ayer, se intensificó durante esta tarde.
Escobar, Buenos Aires, 28 de diciembre de 2006 (Aldo Ferrante, Agencia Walsh). La situación política en el país se agrava irremediablemente. Otro caso de desaparición sale a la luz. Y otra vez, como con Jorge Julio López, un testigo clave es la víctima. Luis Gerez, un albañil santiagueño de 50 años, que este año dio su testimonio en el Congreso para que el ex comisario no asumiera su banca, salió de su casa el martes alrededor de las 20.00 horas para realizar compras y no volvió.
Gerez, en su testimonio, dijo que a los 17 años cayó preso y reconoció, con los ojos vendados, la voz de Patti mientras lo torturaban en la comisaría, atado a una cama.
El ex secretario general del gremio de los trabajadores rurales, el peronista Orlando Ubiedo, otro de los denunciantes en el caso del ex diputado por el PAUFE, contó para Radio Mitre que "a las 8 de la noche fue a la carnicería a buscar carne o pollo a la carnicería y no volvió más. Lo está buscando todo el mundo".
La denuncia por el paradero de Gerez fue radicada en la Comisaría 1º de Escobar. Hoy por la tarde se había intensificado la búsqueda del albañil. Se espera para esta noche alrededor de las 20.00, en el distrito, una conferencia de prensa que oficialice la situación definitivamente.
El aparato represivo que el estado democrático aún sostiene, incluye en sus filas a 6.000 represores de la última dictadura militar. Están ahí, trabajando, no tienen 70 años, no están retirados. Están vivitos y coleando, rearmándose con una impunidad notable muy a pesar del “gobierno de los Derechos Humanos”. Un gobierno incapaz siquiera de proponer una búsqueda seria de Jorge Julio López, a quien hoy se le suma como estigma, Luis Gerez. ¡ Que aparezcan con vida ya !
Fuentes: Clarín, Agencia NA, Frente Docente Almafuerte, Indymedia.
Desapareció Luis Jerez: el Movimiento Evita convoca a una conferencia de prensa
El Movimiento Evita expresa su preocupación ante la desaparición de nuestro compañero Luis Jerez. Luis es un militante en el Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires, del Espacio Pensar Escobar, cuyo referente es la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez, perteneciente a nuestro Movimiento. El compañero Jerez, que trabaja como albañil, reconoció como su torturador al Comisario Luis Abelardo Patti, constituyéndose como uno de los principales testigos en el juicio que le impidiera al represor asumir su banca como Diputado. En el día de ayer, 27 de diciembre, cuando se disponía a cenar junto a unos compañeros, salió comprar comida y no volvió al regresar.
Esta noche a las 20hs, en la calle 25 de Mayo esquina Independencia, Localidad de Escobar, se realizará una conferencia de prensa, de la que participarán sus familiares, sus compañeros y contará con de dirigentes políticos y sociales de la Provincia de Buenos Aires. Concientes de que la indiferencia es cómplice de la impunidad y que los derechos humanos se han transformado en una Política de Estado a partir de la asunción del Presidente Kirchner, llamamos a toda la ciudadanía a estar alerta ante este caso que se suma al del compañero Julio López.
Emilio Pérsico, Secretario General, 0221-154639429
Santiago Martorelli, Secretario de Organización, 011156152037
Clarín:
Informarán oficialmente esta tarde sobre la búsqueda de un testigo que denunció a Patti por torturas
El secretario de Derechos Humanos bonaerense dará a las 19.30 una conferencia de prensa sobre Luis Gerez. El albañil, de 50 años, fue visto por última vez ayer a las 20, cuando salió a comprar carne. Este año había declarado en el Congreso para que el ex comisario no asumiera su banca. Y luego denunció que lo habían amenazado.
Hay preocupación en Escobar por un hombre del que se desconoce su paradero desde ayer a las 20 y prestó su testimonio para que el ex comisario Luis Patti no asumiera su banca a comienzos de este año. A las 19.30, el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Edgardo Binstock dará una conferencia de prensa en la que informará sobre la búsqueda del testigo.
Se trata de Luis Gerez, un albañil de 50 años que vive en la localidad de Belén en Escobar. Cuando en la Cámara baja el oficialismo, con el apoyo de otras bancadas, buscó impedir la asunción de Patti, diputado electo por el Paufe, Gerez dijo que cuando tenía 16 años cayó preso y reconoció con los ojos vendados la voz de Patti mientras lo torturaban en una comisaría de Escobar, atado a una cama.
En diálogo con radio Mitre, el ex secretario general del gremio de los trabajadores rurales, el peronista Orlando Ubiedo, otro de los denunciantes en el caso Patti contó: "A las 8 de la noche fue a la carnicería a buscar carne o pollo y no volvió más. Lo está buscando todo el mundo".
Hace poco más de un mes, Gerez denunció que había recibido amenazas, las mismas fueron difundidas cuando participó de un acto en la sala "José Luis Cabezas" de la Cámara Baja, donde junto a otras víctimas de violaciones a los derechos humanos pidieron por la aparición con vida de "Jorge Julio López", testigo clave del juicio a Etchecolatz.
El albañil contó que en tres oportunidades le fueron cortadas las cuatro cubiertas de su auto, que además fue interceptado por un desconocido que le dio datos precisos de sus movimientos y los de su familia. También aseguró que otro desconocido le mostró un arma de fuego desde un vehículo mientras conducía a la altura del kilómetro 42 de la Panamericana.
La denuncia por el paradero de Gerez fue realizada en la comisaría primera de Escobar. En tanto, fuentes bonaerenses confirmaron que la conferencia de prensa de esta tarde será en un local de la corriente kirchnerista Hacer por Buenos Aires, ubicada en 25 de mayo 1326, de esa localidad.
Junto al secretario de Derechos Humanos provincial participarán: Emilio Pérsico, vicejefe de gabinete de la provincia, organizaciones de derechos humanos, sindicales, el CELS y familiares de Gerez.
Patti tiene su propio legajo en el informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep). Su actuación más cuestionada fue durante la dictadura. Sus procedimientos lo llevaron a la cárcel en 1990, pero esa causa no tuvo condena: prescribió. Actualmente está procesado por presunto encubrimiento de dos represores militares.
El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos suma su consternación y repudio ante la desaparición de Luis Geréz. Este hecho sumado al secuestro y tortura que sufriera Héctor Darío Bustos en Venado Tuerto, Santa Fe, marcado con una esvástica en su pecho, amenazas y golpizas a diferentes luchadores sociales, y por supuesto la desaparición del compañero Jorge Julio López, sobre el cual no se tiene ni el mas mínimo indicio del hecho y en circunstancias similares a Geréz, nos indican claramente la continuidad del aparato represivo que actuó antes y durante la dictadura.
Desde el CeProDH exigimos la inmediata aparición con vida de Luis Jerez, Julio López y proponemos la coordinación contra la impunidad y la represión, haciendo posible que las organizaciones de derechos humanos, de trabajadores, estudiantiles, nos convoquemos en una Asamblea Nacional de lucha contra la impunidad para responder en forma unitaria al accionar y las provocaciones de los grupos de tareas.
28/12/06
Jorge Sobrado-Leonardo Norniella-Rubén Tripi
CeProDH
Zona Norte
Diciembre 13, 2006
El Plan Cóndor, la temible DINA y la alianza de las dictaduras
Natasha Niebieskikwiat. CLARIN. ARGENTINA. 11 DE DICIEMBRE DE 2006.
Fueron el operativo y el brazo ejecutor para "combatir el marxismo en todo el mundo".
En los meses que siguieron a su detención en Londres, en octubre de 1998, Augusto Pinochet tejió sus horas de ocio mirando por televisión satelital los canales de Chile. Veía películas en video y aprendió a navegar por Internet. Siendo ya un anciano, el ex dictador le enviaba e-mails a sus amigos —según le contó al diario británico The Daily Telegraph—, bajo la dirección de "Cóndor". Se trataba de un simbólico nombre que recordaba premeditadamente la "Operación Cóndor", una corporación sudamericana de la represión. Ese plan unió a la cúpulas dictatoriales de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia en los años 70 para perseguir y eliminar a presuntos "terroristas", opositores de izquierda y disidentes.
El plan para "combatir el marxismo en todo el mundo" tuvo epicentro en Chile bajo su mano ejecutora, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) e incluyó a la Triple A y a la SIDE argentinas. También al resto de la inteligencia regional, a cubanos anticastristas y a los ultraderechistas del italiano Stefano Delle Chiaie.
Si hay un símbolo de los años de plomo de la dictadura chilena ese es la DINA, creada por Pinochet en 1973, dos meses después del derrocamiento de Salvador Allende. Al frente puso a un general, Manuel Contreras, a quien conocía desde 1944, desde su inicio como soldado en la Escuela Militar.
Quizás alguna histórica decisión oficial revele cuál fue la participación que tuvieron en el operativo —y en la serie de golpes militares— los servicios de EE.UU. Siguiendo a la periodista Stella Calloni en su libro "Los años del Lobo", hay que remitirse a la CIA y el FBI, en cuyas "inmensas oficinas" tuvo "origen" la Operación Cóndor.
Periodistas estadounidenses que investigaron a la "multinacional del crimen" desde su época de mayor actividad (entre 1976 y 1980), indican que, si bien su modelo tiene similitudes con la represión ejecutada en Vietnam y otras regiones asiáticas, fue imaginada tras la revolución cubana de 1959. Su bautismo tuvo lugar en 1960, durante la primera Conferencia de Ejércitos Americanos en Fuerte Amador (Panamá) como parte de la Guerra Fría, pero se puso en funcionamiento con la irrupción de las dictaduras sudamericanas.
En la lista de personalidades devoradas por el Cóndor figuran el general Carlos Prats y el ex canciller Orlando Letelier, funcionarios del gobierno socialista de Salvador Allende. Al primero lo mató una bomba en Buenos Aires en 1974, al segundo, otra, en Washington, en 1976.
Sin condena, pero repudiado por la opinión pública
Manuel A. Garretón ESPECIAL PARA CLARIN.
Quizá lo único a lamentar en la muerte, en el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de uno de los más grandes criminales militares y políticos de la historia de América latina, es que dicha muerte haya llegado antes de las condenas que lo hubieran confinado a morir en la cárcel, antes que se haya completado la verdad y que se haya hecho justicia. Al menos, muere procesado por la Justicia chilena, en prisión domiciliaria apenas levantada por su estado de salud, tanto por sus crímenes de lesa humanidad como por sus robos al Estado de Chile y condenado unánimemente por la opinión pública y las autoridades de todo el mundo. De modo que no pasa a la historia impunemente, aunque muy lejos de recibir todos los castigos que merecía.
No sólo Augusto Pinochet escribió la peor página de la historia de Chile y no sólo se manchó las manos y manchó a las Fuerzas Armadas con la sangre de miles de sus compatriotas. Destruyó las vidas de varias generaciones de chilenos y dejó al país marcado con el sello de la división quién sabe por cuántas décadas. En los pocos casos que sus partidarios reconocieron algunos "excesos", se les justificó o compensó con la gran mentira que había emprendido un proceso de modernización de Chile.
Todos y cada uno de los indicadores muestran exactamente lo contrario: bajo la dictadura de Pinochet, el país alcanzó los más bajos niveles de desarrollo y los más altos de pobreza, desempleo, desigualdad y corrupción y todas las instituciones que se habían difícilmente conquistado en las décadas antes del golpe militar de 1973 fueron desmanteladas a sangre y fuego. El país ha vuelto a modernizarse y democratizarse sólo después del término de la dictadura.
Una lección, una aprensión y una esperanza abiertas por esta muerte. La lección es que la justicia respecto de los crímenes de lesa humanidad debe hacerse con la mayor celeridad y nunca esperando que el tiempo los cubra con la implícita aceptación u olvido, porque se puede así consagrar una impunidad irreversible que dañaría para siempre el futuro de una sociedad.
La aprensión viene del hecho de que las Fuerzas Armadas chilenas, con ocasión de los treinta años del golpe militar, hicieron su mea culpa y se apartaron de su identificación con la época y obra del dictador. Pudieron así empezar un camino de reencuentro con un pueblo del cual fueron sus verdugos. Es de esperar que los gestos simbólicos que se hagan con ocasión de la muerte del dictador, quien si bien fue nombrado Comandante en Jefe del Ejército traicionó y denigró el honor de las instituciones que juró respetar, no las aparten de este camino.
La esperanza, muerto Pinochet, es, por un lado, que la historia que se enseñe a las nuevas generaciones lo saque de las figuras oficiales y lo muestre en todo su horror. En ello, el gobierno, el Parlamento y las instituciones espirituales e intelectuales tienen la responsabilidad mayor. Por otro lado, que instituciones como el Poder Judicial y actores como la derecha chilena, rompan su vinculación con la figura y acciones del dictador y cumplan, aunque tardíamente, su papel de instituciones y actores democráticos.
_________________________________________________
Diciembre 12, 2006
Chile: : FIESTA- a celebrar la muerte del tirano
¡¡¡ Verdad, Memoria y Justicia !!!
Combativos y alegres contra la impunidad, a celebrar la partida del tirano.
La Lucha Continua, por Verdad ,Memoria y Justicia .
Nos juntamos en Dominica 129 (entre Loreto y Bombero Nuñez
Desde las 20 hrs.
A Bailar , tomar y comer
Entrada solo $ 1000
Colectivo de Familiares y amigos de Los 119
To: "Colectivo de Familiares y Amigos de Los 119"
Subject: FIESTA- a celebrar la muerte del tirano
¡¡¡ Verdad, Memoria y Justicia !!!
Combativos y alegres contra la impunidad, a celebrar la partida del tirano.
La Lucha Continua, por Verdad ,Memoria y Justicia .
Nos juntamos en Dominica 129 (entre Loreto y Bombero Nuñez
Desde las 20 hrs.
A Bailar , tomar y comer
Entrada solo $ 1000
Colectivo de Familiares y amigos de Los 119
Content-Type: image/gif; name=fiesta119.gif
X-Attachment-Id: f_evmodt0y
Content-Disposition: attachment; filename="fiesta119.gif"
fiesta1192.gif
Content-Type: image/jpeg; name="plano de ubicacion.jpg"
X-Attachment-Id: f_evmoe29u
Content-Disposition: attachment; filename="plano de ubicacion.jpg"
plano de ubicacion4.jpg
Pedido de Información sobre Roberto Bonín
Soy hermana de un desaparecido y hasta el día de hoy me pregunto dónde está. No quiero pensar que no está vivo. Con la ilusión de volver a verlo me gustaría saber por alguien que fue de su vida, si alguien lo conoció por favor que me escriba. Soy de Federación, Entre Ríos, Argentina. El nombre de él es Roberto Bonín, le decían “el Negro”. También me gustaría saber algo de una amiga que él tenía, le decían “la Petisa”, tenía un nene que no sé si era de ella o de un amigo. En el 77 tendría unos 12 años, se llamaba Pablo, nosotros le decíamos Pablito. Si alguien sabe algo por favor que me escriban.
Diciembre 10, 2006
Felicidades a todos
en este día de los derechos humanos universales.
Hoy también tuvimos la noticia de que Pinochet se murió, y yo que no creo en la providencia divina!
Diciembre 8, 2006
MEMORIA HISTORICA Y RESTITUCION DE LA DIGNIDAD
Entrevista a Francisco Etxeberría Gabilondo, último galardonado del 'Premio Gipuzkoa de Derechos Humanos'
"Quienes dicen que recuperar la Memoria Histórica es reabrir heridas tienen complejo de culpabilidad y no saben de lo que hablan"
Francisco Etxeberría es profesor de Medicina Legal de la Universidad del País Vasco así como investigador de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Es una de esas personas cuya actividad profesional pasa desapercibida para la mayor parte de los ciudadanos de a pie, pero cuya trascendencia le ha llevado a recibir este año el premio Gipuzkoa Derechos Humanos que el jurado concedió por su “especial dedicación y denodados esfuerzos en la restitución de la dignidad de todas aquellas personas que vieron sus vidas trágicamente segadas por el Franquismo”.
Antes de nada, Francisco, gracias por atender a enCiezaDigital ya que dedicarnos un poco de su tiempo es todo un detalle por su parte.
- Estamos en el año de la Memoria Histórica y quizás por ello su trabajo ha trascendido más a la opinión pública, pero en realidad ¿desde cuándo viene aplicando sus conocimientos en medicina legal y forense en la exhumación de personas asesinadas por el régimen franquista?
Mi implicación personal parte del año 2000 con motivo de la primera fosa investiga con metodología actualizada, esto es con un equipo multidisciplinar en Priaranza del Bierzo en León. En aquella ocasión quedamos impresionados al saber la historia concreta de los fusilados ya que eran trece civiles completamente ajenos a los acontecimientos de la Guerra Civil española. Eran republicanos que fueron asesinados al comienzo de la guerra sin control judicial alguno. Además, durante la exhumación, nos visitó una persona que fue quien los había enterrado. De este modo, la historia era concreta y próxima y los esqueletos tenían una identidad que nos resultaba tan familiar que parecía que todo aquello era un aparte de nuestra propia historia. Así, todos los miembros del equipo de investigación, quedamos comprometidos a seguir ayudando a las familias que nos lo pidieran. Luego han sido numerosos los lugares en donde hemos intervenido y los ejemplos son todos igualmente impresionantes. Este año exhumamos una fosa tras recibir una carta anónima de una de las personas que intervino en el piquete de fusilamiento. En su escrito dice que aquello fue muy injusto y que hay que hacer algo por reconocerlo públicamente ante las familias. Y así lo hicimos con la implicación de las autoridades en Ciudad Real.
- Suponemos que los resultados de sus investigaciones tienen un sabor agridulce: de un lado por la identificación, en algunos casos, de personas que llevan años sepultadas en fosas comunes lo cual sosiega el dolor de sus familiares vivos; de otro lado el contacto permanente con la tragedia. ¿Cómo se conjugan esos sentimientos tan contrapuestos?
Para un médico forense eso forma parte de la rutina. No así para otros miembros del equipo que en ocasiones no pueden contener las lágrimas cuando los familiares nos relatan, a pie de fosa, sus trágicas historias en las que el olvido impuesto por la dictadura franquista supone una doble victimación. Cada asunto en los que hemos intervenido daría para un guión cinematográfico o una novela. De este modo todos hemos aprendido que el sufrimiento lo padecieron los vivos cuyas vidas fueron condicionadas por esos asesinatos. Salir adelante sin el reconocimiento público y social con un drama vivido en la intimidad, es una crueldad que los políticos actuales pueden enmendar si desde su legitimidad democrática impulsan actos de recuerdo y homenaje a las víctimas provocadas precisamente por quienes rompieron la legalidad constitucional de la II República. Para nosotros, desde una posición técnica, es una gran satisfacción poder ayudar a estas familias y contribuir a generar información. Tras la información vendrá el reconocimiento. En toda la legislación al respecto se señalan tres pasos: verdad, justicia y reparación.
- Explíquenos brevemente cuál es el protocolo de exhumación de cadáveres en fosas comunes, puesto que nos imaginamos que se trata de una labor con un alto nivel multidisciplinar.
Las exhumaciones son una parte de lo que llamamos Recuperación de la Memoria Histórica. Son una parte importante, pero no la más importante. Para conocer la verdad de las injusticias de aquella guerra también se pueden y se realizan otras acciones. De este modo, la exhumación es el tercer paso de una secuencia que comienza con mucho tiempo de antelación al recoger testimonios orales, en primer lugar, y luego al investigar la documentación que pueda existir en archivos. Aunque parezca mentira, hay mucha más documentación de lo que se había creído hasta ahora. Por ejemplo, al referirnos a las mujeres condenadas a prisión por el franquismo, sus expedientes penitenciarios se conservan todos. El problema es localizarlos, pero cuando aparecen, te impresiona ver la prolija documentación que acredita muchos detalles que parecían leyenda… Incluso antes de la exhumación es totalmente necesario realizar los correspondientes informes técnicos en los que hay que posicionarse sobre la viabilidad o no de llevar a cabo los trabajos arqueológicos. Es decir, en ocasiones las exhumaciones son inviables por dificultades técnicas (fosas que estaban en la cuneta y hoy se encuentran bajo el asfalto, transformaciones del terreno por obras civiles, reutilizaciones en los cementerios, etc). Algunas veces hemos tardado más tiempo buscando la fosa, que luego en la excavación. Llegado el momento concreto, y tras pedir los correspondientes permisos a las autoridades, planteamos la exhumación que es la parte más mediática de este asunto. En ella intervienen técnicos de diferentes disciplinas. Se trata de una exhumación que emplea la metodología arqueológica y en ella también hay lugar para los historiadores, los antropólogos culturales, los psicólogos, … y además para los estudiantes universitarios que cuando vienen la primera vez quedan totalmente comprometidos con esta causa. En cuarto paso es el estudio de laboratorio. Y todo ello con el debate previo de los familiares a los que hay que preguntar qué es lo que quieren hacer verdaderamente.
- Sabemos de su participación en Olmedillo de Roa, en Vadacondes los dos en la provincia de Burgos, en la fosa de Valdediós en Asturias... ¿en cuántas otras investigaciones ha participado y cuál es el total de personas identificadas?
Hasta el presente se han exhumados, por diferentes equipos y de este modo, unas 500 personas. El número de fosas supera las 50 y en la mayoría los cuerpos han quedado identificados. Esta tarea no es complicada si en la fosa hay un número reducido de enterramientos, 2, 3 o 7 o 8. Pero es realmente imposible si hablamos de 50 o 60 o más. Muchas veces es así ya que no se sabe con seguridad la identidad de las personas que se encuentran en esas fosas tan grandes. Es verdad que hay familias que nos han dicho que todos los que se encuentran en una determinada fosa “son su padre” en el sentido de que todos compartieron la misma suerte. Si como ocurre en muchos casos, los cuerpos se sacan de una fosa olvidada en un lugar recóndito del monte, y se trasladan a un lugar público todos juntos, la absoluta identificación individual no tiene tanta importancia. Ahora bien si cada familia quiere su cuerpo concreto, el trabajo de laboratorio es más complejo y se requieren pruebas de ADN para garantizar la identificación. En cualquier caso, todo es muy simbólico. Este verano hemos investigado una fosa que ha sido destruida completamente al colocar un poste eléctrico sobre ella y desconocer de su existencia. Los restos recuperados son esquirlas de hueso cuyo estado de conservación impide cualquier análisis.
- Existe un baile de cifras sobre el número de personas que pueden estar enterradas en fosas comunes a lo largo de todo el Estado, hay quien habla de 30.000 y otros que llegan a 90.000. ¿Alguna vez se logrará saber la cifra exacta y exhumar a todos los represaliados?
Entre esas cifras se mezcla el número de fusilados-desaparecidos y los que realmente pueden quedar sin recuperar hasta la fecha. Es decir, los fusilados fueron hasta unos 90.000, pero otra cosa es que sean los que quedan enterrados en fosas y que además sean viables y que además sean los que quieren ser exhumados por las familias. Yo tengo mi propio cálculo que es el siguiente: en realidad se van a poder exhumar el 10 al 15% de los totales. Esto obedece a muchas razones y entre ellas, que muchos de los fusilados fueron enterrados en cementerios en los que las reutilizaciones posteriores no han permitido su conservación hasta nuestros días. En una ocasión, al preguntar a una familia por las razones que alegaba para pedir la exhumación dijo lo siguiente: “Aunque solo sea por no dejar el cuerpo en el lugar en donde fue abandonado por sus asesinos, pedimos la exhumación. Luego ya veremos lo que queremos hacer con los restos. Es nuestro derecho”. La respuesta, en cualquier caso, es competencia de los profesores de historia contemporánea. No tengo duda de que durante los próximos años se van a realizar muchas investigaciones en este sentido que van a tratar sobre la “historia menor” de la Guerra Civil. Los grandes trazos de aquella guerra ya son suficientemente conocidos.
- Suponemos que el trabajo de investigación e identificación es cada vez más complicado ya que tal y como pasa el tiempo los testimonios directos de personas que conocieron la ubicación de las fosas van muriendo. ¿Es ese un problema real o existen otras fuentes de dónde obtener información veraz?. En ese sentido, ¿vamos contrarreloj?
En efecto, las fuentes orales son fundamentales para la buena consecución de estas investigaciones. Y el problema con ello es que estamos ante la última oportunidad de recoger testimonios de los verdaderazos protagonistas de esta historia. Así, por ejemplo, de todas las exhumaciones en las que hemos intervenido, hemos conocido a una sola mujer que era viuda de uno de los asesinados. A pesar de su edad, sus palabras al pie de la fosa durante la exhumación fueron de una fuerza tremenda. En silencio absoluto y la emoción en todos los asistentes. Por ello, los testimonios de los represaliados durante la guerra y la dictadura posterior son una parte importante de la Memoria Histórica. Tengo un amigo médico que hace un mes me llamó llorando ya que su madre en grave estado de salud le dijo que mirara en un armario de casa y buscara unas cartas. Su sorpresa fue enorme a descubrir que eran unas cartas de su abuelo enviadas desde la cárcel de Vitoria unos días antes de su fusilamiento y desaparición. Su nieto, es decir, mi amigo, ignoraba completamente que su abuelo hubiera muerto de ese modo. Esta situación se explica si tenemos en cuenta que tras la guerra hubo una dictadura y todos nuestros padres no quisieron contarnos sus tragedias con el fin de “protegernos”. ¿Protegernos de qué? Del franquismo.
- Al margen del interés puramente profesional, ¿qué motivación le lleva a entregarse a esta labor.
Quienes me conocen no se sorprende de que yo participe en estas tareas. La línea principal de mis investigaciones la he dedicado al estudio de restos humanos de infinidad de procedencias, prehistóricos, históricos, actuales,… Si como hace unos años estudiamos los muertos de la Guerra de la Independencia en España de principios del siglo XIX, en el contexto de las guerras napoleónicas, ¿por qué no vamos a estudiar los ejemplos de la Guarra Civil de mediados del siglo XX? ¿Qué lo impide?. Es nuestra propia historia a la que miramos con un sentido crítico y legítimo desde una situación democrática y desde el siglo XXI. En cualquier caso, nosotros no debemos ser los protagonistas de esta historia. Los protagonistas son las víctimas y toda aquella generación a la que representan.
- ¿Qué opinión le merecen aquellos que piensan que recuperar la Memoria Histórica es remover algo que ya ha pasado y que hay que dejar en el olvido?
Les comprendo. Yo creo que tienen problema. No lo saben, pero tienen un problema que es su problema. Los demás no lo tenemos. Y en cualquier caso, todos compartimos en complejo de culpabilidad al tratar sobre “los olvidados” de la guerra. Lo que he dicho alguna vez “las víctimas olvidadas”. Este complejo es individual y colectivo. Lo tienen las personas, los partidos políticos, la sociedad española en general, … Quienes dicen que se reabren las heridas no saben de lo que hablan. En realidad ocurre exactamente lo contrario y en cualquier caso, no escondemos que se trata de una crítica a nuestra propia historia. Y con ello podemos lanzar un mensaje pedagógico: no a las guerras, a ninguna guerra. En todas ellas se vulneran derechos fundamentales se vulneran derechos humanos, se producen injustitas constantes. No queremos las guerras. Reflexionar sobre “nuestra guerra” no es inoportuno cuando vemos las que existen en otros lugares del mundo.
- Sabemos que su trabajo le ha llevado más allá de nuestras fronteras, de hecho se encuentra usted ahora mismo en Chile. ¿Qué diferencias sustanciales encuentra en la actitud de la ciudadanía, en general, de los países sudamericanos que también cuentan por miles sus desaparecidos y la del Estado Español?
El ejemplo de Chile se parece al español en la sorprendente coincidencia de la maquinaria represiva a partir de primer minuto de la sublevación militar (en España) y del golpe de estado militar (en Chile). Te impresiona saber que al día siguiente del golpe de estado de Pinochet en 1973 en Chile, todas las unidades militares tenían ya el mismo sistema de tortura eléctrica con sus correspondientes aparatos para llevarla a cabo. En cualquier caso, la diferencia es que en España la dictadura posterior representó el tiempo de toda una generación. Es decir, hay personas que vivieron su vida entera en un régimen dictatorial. La otra diferencia que veo es que el derecho internacional humanitario dimana de las resoluciones de Naciones Unidas a partir de 1946 y es sorprendente que en un país como Chile con una cultura democrática y una formalidad de sus instituciones públicas, se produzca una involución tan grande en un instante. Un instante en el que se pierden todos los derechos que la sociedad ha logrado alcanzar a lo largo de una larga historia.
- Hablando de Chile, ¿cuéntenos cuál es su trabajo ahora en aquel país?
Formo parte de una Comisión de Expertos que ha puesto en marcha la Comisión de Derechos Humanos del Gobierno de Chile con el fin de valorar lo realizado hasta la fecha y orientar el futuro de las investigaciones de los detenidos-desaparecidos de la Dictadura de Pinochet. Todo ello teniendo en cuenta que se ha suscitado un problema con algunos errores de identificación de los cuerpos que fueron autopsiados en 1973 para ser enterrados ilegalmente y sin que lo supieran sus familias. Cuando en 1991 se procedió a la recuperación de los esqueletos y a identificarlos, se cometieron errores y el servicio Médico Legal entró en crisis. Las autoridades judiciales quieren tener una opinión experta y para ello estamos revisando toda la información que se ha generado que es inmensa y una oportunidad para ver de cerca los horrores de las dictaduras militares que afectaron a otros tantos países latinoamericanos en aquellos años. Nuestra opinión va atener una trascendencia jurídica y para ello hemos sido autorizados a consultar todas las fuentes originales entre las que hay documentos, fotografías, videos, etc.
- Cuando identifica una persona asesinada, en general, ¿qué reacción tienen sus familiares?.¿es acaso alivio, tristeza...?
Es una mezcla entre el alivio y la tristeza. Al liberarse la angustia de la incertidumbre, se produce un alivio. Pero la tristeza viene unida ya que es la confirmación absoluta de aquello que se sabía con más o menos seguridad. Un desaparecido siempre ronda la mente de sus allegados (qué habría ocurrido, cómo sería su final, …). Un muerte exige un duelo que puede durar un tiempo, pero estamos preparados para ello. La vida nos prepara para superar el duelo de un fallecido, pero no el de un desaparecido…
- Suponemos que una profesión como la suya requiere una dosis de objetividad alta y de un grado de, llamémosle, “impermeabilidad sentimental”. Sin embargo nadie es de piedra. De todas las investigaciones que ha llevado a cabo ¿cuál es la que más le ha impactado desde el punto de vista personal?
En esta profesión debemos imparciales pero no neutrales. Y esto en realidad sirve para todas las profesiones. No podemos ser neutrales ante el sufrimiento o las injusticias. Sentimentalmente te afectan los casos de las personas vivas que sufre cuando son objeto de alguna injusticia. Sobre todo si tienes la cualidad de la empatía. La empatía te hace comprensible un conflicto ya que te puedes poner en el papel del “otro”. Eso no sirve para justificar las cosas, sino para comprenderlas. Buena parte de los conflictos que no se resuelven se debe a que sencillamente no se comprenden “sus razones”. Al final te quedas con la frase de Ortega que decía “lo que sabemos entre todos no lo sabe nadie”. En el fondo eso también significa que todos tenemos algo de razón. Lo que me impacta de todo esto es la visión de castigo que tenemos por circunstancias culturales y religiosas. El castigo como método en las relaciones humanas. Castigamos “al otro” con suma frecuencia y en pequeños detalles de nuestra vida diaria.
- En cuanto a la financiación, ¿las administraciones están poniendo los recursos necesarios para la investigación y exhumación de fosas comunes o, como es costumbre, las dotaciones son insuficientes?
Las instituciones tienen la obligación moral y jurídica de apoyar a las familias en cuanto que son víctimas de aquellas injusticias. Para ello pueden promover muchas iniciativas. Y entre ellas hay alguna que pasa por la vertiente económica. Pero no es lo más importante. Antes que hablar de dinero, es necesario plantear propuestas serias de profundización de valores democráticos en recuerdo y homenaje de aquellas víctimas. Y esto se puede hacer desde cualquier nivel de las instituciones. Vivimos en un país en el que es sencillo echar las culpas de todo al Gobierno, pero yo me pregunto que es lo que hacen sobre el particular los concejales concretos en todos y cada uno de los ayuntamientos… Por otra parte la gente se pone muy nerviosa con el dinero y no van a faltar otras que hagan una crítica diciendo que todo esto es un negocio…
- Finalmente, no queremos robarle más tiempo, una pregunta que hacemos a todos nuestros entrevistados: pida un deseo imposible.
Sabiendo que todos vivimos bajo el mismo cielo, pero no todos tenemos el mismo horizonte, hacer lo posible para que ese horizonte sea el mismo para todos los seres humanos.
Gracias, Francisco, Paco Etxebarría por su tiempo, enhorabuena por ese premio recibido y ánimo en su encomiable tarea. Eskerrik asko, zorion.
Boeing Accused of Running Torture Travel Agency
By Rick Anderson, Seattle Weekly. Posted December 2, 2006.
A British author and an ex-prisoner's attorney say that records uncovered by Spanish investigators show Boeing has a direct role in "extreme renditions" -- planning and organizing the flights through a unit of its Seattle commercial airplane division.
Since 2003, human-rights investigators and news media reports have described a Boeing Business Jet as one of the most-dreaded planes in the Central Intelligence Agency's clandestine air force. The modified 737 -- a model rolled out in Renton in 2001 -- was built for executive fun and comfort. But it is alleged to be the flagship of the CIA's "extreme rendition" squadron, ferrying suspected terrorists to secret agency prisons or countries where the U.S. is said to outsource torture.
The use of this jet, with a 6,000-mile flying range and plush customized cabin, has until now been Boeing's only connection to the prison airlifts. But a British author and an ex-prisoner's attorney say that records uncovered by Spanish investigators show Boeing has a more direct role -- planning and organizing the flights through a unit of its Seattle commercial airplane division.
Boeing won't confirm or deny the claim. But the Spanish documents, and an investigation by Amnesty International and the Council of Europe, indicate Boeing was making arrangements for as many as 1,000 rendition flights through 14 countries by four CIA planes, including that notorious Boeing Business Jet.
"Travel agent for the CIA seems the right words," Stephen Grey says of Boeing's role. A British author, he has written about prisoner rendition and the CIA's global torture program in his new book, Ghost Plane, in which he has documented about 90 rendition flights.
The Bush administration has acknowledged transfers of Al Qaeda suspects to Guantánamo Bay but has denied the U.S. engages in torture-transfer flights. Secretary of State Condoleezza Rice said in 2005 that the United States "does not use the airspace or the airports of any county" for such purposes. Senate Democrats, who take control in January, are promising a full investigation.
According to Grey and others, a wholly owned Boeing subsidiary called Jeppesen Inc. cleared the airways and runways for the CIA, providing landing and navigation assistance, scheduling flight crews, and booking hotels for them. Jeppesen is a unit of Boeing's Seattle-based Commercial Aviation Division.
The cargo of prisoners includes many who say they were tortured and others who claim to have been mistakenly abducted and abused. One detainee, Khaled el-Masri, a German of Lebanese decent who is suing the CIA and aviation companies under the Alien Tort Statute for alleged Fifth Amendment (due process) violations, says he now plans to add Boeing to his lawsuit.
Masri "was injected with a drug and chained to the floor of the plane," says his attorney, Ben Wizner of the New York ACLU. "I don't think anybody would hold Boeing responsible for manufacturing the plane. However, the emergence of [Boeing's flight-assistance role] changes all that."
The prisoner flights, launched by the Clinton administration to transfer foreign suspects to trial in the United States, became a darker undertaking following 9/11. George W. Bush approved what critics say amounts to the kidnapping of foreign nationals, some flown to countries such as Morocco or Egypt, known for abusive interrogation techniques. Others were taken to a system of CIA prisons in Afghanistan and Europe, or the U.S. compound in Guantánamo, rights groups say.
In his book, Grey cites documents showing Boeing made travel arrangements for the CIA flights. He does not specifically name Boeing, but in a phone conversation last week with Seattle Weekly, Grey confirmed that Spanish government documents he obtained name Jeppesen's International Trip Planning unit as rendition flights planner.
Boeing bought the Denver-based company, then called Jeppesen Sanderson, in 2000 for $1.5 billion from the (Chicago) Tribune Co., whose mixed portfolio includes the Los Angeles Times and the Chicago Cubs. John Hayhurst, then a Boeing vice president here, hailed Jeppesen as "another enduring global brand" for Boeing's business roster. Boeing later bought two related companies and expanded the Jeppesen unit, offering electronic mapping and navigation services to airline, general aviation, and government customers along with flight and trip planning.
Spain's largest newspaper, El Pais, last year reported that Jeppesen was named the CIA's flight arranger in investigative documents compiled by Spanish police. More recently, The New Yorker magazine noted the connection, reporting "it is not widely known that the [CIA] has turned to a division of Boeing, the publicly traded blue-chip behemoth, to handle many of the logistical and navigational details for these [rendition] trips."
On its Web site, Boeing boasts: "From Aachen to Zhengzhou, King Airs to 747s, Jeppesen has done it all."
But what, exactly, has it done? How deep is Boeing's involvement in the rendition flights? The company won't specifically say. From Chicago headquarters, Boeing spokesperson Tim Neale points out that flight planning is done for "thousands and thousands of customers each year. It's done on a confidential basis, and unless a customer authorizes us to comment, we can't."
He adds: "Jeppesen's flight planning process is to provide the route that is going to be followed, how much fuel is needed on board, where they will stop, and how many people will be on board, for weight reasons.
"We don't necessarily know very much about the purpose of a flight because that information isn't necessary to create a flight plan. What somebody's going to do when they get off is not part of that plan."
It's not publicly known how much Boeing, the nation's No. 2 defense contractor, earned from the flights. The CIA, a stand-alone agency, does not reveal its contracts and agency work can be billed through other government departments, including the Pentagon. Jeppesen has done $7.7 million in defense contracting since Boeing bought it in 2000, based on a review of Pentagon records.
Grey says he plans to soon post on the Internet "assorted aviation documents including Jeppesen planning data" that confirm Boeing's role (Update: Grey posted the flight logs recently at www.ghostplane.net.). The documents include, he says, a 2004 Boeing-arranged flight on the Boeing jet from Morocco through Spain and on to Afghanistan, which coincides with the Masri case.
Masri was mistaken as an Al Qaeda suspect and arrested by Macedonia officials on New Year's Eve 2003. In a Virginia federal lawsuit filed against ex-CIA Director George Tenet and others, Masri says he was "forcibly abducted" in Macedonia and handed over to U.S. officials. He was beaten, drugged, and eventually flown to a CIA prison in Afghanistan, he says. Five months after his abduction, the suit notes, "Mr. El-Masri was deposited at night, without explanation, on a hill in Albania" -- and that was two months after U.S. officials realized they made a mistake, the suit says.
The lawsuit was thrown out earlier this year, not because it lacked merit but because it could lead to disclosure of state secrets, a federal judge ruled. Masri is appealing and Wizner, his attorney, was scheduled to make his arguments this week before a Virginia appeals court.
"Obviously," says Wizner, "before we can add Boeing to the suit, we have to get it reinstated. It's a real hurdle -- the CIA is, in effect, claiming immunity, that they're never liable in such cases." He's buoyed by three federal court rulings in recent months that rejected similar government-secrets argument -- all of them cases involving challenges to warrantless eavesdropping authorized by President Bush.
"If the el-Masri suit can continue, we would try to develop evidence that people within Jeppesen were aware that detainees were being subjected to human rights abuses on these flights," Wizner says. "If we can show that, Boeing should by all rights be a defendant."
Indonesian Court Voids Key Human Rights Law
By Chad Bouchard
Jakarta
08 December 2006
Indonesia's Constitutional Court has annulled the country's Truth and Reconciliation law, saying it has no legal basis. As Chad Bouchard reports from Jakarta, the surprise decision throws the future of many laws into question, and challenges investigations into past human rights violations.
The law the Indonesian Constitutional Court threw out on Thursday would have established a special Truth and Reconciliation Commission to investigate human rights violations going back more than 40 years.
The law was intended to bring to justice those responsible for abuses under Indonesia's former dictator, Suharto, and those responsible for the massacre of half a million suspected communists in 1965.
The proposed Truth and Reconciliation Commission has long been opposed by some conservative Muslim groups and high-ranking military officials, who fear they might be implicated in abuses.
President Susilo Bambang Yudhoyono's spokesman, Andi Mallarengeng, says the government must now look for ways to ensure that the spirit of the law is preserved.
"I think the spirit of the law itself was meant by the parliament to bring justice, to bring truth to come forward, and to get over with some dark parts of our history," he said. "But unfortunately, yesterday's ruling canceled the law. And so we are now studying the consequences and the implications."
He said Thursday's court decision is final, with no chance for appeal.
Critics and human rights activists had challenged three provisions of the legislation, saying the law was too vague and opened too many doors for those with blood on their hands to secure amnesty.
Instead of focusing on just those provisions, the panel of judges threw out the whole law.
Patra M. Zen is chairman of the Indonesian Legal Aid Foundation, one of the groups that had sought a review. He says the decision has widespread implications for human rights laws, including key laws governing Indonesia's Aceh and Papua provinces, where the military is accused of brutality in putting down separatist violence.
"There is two laws at least," he said. " Law regarding Aceh - special autonomy in Aceh - and law regarding special autonomy in Papua. You know, there's many laws also depend on that law. So now there is a vacuum of law, yeah?"
Zen says the decision sets Indonesia's human rights work back several years. He says the country's parliament must now review and rewrite dozens of related laws, which will cost money and time.
Human rights activists are planning to meet with Indonesia's Justice and Human Rights Department next week to discuss the implications of the ruling.
Autorizan la extradición a la Argentina de cinco represores uruguayos
Lo resolvió la Justicia de ese país y comprende a militares retirados acusados por la detención ilegal y traslado en 1976 de once uruguayos al centro clandestino "Automotores Orletti", en Floresta. La medida quedó condicionada a que los imputados no sean condenados a cadena perpetua.
El juez Juan Carlos Fernández Lecchini concedió la extradición a Argentina de cinco militares retirados y un policía uruguayos, acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
Según la prensa internacional, la Corte Suprema de Justicia uruguaya confirmó la información. Los ex militares son acusados por la Justicia argentina por la detención ilegal y traslado de 11 uruguayos en 1976 al centro clandestino "Automotores Orletti", en Buenos Aires.
El fallo de Fernández Lecchini comprende a los coroneles retirados Ernesto Ramas y Jorge Silveira, al teniente coronel retirado José Nino Gavazzo, al ex coronel Gilberto Vázquez, al ex mayor José Arab y al mayor retirado de la Policía, Ricardo Medina.
La extradición había sido pedida por el juez federal argentino Guillermo Montenegro, quien les imputa haber participado en el "Plan Cóndor", coordinación de las fuerzas represivas de las dictaduras del Cono Sur en la década del 70.
Fernández Lecchini condicionó la extradición a que los ex oficiales no sean condenados a cadena perpetua, una sanción que existe en la legislación argentina pero no en la uruguaya.
El fallo puede ser apelado y llegar a la Suprema Corte de Justicia, aunque si ésta lo confirma, el mismo no podrá hacerse efectivo hasta que los acusados cumplan una eventual condena por otros delitos por los que fueron enjuiciados en Uruguay.
El 11 de setiembre, el juez Luis Charles los procesó por los delitos de asociación para delinquir y privación de libertad, agravados por la desaparición en 1976 de los militantes del izquierdista Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Alberto Mechoso y Adalberto Soba.
http://www.clarin.com/diario/2006/12/07/um/m-01323805.htmhttp://www.clarin.com/diario/2006/12/07/um/m-01323805.htm
Pakistan: Growing anger at continuing enforced disappearances
Press release, 12/08/2006
Despite growing anger in Pakistan at the practice of enforced disappearances, the government has still not acknowledged its responsibility for hundreds of people arbitrarily detained in secret locations -- and reports of enforced disappearance continue to emerge.
In a week of demonstrations organised by the Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) against enforced disappearances, Amnesty International is releasing an update to its September report that reveals new cases and describes how families searching for their relatives have begun to organise themselves into protest groups.
"The Pakistani government needs to treat this issue with the gravity and urgency it deserves -- we are talking not only about the fate of hundreds of people but also the devastating effect on their families. The situation involves serious breaches of international law," said Angelika Pathak, South Asia researcher at Amnesty International.
President Pervez Musharraf dismissed the September report out of hand, refusing to reply when questioned on it by a BBC journalist. Other government officials were similarly offhand. Foreign Secretary Riaz Mohammed Khan told Amnesty International delegates that legal procedures were too longwinded to be followed in Pakistan in a political context in which results were needed quickly.
"Politics, economics, security -- all have variously been given as excuses as to why the government needs to break international law. But there is never an excuse for violating human rights. Human rights are the bedrock -- the starting point for approaching politics and security," said Angelika Pathak.
The day Amnesty International released its report -- 29 September -- magazine editor Abdur Rahim Muslim Dost was arrested as he left a mosque in Peshawar. His fate and whereabouts are still unknown. He had just published a book describing how he was arrested by Pakistani military in 2001, transferred into US custody and detained in Guantánamo Bay. The book recounted his torture in Pakistani and US custody.
Family members continued to face harassment even as parliamentarians, lawyers and NGOs gathered for a workshop organised by the HRCP and Amnesty International in Islamabad in early October. At least one relative was stopped by intelligence agents on the morning of the workshop and questioned as to why he was attending it.
Abid Raza Zaidi, a researcher at Karachi University, was detained by Military Intelligence agents after giving a speech at the workshop. He said he was taken to the Red Fort in Lahore and threatened with dire consequences if he spoke publicly about his experiences again. In his speech he had described being detained for over three months without charge and being beaten to make him confess to taking part in a suicide bomb attack at Nishtar Park in April 2006. Abid Raza Zaidi was not charged and was released after 24 hours at the intervention of the HRCP.
Several people subjected to enforced disappearances have reappeared in recent weeks after being arbitrarily detained in secret locations for over two years on average. Each was warned not to speak publicly about their experiences and detention.
"Of course the Pakistani government has a duty to protect people from security threats. At the same time it must follow national and international law in doing so -- anyone suspected of terrorism should be charged, given access to a lawyer and their family, and given a fair trial," said Angelika Pathak.
"To prevent anyone else being subjected to enforced disappearance, the government must set up a central register of detainees and publish regular lists of all recognised places of detention."
To see the report update, Pakistan: Working to stop human rights violations in the 'war on terror', please go to: http://web.amnesty.org/library/index/engasa330512006.
To see the September report, Pakistan: Human Rights Ignored in the 'war on terror', please go to: http://web.amnesty.org/library/index/ENGASA330362006
For more information on enforced disappearances in Pakistan, please go to: http://web.amnesty.org/pages/stoptorture-061208-features-eng.
Forced disappearances an ignored malaise in Philippines
(DPA)
23 November 2006
MANILA - Ghay Portajada was only 12 years old when her father, a labour leader, disappeared in 1987 after being abducted by gunmen outside a Philippine factory where he and employees were holding a picket.
Almost two decades later, Portajada still does not know for sure what has become of her father, Armando, who was 55 years old when he was seized by armed men in metro Manila’s Makati City on July 31, 1987.
“Sometimes, when I see someone who looks like my father, I run to him to check his face and make sure,” Portajada, spokeswoman for the Families of Desaparecidos for Justice (Desaparacidos), said. “The man might be my father. There’s still that hope.”
But Portajada admitted that sometimes, it was hard to keep the faith especially amid a growing number of extra-judicial killings and forced disappearances in the Philippines now.
Worse, an Asian human rights group said Philippine authorities were not investigating cases of forced disappearances, which could help families find missing relatives.
According to the Asian Human Rights Commission (AHRC), which recently released a report on a fact-finding mission in July, authorities such as the police “require a dead body in order to launch investigations.”
“This is a very significant problem,” Michael Anthony, a programme coordinator of the AHRC, told Deutsche Presse-Agentur dpa in a telephone interview from Hong Kong. “The people that are conducting these killings only need to ensure that the body of a person is never found to basically ensure that there are no effective investigations of any type into these events.”
Since the first case of a forced disappearance was documented in 1971 under the dictatorship of late strongman Ferdinand Marcos, more than 1,800 people have been reported missing in the Philippines. Most are human rights advocates, leftist activists and labour laders.
Anthony said the issue of forced disappearance should be dealt with in the same urgency as political killings.
“The forced disappearance of even a single person is alarming,” he said. “While the killings are perhaps greater in number, forced disappearances are also a great concern, (especially with) the possibility of people still being alive when they disappeared.”
“We would hope that investigations would be able to find these people and surface them so to speak so that they are not killed,” added Anthony.
Portajada said the incidence of forced disappearances has again worsened since President Gloria Macapagal Arroyo came to power in 2001.
According to the local human rights group Karapatan, there are already 186 victims of forced disappearances in the past five years under Arroyo, up from just about 60 cases in eight years prior to 2001.
Increasing abductions
The increasing number of abductions coincide with the spate of extra-judicial killings that have been condemned by various international and local groups, including foreign chambers of commerce and businesses.
While Arroyo has denounced the current level of political violence in the country, her administration has also belittled warnings of a worsening human-rights situation in the country as mere propaganda by communist rebels.
The government has even tried to shift blame away from the military and police, the main suspects in the attacks, even before a police task force and a local civilian fact-finding commission complete their investigations.
“It is unfortunate that many extremist groups who are against the government are taking advantage of the situation to purge their ranks and kill innocent people,” presidential spokesman Ignacio Bunye said in a recent statement.
“It is equally unfortunate that it appears that rogue elements of the police or military have decided to take the law into their own hands,” he added.
Despite such attempts to clear soldiers and policemen, families of victims still believe that government security forces are conducting the abductions and killings as part of a systematic campaign to eliminate opposition to the government, especially critics belonging to leftist groups.
And this is exactly what Dee Batnag Ayroso tells her two children - an 11-year-old boy and a six-year-old girl - when they ask about their father, Honorio, a leftist activist missing since February 2002.
“I tell them that he was abducted by the military,” she said. “If they ask why, I tell them that because their father is an activist, and he exposes what the government is doing. It is clear to them that we have to fight what this government is doing.”
Ayroso, 38, said her husband was organizing for the leftist party-list group Bayan Muna when he and another activist Johnny Orcino were forcibly taken by gunmen in the northern province of Nueva Ecija.
A witness to the abduction has since gone into hiding, and no investigation was ever conducted into the disappearance.
It was not the first time for Honorio to be taken. In 1989, when he was still a student, he was seized with nine other colleagues by soldiers, who allegedly tortured them for 10 days before they were charged in court for allegedly being communist rebels.
Honorio and his nine colleagues were all later acquitted and released.
But Ayroso expressed fears that her husband would not be as lucky this time.
“When I recall his stories about his first abduction, the torture, then I remembered what he told me then that if he was taken again, he will no longer come out alive,” she said, her voice cracking and her eyes welling with tears.
“While I may know that maybe he is no longer coming back, it is difficult to accept that he is already dead,” she added.
Pakistan: 4,000 people have simply disappeared: HRCP
KARACHI: Expressing grave concern over the enforced disappearances of civilians, including members of nationalist parties from across the country, the Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) highlighted the issue through a press conference at the Karachi Press Club on Monday.
The conference was a part of the week of protests being held before the observance of International Human Rights Day on December 10 by various Human Rights activists.
Citing Articles 1 to 4 of the Charter of the United Nations, Iqbal Haider, Secretary-General, HRCP said, “Any act of enforced disappearance is an offence to human dignity and is a violation Human Rights and fundamental freedoms as proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights - the reverse of which is happening in Pakistan.”
He said that the State had failed to take effective legislative, administrative or judicial measures. Although he acknowledged the relief given to some people through Suo Moto notice by the Supreme Court, he said the action was not enough and more efforts needed to be made to prevent these disappearances.
Haider emphasised that the detainees were usually subjected to prolonged isolation and held incommunicado, which in itself is cruel and inhuman treatment, interfering with the psychological and moral well-being of the detained person.
One such detainee, Abid Zaidi, 26, was recently released from illegal captivity by the law enforcement agencies. Narrating his ordeal of prolonged torture and ill-treatment, he said that he was kidnapped on false charges of being involved in the Nishtar Park bomb blast in Karachi.
“I was handcuffed and blindfolded for over three months during which they constantly accused me of the crime I was not involved in and forced me to admit that I was a part of the conspiracy,” he said.
Abid, who is a PhD from the KU, was ‘picked up’ on April 26, 2006, and was released three months later. He continues to receive threatening messages to this day.
Several other family members of the disappeared were also present at the conference who shared their traumatic experiences.
According to the reports received by the HRCP directly and data compiled on the basis of the press reports, about four-hundred citizens have been abducted. Out of them HRCP has verified 241 cases of enforced disappearances.
“The practice often involves an extra-judicial killing followed by the concealment of the body to get rid of any material evidence of the crime and to ensure the impunity of those responsible,” said Haider.
“Disappearances have become so common under Pakistan’s current military government that it does not bother to respect the orders of the judiciary,” added the Asian Human Rights Commission. They called for an immediate constitution of a high-powered commission to be set up by the Parliament to investigate the phenomenon of the growing number of disappeared people in Pakistan, which has approximately reached 4,000 in number since the beginning of the US-led “war on terror” in 2001.
Games of secrecy
By Kamila Hyat
The writer is a freelance columnist and former newspaper editor
The case brought by the families of 41 'disappeared' people before the Supreme Court of Pakistan has directed greater attention than before towards the issue of missing people in the country.
In response to the court order that the missing persons be found by December 1, twenty of the 41 persons have been stealthily set free, with dire warnings not to talk about their ordeal. The others remain missing and the court has given the authorities two more weeks to locate them.
According to the still limited information available on the issue, hundreds of citizens across the country have 'disappeared'. They include Sindhi and Balochi nationalists, those suspected of involvement with militant groups, journalists, Shias and others who seem to fit no definite category but may have, in one way or the other, evoked the ire of influential people.
What is especially alarming is that these agencies appear to operate outside the control of any central authority. This year, officials of the defence and interior ministries told the Sindh High Court in a case involving the disappearance of three political activists that the Military Intelligence and the Inter Services Intelligence (ISI) did not fall under their operational control.
This obviously raises the question of whom, if anyone, controls these organisations and suggests the situation is one of near total anarchy.
During the last hearing of the case before the Supreme Court, a senior official of the ministry of interior stated they had been unable to find some of those on the list of the missing, despite, what he described as 'efforts at the highest level'. In the light of this failure, he suggested the case be disposed off, and the families who have for years awaited any news of fathers, husbands or sons, simply told to go home. Fortunately, the apex court chose not to heed this advice.
Intriguingly, according to some in Islamabad, at the interior ministry, and some say even the prime minister's secretariat, there is uncertainty as to where these persons are or which agency is involved in holding them. It also seems no one quite knows how this process of 'picking up' people began, or who authorised it.
The prevailing situation, in which shadowy secret agencies apparently function outside formal channels of command, is of course not unprecedented. In recent times, one of the most persistent controversies surrounding security services has been the so called 'Wilson Plot', in which officers of the British security service, known as the MI5, were accused of having conspired against Labour Prime Minister, Sir Harold Wilson. Wilson, during his second term in office, from 1974-1976, was said to have become so convinced the security services were spying on him, he insisted some visitors to 10 Downing Street conduct conversations only in mime.
The initial allegations persisted for years, and even though, in 1987, the House of Commons was told there was no evidence of any such conspiracy, many remain convinced that there was at least some truth behind Wilson's fears.
Tales of such manoeuvres by security agencies are of course familiar in Pakistan, where many events in recent political history are attributed to 'agencies'. In the past, these agency-orchestrated actions have been blamed for toppling governments and have contributed to an obsession with conspiracy theories, including the many that still surround the 9/11 attacks.
The case of the ongoing 'disappearances', which have gained pace with each passing year, testify as to what dangers intelligence agencies can pose to people and to the unwillingness of the state to protect its citizens from their actions. Reports that in the Punjab, taped conversations obtained from bugged telephones installed at the residences of ministers led to the recent cabinet reshuffle, with outgoing cabinet members punished for lack of 'loyalty' even in private conversations, only goes to show the pattern along which governance today takes place.
But, for these agencies and whosoever exercises influence over them, it would be foolhardy to believe they can get away forever with 'picking up' people, whisking them away to the secret places of detention scattered in cities across the country and subjecting them to torture. It has been proven time and again that the families of the victims, and others moved by their plight, tend not to forget, for after all, they do not have even a grave to grieve over.
The term 'disappearance' was created during the 1960s at the School of Americas, an institute set up by the US military at Fort Guilick in Panama, which ran there till 1984. 45,000 Latin American officers were trained in counter insurgency there. Along with anti-guerrilla tactics, they were taught how to torture, and how to 'manage' prisoners. As soon as the officers left for their home countries, they applied what they had learned with 'disappearances' taking place in a large number of South American nations through the 1960s and 1970s.
Three decades on, the families of the 'disappeared', in Argentina, in Chile, in Venezuela and in other countries are still pursuing the matter and are succeeding in gaining at least some justice. In Chile, former dictator Augusto Pinochet, now aged 91, faces trial for hundreds of 'enforced disappearances', torture and other grotesque violations of rights that took place under his US-backed regime, which ruled Chile for 17 years from 1973. A Truth and Reconciliation Commission, set up in 1990 after Chile returned to democracy, reported that at least 1,000 people had 'disappeared' in the country. All had been killed the bodies dumped into the sea, into rivers, or flung into mass graves by the military and the notorious Directorate of National Intelligence, responsible for the worst abuses. Investigations in Chile continue as does the process of trial and punishment.
In Argentina, the country with one of the highest number of 'disappearances' ever recorded, up to 30,000 people are estimated to have disappeared between 1975 and 1983 under the dictatorship of General Jorge Rafael Videla, who once stated that to guarantee the security of state, "all necessary people will die". His chilling words are not significantly different to those heard in the Pakistan of today.
Over the last two decades, Argentina has led an international effort for a major international campaign against 'enforced disappearances'. There have also been small, personal victories for the families, especially the grandmothers, who have campaigned since 1977 as part of a movement started when four mothers gathered at the Plaza de Mayo in Buenos Aires to draw attention to their plight as they attempted to find their missing children. They were soon joined by 'grandmothers', women who had given up hope of finding their own children alive, but who believed their grandchildren, some born to pregnant mothers in detention, others abducted with parents, may have survived.
In 1987, the Argentinean parliament approved a new DNA test to be carried out on children with suspicious adoption records. By 1997, 58 children, all now adults, taken away from leftist parents and usually handed over to supporters of the regime had been identified. Some have opted to rejoin surviving parents or grandparents. New legislation invalidates all adoptions of kidnapped children. The grandmothers continue their efforts to discover other 'disappeared' children and reunite them with relatives so they at least know the truth about their past.
The quest for justice, then, it seems, never stops. Even years or decades later, families of the 'disappeared' have kept up their search. A similar determination is growing today in the country as people unite to combat disappearances. As such, it would be wise for authorities to remember that people cannot simply be whisked away for there will always be those who refuse to forget, and who can through they own courage persuade others to join their struggle to find them.
INDONESIA: Continued Impunity ensured by the apathy of the Attorney General
ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION - GENERAL APPEALS PROGRAM
5 December 2006
------------------------------------------------------
UG-024-2006: INDONESIA: Continued Impunity ensured by the apathy of the Attorney General
INDONESIA: Forced disappearances; Attorney General's reluctance to prosecute in cases of gross human rights violations
------------------------------------------------------
Dear friends,
The Asian Human Rights Commission (AHRC) has received information from the Commission for the Disappeared and Victims of Violence (Kontras) regarding the recent developments in the yet unsolved case of the disappearances of 14 students and activists over the period of 1998 and 1999 across several undisclosed locations in Indonesia: the "handiwork" of the then President Soeharto's New Order Government.
We have also been informed of the recent publication of an investigative report by the National Human Rights Commission (Komnas Ham) in which the Attorney General has been urged to fulfill his most basic duties, in the filing of formal charges against the alleged perpetrators of the abductions of 1998 and 1999.
Furthermore, Komnas Ham has in its report clearly classified these abductions and a number of others as gross Human Rights violations, as defined under law No. 26 of 2000. The reluctance on the part of the Attorney General to press for the recommendation of these cases to be prosecuted before an Ad Hoc Human Rights Court, and in conducting further investigations, has perplexed many in Indonesia and the international community.
Article 20 of Law 26 of 2000 stipulates:
1. Should the National Commission on Human Rights consider there is sufficient
preliminary evidence that a gross violation of human rights has occurred, a summary of the findings of the inquiry shall be submitted to the investigator.
2. No later than 7 (seven) working days following the submission of the summary findings of inquiry, the National Commission on Human Rights shall submit the inquiry findings in full to the investigator.
3. In the event that the investigator considers the inquiry findings referred to in clause (2) insufficient, the inquirer shall immediately re-submit the inquiry findings to the investigator accompanied by guidelines for their completion, and within 30 (days) of receiving the inquiry findings, the investigator is required to consummate these insufficiencies.
The relevance of the issues raised above must be seen in the context of two major issues: the tradition of impunity currently enjoyed by the perpetrators of human rights violations in Indonesia, and the denial of justice to the victims thereby undermining public faith in the Justice system as a whole.
Kidnappings and brutal assassinations became the signature style of Soeharto's New Order Regime, and has become somewhat of an institutional practice of Indonesian Government and governance since then. In the lead-up to the 1996 general elections, several key members of the Indonesian Democratic Party Struggle (PDI Perjuangan) were abducted and were never heard from again. Then again, during the May Riots of 1998, several key activist members of the Democratic People's Party and the Indonesian Students Solidarity for Democracy were abducted. It is common knowledge that the military were largely responsible for this series of politically-motivated abductions.
The mass protest of the public masses against these kidnappings was successful in ensuring the release of eight young activist students; however, 14 democracy activists are still unaccounted for. Their names are; Suyat, Yani Afri, Sonny, M. Yusuf, Noval Alkatiri, Dedy Hamdun, Ismail, Bimo Petrus, Abdun Naser, Hendra Hambali, Ucok Siahaan, Yadin Muhidin and Wiji Thukul.
In late 1998, the military court tried and prosecuted 11 officers of the Mawar Specialist Unit of the Kopasus Armed Forces, who publicly admitted their guilt and part played in the abduction of 9 of the 14 activists. They were sentenced to 15-26 months imprisonment, and were forced to resign from the TNI State Army.
In 1999, the bereaved families of the abduction victims submitted a joint lawsuit to the East Jakarta State Court, in which they demanded that the Commander of the TNI State Army be held accountable for the abductions. In early 2005, Komnas Ham conducted an official review of the student-abductions of 1998, and appointed an investigative outfit to make more detailed and in-depth investigative enquiries. However their efforts to investigative Military Generals and the Kapasus Specialist Forces believed to have orchestrated the abductions, as well as the suspected sites of detainment and torture of the victims, were blocked at every stage.
KOMNAS HAM submitted an official report of their investigative findings to the Attorney General, the Supreme Court and the Indonesian Parliament on 8 November 2006. In their report, KOMNAS HAM implicated 27 officers of the TNI State Army, National Police (Polri) and State Intelligentsia (BIN).
Unfortunately, the Attorney General has taken no action in pursuing the matter further, and in pressing for a prosecutory trial. Such behaviour defeats the purpose, and undermines the integrity of the prosecution system. In the case of clear human rights violations on the part of the State, it is the fundamental responsibility of the Attorney General to conduct further investigations in the event that further evidence is required, to request the House of Representatives to authorize the filing of the case(s) with the Ad Hoc Human Rights Court, and to oversee the provision of adequate redress to the victims and/or their families.
The inactivity of the Attorney General in this matter has been roundly and publicly condemned by the House Commission III on Human Rights, as well as Komnas Ham themselves. Said Komnas Ham Official Enny Suprapto; "In spite of the significant evidence that we have found, the Attorney General's Office refused to carry out its own investigation. It has refused to seek testimony from experts or look for new evidence at locations considered to be places where the activists were allegedly held captive".
The gross human rights violations committed both by the Military and the Police in the murder of over 35 young students in Trisakti and Semanggi in 1998 and 1999 have also suffered a similar fate (See our previous appeals: UA-23-2002; UP-81-2005, UP-102-2005).
Given the gravity of the crime committed, the prolonged stagnation of justice for the victims of gross human rights violations paints a very negative picture of the Indonesian State; particularly of its Prosecution system. It is a sad fact that justice remains a dingy prospect for many Indonesians.
SUGGESTED ACTION:
Please write to the Attorney General of Indonesia, expressing your grave concern over the inexcusable delay of justice for the then Government-authorized abductions of the 14 said activist students in 1998 and 1999.
Sample letter:
Dear Attorney General,
INDONESIA: Justice long overdue for the student abductions of 1998
Name of victims:
1) Suyat, 2) Yani Afri, 3) Sonny, 4) M. Yusuf, 5) Noval Alkatiri, 6) Dedy Hamdun, 7) Ismail, 8) Bimo Petrus, 9) Abdun Naser, 10) Hendra Hambali, 11) Ucok Siahaan, 12) Yadin Muhidin, 13) Wiji Thukul, 14) Herman Hendrawan
(All the victims are student activists who had been allegedly kidnapped by the security personnel)
Alleged perpetrators: 27 officers of the TNI state army, State Intelligence (BIN) and National Police (Polri)
Date of incident: 1998-1999
Place of incident: Several locations
I am writing to voice my deep concern regarding the reluctance on the part of the Attorney General in the yet unsolved case of the abductions of 14 student activists by security personnel of the New Order Regime led by the then President Soeharto over the period of 1998-99 across several unspecified locations in Indonesia.
Kidnappings and brutal assassinations became the signature style of the New Order Regime, and have become somewhat of an institutional practice of Indonesian Government and governance since then. During the May Riots of 1998, several key activist members of the Democratic People's Party and the Indonesian Students Solidarity for Democracy were abducted. It is common knowledge that the Military were largely responsible for this series of politically-motivated abductions.
The mass protest of the public masses against these kidnappings was successful in ensuring the release of eight activists and students; however, 14 activists mentioned above are still unaccounted for.
In early 2005, the National Human Rights Commission (Komnas Ham) conducted an official review of the abductions of 1998/99, and made more detailed and in-depth investigative enquiries. However, their efforts to investigative military generals and officers of the Kapasus Specialist Forces believed to have orchestrated the abductions, as well as the suspected sites of detainment and torture of the victims, were blocked at every stage.
Komnas Ham submitted an official report of their investigative findings to the Attorney General, the Supreme Court and the Indonesian Parliament on 8 November 2006. In their report, Komnas Ham implicated 27 officers of the TNI State Army, National Police (Polri) and State Intelligentsia (BIN).
Unfortunately, till date the Attorney General has taken no action in pursuing the matter further, and in pressing for a prosecutory trial. Such behaviour defeats the purpose, and undermines the integrity of the prosecution system. In the case of clear human rights violations on the part of the State, it is the fundamental responsibility of the Attorney General to conduct further investigations in the event that further evidence is required, to request the House of Representatives to authorize the filing of the case(s) with the Ad Hoc Human Rights Court, and to oversee the provision of adequate redress to the victims and/or their families.
The gross human rights violations committed both by the military and the police in the murder of over 35 young students in Trisakti and Semanggi in 1998 and 1999 have also suffered a similar fate.
I am deeply disturbed to learn of the Indonesian Government's evident lack of interest in this matter. The Indonesia is bound by the obligations of their membership to the UN Human Rights Council to oversee the fulfillment and protection of those rights for its citizens, and more importantly, to ensure the right to redress for those of its citizens whose rights have been violated. That an official investigation has yet to be authorized by the Attorney General eight years after the incident, despite the insurmountable evidence accumulated by the Komnas Ham in that time, is both unacceptable and inexcusable.
Therefore, I strongly urge you to ensure the gross human rights violations committed by the Indonesian state military as implicated by Komnas Ham be tried before an Ad Hoc human rights court for their involvement in and orchestration of the abduction and probably torture of these listed missing persons. In addition, it is the responsibility of the Attorney General to prosecute those officers within the military who attempted to block the due investigative procedure by denying KOMNAS HAM's independent investigative outfit access to suspected sites of detention and torture of the victims.
The abduction of citizens on the basis of their exercising their fundamental democratic right to freedom of expression is a gross violation of human rights, and must be stopped. It is therefore imperative that you together with Attorney General take immediate steps in ensuring that all such cases of abductions are subject to proper investigation, and prosecution.
Yours sincerely,
----------------
PLEASE SEND YOUR LETTER TO:
1.Mr. Abdul Rahman Saleh
Attorney General
Kejaksaan Agung RI
Jl. Sultan Hasanuddin No. 1
Jakarta Selatan
INDONESIA
Tel: + 62 21 7221337, 7397602
Fax: + 62 21 7250213
PLEASE SEND A COPY OF YOUR LETTER TO:
1. Mr. Susilo Bambang Yudoyono
President
Republic of Indonesia
Presidential Palace
Jl. Medan Merdeka Utara
Jakarta Pusat 10010
INDONESIA
Tel: + 62 21 3845627 ext 1003
Fax: + 62 21 231 41 38, 345 2685, 345 7782
2. Mr. Agung Laksono
Chief of the Indonesian House of Representative
Gedung DPR/MPR RI
Jl. Gatot Subroto No. 6
Jakarta
INDONESIA
Tel: + 62 21 5715509; 5715344; 5715621
Fax: + 62 21 5714469, 5734389
3. Mr. Hamid Awaluddin
Minister of Justice and Human Rights
Uahi Utoyo Usman S.H.,
Menteri Kehkiman,
JI. H.R. Rosuna Said Kav. 6-7
Kuningan, Jakarta Selatan
INDONESIA
Fax: +62 21 525 3095
4. Mr. Abdul Hakim Garuda Nusantara
Chairperson
KOMNAS HAM
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng
Jakarta Pusat 10310
INDONESIA
Tel: +62 21 3925230
Fax: +62 21 3151042/3925227
5. Ms. Hina Jilani
Special Representative of the Secretary General for human rights defenders
Att: Melinda Ching Simon
Room 1-040
C/o OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10
SWITZERLAND
Tel: +41 22 917 93 88
Fax: +41 22 917 9006 (ATTN: SPECIAL REPRESENTATIVE HUMAN RIGHTS DEFENDERS)
Thank you.
Urgent Appeals Programme
Asian Human Rights Commission (ahrchk@ahrchk.org)
Asian Human Rights Commission
19/F, Go-Up Commercial Building,
998 Canton Road, Kowloon, Hongkong S.A.R.
Tel: +(852) - 2698-6339 Fax: +(852) - 2698-6367
Missing Presumed Tortured
By Stephen Grey
The New Statesman
http://www.newstatesman.com/200611200014
Monday 20 November 200
More than 7,000 prisoners have been captured in America's war on terror. Just 700 ended up in Guantanamo Bay. Between extraordinary rendition to foreign jails and disappearance into the CIA's "black sites", what happened to the rest?
Sana'a, Yemen - By the gates of the Old City, Muhammad Bashmilah was walking, talking, and laughing in the crowd - behaving like a man without a care in the world. Bargaining with the spice traders and joking with passers-by; at last he was free.
A 33-year-old businessman, Bashmilah has an impish sense of humour; his eyes sparkled as he chatted about his country and the khat leaves that all the young men were chewing. But when I began my interview by asking for the story of his past three years, his mood shifted. His face narrowed, his eyes calmed, and he stared beyond me - as if looking directly into the nether world from which he had so recently emerged.
For 11 months, Bashmilah was held in one of the CIA's most secret prisons - its so-called "black sites" - so secret that he had no idea in which country, or even on which continent, he was being held. He was flown there, in chains and wearing a blindfold, from another jail in Afghanistan; his guards wore masks; and he was held in a 10ft by 13ft cell with two video cameras that watched his every move. He was shackled to the floor with a chain of 110 links.
From the times of evening prayer given to him by the guards, the cold winter temperatures, and the number of hours spent flying to this secret jail, he suspected that he was held somewhere in eastern Europe - but he could not be sure.
When he arrived at the prison, said Bashmilah, he was greeted by an interrogator with the words: "Welcome to your new home." He implied that Bashmilah would never be released. "I had gone there without any reason, without any proof, without any accusation," he said. His mental state collapsed and he went on hunger strike for ten days - until he was force-fed food through his nostrils. Finally released after months in detention without being charged with any crime, Bashmilah was one of the first prisoners to provide an inside account of the most secret part of the CIA's detention system.
On 6 September, President George W Bush finally confirmed the existence of secret CIA jails such as the one that held Bashmilah. He added something chilling - a declaration that there were now "no terrorists in the CIA programme", that the many prisoners held with Bashmilah were all gone. It was a statement that hinted at something very dark - that the United States has "disappeared" hundreds of prisoners to an uncertain fate.
Let's examine the arithmetic of this systematic disappearance. In the first years after the attacks of 11 September, thousands of Taliban or suspected terrorist suspects were captured. Just in Afghanistan, the US admitted processing more than 6,000 prisoners. Pakistan has said it handed over around 500 captives to the US; Iran said it sent 1,000 across the border to Afghanistan. Of all these, some were released and just over 700 ended up in Guantanamo, Cuba. But the simple act of subtraction shows that thousands are missing. More than five years after 9/11, where are they all? We know that many were rendered to foreign jails, both by the CIA and directly by the US military. But how many precisely? The answer is still classified. No audit of the fate of all these souls has ever been published.
Bush's Next Big Scandal
Since the publications of photographs from Abu Ghraib, the Bush administration has faced a string of scandals concerning its conduct of the war on terror: from abuses of prisoners by the US military, to the rendition of terrorist suspects to jails in places such as Egypt and Syria, where torture is routine, a process first described in the New Statesman in May 2004. International outrage, inquiries launched against CIA activities by prosecutors in Europe, as well as clear instructions from the US Supreme Court that, in its reaction to 9/11, Congress had not issued the president with a "blank cheque", have all challenged the administration's venture into what vice-president Dick Cheney called "the dark side" of warfare.
But if Bush hoped to appease his critics with his public acknowledgement of the CIA's secret programmes, and his promise to bring some of America's most important captives to an open military trial at Guantanamo, then he will be disappointed. After last week's midterm elections, the administration will face legislators more emboldened to probe its conduct. And the issue of disappearances - of the fate of the missing prisoners held by the CIA and the Pentagon - threatens to become the next big scandal.
It was in early 2002, when the camp at Guantanamo Bay was opening up, that I heard from a source close to the CIA that most of the media were missing the point. As cameras showed images of chained prisoners being wheeled across the base on trolleys, there was predictable outrage. But the source described these images as "the press release".
This was what Washington wanted the world to see. Beyond Cuba was a concealed network of prisons around the globe that were becoming home to thousands more prisoners. The CIA had its own secret facilities, but many more were held in jails run by foreign allies. There are some good operational reasons for keeping the arrest of suspected terrorists secret. Sometimes, in the short term, deception makes good tactical sense; staying quiet about an arrest may keep the enemy guessing. Sometimes it can be for diplomatic reasons: secrecy may help to persuade countries such as Egypt to accept a prisoner.
But why is it so sensitive to confirm what happened to these prisoners, to detail how many were transferred where and when? Why should a country receiving prisoners be so embarrassed? And why - when countries such as Egypt have come clean and said "yes, we received 70 to 80 prisoners rendered by the United States" - will the United States itself not confirm what it did? Despite admitting, in general, that the CIA carries out renditions, the US has yet to own up to a single specific case of transferring a prisoner to foreign custody.
The explanation for the secrecy is one that most of the CIA officers involved in rendition will quite freely admit - a transfer to places such as Egypt or Uzbekistan (a country known for boiling prisoners alive) will inevitably involve torture. And knowingly sending a prisoner to face torture is, under both US and international law, an illegal act. Revealing the fate of the missing prisoners may be just too politically embarrassing.
Justifying War With Torture
One of those "disappeared", for example, is the former al- Qaeda camp commander Ibn-al Shaykh al-Libi, who was captured in late 2001. Al-Libi was first interrogated by the FBI but, according to those involved, he was then snatched by the CIA and rendered to Cairo. It was while he was under Egyptian interrogation that al-Libi provided an important piece of "testimony": that Saddam Hussein had an operational relationship with al-Qaeda. It was an erroneous claim, since formally withdrawn by the CIA, but was used as part of the justification for the war in Iraq. Al-Libi's anonymous testimony was cited by Colin Powell before the United Nations. But no one mentioned where the intelligence came from.
After his interrogation in Egypt, al-Libi was sent back to US custody in Afghanistan. But now he has disappeared. Perhaps he has been sent to Libya? He is certainly a more important prisoner than the vast majority at Guantanamo. Yet sending al-Libi to the Cuban camp, put ting him on public trial and allowing him to tell his story would be a political disaster. So he remains hidden.
Other key prisoners are missing too - others whose stories would shock the public conscience. The US, for example, has never acknowledged what it did with German citizen Mohammed Haydar Zammar. He was captured in December 2001, one of the first in custody who was connected to the Hamburg cell that carried out the 9/11 attacks. And, again, instead of being held in US hands, he was rendered in secret to Damascus. He has never been brought to a public trial or had any chance to reveal how he was treated.
The cases of al-Libi and Zammar, who according to fellow prisoners in Syria was brutally tortured, illustrate the corrosive effect of the policy of disappearance. While the secrecy may protect the US from legal jeopardy and from political embarrassment, it also makes the threat of torture self-fulfilling. If you send a prisoner to Damascus, Tripoli or Tashkent, how can you hope to protect that prisoner - to ensure a fair trial or see that he stays alive - if you keep that rendition quiet? Secrecy protects the torturer; and it denies those innocent, those wrongly accused of crimes of terrorism and caught up in these renditions, any chance of justice.
Last month, Bush signed into law his new Military Commissions Act, which provides for the trial at Guantanamo of top al-Qaeda leaders. The act grants fewer rights to defendants than the Nazis got at Nuremberg. And yet, in this strange world, the rights now granted to men such as Khalid Sheikh Mohammed, the man who devised the 9/11 attack and who will now be brought to trial, still rank far higher than the rights of the small fry, those much less significant players behind bars in foreign jails. In this new justice, the big terrorists are granted privileges, and the other missing prisoners, subtracted from the public record, are disappeared off the face of the earth. That's the mathematics of torture.
14 European countries admit allowing the CIA to run secret prisons or carry out renditions on their territory
7,000+ prisoners have been captured in America's war on terror
450 prisoners are thought to be held at Guantanamo
10 prisoners at Guantanamo have been convicted
40 countries have citizens held in Guantanamo
$18,000 was spent by two alleged CIA agents at the Milan-Savoy hotel during an illegal rendition operation in Italy
--------
Stephen Grey is the author of Ghost Plane: the inside story of the CIA's secret rendition programme published by C Hurst & Co (£16.95)
Research by Maria Stella.
Iraq: The Disappeared
Sunday, Oct. 29, 2006
The Disappeared
Far from the headlines, dozens of Iraqis are kidnapped every day. TIME investigates this criminal underworld--and tells the story of one man who survived it
By APARISIM GHOSH /BAGHDAD
It can happen in seconds.
Waddah al-Anbari's ordeal began on an afternoon in Baghdad early this year while he was out buying a new cell phone. The neighborhood seemed safe; Waddah didn't bother to lock his car door. He was about to cross a narrow alley when a car screeched up, blocking his way. Two men got out, thrust AK-47s into his ribs and pushed him into the floor behind the front seat. Climbing in the backseat, the men pinned him down with their feet and beat him in the torso with the butts of their guns. When he tried to speak, he got a sharp jab in the ribs. His captors emptied his pockets and took his cheap wristwatch and his belt and shoes. As the car sped away, one man put a hood over Waddah's head and, using a plastic tie, bound his wrists behind his back. All that happened in a few moments, and Waddah says he could only think, "This is a mistake--they think I'm somebody else." But it wasn't a mistake. He was being kidnapped.
As if the atrocities committed by terrorists and sectarian death squads in Iraq weren't bad enough, kidnapping has become one of the country's most common forms of crime since the fall of Saddam Hussein. U.S. officials say that up to 40 people are kidnapped every day, a phenomenon highlighted last week when a U.S. soldier in Baghdad went missing, an apparent abduction victim. With ransoms ranging from a few thousand dollars to more than a million and with the police often unwilling or unable to even register such cases, officials say kidnapping has become an increasingly lucrative business. It helps the kidnappers that their criminal activity is often confused with the routine hostage taking by both sides in the Shi'ite-Sunni civil war. "Kidnapping for ransom is an industry," says Dan O'Shea, former coordinator of the U.S. embassy's Hostage Working Group. "It is governed by the profit motive, not religion or race or politics."
Waddah's story provides a rare insight into the inner workings of a kidnapping ring. He spoke with TIME on the condition that his identity be concealed; we have used a pseudonym and changed other details that might give him away. He refused to be photographed for this story for fear of being recognized. One of his concerns is that being known as somebody who was ransomed once might mark him as a target for other kidnappers. O'Shea and another U.S. official who works with Iraqi authorities on kidnapping-related issues say many details of Waddah's account are consistent with what they have gleaned from their investigations.
The story Waddah tells is a window into the worst nightmare of many Iraqis, who in the absence of law and order must live with the fear that they could be taken and held captive at any time or in any place. Waddah's grin reveals two missing front teeth, the result of severe beating with the butt of an AK-47, and his face is drawn and gaunt from long captivity. If his physique--once strong and upright, now stooped and limp--recovers from the ordeal, Waddah's psyche will carry some scars forever: the terror of imprisonment, the dread of not knowing whether he would live another day, the degradation of torture and the mortification of having to grovel and plead for his life. "For five weeks, I was less than a human being," he says. "Nobody should have to go through that." The disturbing truth, however, is that many of his countrymen do.
A trained motor mechanic with calloused hands and a penchant for automotive analogies, Waddah can be forgiven for thinking that trouble has been following him around for more than three years. In the spring of 2003, when it became clear that the U.S.-led coalition would invade Iraq, he and his family--his mother Haseeba, three brothers, their wives and six children--sold his late father's house near Basra and moved to his mother's ancestral home in a quiet, dusty town west of Baghdad: Fallujah. "We were sure that there would be no fighting there. The Americans would not attack it, and the Iraqi army would not bother to defend it," he recalls, "because there's nothing important in Fallujah. It was like an old car that nobody wanted." As Sunni Muslims, the family thought they would fit right into the Sunni-majority town.
But a year later, with Fallujah turning into a stronghold of the insurgency and gun battles breaking out on their street almost every day, the family moved again--this time to Ramadi, the capital of the restive Anbar province. Ramadi soon went the way of Fallujah, its streets controlled by jihadist gangs fighting pitched battles with U.S. Marines. One day an extremist cleric visited Waddah's home and urged the four brothers to join the holy war against the Americans. When the brothers refused, the cleric threatened to let loose his fighters on the family. The only way out was to move again.
Last February the family relocated to Baghdad, moving into an unoccupied house owned by a cousin in one of the city's most upscale neighborhoods. A week after they had moved, Waddah's brothers gave him $200 to buy a cell phone and some phone cards. The family had never owned a cell phone, and he was excited about buying one. Waddah got into his cousin's brand-new midnight blue Chevrolet Lumina. It was a short drive to the neighborhood's main drag, and he parked in front of a large cell-phone store. When he couldn't find a phone to his liking, he decided to try another store just across an alley. That's when he was grabbed.
It's unclear why the kidnappers targeted Waddah. The U.S. official familiar with kidnapping gangs in Iraq speculates that the arrival of a new family in a wealthy neighborhood may have alerted local criminals. "Typically the kidnappers would do some homework, tracking the movements of the family, deciding on whom to grab and when," he says. Waddah believes it was an opportunity snatch: the kidnappers happened to be cruising the street and, when they saw him get out of a brand-new car, assumed he was rich. Later, during interrogations by his captors, the Chevrolet Lumina would come up again and again. "Whenever I said my family were too poor to pay ransom, they would hit me and say, 'Don't lie to us. We know what kind of car you drive.'"
Hooded and lying on the floor of the car, Waddah had no idea where he was being taken. He thinks his captors drove for at least an hour before stopping. He was yanked out of the car and, still hooded and bound, taken into a house and dumped on the floor. He could dimly hear a conversation in another room but could not hear what was being said. After a few minutes, he was pulled up and practically dragged outside. This time he was pushed into what he thinks was the back of a van, which smelled of engine oil and urine. The second drive was shorter than the first, no more than 30 minutes. Again he was pulled out and taken into a house. The wait was longer--perhaps two hours--before he was dumped back into the van for another half-hour drive.
Why all the stops? The U.S. official says the first switch was probably a handoff to a second group, which would hold him and claim the ransom. "It's not unusual for more than one group to be involved," says the official. "As in any organized business, there's specialization. Some gangs do the snatching and then pass on their captive, for a fee, to another gang." The money changing hands at this stage may be no more than a few hundred dollars; the muffled conversation Waddah heard at the first house may have been a quick round of bargaining.
At the third house, Waddah was taken indoors, then down a flight of stairs and through a doorway and pushed roughly to the floor. He felt several kicks to his chest and thighs, followed by rapid- fire questions: What was his name? Where did he live? Where did he work? What was his family's phone number? "They said, 'The sooner you give us a phone number to call, the sooner we contact your family, negotiate a ransom and let you go,'" Waddah says. A common persuasion technique employed by kidnappers is to call the family of the victim and let them hear him screaming during torture. That usually gets the family's attention and makes them more likely to pay a ransom quickly. It upset the captors' plans, says the U.S. official, that Waddah's family didn't own a phone. "Kidnappers tend to be simpleminded people," the official says. "They have a fixed plan, and when something unexpected happens, they don't know how to deal with it."
Waddah's interrogation lasted hours, with long breaks during which his captors would leave the room. There were at least two of them at all times, but Waddah remembers several different voices. Toward the end of the interrogation, his hood was taken off, and he was able to see his captors for the first time. They were two bearded men, one of them armed. When he saw they were not masked, Waddah's heart sank. "If they were willing to show me their faces, it meant that they weren't afraid I would identify them. In other words, they meant to kill me eventually."
The interrogators ordered him to strip to his underpants and gave him a brown dishdasha, the traditional Arabic robe, which he wore for the rest of his captivity. He was then taken down two more flights of stairs to a basement holding area that was partitioned with plywood into many small cells--at least 10, possibly more. His home for the next five weeks would be a dirty cell, 5 ft. by 4 ft., with a rough concrete floor. The plywood walls were unpainted and still bore the manufacturer's stamp in a foreign script he speculates was Korean. The walls didn't go all the way up to the ceiling, and that allowed for some air circulation. He was given a large, smelly quilt that had to serve as a mattress as well as protection from the cold. From time to time, he heard other captives being taken out of their cells and up the stairs to the interrogation room. They remained there for hours, and Waddah heard screaming and sobbing. A few times, he heard the sound of gunfire--single shots, followed by silence.
His turn in the interrogation room came every other day. The questions never varied. "They kept coming back to the phone number--why I didn't have any," he says. "They just wouldn't believe me." Every session would end with threats of more beatings and torture. He was told of other captives who had died grisly deaths and was shown stains on the floor where they had bled. The strong smell of chemicals began to make sense. They had been used to cover up the smell of vomit and dried blood. But, says the U.S. official, the threat of death was probably no more than just that. "They were already invested in this guy, having paid the people who snatched him," he says. "They would not kill him if there was even a remote chance of making some money off of him."
The captives were fed twice a day: chopped raw vegetables like tomatoes, cucumbers and onions, wrapped in flat, unleavened bread. Sometimes, a spoonful of hummus was added to the vegetables. A 2-liter plastic jug was in his cell on the first day; when it ran out, Waddah would knock on his door and ask the guard for a refill. Once a day, the captives were taken to the toilet in groups of five. Their hands bound behind them, they would queue up at a tap just outside the toilet. One by one, the captives were untied, and they filled a red plastic bucket with water and went in. The others would wait, still fettered, while a guard armed with an old AK-47 watched them carefully.
One day, Waddah overheard the guards talking about the bombing of the Golden Mosque in Samarra, one of the holiest sites for Shi'ites. They also spoke of the wave of sectarian violence that followed, with Shi'ite mobs wreaking vengeance on Sunnis. "It sounded like Sunnis were being slaughtered in the streets of Baghdad," Waddah says. "I was worried about my family. They were new to the city and had no influential relatives who could protect them." While waiting to use the toilet over the next few days, the captives whispered rumors of how their Sunni kidnappers were taking revenge by killing some of the Shi'ite captives. Waddah says at least two captives he knew to be Shi'ite disappeared abruptly. At his next session in the interrogation room, Waddah's captors told him he was lucky that he was a Sunni. Any Shi'ite whose family was unable to pay ransom within a week was being killed, they said. To reassure them of his Sunni loyalties, Waddah claimed friendship with the fanatical cleric in Ramadi who had tried to force him and his brothers to become jihadist fighters. He also spoke disparagingly about Shi'ites. "I am not proud of what I said, but it saved me from more torture," he says. His captors seemed to take him for a kindred spirit, and the beating stopped.
While Waddah languished in captivity, his family embarked on an agonizing quest to try to find him. His mother Haseeba, 65, took charge of the situation, as befits a traditional Arab matriarch. Realizing that the search for Waddah would require manpower, she dispatched two of her sons to Fallujah and Ramadi to summon as many cousins and uncles as they could muster. Her oldest son Mohammed's job was to canvass the neighborhood to identify the "sheiks"--older men, heads of important families that had lived there a long time and could be tapped for local knowledge and advice. Their first piece of advice: Stay away from the local police. The police in the neighborhood were known to be members of the Mahdi Army, the Shi'ite militia often blamed for the kidnapping and murder of Sunnis in Baghdad. "One of the sheiks--and he was a Shi'ite--said the police may themselves have been involved in taking Waddah," Haseeba says. "And even if they weren't, they would not help a Sunni family. They would only harass us for the ransom money."
Instead Haseeba recruited a distant cousin in Fallujah who was reputed to have contacts with the Sunni insurgency. His job was to inquire whether Waddah was being held by one of them. She was horrified when the cousin asked for a fee for that service: $1,000. He explained that the money was not for him but for his contacts. "I think he put most of it into his own pocket," she says. "But at that time, I could not afford to refuse." The days of waiting turned into weeks, and still there was no ransom demand. Some in the family wondered whether Waddah has been murdered rather than kidnapped. As violence in and around Baghdad escalated, even Haseeba began to lose hope, convinced that her son had become another nameless victim of Iraq's sectarian war. Sunnis were being killed all over the city. Surely there was no hope for Waddah.
Many kidnapping victims are held captive in remote farmhouses in the countryside. But after a few days in the basement prison, Waddah came to believe he was in an urban environment. Although there were no windows, he could hear city traffic and, when the power went out, the sound of several generators starting up. The bread served was often warm and fresh, indicating there was a baker nearby. If his captors had neighbors, they were probably complicit in the kidnappings; they obviously didn't report the sound of gunshots within the house to the police. During one interrogation, Waddah was told not to contemplate an escape. "They said, 'Even if you manage to get out of the house, the people in the street will bring you back to us,'" he recalls.
Waddah soon found himself the longest-held captive in the basement, and the guards grew friendly. They helped him get a sense of the scale of the kidnapping operation. By his reckoning, at least 30 captives passed through the cells during his five-week stay. The guards hinted that at least two captives had been government employees. Instead of being ransomed, they were sold to a jihadist group. And the jihadis took a cut from the ransom collections in exchange for protection. The U.S. official says that is common practice among kidnappers: "We know that the kidnapping industry helps finance the terrorists."
Waddah also learned a little bit about the "emir," or leader of the criminal gang. The guards described him as a bold and brazen criminal who masterminded the kidnapping of many high-value targets: rich businessmen, government officials, even a tribal sheik. The gang leader had been a senior official in Saddam's dreaded intelligence service, the Mukhabarat. The emir was also an expert in torture, able to extract information from the most stubborn captives. But he rarely took part in the interrogations anymore; in fact, he only occasionally visited the house. While he concentrated on other, unspecified business interests, the kidnapping organization was run day to day by his trusted lieutenants, a pair of brothers from his tribe.
In Waddah's fourth week of captivity, one of the interrogators went down to his cell to inform him they had made some progress in contacting his family. Waddah had given them names of family members in Fallujah and Ramadi, along with directions to their homes. One of the addresses in Ramadi had checked out, and the person who lived there--an old friend who Waddah believed had been a fighter in an insurgent group--had agreed to find a phone number for his family. The interrogator said "our people in Baghdad" were also looking for Waddah's home. A few days later, the kidnappers said they had made contact with Waddah's family. But Haseeba and her other sons, believing him to be dead, had already held a wake for him. Now they refused to believe that he was alive, rejecting the kidnappers' ransom demand as either a terrible prank or an opportunist's attempt to capitalize on their loss. "They are not going to pay," the interrogator told Waddah. "We're not sure what to do with you." Later that day, Waddah was taken to the interrogation room--his first visit in nearly a week. He was hooded again because, the guards told him, the emir was going to be present and they didn't want Waddah to see him.
There was very little beating, and the emir barely even spoke with him, but Waddah says it was the scariest episode of his captivity. As he sat on the floor, the emir and two assistants had a discussion about how to convince his family that he was still alive. One of them suggested that, as proof of life, they cut off a body part and send it to the family. There was a long debate about which part to cut: a finger, an ear, his nose or his penis. Finally, during a lull in the discussion, Waddah pointed out that his family members were unlikely to recognize any of his body parts. "They will just think you're sending them some dead guy's finger to scare them," he said. To his relief, the kidnappers saw the sense in this. The emir decided to wait until the man in Fallujah came up with the phone number.
A week later he was taken up to the interrogation room for what would be his last visit. There was still no phone number, so the interrogators said they would videotape Waddah and send the tape to his family. His hood was removed, and he was ordered to sit still and say nothing--to simply look at the camera. Expecting to be beaten, he was surprised that the filming ended in a few minutes and that nobody laid a hand on him. "They said, 'This is your last hope. If this doesn't convince your family, there is nothing else we can do,'" he says.
Within days, a package was tossed into the front yard of his family's home in Baghdad. It was the videotape: grainy images of a silent Waddah, staring at the camera, followed by a short speech by a masked man asking for $100,000. Haseeba was overjoyed. The ransom demand was obviously far beyond the family's means. But while they waited for the kidnappers to make contact to negotiate the sum, Haseeba began to collect the money. Once again, the family went to the cousins and uncles in Fallujah and Ramadi, this time to ask for money. Again they dug into their savings, collectively raising $25,000. Haseeba and her daughters-in-law sold all their jewelry, and Mohammed flogged a pair of old British-made hunting rifles he had inherited from his father. With the permission of the cousin who owned it, they even sold the midnight blue Chevrolet Lumina for a knocked-down price. Even so, they were able to get the collection up to only $40,000.
The next time they heard from the kidnappers, it was on Mohammed's cell phone--the contact in Fallujah had finally delivered the number. Haseeba took the call, beseeching the kidnappers to lower their price. "I said, 'I am like your mother. Have pity on me,'" she says. The caller asked to speak with Mohammed and told him, "We don't like to negotiate with old women. Don't let your mother answer the phone again." But Haseeba's pleas had worked. The next morning the kidnappers called again to say the family should have the $40,000 ready for collection. That evening a white Toyota Camry stopped at the family's front gate, and an old man entered, introducing himself as a tribal sheik from Anbar province. He said he had been asked to collect some money, adding, "I don't know what it is for, and I don't want you to tell me."
Waddah was still weak from a fever and barely able to stand when a guard relayed the good news: he was going home. He was hooded, bundled into the trunk of a car and driven around for an hour. This time there were no stops and no changing of vehicles. The hood was removed, the plastic bounds cut. "This is it," said one of the men, thrusting something into the breast pocket of his dishdasha and pulling him out of the trunk. "Thank God for your freedom." The car sped away before Waddah could get to his feet. He found himself just outside a well-known mosque, with 5,000 Iraqi dinars ($3.30) in his pocket. He was able to get a lift home from a passing commuter. The long ordeal was over. He was free.
With liberation come new uncertainties. In recent months Waddah and his brothers have struggled to find work in Baghdad and have returned to jihadi-infested Ramadi. But Waddah says his kidnapping has made him stronger and less fearful. Like so many other Iraqis, the family members cope with the violence surrounding them by clinging to one another. When Haseeba heard the car stop at the gate on the fateful day, she says her instinct told her it had to be Waddah. "A mother knows," she says. "So I told Mohammed: Go to the door--your brother has come home." Then Waddah walked in, and mother and son grabbed each other in a tight embrace that neither wanted to end. After several minutes, Haseeba's other sons asked her to let Waddah go so that they too could embrace him. "Never," she said. "I will never let him go."
BA: Acto Público en Plaza Lavalle
58º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
36º Aniversario de la Desaparición del colega Dr. Néstor Martins
(Primer Abogado Desaparecido)
Hacia el 3º Mes de la Desaparición de Jorge Julio López y del Fallo “Etchecolatz"
Acto Público
11 de diciembre – 12:30
Plaza Lavalle
Instituciones co-convocantes
Asociación de Abogados de Buenos Aires
Asociación de Abogados Laboralistas
Asociación Americana de Juristas (Rama Argentina)
Federación Argentina de Colegios de Abogados
Oradores
Dr. Horacio N. Acebedo
por la A.A.B.A.
Dr. Luis Ramírez
Por la A.A.L.
Dra. Liliana Fontán
por la A.A.J.
Dr. Carlos Andreucci
por la F.A.C.A.
Diciembre 7, 2006
THAILAND: A well-known environmental activist is missing
ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION - URGENT APPEALS PROGRAMME
7 December 2006
------------------------------------------------------
UA-392-2006: THAILAND: A well-known environmental activist is missing
THAILAND: Abduction and forced disappearance; violation of right to life and security; persecution against human rights defenders; un-rule of law
Dear friends,
The Asian Human Rights Commission has been informed of the alleged abduction and subsequent forced disappearance of Mr. Thares Sodsri (53), a well known environmental activist in Baan Kha Distirct, Rachaburi province during the evening of 30 November 2006. Two weeks before his disappearance, Mr. Thares had reportedly submitted evidence to the Ministry of Natural Resources and Environment about widespread destruction of the forest in Ratchaburi and was due to testify in court against suspects in a forest encroachment case.
CASE DETAILS:
At around 10 am on 1 December 2006 Miss Sompit Jinnguy, 28 year-old house maid of Mr. Thares Sodsiri, made a complaint to Police Major Supot Thong-orn of the Bankha Police Station, Rachaburi that Mr. Thares was missing. She told Pol Maj Supot that she left Mr. Thares's house in Banbung sub-district, Ban Kha district, Ratchaburi in the evening of November 30 but when she came back to the house at 7:30am on the following day, she found that the spotlight in front of the house was still on and Mr. Thares was missing.
The police reportedly found traces of blood and three used 11mm handgun cartridges, two bullets and tire traces on the front lawn of Mr. Thares house. The police then searched the area of one square kilometre around the house but Mr. Thares was not found. Investigators suspect that Mr. Thares may have been shot dead in his house and his body taken removed.
Later, Pol Gen Maj Chaicharn Kitichan, Superintendent of the Ratchaburi Provincial Police went to investigate the area and ordered a check of Mr Thares's incoming and outgoing telephone calls and also ordered the Canine police to search for him.
On December 2, the police raided five different locations in Ban Kha district for clues to crack the case. They confiscated two pistols, a blood-strained pickup truck and clothes, which were all sent for forensic examination. Five people, including Amnart Romphoree, a village headman, have been question in the case so far but no arrest warrants have been sought to date.
According to the abducted activist's wife Mrs. Pongchit Sirirat, three dogs at their house had been killed by poisoning a few days before the abduction.
Mr. Thares is a well-known environmental activist in Ratchaburi who has been conducting a campaign against illegal forest encroachment projects in Ban Kha sub-district. He had led villagers to guard the forest from influential figures seeking to mine and plant palm on more than 1,000 rai of forest land. These influential figures are allegedly made up of the local political leadership; village heads, kamnan, chairmen and members of tambon administration organizations.
According to Mr. Thares' wife, just two weeks before the incident Mr. Thares had submitted a VCD showing widespread forest destruction in Ratchaburi by a local influential politician to the Natural Resources and Environment Minister Kasem Sanitwong as well as to the Minister of Interior, and requested them to sack the alleged politician. He was also due to testify in court against suspects in a forest encroachment case. The wife insists that local politicians behind illegal forest encroachment projects were behind her husband's abduction.
Mr. Thares' campaigning concentrated on an area of forest that stretches across 20,000 rai of land in Ratchaburi and Phetchaburi provinces. The area is under a royally-initiated project for forest protection and wildlife officials are preparing to declare the area a new national park.
ADDITIONAL COMMENTS:
On 30 August 2006 the Asian Legal Resource Centre and Working Group on Justice for Peace, a new local human rights group chaired by Angkhana Neelaphaijit, wife of missing lawyer Somchai Neelaphaijit (http://www.ahrchk.net/somchai), submitted the details of 12 disappearances in southern Thailand, arising from seven incidents between 2002 and 2005, to the United Nations (UA-286-2006; ALRC-PL-006-2006). They are among some 23 cases acknowledged by the government of Thailand in which the families have been paid compensation, but not given any information about what happened to their loved ones.
There is at present no reliable estimate of the total number of persons who have been forcibly disappeared in the south of Thailand since 2002, when hostilities steadily increased under the current administration. Informed persons put the number in the hundreds. Due to the lack of effective avenues for complaint and overwhelming fear, families of victims have not generally come forward to complain publicly (see AS-133-2006).
These cases all also speak to the patent lack of protection for witnesses and families of victims in the south. For related information see: Protecting witnesses or perverting justice in Thailand, article 2, vol. 5, no. 3, June 2006.
Mr. Thares' case should not be a repeat of unsolved disappearance of Somchai Neelaphaijit and other cases. Furthermore, to prevent such disappearances, the Thai government must join a new UN treaty to prohibit disappearances without delay.
To see the details of killings of 14 activists, please read the article, "Collusion and influence behind the assassinations of human rights defenders in Thailand" in Special Report: Rule of Law vs. Rule of Lords in Thailand published by the AHRC's sister organization the Asian Legal Resource Centre (Article 2, Vol. 4, No. 2. April 2005). Most of the cases remain unsolved.
SUGGESTED ACTION:
Please write to the Interim Minister of Justice and other persons below to ask their urgent intervention into this matter to locate the whereabouts of the missing activist and speed up a probe into this case. Please also ask for Thailand to join a new UN treaty to prohibit disappearances.
To support this appeal, please click:
Sample letter:
Dear __________,
THAILAND: A well-known environmental activist is missing
Name of victim: Mr. Thares Sodsri, aged 54, environmental activist; resident of 77/2 Moo 2, Bangung sub-district, Ban Kha District, Ratchaburi province
Date and place of disappearance: At night of 30 November 2006 at his house in Bangung sub-district
I am writing to bring your urgent attention regarding another alleged abduction and subsequent disappearance of a well-known environmental activist in Ratchaburi province on 30 November 2006.
According to the information I have received, Mr. Thares Sodsri, 54, who has been conducting a campaign against illegal forest encroachment projects in Ban Kha sub-district, is missing since the evening of 30 November 2006.
I was informed that the police found traces of blood and three used 11mm handgun cartridges, two bullets and tire traces on the front lawn of Mr. Thares's house. I suspect that Mr. Thares may have been shot dead in his house and his murderers took the body to destroy it elsewhere.
I was also informed that on December 2, the police raided five different locations in Ban Kha district for clues to crack the case. They confiscated two pistols, a blood-strained pickup truck and clothes which were all sent for forensic examination. Five people, including Amnart Romphoree, a village headman, have been question in the case so far. However, no arrest warrants have been sought to date.
Over the last 10 years, Mr. Thares has been campaigning concentrated on an area of forest that stretches across 20,000 rai of land in Ratchaburi and Phetchaburi provinces. He had also led villagers to guard the forest from influential figures seeking to mine and plant palm on more than 1,000 rai of forest land. These influential figures are allegedly made up of the local political leadership; village heads, kamnan, chairmen and members of tambon administration organizations.
There is rational suspicion that local politicians behind illegal forest encroachment projects were behind Mr. Thares' disappearance.
Just two weeks before the incident Mr. Thares had submitted a VCD showing widespread forest destruction in Ratchaburi by a local influential politician to the Natural Resources and Environment Minister Kasem Sanitwong as well as to the Minister of Interior, and requested them to sack the alleged politician. He was also due to testify in court against suspects in a forest encroachment case.
Besides, according to Mr. Thares' wife, 3 dogs at their house had also been poisoned in suspicious circumstances before the abduction. I suspect that the alleged abductors did so to prevent from getting the neighbours' notice for the planned abduction.
The circumstances of the abduction indicate that it is well prepared incident. In fact, this is yet another incident of forced disappearances and killings of human rights defenders in Thailand. Most of the cases remain unsolved. Even in the most high profile case of the disappearance of the human rights lawyer Somchai Neelaphaijit, the Thai government has failed to find what really happened to him and where he is. Mr. Thares' case should not be a repeat of unsolved disappearance of Mr. Somchai.
I therefore strongly urge you to conduct an independent and thorough inquiry about this matter. The Government of Thailand should bear the responsibility of Mr. Thares's disappearance and must take speedy action to find his whereabouts. I also call upon your government to the Thai government to sign the new UN Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance as soon as it comes into effect later this year. I also urge you to use your official capacity to ensure the free visits by all UN special experts on human rights, in particular the UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances to the country as a whole to investigate the situation of disappearances and attacks on human rights defenders.
I look for your urgent intervention into this matter.
Yours sincerely,
---------------
PLEASE SEND YOUR LETTER TO:
1. General Surayud Chulanont
Interim Prime Minister
c/o Government House
Pitsanulok Road, Dusit District
Bangkok 10300
THAILAND
Tel: +662 280 1404/ 3000
Fax: +662 282 8631/ 280 1589/ 629 8213
E-mail: spokesman@thaigov.go.th
2. Mr. Charnchai Likitjitta
Interim Minister of Justice
Office of the Ministry of Justice
Ministry of Justice Building
22nd Floor Software Park Building,
Chaeng Wattana Road
Pakkred, Nonthaburi
Bangkok 11120
THAILAND
Tel: +662 502 6776/ 8223
Fax: +662 502 6699/ 6734 / 6884
Email: ommoj@moj.go.th
3. Mr. Pachara Yutidhammadamrong
Attorney General
Office of the Attorney General
Lukmuang Building
Nahuppei Road
Prabraromrachawang, Pranakorn
Bangkok 10200
THAILAND
Tel: +662 224 1563/ 222 8121-30
Fax: +662 224 0162/ 1448/ 221 0858
E-mail: ag@ago.go.th or oag@ago.go.th
4. Prof. Saneh Chamarik
Chairperson
National Human Rights Commission of Thailand
422 Phya Thai Road
Pathum Wan District
Bangkok 10300
THAILAND
Tel: +662 2219 2980
Fax: +66 2 219 2940
E-mail: commission@nhrc.or.th
5. Ms. Hina Jilani
Special Representative of the Secretary General for human rights defenders
Att: Melinda Ching Simon
Room 1-040
C/o OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10
SWITZERLAND
Tel: +41 22 917 93 88
Fax: +41 22 917 9006 (ATTN: SPECIAL REPRESENTATIVE HUMAN RIGHTS DEFENDERS)
6. Mr. Philip Alston
Special Rapporteur on Extra-judicial, Summary, or Arbitrary Executions
Attn: Lydie Ventre
Room 3-016
c/o OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10
SWITZERLAND
Tel: +41 22 917 9155
Fax: +41 22 917 9006 (ATTN: SPECIAL RAPPORTEUR EXECUTIONS)
7. Mr. Santiago Corcuera
Chairperson
UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances
Attn: Tanya Smith
c/o OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10
SWITZERLAND
Tel: + 41 22 917 9176
Fax: +41 22 917 9006 (ATTN: WORKING GROUP EXTRAJUDICIAL EXECUTIONS)
Thank you.
Urgent Appeals Programme
Asian Human Rights Commission (ahrchk@ahrchk.org)
Asian Human Rights Commission
19/F, Go-Up Commercial Building,
998 Canton Road, Kowloon, Hongkong S.A.R.
Tel: +(852) - 2698-6339 Fax: +(852) - 2698-6367
EL RECORRIDO DE LA MUERTE…
“Dicen que aquí ya han encontrado 16 fosas con muertos, y que hay 600 personas más que fueron asesinadas. Ahora Usted si me entiende porque es que se siente tanta angustia, tanta tristeza cuando se conoce este lugar?”
Efectivamente, los aproximadamente 20 minutos que distan de San Onofre a la hacienda El Palmar, se recorren con escalofríos de solo pensar en lo que sintieron los cientos de víctimas que atravesaron el camino, que los conducía a su muerte, solo porque “si era gordo lo mataban, si no lo eras también, era simplemente el hecho de caerle mal”.
Hacen referencia a Rodrigo Pelufo alias “Cadena” el jefe paramilitar de la región, que hoy día, y a pesar de supuestamente haberse desmovilizado, no se sabe dónde está. Algunos dicen que se encuentra en Sincelejo y que “se mandó operar la cara, pa´ que no lo reconozcan”.
Son aproximadamente 2.500 héctareas de tierra, en las cuales, al lado izquierdo se encuentra un árbol de Caucho enorme que guarda entre su tronco las huellas de lo que se vivió durante más de ocho años en ese lugar, representadas hoy día en marcas de los disparos realizados por los paramilitares que usaban el macizo para ultimar sus víctimas.
En diagonal se encuentran las instalaciones de la hacienda, donde luego de subir aproximadamente 18 escaleras en forma de caracol, se llega al segundo piso, donde se destacan dos cuartos, hoy día totalmente abandonados. El primero es el que las personas que dejaron salir de allí, para que contaran las atrocidades que se cometían y que han dado en llamar “el cuarto de la última lágrima”, sitio en el cual vivieron los peores vejámenes que se pudiese imaginar. Allí eran llevados para ser torturados antes de la muerte.
El otro cuarto corresponde al de “Cadena” donde comparecían sus víctimas, luego de lo cual eran ejecutados o dispuestos a interrogatorio. En algunas ocasiones era él mismo quien los asesinaba a sangre fría, cuentan lugareños de la zona.
Al otro lado de estas instalaciones se encuentran las caballerizas, donde eran enterrados quienes no pasaban la prueba o a quienes se quería castigar cualquiera fuera el motivo. Algunas personas cuentan que se salvaron “solo me pusieron a recoger la cosecha que había, luego me soltaron para dar testimonio de lo que allí sucedía”.
El dolor es enorme, se escuchan lejanos ecos de auxilio, la imaginación nos juega malas pasadas. Se observan por lo menos tres fosas comunes. Al parecer se han encontrado hasta el momento 16 en el lugar. La gente dice que faltan muchas más. Se habla de 600 los asesinados allí, porque en total en toda la zona se dicen que son más de dos mil en esos 8 años.
En cada fosa, comentan, encontraron más de dos personas descuartizadas y enterradas. La verdad es que la longitud de las mismas no da para pensar que fueron enterradas completas. El silencio persigue la memoria de los que allí quedaron.
Al salir dejamos atrás el lago donde lanzaban a sus víctimas, para que fueran “tragados” por los caimanes que allí se encontraban o para de alguna manera, terminar el trabajo que los victimarios habían iniciado.
El terror que imperó durante estos años en la zona, impidió que antes se conociera este lugar. Aún así, los habitantes de San Onofre, fieles testigos de lo que allí ocurría, al amanecer del día de la audiencia convocada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, paciente y silenciosamente guardaban la esperanza de ser escuchados.
No obstante, de los 10 congresistas que hacen parte de la Comisión, solo llegó uno, Alexander López y como siempre uno solidario, Wilson Borja, luego de tres horas de retraso, dice porque el avión que los trasladaba de Bogotá al sitio se averió. Esa es la responsabilidad de los congresistas que conforman dicha Comisión.
Tres días después de realizada la audiencia, la opinión pública se debate entre las mentiras de los congresistas y políticos de la región, que exculpan sus responsabilidades y la tristeza que se experimentan cuando se preguntan ¿cómo pudo suceder todo esto, sin que nos diéramos cuenta?
Prensa Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo".
www.colectivodeabogados.org
Around 180 bodies exhumed from mass grave near Brcko
The Associated Press
6 December 2006
BRCKO, Bosnia-Herzegovina, Dec 6 (AP) -- Forensic experts have exhumed the remains of about 180 people from a mass grave in northeastern Bosnia containing the victims of Serb forces' ethnic cleansing campaign, a
forensic expert said Wednesday.
The team worked on the grave for a month and collected 105 complete bodies and 146 body bags containing other human remains, Murat Hurtic, the head of the forensic team said. The total number of dead is around 180 people, he said.
"It's a secondary mass grave that we have found not far from the city
and according to two documents two of the victims had with them, those are all people from Brcko and its suburbs, who were killed either in
the concentration camp Luka or just picked up from home and executed,"
he said. "Some of the skulls had three bullet holes in them," he added.
Secondary mass graves contain bodies originally buried elsewhere, but later moved to a different location in an effort to cover up the crime. The remains are often only partial, as those involved in reburying them often used bulldozers. The remains will be identified through DNA analysis and returned to their families.
More than 500 Muslim Bosniaks and Catholic Croats from Brcko remain missing since the 1992-95 Bosnian war when Serb forces captured the town and expelled or killed non-Serbs.
Negotiators of Bosnia's peace accord from 1995 - the Bosnian, Serbian
and Croatian presidents at the time - couldn't agree who should get
Brcko in the division of the country and left it up to international arbitrators who in 1999 ruled the city should be part of neither the Bosnian Serb republic, or the Bosniak-Croat federation but should be
a neutral district.
Since then Muslim Bosniaks, Catholic Croats and Orthodox Serbs are running the town together and the city has become an example for how
all of Bosnia should actually function.
Witnesses of the wartime killing led the Commission for Missing Persons to the mass grave.
"The authorities here have been very cooperative and even volunteers, such as local doctors, joined our team. For the first time we are
working in a city that seems to have faced its past," he said.
______________________________________________________________________
Agence France-Presse
25 November 2006
Families launch appeal over missing from Balkans wars
SARAJEVO, Nov 25 (AFP) -- The families of thousands of people who went missing during the 1990s Balkans wars urged the authorities in the region on Saturday to deliver answers about the fate of their missing relatives.
"The government authorities have an obligation to provide answers
about the fate of their missing citizens," the International Commission on Missing Persons (ICMP) said in a statement.
"Family members will continue to exert pressure on the highest-level political leaders in the region to do everything in their power to enable the release of information and to speed up the process of resolving
this important regional human rights issue."
The appeal was launched after a conference that gathered more than
60 representatives of associations representing families of missing
persons and relevant government institutions from Bosnia, Croatia, Serbia, UN-administered Serbian province of Kosovo and international organisations.
The participants have met over the past three days in the northeast
Bosnian town of Brcko.
"Associations' representatives believe that resolving the issue of missing persons should be a pre-condition for European integration
of this region," the ICMP said.
The ICMP is a Bosnia-based inter-governmental organisation founded
in 1996.
It is leading the process to identify remains and reveal the fate of some 40,000 people who went missing across the whole of the former Yugoslavia since it was shattered by a series of wars in the early 1990s. The fate
of around half of them is still unknown, according to the ICMP.
###
Diciembre 6, 2006
OVER HALF KOSOVO’S MISSING ACCOUNTED FOR
OVER HALF KOSOVO’S MISSING ACCOUNTED FOR, MOSTLY THROUGH BODY IDENTIFICATION
New York, Dec 6 2006 2:00PM
Over half of the more than 5,200 people reported missing in Kosovo after the 1998-99 conflict have been accounted for, mostly through identification of their remains, but concerns for those still missing is one of the most pressing issues in the ethnic Albanian-majority Serbian province, the United Nations mission there said today.
“It is of the highest priority to find the missing persons and identify the bodies,” UN Interim Administration Mission in Kosovo (<"http://www.unmikonline.org">UNMIK) Director of Justice Albert Moskowitz reported. The UN has run the province ever since Western Forces drove out Yugoslav troops in 1999 amid atrocities committed in ethnic fighting.
“Up to date, there are around 530 individuals whose remains have not yet been identified. To clarify the fate of the missing is a long and sensitive process and it is of special importance for the families affected. It is also essential to find the missing in order to help stabilize the region,” Mr. Moskowitz added.
A total of 5,206 people were reported missing after the conflict. By the end of last month, 2,150 persons (Kosovo Albanians, Kosovo Serbs and other ethnic minorities) where still listed missing, according to the International Committee of the Red Cross (ICRC).
>From 2002, the UN Office on Missing Persons and Forensics (<"http://www.unmikonline.org/justice/ompf_index.htm">OMPF) succeeded in reducing the number by over 50 per cent. OMPF was created in 2002 as a division in the UNMIK Department of Justice. Today, the office consists of 55 staff members who work to clarify the fate of the missing persons.
As of 1 December, 1,807 missing persons have been pronounced dead and have had their remains returned to their families. In addition, about 100 missing persons have been identified, but the families have chosen not to accept the bodies until other members of their families or communities are found so that they can be buried together.
OMPF has developed a Memory Project to create a public record of the experiences of the families of the missing. The first initiative used theatre to explore the painful issues facing the families and was compiled into the publication Voices. The second, an oral histories initiative, video-records interviews with the families to build a historical archive.
Arg: Aniversario 30 Años de Familiares
CUMPLE 30 AÑOS FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLITICAS
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas conmemorará su trigésimo aniversario con un encuentro en el Teatro La Máscara, Piedras 736, el próximo lunes 11 de diciembre a las 19hs.
En el acto, convocado con la consigna “30 AÑOS DE LUCHA QUE REIVINDICAN LA LUCHA”, se presentará un audiovisual producido por Gustavo Cernadas Lamadrid, Julio Santamaría y Carlos E. Martínez y el cierre estará a cargo de Teresa Parodi, constante luchadora por los Derechos Humanos.
Además integrantes del organismo testimoniarán sobre los comienzos de Familiares, primer organismo de derechos humanos de afectados del país, fundado en septiembre de 1976.
Contacto:
TE 011 - 49510960 / 011 - 49535646
Email: faderap@fibertel.com.ar
Diciembre 5, 2006
NUEVOS DESAPARECIDOS EN LA REGION DEL BAJO ARIARI
(Autor: Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari (Meta)) (Fecha: Diciembre 4 de 2006)
DR-227/06
Las juntas de acción comunal del sector de santo Domingo (Meta) jurisdicción del municipio de Vista hermosa comunican a la Comisión de Derechos Humanos que a raíz de el abuso de la fuerza pública unidades exactamente adscritas a la Brigada Móvil No. 12 que operan en la vereda Caño Piedra jurisdicción del municipio antes mencionado que se traducen en el saqueo de pertenencias y el robo de ganado de la finca de propiedad del señor JAMES VELAZQUEZ, este se traslado junto con su hermano el señor ANTONIO AGUDELO VELAZQUEZ y el señor JAVIER N. administrador de la finca, el día 30 de noviembre/2006 con documentos que acreditan tanto la propiedad de la finca y del ganado con el ánimo de hablar con el comandante de la patrulla para que no se siguieran presentando estos inconvenientes y al día de hoy a las 10:00 a.m. no habían regresado a la localidad de Santo Domingo.
Los familiares acudieron al delegado de la Comisión de derechos humanos en la localidad señor Jaime Ortega y a la directiva de la junta de acción comunal para que se informara a las diferentes autoridades de la demora en el regreso de las personas que habían quedado de regresar ayer en la tarde. De manera inmediata se armo una comisión de búsqueda conpersonas habitantes de la región que no han podido dar con el parardero de estas tres personas.
Existe preocupación porque en las noticias de radio el ejército informa que el día 30 de noviembre de 2006 abatieron en combate a tres insurgentes y coincide el sitio con el lugar a donde se dirigian estas tres personas.
En esta misma vereda y en la finca del señor James fue donde unidades de la brigada móvil No. 12 asesinaron al antigüo administrador de la finca hechos que reseñamos a continuación:
La Comisión de derechos humanos del sector del río Guejar tuvo conocimiento que los días 14 y 15 de agosto de 2006, en la vereda CAÑO PIEDRA municipio de VISTA HERMOSA, los dignatarios de las juntas de acción comunal denuncian la desaparición del señor WILSON VICENTE MONROY GALINDO en una finca de la misma vereda donde laboraba como administrador, fueron a buscarlo y encontraron la ropa y todas sus pertenencias tiradas fuera de la casa y hacia falta un televisor blanco y negro pequeño, insistieron en comunicarse con unidades de la brigada móvil número 12 que operaban en el sector pero fue imposible.
El día martes 15 mientras que lo buscaban unos campesinos expresaron que por las noticias de radio habían escuchado que había sido abatido en combate un insurgente apodado el “rolo”. Los familiares indagaron en el batallón 21 Vargas de Granada, donde encontraron el cadáver enterrado como N.N. lo reclamaron y le dieron cristiana sepultura en la ciudad de Bogotá. Habitantes de la región expresan su extrañeza por la forma y circunstancias en que murió WILSON y afirman que esta persona no estaba vinculada a la insurgencia como oficialmente lo afirma el ejército.
Se exige a las autoridades del orden nacional iniciar averiguaciones de caractér urgente a fin de dar con el paradero de estos campesinos y recomnendar a las unidades militares el pleno respeto por la vida, la honra y los bienes no solamente de los ciudaddanos en mención sino de todos los pobladores campesinos de la región del Bajo Ariari, porque en lo que va corrido de este año solamente en el sector las comuniaddes han denunciado por lo menos 9 ejecuciones extrajudiciales.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a las organizaciones sociales, sindicales y defensoras de derechos humanos a rechazar de manera urgente este nuevo hecho en contra de las comunidades campesinas víctimas de la presión desarrollada con motivo de las operaciones militares del Plan Patriota.
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DEL SECTOR DEL RIO GUEJAR
Diciembre 1, 2006
UGANDA: Army to probe human-rights abuses in northeast
KAMPALA, 1 December (IRIN) - A military tribunal has been appointed to probe allegations of abuses by Ugandan soldiers during a forced disarmament programme in which 55 people, including women and children, were killed, a senior official said on Friday.
"The chief of defence forces has appointed a board of inquiry to investigate reported mistakes during operations," the Defence Minister, Crispus Kiyonga, told a news conference in the capital, Kampala. To headed by an army Colonel, the board will include legal officers in the army, he added.
In an apparent acceptance that the military was responsible for some of the abuses highlighted by the United Nations High Commissioner for Human Rights, Kiyonga said measures were being put in place to improve discipline in the army, adding that more troops were being deployed to the area. "In order to limit unintended damage to the population and their property, measures are being taken to tighten the discipline in the troops in the region," he said.
The UN High Commissioner for Human Rights, Louise Arbour, said in a report last week that investigations had uncovered evidence of abuses, including summary executions, arbitrary arrests, torture and rape, and asked the Ugandan authorities to halt operations. The UN Children's Fund (Unicef) also called for restraint after reports of continued violence in the region.
"In addition to the immediate threat of bodily harm and death, violence can exert a cumulative toll on entire communities," Unicef Country Representative Martin Mogwanja said in a statement on Thursday. "Violence can keep children out of school and rob them of the chance to fulfil their potential. Multiplied many times over, violence robs the community of its potential for development."
Mogwanja's appeal was the latest UN call for restraint in the disarmament campaign being conducted against Karamojong warriors in the northeastern region.
Kiyonga said a militia group involved in a bloody clash that resulted in the killing of about 20 government soldiers, triggering what was said to be retaliatory attacks by the army, had been disbanded.
"The LDUs [local defence units] that were part of the force involved in the operation in Lupuyo on 29 and 30 October have been dissolved," he said, maintaining that the forceful disarmament was needed to restore order in the lawless area, which is rife with banditry and cattle rustling.
The head of the army, Gen Aronda Nyakairima, said up to 88 warriors had been arrested and would be brought before a military court charged with illegal possession of fire-arms. Nyakairima, however, said the operation was under pressure from the proliferation of arms in the region, which originated outside the country.
"In Somalia, there is a kind of an arms factory, not in terms of manufacturing," he said adding that joint cross-border efforts would be needed to solve the problem.
Karamoja is the least developed area of Uganda and its residents, mainly the Karamojong, have a history of antagonism towards the government. Recently they accused the government of trying to leave them defenceless against rival tribes through the disarmament scheme. The military says the programme had been a success, collecting about 3,500 guns, many of them assault rifles, since it was launched in May.
Colombia: Actos de intimidación contra el servicio de protección del Sr. Iván Cepeda Castro
LLAMADO URGENTE – EL OBSERVATORIO
COL 029 / 1206 / OBS 142
Intimidación / Hostigamiento
COLOMBIA
1° de diciembre de 2006
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.
Nueva información:
El Observatorio ha recibido informaciones del “Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado”1, sobre actos de intimidación que se han llevado a cabo contra el servicio de protección del Sr. Iván Cepeda Castro y de la Sra. Claudia Girón Ortiz, miembros de dicha organización y dirigentes de la Fundación “Manuel Cepeda Vargas”, en hechos ocurridos en la ciudad de Bogota.
De acuerdo con las informaciones, el 24 de noviembre de 2006, hacia las nueve de la noche, el vehículo asignado para la seguridad de la Fundación “Manuel Cepeda Vargas”, donde usualmente se desplazan el Sr. Iván Cepeda Castro y la Sra. Claudia Girón Ortiz, fue detenido por desconocidos que portaban armas largas y que se identificaron como miembros de la Sección de Policía Judicial e Investigación (SIJIN). Después de encañonar al conductor, que en ese momento se encontraba solo, los supuestos agentes policiales procedieron a verificar la presencia de otras personas en el interior del automóvil. Cuando el chofer les mostró su carné de identificación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), los desconocidos huyeron.
Según las declaraciones de las autoridades policiales, ese día, 24 de noviembre de 2006, la SIJIN no tenía asignados operativos en la zona donde tuvo lugar la retención del vehículo.
Estos graves hechos sucedieron un día antes que varios miembros del “Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado” se desplazaran al municipio de San Onofre, departamento de Sucre, con el fin de asistir a una audiencia pública de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, en la cual está previsto escuchar las denuncias de la comunidad residente en la zona, víctima de actos de intimidación. Según las denuncias, numerosos habitantes de San Onofre habrían sido obligados por miembros de grupos paramilitares a firmar documentos en los que les transferían a estos la propiedad de sus tierras.
Entre las víctimas figura el Sr. Juvenal Escudero. El 23 de noviembre de 2006, este último recibió un disparo en la espalda, que le causó graves heridas, de parte de dos desconocidos que se movilizaban en moto. En días pasados, el Sr. Juvenal Escudero denunció las presiones de las que fue objeto por parte de grupos paramilitares para trasladar el titulo de sus tierras al Sr. Rodrigo Antonio Mercado Peludo, un paramilitar conocido como el Alias de “Cadena”.
El Observatorio recuerda que, el 30 de abril de 2006, el Sr. Iván Cepeda Castro recibió un mensaje amenazante en su correo personal y en el “foro del lector” de su columna en el diario colombiano « El Espectador », en el cual colabora habitualmente, en el que se lee: « Nuestra razón de ser hoy esta mas (sic.) vigente que nunca, la defensa de la libertad y la democracia Colombiana (sic.) y hasta que no cese el ultimo (sic.) fusil guerrillero opresor del pueblo Colombiano (sic.) seguiremos en armas combatiendo la guerrilla utilizando todos los medios que estén a nuestro alcance. Por una Colombia libre, digna, justa y en paz. Autodefensas somos todos. Estado Mayor Autodefensas Campesinas Nueva Generación, ACNG »[1].
El Observatorio manifiesta su seria preocupación por las consecuencias que puedan tener estos actos de intimidación en las actividades del “Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado” y sobre la integridad personal de sus miembros, en particular el Sr. Iván Cepeda Castro y la Sra. Claudia Girón Ortiz. El Observatorio condena estos nuevos hechos de hostigamiento de los defensores de Derechos Humanos en Colombia y manifiesta su grave preocupación por la seguridad y por la integridad física y psicológica de todos los defensores de derechos humanos en Colombia y de los miembros de sus respectivas familias.
Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:
i. adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Iván Cepeda Castro, de la Sra. Claudia Girón Ortiz y de cada uno de los miembros del “Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado”, así como de todos los defensores de derechos humanos y de los miembros de sus respectivas familias;
ii. ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a estos actos de intimidación y al hostigamiento contra el Sr. Iván Cepeda Castro y la Sra. Claudia Girón Ortiz, con el fin de identificar a los culpables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iii. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona « individual o colectivo, promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos » (Art.1) y a la obligación de las autoridades de garantizar “ la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art. 12.2);
iv. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.
Direcciones:
· S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax:+57.1.566.20.71. Email: auribe@presidencia.gov.co
· Francisco Santos, Vicepresidente de la República, Tel. (+571) 334.45.07, (+573) 7720130
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co ; buzon1@presidencia.gov.co
· Programa DDHH de Vicepresidencia: ppdh@presidencia.gov.co
· Observatorio DDHH de Vicepresidencia: obserdh@presidencia.gov.co
· Doctor Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com ; agenda@agenda.gov.co
· Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +57.1.570.20.00; +571 414.90.00 Extensión 1113
E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
· Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Cr. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49 E-mail: quejas@procuraduria.gov.co; webmaster@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co; reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
· Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Cr. 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail : siden@mindefensa.gov.co; infprotocol@mindefensa.gov.co; mdn@cable.net.co
· Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. E-mail: cefranco@presidencia.gov.co
· Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Tel.: +57.1.336.03.11, Fax: +57.1.337.46.67, E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
· Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. FAX: + 41.22.791.07.87; TEL.:+ 41.22.798.45.55. E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
· Sr. Carlos Holmes Trujillo, Misión Diplomática en Bruselas: FAX: +32.2.646.54.91, Email: colombia@emcolbru.be
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
***
Ginebra-Paris, 1° de diciembre de 2006
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
El Observatorio, Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, 1998
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 20 11 / + 33 1 43 55 18 80
Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
E-mail: Appeals@fidh-omct.org
--------------------------------------------------------------------------------
1 El “Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado”, nació el 25 de junio de 2005, como fruto de un extenso acumulado histórico de luchas de las víctimas por los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, formado por miembros de: comunidades indígenas y afro descendientes, sindicalistas, mujeres víctimas de desplazamiento forzoso, familiares de detenidos-desaparecidos, sobrevivientes del caso de genocidio contra el partido político la Unión Patriótica (UP), en donde más de 3.000 integrantes fueron muertos en dos décadas de existencia del mismo, incluyendo al padre del Sr. Cepeda Castro, el último Senador por la UP, Sr. Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994). El Movimiento ha sido uno de los actores que más activamente ha denunciado la falta de garantías que ofrece la llamada Ley de Justicia y Paz que regula la desmovilización paramilitar, para la consecución de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Según han denunciado, durante su cerca de un año de existencia varios miembros del mencionado Movimiento han sido objeto de presiones, registros e incluso del asesinato o desaparición de cerca de 10 líderes pertenecientes a organizaciones que forman parte del mismo.
[1] Ver Llamado Urgente Observatorio COL 008 / 0506 / OBS 033.2, emitido el 1° de junio de 2006.
Madrid: Retirada de placa de la calle dedicada al golpista Millán Astray
En la tarde de ayer, la Federación Estatal de Foros por la Memoria y la Coordinadora Antifascista de Madrid retiraron una placa de la calle dedicada al golpista Millán Astray, en el madrileño barrio de Aluche.
Esta calle es una de las 167 que en la capital del Estado siguen recordando a los asesinos, violadores y torturadores que dieron el golpe de estado, que exterminaron a cerca de medio millón de personas, y que después de acabar la guerra y hasta la muerte de Franco, fusilaron alrededor de doscientas mil personas e hicieron prisioneras a más de un millón, cuyo único delito fue actuar contra un régimen impuesto a sangre y fuego.
Además de calles que les honren, los criminales franquistas han gozado de una impunidad total, garantizada por la Ley de Amnistía de 1977, una verdadera Ley de Punto Final incompatible con toda la legislación y jurisprudencia internacional sobre derechos humanos, crímenes de guerra y de lesa Humanidad.
El alcalde de Madrid, Sr. Gallardón y la presidenta de la comunidad, Sra. Aguirre, permiten que desde las placas de las calles madrileñas se siga humillando a las víctimas del terrorismo franquista y se siga haciendo apología del genocidio y de crímenes contra la humanidad.
Durante la retirada de la placa se repartió un panfleto en el que se explicaba quién fue el sr. Millán Astray.
FEDERACIÓN ESTATAL DE FOROS POR LA MEMORIA + COORDINADORA ANTIFASCISTA DE MADRID
11 argentinos FUERON ASESINADOS EN CHILE
Bajo el régimen comandado por Pinochet se contabilizan once ciudadanos argentinos asesinados. El asunto no termina allí. La justicia chilena invocó la prescripción para eludir el procesamiento de los asesinos de los ciudadanos argentinos Bernardo Lejderman y Leonardo Henrichsen, ultimados antes y después del golpe militar perpetrado el 11 de septiembre de 1973.
Lo denunciaron en conferencia de prensa los abogados de derechos humanos Hiram Villagra y Héctor Salazar. Los juristas apelaron separadamente ante las cortes superiores por ambos casos.
por Ernesto Carmona*
http://www.pieldeleopardo.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2864
En la conferencia de prensa, ofrecida en el Círculo de Periodistas de Santiago, participaron, además, el Embajador de la República Argentina, Carlos Enrique Abihaggle; la Encargada de Derechos Humanos de esa representación diplomática, Silvia Cao; y Ernesto Lejderman, hijo de una de las víctimas. El embajador Abihaggle explicó que su gobierno ha reclamado a Chile por once casos de argentinos asesinados o desaparecidos bajo la dictadura de Pinochet, en tanto Salazar dijo representar a las familias de cinco ciudadanos uruguayos que corrieron la misma suerte.
La familia del periodista y camarógrafo de la Radio y Televisión de Suecia Leonardo Henrichsen, asesinado el 29 de junio de 1973 –cuando el intento de golpe recordado como el Tanquetazo o Tancazo–, está representada por el jurista Hiram Villagra, quien pidió el jueves 30 la reapertura de la causa cerrada por segunda vez consecutiva por la jueza de primera instancia Rommy Rutheford, del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, bajo el argumento de la prescripción.
En el caso de Bernardo Lejderman, maestro y estudiante de leyes argentino, asesinado junto a su esposa mexicana María del Rosario Avalo Castañeda el 8 de diciembre de 1973, el abogado Héctor Salazar apeló ante la corte superior. Después de este asesinato, el entonces teniente Emilio Cheyre entregó a la monja Cecilia Ibarra, del Convento Casa de Providencia de La Serena , al menor de dos años y medio Ernesto Lejderman Avalos, hijo de la pareja asesinada. El hoy general retirado Emilio Cheyre declaró en el proceso siendo Comandante en Jefe del Ejército.
Caso Henrichsen
El abogado Hiram Villagra explicó: “Recientemente el tribunal ordenó el nuevo archivo de la causa, por segunda vez, declarando agotada la investigación, y nosotros hemos solicitado con fecha de hoy el desarchivo de la causa y su reapertura. No aceptamos que se instale la impunidad y vamos a seguir exigiendo que se tome la resolución que en derecho corresponde que es el procesamiento de los responsables de este crimen”.
–¿Con qué argumento pidió la reapertura?
–Primero, lo que corresponde al procesamiento: que es un crimen de guerra y de lesa humanidad y por lo tanto no es susceptible de ninguna causal de extinción y, estando ya cumplidos los requisitos de auto procesamiento del artículo 274 [identificación de los culpables y que esté establecido el hecho], es necesario procesarlos.
"Además, acompañamos dos nuevos antecedentes: uno que es bastante valioso, que aportó la propia familia Henrichsen, que es el ejemplar de la televisión sueca de la nota donde él muere. El ejemplar que tenía el proceso era el de Chile Films, con bastantes imperfecciones técnicas, que podían dar lugar a dudas. Esta nueva versión original de la película, donde se distingue con toda claridad el transcurso de los acontecimientos, es un antecedente que claramente tiene que ser incorporado al proceso.
" Pero aparte de ese tema probatorio, el tema de fondo es que están identificados los culpables, está establecido el delito y este crimen no puede ser considerado ni amnistiable ni prescriptible”.
–¿Por qué razón?
–Porque es un crimen de lesa humanidad. Hay un deber del Estado de responder; hay un reconocimiento de la responsabilidad del Estado a través de una nota [de la dictadura] en que señalaron estar dispuestos a reparar y eso obliga a las tareas de investigar y sancionar. Cuando el Estado chileno crea impunidad el día 11 de septiembre [de 1973] al cerrar una causa abruptamente, está incurriendo en una irresponsabilidad internacional que sólo puede ser reparada con la reapertura y el castigo final de los culpables”.
Caso Lejderman
Respecto a la causa de Bernardo Lejderman, el abogado Héctor Salazar indicó que “actualmente está en apelación, en la Corte de Apelaciones de Santiago, la sentencia del ministro Joaquín Billard, en virtud de la cual exoneró de responsabilidad a los autores de los asesinatos de los padres de Ernesto Lejderman por estimar que los delitos estaban prescritos. En la próxima semana ese recurso se va a ver en la Corte y un tema que se va a discutir allí es precisamente si estos delitos prescriben o no prescriben.
"Por cierto que la posición nuestra, y que está apoyada en la última jurisprudencia abundante de nuestras cortes, y sobre todo de la Corte Suprema , creo que vamos a revertir el caso y vamos a lograr que en definitiva se dicten sentencias condenatorias y reparatorias a favor de Ernesto, que es el hijo sobreviviente de Bernardo Lejderman y María del Rosario Avalos Castañeda". –El Embajador habló de 11 casos. ¿Conoce usted los otros?
–Si, yo conozco otros, más bien por razones de cultura general, pero éste lo conozco directamente porque soy el abogado de Ernesto Lejderman. Conozco también directamente el caso de cinco ciudadanos uruguayos por representar a sus familiares en una investigación que también se está llevando a cabo en nuestros tribunales.
Los 11 argentinos
Entre los 11 casos de argentinos muertos en Chile se encuentra Oscar Bugallo, quien fue visto por última vez en el Estadio Nacional el 15 de octubre de 1973 y cuyo cadáver apareció dos días después, el 17 de octubre de 1973, en los alrededores del Templo Votivo de Maipú.
Su compañera, Olga Reynoso, documentalista y fotógrafa, viajó a Chile a buscar información e iniciar un juicio. Consiguió testigos que vieron a Bugallo detenido en el Estadio Nacional, pero la presentación que realizó ante la Corte de Apelaciones de Santiago por ejecución, asociación ilícita y aplicaciones de tormentos permanece paralizada.
El gobierno de Argentina reclamó a Chile que se haga justicia por la suerte de Henrichsen, Lejderman y Bugallo, y de otros ocho casos documentados de ciudadanos argentinos victimados en este país: Benjamín Garzón, Hugo Ratier, Beatriz Elena Agüero, Carlos Rodolfo Adler Zulueta, Miguel Angel Lacorte, Teodoro Konoba, José Luque Schurman, Manuel Norberto Mezquita Ramírez.
Familia Henrichsen. La familia del periodista Leonardo Henrichsen –sus hijos Josephine y Andrés, y su viuda, Patricia Heather Macfarlane–, hizo llegar un saludo ante la imposibilidad de viajar a Santiago para asistir a esta conferencia: "Creemos que solamente con actos de este tipo conseguiremos ser escuchados. la intención es poder lograr que la justicia chilena centre su atención en estos dramáticos casos y no olvide a nuestros familiares desaparecidos.
"Estos casos de lesa humanidad son imprescriptibles según convenciones internacionales y el reciente fallo de la Corte Interamericana de DDHH sobre el caso Almonacid pone aún más en evidencia este punto.
"Esperamos que el poder judicial chileno reconsidere su actuar e investigue estas causas hasta apresar y juzgar a todos los culpables que se encuentran claramente identificados en los correspondientes expedientes. Continuaremos esta lucha hasta lograr justicia y castigo a los culpables".
Homenaje a Lejderman. Los restos de Bernardo Lejderman, que hoy se encuentran en el Servicio Médico Legal de La Serena, serán retirados por su hijo Ernesto el sábado 9 de diciembre y trasladados al Memorial de los Desaparecidos del Parque Pedro de Valdivia de La Serena, donde recibirán un homenaje, al igual que su madre, la ciudadana mexicana María del Rosario Avalos Castañeda, cuyas cenizas se encuentran en una fosa común del Cementerio General de Santiago.
Después de la ceremonia en La Serena, los restos de Lejderman serán llevados a Santiago para efectuar al día siguiente sus honras fúnebres en el Memorial de los Desaparecidos del Cementerio General, el domingo 10 de diciembre a las 11:30 horas. Sus restos quedarán en ese memorial.
--------------------------
* Periodista.