Proyecto Desaparecidos: Notas: Colombia Archives

Julio 28, 2007

Entregan en Colombia restos de 25 desaparecidos por paramilitares

Los cuerpos hacen parte de los restos de 124 personas que las autoridades han hallado en los últimos meses en esa región del norte de Colombia y que los forenses han podido identificar.

Bogotá.- Autoridades colombianas entregaron hoy los restos óseos de 25 personas que fueron asesinadas por las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el norte del país, informó la Fiscalía local.

En un comunicado, el Ministerio Público señaló que los restos humanos fueron entregados a sus familiares tras las exhumaciones realizadas en fosas comunes halladas en el municipio caribeño de Fundación.

Los 25 cuerpos hacen parte de los restos de 124 personas que las autoridades han hallado en los últimos meses en esa región del norte de Colombia y que los forenses han podido identificar.

Según los investigadores, estas personas habrían sido asesinadas por hombres al mando del ex jefe de las AUC, Rodrigo Tovar, alias “Jorge 40″, quien se encuentra recluido en prisión.

Organizaciones sociales acusan a las AUC de matar y desaparecer a miles de civiles, entre el 2000 y 2004, la mayoría de ellos en los norteños departamentos de Magdalena y César.

La Fiscalía informó que los restos óseos de las 25 personas fueron entregados en un acto especial realizado en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, mil 300 kilómetros al norte de Bogotá.

La localización de los cadáveres fue posible luego que paramilitares desmovilizados confesaran el sitio donde fueron enterrados para recibir los beneficios judiciales que les ofrece la Ley de Justicia y Paz, que reguló el desarme de las AUC.

La polémica normativa exige a los paramilitares desmovilizados que confiesen sus delitos como condición para que puedan recibir beneficios judiciales como menores penas de prisión y su reclusión en cárceles especiales.

http://www.milenio.com/index.php/2007/07/23/97267/

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Junio 21, 2007

Col - Exigen investigar desapariciones tras combates del ejército con el M-19

AFP, DPA, REUTERS

Santafé de Bogotá, 20 de junio. El ex coronel Alfonso Plazas, quien dirigió por la fuerza de las armas la recuperación del palacio de justicia tomado en 1985 por la guerrilla colombiana, reconoció que personas que salieron con vida de ese enfrentamiento "fueron desaparecidas" y pidió se investigue y sancione a los funcionarios responsables.

Veintidós años después de que la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19) tomara el palacio de justicia en Bogotá, "ya no quedan dudas de que algunas de las personas que salieron con vida del palacio fueron desaparecidas", señaló el ex militar, quien el 6 de noviembre de 1985 comandó un escuadrón de tanques que ingresó al edificio para enfrentar a los rebeldes, de acuerdo con declaraciones divulgadas por el diario El Tiempo.

El oficial, quien fue llamado a declarar ante la fiscalía colombiana que reabrió el caso, afirmó que ni él ni los hombres bajo su mando de la Escuela de Caballería fueron los que "obraron mal", cuando un centenar de personas murieron en el hecho, entre ellos el presidente y varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Por lo tanto, pidió a la Fiscalía que investigue para que se llegue al "conocimiento real de lo que sucedió y para que se sancione a los funcionarios por sus equivocaciones o crímenes" tras los combates dentro del edificio que duraron dos días.

Por los hechos, en lo que se cree que al menos 11 personas estaban vivas y nunca aparecieron, la fiscalía investiga a un grupo de militares y mantiene detenido al entonces jefe de Inteligencia del ejército en Bogotá, Edilberto Sánchez.

El ex candidato presidencial y facilitador de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Alvaro Leyva presentó al presidente Alvaro Uribe una propuesta secreta sobre el intercambio humanitario, que igualmente será entregada a los rebeldes, quienes exigen la desmilitarización de dos municipios del suroeste del país como condición para dejar en libertad a los rehenes en su poder.

Uribe firmó el martes los primeros 16 indultos para que igual número de rebeldes de las FARC sean excarcelados en los próximos días, con lo que se espera que los insurgentes acepten un intercambio humanitario.

El gobierno de Francia, interesado en la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, solicitó a Uribe la excarcelación del llamado canciller de las FARC, Rodrigo Granda, quien ya fue recibido esta semana en La Habana, confirmó hoy el canciller cubano, Felipe Pérez Roque.

En otro orden, se informó que el líder campesino Manuel López fue asesinado por oponerse a la conformación de frentes al mando de paramilitares. El crimen del líder de desplazados del sector Nelson Mandela ocurrió recién el domingo, sin que las autoridades hayan hecho nada para protegerlo, denunciaron compañeros de lucha.

http://www.jornada.unam.mx/2007/06/21/index.php?section=mundo&article=032n2mun

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Junio 20, 2007

Col - ¿Está perdiendo la batalla el movimiento de víctimas?

Medellín, jun. 20 (IPC) ¿Se está quedando sin fuerza el movimiento de víctimas del paramilitarismo en Antioquia? ¿Las expresiones masivas de apoyo a los comandantes paramilitares que rinden versión libre en Medellín por parte desmovilizados, sus familias y simpatizantes revelan un proyecto superior al que manifiestan las víctimas? ¿Lo vivido en la capital antioqueña refleja la ventaja que tiene el vencedor sobre el vencido?

Las preguntas surgen luego de los apoyos públicos observados en las últimas dos semanas durante las versiones libres ante la Unidad de Justicia y Paz de los comandantes paramilitares desmovilizados Fredy Rendón, alias El Alemán, jefe del bloque Élmer Cárdenas, de fuerte raigambre en el Urabá antioqueño y chocoano, y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, quien está al frente del bloque Central Bolívar y con ascendencia en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueños, así como el Sur de Bolívar y el suroriente del país.

Las expresiones multitudinarias de los reinsertados, autorizadas por la Alcaldía de Medellín, opacan de tal manera las acciones de las familias afectadas por las incursiones de las distintas fuerzas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que la Procuraduría General de la Nación le reclamó al Gobierno nacional las “medidas necesarias para garantizar a las víctimas de los paramilitares el pleno ejercicio de sus derechos”.

En carta dirigida al ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, el Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, pidió al funcionario, que preside el Comité de Coordinación Interinstitucional, que "se adopten correctivos que garanticen a las víctimas ejercer sus derechos sin limitación alguna".

Para el Procurador, “la actitud festiva” de personas afectas a los jefes desmovilizados en inmediaciones del centro administrativo de La Alpujarra, “trivializa el dolor de las víctimas que han acudido a tales diligencias”.

El juego, el futuro
Pero más allá de las solicitudes del Procurador General de la Nación y de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos de Medellín y el país, lo que está en juego es la capacidad de organización y movilización del movimiento de víctimas para hacerle frente a un proyecto que los paramilitares consolidaron en sus regiones de operación a través del sometimiento militar y de la intervención social.

Vilma Liliana Franco Restrepo, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), advierte que la debilidad de lo que hoy se denomina movimiento de víctimas se explica por varias razones: “No hay movimiento sino una dinámica de acciones colectivas muy incipiente en torno a los derechos de verdad y reparación que enfrenta enormes dificultades para convertirse en un movimiento social. Esa dinámica incipiente de movilización carece de dirección y preparación política, lo cual es una consecuencia, y a su vez una continuidad, de la despolitización de la discusión sobre la guerra que tuvo lugar en los últimos 15 años”.

La investigadora del IPC considera, además, que el miedo difundido por la violencia paramilitar en los últimos años ha cumplido una función importante en la disolución y prevención de lazos colectivos y ha transformado profundamente la subjetividad de los sobrevivientes. Aún prolonga el efecto del castigo y la represión, y lleva a que los sobrevivientes estén más atentos a la conservación de su vida que a la exigencia política de justicia, verdad y reparación. La guerra aún está en curso, de modo que es obvio el temor a las represalias por la movilización en torno a tales derechos.

Fernando Quijano, director ejecutivo de Corpades (Corporación para la Paz y el Desarrollo Social), considera que el movimiento de víctimas necesita fortalecerse a partir de convocar más a las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad, “porque es un movimiento que tiene dolor, que necesita conocer la verdad”.

En la perspectiva del fortalecimiento, Gerardo Vega, coordinador regional de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación (Cnrr), destaca el trabajo que ha hecho la dependencia a su cargo en Antioquia en cuanto a la movilización de víctimas. “En ocho meses hemos logrado 30.008 denuncias de víctimas afectadas por los paramilitares”, dice Vega y aclara que “son aspectos positivos desde el punto de vista de la gente, que está dispuesta a declarar, reclamar sus derechos e iniciar el incidente de reparación”.

“Como puede verse, empezamos bien: visibilizando a las víctimas y poniendo este problema en público, que no estaba ocho meses atrás. Creo que hemos ganado”, afirma el funcionario, pero también reconoce que este trabajo no es sólo de la Comisión. El movimiento de víctimas y las organizaciones de derechos humanos han perdido un espacio que ya se había ganado. No se trata de aislarse ni de dejar de hacer presencia. “No pueden decir 'nos arrinconaron y así nos quedamos'. Tienen que rescatar el liderazgo”.

Sin embargo, hay un círculo vicioso que destaca Pablo Angarita, director del Grupo de Investigaciones Conflicto y Territorios del Instituto de Estudios Regionales, de la Universidad de Antioquia: “Las víctimas no sienten respaldo sino de las organizaciones de la sociedad civil, cuya única arma es denunciar ante la opinión nacional e internacional, pero que no tienen el respaldo institucional porque el mismo Gobierno tiende a señalar de terroristas a quienes reclaman los derechos de las víctimas”.

Y así lo siente Fernando Quijano, de Corpades, quien acusa a la administración del alcalde Sergio Fajardo de complaciente con los reinsertados: “Es una actitud similar a la de Pilatos, se lava las manos para no enfrentar a los señores que están gobernando a Medellín, y es una forma de decir que el espacio público lo controla él frente a las víctimas, pero no lo controla frente a los que son parte de los victimarios, para que ellos sigan haciendo el trabajo de amedrantar las víctimas”.

Se imponen los vencedores
Pero, ¿qué explica el comportamiento de quienes llegan a Medellín desde diversos municipios de Antioquia y departamentos vecinos a gritar vivas, arrojar flores y papel picado a quienes aún consideran “sus patrones”?

Franco Restrepo explica que las movilizaciones de los seguidores de los comandantes paramilitares “son una evidencia del interés de esa comandancia por demostrar su legitimidad social y por seguir reclamando estatus político. Estas manifestaciones las facilitan varios factores: que algunos de estos personajes establecieron relaciones hacendatarias (verticales) donde las fidelidades se producen a partir de la asignación de beneficios tangibles, el poder económico que permite la movilización y los silencios aquiescentes de las autoridades públicas”.

También evidencian, según la investigadora, que la violencia paramilitar tuvo el respaldo activo y pasivo de muchos sectores (económicos y políticos) de las sociedad locales, así como de la sociedad nacional. Y lo que es más grave aún: que la estructura paramilitar continúa viva, pese a la reclusión de algunos de sus jefes y de las desmovilización de una parte de sus tropas.

En conclusión, Franco Restrepo advierte que la forma como se manifiesta es una apología a los crímenes cometidos; los saludos a los manifestantes son una muestra de que no hay arrepentimiento, y la invisibilización de las víctimas es una consecuencia de la forma cómo definieron el enemigo y de ratificar la justificación de la violencia ejercida.

El investigador Pablo Angarita reconoce que el ambiente en el departamento y el país es más favorable hacia los victimarios que hacia el dolor de las mismas víctimas. “La movilización de sectores reinsertados responde a un diseño de estrategias jurídicas y políticas, que consiste en movilizar bases de apoyo que pueden ser de simpatías compradas. Y eso lo pueden hacer porque cuentan con un contexto que les es favorable a partir de los compromisos adquiridos con el Gobierno nacional y con sectores del sector privado que se han beneficiado de su accionar durante estos años”.

Agrega Angarita que las manifestaciones públicas observadas en Medellín, “que uno podría catalogar de cínicas indican el poderío conque se sienten, y quieren continuar con este ambiente de miedo hacia la sociedad y hacia las víctimas para seguir ganando beneficios en el orden jurídico y también beneficios en el orden económico”.

En suma, son dos proyectos que están en puja y como bien lo expresa la investigadora del IPC, “la colisión entre unos y otros, y la forma cómo se manifiestan, es una confirmación de la correlación de fuerzas en la guerra, donde se expresa la arrogancia de los vencedores y la soledad de los oprimidos”.

Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
(57 4) 284 90 35
www.ipc.org.co

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Junio 15, 2007

Col - A indagatoria otro coronel por los desaparecidos del Palacio de Justicia

La Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria al coronel en retiro Luis Carlos Sadovnick y lo vinculó formalmente a la investigación por los once desaparecidos durante el holocausto al Palacio de Justicia.

Sadovnick en 1985 durante la toma del Palacio era el segundo al mando en la Décimo Tercera Brigada del Ejército, la cual comandaba el general Jesús Armando López Cabrales.

El oficial llamado a indagatoria era el inmediato superior de los también coroneles (r) Luis Alfonso Plazas Vega y Edilberto Sánchez Rubiano, comandantes de la Escuela de caballería y el B2 del Ejército respectivamente.

El coronel Sadovnick, según la investigación habría liderado el operativo de retoma que desarrollaron en el Palacio de Justicia al mando de Plazas vega y Sánchez Rubiano, entre otros militares.

De esta manera ya son siete militares investigados por la desaparición de once personas en la toma del Palacio de Justicia.

http://www.caracol.com.co/noticias/440793.asp

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Junio 14, 2007

Col - Derechos de las víctimas violados en Antioquia

CAMPAÑA
MEMORIAS CONTRA EL SILENCIO Y LA IMPUNIDAD
NUNCA MAS CRIMENES DE ESTADO

Medellín, 13 de junio de 2007

Nos unimos para contribuir a la recuperación de la memoria histórica de los crímenes de lesa humanidad en Antioquia a partir de la verdad de las víctimas, sensibilizando a la sociedad sobre los efectos que ha provocado la estrategia paramilitar del Estado y la fase de legitimación del modelo de control social, político y económico que beneficia a los responsables de graves y persistentes violaciones de los Derechos Humanos

COMUNICADO PUBLICO

La campaña “Memorias contra el silencio y la impunidad: nunca más crímenes de Estado” se permite manifestar su oposición a las recientes medidas implementadas por la Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Gobierno de Medellín que van en contravía de la participación de las víctimas en el procedimiento de la Ley de Justicia y Paz y su legítimo derecho a la memoria histórica y la verdad.

Vemos con indignación y preocupación como se acumulan situaciones que por acción y por omisión obstaculizan de forma seria el ejercicio de todos los derechos de las víctimas. Entre ellos a su legitima expresión en el espacio público con pleno respeto de quienes todavía hoy justifican y festejan los miles y variados crímenes cometidos en el pasado reciente contra personas y comunidades enteras. Es así como el Estado colombiano en sus diversas expresiones está en la obligación de garantizar el legítimo derecho de las víctimas a su expresión, demanda y movilización.

Ahora las instituciones Estatales so pretexto de lograr el respeto a las víctimas ante los últimos hechos donde personal desmovilizado de los paramilitares realizaron actos de festejo en desarrollo de la audiencia de versión libre de Fredy Rendón, alias El Alemán, han tomado la determinación de prohibir los actos públicos que se desarrollan en la Plazoleta de La Dignidad del Edificio de la Justicia, incluyendo la acción legítima de las víctimas para dar a conocer la verdad de los crímenes cometidos por el paramilitarismo.

La determinación de la administración departamental y municipal equipara a las víctimas y a los victimarios y se une a otros mecanismos implementados por la Fiscalía General de La Nación que revictimizan y obstruye la participación de las víctimas, haciendo el proceso huérfano de ellas. Pretenden las autoridades administrativas igualar los festejos por los crímenes cometidos a las manifestaciones de dolor e indignación de las víctimas y las organizaciones sociales que exigen el pleno reconocimiento de sus derechos. De ninguna manera puede operar el principio de igualdad cuando lo que está en evidencia es la estrategia de los jefes paramilitares de acallar la voz y la verdad de las víctimas. Además es abiertamente ilegal, pues contradice el mandato constitucional fundamental del artículo 37 de la Carta Política de 1991.

Las autoridades ante las amenazas y demás hechos que ponen en riesgo la integridad de las víctimas y su derecho a manifestarse están obligados a emprender acciones dirigidas a preservar sus derechos y garantías de movilización, participación y denuncia, rodeándolos de adecuadas medidas de seguridad y protección.

A pesar de que la Ley de Justicia y Paz no incluye verdaderos mecanismos de participación, de que las acciones gubernamentales y de la Fiscalía General de la Nación buscan evitar que las víctimas se expresen, las victimas nos negamos a renunciar a nuestros derechos, entre ellos es poder participar y realizar acciones tendientes a que se conozca la verdad. Por tal razón informamos a las autoridades administrativas, judiciales y de control del Estado, a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que continuaremos con la realización de los actos públicos de memoria, verdad y exigencia de la justicia en la plazoleta de la Dignidad del edificio de la Justicia en el Centro Administrativo de la Alpujarra, como en otros lugares de la ciudad.

Llamamos a las autoridades para que se abstengan de reprimir dichos actos y a la utilización de acciones, y por el contrario brinden las garantías de seguridad para evitar que las víctimas continúen siendo objeto de hostigamientos y de actos de intimidación. Así mismo rechazamos la posición asumida por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación al legitimar este tipo de medidas y pretender asumir la vocería de las víctimas.

Solicitamos el acompañamiento solidario de las organizaciones sociales, de derechos humanos y la comunidad internacional en el justo y legítimo reclamo por nuestros derechos.

Suscriben,

Asamblea Regional de Derechos Humanos, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Asociación de Familiares de Detenidos desaparecidos (Asfaddes), Asamblea Regional de Derechos Humanos de Antioquia, Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Estados Unidos, Colectivo de derechos humanos Semillas de Libertad (CODEHSEL), Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), Asonal Judicial, Red Juvenil de Medellín, Grupo interdisciplinario por los derechos humanos (GIDH), Capítulo de derechos humanos del Polo Democrático Alternativo, Corporación El Solar, FASOL, Comité Permanente Héctor Abad Gómez, Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia, Corporación Cultural La Aldaba, Asociación Campesina de Antioquia, Comité de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, Campaña por la Vida y la Libertad, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Contracorriente, Fundación Sumapaz, Cristianos y Cristianas por la Justicia y la Paz, Corporación Jurídica Libertad.

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Junio 11, 2007

Colombia ordered to pay millions in massacre case

BOGOTA, Columbia (Reuters) -- In a ruling hailed as a landmark by human rights advocates, the Colombian government has been ordered to pay damages over a 1989 massacre of state investigators by army-backed militias.

The Inter-American Court of Human Rights ordered more than $5 million in damages be paid to relatives of 12 investigators killed by right-wing paramilitaries in the northern hamlet of La Rochela.

The decision, which cannot be appealed, marks the first time the state has been found guilty of involvement in the murder of its own agents.

"The ruling shows that the state not only lacked the will to confront the paramilitaries, but that some officials colluded with them against the government's own investigators," said Michael Camilleri, who worked on the case for the Center for Justice and International Law in Washington.

The decision was made on May 11 but only came to light over the weekend. A government spokesman was not immediately available for comment.

The massacre shocked Colombia as it reeled under the first of what would be many waves of paramilitary violence.

The "paras" were organized in the 1980s to help defend rich Colombians from left-wing rebels funded by kidnapping and extortion. Both groups have since grown rich on this Andean country's multibillion-dollar cocaine trade.

The court, which is part of the Organization of American States, also ordered Colombia to do more to guarantee the security of agents investigating illegal armed groups that still control wide swathes of countryside.

"This decision highlights the inability of Colombia to get to the bottom this type of case on its own," said Jose Miguel Vivanco of New York-based Human Rights Watch.

The ruling came as President Alvaro Uribe is embroiled in a scandal in which members of his congressional coalition have been jailed for backing the paramilitaries.

The scandal has hurt his standing overseas, with Democrats in the U.S. Congress threatening to reduce aid to Colombia and to reject a free trade deal.

But Uribe, whose father was killed by Marxist rebels in the 1980s, remains popular at home for cutting crime as part of his U.S.-backed security crackdown and for striking a peace deal under which 31,000 paramilitaries have disarmed.

Thousands are killed and tens of thousands are displaced in Colombia's war every year.

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Junio 10, 2007

Col - Justicia condenó a 37 años a jefe paramilitar desaparecido hace dos años

La Justicia colombiana condenó a 37 años y nueve meses de prisión al jefe paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias 'Cadena', en paradero desconocido desde hace dos años, por el asesinato en 2001 de la fiscal Yolanda Paternina Negrete, informaron hoy medios locales.

La sentencia fue emitida por el juzgado penal de Sincelejo, capital del departamento caribeño de Sucre (norte), en donde trabajaba la funcionaria judicial.

Paternina llevaba a cabo la investigación por la matanza de 27 personas perpetrada en la aldea de Chengue (Sucre) en enero de 2001, que fue atribuida a un grupo de cerca de 80 paramilitares.

La fiscal fue asesinada de varios disparos en Sincelejo el 29 de agosto del mismo año.

'Cadena', jefe del la facción paramilitar de ultraderecha 'Héroes de los Montes de María', desapareció en julio del 2005 cerca de Santa Fe de Ralito, en el departamento de Córdoba, limítrofe con Sucre y su vehículo apareció incinerado.

En Santa Fe de Ralito se concentraban entonces, para su desmovilización, distintos grupos de paramilitares de la organización armada Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El juzgado determinó además pedir a la fiscalía que investigue disciplinaria y penalmente al jefe de seguridad del Cuerpo Técnico de Investigaciones en el momento del asesinato de la fiscal, Luis Alberto Jiménez Ospina, por falso testimonio y por no dar a la víctima la seguridad que requería.

Contra Mercado Pelufo se instruyen otros procesos por homicidios y desapariciones forzosas de personas, cuyos cadáveres aparecieron en fosas comunes en el norte del departamento de Sucre.

Terra Actualidad - EFE

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Junio 9, 2007

Condena de más de 40 años a militares por desaparición forzada

Medellín, Junio7, (LA FM) Por primera vez en el país cuatro militares fueron condenados por la desaparición forzada de un comerciante y ex policía llamado Saúl Manco Jaramillo, ocurrida el primero de junio de 2006.

El juez quinto penal del circuito de Medellín condenó a 44 años y dos meses de prisión al ex capitán del Ejército Gabriel Eduardo Delgado Villalba; a 43 años y seis meses al ex subteniente Oscar Vargas Barrera y al soldado Luis Marín Trujillo; y a 48 años al soldado Davison Barrera.

Su condena fue más alta porque además de desaparición forzada, fue hallado culpable de hurto calificado, pues al momento de la captura tenía en su poder los objetos personales de Manco Jaramillo.

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Col - Hernán Giraldo confesó su participación en muertes y desapariciones

Barranquilla, Junio 7, (LA FM) Tranquilo y con mucha seguridad en el segundo día de su versión libre en el proceso de justicia y paz, el ex líder del bloque “Resistencia Tayrona” de las Autodefensas, Hernán Giraldo Serna, reconoció ante la fiscal Novena Zeneida López, su participación en desapariciones y muertes de varias personas.

El ex líder paramilitar, entre otros crímenes, confesó haber tenido conocimiento de una masacre cometida por su grupo armado el 24 de abril de 2003, en las que las víctimas fueron todas de una misma familia, quienes fueron identificadas como José Sarmiento, Judith Villamil, Enoc Suárez, Kelly Sarmiento, Ana Uribe y otra persona de nombre luz.

De igual manera, dijo el ex comandante del bloque “Resistencia Tayrona”, que el entonces jefe del “Bloque Norte”, Jorge 40, dio la orden del secuestro del ex congresista José “Pepe” Gnecco.

En sus declaraciones además, argumentó que había ordenado la muerte de Gentil Cruz Patiño, el Gerente de una ONG Francesa, al considerarlo enemigo de sus ideales políticos.

Así mismo, Hernán Giraldo Serna manifestó en su versión libre que todas las muertes de las que se le acusan no fueron autorizadas por él, sino que sus hombres tenían la orden de que todo lo que oliera a guerrilla debía desaparecer en su medio, para el bien de la comunidad

El ex jefe paramilitar de la Sierra Nevada de Santa Marta, continuará con sus declaraciones hoy, en donde hará más revelaciones de otros delitos, de los que fue gestor durante los más de 25 años al mando de las Autodefensas que operaron en el macizo montañoso.

http://www.lafm.com.co/noticia.php3?nt=19109

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Mayo 31, 2007

Col - Capturados dos sargentos por investigación de desaparecidos en Palacio de Justicia

Bogotá, Mayo 30, (LA FM) A las instalaciones del bunker de la Fiscalía fueron trasladados los sargentos retirados Antonio Jiménez Rubay y Ferney Causalla Peña, capturados en las últimas horas en Bogotá y Popayán, respectivamente.

Los militares en retiro fueron vinculados en la investigación que adelanta el ente acusador por las desapariciones de las personas que salieron con vida de la toma del Palacio de Justicia, ocurrida en 1985.

Los sargentos Jiménez Rubay y Causalla Peña, eran integrantes, para el momento de los hechos, del B2 del Ejército y participaron de las operaciones de recuperación del Palacio, que fue tomado por militantes del M-19.

De acuerdo con la investigación, Ferney Causalla estuvo a cargo de las acciones coordinadas desde la Museo del 20 de Julio o Casa del Florero, ubicado frente al Palacio de Justicia, donde eran trasladados los rescatados de las instalaciones tomadas por la organización subversiva. Varias de las personas que fueron llevadas a la Casa del Florero desparecieron sin que hasta el momento se conozca de su suerte.

Por este mismo caso está siendo investigado el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, quien para ese momento era el comandante del batallón de Caballería, encargado de las operaciones militares.

http://www.lafm.com.co/noticia.php3?nt=18838

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Mayo 29, 2007

Col - Acusan al ESMAD de tirar 3 niños a un río, provocar 28 desapariciones

Col - Acusan al ESMAD de tirar 3 niños a un río, provocar 28 desapariciones y denuncian graves amenazas e intimidaciones a organismo de defensa legal de DH.

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Saldo de la represión del ESMAD a indígenas Emberas Katios en el Chocó: 28 desaparecidos, 13 heridos y dos monjas detenidas.

Acusan al fuerzas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de tirar 3 niños al cauce de un río de 28 desapariciones y 13 heridos y 2 detenidos como saldo de la respuesta del gobierno ante exigencias de indígenas Emberas Katios en el Chocó

Las consecuencias del intento de desalojo el pasado sábado por un Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de Risaralda, que denunciamos el pasado sábado, han sido subestimadas.

Después de verificar en terreno, las autoridades indígenas de OREWA, en comunicado público dan cuenta de una verdadera barbarie la respuesta del gobierno del CORAZÓN GRANDE PERO CON MANO DURA, por tanto "los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de Risaralda en nombre del alto gobierno cumplieron a como sea, como ROBOCOT las ordenes del Comandante Ospina ".

Uno de los hechos aberrantes y deplorables del cumplimiento del DEBER ANTES QUE VIDA, "fue la forma como miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) lanzaron a las aguas del rió San Juan a tres niños indígenas, de la comunidad de Docabu y sus cuerpos aún no han aparecido".

Cifra que se suma a los 28 indígenas desaparecidos, 13 heridos, la detención de dos misioneras de la Diócesis de Quibdo, quienes se encontraban en acción humanitaria, "no contento con ello, la Policía luego de meternos a la fuerza en buses sin saber para donde nos llevaban, quemaron la ropa, las pocas pertenencias y torturaron al Cabildo Mayor de la Zona, quien se encuentra gravemente herido".

Todo ello ocurre, "bajo la complicidad de los gobiernos locales y departamentales, como de Pueblo Rico Risaralda, gobernación de Risaralda y Chocó, del Gerente Social para el Chocó y por ende del gobierno de Alvaro Uribe y del Estado Colombiano en sí, ya que están incitando a la CENSURA y AUTOCENSURA, incluso a los medios locales y regionales de comunicación, por donde no se ha dado cuenta de lo que pasa, pese a las continuas denuncias, por ello hoy están en terreno varios comunicadores de la región, a la espera que de sus centrales le den paso a sus notas y así brindarles a la opinión pública, a la comunidad internacional lo que verdaderamente está sucediendo en el Chocó", así lo manifestó el Presidente de la ONIC, Luis Evelis Andrade Casama.

Por su parte las autoridades indígenas del Chocó, para evitar que se sigan cometiendo más hechos violento, ante la negativa de ceder a sus pretensiones, "decidimos trasladar la mesa de negociación de Quibdó para la comunidad del 18, allí esperamos al gobierno dispuestos a seguir las huellas, el conocimiento y el canto profundo de nuestros ancestros", manifestó Cesar Queragama, Presidente de OREWA.

Ante la brutal e irracional respuesta del gobierno, el presidente la ONIC puntualizó que "lamentamos que el gobierno en vez de responder con la palabra, con cumplimientos a acuerdos, a la razón social, responda con desinformación, y una embestida violenta, y de paso soterradamente induciendo en otras instituciones de que somos responsables de la crisis del Chocó, cuando lo que exigimos es basado en DERECHO, y la acción de hecho es una respuesta a la libre protesta ante las respuestas improductivas del gobierno".

Por ello llamamos al algo gobierno, al Estado, a las autoridades militares, a los organismos de control, a la comunidad internacionales, a los organismos de DDHH, a los medios de comunicación, a todos y todas, a voltear la mirada en uno de las regiones más golpeadas, pero sobre todo que el gobierno responda con hechos productivos, no sólo con la fuerza y con la autocensura, que le de la cara al país contando la verdad y de paso con reparación.

Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC OREWA.

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Listado desaparecidos y heridos (con la atenuante que para los emberas los mayores de edad a partir de los doce años).

Desaparecidos:

Comunidad Cevede

Juan Guillermo Queragama Cheche - 13 años
Iván Queragama Pepe - adulto
Aurora Bidicha Cheche - adulta
Gilberto Queragama Bidicha -12 años
Calixto Queragama Bidicha - 10 años
Bebe de un año - 1 año
Iván Alberto Tequia - 15 años
Oliva Cheche Vitucay - adulta
Javier Sintua - 19 años
Guillermo Sintua - 15 años
Leonel Tequia Manugama - adulto
Willian Bateza Cheche - 19 años
Rafael Teuquia - 16 años
Celestino Bateza - adulto
Aquileo Queragama - adulto
Óscar Baniama Arce -10 años
Comunidad Aguasal
Elkin Murillo - 18 años
Wilmore Murillo - 12 años
Milton Murillo - 12 años
Comunidad Dos Quebradas
Climico Sintua Evao - 8 años
Comunidad Conodo
Gloria Inés Tequia Arce - 6 años
Comunidad Brisas
Sigifredo Tequia Tequia - 16 años
Comunidad Vivicora
Ercilia Sintua Castañeda - Niña
Emeregildo Sintua Arce - Niño
Laurcario Arce Sintua - Niño
Humberto Tequia - Niño
Dario Queramaga Sintua - Niño
Antonio Queragama Sintua - Niño

Heridos
Raúl Murillo Tequia
Pedro Pablo Murillo
Leonel Queragama
Libardo Tequia
Cristina Tequia
Amarcia Pepe
Diego Pepe
José Argemiro Pepe
Uriel Evao
Nicolás Bateza
Cesar Neguela
Carlos Queragama
Detenidos

Hermanas de la Diócesis de Quibdó

Martha Janet Perez. Dejada en Libertad
Nubia Salamanca. Dejada en Libertad

[Fuente: Boletín 166, ONIC, 28may07]

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Le rogamos dirigir sus comunicados de solidaridad a las siguientes instancias:

Presidencia de la República:
Doctor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de Colombia
Cra 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá
Fax: (571) 5662071
Correlectrónico: auribe@presidencia.gov.co.

Dirección de Fiscalía de Antioquia: Fiscalía 74 Seccional
Doctor: Cesar Augusto Quiroz Vargas
Carrera 44 No. 15 sur - 31 Edificio Mónaco
Medellín, Antioquia
Teléfono (574) 3212422

Vicepresidencia de la República:
Doctor Francisco Santos Calderón, Vicepresidente de la República
Carrera 8A No 5-57, Santafé de Bogotá
Tel.: (571) 334 4507
Correlectrónico: fsantos@presidencia.gov.co
Correlectrónico: buzon1@presidencia.gov.co

Programa presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario:
Doctor Carlos Franco
Calle 7 N° 5 - 54 Bogotá D.C
Fax: (571) 337 46 67
Correlectrónico: cefranco@presidencia.gov.co

Ministerio de Defensa Nacional:
Doctor Juan Manuel Santos, Ministro de la Defensa
Avenida El Dorado con Cra 52 CAN, Bogotá
Fax: (571) 222 1874
Correlectrónico: siden@mindefensa.gov.co
Correlectrónico: infprotocol@mindefensa.gov.co
Correlectrónico: mdn@cable.net.co

Fiscalía General de la Nación:
Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación
Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá.
Fax: (571) 570 2000; (571) 414 9000 Ext: 1113
Correlectrónico: contacto@fiscalia.gov.co
Correlectrónico: denuncie@fiscalia.gov.co

Procuraduría General de la Nación:
Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación
Cra 5 # 15-80, Bogotá
Fax: (571) 342 9723; (571) 284 7949
Correlectrónico: cap@procuraduria.gov.co
Correlectrónico: quejas@procuraduria.gov.co
Correlectrónico: cap@procuraduria.gov.co

Defensoría Nacional del Pueblo:
Doctor Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo
Calle 55 # 10-32, Bogotá
Fax: (571) 640 0491
Correlectrónico: secretaria_privada@hotmail.com
Correlectrónico: agenda@agenda.gov.co

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Mayo 25, 2007

Col - Autodefensas de Norte de Santander entregarán ubicación de fosas, pero no saben cuándo

Así lo dijo ayer Jorge Iván Laverde Zapata, alias 'Pedro Catatumbo', 'Pedro Frontera' o 'El iguano', uno de los hombres más cercanos al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Laverde aseguró el miércoles, durante su primera audiencia de versión libre ante la Fiscalía 13 de Justicia y Paz, en Barranquilla, que hay que esperar "porque estamos verificando los sitios precisos con campesinos cercanos a la zona del Catatumbo, con desmovilizados que están libres y con otros (hombres a su mando) que tengo en la cárcel".

Mayo 23 de 2007

Al bloque Catatumbo, el principal de las estructuras que comandaba Mancuso, se le atribuyen unos 5.200 asesinatos y desapariciones entre 1999 y el 2004, en Norte de Santander.

Sólo en Cúcuta, a 'Pedro Catatumbo' lo responsabilizan de 33 homicidios, entre los que figuran los de dos fiscales especializados, un ex Defensor del Pueblo, tres investigadores del CTI, dos agentes de la Sijín y dos del DAS. También, de la desaparición de un investigador de la Fiscalía y de su novia.

A la audiencia no fue una sola víctima y la sala creada para que presencien las diligencias ni siquiera fue abierta.

"Reconozco desapariciones, pero los que supuestamente desaparecieron fueron dados de baja", respondió 'Pablo Catatumbo' cuando el fiscal Francisco Álvarez Córdoba le preguntó si conocía de personas desaparecidas.

Negó la vinculación de menores a su bloque y la tenencia de personas secuestradas.

El expediente de la Fiscalía contra 'Pablo Catatumbo', a quien Mancuso llevó a Ralito para que se desmovilizara con el 'bloque Córdoba', dice que se inició en las autodefensas a los 16 años como estafeta en Turbo (Antioquia). Luego, entre 1996 y el 2000, asumió el papel de sicario en esa región.

En enero del 2000 fue detenido por tentativa de homicidio, pero tras ocho meses en la cárcel de Itagüí fue dejado en libertad. Luego asumió el mando del 'bloque Catatumbo', hasta su desmovilización. Hoy está en Itagüí con los cabecillas de las Auc.

Versión por teleconferencia

Unas 60 víctimas de Briceño, en el nordeste de Antioquia, podrán ver por teleconferencia la versión libre de Jesús Higinio Arroyo, del 'bloque Minero' que declara hoy en el edificio José Félix de Restrepo, en Medellín.

Es una prueba piloto para facilitar el acceso de las víctimas a las versiones. Contra Arroyo han declarado unas 80 personas familiares de asesinados entre 1999 y el 2006. En ese municipio la Fiscalía halló nueve cadáveres de campesinos ejecutados por los paramilitares.

También hoy reanuda la versión libre Carlos Mario Montoya Pamplona, alias 'El Arbolito', paramilitar del 'bloque suroeste' que hasta el momento ha confesado 23 crímenes en esa región de Antioquia.

Ayer, el ex 'para' Róbinson Antonio Galvis Valverde, del 'bloque Central Bolívar' negó que tuviera algún delito que confesar dentro de la Ley de Justicia y Paz. En su versión, que duró dos horas, dijo que fue enfermero de ese bloque y que solo había firmado la postulación a la Ley como requisito de la reinserción.

ROBERTO LLANOS RODADO
Corresponsal de EL TIEMPO
http://www.eltiempo.com/justicia/juicio_paras/paramilitares/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3567904.html

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Col - Tribunal ordena seguir pagando sueldos de secuestrados y desaparecidos

24 de Mayo de 2007, 03:54pm ET

Bogotá, 24 may (EFE).- La Corte Constitucional de Colombia dictaminó hoy que el Estado debe seguir pagando los salarios y prestaciones laborales de las personas secuestradas por grupos rebeldes o desaparecidas, informaron directivos del tribunal.

El magistrado Rodrigo Escobar Gil, presidente de la Corte Constitucional, declaró que "las personas víctimas de la desaparición forzada, o de la toma de rehenes, tienen derecho a la totalidad de los beneficios establecidos en la ley".

Las familias de los desaparecidos, explicó, podrán recibir los pagos hasta que "la persona aparezca viva o muerta, o exista una declaración de los jueces, reconociendo la muerte".

El juez aclaró que se debe diferenciar entre las personas secuestradas por extorsión, es decir, para obtener dinero, de los cometidos por grupos armados ilegales para presionar al Estado.

Este fallo respalda las aspiraciones de los familiares de políticos, soldados y policías secuestrados por las guerrillas, que quedan desamparados económicamente, en una situación que en algunos casos recientes se prolonga por períodos de más de ocho años.

Escobar Gil señaló que las víctimas de secuestros podrán exigir ciertos pagos sin importar la fecha de ocurrencia del secuestro o la desaparición.

Además, dijo que, aparte de los salarios, los familiares de rehenes de grupos armados o de desaparecidos tienen derecho a beneficios en salud, educación, seguridad social y créditos.

Entre los secuestrados por las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia hay 56 personas, tres de ellas estadounidenses y una franco-colombiana, que esa organización pretende canjear por guerrilleros presos. EFE

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Mayo 17, 2007

Col - Dudas en familia de desaparecido

Mayo 17, 2007

Flor María Ludeña | EL CARMEN, Manabí

Uno de los cadáveres que aparecen en el listado de los ecuatorianos que han sido identificados y que presuntamente fueron asesinados por las fuerzas irregulares de Colombia es el del manabita Jerónimo Geovanny Quijije Cedeño. Las víctimas fueron encontradas en fosas comunes en el sector de Putumayo.

A la conclusión de que se trataba de Quijije se llegó por un documento que la víctima portaba cuando la encontraron. Sin embargo, la familia del fallecido quiere viajar a Colombia para verificar si efectivamente se trata de su pariente desaparecido hace seis años.

Pero el anhelo de viajar y comprobar si el cadáver encontrado es el de Jerónimo se ve truncado por la falta de recursos económicos. Por eso la familia de la víctima pide al Gobierno que a través de la Defensoría del Pueblo o de los Derechos Humanos la ayuden para transportar el cadáver hasta el cantón El Carmen, en Manabí, para darle sepultura.

Salvador Quijije recuerda con nostalgia que su madre murió sin saber nada del paradero de su hijo Jerónimo. “El hecho de no saber nada de mi hermano la deprimía mucho y al final Dios se la llevó”.

Según Salvador, su hermano menor viajó a Colombia el 26 de noviembre del 2001, con el propósito de trabajar en la recolección de coca porque su oficio de albañil no le permitía mantener a su familia.

La víctima estudió hasta el segundo año de educación media en el colegio El Carmen, en el cantón del mismo nombre.

Al cumplir la mayoría de edad, Jerónimo Quijije decidió acuartelarse. El servicio lo realizó en el Oriente, en el sector fronterizo con Colombia.

Su hermano Salvador cuenta que fue en ese entonces cuando a Jerónimo le nació la idea de irse a trabajar a Colombia.

Cuando él terminó el acuartelamiento –dice– el único trabajo que consiguió fue como albañil y de vez en cuando lograba alguna obra de construcción donde laborar.

Salvador manifiesta que la información que dio el ministro del Interior y de Justicia de Colombia, Carlos Holguín, sobre el hallazgo de las presuntas víctimas de los paramilitares (cuyas fosas fueron descubiertas en el sector de La Hormiga, departamento de Putumayo) donde actuaba un bloque central Bolívar de las Autodefensas Unidad de Colombia, generó preocupación en el resto de la familia y en otras que también tienen a parientes desaparecidos en el Ecuador.

El hermano de la víctima comenta que se enteraron de la noticia por un canal de televisión cuando dieron la lista de los desaparecidos que fueron encontrados muertos.

Al momento de la noticia la familia Quijije pensó que la muerte había sido reciente.

http://www.eluniverso.com/2007/05/17/0001/12/CAB49263DC1F4E74AC82C9F2FF96B4D3.aspx

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Mayo 16, 2007

Col - Entrevista a Teresita Gaviria

“Mi trabajo es por todos los desaparecidos”

Semana.com entrevistó a Teresita Gaviria, presidente de la Asociación Madres de la Candelaria, ganadores en 2006 del Premio Nacional de Paz. Este martes, 15 de mayo, se realizaró en Medellín el lanzamiento de la IX versión de dicho premio.

Fecha: 05/15/2007 -

Semana.com: ¿Cómo ve el tema de las versiones libres de los Paramilitares y la ley de justicia y paz?
Teresita Gaviria: una de nuestras obligaciones es asistir a estas versiones libres, pero es poco lo que ellos nos han ayudado con su testimonio. De todas maneras debemos estar al pie de esto, de la Fiscalía y de ver cuándo estos señores nos van a decir la verdad. Hay un poco de temor de las víctimas que estamos asistiendo a estas versiones libres, pues nos sentimos bastante afectados. El caso concreto es el de Don Ramón Isaza, fue algo muy doloroso pues él reconoce que asesinó a más de 800 personas que pasaban por su zona, en colaboración con un miembro de las Fuerzas Militares. Los catalogaba como “muchachos sin rumbo” que iban de Medellín, como personas que no se dejaban orientar y que no querían pertenecer al movimiento de él por lo que terminaron asesinados. Esa declaración es gravísima.

Una publicación del Diario El Colombiano hace un poco más de un mes confirma las muertes en la zona de Ramón Isaz, y que los cuerpos eran tirados al Río Magdalena para no dejar evidencia. Yo como doliente relacioné a mi hijo como uno de esos cadáveres y es mucho el dolor que siento... pero debo sobreponerme para liderar este movimiento, tomo fuerzas para acompañar a las demás madres, pero el dolor es inmenso, me duele mi alma cuando veo este tido de cosas, me duele mi alma porque veo que no hay posibilidad de que él me diga si él mató a mi hijo.

Semana.com: ¿Cuál es la verdad que buscan las Madres de la Candelaria?
Teresita Gaviria: Seguimos insistiendo en una verdad transparente, que no genere más dudas tanto para ellos que han cometido todo este tipo de delitos como para nosotros y tener la tranquilidad de acabar con esa incertidumbre que nos mata día a día. Todos los días de la vida estamos al pie de esta lucha, trabajando por todos los desaparecidos del país. Queremos saber la verdad, quién ordenó, quién autorizó la detención y luego la muerte de estas personas, no solamente la de mi hijo. Yo sigo trabajando por todos los desaparecidos del país porque me identifico totalmente con aquellas madres o con aquellos hogares que han perdido sus hijos.

Semana.com: ¿Cómo sienten este proceso de reparación?
Teresita Gaviria: Los primeros días sentíamos que era un juego y no servía para nada, estudiábamos la ley y aunque le hacíamos críticas decíamos que esa era la ley y con ella debíamos trabajar. Finalmente la apoyamos. Hemos buscado la manera de llegar a esos lugares donde estos señores están dando su versión libre. Es cierto que todos no hemos tenido la oportunidad de vernos cara a cara con ellos. Solamente yo tuve la oportunidad de verme en la cárcel de Itagüí cara a cara con Don Berna y Don Diego, luego me vi cara a cara con Ernesto Baez. A todos ellos les he pedido “señores yo creo en la paz, yo creo en la reconciliación, pero necesitamos ese granito de arena de ustedes que es la verdad”. Ellos con mucha cultura me dicen “Tranquila señora que a eso le estamos trabajando”.

Yo no trabajo solamente por Cristian Camilo, mi lucero, que desapareció el 5 de enero de 1998, sino por todas las desapasiones del país. Me duele todo lo que hagan con estos humildes hogares, con estos campesinos, señalándolos injustamente por pertenecer a la guerrilla o a los paramilitares. Cuando estuve en los Montes de María (Sucre) fueron muy dolorosas las historias que me contaron las mujeres de Magangue, San Onofre, Zambrano, por esta bendita guerra que nos ha quitado cosas muy lindas: nos quitado los seres queridos, pero no nos ha quitado las ganas de seguir trabajando y luchando por los derechos de las víctimas.

Semana.com: En esta visita a la cárcel y en las versiones libres ha tenido la oportunidad de estar cerca de los jefes paramilitares ¿Qué se siente tener al supuesto victimario al frente?
Teresita Gaviria: Primero sentí alegría porque estaba con personas que supuestamente eran muy temibles, pero que podrían tener información sobre nuestros hijos. Luego me imaginaba a estas personas cometiendo ese montón de crímenes. Sentí mucho susto , terror. Recordé que incluso por ellos había barrios enteros a los que no se podía entrar; ahora veo que también muchos delincuentes se aprovecharon del nombre de estas personas para volver añicos a otras. Cuando dije que iba para la cárcel a hablar con ellos, muchos me dijeron que no lo hiciera porque de allá no salía, pero ahora después de verlos tengo confianza en que hablarán con la verdad. De pronto una de las madres encuentra así a su hijo. Ningún valor tiene que yo sola los escuche y luego tenga que buscar a las mamas de esos muchachos, lo que debe suceder es que todas las victimas asistan, escuchen y encuentren a su familiar.

Semana.com: ¿Han logrado encontrar alguno de los muchachos desaparecidos con lo dicho en las versiones libres?
Teresita Gaviria: con la gente de Ramón isaza tenemos la certeza que encontraremos a mi hijo Chistian Camilo Quiroz Gaviria, a Oscar Alberto Torres y al hijo de la señora Orfilia de Barbosa porque los tres desaparecieron en Doradal (Antioquia). En este momento somos unas 10 personas que creemos que sino estaban reclutados a la fuerza en las filas del grupo de Don Ramón Isaza, él dio la orden de matarlos. A Salvatore Mancuso, en la segunda versión, le pasamos un listado de 161 desaparecidos y nos dijo que conocía tres, que en la próxima versión nos diría cuál había sido su suerte. A cada uno de estos señores les vamos a pasar el listado de los muchachos desaparecidos cada vez que haya una versión libre.

Semana.com: ¿Para qué les sivió ganarse el Premio Nacional de Paz?
Teresita Gaviria: para hacer visible el problema de las víctimas de desaparición forzada, capacitar a las mujeres sobretodo a las desplazadas pues muchas no tienen ni la primaria. Decir y reconocer públicamente que uno se ganó el Premio Nacional de Paz es muy lindo, que reconozcan nacional e internacionalmente que aquí están las víctimas que buscan a los desaparecidos. Que estamos todos los miércoles a las 12:30 en la Iglesia de la Candelaria diciendo “los queremos vivos, libres y en paz”. Que en el atrio de esa iglesia hay un grupo de hombres y mujeres con esperanzas e ilusiones de encontrar a sus seres queridos, así estén muertos, pero encontrarlos. Antes nadie nos tenía en cuenta, pero hoy en día decir que somos las Madres de la Candelaria hace que seamos bien recibidas en todos lados.

Semana.com: ¿Cree que algún llegue el perdón?
Teresita Gaviria: es duro de hacer pero debemos apuntarle al perdón después de que nos digan la verdad. Así seremos capaces de perdonar, y en un futuro mezclarnos con los victimarios de nuestros hijos.

QUÉ ES LA ASOCIACIÓN MADRES DE LA CANDELARIA
1- La Asociación Caminos de Esperanza cuenta con 227 mujeres y hombres.

2- Buscan a 240 desaparecidos.

3- Las primeras desapariciones comienzan en 1996 en Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio.

4- Hasta el momento sólo han encontrado a la señora Margarita Grisales, quien fue liberada y estaba en poder de las FARC. Igualmente se supo del señor José Abdul Cofar, taxista, que fue encontrado muerto en el Barrio Santo Domingo Sabio de la Ciudad de Medellín, su exhumación fue realizada por los familiares. Se ha tenido información de varios jóvenes que se encuentran en poder las AUC en la zona de Urabá, sus familiares los han identificado a través de videos.

5- La Asociación Caminos de Esperanza Madres de La Candelaria, fue fundada el 19 de marzo de 1999, y en año 2003 se tramitó la personería Jurídica. Hasta el momento lleva 8 años de constante lucha y búsqueda por sus seres queridos. Todos los miércoles interrumpidos, como compromiso, se reúnen con todas las víctimas de la desaparición forzada. Dejarán este espacio el día que llegue el último desaparecido del país.

http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=103658

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Mayo 15, 2007

Está al borde de la ruptura el acuerdo para el desarme de los paramilitares en Colombia

Luego que un semanario local acusara a líderes de esos grupos de persistir en conductas delictivas desde la cárcel, el gobierno de Uribe decidió abrir una investigación oficial. En tanto, el jefe de la misión de la OEA reiteró que, de corroborarse los hechos, los imputados perderán los beneficios conseguidos.

El acuerdo de 2004 entre el gobierno colombiano y los grupos paramilitares, para avanzar hacia su desarme y desmantelamiento, quedó al borde de la ruptura a partir de la denuncia de que sus líderes presos persisten en conductas delictivas, lo que obligó al Ejecutivo a abrir una investigación.

Ministros nacionales salieron a defender la investigación iniciada por la administración de Alvaro Uribe y dejaron abierta la posibilidad de que los líderes "paras", si se comprueba que incumplieron el acuerdo, sean extraditados a Estados Unidos.

Las repercusiones de la investigación se amplificaron, además, porque la Corte Suprema ordenó la detención de otros 5 congresistas y una ex, a los que acusa de haberse reunido con los jefes "paras" y de haber firmado acuerdos con ellos. Tres de ellos ya habían sido capturados esta tarde.

"Se tomarán decisiones esta misma semana y se procederá a quitarle los beneficios a la gente implicada. Si encontramos una prueba que comprometa a jefes paramilitares también les vamos a quitar los beneficios de la ley de Justicia y Paz, bajo la que fueron desmovilizados", anunció el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

El funcionario afirmó que el Ejecutivo procederá "con toda la contundencia" para verificar la autenticidad de las grabaciones telefónicas reveladas en un informe que publicó la revista "Semana", y que denunció que desde la cárcel los ex jefes paramilitares supuestamente daban órdenes para ejecutar asesinatos, traficar con narcóticos y rearmar a sus hombres.

También el titular de Interior, Carlos Holguín, explicó que la aspiración del Ejecutivo es "saber si (los dirigentes presos) están cumpliendo con los requisitos de justicia y paz" y aunque admitió que en casos las grabaciones no constituyen una prueba, "allí hay un buen elemento y debe servirnos una vez que se complemente con la investigación que haga la Fiscalía".

Holguín puso en duda la continuidad del proceso de desarme porque ahora existe "una situación distinta". "Hasta ayer se suponía que ellos estaban cumpliendo con los requisitos y las exigencias de justicia y paz, y esto deja la impresión de que no es así", amplió el titular de Interior.

Tras conocerse el informe periodístico, el jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el argentino Sergio Caramagna, reiteró que de corroborarse la autenticidad de la denuncia, los paramilitares vinculados perderán los beneficios con los que fueron desarmados.

"Si se demuestra que personas que se han acogido a la ley de Justicia y Paz siguen delinquiendo y están relacionadas con el tema van a perder los beneficios de la ley; eso está claro", declaró Caramagna.

Por su parte, el director de la Policía Judicial (Dijin), general Oscar Naranjo, insistió en que ninguno de los tres organismos colombianos que tienen el aval para realizar interceptaciones telefónicas realizaron las grabaciones reveladas por la revista.

"El servicio secreto (DAS), el Cuerpo Técnico Investigativo (CTI) de la Fiscalía y la Dijin son los organismos responsables de estas intercepciones. Hemos verificado esta situación, dado que cualquier información que sea intervenida bajo uno de estos tres organismos debe contar con autorización previa y fiscalizada por una autoridad competente", agregó, según consignó la agencia DPA.

La revista "Semana" publicó ayer una investigación según la cual los ex paramilitares continuaban delinquiendo desde la cárcel de máxima seguridad de Itagí (noroeste), donde fueron recluidos por órdenes del presidente Uribe.

El semanario "obtuvo decenas de grabaciones de los últimos cuatro meses en las que varios de los paramilitares recluidos en el patio uno del centro carcelario, coordinan todo tipo de negociaciones ilegales a través de celulares y correos electrónicos", advierte el informe.

La misma revista reveló en otro reporte de la semana anterior que la "sede de los diálogos de paz en Santa Fe de Ralito terminó convertida en una zona de parranda, sexo y negocios de los paramilitares".

Los ultraderechistas que se encuentran recluidos en Itagí cuentan con algunos privilegios, como teléfonos móviles y acceso a Internet.

Los dirigentes presos pertenecían a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que iniciaron en julio de 2004 negociaciones de paz con el gobierno de Uribe, en el marco de las que se desarmaron unos 31 mil hombres, aunque aún queda una escuadrilla disidente por desmovilizarse.

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Mayo 13, 2007

Col: Fosas comunes dan pistas a parientes de perdidos fronterizos

Mayo 13, 2007

Entre 1998 y el 2002, más de medio millar de campesinos, médicos, profesores, comerciantes ecuatorianos que laboraban en La Hormiga, La Dorada, El Tigre, El Placer, San Miguel y otras veredas del Putumayo colombiano fueron víctimas de masacres propiciadas por grupos paramilitares. Sus familiares callaron hasta ahora.

Cientos de ecuatorianos, hombres, mujeres y niños, que entre 1998 y el 2005 viajaban o residían ocasionalmente en una decena de poblados del sur del Putumayo colombiano, están desaparecidos a consecuencia de la acción armada de grupos paramilitares del vecino país.

Los familiares callaron y no denunciaron, por temor; los organismos de derechos humanos y el Gobierno ecuatoriano desconocían los casos. Hoy, cuando la Fiscalía de Colombia descubrió hace más de una semana varias fosas comunes de donde se desenterraron los restos de unas 154 personas, los parientes reviven sus heridas y deciden contar sus desgracias.

En cada comunidad de Sucumbíos, provincia fronteriza con Putumayo, hay un promedio de dos casos de personas que nunca regresaron de Colombia. Gleicer Puente, Fermín Álvarez, Johnatan Escobar, José Peña, Emiliano Espinales, entre otros, son algunos de aquellos ciudadanos. Sus madres, esposas e hijos aún los esperan.

Gloria Vélez abraza a sus hijas, Shirley, de 11 años, y Lucero, de 9. Las tres lloran. Con profunda convicción, la madre, quien padece de cáncer al útero, expresa: “Cuando vengo de lavar ropa ajena, llego ilusionada; pienso que mi marido está esperándome, pero al entrar a la casa no lo encuentro, no vuelve, y entonces me invade la tristeza”.

Ella lleva siete años con aquella diaria ilusión, que se transforma también en una rutinaria desilusión. Santos Fermín Álvarez, su esposo, partió hacia Colombia la mañana del 14 de junio del 2000, y no regresó.
Desapareció junto a sus amigos Gleicer Puente Lara y Carlos Ortiz, residentes en la comunidad Pacayacu, a 35 km de Nueva Loja y a 10 km de la frontera colombo-ecuatoriana. Los tres mantenían negocios de combustibles con comerciantes del vecino país.

Desesperada por la ausencia, dos días después, Gloria fue a la frontera a indagar el paradero de su pareja, pero nadie le dio pistas. “Mejor me aconsejaron que no preguntara nada porque hasta nosotros corríamos peligro”, refiere. Tampoco denunció, porque “la ley no es capaz de ayudar al pobre”.

Así transcurrió el tiempo. Hoy, las heridas por la desaparición de Álvarez, Puente y Ortiz vuelven a sangrar, y con fuerza, en sus esposas e hijos, una vez que hace dos semanas personal de la Fiscalía de Colombia desenterrara en La Dorada, frontera con Ecuador, los restos de 154 personas, entre estas al menos cinco ecuatorianas, según los primeros informes, víctimas de los paramilitares que operaron en la zona desde 1998.

Justamente la noticia de ese hallazgo provoca que familiares de personas que viajaban ocasionalmente o vivían en esa parte de Colombia, desde la década del noventa hasta el 2003, y no retornaron, se pregunten si esos restos son de sus parientes.

En Ecuador, a excepción de los parientes, que optaron por callar, y algunos vecinos, nadie sabía de estas desapariciones. “En esa época no había ningún control migratorio y la frontera era muy dinámica, por lo que es difícil dar cifras de personas afectadas”, indica Manuel Ibarra, director de la Pastoral Social del área fronteriza de Sucumbíos.

Lo mismo afirma Fanny Pilco, presidenta del Comité Provincial del Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos (Fedhu). “Nosotros no tenemos esos datos, hemos llevado solo casos puntuales”, menciona.

Pero es en la zona fronteriza que ese letargo de dolor se despierta al conocer el hallazgo de fosas comunes en el lado colombiano. Así como en Pacayacu se vuelve a hablar de los tres desaparecidos del pueblo hace siete años, en la parroquia El Eno, al sur de Nueva Loja, los parientes de Emiliano Espinales Bravo y José Leonardo Peña Calderón reviven su dolor.

Espinales, oriundo de Chone (Manabí) y que tenía 50 años, trabajaba en San Miguel recogiendo hojas de coca. “Yo estaba enferma en Quito y un día había salido de la casa diciendo que iba allá, a Colombia, a cobrar un dinero para que yo me cure. Desde ahí no sé nada de él”, afirma Indira Jácome, su conviviente.

“Un vecino de apellido Bermeo me avisó meses después que a Emiliano lo habían acribillado y hecho pedazos. No denuncié en ningún lado porque como pasó en Colombia a una le da miedo”, agrega la mujer.

Elisa Estela Calderón es la madre del desaparecido José Peña, quien tenía 26 años. Ella, a sus 74, padece de osteoporosis y lleva como una carga el dolor por la pérdida de su hijo. “Iba por temporadas para Colombia y allá hasta se consiguió una mujer que se llamaba Rosario.
Ella me conversó que unos paramilitares le cogieron en La Hormiga y se lo llevaron para matarle. No sabemos nada de su cuerpo, lo tenemos como muerto pero no denunciamos”, indica.

En Patria Nueva y Puerto Nuevo hay otros cuatro casos. Uno de ellos es el hijo de Juan Escobar, presidente de la segunda comunidad.
Johnatan Marcelo, de 12 años, acostumbraba viajar a La Dorada para lustrar zapatos. Hace seis años, en un mes de marzo, nunca más se supo de él. “No denuncié porque creía que iba de volver. Esto es difícil para la gente de ambos lados de la frontera. Ahora que oigo lo de las fosas comunes pienso que mi hijo puede estar ahí”, manifiesta Escobar, directivo de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo.

El dirigente estima que el 20% de desaparecidos por ataques paramilitares en el Putumayo colombiano podría ser ecuatoriano. En cada comunidad hay un promedio de dos familias cuyos miembros están perdidos. Si se toma en cuenta que en el cordón fronterizo de Sucumbíos hay unas 250 comunidades, se estima que serían unas 500 las víctimas del conflicto armado del vecino país. A ellos se suman los casos de comerciantes, médicos, profesores y agricultores, hombres y mujeres, que de distintos sectores del país ingresaban a esa conflictiva región, y que no retornaron.

El éxodo de ecuatorianos al Putumayo colombiano se dio por el boom de la coca en esa región, que entre 1985 e inicios del 2002 provocó un intenso movimiento económico y coincidió con la presencia de la guerrilla de las FARC. A inicios de 1998 comenzaron las masacres por la llegada de grupos paramilitares, cuya misión era combatir, al margen de la ley, a la guerrilla. Los paramilitares, según testigos y relatos de sus integrantes ante la Fiscalía colombiana, atacaban pueblos enteros, asesinaban a hombres, mujeres y niños, y sus cuerpos los arrojaban a los ríos o los enterraban en fosas, parte de las cuales hoy se están descubriendo.

El terror traspasó la frontera y cuando algún ecuatoriano no regresaba del vecino país, sus parientes no se atrevían a denunciar. Un miembro de la Fiscalía de Nueva Loja, que pide se reserve su nombre, explica que incluso las autoridades de Sucumbíos se negaban a conocer los casos porque estos se produjeron en otro país. No obstante, en los archivos de esa institución se registra un promedio de 40 denuncias al año, entre el 2001 y 2003, por desapariciones de personas en Nueva Loja, aunque sus parientes sabían que estas viajaron a Colombia, pero allá reinaba el terror y no podían ir a denunciar.

Mario Shingre, presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo, y Fanny Pilco, de la Federación de Derechos Humanos de Sucumbíos, piden que el gobierno de Rafael Correa o algún organismo internacional levante un registro de desaparecidos ecuatorianos en esta zona de Colombia.

“Es difícil que la gente denuncie. Ahora que están desenterrando las fosas (en Colombia), hablan, y lo que han dicho en las comunidades es totalmente cierto. Sería interesante hacer una evaluación. Sería ideal que el Gobierno trate de establecer una cifra, que se forme un grupo de investigación”, dice Pilco.

Mientras, Gloria Vélez, quien subsiste con los $ 120 que obtiene al lavar ropa ajena, no solo llora por la ausencia de su esposo Fermín Álvarez, sino por el futuro de sus hijas, pues teme que el cáncer de útero que soporta se agrave y ellas se queden solas y no logren culminar sus estudios. Su primer hijo, que tenía 11 años cuando desapareció el padre, ya obtuvo su bachillerato y está en el cuartel.

“Hace dos semanas mi hijo vino franco. En cuanto llegó me preguntó si no había vuelto mi Fermín”, recuerda Gloria.

Santos Fermín Álvarez
Comerciante oriundo de Loja y residente en Pacayacu. Fue al Putumayo colombiano el 14 de junio del 2000. Lo esperan su esposa y tres hijos.

Emiliano Espinales Bravo
Oriundo de Chone y residente en El Eno, Sucumbíos. Tenía 50 años cuando se fue a San Miguel, Colombia, hace más de seis años.

Carlos Ortiz
Comerciante de Pacayacu, Sucumbíos, donde lo conocían como Cólera. Se fue hace siete años. Su esposa Martha Torres y su hijo lo esperan.
Gleicer Puente Lara (foto)

Comerciante nacido en San Miguel de Bolívar y residente en Pacayacu. Partió en el 2000. Su esposa y sus dos hijas aguardan por él.

Johnatan Marcelo Escobar
Nació en Naranjito, Guayas, de donde partió con su padre a Sucumbíos en el 2006. Tenía 12 años cuando se fue a La Hormiga, en el 2001.

José Peña Calderón
Oriundo de El Eno, Sucumbíos, tenía 26 años. Trabajaba en La Hormiga hace seis años. Procreó un hijo con una colombiana.

Cifras
Los efectos
250 Comunidades. Se sospecha que en unas 250 localidades de Sucumbíos hay al menos dos casos de desaparecidos en el Putumayo colombiano.

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Fundación Manuel Cepeda Vargas

La Fundación Manuel Cepeda Vargas tiene su propia página de web en:

http://manuelcepeda.atarraya.org/

En ella pueden encontrar información sobre la fundación, al igual que ensayos sobre la historia y poblemática colombiana.

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Mayo 10, 2007

Argentina y Chile apoyarán la búsqueda de desaparecidos en Colombia

La búsqueda e identificación de desaparecidos por los grupos paramilitares de Colombia contará con el apoyo de expertos y tecnología de Argentina y Chile, dijeron hoy fuentes no gubernamentales en Bogotá.

La ayuda extranjera fue solicitada por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), informó el presidente de la Red de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz), Carlos Iván Lopera.

El portavoz de esa organización no gubernamental (ONG), que reúne a decenas de asociaciones civiles de todo el país, explicó a la prensa que Argentina y Chile 'tienen mucha experiencia' en tareas relacionadas con víctimas de desaparición forzada.

El presidente de Redepaz dijo que los expertos solicitados por la CNRR, órgano responsable de reparar a las víctimas de las AUC, son médicos forenses, antropólogos, geólogos e historiadores.

'Colombia requiere todos los aprendizajes de otros países', consideró Lopera, para quien 'el problema del país desborda a nivel mundial'.

Lopera aludió a las previsiones de la Fiscalía General de la Nación, según las cuales los casos de desaparición forzada a manos de paramilitares pueden sumar unos 10.000, de los cuales 3.000 están documentados.

Desde el año pasado, la fiscalía ha exhumado unos 900 cadáveres de desaparecidos en diversas regiones del país, como el Putumayo, departamento de la frontera sur con Ecuador.

Sólo en esa región, la entidad ha hallado los restos de 211 víctimas en tareas realizadas desde agosto pasado y hasta el fin de semana último.

http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/argentina_chile_colombia_1563016.htm

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Mayo 7, 2007

Col - Principio de un hallazgo macabro

Lunes, 07 de Mayo de 2007
DESENTERRARON 211 CUERPOS ASESINADOS EN EL SUR COLOMBIANO
Principio de un hallazgo macabro

En todo Colombia se encontraron casi mil cadáveres de asesinados y puestos en fosas comunes por los paramilitares de ultraderecha. La fiscalía tiene documentación para dar con unas 10 mil víctimas.

Por Katalina Vásquez Guzmán
Desde Bogotá

Con los 211 cadáveres exhumados en Putumayo (sur), ya se encontraron casi 1000 cuerpos de desaparecidos en todo Colombia por parte de los paramilitares. En fincas y al borde de carreteras del departamento de Putumayo, limítrofe con Ecuador, fueron hallados 105 cadáveres en 56 fosas comunes, la mayoría de ellos desmembrados y con tiros en la cabeza. Los autores de los crímenes serían los paramilitares del Frente Sur del Putumayo de las Autodefensas, reducto el Bloque Central Bolívar. Según el informe judicial de la Comisión que desenterró los cuerpos este sábado y que se sumaron a otros 106 encontrados en las últimas semanas en la misma zona, el responsable de ordenar la mayoría de los crímenes es Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, ex comandante del Central Bolívar.

El grupo paramilitar ultraderechista llegó a la zona en 1999 para tomar el control del territorio, rico en cultivos de cocaína, hasta entonces dominado por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Macaco está recluido en la Cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí, Antioquia, junto a los demás ex jefes de los grupos paramilitares desmovilizados en un proceso impulsado por el gobierno del presidente Alvaro Uribe y en el marco de la polémica y cuestionada Ley de Justicia y Paz, que les otorga beneficios jurídicos como el de pagar máximo ocho años de cárcel por crímenes como los de Putumayo.

Desde hace más de cuatro semanas, 14 fiscales de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía y 14 funcionarios de criminalística de la Policía Judicial (Dijín) se encontraban en la zona recogiendo información y explorando los terrenos. “Con el trabajo de los investigadores se lograron exhumar 211 cuerpos en Putumayo, con los que son ya casi 1000 los cadáveres de desaparecidos encontrados en todo el país”, le informó a Página/12 el portavoz de la Fiscalía, Rodrigo Barrera.

Los hombres, mujeres y niños encontrados en Putumayo habrían sido asesinados por ser supuestos colaboradores de la guerrilla. Quienes los señalaban recibían dos millones de pesos colombianos (unos mil dólares) de manos de Macaco y Arnolfo Santamaría Galindo, alias Pipa, el segundo al mando del Bloque. Estos y otros paramilitares interrogaban a los ciudadanos, en lugares apartados y boscosos, para después decidir si morían o no. “Por lo general, a quienes caían en sus manos les esperaba la muerte. (...) el cuerpo del supuesto colaborador de la guerrilla era desmembrado y enterrado para no dejar rastro alguno”, relata un documento de inteligencia de la Policía revelado ayer en el diario El País, de Cali.

El presidente Uribe dijo el sábado, en un consejo comunal en Pasto,ciudad al sur del país, que “estamos en la tarea de buscar a todos los compatriotas que se han denunciado en varias décadas como desaparecidos (...) para que por lo menos la tristeza no esté dentro de la incertidumbre”.

Entre los centenares de cadáveres de personas asesinadas por los grupos de autodefensa encontrados este fin de semana había algunos ecuatorianos. “Hay que advertir, en este momento, que parte de las víctimas eran extranjeros, en este caso ecuatorianos”, dijo el fiscal general de la Nación, Mario Igurán, en conferencia de prensa.

Rodrigo Barrera le explicó a este diario que sobre los extranjeros “no se sabe nada todavía. La identificación de los ecuatorianos será especialmente difícil pues no hay ayudas como la entrega de prendas u objetos que, comúnmente, aportan las familias de los desaparecidos”.

El próximo paso en la búsqueda por la verdad sobre los crímenes de los paramilitares en las veredas de El Placer, La Dorada, El Tigre y San Miguel, del municipio de La Hormiga, en el bajo Putumayo, será el de identificar los cuerpos que serán llevados a la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca. La tarea se complica cuando los recursos de laboratorios son escasos en Colombia y la cantidad de restos a identificar va en aumento. Se calcula que podrían ser 3000 los cuerpos todavía enterrados en esa fosas comunes en esa zona del país, según el fiscal Igurán. “Por la gran cantidad de cuerpos encontrados y de los que se están buscando la identificación podría tomar mucho tiempo, pero se estima que pronto se dispondrán los recursos necesarios para agilizar el proceso”, comentó Rodrigo Barrera.

Ayer, Luis González León, director de la Unidad de Justicia y Paz, anunció que ante la magnitud de los hallazgos será necesaria la creación de un centro único de identificación de cadáveres, en Bogotá, y otros regionales que recibirían apoyo de organismos internacionales y de la embajada de Estados Unidos. González dijo también que las fosas se han encontrado gracias a informaciones de desmovilizados de las autodefensas, familiares de las víctimas y habitantes de la zona.

Más fosas que esconden el horror y la crueldad de los paramilitares están siendo buscadas en los departamentos de Antioquia, Magdalena, Caldas y Córdoba. Son cerca de 10 mil los hombres y mujeres víctimas de los “paras” enterrados en fosas comunes, sobre los que la fiscalía tiene documentación. Fiscales, un antropólogo forense, un bacteriólogo, un topógrafo, criminalistas y funcionarios de apoyo viajan por el país en busca de más macabros hallazgos.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-84600-2007-05-07.html

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Mayo 6, 2007

Hallaron fosas comunes con más de 200 cadáveres en Colombia y se sospecha de los paramilitares

Bogotá informó que aún no se ha culminado con el proceso de excavación en la zona por lo que no se descarta que se encuentren nuevos restos humanos. Se presume que podría haber tres mil cuerpos más.

El gobierno de Colombia informó ayer que más de 200 cadáveres fueron hallados en fosas comunes removidas en el departamento colombiano de Putumayo, en la zona fronteriza con Ecuador, donde la justicia estima habría indicios sobre otros 3.000 cuerpos enterrados.

El ministro de Interior y de Justicia, Carlos Holguín, informó del hallazgo de fosas comunes con al menos 200 cadáveres en el selvático departamento de Putumayo, e indicó que aún no se ha culminado el proceso de excavación en la zona por lo que no se descarta que se hallen nuevos restos humanos.

Entre esas estimaciones, el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, afirmó también ayer que se tienen indicios de que hay "por lo menos 3.000 cadáveres" enterrados en fosas comunes en el mismo departamento del sur fronterizo.

"Estamos convencidos de que hay más fosas", afirmó Iguarán al presentar el resultado de excavaciones que terminaron el viernes, por las cuales se encontraron 105 cadáveres, que se sumaron a otros 106 hallados los días previos.

Varios de esos cadáveres corresponden a ciudadanos ecuatorianos, dijo Iguarán, basado en testimonios de vecinos de la región y de familiares de varios desaparecidos.

Luis González, jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la fiscalía, afirmó que ya han sido plenamente identificado el 30 por ciento de los cadáveres y que tienen información para procesar "por varios meses".

Los víctimas habrían sido asesinadas por grupos paramilitares entre 1999 y 2000 cuando hubo crudos enfrentamientos para ganarle el dominio territorial al grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La Fiscalía y la policía judicial (Dijin) vienen realizando esta operación hace cuatro semanas y han localizado una serie de fosas en los municipios de La Hormiga, San Miguel y La Dorada, en base a las confesiones de paramilitares desmovilizados.

El descubrimiento de las fosas se logró gracias a la información que suministraron los confesos ultraderechistas detenidos, que buscan ampararse bajo la cuestionada ley de Justicia y Paz que acordaron organizaciones paramilitares con el gobierno de Alvaro Uribe.

"No deja uno de horrorizarse y sorprenderse de cuanta crueldad hubo en esta guerra", expresó Holguín en declaraciones periodísticas reproducidas por las agencias Ansa y Dpa, al informar el hallazgo de 211 cuerpos.

Los cadáveres encontrados corresponden a campesinos y personas que los ultraderechistas asesinaron "en su insaciable afán para apoderarse del territorio para ponerlo al servicio del narcotráfico", dijo Holguín.

También habría cuerpos de algunos combatientes de grupos guerrilleros y paramilitares.

"Para nadie es un secreto que estas masacres son el producto de una lucha entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las desarmadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por el dominio de ese territorio que era de dominio durante 1999 de la guerrilla", agregó.

Las AUC iniciaron el 1 de julio de 2004 negociaciones de paz con el gobierno del presidente colombiano, en el marco de las cuales se desarmaron unos 31.000 hombres, y aún queda una escuadrilla disidente por desmovilizarse.

Hace diez días, la justicia colombiana halló en una fosa común 78 cadáveres de personas asesinadas por paramilitares en un área rural del municipio sureño de Mapiripán, y se estima que los cuerpos allí enterrados podrían ascender a 400.

De acuerdo con las autoridades, la ubicación exacta de los cadáveres en el departamento de Meta se logró en base a las declaraciones que realizó el desmovilizado jefe paramilitar Manuel de Jesús Pirabán, alias "Jorge pirata", ante la justicia.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=61312&id=147840&sec=1&dis=1

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Abril 28, 2007

Hallan fosa con 57 osamentas de desaparecidos en Colombia

Bogotá, Col. La Fiscalía de Colombia ubicó una fosa clandestina con 57 osamentas de personas desaparecidas en los últimos años, presuntamente secuestradas y asesinadas por grupos paramilitares de ultraderecha en la región de los Llanos Orientales, informó la entidad judicial.

Los restos humanos fueron desenterrados este jueves por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, en el sector rural de La Cooperativa, señaló el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, quien dijo que se trata de “víctimas de una época de terror y de violencia en Colombia”, de la que los paramilitares de ultraderecha fueron protagonistas.

Grupos humanitarios acusan a las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de matar y hacer desaparecer a unas 10 mil personas, la mayoría civiles, en los 20 años de guerra ilegal que han librado contra la insurgencia.

Las fuentes informaron que las 57 osamentas fueron encontradas sepultadas a menos de un metro de profundidad, en fosas comunes ubicadas por los fiscales en el cementerio rural de la población.

El sitio donde estaban enterradas las osamentas fue localizado luego de que paramilitares que se han desmovilizado, a cambio de beneficios judiciales, entregaron datos a las autoridades donde estaban sepultados los restos.

Las AUC aceptaron entregar las armas en 2004, a cambio de penas bajas de prisión, la reclusión de sus jefes en cárceles especiales y el cese de la extradición de los acusados por narcotráfico en Estados Unidos.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2007/04/26/hallan-fosa-con-57-osamentas-de-desaparecidos-en-colombia

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Abril 24, 2007

Col - 'No es suficiente sacar a los muertos para sanar al país'

Abril 23 de 2007 -
'No es suficiente sacar a los muertos para sanar al país'

María Victoria Uribe, antropóloga que ha estudiado como pocos la violencia de los años 50, en Colombia, habla de lo que va de aquella época a la barbarie reciente. 'Hay un problema de duelo tremendo', dice.

¿Cambió algo entre la manera de matar de la violencia de los 50 y de la de ahora?

Solo la sofisticación de las armas. Antes machete, ahora motosierras, fusiles de alta precisión. La cosa se volvió mucho más eficaz. En los años 50, el 70 por ciento de este país era rural; ahora la proporción es inversa y eso tendría que haber incidido en la violencia rural, pero nada ha cambiado.

¿Cómo puede explicarse la brutalidad de los que matan?

No creo que haya una respuesta neutra a esa pregunta, pero sí que la intención es desbaratar al otro, literalmente que ese otro quede irreconocible, la idea es borrarlo. Por eso no basta con pegarle un tiro, sino que hay que castrarlo, decapitarlo, cortarle las manos...

¿Pasa en todos los lugares?

La crueldad es propia de la especie humana. Se vivió en Ruanda, África, con los nazis, pero en Colombia hay persistencia en las prácticas de desmembramiento.

¿Desmembrar a los muertos antes de ponerlos en una fosa ha sido un asunto de comodidad o tiene algún significado?

Ahora predomina la comodidad. Los vuelven pedacitos porque caben en un espacio más pequeño.

En la época de la Violencia había más ritualidad. Se tomaban el tiempo para desmembrarlos y para poner lo de arriba abajo y lo de abajo arriba. Por ejemplo, la cabeza cortada entre las piernas, o el pene en la boca. Había una intención de desordenar para causar terror. También para causar terror los paramilitares desmembran a personas vivas.

¿Qué explica la persistencia de esa maldad en Colombia?

Tenemos un problema de duelo tremendo. Este país ha pasado por unos dolores inconcebibles y una carnicería que no se ve en ninguna parte del continente americano. La gente tiene sus tragedias por dentro, las procesa como puede y trata de seguir viviendo.

¿Se dejó de hacer algo frente a la violencia de los 50 para hacer más sano al país?

Claro. Esa violencia está enterrada en la impunidad absoluta. Nunca se habló de ella, nunca se procesó.

Ahorita debe hacerse lo que sucedió en Sudáfrica, que los colombianos escuchen lo que están contando las víctimas y los paramilitares así sea dolorosísimo.

Si no, ¿la historia tenderá a repetirse?

Todo indica que la seguiremos repitiendo si sepultamos todo bajo un manto de impunidad. Yo garantizaría que en 20 años seguiremos viendo decapitaciones y desmembramientos si no nos atrevemos a socializar lo que pasó.

¿Qué puede cambiar eso hacia el futuro?

Lo que se está ventilando puede tener un efecto, tal vez en la generación de los nietos, para que no se repita esto. El problema es que no se está ventilando suficiente y la única manera de que la sociedad escarmiente sobre crímenes atroces es que conozca lo que pasó. Nosotros estamos bien informados, pero no es información lo que necesitamos, es conocer lo que ha implicado esa violencia. El dolor, el duelo, el desarraigo.

Tiene la esperanza, pero a la vez cree que con lo que está pasando el país no va a sanar...

No porque este es un proceso a medias. Los paramilitares van y confiesan lo que quieren. Sería distinto si fuera como en Sudáfrica, donde el victimario da su versión pero tiene frente a las víctimas que lo confrontan. Hay pequeños experimentos de diálogo entre 'paras' y víctimas en algunas regiones. Eso ayuda.

¿En la época de la Violencia abrían fosas para los muertos?

Como ahora, había 3 mecanismo: botarlos a los ríos, dejarlos para que se los comieran los animales y hacer la fosa para meterlos.

¿Qué efectos tendrá el destape de las fosas?

Nada distinto a dar cierto sosiego a los familiares de las víctimas. A la sociedad bogotana le importa un carajo que descubran 15 cadáveres en Sucre. ¿Qué impacto tuvo en Bogotá la masacre en El Salado?, ninguno. Bogotá es una isla. Los problemas de Bogotá no tienen nada que ver con el país rural.

"Yo garantizaría que en 20 años seguiremos viendo desmembramientos si no nos atrevemos a socializar lo que pasó".

Sobre necesidad de debatir públicamente el tema.

En Guatemala no se ha hecho mucho y los Balcanes son el modelo a seguir

La búsqueda de desaparecidos tiene espejos en África, la misma América Latina y hasta Europa. En la mayoría de países, como
sucede con la reparación a las víctimas, son más los fracasos que los éxitos. La antigua Yugoslavia, un modelo que ha funcionado.

GUATEMALA

23 líderes de izquierda y dirigentes sindicales fueron, en 1966, los primeros de una lista de desaparecidos políticos que, en 30 años de conflicto interno en Guatemala, superó de lejos las 20 mil personas.

¿Su perfil? Muchos eran indígenas descendientes de los mayas. Y como en Colombia, la mayoría de las víctimas fueron habitantes del campo, casi todos hombres, pobres y con baja escolaridad.

En 1999, el informe de la Comisión de la Verdad, llamado Memoria del Silencio, recomendó priorizar la búsqueda de las víctimas: "Una de las secuelas más palpables que los declarantes hacen constar repetidamente es el dolor por no haber enterrado y vivido el duelo de sus muertos y desaparecidos o por no saber nada de ellos".

Otros sobrevivientes dijeron sentirse culpables por no haber muerto con sus familiares o por no haber hecho más por saber de ellos.

Pocos resultados. 11 años después del fin del conflicto, la tarea de encontrar a los desaparecidos sigue pendiente. En algunas regiones las comisiones de búsqueda son recibidas a tiros por miembros de las antiguas patrullas campesinas.

También sigue pendiente la búsqueda de unos 5.000 niños separados de sus padres.

PERÚ

Unas 13 mil personas desaparecieron en Perú en 20 años de conflicto, entre 1980 y el año 2000. La provincia de Ayacucho fue una de las más golpeadas por esa modalidad, atribuida especialmente a las fuerzas de seguridad del Estado peruano.

Perú le entregó a Colombia su modelo de georreferenciación para ubicar fosas comunes, considerado como uno de los más desarrollados en ese campo.

La política de búsqueda de desaparecidos, sin embargo, ha recibido críticas.

Aldo Bolaños, del Instituto Peruano de Antropología, dice que en su país hay búsqueda de fosas, pero no de personas.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación determinó la existencia probable de unos 4.500 lugares de entierro de desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente. En solo uno de cada 10 casos hay información previa sobre las víctimas.

En el Instituto de Medicina Legal de Perú hay centenares de huesos recuperados y virtualmente imposibles de identificar.

"Nunca una exhumación debe ser asumida sin una respectiva investigación preliminar que la enmarque. Es una regla de oro.
Cada cuerpo devuelto cierra una herida", dice Bolaños. Es una lección para Colombia.

LOS BALCANES

Fosas de entre 100 y 500 personas son las que se encuentran los equipos de antropólogos forenses que realizan su trabajo en Bosnia y otras repúblicas de la antigua Yugoslavia. Unos 10 mil cuerpos han sido identificados por pruebas de ADN. Por su gran extensión, las fosas pueden ser ubicadas satelitalmente.

Equipos de hasta 70 personas venidos de todo el mundo, financiados por gobiernos extranjeros y organismos internacionales, cuentan con todas las herramientas para llevar a cabo su trabajo. "Los recursos -dice una antropóloga que trabajó en Kosovo- marcan la diferencia".

La experiencia yugoeslava es considerada como un modelo. Allí se están recuperando unos 5.000 cuerpos por año y el proceso de identificación marcha casi a la misma velocidad.

Muchas fosas contienen cuerpos de personas ejecutadas en la guerra. "No son desaparecidos, sino personas perdidas o 'faltantes'", dice Patrick Ball, testigo de cargo contra el ex presidente serbio Slobodan Milosevic.

En Bosnia calculan en 15 mil las víctimas que aún falta encontrar. Y en Kosovo aún buscan a unos 6.000 albaneses. En Croacia no aparecen al menos 3 mil habitantes.

Un factor de éxito, advierte Ball, es que la guerra ya terminó: "Si el conflicto sigue en Colombia, va a ser muy difícil hacer esa tarea".

Un tema que el país aún no ha asumido

¿Qué tanto importa para Colombia urbana la suerte de los que fueron a parar a una fosa en medio del conflicto? Esa pregunta, para la que la antropóloga María Victoria Uribe tiene una respuesta poco optimista, es una de las que están por resolverse en medio del proceso de paz.

La Fiscalía, con presupuestos que no llegan a los 20 mil millones de pesos, y la Comisión de Reparación representan al Estado en este capítulo. Lo que parece claro es que todos sus esfuerzos no serán suficientes para enfrentar una tarea que, como la misma administración de justicia a los 'paras', desbordó todas las previsiones. Tanto que Eduardo Pizarro, presidente de la CNRR, plantea que se incluya en el Plan de Desarrollo.

A diferencia de Suráfrica, donde hubo consenso para desmontar el apartheid, la realidad de las fosas aún no espanta a todos los colombianos. Y por eso tal vez siga vigente.

Los reparos que le hacen a la búsqueda en Colombia

1. Toda exhumación tiene como objetivo identificar a alguien. Pero la búsqueda muchas veces no cumple las fases de rigor: documentación previa, recuperación, análisis e identificación.

Uno de los fiscales explica por qué las búsquedas se hacen, en muchos casos, sin mayor información previa: "La mayoría de las veces exhumamos sin saber a quiénes vamos a encontrar. Dos razones impiden esperar: debemos intervenir pronto, antes de que la zona sea afectada, y por ley estamos obligados a actuar inmediatamente después de conocer de un delito".

2. La única línea de evidencia que sigue la Fiscalía es el testimonio de los informantes. Las familias de las víctimas prácticamente no participan en el proceso de exhumación.

Cuando hay familiares que aportan información, los fiscales suelen recurrir a ellos. En algunos lugares, como San Onofre, las familias acuden con las comisiones oficiales de búsqueda. Un investigador explica que cuando las familias llegan con datos muy precisos incluso hay retrasos en la búsqueda, mientras se hace la coordinación para que las autoridades militares den seguridad a las comisiones.

3. Hasta ahora se han logrado muy pocas identificaciones positivas. Esa situación plantea la inquietud de que buena parte de los cadáveres exhumados termine como NN.

En casi un año, solo 13 cuerpos han sido plenamente identificados y casi dos centenares más tienen identificación previa, entre medio millar de cadáveres ya recuperados. Hay una dificultad adicional y es que muchas veces, tras la desaparición, los familiares se van de la zona. El chequeo de datos recurre entonces a muestras de ADN de primos y tíos, lo que lo hace más difícil y caro.

4. El almacenamiento de los restos tiene problemas en términos de clasificación. Esto dificultará la recuperación de un cuerpo determinado cuando se tenga información más detallada.

La Fiscalía y otras autoridades admiten que una recuperación masiva de cuerpos plantea enormes dificultades en lo que se refiere a la concentración y el almacenamiento científico de los restos. Explican que ahora se hace una mayor planificación de las salidas a campo -a menos que exista un riesgo alto de perder la fosa- para tener mayor chance de identificar a las víctimas.

http://www.eltiempo.com/justicia/2007-04-24/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3525032.html

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Col: EJECICION EXTRAJUDICIAL MUNICIPIO SACAMA CASANARE

Saravena - Arauca, 23 de abril de 2007

ACCIÓN URGENTE

CONTINÚA DESARROLLÁNDOSE LA MACABRA ESTRATEGIA DE LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES COMO MÉTODO PARA DESARTICULAR EL TEJIDO SOCIAL Y DESPLAZAR LA POBLACIÓN CIVIL

La Fundación de Derechos Humanos “Joel Sierra”, DENUNCIA ante la opinión pública nacional e internacional, a través de la Red de Organizaciones no gubernamentales Defensoras de los Derechos Humanos del orden nacional e internacional, los siguientes hechos:

1. El día 16 de abril de 2007, fue asesinado el joven LUIS GUILLERMO ROBAYO MORA, de 25 años de edad y su hermano, el menor RUBEN DARIO AVENDAÑO MORA, de 14 años, por miembros del ejército al parecer adscrito al grupo Gaula, en la zona rural de Hato Corozal – Casanare. Los dos muertos eran campesinos oriundos de la vereda La Colorada, del Sector Agua Blanca, del municipio de Sácama, departamento de Casanare y habían salid el día 14 de abril, con el ánimo de comprar un ganado en Paz de Ariporo.

2. El 20 de abril, en la vereda Laureles 1, del municipio de Tame, fueron asesinados los ancianos ALIRIO CARRILLO DURAN de 55 años y JAIME ELIAS LEAL de 63 años, por miembros del ejército nacional adscritos a la Brigada Móvil 5. Estos campesinos, en compañía de otros tres, habían sido obligados por parte de uno de los grupos armados de oposición que operan en la región, a recoger un cadáver de uno de los subversivos que había sido abatido el día anterior en enfrentamientos entre el ejército y esa guerrilla. Cuando los campesinos se trasladaban a pie con el cadáver en mención, fueron atacados indiscriminadamente por el ejército que se encontraba en el sitio a lado y lado del camino, además llegaron helicópteros quienes desde el aire dispararon. En estos hechos también resultó herido el señor BERNABÉ FLOREZ LEAL, quien se encontraba trabajando cerca al lugar de los hechos.

3. El ejército traslado los cadáveres de los dos campesinos y el del subversivo muerto en combate, en los helicópteros hasta Arauca capital. Los familiares de los dos campesinos asesinados, recibieron malos tratos e insultos por parte del ejército cuando se acercaron a preguntar por sus seres queridos, además les dijeron que no eran unos ancianos campesinos si no que también eran miembros de las guerrillas.

4. La comunidad del sector, lo mismo que todos los familiares han expresado públicamente que los dos ancianos por el ejército no pertenecían a ningún grupo armado de y que eran humildes trabajadores que gozaban de gran reconocimiento, como personas de bien. Que estos hechos se pusieron en conocimiento de las autoridades, mediante denuncia formulada por las familias ante la SIJIN en Arauca y ante el ministerio público, en el municipio de Tame.

5. Con estos episodios asciende a 13 los asesinatos productos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el ejército colombiano en lo que va corrido del presente año, sin que el gobierno nacional y los organismos de justicia y control hayan hecho eco de las denuncias públicas, en que hemos venido manifestando, que no se trata de hechos aislados sino de una macabra estrategia del Estado tendiente a sembrar el terror y la desesperación en la región.

6. Convocamos nuevamente a la solidaridad nacional e internacional con el oriente colombiano, su pueblo, organizaciones sociales y dirigentes, a través de la denuncia, acompañamiento, monitoreo y exigencia de verdad, justicia y reparación integral.

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO

FUNDACION DE DERECHOS HUMANOS “JOEL SIERRA”

NUESTRA ACCION SOCIAL ES LEGAL Y LEGÍTIMA

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Abril 21, 2007

Declaración de la Coordinación Nacional de Víctimas y Familiares del Genocidio contra la Unión Patriótica

PERSISTIMOS EN LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA PARA EL CASO DE LA UNIÓN PATRIÓTICA ANTE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

Las Coordinaciones Regionales integrantes de la Coordinación Nacional de Víctimas y Familiares del Genocidio contra la Unión Patriótica, representadas en casi un centenar de delegados y delegadas provenientes de 14 regiones del país, en ejercicio de su mandato deciden:

1. Ratificar su persistencia en búsqueda de justicia para el Caso de la Unión Patriótica ante el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos. Con tal propósito, renueva la confianza depositada en las organizaciones peticionarias (Corporación Reiniciar y Comisión
Colombiana de Juristas) del Caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ratifica la validez de las >alegaciones por ellas presentadas en el marco de la etapa de fondo que actualmente se surte ante dicha instancia.

2. Exigir al Gobierno de Colombia el otorgamiento de las garantías requeridas para que las organizaciones peticionarias y los
sobrevivientes y familiares del genocidio contra la Unión Patriótica, puedan continuar defendiendo a nivel nacional e internacional los derechos de las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica. Igualmente exige la realización de investigaciones eficaces que contribuyan a la neutralización de los factores de riesgo mediante la individualización y judicialización de los responsables.

3. En ese sentido, la Coordinación Nacional rechaza las amenazas proferidas contra Ana Carlina Bohórquez, ex – Alcaldesa de la
Unión Patriótica en el Municipio de La Montañita (Caquetá), luego de rendir testimonio ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, en el marco de la etapa de fondo del Caso de la Unión Patriótica ante la CIDH. También rechaza los continuos actos de
intimidación contra Rosmery Londoño, Nancy Rubio y Fidela Sánchez, integrantes de la Coordinación Regional de Víctimas y Familiares
del Genocidio contra la Unión Patriótica en el Departamento del Caquetá, tras el mencionado testimonio rendido ante la CIDH.

4. Igualmente, expresa su preocupación por la sistemática persecución contra las Doctoras Jahel Quiroga Carrillo, Directora de la
Corporación Reiniciar y Gloria Inés Ramírez, sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica y actual Senadora del Polo
Democrático Alternativo, así como por las continuas amenazas contra el Doctor Carlos Lozano Guillén, también sobreviviente de
la Unión Patriótica y Director del Semanario VOZ del Partido Comunista Colombiano.

5. La Coordinación reitera que la denominada "Ley de Justicia y Paz" no es un instrumento idóneo para esclarecer el genocidio contra la
Unión Patriótica ni otros graves crímenes de derechos humanos cometidos en Colombia, por lo cual invita a las organizaciones
sociales, de víctimas y defensoras de derechos humanos a denunciar nacional e internacionalmente, las arbitrariedades y engaños que
los actuales procedimientos de aplicación auspicien. También insiste en que el principal factor de impunidad en su aplicación
sigue siendo la permanencia de las estructuras militares, políticas, financieras y de control social por parte de los grupos paramilitares que siguen operando en todo el país.

Finalmente, la Coordinación Nacional de Víctimas y Familiares del Genocidio contra la Unión Patriótica, compromete sus esfuerzos hacia la concreción de una propuesta de reparación integral fundada en el esclarecimiento de los hechos y en la justicia, y para tal fin convoca, junto a las organizaciones peticionarias del Caso ante la CIDH, a las víctimas y familiares del genocidio contra la Unión Patriótica a la realización de las siguientes actividades:

* Conmemoración del 11 de Octubre como Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica.
* Realización de los siguientes talleres regionales: Antioquia-Urabá, Bogotá-Cundinamarca, Costa Atlántica, Eje Cafetero, Magdalena Medio-Santander, Meta-Guaviare, Tolima-Huila-Caquetá, y, Valle-Cauca-Nariño.
* Realización de los siguientes talleres nacionales especializados: Víctimas de Desaparición Forzada, Integrantes de Corporaciones
Públicas y de Administraciones Seccionales, Mujeres, Hijos e Hijas de Víctimas de la Unión Patriótica.
* Encuentro Nacional para la aprobación de la propuesta de reparación integral para las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica.

Bogotá, 15 de Abril de 2007.

Coordinaciones Regionales de Víctimas y Familiares del Genocidio contra la Unión Patriótica en Antioquia, Bogotá, Costa Atlántica, Costa Atlántica y Urabá en Bogotá, Caquetá, Cundinamarca, Guaviare en Bogotá, Huila, Magdalena Medio, Meta, Meta en Bogotá, Santander, Tolima, Tolima en Bogotá, Urabá y Valle. Delegación de Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica en el
Departamento de Nariño.

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Abril 18, 2007

Llamado a víctimas del Bloque Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del Bloque Central Bolívar de las Auc.

Bogotá, abril 17 de 2007.- La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), informa a las víctimas y a sus organizaciones que el señor Iván Roberto Duque Gaviria, alias “ Ernesto Báez De La Serna, “EL Doctor”, “El Alemán” o “El Loco” desmovilizado del Bloque Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del Bloque Central Bolívar de las Auc, reanudará su diligencia de versión libre el 18 y 19 de abril de 2007 a las a las 8:30 a.m., en la Cra. 52 No.42-53, Edificio José Félix Restrepo piso 20 del Centro Administrativo la Alpujarra de Medellín Antioquia.

En aras de garantizar su acceso a la justicia, la CNRR sugiere a quienes ostenten la calidad de víctimas por los hechos atribuibles al señor Ernesto Báez, hacerse presentes en el lugar dispuesto para la versión. Igualmente, y si lo consideran necesario, solicitar asistencia legal ante la Defensoría del Pueblo.

Si requieren información adicional, pueden acercarse a los despachos de la Defensoría del Pueblo, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, personerías municipales, procuradurías provinciales y regionales, unidades de Fiscalía, y del cuerpo técnico de investigación más cercanos a su lugar de residencia.

Como referencia a las víctimas y para facilitar su identificación se adjunta foto del señor Ernesto Báez de la Serna, alias “EL DOCTOR”, “EL ALEMÁN” o “EL LOCO”

Cualquier requerimiento o información comunicarse a la sede Regional Bogotá de la CNRR, abonados telefónicos (1)6210466, (1)6213266, (1)6211855, (1)6213099.

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Antioquia: El viernes inicia atención a víctimas en Caucasia

Ruta de la reparación y la verdad, viaja por los municipios
de Antioquia

Bogotá, 18 de abril de 2007. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR- Sede Regional Antioquia invita, a las víctimas de la violencia causada por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en el Bajo Cauca, a la jornada de atención que se realizará el próximo 20 de abril a las 8:30 a.m. en la Escuela Normal Superior del municipio de Caucasia.

El objetivo es garantizar la verdad, la justicia y la reparación. También pueden participar, las víctimas de los municipios de Caucasia, Nechí. El Bagre, Zaragoza, Tarazá y Cáceres.

Las siguientes entidades estarán presentes en la jornada : CNRR, Fiscalía General de la Nación-Unidad de Justicia y Paz, Procuraduría Regional, Defensoría Regional, Personerías municipales de la Subregión del Bajo Cauca, Plan Congruente de Paz de la gobernación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Acción Social-Proyecto de Tierras y la OEA.

En esta misma dirección, la jornada contará con capacitación a victimas y se llenarán los formatos dispuestos por la Unidad de Justicia y Paz de La Fiscalía General de la Nación.

Mayores Informes: (054) 232 45 22 Ext.206 - 262 99 71

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Abril 12, 2007

Mujeres Wayúu: POR EL ALMA DE NUESTRA GENTE

JAIN TÜU WAPUSHIKAT

POR EL ALMA DE NUESTRA GENTE

“Nosotros morimos tres veces. La primera en nuestra carne,
la segunda en el corazón de aquellos que nos sobreviven,
y la tercera en sus memoria, que es la última tumba y la más glacial”
Desde que las autodefensas incursionaron en nuestro territorio, hasta la fecha, el pueblo Wayúu ha soportado una tragedia de inconmensurables proporciones. Esta tragedia se agrava si se tiene en cuenta que, más allá de algunos contados casos que han sido ampliamente difundidos, la inmensa mayoría de hechos como masacres, asesinatos selectivos e indiscriminados, desapariciones, desplazamientos forzados internos y transfronterizos, expropiaciones de los medios de subsistencia, amenazas y hostigamientos y un largo etcétera, que han venido afectando a comunidades del pueblo Wayúu han permanecido ocultos. Tristemente varios de estos hechos apenas han dejado el rastro de sus víctimas.

Muchos factores coincidieron para que esta sistemática arremetida de autodefensas y paramilitares contra comunidades del pueblo Wayúu se mantuviera invisible. Desde el miedo natural de las víctimas y sus familiares a elevar denunciar ante el terror desencadenado, pasando por la ausencia de organizaciones de derechos humanos en nuestro territorio que hicieran eco de lo que venía sucediendo, continuando con los numerosos casos de connivencia entre victimarios y sectores de la fuerza pública que han sido reportados… Sin embargo, tal vez, lo que más contribuyó al silenciamiento de los impactos de la violencia contra comunidades del pueblo Wayúu fue la insistencia de cierta institucionalidad pública para la cual en territorio Wayúu no estaba sucediendo nada distinto a las atávicas guerras entre clanes. Así fue como la palabra fue amordazada y el silencio se impuso como “consenso”.

Osiris Jacqueline Amaya Beltrán, maestra Wayúu asesinada el 14 de marzo de 2007 en Hatonuevo (La Guajira), es la última víctima de una desafortunada y dolorosa larga lista que, según informaciones con que se cuenta, sobrepasa los doscientos Wayúu que han sido asesinados o desaparecidos por los diferentes actores armados, especialmente autodefensas y paramilitares, entre los años 2000 y 2007.

Las autoridades, líderes y liderezas Wayúu del sur de La Guajira han decidido que el asesinato de Osiris Jacqueline Amaya Beltrán no pase desapercibido y no quede sumido en el olvido. Para ello, en la fecha en que se cumple el mes de este asesinato, es decir, el sábado 14 de abril de 2007 entre las 8:00 AM y las 3:00 PM, distintas comunidades del pueblo Wayúu realizarán en Cuatro Vías (Maicao), Jain Tüu Wapushikat, un sentido acto simbólico de dignidad para recordarla a ella y a todas las víctimas que pertenecen al pueblo Wayúu, tanto las que tienen nombre y rostro conocido como aquellas anónimas y desconocidas aún hasta para las frías estadísticas.

Este significativo acto por la memoria de todas las víctimas Wayúu, se inscribe dentro de iniciativas que organizaciones y comunidades de base de la Media Guajira han venido desplegando con el propósito de llamar la atención nacional e internacional sobre las dimensiones que la violencia de los paramilitares y de otros actores armados ha tenido en territorio Wayúu.

Este acto es un paso más en la tarea que se han asignado autoridades, líderes y liderezas Wayúu de varias regiones de La Guajira, para recobrar la memoria, forjar transparencia, luchar contra la impunidad, procurar el resarcimiento integral de conformidad con nuestra cosmovisión y evitar que los hechos se repitan. El desafío es, por tanto, construir el sendero que conduzca a la verdad, a la justicia y a la reparación, máxime cuando desafortunadamente hoy por hoy, estos horizontes se encuentran refundidos en una densa maraña de artilugios jurídicos y de retórica política que los distorsiona.

En mérito de lo anterior estamos extendiendo un llamado amplio a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y a las organizaciones indígenas de la región; a las organizaciones de víctimas y de familiares de víctimas; a las organizaciones de derechos humanos; a las organizaciones de ayuda humanitaria internacionales; a los medios masivos de comunicación locales, departamentales, nacionales e internacionales; a las agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU); a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA); a la Defensoría del Pueblo; a las Personerías Municipales; a la academia y a la intelectualidad regional progresista; a la institucionalidad pública comprometida con la verdad, la justicia y la reparación; y, en general, a la sociedad civil de La Guajira, a que blinden con su acompañamiento esta jornada de dignidad y verdad llamada Jain Tüu Wapushikat.

Territorio Wayúu, Hatonuevo (La Guajira), a 10 de abril de 2007

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Febrero 26, 2007

Inicio de la Comisión Ética en Colombia

El próximo miércoles 28 de febrero en San Onofre- Sucre.

25 PERSONALIDADES INTERNACIONALES DAN VIDA A UNA COMISIÓN ÉTICA EN COLOMBIA, COMO SALVAGUARDA DE LA MEMORIA, ANTE LA AUSENCIA DE GARANTÍAS REALES PARA ACCEDER A LA VERDAD, A LA JUSTICIA Y A LA REPARACIÓN INTEGRAL

Comunicado de prensa, Bogotá, D.C. Febrero 26 de 2007. Con la presencia de Mirta Baravalle por las Madres de la Plaza de Mayo – Línea Fundadora de Argentina, Francine Damasceno Piñeiro por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra del Brasil, Libertad Sánchez Gil por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca de España, Enrique Nuñez por la Comisión Ética contra la Tortura de Chile, entre otros invitados internacionales, se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de febrero, la presentación pública de una Comisión Ética, como propuesta de salvaguarda de la Memoria ante la ausencia de garantías para acceder hoy a la verdad, a la justicia y a la reparación integral en Colombia.

El evento que se realizará simultáneamente en el municipio de San Onofre, departamento de Sucre y en la ciudad de Barrancabermeja, departamento de Santander en el marco del tercer Encuentro del Movimiento Regional de Víctimas del Terrorismo de Estado del Magdalena Medio, nace de la sentida necesidad de que la memoria de millares de Crímenes de Lesa Humanidad y violaciones de derechos humanos cometidos a través de las distintas fases de la represión y las operaciones paramilitares en Colombia desde 1962, sea conocida, protegida y salvaguardada.

Por ello, uno de los actos más importantes se realizará en la Hacienda “El Palmar” ubicada en cercanías de San Onofre en Sucre, lugar utilizado por la estrategia paramilitar como centro de torturas y ejecuciones extrajudiciales, donde se hallan centenares de víctimas enterradas en fosas comunes.

En este sitio, a las 11: 30 de la mañana, la Comisión Ética construirá un monumento que representará el sentido de su labor como custodia de la memoria y recibirá testimonios, pruebas y objetos de las víctimas, que serán protegidos en Casas de la Memoria fuera de Colombia.

La Comisión que esta conformada igualmente por personalidades de alto nivel, como Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz. Francois Houtar, dirctor del CETRI de Bélgica y miembro fundador del Foro Social Mundial, Elizabeth Deligio, miembro del Movidmiento por el cierre de la Escuela de las Américas (SOA Watch), prtende sesionar durante 10 años, tiempo en el cual se encargará de recoger a lo largo y ancho del país pruebas, documentos, objetos, testimonios, relatos de las víctimas, de las familias, de las comunidades, apoyando sus iniciativas de memoria, de dignificación y de reparación integral.

A lo largo de 10 años los miembros de la Comisión Ética salvaguardarán confidencialidad sobre muchos hechos que testimonien las víctimas, denunciarán públicamente otros, y presentarán los resultados de su labor a la opinión pública que sirvan de insumos a una Comisión de la Verdad que reúna garantías reales para las víctimas de crímenes de contra la Humanidad y genocidio.

La propuesta de la Comisión Ética ha sido una iniciativa gestada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, el cual agrupa a cerca de 200 organizaciones de víctimas en todo el país, como un mecanismo de afirmación del derecho a la memoria y a la verdad.

Para mayores informes, favor coumunicarse con Adriana Cuéllar,
prensa Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" al celular: 311 2194030.

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Febrero 23, 2007

Comisión Ética Internacional para Colombia

SEGUIMOS PERSISTIENDO HASTA QUE HAYA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION

COMISIÓN ÉTICA INTERNACIONAL
PARA COLOMBIA

(Bogotá, D.C. 20 de febrero de 2006). Se presenta iniciativa del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado para el acompañamiento de las comunidades y organizaciones golpeadas por la violencia de Estado y la estrategia paramilitar. El Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, las Madres de la Plaza de Mayo, reconocidas asociaciones de víctimas de varios países, destacados juristas y académicos, deciden apoyar a las víctimas de la violencia estatal en Colombia

La necesidad de que la memoria de millares de Crímenes de Lesa Humanidad y violaciones de derechos humanos cometidos a través de las distintas fases de la represión y las operaciones paramilitares en Colombia desde 1962 sea conocida, protegida y salvaguardada, ha llevado a que 25 personalidades y organizaciones de una reconocida trayectoria y de gran autoridad moral participen en la Comisión Ética.

La Comisión pretende sesionar durante 10 años recogiendo a lo largo y ancho del país, pruebas, documentos, objetos, testimonios, relatos de las víctimas, de las familias, de las comunidades y apoyando sus iniciativas de memoria, de dignificación y de reparación integral. También será una instancia para velar por la protección de comunidades que han luchado por décadas por sus derechos fundamentales y por el respeto de sus territorios.

Los miembros de la Comisión Ética consideran que la Ley 975/05 niega aspectos esenciales de los derechos de las víctimas, no solo porque desconoce los estándares internacionales que los consagran, sino porque el mismo fallo de la Corte Constitucional está siendo burlado por decretos presidenciales. Igualmente consideran que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación ha desconocido la participación de las víctimas, y no es una instancia autónoma e independiente del Gobierno colombiano.

El Cacarica, bajo Atrato, departamento del Chocó; San Onofre, Sucre; Barrancabermeja, Santander y la ciudad de Bogotá serán los cuatro escenarios donde los Comisionados se encontrarán con las víctimas y se hará pública la presentación de sus objetivos y metas.

A lo largo de 10 años los miembros de la Comisión Ética salvaguardarán confidencialidad sobre muchos hechos que testimonien las víctimas, denunciarán públicamente otros, y presentarán los resultados de su labor a la opinión pública que sirvan de insumos a una Comisión de la Verdad que reúna garantías reales para las víctimas de crímenes de contra la Humanidad y genocidio.

La propuesta de la Comisión Ética ha sido una iniciativa gestada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, el cual agrupa a cerca de 200 organizaciones de víctimas en todo el país, como un mecanismo de afirmación del derecho a la memoria y a la verdad.

8 miembros de la Comisión Ética estarán en el país desde el próximo 15 de febrero hasta el 3 de marzo.

Entre los miembros de la Comisión que estarán en Colombia se encuentran:
- Mirta Baravalle por las Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora de Argentina,
- Libertad Sánchez Gil por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca – España,
- Enrique Nuñez por la Comisión Ética contra la Tortura ,
- Lorenzo Loncon por el pueblo indígena Mapuche de Chile
- Francine Damasceno Piñeiro por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra del Brasil – MST,
- Carlos Fazio, profesor investigador de la UACM y la UNAM , escritor y periodista de La Jornada de México,
- Alberto Giraldéz en delegación de la Comunidad Santo Tomás de Madrid, España,
- Bernardine Dohnr; jurista y experta en derecho de los niños, profesora de la Universidad Northwestern de Chicago.

De la Comisión Ética hacen parte hasta el momento:
- Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz ,
- Francois Houtar, director del CETRI de Bélgica y miembro fundador del Foro Social Mundial,
- Tomás Gumbleton Obispo emérito de Detroit, Estados Unidos,
- Gilberto López y Rivas, director de Etnología y Antropología, autor de numerosas publicaciones sobre Antropología, Pueblos Tribales e Indígenas y Resistencia Cultural Social, profesor de la UNAM
- Miguel Álvarez, experto en temas de Paz y negociación de conflictos, miembro de Serapaz de México
- Paolo Romo, experto en temas de Paz y negociación de conflictos, miembro de Serapaz de México
- Elizabeth Deligio, miembro del Movimiento por el cierre de la Escuela de las Américas (SOA Watch).

Movimiento Nacional de Víctimas
de Crímenes de Estado

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Febrero 22, 2007

Colombia: Lanzamiento Campana Memorias contra el Silencio

Lanzamiento…

CAMPAÑA,

“MEMORIAS CONTRA EL SILENCIO Y LA IMPUNIDAD.

NUNCA MAS CRIMENES DE ESTADO”.

Medellín, 21 de febrero de 2007

Nos unimos para contribuir a la recuperación de la memoria histórica de los crímenes de lesa humanidad en Antioquia a partir de la verdad de las víctimas, sensibilizando a la sociedad sobre los efectos que ha provocado la estrategia paramilitar del Estado y la fase de legitimación del modelo de control social, político y económico que beneficia a los responsables de graves y persistentes violaciones de los Derechos Humanos.

Martes 27 de febrero del 2007, en el marco de la conmemoración del aniversario del asesinato del defensor de Derechos Humanos Jesús Maria Valle.

10:00 a.m. - Rueda de Prensa y presentación de Galería de la

memoria – Plaza de la dignidad – Alpujarra

4:00 p.m. - Plantón: Edifício Colon. (Ayacucho entre Carabobo y Bolívar).

- Movilización y acto político-cultural, Plaza

de la dignidad.

Los esperamos…

Organizaciones convocantes

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Asociación de Familiares de Detenidos desaparecidos (Asfaddes), Asamblea Regional de Derechos Humanos de Antioquia, Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Estados Unidos, Colectivo de derechos humanos Semillas de Libertad (CODEHSEL), Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), Asonal Judicial, Red Juvenil de Medellín, Instituto Popular de Capacitación (IPC), Grupo interdisciplinario por los derechos humanos (GIDH), Capítulo de derechos humanos del Polo Democrático Alternativo, Corporación El Solar, FASOL, Comité Permanente Héctor Abad Gómez, Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, Corporación Cultural La Aldaba, Asociación Campesina de Antioquia, Comité de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, Campaña por la Vida y la Libertad, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Comité Estudiantil Contracorriente, Fundación Sumapaz, Cristianos y Cristianas por la Justicia y la Paz, Red de Organizaciones Comunitarias, Corporación Jurídica Libertad.

Campaña “Memorias contra el silencio y la impunidad. Nunca más crímenes de estado”

corpora@une.net.co

asamblearegionaldh@ipc.com.co

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Febrero 15, 2007

Barrancabermeja: Desaparición de Katherine González Tórres

VOCES DE MUJERES
ACCION URGENTE

Miércoles, 14 de febrero de 2007

La Organización Femenina Popular una vez más reafirma su compromiso por la vida y continua sembrando vida donde hay muerte, hoy con el sinsabor de la oscuridad, la impunidad y el dolor denunciamos:

La desaparición de la joven KATHERINE GONZALEZ TORRES, soltera, de 20 aí±os de edad, hermana de SANDRA GUTIERREZ TORRES, integrante del equipo de dirección de la Organización Femenina Popular.

El ambiente de zozobra que se vive en la ciudad de Barrancabermeja por las continuas amenazas y asedio a jóvenes, hombres y mujeres; los hechos irregulares ocurridos recientemente, y denunciados por el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos de Barrancabermeja, el pasado 12 de febrero, sobre el accionar de miembros encubiertos del Ejército nacional, involucrados en el supuesto intento de desaparición de Alberto Pumarejo Arias y abuso de autoridad, nos hace temer por la vida y la integridad física de KATHERINE GONZALEZ TORRES.

LOS HECHOS
El martes, 13 de febrero de 2007, a la 1 p.m. KATHERINE GONZALEZ TORRES, salió de su casa en Barrancabermeja, en dirección a su trabajo, sin que hasta el momento se sepa de su paradero. Después de salir de su casa se reportó telefónicamente para confirmar que había llegado al trabajo como siempre lo hacía.

Hasta el momento hemos agotado la bíºsqueda en los espacios de su vida cotidiana y las averiguaciones en las instituciones correspondientes sin tener ninguna información de ella, así mismo hemos colocado las denuncias ante las autoridades competentes.

EXIGENCIAS
Exigimos a las autoridades competentes: Policía, Ejército, SIJIN, DAS, la bíºsqueda inmediata y aparición inmediata sin daí±os a su integridad, de KATHERINE GONZALEZ TORRES

LLAMAMOS

A Las organizaciones defensoras de derechos humanos en Barrancabermeja y el país a emprender una acción urgente por la aparición con vida de KATHERINE GONZALEZ TORRES.

A la comunidad Internacional para que se pronuncien ante las autoridades competentes para interceder por la bíºsqueda y aparición con vida de KATHERINE GONZALEZ TORRES, mediante cartas dirigidas a:

Dr. Carlos Franco.

Director Programa Derechos Humanos Vice-Presidencia de la Repíºblica.

Teléfono: 565 97 97 ext. 744

E. mail: cefaro@presidencia.gov.co

Coronel Efraín Oswaldo Aragón. Director Programa Derechos Humanos de la Policía

Teléfono: 315 94 38

E.mail: efrainaragon@gmail.com

Coronel Enrique Garay Saleg Jefe Oficina de Derechos Humanos del Ejército Nacional

Teléfono: 266 03 16

E.mail: alie@ejercito.gov.co

Dr. Volmar Pérez Ortiz. Defensor Nacional del Pueblo

Teléfono: 314 73 00

E.mail: defensoria@defensoria.org.co

Dr. Edgardo José Maya Villazón Procurador General de la Nacional

Teléfono: 336 00 11

E.mail: revgon@procuraduria.gov.co

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas

Para los Derechos Humanos en Colombia.

Telefonos 658 33 00

oacnudh@hchr.org.co

Organización Femenina Popular

femenina@colnodo.apc.org

teléfonos: 622 66 25

Organización Femenina Popular

Barrancabermeja – Magdalena Medio – Colombia

Febrero 14 de 2007

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Febrero 8, 2007

Colombia: Desaparición de Javier Emilio Suárez Arenas

Natural de Becerril, Departamento del Cesar, Republica de Colombia, de 26 años de edad, quien se encontraba en la Serranía del Perijá- Machiques- Venezuela, en calidad de solicitante de refugio junto con su núcleo familiar compuesto por (padre, hermanos, sobrinos), éste joven salió de la comunidad donde residía (zona rural), con la finalidad de cobrar un dinero de 3 vacas que su papá vendió, al llegar al sitio conocido como LA MORENA, (zona urbana), se encontró con un conocido al cual invitó para que lo acompañara; pero este al encontrarse ocupado se excuso y en un gesto de compañerismo le prestó la motocicleta que meses antes había comprado.

Ese 16 de Junio de 2006, JAVIER SUAREZ, salió en la moto de su amigo, y hasta la fecha no se sabe del paradero de él y la moto. Esta familia en Colombia pasó por los avatares de la Guerra al ser mutilada su señora madre por la motosierra empuñada por los generadores de la violencia, razón por la cual deciden pedir refugio en este País.

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Diciembre 30, 2006

Cali: Desaparecido Jhon Edward Echeverry

Jhon desapareció el 16 de agosto en Cali Valle, Colombia. Si alguien lo vió, por favor comunicarse con desaparecidos_cali@yahoo.es o al celular 311 740 11 61

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Diciembre 7, 2006

EL RECORRIDO DE LA MUERTE…

“Dicen que aquí ya han encontrado 16 fosas con muertos, y que hay 600 personas más que fueron asesinadas. Ahora Usted si me entiende porque es que se siente tanta angustia, tanta tristeza cuando se conoce este lugar?”

Efectivamente, los aproximadamente 20 minutos que distan de San Onofre a la hacienda El Palmar, se recorren con escalofríos de solo pensar en lo que sintieron los cientos de víctimas que atravesaron el camino, que los conducía a su muerte, solo porque “si era gordo lo mataban, si no lo eras también, era simplemente el hecho de caerle mal”.

Hacen referencia a Rodrigo Pelufo alias “Cadena” el jefe paramilitar de la región, que hoy día, y a pesar de supuestamente haberse desmovilizado, no se sabe dónde está. Algunos dicen que se encuentra en Sincelejo y que “se mandó operar la cara, pa´ que no lo reconozcan”.

Son aproximadamente 2.500 héctareas de tierra, en las cuales, al lado izquierdo se encuentra un árbol de Caucho enorme que guarda entre su tronco las huellas de lo que se vivió durante más de ocho años en ese lugar, representadas hoy día en marcas de los disparos realizados por los paramilitares que usaban el macizo para ultimar sus víctimas.

En diagonal se encuentran las instalaciones de la hacienda, donde luego de subir aproximadamente 18 escaleras en forma de caracol, se llega al segundo piso, donde se destacan dos cuartos, hoy día totalmente abandonados. El primero es el que las personas que dejaron salir de allí, para que contaran las atrocidades que se cometían y que han dado en llamar “el cuarto de la última lágrima”, sitio en el cual vivieron los peores vejámenes que se pudiese imaginar. Allí eran llevados para ser torturados antes de la muerte.

El otro cuarto corresponde al de “Cadena” donde comparecían sus víctimas, luego de lo cual eran ejecutados o dispuestos a interrogatorio. En algunas ocasiones era él mismo quien los asesinaba a sangre fría, cuentan lugareños de la zona.

Al otro lado de estas instalaciones se encuentran las caballerizas, donde eran enterrados quienes no pasaban la prueba o a quienes se quería castigar cualquiera fuera el motivo. Algunas personas cuentan que se salvaron “solo me pusieron a recoger la cosecha que había, luego me soltaron para dar testimonio de lo que allí sucedía”.

El dolor es enorme, se escuchan lejanos ecos de auxilio, la imaginación nos juega malas pasadas. Se observan por lo menos tres fosas comunes. Al parecer se han encontrado hasta el momento 16 en el lugar. La gente dice que faltan muchas más. Se habla de 600 los asesinados allí, porque en total en toda la zona se dicen que son más de dos mil en esos 8 años.

En cada fosa, comentan, encontraron más de dos personas descuartizadas y enterradas. La verdad es que la longitud de las mismas no da para pensar que fueron enterradas completas. El silencio persigue la memoria de los que allí quedaron.

Al salir dejamos atrás el lago donde lanzaban a sus víctimas, para que fueran “tragados” por los caimanes que allí se encontraban o para de alguna manera, terminar el trabajo que los victimarios habían iniciado.

El terror que imperó durante estos años en la zona, impidió que antes se conociera este lugar. Aún así, los habitantes de San Onofre, fieles testigos de lo que allí ocurría, al amanecer del día de la audiencia convocada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, paciente y silenciosamente guardaban la esperanza de ser escuchados.

No obstante, de los 10 congresistas que hacen parte de la Comisión, solo llegó uno, Alexander López y como siempre uno solidario, Wilson Borja, luego de tres horas de retraso, dice porque el avión que los trasladaba de Bogotá al sitio se averió. Esa es la responsabilidad de los congresistas que conforman dicha Comisión.

Tres días después de realizada la audiencia, la opinión pública se debate entre las mentiras de los congresistas y políticos de la región, que exculpan sus responsabilidades y la tristeza que se experimentan cuando se preguntan ¿cómo pudo suceder todo esto, sin que nos diéramos cuenta?

Prensa Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo".
www.colectivodeabogados.org

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Diciembre 5, 2006

NUEVOS DESAPARECIDOS EN LA REGION DEL BAJO ARIARI

(Autor: Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari (Meta)) (Fecha: Diciembre 4 de 2006)
DR-227/06

Las juntas de acción comunal del sector de santo Domingo (Meta) jurisdicción del municipio de Vista hermosa comunican a la Comisión de Derechos Humanos que a raíz de el abuso de la fuerza pública unidades exactamente adscritas a la Brigada Móvil No. 12 que operan en la vereda Caño Piedra jurisdicción del municipio antes mencionado que se traducen en el saqueo de pertenencias y el robo de ganado de la finca de propiedad del señor JAMES VELAZQUEZ, este se traslado junto con su hermano el señor ANTONIO AGUDELO VELAZQUEZ y el señor JAVIER N. administrador de la finca, el día 30 de noviembre/2006 con documentos que acreditan tanto la propiedad de la finca y del ganado con el ánimo de hablar con el comandante de la patrulla para que no se siguieran presentando estos inconvenientes y al día de hoy a las 10:00 a.m. no habían regresado a la localidad de Santo Domingo.

Los familiares acudieron al delegado de la Comisión de derechos humanos en la localidad señor Jaime Ortega y a la directiva de la junta de acción comunal para que se informara a las diferentes autoridades de la demora en el regreso de las personas que habían quedado de regresar ayer en la tarde. De manera inmediata se armo una comisión de búsqueda conpersonas habitantes de la región que no han podido dar con el parardero de estas tres personas.

Existe preocupación porque en las noticias de radio el ejército informa que el día 30 de noviembre de 2006 abatieron en combate a tres insurgentes y coincide el sitio con el lugar a donde se dirigian estas tres personas.

En esta misma vereda y en la finca del señor James fue donde unidades de la brigada móvil No. 12 asesinaron al antigüo administrador de la finca hechos que reseñamos a continuación:

La Comisión de derechos humanos del sector del río Guejar tuvo conocimiento que los días 14 y 15 de agosto de 2006, en la vereda CAÑO PIEDRA municipio de VISTA HERMOSA, los dignatarios de las juntas de acción comunal denuncian la desaparición del señor WILSON VICENTE MONROY GALINDO en una finca de la misma vereda donde laboraba como administrador, fueron a buscarlo y encontraron la ropa y todas sus pertenencias tiradas fuera de la casa y hacia falta un televisor blanco y negro pequeño, insistieron en comunicarse con unidades de la brigada móvil número 12 que operaban en el sector pero fue imposible.

El día martes 15 mientras que lo buscaban unos campesinos expresaron que por las noticias de radio habían escuchado que había sido abatido en combate un insurgente apodado el “rolo”. Los familiares indagaron en el batallón 21 Vargas de Granada, donde encontraron el cadáver enterrado como N.N. lo reclamaron y le dieron cristiana sepultura en la ciudad de Bogotá. Habitantes de la región expresan su extrañeza por la forma y circunstancias en que murió WILSON y afirman que esta persona no estaba vinculada a la insurgencia como oficialmente lo afirma el ejército.

Se exige a las autoridades del orden nacional iniciar averiguaciones de caractér urgente a fin de dar con el paradero de estos campesinos y recomnendar a las unidades militares el pleno respeto por la vida, la honra y los bienes no solamente de los ciudaddanos en mención sino de todos los pobladores campesinos de la región del Bajo Ariari, porque en lo que va corrido de este año solamente en el sector las comuniaddes han denunciado por lo menos 9 ejecuciones extrajudiciales.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a las organizaciones sociales, sindicales y defensoras de derechos humanos a rechazar de manera urgente este nuevo hecho en contra de las comunidades campesinas víctimas de la presión desarrollada con motivo de las operaciones militares del Plan Patriota.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DEL SECTOR DEL RIO GUEJAR

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Diciembre 1, 2006

Colombia: Actos de intimidación contra el servicio de protección del Sr. Iván Cepeda Castro

LLAMADO URGENTE – EL OBSERVATORIO

COL 029 / 1206 / OBS 142
Intimidación / Hostigamiento
COLOMBIA
1° de diciembre de 2006

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.

Nueva información:

El Observatorio ha recibido informaciones del “Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado”1, sobre actos de intimidación que se han llevado a cabo contra el servicio de protección del Sr. Iván Cepeda Castro y de la Sra. Claudia Girón Ortiz, miembros de dicha organización y dirigentes de la Fundación “Manuel Cepeda Vargas”, en hechos ocurridos en la ciudad de Bogota.

De acuerdo con las informaciones, el 24 de noviembre de 2006, hacia las nueve de la noche, el vehículo asignado para la seguridad de la Fundación “Manuel Cepeda Vargas”, donde usualmente se desplazan el Sr. Iván Cepeda Castro y la Sra. Claudia Girón Ortiz, fue detenido por desconocidos que portaban armas largas y que se identificaron como miembros de la Sección de Policía Judicial e Investigación (SIJIN). Después de encañonar al conductor, que en ese momento se encontraba solo, los supuestos agentes policiales procedieron a verificar la presencia de otras personas en el interior del automóvil. Cuando el chofer les mostró su carné de identificación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), los desconocidos huyeron.

Según las declaraciones de las autoridades policiales, ese día, 24 de noviembre de 2006, la SIJIN no tenía asignados operativos en la zona donde tuvo lugar la retención del vehículo.

Estos graves hechos sucedieron un día antes que varios miembros del “Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado” se desplazaran al municipio de San Onofre, departamento de Sucre, con el fin de asistir a una audiencia pública de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, en la cual está previsto escuchar las denuncias de la comunidad residente en la zona, víctima de actos de intimidación. Según las denuncias, numerosos habitantes de San Onofre habrían sido obligados por miembros de grupos paramilitares a firmar documentos en los que les transferían a estos la propiedad de sus tierras.

Entre las víctimas figura el Sr. Juvenal Escudero. El 23 de noviembre de 2006, este último recibió un disparo en la espalda, que le causó graves heridas, de parte de dos desconocidos que se movilizaban en moto. En días pasados, el Sr. Juvenal Escudero denunció las presiones de las que fue objeto por parte de grupos paramilitares para trasladar el titulo de sus tierras al Sr. Rodrigo Antonio Mercado Peludo, un paramilitar conocido como el Alias de “Cadena”.

El Observatorio recuerda que, el 30 de abril de 2006, el Sr. Iván Cepeda Castro recibió un mensaje amenazante en su correo personal y en el “foro del lector” de su columna en el diario colombiano « El Espectador », en el cual colabora habitualmente, en el que se lee: « Nuestra razón de ser hoy esta mas (sic.) vigente que nunca, la defensa de la libertad y la democracia Colombiana (sic.) y hasta que no cese el ultimo (sic.) fusil guerrillero opresor del pueblo Colombiano (sic.) seguiremos en armas combatiendo la guerrilla utilizando todos los medios que estén a nuestro alcance. Por una Colombia libre, digna, justa y en paz. Autodefensas somos todos. Estado Mayor Autodefensas Campesinas Nueva Generación, ACNG »[1].

El Observatorio manifiesta su seria preocupación por las consecuencias que puedan tener estos actos de intimidación en las actividades del “Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado” y sobre la integridad personal de sus miembros, en particular el Sr. Iván Cepeda Castro y la Sra. Claudia Girón Ortiz. El Observatorio condena estos nuevos hechos de hostigamiento de los defensores de Derechos Humanos en Colombia y manifiesta su grave preocupación por la seguridad y por la integridad física y psicológica de todos los defensores de derechos humanos en Colombia y de los miembros de sus respectivas familias.

Acción solicitada:

Favor dirigirse a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:

i. adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Iván Cepeda Castro, de la Sra. Claudia Girón Ortiz y de cada uno de los miembros del “Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado”, así como de todos los defensores de derechos humanos y de los miembros de sus respectivas familias;

ii. ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a estos actos de intimidación y al hostigamiento contra el Sr. Iván Cepeda Castro y la Sra. Claudia Girón Ortiz, con el fin de identificar a los culpables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;

iii. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona « individual o colectivo, promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos » (Art.1) y a la obligación de las autoridades de garantizar “ la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art. 12.2);

iv. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.

Direcciones:

· S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax:+57.1.566.20.71. Email: auribe@presidencia.gov.co

· Francisco Santos, Vicepresidente de la República, Tel. (+571) 334.45.07, (+573) 7720130

E-mail: fsantos@presidencia.gov.co ; buzon1@presidencia.gov.co

· Programa DDHH de Vicepresidencia: ppdh@presidencia.gov.co

· Observatorio DDHH de Vicepresidencia: obserdh@presidencia.gov.co

· Doctor Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com ; agenda@agenda.gov.co

· Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +57.1.570.20.00; +571 414.90.00 Extensión 1113

E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co

· Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Cr. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49 E-mail: quejas@procuraduria.gov.co; webmaster@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co; reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co

· Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Cr. 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail : siden@mindefensa.gov.co; infprotocol@mindefensa.gov.co; mdn@cable.net.co

· Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. E-mail: cefranco@presidencia.gov.co

· Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Tel.: +57.1.336.03.11, Fax: +57.1.337.46.67, E-mail: fibarra@presidencia.gov.co

· Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. FAX: + 41.22.791.07.87; TEL.:+ 41.22.798.45.55. E-mail: mission.colombia@ties.itu.int

· Sr. Carlos Holmes Trujillo, Misión Diplomática en Bruselas: FAX: +32.2.646.54.91, Email: colombia@emcolbru.be

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.

***

Ginebra-Paris, 1° de diciembre de 2006

Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.

El Observatorio, Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, 1998

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:

Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 20 11 / + 33 1 43 55 18 80

Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29

E-mail: Appeals@fidh-omct.org

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1 El “Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado”, nació el 25 de junio de 2005, como fruto de un extenso acumulado histórico de luchas de las víctimas por los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, formado por miembros de: comunidades indígenas y afro descendientes, sindicalistas, mujeres víctimas de desplazamiento forzoso, familiares de detenidos-desaparecidos, sobrevivientes del caso de genocidio contra el partido político la Unión Patriótica (UP), en donde más de 3.000 integrantes fueron muertos en dos décadas de existencia del mismo, incluyendo al padre del Sr. Cepeda Castro, el último Senador por la UP, Sr. Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994). El Movimiento ha sido uno de los actores que más activamente ha denunciado la falta de garantías que ofrece la llamada Ley de Justicia y Paz que regula la desmovilización paramilitar, para la consecución de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Según han denunciado, durante su cerca de un año de existencia varios miembros del mencionado Movimiento han sido objeto de presiones, registros e incluso del asesinato o desaparición de cerca de 10 líderes pertenecientes a organizaciones que forman parte del mismo.

[1] Ver Llamado Urgente Observatorio COL 008 / 0506 / OBS 033.2, emitido el 1° de junio de 2006.

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Noviembre 30, 2006

Tribunal Internacional condena a Colombia por graves violaciones a los derechos humanos

Periódico El Turbión

El fallo dictado el pasado sábado, 25 de noviembre de 2006, en horas de la tarde por el Tribunal Internacional contra la Impunidad, tras analizar las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos en la localidad de Ciudad Bolívar y, en particular, en el barrio Altos de Cazucá del sur occidente de Bogotá, declaró responsables de estos ilícitos al actual gobierno colombiano, a la Unión Europea, al gobierno de los Estados Unidos, a tres multinacionales, a las alcaldías de Bogotá y Soacha y a los organismos de seguridad del Estado.

El Tribunal Internacional fue convocado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, diversas organizaciones sociales de Ciudad Bolívar y Cazucá y el Proyecto Justicia y Vida.

El Tribunal, realizado los días 24 y 25 de Noviembre en el capitolio, se convocó a raíz de cerca de 600 homicidios, múltiples atropellos de las autoridades, y un sin fin de hechos sistemáticos, reprochados por la comunidad Internacional. Si bien esta decisión no es jurídicamente vinculante, construye opinión pública alrededor de estos graves hechos, ocultados por los medios de comunicación de los monopolios.

Ocho jueces conformaron el tribunal: el maestro François Houtart de Bélgica, como presidente; el padre Javier Giraldo, vicepresidente; Carmen Kardag de Filipinas; Patricia Dahl de Estados Unidos; Alexis Ponce de Ecuador; James Deckard y el maestro Orlando Fals Borda. Ejerció como fiscal Christopher Ferguson de Suiza. Adicionalmente, se esperaba la asistencia de representantes del Estado colombiano, que no se presentaron a justificar la política de seguridad democrática y sus efectos.

El tribunal fue instalado por el senador Alexander López Maya y por el presidente del mismo. Posteriormente, se dio lectura a una ponencia de Carlos Gaviria Díaz, presidente del Polo Democrático Alternativo, y otra del padre Javier Giraldo, reconocido defensor de derechos humanos, en las que se explicó el grave contexto de impunidad que se vive en Colombia, a raíz de las políticas de seguridad democrática del actual gobierno, la llamada ley de justicia y paz, y las políticas neoliberales.

Demostradas graves violaciones a los derechos humanos:

A través de 21 testimonios recibidos y analizados por el tribunal, se pudo apreciar el carácter sistemático de los graves hechos violatorios de toda normatividad en materia de Derechos Humanos: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario, capturas y detenciones ilegales, control territorial por parte de paramilitares, etc. En suma, crímenes de lesa humanidad que, principalmente, han afectado a la población más joven, violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y, en sentido general, a los derechos sociales, económicos y culturales, que han sido desconocidas por el Estado Colombiano

Sin embargo, es muy importante aclarar que todos estos hechos, documentados y probados a través de los testimonios, no son situaciones aisladas o repentinas, ni tampoco son brotes de desorden público: obedecen a toda una política estatal y sistemática en la que las organizaciones paramilitares, paradas sobre un piso jurídico de impunidad, ejercen todo tipo de represión, tolerada y, además, incitada por la propia Fuerza Pública.

De cuerdo a las evidencias presentadas, el tribunal señaló que estos hechos no se presentan repentinamente, ni por una simple lucha por ejercer un control territorial, sino que son causados por la imposición de políticas neoliberales y por una marcada disposición de darle cabida a intereses de multinacionales extranjeras: la zona sur de Bogotá y, específicamente, Altos de Cazucá y una gran parte de Ciudad Bolívar poseen un alto potencial de recursos mineros que se explotan ampliamente para el sector de la construcción y, por lo tanto, representan una inmensa fuente de dinero, que no está al alcance de los habitantes de la zona.

El Parque Minero Industrial que se conformó en la zona, además de lesionar de forma grave el medio ambiente, al ser minería a cielo abierto, es el resultado de la imposición de políticas recetadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, lo que implicó que las explotaciones mineras fueran apropiadas por cuatro multinacionales, a través del uso desmedido de la fuerza y bajo el marco de la seguridad democrática.

La supuesta conservación del orden público, con el fin de que las multinacionales, que conforman un monopolio, puedan trabajar en la zona, ha llevado a pactos entre éstas y fuerzas paramilitares que, según los testimonios, usando el pretexto de acabar con la drogadicción y con la delincuencia común, cometen infinidad de arbitrariedades, capturas totalmente ilegales, desapariciones forzadas, etc.

Esto se demuestra en la existencia de 'listas negras', descritas por los testigos, en donde no se persiguen delincuentes comunes, ni pandillas, sino que es toda una estrategia de señalamiento y persecución contra cientos de jóvenes y líderes sociales de Ciudad Bolívar y Cazucá.

Desconocimiento al Derecho Internacional Humanitario:

Las políticas de violación de las normas internacionales, a través del fortalecimiento de grupos paramilitares, hacen parte de las estrategias de represión del actual gobierno. Se demostró, de forma contundente, que jóvenes del sector son obligados a pertenecer a los grupos paramilitares que operan en la zona, Bloque Capital y Centauros, y que, en otras ocasiones, son invitados de manera reiterada a pertenecer a la red de informantes que constituye la punta de lanza de la llamada política de seguridad democrática.

De este modo, la población civil ha sido presionada, de manera totalmente ilegal, para hacer parte de estrategias de militarización de diversa índole y padece, además, ataques sistemáticos que, directamente, se colocan en contravía de los tratados internacionales ratificados por Colombia.

Absoluta impunidad:

La impunidad frente a toda esta grave situación es flagrante y, como dice la sentencia del tribunal, “es impresionante”. La verdad acerca de estos hechos nunca ha sido promulgada, ni por el Estado ni por los medios de comunicación monopólicos, y, lo que es peor, ni siquiera las víctimas conocen la verdad sobre lo sucedido con sus familiares y amigos. Las investigaciones nunca se llevan a cabo o no presentan resultados, como se documenta en los testimonios.

La ayuda mutua entre los cuerpos de policía, los grupos paramilitares y los intereses de las multinacionales impide la administración de justicia en los innumerables casos de violación a los derechos humanos, lo que imposibilita que se alcancen soluciones reales a esta dura problemática: sin justicia no hay paz. En este sentido, la impunidad no es aislada, sino que desde la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), de forma esquemática, pública y abierta, la impunidad acoge todas las esferas del conflicto con las autodefensas, por lo que, según el Padre Javier Giraldo, la “justicia es amañada”.

La impunidad no es un hecho de omisión, sino que “es un grave crimen en sí mismo, es una institucionalización activa de la injusticia: la impunidad es justificada fuertemente como un mal necesario para lograr la pacificación, pero debe tomar responsabilidad el Estado porque, decimos, la paz no es posible sin la justicia, y la justicia no es posible sin la verdad”, de acuerdo con las palabras de Christopher Ferguson, en el proyecto de sentencia.

La sentencia:

Después de deliberar, el tribunal llegó a la decisión de condenar, principalmente, al Estado colombiano. Para ello, se fundamentó en un análisis del contexto político e histórico de Colombia, en la realidad específica de Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá, en la normatividad internacional y en los veintiún testimonios recibidos.

Se llegó a la conclusión de declarar moral y políticamente responsable al Estado Colombiano en tres sentidos. Primero, por las omisiones, pues no se ha protegido a la población civil de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos; segundo, por las acciones de complicidad y encubrimiento hacia los grupos paramilitares, y, tercero, por la flagrante situación de impunidad en los hechos ya narrados.

Se reprochó, además, que la política de seguridad democrática y de represión es un elemento fundamental para que se cometan estos ilícitos, por lo que se condenó al gobierno de los Estados Unidos por permitir y ayudar en políticas como el plan Colombia y el consenso de Washington. La Unión Europea también fue condenada, por la financiación de los proyectos de la Ley de Justicia y Paz y de desmovilización.

Por lesionar el medio ambiente y por encubrir y financiar grupos paramilitares, fueron condenadas las multinacionales Cemex de México y Ladrillera Santa Fe, entre otras, principales beneficiarias de la explotación minera en la zona.

También fueron condenados los cuerpos policiales y, en general, de la Fuerza Pública, por no proteger a las víctimas, por la infinidad de capturas ilegales y desapariciones forzadas en las que se han visto involucrados, y por la ayuda y tolerancia con grupos paramilitares. En este mismo sentido, se condenó a las alcaldías de Bogotá y Soacha.

De este modo, se hace necesaria la publicación y divulgación de los hechos de Ciudad Bolívar y Cazucá, y de la sentencia del tribunal, pues sólo de este modo se da un paso hacía la consecución de la verdad, de una memoria colectiva histórica y de la justicia para las víctimas, porque estos hechos han sido ocultados permanentemente bajo la sombra de la lucha contra la delincuencia común y, lo peor, tras la supuesta lucha contra el terrorismo.

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Noviembre 15, 2006

Los desaparecidos forzados en Colombia, ¿cuántos se buscan?

Área de Desarrollo Humano del PNUD Carrera 11 No. 82-76 oficina 802 Teléfono 6364750 extensión 208.
Página Web http://indh.pnud.org.co/

Los desaparecidos forzados en Colombia, ¿cuántos se buscan?

En este mes se presenta públicamente el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Con la identificación de decenas de fosas comunes, 240 cuerpos de colombianos han sido encontrados y, según la Fiscalía, se espera encontrar 2.500 más. Hoy, es un delito que no se detiene.

La desmovilización de más de 30 mil paramilitares ha conducido a la ubicación de decenas de fosas comunes: 240 cuerpos de colombianos han sido encontrados y, según la Fiscalía General, se espera encontrar 2.500 más. Sin embargo, el delito de la desaparición forzada continúa en el país: 839 personas desaparecieron por la fuerza en 2005, y 175 en el primer semestre del 2006, según el Instituto de Medicina Legal.

Hoy, en diferentes lugares del país, hay familias que están sufriendo la tragedia de la desaparición forzada, que suplican el fin del viacrucis y que piden que les devuelvan a sus seres queridos, así sea sus cuerpos para darles sepultura. “Prefiero recibir una mala noticia a continuar en la incertidumbre”, dice una mujer que desea conocer el paradero de su marido, desaparecido hace dos meses en Cúcuta.

Las familias de las 240 personas cuyos cuerpos fueron encontrados en las fosas ya han podido elaborar su duelo; sin embargo, ellas representan un mínimo de familias afectadas. Por eso, con el Plan de Búsquedalias lleguen a muy difidos,edad civil, como Asfaddes investigan administrativas, gestionando, buscando informa que será presentado este mes de noviembre por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas se espera que muchas más familias sepan por fin de la suerte de sus seres queridos.

Precisamente el plan establece procedimientos para que la exhumación de cadáveres y su identificación respondan a parámetros comunes a todas las instituciones del Estado, de manera que los logros sean aún mayores y, además, para que se pueda responder a la pregunta: ¿Cuántos desaparecidos forzados se buscan en Colombia?

Entre 3.000 y 14.000

En Colombia se habla de “cientos” y “miles” de ciudadanos desaparecidos por la fuerza. Nadie tiene una cifra definitiva. El primer caso, reportado ante la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, Asfaddes, y atribuido a organismos de seguridad del Estado, se remonta a 1977. Ese año, Omaira Montoya Henao, bacterióloga de 34 años, militante de izquierda, desapareció en la ciudad de Barranquilla junto con su novio. Él fue torturado y ella nunca regresó.

En febrero de 1983, por primera vez en el país alrededor de 100 personas se reunieron con claveles blancos en la Plaza de Bolívar. Cargaban 29 retablos con fotos de sus hijos, padres y hermanos que habían sido llevados por la fuerza por desconocidos y no habían regresado. Entre ellos estaban los familiares de los 13 jóvenes que desaparecieron, uno a uno, en Bogotá durante 1982. En su mayoría eran estudiantes de la Universidad Nacional que apoyaban las ideas del M-19 o el EPL.

“Ahí nace lo que hoy en día es la asociación Asfaddes, inspirada en la experiencia de la asociación de las Madres de la Plaza de Mayo, de Argentina”, relata Gloria Gómez, su directora. En 1984 ya se reportaban más de 300 casos. En Bogotá, Medellín, Cali y Neiva se multiplicaron los retablos, así como las familias que, llenas de dolor, pasaban a convertirse en incansables buscadoras de sus seres queridos.

“Actualmente la información sobre desaparición forzada está completamente dispersa y no está sistematizada. El Registro Único de Personas Desaparecidas recogerá toda la información a partir de este mes de noviembre. Es posible que a mediados de 2007 ya tengamos un conocimiento preliminar de las primeras estadísticas oficiales sobre víctimas de desaparición forzada en Colombia”, afirma Eduardo Realpe, delegado del Defensor del Pueblo en la coordinación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La comisión, integrada por representantes de la Fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio de Defensa, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Fondelibertad, el Instituto de Medicina Legal, Asfaddes y la Comisión Colombiana de Juristas y bajo la coordinación de la Defensoría del Pueblo, cuenta con un primer consolidado según diferentes períodos y variables. Así, la Vicepresidencia de la República reporta 4.177 casos; la Fiscalía, 7.702 y la Procuraduría General, 829 casos.

NÚMERO DE CASOS DE DESAPARICIÓN FORZADA REPORTADOS

TOTAL
PERÍODO REPORTADO

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

FISCALÍA
7.702 *
1982 - 2005

PROCURADURÍA
829 *
1993 - 2005

VICEPRESIDENCIA
4.177 *
1997 - 2005

MEDICINA LEGAL
1.014
2005 - 2006

ORGANIZACIONES

NO GUBERNAMENTALES

ASFADDES
7.800
1977 – 2004

CICR
3.600
1994 – 2005

COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS
3.588
1996 – 2004

*Fuente: Comisión Nacional de Búsqueda

En los últimos 20 años varias son las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado por obtener registros sistemáticos sobre la desaparición forzada en el país.

Asfaddes, por ejemplo, tiene registrados 7.800 casos en 27 años, aunque su directora, Gloria Gómez, asegura que en el país hay por lo menos 7.000 casos más que nadie ha reportado.

La Comisión Colombiana de Juristas, entre tanto, reporta 3.588 desaparecidos en ocho años, es decir, 448 personas cada año. De todas, 507 fueron encontradas asesinadas, en algunos casos con señales de tortura, y del resto -3.081- aún no hay rastro. Sus directivas advierten un importante subregistro en estas cifras.

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja afirmó en su informe de 2005 la existencia de 3.600 desaparecidos por la fuerza según datos obtenidos de sus familiares. Tan sólo en 2004 se reportaron 279 nuevos casos y en 2005, 317, dice el documento.

Existe “un patrón de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas asociadas a violaciones vinculadas a la administración de justicia y a la impunidad… Esas violaciones no forman parte de una política deliberada del Estado desde las más altas esferas, pero su escaso reconocimiento por las autoridades y la insuficiencia de acciones correctivas impidieron superarlas”, advirtió en su visita a Colombia, en julio de 2005, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, para quien la desaparición forzada es un crimen “cometido por agentes estatales o personas que perpetran el delito con su tolerancia, aquiescencia o apoyo”.

Los autores y las víctimas

A pesar de las diferencias entre las estadísticas, en ellas se identifica que las regiones más afectadas han sido Arauca, Magdalena Medio, Antioquia y Cundinamarca; que los grupos paramilitares son históricamente los principales autores de este delito, según registros de la Comisión Colombiana de Juristas, y del Cinep en su revista Noche y Niebla, y que el mayor número de casos ocurrió entre 2000 y 2003.

Cuadro 2

DESAPARICIONES FORZADAS SEGÚN PRESUNTOS PERPETRADORES

Agentes del Estado
Paramilitares
Guerrillas

Julio de 1996 a junio de 1997
23
214
0

Julio de 1997 a junio de 1998
16
208
0

Julio de 1998 a junio de 1999
26
300
12

Julio de 1999 a junio de 2000
12
330
0

Julio de 2000 a junio de 2001
5
301
11

Julio de 2001 a junio de 2002
6
294
6

Julio de 2002 a junio de 2003
62
334
13

Julio de 2003 a junio de 2004
38
234
18

Fuente: Comisión Colombiana de Juristas

Según la Comisión Colombiana de Juristas, por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo se le atribuye al Estado la mayor responsabilidad en los casos de desaparición forzada y, en un menor porcentaje, por perpetración directa de agentes estatales. Después de los grupos paramilitares, en la lista de presuntos perpetradores aparecen el Ejército, la Policía y la Armada, en ese orden.

Más aún, las estadísticas indican que mientras aparecen los cuerpos de algunos ciudadanos, otros desaparecen, como lo revelan las cifras del Instituto de Medicina Legal.

Las víctimas de este delito son, en su mayoría, colombianos que hacían parte o adelantaban labores con comunidades y sectores populares, con cooperativas, juntas de acción comunal, movimientos estudiantiles, organizaciones sociales y de derechos humanos; simpatizantes o militantes de grupos de izquierda y que viven en regiones de alto conflicto o ricas en recursos.

“La desaparición en Colombia se convirtió en una herramienta de lucha política contra sectores populares y contestatarios, a diferencia de Argentina, donde los desaparecidos eran profesionales y estudiantes de clase media y alta, lo que les permitió tener más capacidad de maniobra”, asegura Carlos Rodríguez Mejía, subdirector de la Comisión Colombiana de Juristas.

Las dificultades

Varias son las dificultades para conocer la realidad sobre la desaparición forzada. En primer lugar, el Estado colombiano reconoció muy tarde la existencia de este flagelo: la ley de desaparición forzada fue aprobada en el año 2000, cuando habían pasado ya 17 años desde que comenzaron las marchas de los claveles blancos.

“Antes del 2000, la desaparición forzada no era considerada delito y las denuncias eran recibidas en la Fiscalía como un secuestro simple. Nosotros siempre nos negamos a reportarlas así”, concluye la directora de Asfaddes.

Segundo, hay un alto subregistro. Por ser un crimen cometido, entre otros, por agentes estatales o con su tolerancia, las familias temen denunciar ante el perpetrador. El subregistro también se debe al modus operandi de este delito. En los años setenta y ochenta predominaron las desapariciones individuales, en el ámbito urbano y con altos niveles de ocultamiento. En los noventa, con el auge del paramilitarismo, aumentaron las desapariciones colectivas. San Onofre, Sucre, ha sido un ejemplo dramático de la situación. En los últimos meses se han descubierto 30 fosas con 80 personas. Las últimas fueron halladas el pasado mes de octubre.

Una tercera dificultad es la metodología en la recolección de información. Varias entidades oficiales no diferencian según el posible motivo de la desaparición. Por eso, incluyen al desaparecido por la fuerza y a quien se perdió por padecer una enfermedad mental, entre otras razones.

El Instituto de Medicina Legal, por ejemplo, incluía todo tipo de desapariciones en sus estadísticas, pero a partir del 2005 empezó a hacer la distinción. Hoy, es el coordinador del Registro Único de Personas Desaparecidas y a partir de este mes de noviembre comenzará a recoger formalmente las estadísticas de otras entidades.

De esta forma se podrá saber cuántos desaparecidos hay en Colombia, si se espera encontrar 2.500 desaparecidos, según la Fiscalía, o los 7.800 que Asfaddes ha contado, y, además, cuántas familias podrán volver a respirar tranquilas o, por lo menos, a sepultar a quienes han esperado durante décadas.

Otros artículos de esta publicación pueden ser consultados en el sitio http://indh.pnud.org.co.

ASTRID ELENA VILLEGAS
Redacción
Hechos del Callejón
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Carrera 11 No. 82 – 76 oficina 802
Fijo (57 - 1) 6364750 extensión 208
Celular (57) 310 5664764
astrid.elena.villegas@undp.org
Fax (57 - 1) 6364750 extensión 209
Bogotá, Colombia

Informe Nacional de Desarrollo Humano 'El conflicto, callejón con salida'

Hechos del Callejón
No. 20

Banco de Buenas Prácticas para Superar el Conflicto

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

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Noviembre 2, 2006

Colombio: Denuncian Lista de Exterminio en Sucre

MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO DENUNCIA LA EXISTENCIA DE UNA LISTA DE EXTERMINIO DE LÍDERES DE ESTE MOVIMIENTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y BOLÍVAR,
REGIÓN DE MONTES DE MARÍA.

(Colombia) (Autor: Movimiento de Crímenes de Estado) (Fecha: Octubre 31 de 2006)
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AU-COL-013
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, denuncia ante la comunidad nacional e internacional la existencia de una lista de exterminio en la que se relacionan 26 personas entre las que se encuentran líderes sociales del departamento de Sucre.

También se encuentran en ella antiguos aliados de los grupos paramilitares que tendrían información comprometedora para los señores Álvaro García, Senador de la República, Salvador Arana, Ex gobernador de Sucre y Ex embajador en Chile además de candidato a la gobernación de Sucre, Eric Morris Taboada, Representante a la Cámara, Guillermo Merlano, actual Procurador de Sucre, Muriel Benito Rebollo, Ex representante a la Cámara, su hermano Edgar Benito Rebollo, actual diputado y candidato a la Alcaldía de San Onofre en las próximas elecciones, Jorge Blanco, alcalde de San Onofre y Guillermo Gómez, presidente del Concejo Municipal de San Onofre.

Al parecer esta lista ha sido elaborada por los líderes políticos que se encuentran comprometidos con el paramilitarismo desde sus orígenes en la región y se halla actualmente en poder de los grupos paramilitares que continúan operando en el municipio de San Onofre Sucre, en el marco del proceso de rearme que ha sido igualmente denunciado públicamente en días pasados. Es de anotar que 9 de las 26 personas que se encuentran en esta lista ya han sido asesinadas.

Algunas de las personas que aparecen en el listado y cuya vida se encuentra en inminente riesgo son: Arnold Gómez, Carmelo Agamez, Juan David Díaz, Adolfo Berbel, Jackeline Moguea, Roberto Serpa y Amauri Vidual, todos ellos Miembros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Capítulo Bolívar, Sucre, Montes de Maria y San Onofre. Según denuncias realizadas por la comunidad, esta lista también se encuentra en las instalaciones del DAS y en poder del Presidente del Concejo Municipal de San Onofre, Guillermo Gómez.

Esta situación se presenta en momentos en que el gobierno nacional desarrolla un proceso de negociación con grupos paramilitares, del cual participan Salvatore Mancuso y Jorge 40 quienes se encuentran directamente relacionados con los graves hechos que ocurrieron durante los años 1999 a 2005 en el municipio de San Onofre y que dejaron más de 3000 víctimas de violaciones a los derechos humanos, según la comunidad. Durante este periodo hombres armados hicieron presencia en este territorio, inicialmente bajo la figura de las Cooperativas de Seguridad Convivir y luego como autodefensas unidas de Colombia al mando de Rodrigo Antonio Mercado Pelufo “Alias Cadena”. Durante este tiempo, miles de personas fueron desplazadas, torturadas, asesinadas y desaparecidas por este grupo que actuaba con absoluta libertad en el municipio debido a que contaba con la aquiescencia de las autoridades civiles, administrativas y de policía.

A través de procesos de resistencia, las comunidades reclamaron la intervención de diferentes instituciones del Estado colombiano y lograron que a finales del año 2005 el poder paramilitar se retirara de San Onofre, sin embargo, los miles de crímenes ocurridos continúan en la impunidad y las comunidades, que actualmente desarrollan un proceso de reconstrucción de su tejido social, exigen verdad, justicia, reparación y no repetición frente a estos crímenes.

Desde hace varias semanas la comunidad viene denunciando un proceso de rearme de los grupos paramilitares en la región que actualmente se expresa en la amenaza que se cierne contra sus líderes.

ANTECEDENTES

- Las comunidades afirman que muchas de las personas que se encuentran desaparecidas fueron asesinadas y enterradas en la hacienda “El Palmar”, la finca “Las Melenas” y la finca “Las pampas”, sin embargo, solamente 76 restos óseos han sido encontrados y a pesar de las denuncias no se han realizado nuevas búsquedas por parte de las autoridades.

- El 4 de agosto del presente año se puso en conocimiento de la comunidad nacional e internacional, la realización de una reunión llevada a cabo el día 18 de junio, entre el paramilitar Diego Vecino, el senador Álvaro García, los diputados de la Asamblea Departamental de Sucre, Nelson Stand Berrio y Edgar Benito Rebollo y el alcalde de San Onofre, Jorge Blanco. En dicha reunión se definió el apoyo al señor Edgar Benito Rebollo para que aspirara a la alcaldía de San Onofre en las próximas elecciones, así como se diseñaron estrategias para asegurar la ruta del narcotráfico en la región. Posteriormente comenzaron a presentarse amenazas e intimidaciones contra la población civil de este municipio y específicamente contra los líderes sociales y los defensores de víctimas.

- De la misma manera se denunció la presencia de personas desmovilizadas que se dedican a prestar dinero bajo la modalidad de “paga diario” y que trabajan para la esposa del reconocido paramilitar Rodrigo Antonio Mercado Pelufo “Alias Cadena”, Meris Del Carmen Ayala Berthel alias “La Motosierra”. Estas personas intimidan a la población civil del municipio de San Onofre, ya que cuatro de estos desmovilizados han sido denunciados por amenazas y posteriormente capturados por el ejército encontrándoles armas con silenciadores y listas negras de habitantes de San Onofre.

- De la misma manera se denunció el accionar del señor Guillermo Gómez, actual presidente del Concejo Municipal de San Onofre, quien al día de hoy tiene en su poder la lista de exterminio que denunciamos y es uno de los hombres de confianza de alias “Cadena”.

- Así mismo, se llamó la atención sobre la presencia en la zona rural del municipio, de desmovilizados que portan radios de comunicación de largo alcance, fusiles, equipos de asalto y visten con camisas negras haciéndose llamar “La nueva generación”. Cerca de 200 paramilitares al mando de los alias “Peluca” y alias “El Moña” hombres de confianza de Rodrigo “Cadena”, se encuentran patrullando varias fincas de la región. Cuatro jóvenes que fueron retenidos por estos hombres denunciaron que habían recibido información sobre un plan para recuperar el control de San Onofre en menos de un mes y antes de Diciembre el control de toda la Zona.

- Igualmente se denunció el homicidio del señor Hugo Baleta, quien se encontraba en la casa de una vecina. Luego de cometer el crimen, los asesinos salieron a pie realizando disparos al aire, situación que demuestra la complicidad de la fuerza pública y los grupos paramilitares, ya que el lugar en el que ocurrieron los hechos se encuentra a escasas dos cuadras de la estación de policía de San Onofre y sin embargo la policía solo se hizo presente 45 minutos después del atentado.

- Debido a estos hechos, el 26 de agosto del presente año se realizó una gran marcha contra el rearme paramilitar en San Onofre, actividad que desencadeno la actual persecución en contra de los líderes.

SOLICITUDES

Ante las amenazas contra la vida de los líderes sociales del departamento de Sucre y en especial contra el municipio de San Onofre, exigimos al Estado colombiano detener cualquier acción contra los mismos, garantizando su vida e integridad personal.

De la misma forma solicitamos a los organismos de control del Estado y a la comunidad regional, nacional e internacional que se active el sistema de Alertas Tempranas así como que se inicien de manera inmediata las investigaciones penales y disciplinarias correspondientes por parte de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, ya que estos hechos constituyen un inminente riesgo para la integridad y seguridad de los líderes del movimiento social del departamento de Sucre y en especial del municipio de San Onofre.

Solicitamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, Medios de Comunicación Alternativos, Organizaciones Sociales y Populares, Organizaciones Indígenas, Organizaciones Sindicales y Estudiantiles, difundir esta información y brindar su solidaridad a través de su pronunciamiento sobre los graves hechos mencionados, igualmente permanecer atentos ante esta delicada situación pues es fundado el temor existente por la integridad personal y la vida de los miembros de estas comunidades.

Posted by marga at 5:46 PM | Comments (0) | TrackBack

Noviembre 1, 2006

Desaparición en Colombia

Esta denuncia nos viene desde Colombia. Es imposible saber a este punto si la desaparecida es víctima de una desaparición forzada o un secuestro. De cualquier manera les pedimos que escriban a las autoridades colombianas pidiendo que se investigue su desaparición. Las direcciones van más abajo.

Nota 11/2: Ha aparecido el cadáver de la víctima. Por favor escriban pidiendo que se esclaresca la situación y se lleven los responsables a la justicia.

El pasado sabado 28 de Octubre entre las 5 y 6PM, desaparecio de su oficina en Frigo Uraba, antiguo EMARU -Matadero Regional de Uraba- ( en Apartado) la Contadora Publica Lindelia Marin Portela y funcionaria de la Division administrativa. El celador encargado de registrar las salidas informo que ella nunca habia salido de la empresa, y no existe registro de su salida. Al siguiente dia el 29 de octubre, se retracto y dijo que si habia salido. Hay bastante confusion al respecto y lo unico que sabemos es que esta desparecida y nadie nos da razon de ella. Es una persona dedicada a su trabajo, y por su retictud en el trabajo, y no dejarse sobornar por parte de la direccion de la empresa, ha tenido varias dificultades con el gerente y le han generado un mal ambiente en la empresa para que se retire; sinemabrgo la Junta directiva que sesiona en Medellin la ha apoyado siempre. Este es el unico antecedente que se registra en su quehacer profesional. En el amito personal, es una ciudadana en todo el sentido de la palabra, respetuosa de los valores asociados a la convivencia humana.

· S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá.Fax:+57.1.566.20.71 : auribe@presidencia.gov.co

· Sr. Carlos Holmes Trujillo, Misión Diplomática en Bruselas: FAX: +32.2.646.54.91, E-mail: colombia@emcolbru.be

· Francisco Santos, Vicepresidente de la República, Téls. (+571) 334.45.07, (+573) 7720130, E-mail: fsantos@presidencia.gov.co ; buzon1@presidencia.gov.co

· Programa DDHH de Vicepresidencia: ppdh@presidencia.gov.co

· Observatorio DDHH de Vicepresidencia: obserdh@presidencia.gov.co

· Doctor Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com ; agenda@agenda.gov.co

· Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +57.1.570.20.00 ; +571 414.90.00 Extensión 1113, E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co

· Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49 E-mail: quejas@procuraduria.gov.co; webmaster@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co; reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co

· Dr. Camilo Ospina Bernal, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Cra. 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail : siden@mindefensa.gov.co; infprotocol@mindefensa.gov.co; mdn@cable.net.co

· Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. E-mail: cefranco@presidencia.gov.co

· Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Tel.: +57.1.336.03.11, Fax : +57.1.337.46.67, E-mail: fibarra@presidencia.gov.co

Posted by marga at 7:49 PM | Comments (0) | TrackBack

Junio 30, 2006

En d�nde est�n los restos mortales de 13 mil colombianos...

Las fosas comunes

ANNCOL. Las fosas comunes son la evidencia de las masacres y
desapariciones forzadas de personas que no son afectas al r�gimen
narco-paramilitar de Uribe V�lez. Su repetici�n en tiempo, espacio y
circunstancias diferentes es muestra de que obedecen a 'orientaciones
institucionales'.

Esta pr�ctica criminal se comenz� a aplicar desde la d�cada de los 70
y ya en el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) se reportan 273 casos
en 4 a�os; en el gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986): 700
casos en tres a�os y ocho meses.

Durante el gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986-1990) �padre de la
actual Canciller colombiana Carolina Barco Isackson- en el 87 fueron
muertas y desaparecidas 1.560 personas, 3.900 en el 88; 2.480 en el 89
y 3.800 en el 90.

No tenemos consolidados del gobierno de C�sar Gaviria Trujillo, pero
tal pr�ctica se sigui� llevando a cabo. Mencionemos no m�s que durante
esta administraci�n 14.850 colombianos fueron v�ctimas relacionadas
con el conflicto interno.

Durante la administraci�n de Ernesto Samper Pizano (1.994-1.998), hubo
202 v�ctimas de desaparici�n forzada en el 95; 359 en el 96; 183 en el
97; y 349 en el 98, para un total de 1.093 personas v�ctimas de este
crimen estatal.

La administraci�n de Andr�s Pastrana (1.998-2.002) tiene cifras
escalofriantes de violaciones de derechos humanos. En el 99 fueron
desparecidas 457 personas; 743 en el 2.000 �a�o de inicio del Plan
Colombia-, 1.565 en 2.001 y 1.358 en 2.002; alcanzando la cifra r�cord
de 4.123 colombianos desaparecidos en sus 4 a�os de 'gobierno'.

Durante la administraci�n de �lvaro Uribe V�lez (2002-2006), tal
pr�ctica adolece de un subregistro toda vez que las organizaciones
defensoras de derechos humanos han sido declaradas 'objetivo militar'
por el mismo estado. Sin embargo, se han logrado recopilar estos
casos: 461 desaparecidos en el 2.003; 139 en el 2004 (seg�n Amnist�a
Internacional, en la primera mitad del 2004 se dio muerte o se hizo
'desaparecer' al menos a 1.400 civiles), y en el primer semestre del
2005 tenemos 35 casos reportados, lo cual nos arroja por lo menos 635
v�ctimas de este flagelo.

Posted by marga at 9:02 AM | Comments (0) | TrackBack