Proyecto Desaparecidos: Notas: Colombia Archives

Julio 28, 2007

Entregan en Colombia restos de 25 desaparecidos por paramilitares

Los cuerpos hacen parte de los restos de 124 personas que las autoridades han hallado en los últimos meses en esa región del norte de Colombia y que los forenses han podido identificar.

Bogotá.- Autoridades colombianas entregaron hoy los restos óseos de 25 personas que fueron asesinadas por las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el norte del país, informó la Fiscalía local.

En un comunicado, el Ministerio Público señaló que los restos humanos fueron entregados a sus familiares tras las exhumaciones realizadas en fosas comunes halladas en el municipio caribeño de Fundación.

Los 25 cuerpos hacen parte de los restos de 124 personas que las autoridades han hallado en los últimos meses en esa región del norte de Colombia y que los forenses han podido identificar.

Según los investigadores, estas personas habrían sido asesinadas por hombres al mando del ex jefe de las AUC, Rodrigo Tovar, alias “Jorge 40″, quien se encuentra recluido en prisión.

Organizaciones sociales acusan a las AUC de matar y desaparecer a miles de civiles, entre el 2000 y 2004, la mayoría de ellos en los norteños departamentos de Magdalena y César.

La Fiscalía informó que los restos óseos de las 25 personas fueron entregados en un acto especial realizado en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, mil 300 kilómetros al norte de Bogotá.

La localización de los cadáveres fue posible luego que paramilitares desmovilizados confesaran el sitio donde fueron enterrados para recibir los beneficios judiciales que les ofrece la Ley de Justicia y Paz, que reguló el desarme de las AUC.

La polémica normativa exige a los paramilitares desmovilizados que confiesen sus delitos como condición para que puedan recibir beneficios judiciales como menores penas de prisión y su reclusión en cárceles especiales.

http://www.milenio.com/index.php/2007/07/23/97267/

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Junio 21, 2007

Col - Exigen investigar desapariciones tras combates del ejército con el M-19

AFP, DPA, REUTERS

Santafé de Bogotá, 20 de junio. El ex coronel Alfonso Plazas, quien dirigió por la fuerza de las armas la recuperación del palacio de justicia tomado en 1985 por la guerrilla colombiana, reconoció que personas que salieron con vida de ese enfrentamiento "fueron desaparecidas" y pidió se investigue y sancione a los funcionarios responsables.

Veintidós años después de que la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19) tomara el palacio de justicia en Bogotá, "ya no quedan dudas de que algunas de las personas que salieron con vida del palacio fueron desaparecidas", señaló el ex militar, quien el 6 de noviembre de 1985 comandó un escuadrón de tanques que ingresó al edificio para enfrentar a los rebeldes, de acuerdo con declaraciones divulgadas por el diario El Tiempo.

El oficial, quien fue llamado a declarar ante la fiscalía colombiana que reabrió el caso, afirmó que ni él ni los hombres bajo su mando de la Escuela de Caballería fueron los que "obraron mal", cuando un centenar de personas murieron en el hecho, entre ellos el presidente y varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Por lo tanto, pidió a la Fiscalía que investigue para que se llegue al "conocimiento real de lo que sucedió y para que se sancione a los funcionarios por sus equivocaciones o crímenes" tras los combates dentro del edificio que duraron dos días.

Por los hechos, en lo que se cree que al menos 11 personas estaban vivas y nunca aparecieron, la fiscalía investiga a un grupo de militares y mantiene detenido al entonces jefe de Inteligencia del ejército en Bogotá, Edilberto Sánchez.

El ex candidato presidencial y facilitador de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Alvaro Leyva presentó al presidente Alvaro Uribe una propuesta secreta sobre el intercambio humanitario, que igualmente será entregada a los rebeldes, quienes exigen la desmilitarización de dos municipios del suroeste del país como condición para dejar en libertad a los rehenes en su poder.

Uribe firmó el martes los primeros 16 indultos para que igual número de rebeldes de las FARC sean excarcelados en los próximos días, con lo que se espera que los insurgentes acepten un intercambio humanitario.

El gobierno de Francia, interesado en la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, solicitó a Uribe la excarcelación del llamado canciller de las FARC, Rodrigo Granda, quien ya fue recibido esta semana en La Habana, confirmó hoy el canciller cubano, Felipe Pérez Roque.

En otro orden, se informó que el líder campesino Manuel López fue asesinado por oponerse a la conformación de frentes al mando de paramilitares. El crimen del líder de desplazados del sector Nelson Mandela ocurrió recién el domingo, sin que las autoridades hayan hecho nada para protegerlo, denunciaron compañeros de lucha.

http://www.jornada.unam.mx/2007/06/21/index.php?section=mundo&article=032n2mun

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Junio 20, 2007

Col - ¿Está perdiendo la batalla el movimiento de víctimas?

Medellín, jun. 20 (IPC) ¿Se está quedando sin fuerza el movimiento de víctimas del paramilitarismo en Antioquia? ¿Las expresiones masivas de apoyo a los comandantes paramilitares que rinden versión libre en Medellín por parte desmovilizados, sus familias y simpatizantes revelan un proyecto superior al que manifiestan las víctimas? ¿Lo vivido en la capital antioqueña refleja la ventaja que tiene el vencedor sobre el vencido?

Las preguntas surgen luego de los apoyos públicos observados en las últimas dos semanas durante las versiones libres ante la Unidad de Justicia y Paz de los comandantes paramilitares desmovilizados Fredy Rendón, alias El Alemán, jefe del bloque Élmer Cárdenas, de fuerte raigambre en el Urabá antioqueño y chocoano, y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, quien está al frente del bloque Central Bolívar y con ascendencia en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueños, así como el Sur de Bolívar y el suroriente del país.

Las expresiones multitudinarias de los reinsertados, autorizadas por la Alcaldía de Medellín, opacan de tal manera las acciones de las familias afectadas por las incursiones de las distintas fuerzas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que la Procuraduría General de la Nación le reclamó al Gobierno nacional las “medidas necesarias para garantizar a las víctimas de los paramilitares el pleno ejercicio de sus derechos”.

En carta dirigida al ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, el Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, pidió al funcionario, que preside el Comité de Coordinación Interinstitucional, que "se adopten correctivos que garanticen a las víctimas ejercer sus derechos sin limitación alguna".

Para el Procurador, “la actitud festiva” de personas afectas a los jefes desmovilizados en inmediaciones del centro administrativo de La Alpujarra, “trivializa el dolor de las víctimas que han acudido a tales diligencias”.

El juego, el futuro
Pero más allá de las solicitudes del Procurador General de la Nación y de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos de Medellín y el país, lo que está en juego es la capacidad de organización y movilización del movimiento de víctimas para hacerle frente a un proyecto que los paramilitares consolidaron en sus regiones de operación a través del sometimiento militar y de la intervención social.

Vilma Liliana Franco Restrepo, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), advierte que la debilidad de lo que hoy se denomina movimiento de víctimas se explica por varias razones: “No hay movimiento sino una dinámica de acciones colectivas muy incipiente en torno a los derechos de verdad y reparación que enfrenta enormes dificultades para convertirse en un movimiento social. Esa dinámica incipiente de movilización carece de dirección y preparación política, lo cual es una consecuencia, y a su vez una continuidad, de la despolitización de la discusión sobre la guerra que tuvo lugar en los últimos 15 años”.

La investigadora del IPC considera, además, que el miedo difundido por la violencia paramilitar en los últimos años ha cumplido una función importante en la disolución y prevención de lazos colectivos y ha transformado profundamente la subjetividad de los sobrevivientes. Aún prolonga el efecto del castigo y la represión, y lleva a que los sobrevivientes estén más atentos a la conservación de su vida que a la exigencia política de justicia, verdad y reparación. La guerra aún está en curso, de modo que es obvio el temor a las represalias por la movilización en torno a tales derechos.

Fernando Quijano, director ejecutivo de Corpades (Corporación para la Paz y el Desarrollo Social), considera que el movimiento de víctimas necesita fortalecerse a partir de convocar más a las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad, “porque es un movimiento que tiene dolor, que necesita conocer la verdad”.

En la perspectiva del fortalecimiento, Gerardo Vega, coordinador regional de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación (Cnrr), destaca el trabajo que ha hecho la dependencia a su cargo en Antioquia en cuanto a la movilización de víctimas. “En ocho meses hemos logrado 30.008 denuncias de víctimas afectadas por los paramilitares”, dice Vega y aclara que “son aspectos positivos desde el punto de vista de la gente, que está dispuesta a declarar, reclamar sus derechos e iniciar el incidente de reparación”.

“Como puede verse, empezamos bien: visibilizando a las víctimas y poniendo este problema en público, que no estaba ocho meses atrás. Creo que hemos ganado”, afirma el funcionario, pero también reconoce que este trabajo no es sólo de la Comisión. El movimiento de víctimas y las organizaciones de derechos humanos han perdido un espacio que ya se había ganado. No se trata de aislarse ni de dejar de hacer presencia. “No pueden decir 'nos arrinconaron y así nos quedamos'. Tienen que rescatar el liderazgo”.

Sin embargo, hay un círculo vicioso que destaca Pablo Angarita, director del Grupo de Investigaciones Conflicto y Territorios del Instituto de Estudios Regionales, de la Universidad de Antioquia: “Las víctimas no sienten respaldo sino de las organizaciones de la sociedad civil, cuya única arma es denunciar ante la opinión nacional e internacional, pero que no tienen el respaldo institucional porque el mismo Gobierno tiende a señalar de terroristas a quienes reclaman los derechos de las víctimas”.

Y así lo siente Fernando Quijano, de Corpades, quien acusa a la administración del alcalde Sergio Fajardo de complaciente con los reinsertados: “Es una actitud similar a la de Pilatos, se lava las manos para no enfrentar a los señores que están gobernando a Medellín, y es una forma de decir que el espacio público lo controla él frente a las víctimas, pero no lo controla frente a los que son parte de los victimarios, para que ellos sigan haciendo el trabajo de amedrantar las víctimas”.

Se imponen los vencedores
Pero, ¿qué explica el comportamiento de quienes llegan a Medellín desde diversos municipios de Antioquia y departamentos vecinos a gritar vivas, arrojar flores y papel picado a quienes aún consideran “sus patrones”?

Franco Restrepo explica que las movilizaciones de los seguidores de los comandantes paramilitares “son una evidencia del interés de esa comandancia por demostrar su legitimidad social y por seguir reclamando estatus político. Estas manifestaciones las facilitan varios factores: que algunos de estos personajes establecieron relaciones hacendatarias (verticales) donde las fidelidades se producen a partir de la asignación de beneficios tangibles, el poder económico que permite la movilización y los silencios aquiescentes de las autoridades públicas”.

También evidencian, según la investigadora, que la violencia paramilitar tuvo el respaldo activo y pasivo de muchos sectores (económicos y políticos) de las sociedad locales, así como de la sociedad nacional. Y lo que es más grave aún: que la estructura paramilitar continúa viva, pese a la reclusión de algunos de sus jefes y de las desmovilización de una parte de sus tropas.

En conclusión, Franco Restrepo advierte que la forma como se manifiesta es una apología a los crímenes cometidos; los saludos a los manifestantes son una muestra de que no hay arrepentimiento, y la invisibilización de las víctimas es una consecuencia de la forma cómo definieron el enemigo y de ratificar la justificación de la violencia ejercida.

El investigador Pablo Angarita reconoce que el ambiente en el departamento y el país es más favorable hacia los victimarios que hacia el dolor de las mismas víctimas. “La movilización de sectores reinsertados responde a un diseño de estrategias jurídicas y políticas, que consiste en movilizar bases de apoyo que pueden ser de simpatías compradas. Y eso lo pueden hacer porque cuentan con un contexto que les es favorable a partir de los compromisos adquiridos con el Gobierno nacional y con sectores del sector privado que se han beneficiado de su accionar durante estos años”.

Agrega Angarita que las manifestaciones públicas observadas en Medellín, “que uno podría catalogar de cínicas indican el poderío conque se sienten, y quieren continuar con este ambiente de miedo hacia la sociedad y hacia las víctimas para seguir ganando beneficios en el orden jurídico y también beneficios en el orden económico”.

En suma, son dos proyectos que están en puja y como bien lo expresa la investigadora del IPC, “la colisión entre unos y otros, y la forma cómo se manifiestan, es una confirmación de la correlación de fuerzas en la guerra, donde se expresa la arrogancia de los vencedores y la soledad de los oprimidos”.

Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
(57 4) 284 90 35
www.ipc.org.co

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Junio 15, 2007

Col - A indagatoria otro coronel por los desaparecidos del Palacio de Justicia

La Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria al coronel en retiro Luis Carlos Sadovnick y lo vinculó formalmente a la investigación por los once desaparecidos durante el holocausto al Palacio de Justicia.

Sadovnick en 1985 durante la toma del Palacio era el segundo al mando en la Décimo Tercera Brigada del Ejército, la cual comandaba el general Jesús Armando López Cabrales.

El oficial llamado a indagatoria era el inmediato superior de los también coroneles (r) Luis Alfonso Plazas Vega y Edilberto Sánchez Rubiano, comandantes de la Escuela de caballería y el B2 del Ejército respectivamente.

El coronel Sadovnick, según la investigación habría liderado el operativo de retoma que desarrollaron en el Palacio de Justicia al mando de Plazas vega y Sánchez Rubiano, entre otros militares.

De esta manera ya son siete militares investigados por la desaparición de once personas en la toma del Palacio de Justicia.

http://www.caracol.com.co/noticias/440793.asp

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Junio 14, 2007

Col - Derechos de las víctimas violados en Antioquia

CAMPAÑA
MEMORIAS CONTRA EL SILENCIO Y LA IMPUNIDAD
NUNCA MAS CRIMENES DE ESTADO

Medellín, 13 de junio de 2007

Nos unimos para contribuir a la recuperación de la memoria histórica de los crímenes de lesa humanidad en Antioquia a partir de la verdad de las víctimas, sensibilizando a la sociedad sobre los efectos que ha provocado la estrategia paramilitar del Estado y la fase de legitimación del modelo de control social, político y económico que beneficia a los responsables de graves y persistentes violaciones de los Derechos Humanos

COMUNICADO PUBLICO

La campaña “Memorias contra el silencio y la impunidad: nunca más crímenes de Estado” se permite manifestar su oposición a las recientes medidas implementadas por la Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Gobierno de Medellín que van en contravía de la participación de las víctimas en el procedimiento de la Ley de Justicia y Paz y su legítimo derecho a la memoria histórica y la verdad.

Vemos con indignación y preocupación como se acumulan situaciones que por acción y por omisión obstaculizan de forma seria el ejercicio de todos los derechos de las víctimas. Entre ellos a su legitima expresión en el espacio público con pleno respeto de quienes todavía hoy justifican y festejan los miles y variados crímenes cometidos en el pasado reciente contra personas y comunidades enteras. Es así como el Estado colombiano en sus diversas expresiones está en la obligación de garantizar el legítimo derecho de las víctimas a su expresión, demanda y movilización.

Ahora las instituciones Estatales so pretexto de lograr el respeto a las víctimas ante los últimos hechos donde personal desmovilizado de los paramilitares realizaron actos de festejo en desarrollo de la audiencia de versión libre de Fredy Rendón, alias El Alemán, han tomado la determinación de prohibir los actos públicos que se desarrollan en la Plazoleta de La Dignidad del Edificio de la Justicia, incluyendo la acción legítima de las víctimas para dar a conocer la verdad de los crímenes cometidos por el paramilitarismo.

La determinación de la administración departamental y municipal equipara a las víctimas y a los victimarios y se une a otros mecanismos implementados por la Fiscalía General de La Nación que revictimizan y obstruye la participación de las víctimas, haciendo el proceso huérfano de ellas. Pretenden las autoridades administrativas igualar los festejos por los crímenes cometidos a las manifestaciones de dolor e indignación de las víctimas y las organizaciones sociales que exigen el pleno reconocimiento de sus derechos. De ninguna manera puede operar el principio de igualdad cuando lo que está en evidencia es la estrategia de los jefes paramilitares de acallar la voz y la verdad de las víctimas. Además es abiertamente ilegal, pues contradice el mandato constitucional fundamental del artículo 37 de la Carta Política de 1991.

Las autoridades ante las amenazas y demás hechos que ponen en riesgo la integridad de las víctimas y su derecho a manifestarse están obligados a emprender acciones dirigidas a preservar sus derechos y garantías de movilización, participación y denuncia, rodeándolos de adecuadas medidas de seguridad y protección.

A pesar de que la Ley de Justicia y Paz no incluye verdaderos mecanismos de participación, de que las acciones gubernamentales y de la Fiscalía General de la Nación buscan evitar que las víctimas se expresen, las victimas nos negamos a renunciar a nuestros derechos, entre ellos es poder participar y realizar acciones tendientes a que se conozca la verdad. Por tal razón informamos a las autoridades administrativas, judiciales y de control del Estado, a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que continuaremos con la realización de los actos públicos de memoria, verdad y exigencia de la justicia en la plazoleta de la Dignidad del edificio de la Justicia en el Centro Administrativo de la Alpujarra, como en otros lugares de la ciudad.

Llamamos a las autoridades para que se abstengan de reprimir dichos actos y a la utilización de acciones, y por el contrario brinden las garantías de seguridad para evitar que las víctimas continúen siendo objeto de hostigamientos y de actos de intimidación. Así mismo rechazamos la posición asumida por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación al legitimar este tipo de medidas y pretender asumir la vocería de las víctimas.

Solicitamos el acompañamiento solidario de las organizaciones sociales, de derechos humanos y la comunidad internacional en el justo y legítimo reclamo por nuestros derechos.

Suscriben,

Asamblea Regional de Derechos Humanos, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Asociación de Familiares de Detenidos desaparecidos (Asfaddes), Asamblea Regional de Derechos Humanos de Antioquia, Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Estados Unidos, Colectivo de derechos humanos Semillas de Libertad (CODEHSEL), Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), Asonal Judicial, Red Juvenil de Medellín, Grupo interdisciplinario por los derechos humanos (GIDH), Capítulo de derechos humanos del Polo Democrático Alternativo, Corporación El Solar, FASOL, Comité Permanente Héctor Abad Gómez, Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia, Corporación Cultural La Aldaba, Asociación Campesina de Antioquia, Comité de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, Campaña por la Vida y la Libertad, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Contracorriente, Fundación Sumapaz, Cristianos y Cristianas por la Justicia y la Paz, Corporación Jurídica Libertad.

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Junio 11, 2007

Colombia ordered to pay millions in massacre case

BOGOTA, Columbia (Reuters) -- In a ruling hailed as a landmark by human rights advocates, the Colombian government has been ordered to pay damages over a 1989 massacre of state investigators by army-backed militias.

The Inter-American Court of Human Rights ordered more than $5 million in damages be paid to relatives of 12 investigators killed by right-wing paramilitaries in the northern hamlet of La Rochela.

The decision, which cannot be appealed, marks the first time the state has been found guilty of involvement in the murder of its own agents.

"The ruling shows that the state not only lacked the will to confront the paramilitaries, but that some officials colluded with them against the government's own investigators," said Michael Camilleri, who worked on the case for the Center for Justice and International Law in Washington.

The decision was made on May 11 but only came to light over the weekend. A government spokesman was not immediately available for comment.

The massacre shocked Colombia as it reeled under the first of what would be many waves of paramilitary violence.

The "paras" were organized in the 1980s to help defend rich Colombians from left-wing rebels funded by kidnapping and extortion. Both groups have since grown rich on this Andean country's multibillion-dollar cocaine trade.

The court, which is part of the Organization of American States, also ordered Colombia to do more to guarantee the security of agents investigating illegal armed groups that still control wide swathes of countryside.

"This decision highlights the inability of Colombia to get to the bottom this type of case on its own," said Jose Miguel Vivanco of New York-based Human Rights Watch.

The ruling came as President Alvaro Uribe is embroiled in a scandal in which members of his congressional coalition have been jailed for backing the paramilitaries.

The scandal has hurt his standing overseas, with Democrats in the U.S. Congress threatening to reduce aid to Colombia and to reject a free trade deal.

But Uribe, whose father was killed by Marxist rebels in the 1980s, remains popular at home for cutting crime as part of his U.S.-backed security crackdown and for striking a peace deal under which 31,000 paramilitaries have disarmed.

Thousands are killed and tens of thousands are displaced in Colombia's war every year.

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Junio 10, 2007

Col - Justicia condenó a 37 años a jefe paramilitar desaparecido hace dos años

La Justicia colombiana condenó a 37 años y nueve meses de prisión al jefe paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias 'Cadena', en paradero desconocido desde hace dos años, por el asesinato en 2001 de la fiscal Yolanda Paternina Negrete, informaron hoy medios locales.

La sentencia fue emitida por el juzgado penal de Sincelejo, capital del departamento caribeño de Sucre (norte), en donde trabajaba la funcionaria judicial.

Paternina llevaba a cabo la investigación por la matanza de 27 personas perpetrada en la aldea de Chengue (Sucre) en enero de 2001, que fue atribuida a un grupo de cerca de 80 paramilitares.

La fiscal fue asesinada de varios disparos en Sincelejo el 29 de agosto del mismo año.

'Cadena', jefe del la facción paramilitar de ultraderecha 'Héroes de los Montes de María', desapareció en julio del 2005 cerca de Santa Fe de Ralito, en el departamento de Córdoba, limítrofe con Sucre y su vehículo apareció incinerado.

En Santa Fe de Ralito se concentraban entonces, para su desmovilización, distintos grupos de paramilitares de la organización armada Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El juzgado determinó además pedir a la fiscalía que investigue disciplinaria y penalmente al jefe de seguridad del Cuerpo Técnico de Investigaciones en el momento del asesinato de la fiscal, Luis Alberto Jiménez Ospina, por falso testimonio y por no dar a la víctima la seguridad que requería.

Contra Mercado Pelufo se instruyen otros procesos por homicidios y desapariciones forzosas de personas, cuyos cadáveres aparecieron en fosas comunes en el norte del departamento de Sucre.

Terra Actualidad - EFE

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Junio 9, 2007

Condena de más de 40 años a militares por desaparición forzada

Medellín, Junio7, (LA FM) Por primera vez en el país cuatro militares fueron condenados por la desaparición forzada de un comerciante y ex policía llamado Saúl Manco Jaramillo, ocurrida el primero de junio de 2006.

El juez quinto penal del circuito de Medellín condenó a 44 años y dos meses de prisión al ex capitán del Ejército Gabriel Eduardo Delgado Villalba; a 43 años y seis meses al ex subteniente Oscar Vargas Barrera y al soldado Luis Marín Trujillo; y a 48 años al soldado Davison Barrera.

Su condena fue más alta porque además de desaparición forzada, fue hallado culpable de hurto calificado, pues al momento de la captura tenía en su poder los objetos personales de Manco Jaramillo.

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Col - Hernán Giraldo confesó su participación en muertes y desapariciones

Barranquilla, Junio 7, (LA FM) Tranquilo y con mucha seguridad en el segundo día de su versión libre en el proceso de justicia y paz, el ex líder del bloque “Resistencia Tayrona” de las Autodefensas, Hernán Giraldo Serna, reconoció ante la fiscal Novena Zeneida López, su participación en desapariciones y muertes de varias personas.

El ex líder paramilitar, entre otros crímenes, confesó haber tenido conocimiento de una masacre cometida por su grupo armado el 24 de abril de 2003, en las que las víctimas fueron todas de una misma familia, quienes fueron identificadas como José Sarmiento, Judith Villamil, Enoc Suárez, Kelly Sarmiento, Ana Uribe y otra persona de nombre luz.

De igual manera, dijo el ex comandante del bloque “Resistencia Tayrona”, que el entonces jefe del “Bloque Norte”, Jorge 40, dio la orden del secuestro del ex congresista José “Pepe” Gnecco.

En sus declaraciones además, argumentó que había ordenado la muerte de Gentil Cruz Patiño, el Gerente de una ONG Francesa, al considerarlo enemigo de sus ideales políticos.

Así mismo, Hernán Giraldo Serna manifestó en su versión libre que todas las muertes de las que se le acusan no fueron autorizadas por él, sino que sus hombres tenían la orden de que todo lo que oliera a guerrilla debía desaparecer en su medio, para el bien de la comunidad

El ex jefe paramilitar de la Sierra Nevada de Santa Marta, continuará con sus declaraciones hoy, en donde hará más revelaciones de otros delitos, de los que fue gestor durante los más de 25 años al mando de las Autodefensas que operaron en el macizo montañoso.

http://www.lafm.com.co/noticia.php3?nt=19109

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Mayo 31, 2007

Col - Capturados dos sargentos por investigación de desaparecidos en Palacio de Justicia

Bogotá, Mayo 30, (LA FM) A las instalaciones del bunker de la Fiscalía fueron trasladados los sargentos retirados Antonio Jiménez Rubay y Ferney Causalla Peña, capturados en las últimas horas en Bogotá y Popayán, respectivamente.

Los militares en retiro fueron vinculados en la investigación que adelanta el ente acusador por las desapariciones de las personas que salieron con vida de la toma del Palacio de Justicia, ocurrida en 1985.

Los sargentos Jiménez Rubay y Causalla Peña, eran integrantes, para el momento de los hechos, del B2 del Ejército y participaron de las operaciones de recuperación del Palacio, que fue tomado por militantes del M-19.

De acuerdo con la investigación, Ferney Causalla estuvo a cargo de las acciones coordinadas desde la Museo del 20 de Julio o Casa del Florero, ubicado frente al Palacio de Justicia, donde eran trasladados los rescatados de las instalaciones tomadas por la organización subversiva. Varias de las personas que fueron llevadas a la Casa del Florero desparecieron sin que hasta el momento se conozca de su suerte.

Por este mismo caso está siendo investigado el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, quien para ese momento era el comandante del batallón de Caballería, encargado de las operaciones militares.

http://www.lafm.com.co/noticia.php3?nt=18838

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Mayo 29, 2007

Col - Acusan al ESMAD de tirar 3 niños a un río, provocar 28 desapariciones

Col - Acusan al ESMAD de tirar 3 niños a un río, provocar 28 desapariciones y denuncian graves amenazas e intimidaciones a organismo de defensa legal de DH.

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Saldo de la represión del ESMAD a indígenas Emberas Katios en el Chocó: 28 desaparecidos, 13 heridos y dos monjas detenidas.

Acusan al fuerzas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de tirar 3 niños al cauce de un río de 28 desapariciones y 13 heridos y 2 detenidos como saldo de la respuesta del gobierno ante exigencias de indígenas Emberas Katios en el Chocó

Las consecuencias del intento de desalojo el pasado sábado por un Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de Risaralda, que denunciamos el pasado sábado, han sido subestimadas.

Después de verificar en terreno, las autoridades indígenas de OREWA, en comunicado público dan cuenta de una verdadera barbarie la respuesta del gobierno del CORAZÓN GRANDE PERO CON MANO DURA, por tanto "los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de Risaralda en nombre del alto gobierno cumplieron a como sea, como ROBOCOT las ordenes del Comandante Ospina ".

Uno de los hechos aberrantes y deplorables del cumplimiento del DEBER ANTES QUE VIDA, "fue la forma como miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) lanzaron a las aguas del rió San Juan a tres niños indígenas, de la comunidad de Docabu y sus cuerpos aún no han aparecido".

Cifra que se suma a los 28 indígenas desaparecidos, 13 heridos, la detención de dos misioneras de la Diócesis de Quibdo, quienes se encontraban en acción humanitaria, "no contento con ello, la Policía luego de meternos a la fuerza en buses sin saber para donde nos llevaban, quemaron la ropa, las pocas pertenencias y torturaron al Cabildo Mayor de la Zona, quien se encuentra gravemente herido".

Todo ello ocurre, "bajo la complicidad de los gobiernos locales y departamentales, como de Pueblo Rico Risaralda, gobernación de Risaralda y Chocó, del Gerente Social para el Chocó y por ende del gobierno de Alvaro Uribe y del Estado Colombiano en sí, ya que están incitando a la CENSURA y AUTOCENSURA, incluso a los medios locales y regionales de comunicación, por donde no se ha dado cuenta de lo que pasa, pese a las continuas denuncias, por ello hoy están en terreno varios comunicadores de la región, a la espera que de sus centrales le den paso a sus notas y así brindarles a la opinión pública, a la comunidad internacional lo que verdaderamente está sucediendo en el Chocó", así lo manifestó el Presidente de la ONIC, Luis Evelis Andrade Casama.

Por su parte las autoridades indígenas del Chocó, para evitar que se sigan cometiendo más hechos violento, ante la negativa de ceder a sus pretensiones, "decidimos trasladar la mesa de negociación de Quibdó para la comunidad del 18, allí esperamos al gobierno dispuestos a seguir las huellas, el conocimiento y el canto profundo de nuestros ancestros", manifestó Cesar Queragama, Presidente de OREWA.

Ante la brutal e irracional respuesta del gobierno, el presidente la ONIC puntualizó que "lamentamos que el gobierno en vez de responder con la palabra, con cumplimientos a acuerdos, a la razón social, responda con desinformación, y una embestida violenta, y de paso soterradamente induciendo en otras instituciones de que somos responsables de la crisis del Chocó, cuando lo que exigimos es basado en DERECHO, y la acción de hecho es una respuesta a la libre protesta ante las respuestas improductivas del gobierno".

Por ello llamamos al algo gobierno, al Estado, a las autoridades militares, a los organismos de control, a la comunidad internacionales, a los organismos de DDHH, a los medios de comunicación, a todos y todas, a voltear la mirada en uno de las regiones más golpeadas, pero sobre todo que el gobierno responda con hechos productivos, no sólo con la fuerza y con la autocensura, que le de la cara al país contando la verdad y de paso con reparación.

Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC OREWA.

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Listado desaparecidos y heridos (con la atenuante que para los emberas los mayores de edad a partir de los doce años).

Desaparecidos:

Comunidad Cevede

Juan Guillermo Queragama Cheche - 13 años
Iván Queragama Pepe - adulto
Aurora Bidicha Cheche - adulta
Gilberto Queragama Bidicha -12 años
Calixto Queragama Bidicha - 10 años
Bebe de un año - 1 año
Iván Alberto Tequia - 15 años
Oliva Cheche Vitucay - adulta
Javier Sintua - 19 años
Guillermo Sintua - 15 años
Leonel Tequia Manugama - adulto
Willian Bateza Cheche - 19 años
Rafael Teuquia - 16 años
Celestino Bateza - adulto
Aquileo Queragama - adulto
Óscar Baniama Arce -10 años
Comunidad Aguasal
Elkin Murillo - 18 años
Wilmore Murillo - 12 años
Milton Murillo - 12 años
Comunidad Dos Quebradas
Climico Sintua Evao - 8 años
Comunidad Conodo
Gloria Inés Tequia Arce - 6 años
Comunidad Brisas
Sigifredo Tequia Tequia - 16 años
Comunidad Vivicora
Ercilia Sintua Castañeda - Niña
Emeregildo Sintua Arce - Niño
Laurcario Arce Sintua - Niño
Humberto Tequia - Niño
Dario Queramaga Sintua - Niño
Antonio Queragama Sintua - Niño

Heridos
Raúl Murillo Tequia
Pedro Pablo Murillo
Leonel Queragama
Libardo Tequia
Cristina Tequia
Amarcia Pepe
Diego Pepe
José Argemiro Pepe
Uriel Evao
Nicolás Bateza
Cesar Neguela
Carlos Queragama
Detenidos

Hermanas de la Diócesis de Quibdó

Martha Janet Perez. Dejada en Libertad
Nubia Salamanca. Dejada en Libertad

[Fuente: Boletín 166, ONIC, 28may07]

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Le rogamos dirigir sus comunicados de solidaridad a las siguientes instancias:

Presidencia de la República:
Doctor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de Colombia
Cra 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá
Fax: (571) 5662071
Correlectrónico: auribe@presidencia.gov.co.

Dirección de Fiscalía de Antioquia: Fiscalía 74 Seccional
Doctor: Cesar Augusto Quiroz Vargas
Carrera 44 No. 15 sur - 31 Edificio Mónaco
Medellín, Antioquia
Teléfono (574) 3212422

Vicepresidencia de la República:
Doctor Francisco Santos Calderón, Vicepresidente de la República
Carrera 8A No 5-57, Santafé de Bogotá
Tel.: (571) 334 4507
Correlectrónico: fsantos@presidencia.gov.co
Correlectrónico: buzon1@presidencia.gov.co

Programa presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario:
Doctor Carlos Franco
Calle 7 N° 5 - 54 Bogotá D.C
Fax: (571) 337 46 67
Correlectrónico: cefranco@presidencia.gov.co

Ministerio de Defensa Nacional:
Doctor Juan Manuel Santos, Ministro de la Defensa
Avenida El Dorado con Cra 52 CAN, Bogotá
Fax: (571) 222 1874
Correlectrónico: siden@mindefensa.gov.co
Correlectrónico: infprotocol@mindefensa.gov.co
Correlectrónico: mdn@cable.net.co

Fiscalía General de la Nación:
Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación
Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá.
Fax: (571) 570 2000; (571) 414 9000 Ext: 1113
Correlectrónico: contacto@fiscalia.gov.co
Correlectrónico: denuncie@fiscalia.gov.co

Procuraduría General de la Nación:
Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación
Cra 5 # 15-80, Bogotá
Fax: (571) 342 9723; (571) 284 7949
Correlectrónico: cap@procuraduria.gov.co
Correlectrónico: quejas@procuraduria.gov.co
Correlectrónico: cap@procuraduria.gov.co

Defensoría Nacional del Pueblo:
Doctor Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo
Calle 55 # 10-32, Bogotá
Fax: (571) 640 0491
Correlectrónico: secretaria_privada@hotmail.com
Correlectrónico: agenda@agenda.gov.co

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Mayo 25, 2007

Col - Autodefensas de Norte de Santander entregarán ubicación de fosas, pero no saben cuándo

Así lo dijo ayer Jorge Iván Laverde Zapata, alias 'Pedro Catatumbo', 'Pedro Frontera' o 'El iguano', uno de los hombres más cercanos al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Laverde aseguró el miércoles, durante su primera audiencia de versión libre ante la Fiscalía 13 de Justicia y Paz, en Barranquilla, que hay que esperar "porque estamos verificando los sitios precisos con campesinos cercanos a la zona del Catatumbo, con desmovilizados que están libres y con otros (hombres a su mando) que tengo en la cárcel".

Mayo 23 de 2007

Al bloque Catatumbo, el principal de las estructuras que comandaba Mancuso, se le atribuyen unos 5.200 asesinatos y desapariciones entre 1999 y el 2004, en Norte de Santander.

Sólo en Cúcuta, a 'Pedro Catatumbo' lo responsabilizan de 33 homicidios, entre los que figuran los de dos fiscales especializados, un ex Defensor del Pueblo, tres investigadores del CTI, dos agentes de la Sijín y dos del DAS. También, de la desaparición de un investigador de la Fiscalía y de su novia.

A la audiencia no fue una sola víctima y la sala creada para que presencien las diligencias ni siquiera fue abierta.

"Reconozco desapariciones, pero los que supuestamente desaparecieron fueron dados de baja", respondió 'Pablo Catatumbo' cuando el fiscal Francisco Álvarez Córdoba le preguntó si conocía de personas desaparecidas.

Negó la vinculación de menores a su bloque y la tenencia de personas secuestradas.

El expediente de la Fiscalía contra 'Pablo Catatumbo', a quien Mancuso llevó a Ralito para que se desmovilizara con el 'bloque Córdoba', dice que se inició en las autodefensas a los 16 años como estafeta en Turbo (Antioquia). Luego, entre 1996 y el 2000, asumió el papel de sicario en esa región.

En enero del 2000 fue detenido por tentativa de homicidio, pero tras ocho meses en la cárcel de Itagüí fue dejado en libertad. Luego asumió el mando del 'bloque Catatumbo', hasta su desmovilización. Hoy está en Itagüí con los cabecillas de las Auc.

Versión por teleconferencia

Unas 60 víctimas de Briceño, en el nordeste de Antioquia, podrán ver por teleconferencia la versión libre de Jesús Higinio Arroyo, del 'bloque Minero' que declara hoy en el edificio José Félix de Restrepo, en Medellín.

Es una prueba piloto para facilitar el acceso de las víctimas a las versiones. Contra Arroyo han declarado unas 80 personas familiares de asesinados entre 1999 y el 2006. En ese municipio la Fiscalía halló nueve cadáveres de campesinos ejecutados por los paramilitares.

También hoy reanuda la versión libre Carlos Mario Montoya Pamplona, alias 'El Arbolito', paramilitar del 'bloque suroeste' que hasta el momento ha confesado 23 crímenes en esa región de Antioquia.

Ayer, el ex 'para' Róbinson Antonio Galvis Valverde, del 'bloque Central Bolívar' negó que tuviera algún delito que confesar dentro de la Ley de Justicia y Paz. En su versión, que duró dos horas, dijo que fue enfermero de ese bloque y que solo había firmado la postulación a la Ley como requisito de la reinserción.

ROBERTO LLANOS RODADO
Corresponsal de EL TIEMPO
http://www.eltiempo.com/justicia/juicio_paras/paramilitares/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3567904.html

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Col - Tribunal ordena seguir pagando sueldos de secuestrados y desaparecidos

24 de Mayo de 2007, 03:54pm ET

Bogotá, 24 may (EFE).- La Corte Constitucional de Colombia dictaminó hoy que el Estado debe seguir pagando los salarios y prestaciones laborales de las personas secuestradas por grupos rebeldes o desaparecidas, informaron directivos del tribunal.

El magistrado Rodrigo Escobar Gil, presidente de la Corte Constitucional, declaró que "las personas víctimas de la desaparición forzada, o de la toma de rehenes, tienen derecho a la totalidad de los beneficios establecidos en la ley".

Las familias de los desaparecidos, explicó, podrán recibir los pagos hasta que "la persona aparezca viva o muerta, o exista una declaración de los jueces, reconociendo la muerte".

El juez aclaró que se debe diferenciar entre las personas secuestradas por extorsión, es decir, para obtener dinero, de los cometidos por grupos armados ilegales para presionar al Estado.

Este fallo respalda las aspiraciones de los familiares de políticos, soldados y policías secuestrados por las guerrillas, que quedan desamparados económicamente, en una situación que en algunos casos recientes se prolonga por períodos de más de ocho años.

Escobar Gil señaló que las víctimas de secuestros podrán exigir ciertos pagos sin importar la fecha de ocurrencia del secuestro o la desaparición.

Además, dijo que, aparte de los salarios, los familiares de rehenes de grupos armados o de desaparecidos tienen derecho a beneficios en salud, educación, seguridad social y créditos.

Entre los secuestrados por las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia hay 56 personas, tres de ellas estadounidenses y una franco-colombiana, que esa organización pretende canjear por guerrilleros presos. EFE

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Mayo 17, 2007

Col - Dudas en familia de desaparecido

Mayo 17, 2007

Flor María Ludeña | EL CARMEN, Manabí

Uno de los cadáveres que aparecen en el listado de los ecuatorianos que han sido identificados y que presuntamente fueron asesinados por las fuerzas irregulares de Colombia es el del manabita Jerónimo Geovanny Quijije Cedeño. Las víctimas fueron encontradas en fosas comunes en el sector de Putumayo.

A la conclusión de que se trataba de Quijije se llegó por un documento que la víctima portaba cuando la encontraron. Sin embargo, la familia del fallecido quiere viajar a Colombia para verificar si efectivamente se trata de su pariente desaparecido hace seis años.

Pero el anhelo de viajar y comprobar si el cadáver encontrado es el de Jerónimo se ve truncado por la falta de recursos económicos. Por eso la familia de la víctima pide al Gobierno que a través de la Defensoría del Pueblo o de los Derechos Humanos la ayuden para transportar el cadáver hasta el cantón El Carmen, en Manabí, para darle sepultura.

Salvador Quijije recuerda con nostalgia que su madre murió sin saber nada del paradero de su hijo Jerónimo. “El hecho de no saber nada de mi hermano la deprimía mucho y al final Dios se la llevó”.

Según Salvador, su hermano menor viajó a Colombia el 26 de noviembre del 2001, con el propósito de trabajar en la recolección de coca porque su oficio de albañil no le permitía mantener a su familia.

La víctima estudió hasta el segundo año de educación media en el colegio El Carmen, en el cantón del mismo nombre.

Al cumplir la mayoría de edad, Jerónimo Quijije decidió acuartelarse. El servicio lo realizó en el Oriente, en el sector fronterizo con Colombia.

Su hermano Salvador cuenta que fue en ese entonces cuando a Jerónimo le nació la idea de irse a trabajar a Colombia.

Cuando él terminó el acuartelamiento –dice– el único trabajo que consiguió fue como albañil y de vez en cuando lograba alguna obra de construcción donde laborar.

Salvador manifiesta que la información que dio el ministro del Interior y de Justicia de Colombia, Carlos Holguín, sobre el hallazgo de las presuntas víctimas de los paramilitares (cuyas fosas fueron descubiertas en el sector de La Hormiga, departamento de Putumayo) donde actuaba un bloque central Bolívar de las Autodefensas Unidad de Colombia, generó preocupación en el resto de la familia y en otras que también tienen a parientes desaparecidos en el Ecuador.

El hermano de la víctima comenta que se enteraron de la noticia por un canal de televisión cuando dieron la lista de los desaparecidos que fueron encontrados muertos.

Al momento de la noticia la familia Quijije pensó que la muerte había sido reciente.

http://www.eluniverso.com/2007/05/17/0001/12/CAB49263DC1F4E74AC82C9F2FF96B4D3.aspx

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Mayo 16, 2007

Col - Entrevista a Teresita Gaviria

“Mi trabajo es por todos los desaparecidos”

Semana.com entrevistó a Teresita Gaviria, presidente de la Asociación Madres de la Candelaria, ganadores en 2006 del Premio Nacional de Paz. Este martes, 15 de mayo, se realizaró en Medellín el lanzamiento de la IX versión de dicho premio.

Fecha: 05/15/2007 -

Semana.com: ¿Cómo ve el tema de las versiones libres de los Paramilitares y la ley de justicia y paz?
Teresita Gaviria: una de nuestras obligaciones es asistir a estas versiones libres, pero es poco lo que ellos nos han ayudado con su testimonio. De todas maneras debemos estar al pie de esto, de la Fiscalía y de ver cuándo estos señores nos van a decir la verdad. Hay un poco de temor de las víctimas que estamos asistiendo a estas versiones libres, pues nos sentimos bastante afectados. El caso concreto es el de Don Ramón Isaza, fue algo muy doloroso pues él reconoce que asesinó a más de 800 personas que pasaban por su zona, en colaboración con un miembro de las Fuerzas Militares. Los catalogaba como “muchachos sin rumbo” que iban de Medellín, como personas que no se dejaban orientar y que no querían pertenecer al movimiento de él por lo que terminaron asesinados. Esa declaración es gravísima.

Una publicación del Diario El Colombiano hace un poco más de un mes confirma las muertes en la zona de Ramón Isaz, y que los cuerpos eran tirados al Río Magdalena para no dejar evidencia. Yo como doliente relacioné a mi hijo como uno de esos cadáveres y es mucho el dolor que siento... pero debo sobreponerme para liderar este movimiento, tomo fuerzas para acompañar a las demás madres, pero el dolor es inmenso, me duele mi alma cuando veo este tido de cosas, me duele mi alma porque veo que no hay posibilidad de que él me diga si él mató a mi hijo.

Semana.com: ¿Cuál es la verdad que buscan las Madres de la Candelaria?
Teresita Gaviria: Seguimos insistiendo en una verdad transparente, que no genere más dudas tanto para ellos que han cometido todo este tipo de delitos como para nosotros y tener la tranquilidad de acabar con esa incertidumbre que nos mata día a día. Todos los días de la vida estamos al pie de esta lucha, trabajando por todos los desaparecidos del país. Queremos saber la verdad, quién ordenó, quién autorizó la detención y luego la muerte de estas personas, no solamente la de mi hijo. Yo sigo trabajando por todos los desaparecidos del país porque me identifico totalmente con aquellas madres o con aquellos hogares que han perdido sus hijos.

Semana.com: ¿Cómo sienten este proceso de reparación?
Teresita Gaviria: Los primeros días sentíamos que era un juego y no servía para nada, estudiábamos la ley y aunque le hacíamos críticas decíamos que esa era la ley y con ella debíamos trabajar. Finalmente la apoyamos. Hemos buscado la manera de llegar a esos lugares donde estos señores están dando su versión libre. Es cierto que todos no hemos tenido la oportunidad de vernos cara a cara con ellos. Solamente yo tuve la oportunidad de verme en la cárcel de Itagüí cara a cara con Don Berna y Don Diego, luego me vi cara a cara con Ernesto Baez. A todos ellos les he pedido “señores yo creo en la paz, yo creo en la reconciliación, pero necesitamos ese granito de arena de ustedes que es la verdad”. Ellos con mucha cultura me dicen “Tranquila señora que a eso le estamos trabajando”.

Yo no trabajo solamente por Cristian Camilo, mi lucero, que desapareció el 5 de enero de 1998, sino por todas las desapasiones del país. Me duele todo lo que hagan con estos humildes hogares, con estos campesinos, señalándolos injustamente por pertenecer a la guerrilla o a los paramilitares. Cuando estuve en los Montes de María (Sucre) fueron muy dolorosas las historias que me contaron las mujeres de Magangue, San Onofre, Zambrano, por esta bendita guerra que nos ha quitado cosas muy lindas: nos quitado los seres queridos, pero no nos ha quitado las ganas de seguir trabajando y luchando por los derechos de las víctimas.

Semana.com: En esta visita a la cárcel y en las versiones libres ha tenido la oportunidad de estar cerca de los jefes paramilitares ¿Qué se siente tener al supuesto victimario al frente?
Teresita Gaviria: Primero sentí alegría porque estaba con personas que supuestamente eran muy temibles, pero que podrían tener información sobre nuestros hijos. Luego me imaginaba a estas personas cometiendo ese montón de crímenes. Sentí mucho susto , terror. Recordé que incluso por ellos había barrios enteros a los que no se podía entrar; ahora veo que también muchos delincuentes se aprovecharon del nombre de estas personas para volver añicos a otras. Cuando dije que iba para la cárcel a hablar con ellos, muchos me dijeron que no lo hiciera porque de allá no salía, pero ahora después de verlos tengo confianza en que hablarán con la verdad. De pronto una de las madres encuentra así a su hijo. Ningún valor tiene que yo sola los escuche y luego tenga que buscar a las mamas de esos muchachos, lo que debe suceder es que todas las victimas asistan, escuchen y encuentren a su familiar.

Semana.com: ¿Han logrado encontrar alguno de los muchachos desaparecidos con lo dicho en las versiones libres?
Teresita Gaviria: con la gente de Ramón isaza tenemos la certeza que encontraremos a mi hijo Chistian Camilo Quiroz Gaviria, a Oscar Alberto Torres y al hijo de la señora Orfilia de Barbosa porque los tres desaparecieron en Doradal (Antioquia). En este momento somos unas 10 personas que creemos que sino estaban reclutados a la fuerza en las filas del grupo de Don Ramón Isaza, él dio la orden de matarlos. A Salvatore Mancuso, en la segunda versión, le pasamos un listado de 161 desaparecidos y nos dijo que conocía tres, que en la próxima versión nos diría cuál había sido su suerte. A cada uno de estos señores les vamos a pasar el listado de los muchachos desaparecidos cada vez que haya una versión libre.

Semana.com: ¿Para qué les sivió ganarse el Premio Nacional de Paz?
Teresita Gaviria: para hacer visible el problema de las víctimas de desaparición forzada, capacitar a las mujeres sobretodo a las desplazadas pues muchas no tienen ni la primaria. Decir y reconocer públicamente que uno se ganó el Premio Nacional de Paz es muy lindo, que reconozcan nacional e internacionalmente que aquí están las víctimas que buscan a los desaparecidos. Que estamos todos los miércoles a las 12:30 en la Iglesia de la Candelaria diciendo “los queremos vivos, libres y en paz”. Que en el atrio de esa iglesia hay un grupo de hombres y mujeres con esperanzas e ilusiones de encontrar a sus seres queridos, así estén muertos, pero encontrarlos. Antes nadie nos tenía en cuenta, pero hoy en día decir que somos las Madres de la Candelaria hace que seamos bien recibidas en todos lados.

Semana.com: ¿Cree que algún llegue el perdón?
Teresita Gaviria: es duro de hacer pero debemos apuntarle al perdón después de que nos digan la verdad. Así seremos capaces de perdonar, y en un futuro mezclarnos con los victimarios de nuestros hijos.

QUÉ ES LA ASOCIACIÓN MADRES DE LA CANDELARIA
1- La Asociación Caminos de Esperanza cuenta con 227 mujeres y hombres.

2- Buscan a 240 desaparecidos.

3- Las primeras desapariciones comienzan en 1996 en Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio.

4- Hasta el momento sólo han encontrado a la señora Margarita Grisales, quien fue liberada y estaba en poder de las FARC. Igualmente se supo del señor José Abdul Cofar, taxista, que fue encontrado muerto en el Barrio Santo Domingo Sabio de la Ciudad de Medellín, su exhumación fue realizada por los familiares. Se ha tenido información de varios jóvenes que se encuentran en poder las AUC en la zona de Urabá, sus familiares los han identificado a través de videos.

5- La Asociación Caminos de Esperanza Madres de La Candelaria, fue fundada el 19 de marzo de 1999, y en año 2003 se tramitó la personería Jurídica. Hasta el momento lleva 8 años de constante lucha y búsqueda por sus seres queridos. Todos los miércoles interrumpidos, como compromiso, se reúnen con todas las víctimas de la desaparición forzada. Dejarán este espacio el día que llegue el último desaparecido del país.

http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=103658

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Mayo 15, 2007

Está al borde de la ruptura el acuerdo para el desarme de los paramilitares en Colombia

Luego que un semanario local acusara a líderes de esos grupos de persistir en conductas delictivas desde la cárcel, el gobierno de Uribe decidió abrir una investigación oficial. En tanto, el jefe de la misión de la OEA reiteró que, de corroborarse los hechos, los imputados perderán los beneficios conseguidos.

El acuerdo de 2004 entre el gobierno colombiano y los grupos paramilitares, para avanzar hacia su desarme y desmantelamiento, quedó al borde de la ruptura a partir de la denuncia de que sus líderes presos persisten en conductas delictivas, lo que obligó al Ejecutivo a abrir una investigación.

Ministros nacionales salieron a defender la investigación iniciada por la administración de Alvaro Uribe y dejaron abierta la posibilidad de que los líderes "paras", si se comprueba que incumplieron el acuerdo, sean extraditados a Estados Unidos.

Las repercusiones de la investigación se amplificaron, además, porque la Corte Suprema ordenó la detención de otros 5 congresistas y una ex, a los que acusa de haberse reunido con los jefes "paras" y de haber firmado acuerdos con ellos. Tres de ellos ya habían sido capturados esta tarde.

"Se tomarán decisiones esta misma semana y se procederá a quitarle los beneficios a la gente implicada. Si encontramos una prueba que comprometa a jefes paramilitares también les vamos a quitar los beneficios de la ley de Justicia y Paz, bajo la que fueron desmovilizados", anunció el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

El funcionario afirmó que el Ejecutivo procederá "con toda la contundencia" para verificar la autenticidad de las grabaciones telefónicas reveladas en un informe que publicó la revista "Semana", y que denunció que desde la cárcel los ex jefes paramilitares supuestamente daban órdenes para ejecutar asesinatos, traficar con narcóticos y rearmar a sus hombres.

También el titular de Interior, Carlos Holguín, explicó que la aspiración del Ejecutivo es "saber si (los dirigentes presos) están cumpliendo con los requisitos de justicia y paz" y aunque admitió que en casos las grabaciones no constituyen una prueba, "allí hay un buen elemento y debe servirnos una vez que se complemente con la investigación que haga la Fiscalía".

Holguín puso en duda la continuidad del proceso de desarme porque ahora existe "una situación distinta". "Hasta ayer se suponía que ellos estaban cumpliendo con los requisitos y las exigencias de justicia y paz, y esto deja la impresión de que no es así", amplió el titular de Interior.

Tras conocerse el informe periodístico, el jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el argentino Sergio Caramagna, reiteró que de corroborarse la autenticidad de la denuncia, los paramilitares vinculados perderán los beneficios con los que fueron desarmados.

"Si se demuestra que personas que se han acogido a la ley de Justicia y Paz siguen delinquiendo y están relacionadas con el tema van a perder los beneficios de la ley; eso está claro", declaró Caramagna.

Por su parte, el director de la Policía Judicial (Dijin), general Oscar Naranjo, insistió en que ninguno de los tres organismos colombianos que tienen el aval para realizar interceptaciones telefónicas realizaron las grabaciones reveladas por la revista.

"El servicio secreto (DAS), el Cuerpo Técnico Investigativo (CTI) de la Fiscalía y la Dijin son los organismos responsables de estas intercepciones. Hemos verificado esta situación, dado que cualquier información que sea intervenida bajo uno de estos tres organismos debe contar con autorización previa y fiscalizada por una autoridad competente", agregó, según consignó la agencia DPA.

La revista "Semana" publicó ayer una investigación según la cual los ex paramilitares continuaban delinquiendo desde la cárcel de máxima seguridad de Itagí (noroeste), donde fueron recluidos por órdenes del presidente Uribe.

El semanario "obtuvo decenas de grabaciones de los últimos cuatro meses en las que varios de los paramilitares recluidos en el patio uno del centro carcelario, coordinan todo tipo de negociaciones ilegales a través de celulares y correos electrónicos", advierte el informe.

La misma revista reveló en otro reporte de la semana anterior que la "sede de los diálogos de paz en Santa Fe de Ralito terminó convertida en una zona de parranda, sexo y negocios de los paramilitares".

Los ultraderechistas que se encuentran recluidos en Itagí cuentan con algunos privilegios, como teléfonos móviles y acceso a Internet.

Los dirigentes presos pertenecían a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que iniciaron en julio de 2004 negociaciones de paz con el gobierno de Uribe, en el marco de las que se desarmaron unos 31 mil hombres, aunque aún queda una escuadrilla disidente por desmovilizarse.

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Mayo 13, 2007

Col: Fosas comunes dan pistas a parientes de perdidos fronterizos

Mayo 13, 2007

Entre 1998 y el 2002, más de medio millar de campesinos, médicos, profesores, comerciantes ecuatorianos que laboraban en La Hormiga, La Dorada, El Tigre, El Placer, San Miguel y otras veredas del Putumayo colombiano fueron víctimas de masacres propiciadas por grupos paramilitares. Sus familiares callaron hasta ahora.

Cientos de ecuatorianos, hombres, mujeres y niños, que entre 1998 y el 2005 viajaban o residían ocasionalmente en una decena de poblados del sur del Putumayo colombiano, están desaparecidos a consecuencia de la acción armada de grupos paramilitares del vecino país.

Los familiares callaron y no denunciaron, por temor; los organismos de derechos humanos y el Gobierno ecuatoriano desconocían los casos. Hoy, cuando la Fiscalía de Colombia descubrió hace más de una semana varias fosas comunes de donde se desenterraron los restos de unas 154 personas, los parientes reviven sus heridas y deciden contar sus desgracias.

En cada comunidad de Sucumbíos, provincia fronteriza con Putumayo, hay un promedio de dos casos de personas que nunca regresaron de Colombia. Gleicer Puente, Fermín Álvarez, Johnatan Escobar, José Peña, Emiliano Espinales, entre otros, son algunos de aquellos ciudadanos. Sus madres, esposas e hijos aún los esperan.

Gloria Vélez abraza a sus hijas, Shirley, de 11 años, y Lucero, de 9. Las tres lloran. Con profunda convicción, la madre, quien padece de cáncer al útero, expresa: “Cuando vengo de lavar ropa ajena, llego ilusionada; pienso que mi marido está esperándome, pero al entrar a la casa no lo encuentro, no vuelve, y entonces me invade la tristeza”.

Ella lleva siete años con aquella diaria ilusión, que se transforma también en una rutinaria desilusión. Santos Fermín Álvarez, su esposo, partió hacia Colombia la mañana del 14 de junio del 2000, y no regresó.
Desapareció junto a sus amigos Gleicer Puente Lara y Carlos Ortiz, residentes en la comunidad Pacayacu, a 35 km de Nueva Loja y a 10 km de la frontera colombo-ecuatoriana. Los tres mantenían negocios de combustibles con comerciantes del vecino país.

Desesperada por la ausencia, dos días después, Gloria fue a la frontera a indagar el paradero de su pareja, pero nadie le dio pistas. “Mejor me aconsejaron que no preguntara nada porque hasta nosotros corríamos peligro”, refiere. Tampoco denunció, porque “la ley no es capaz de ayudar al pobre”.

Así transcurrió el tiempo. Hoy, las heridas por la desaparición de Álvarez, Puente y Ortiz vuelven a sangrar, y con fuerza, en sus esposas e hijos, una vez que hace dos semanas personal de la Fiscalía de Colombia desenterrara en La Dorada, frontera con Ecuador, los restos de 154 personas, entre estas al menos cinco ecuatorianas, según los primeros informes, víctimas de los paramilitares que operaron en la zona desde 1998.

Justamente la noticia de ese hallazgo provoca que familiares de personas que viajaban ocasionalmente o vivían en esa parte de Colombia, desde la década del noventa hasta el 2003, y no retornaron, se pregunten si esos restos son de sus parientes.

En Ecuador, a excepción de los parientes, que optaron por callar, y algunos vecinos, nadie sabía de estas desapariciones. “En esa época no había ningún control migratorio y la frontera era muy dinámica, por lo que es difícil dar cifras de personas afectadas”, indica Manuel Ibarra, director de la Pastoral Social del área fronteriza de Sucumbíos.

Lo mismo afirma Fanny Pilco, presidenta del Comité Provincial del Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos (Fedhu). “Nosotros no tenemos esos datos, hemos llevado solo casos puntuales”, menciona.

Pero es en la zona fronteriza que ese letargo de dolor se despierta al conocer el hallazgo de fosas comunes en el lado colombiano. Así como en Pacayacu se vuelve a hablar de los tres desaparecidos del pueblo hace siete años, en la parroquia El Eno, al sur de Nueva Loja, los parientes de Emiliano Espinales Bravo y José Leonardo Peña Calderón reviven su dolor.

Espinales, oriundo de Chone (Manabí) y que tenía 50 años, trabajaba en San Miguel recogiendo hojas de coca. “Yo estaba enferma en Quito y un día había salido de la casa diciendo que iba allá, a Colombia, a cobrar un dinero para que yo me cure. Desde ahí no sé nada de él”, afirma Indira Jácome, su conviviente.

“Un vecino de apellido Bermeo me avisó meses después que a Emiliano lo habían acribillado y hecho pedazos. No denuncié en ningún lado porque como pasó en Colombia a una le da miedo”, agrega la mujer.

Elisa Estela Calderón es la madre del desaparecido José Peña, quien tenía 26 años. Ella, a sus 74, padece de osteoporosis y lleva como una carga el dolor por la pérdida de su hijo. “Iba por temporadas para Colombia y allá hasta se consiguió una mujer que se llamaba Rosario.
Ella me conversó que unos paramilitares le cogieron en La Hormiga y se lo llevaron para matarle. No sabemos nada de su cuerpo, lo tenemos como muerto pero no denunciamos”, indica.

En Patria Nueva y Puerto Nuevo hay otros cuatro casos. Uno de ellos es el hijo de Juan Escobar, presidente de la segunda comunidad.
Johnatan Marcelo, de 12 años, acostumbraba viajar a La Dorada para lustrar zapatos. Hace seis años, en un mes de marzo, nunca más se supo de él. “No denuncié porque creía que iba de volver. Esto es difícil para la gente de ambos lados de la frontera. Ahora que oigo lo de las fosas comunes pienso que mi hijo puede estar ahí”, manifiesta Escobar, directivo de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo.

El dirigente estima que el 20% de desaparecidos por ataques paramilitares en el Putumayo colombiano podría ser ecuatoriano. En cada comunidad hay un promedio de dos familias cuyos miembros están perdidos. Si se toma en cuenta que en el cordón fronterizo de Sucumbíos hay unas 250 comunidades, se estima que serían unas 500 las víctimas del conflicto armado del vecino país. A ellos se suman los casos de comerciantes, médicos, profesores y agricultores, hombres y mujeres, que de distintos sectores del país ingresaban a esa conflictiva región, y que no retornaron.

El éxodo de ecuatorianos al Putumayo colombiano se dio por el boom de la coca en esa región, que entre 1985 e inicios del 2002 provocó un intenso movimiento económico y coincidió con la presencia de la guerrilla de las FARC. A inicios de 1998 comenzaron las masacres por la llegada de grupos paramilitares, cuya misión era combatir, al margen de la ley, a la guerrilla. Los paramilitares, según testigos y relatos de sus integrantes ante la Fiscalía colombiana, atacaban pueblos enteros, asesinaban a hombres, mujeres y niños, y sus cuerpos los arrojaban a los ríos o los enterraban en fosas, parte de las cuales hoy se están descubriendo.

El terror traspasó la frontera y cuando algún ecuatoriano no regresaba del vecino país, sus parientes no se atrevían a denunciar. Un miembro de la Fiscalía de Nueva Loja, que pide se reserve su nombre, explica que incluso las autoridades de Sucumbíos se negaban a conocer los casos porque estos se produjeron en otro país. No obstante, en los archivos de esa institución se registra un promedio de 40 denuncias al año, entre el 2001 y 2003, por desapariciones de personas en Nueva Loja, aunque sus parientes sabían que estas viajaron a Colombia, pero allá reinaba el terror y no podían ir a denunciar.

Mario Shingre, presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo, y Fanny Pilco, de la Federación de Derechos Humanos de Sucumbíos, piden que el gobierno de Rafael Correa o algún organismo internacional levante un registro de desaparecidos ecuatorianos en esta zona de Colombia.

“Es difícil que la gente denuncie. Ahora que están desenterrando las fosas (en Colombia), hablan, y lo que han dicho en las comunidades es totalmente cierto. Sería interesante hacer una evaluación. Sería ideal que el Gobierno trate de establecer una cifra, que se forme un grupo de investigación”, dice Pilco.

Mientras, Gloria Vélez, quien subsiste con los $ 120 que obtiene al lavar ropa ajena, no solo llora por la ausencia de su esposo Fermín Álvarez, sino por el futuro de sus hijas, pues teme que el cáncer de útero que soporta se agrave y ellas se queden solas y no logren culminar sus estudios. Su primer hijo, que tenía 11 años cuando desapareció el padre, ya obtuvo su bachillerato y está en el cuartel.

“Hace dos semanas mi hijo vino franco. En cuanto llegó me preguntó si no había vuelto mi Fermín”, recuerda Gloria.

Santos Fermín Álvarez
Comerciante oriundo de Loja y residente en Pacayacu. Fue al Putumayo colombiano el 14 de junio del 2000. Lo esperan su esposa y tres hijos.

Emiliano Espinales Bravo
Oriundo de Chone y residente en El Eno, Sucumbíos. Tenía 50 años cuando se fue a San Miguel, Colombia, hace más de seis años.

Carlos Ortiz
Comerciante de Pacayacu, Sucumbíos, donde lo conocían como Cólera. Se fue hace siete años. Su esposa Martha Torres y su hijo lo esperan.
Gleicer Puente Lara (foto)

Comerciante nacido en San Miguel de Bolívar y residente en Pacayacu. Partió en el 2000. Su esposa y sus dos hijas aguardan por él.

Johnatan Marcelo Escobar
Nació en Naranjito, Guayas, de donde partió con su padre a Sucumbíos en el 2006. Tenía 12 años cuando se fue a La Hormiga, en el 2001.

José Peña Calderón
Oriundo de El Eno, Sucumbíos, tenía 26 años. Trabajaba en La Hormiga hace seis años. Procreó un hijo con una colombiana.

Cifras
Los efectos
250 Comunidades. Se sospecha que en unas 250 localidades de Sucumbíos hay al menos dos casos de desaparecidos en el Putumayo colombiano.

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Fundación Manuel Cepeda Vargas

La Fundación Manuel Cepeda Vargas tiene su propia página de web en:

http://manuelcepeda.atarraya.org/

En ella pueden encontrar información sobre la fundación, al igual que ensayos sobre la historia y poblemática colombiana.

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Mayo 10, 2007

Argentina y Chile apoyarán la búsqueda de desaparecidos en Colombia

La búsqueda e identificación de desaparecidos por los grupos paramilitares de Colombia contará con el apoyo de expertos y tecnología de Argentina y Chile, dijeron hoy fuentes no gubernamentales en Bogotá.

La ayuda extranjera fue solicitada por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), informó el presidente de la Red de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz), Carlos Iván Lopera.

El portavoz de esa organización no gubernamental (ONG), que reúne a decenas de asociaciones civiles de todo el país, explicó a la prensa que Argentina y Chile 'tienen mucha experiencia' en tareas relacionadas con víctimas de desaparición forzada.

El presidente de Redepaz dijo que los expertos solicitados por la CNRR, órgano responsable de reparar a las víctimas de las AUC, son médicos forenses, antropólogos, geólogos e historiadores.

'Colombia requiere todos los aprendizajes de otros países', consideró Lopera, para quien 'el problema del país desborda a nivel mundial'.

Lopera aludió a las previsiones de la Fiscalía General de la Nación, según las cuales los casos de desaparición forzada a manos de paramilitares pueden sumar unos 10.000, de los cuales 3.000 están documentados.

Desde el año pasado, la fiscalía ha exhumado unos 900 cadáveres de desaparecidos en diversas regiones del país, como el Putumayo, departamento de la frontera sur con Ecuador.

Sólo en esa región, la entidad ha hallado los restos de 211 víctimas en tareas realizadas desde agosto pasado y hasta el fin de semana último.

http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/argentina_chile_colombia_1563016.htm

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Mayo 7, 2007

Col - Principio de un hallazgo macabro

Lunes, 07 de Mayo de 2007
DESENTERRARON 211 CUERPOS ASESINADOS EN EL SUR COLOMBIANO
Principio de un hallazgo macabro

En todo Colombia se encontraron casi mil cadáveres de asesinados y puestos en fosas comunes por los paramilitares de ultraderecha. La fiscalía tiene documentación para dar con unas 10 mil víctimas.

Por Katalina Vásquez Guzmán
Desde Bogotá

Con los 211 cadáveres exhumados en Putumayo (sur), ya se encontraron casi 1000 cuerpos de desaparecidos en todo Colombia por parte de los paramilitares. En fincas y al borde de carreteras del departamento de Putumayo, limítrofe con Ecuador, fueron hallados 105 cadáveres en 56 fosas comunes, la mayoría de ellos desmembrados y con tiros en la cabeza. Los autores de los crímenes serían los paramilitares del Frente Sur del Putumayo de las Autodefensas, reducto el Bloque Central Bolívar. Según el informe judicial de la Comisión que desenterró los cuerpos este sábado y que se sumaron a otros 106 encontrados en las últimas semanas en la misma zona, el responsable de ordenar la mayoría de los crímenes es Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, ex comandante del Central Bolívar.

El grupo paramilitar ultraderechista llegó a la zona en 1999 para tomar el control del territorio, rico en cultivos de cocaína, hasta entonces dominado por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Macaco está recluido en la Cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí, Antioquia, junto a los demás ex jefes de los grupos paramilitares desmovilizados en un proceso impulsado por el gobierno del presidente Alvaro Uribe y en el marco de la polémica y cuestionada Ley de Justicia y Paz, que les otorga beneficios jurídicos como el de pagar máximo ocho años de cárcel por crímenes como los de Putumayo.

Desde hace más de cuatro semanas, 14 fiscales de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía y 14 funcionarios de criminalística de la Policía Judicial (Dijín) se encontraban en la zona recogiendo información y explorando los terrenos. “Con el trabajo de los investigadores se lograron exhumar 211 cuerpos en Putumayo, con los que son ya casi 1000 los cadáveres de desaparecidos encontrados en todo el país”, le informó a Página/12 el portavoz de la Fiscalía, Rodrigo Barrera.

Los hombres, mujeres y niños encontrados en Putumayo habrían sido asesinados por ser supuestos colaboradores de la guerrilla. Quienes los señalaban recibían dos millones de pesos colombianos (unos mil dólares) de manos de Macaco y Arnolfo Santamaría Galindo, alias Pipa, el segundo al mando del Bloque. Estos y otros paramilitares interrogaban a los ciudadanos, en lugares apartados y boscosos, para después decidir si morían o no. “Por lo general, a quienes caían en sus manos les esperaba la muerte. (...) el cuerpo del supuesto colaborador de la guerrilla era desmembrado y enterrado para no dejar rastro alguno”, relata un documento de inteligencia de la Policía revelado ayer en el diario El País, de Cali.

El presidente Uribe dijo el sábado, en un consejo comunal en Pasto,ciudad al sur del país, que “estamos en la tarea de buscar a todos los compatriotas que se han denunciado en varias décadas como desaparecidos (...) para que por lo menos la tristeza no esté dentro de la incertidumbre”.

Entre los centenares de cadáveres de personas asesinadas por los grupos de autodefensa encontrados este fin de semana había algunos ecuatorianos. “Hay que advertir, en este momento, que parte de las víctimas eran extranjeros, en este caso ecuatorianos”, dijo el fiscal general de la Nación, Mario Igurán, en conferencia de prensa.

Rodrigo Barrera le explicó a este diario que sobre los extranjeros “no se sabe nada todavía. La identificación de los ecuatorianos será especialmente difícil pues no hay ayudas como la entrega de prendas u objetos que, comúnmente, aportan las familias de los desaparecidos”.

El próximo paso en la búsqueda por la verdad sobre los crímenes de los paramilitares en las veredas de El Placer, La Dorada, El Tigre y San Miguel, del municipio de La Hormiga, en el bajo Putumayo, será el de identificar los cuerpos que serán llevados a la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca. La tarea se complica cuando los recursos de laboratorios son escasos en Colombia y la cantidad de restos a identificar va en aumento. Se calcula que podrían ser 3000 los cuerpos todavía enterrados en esa fosas comunes en esa zona del país, según el fiscal Igurán. “Por la gran cantidad de cuerpos encontrados y de los que se están buscando la identificación podría tomar mucho tiempo, pero se estima que pronto se dispondrán los recursos necesarios para agilizar el proceso”, comentó Rodrigo Barrera.

Ayer, Luis González León, director de la Unidad de Justicia y Paz, anunció que ante la magnitud de los hallazgos será necesaria la creación de un centro único de identificación de cadáveres, en Bogotá, y otros regionales que recibirían apoyo de organismos internacionales y de la embajada de Estados Unidos. González dijo también que las fosas se han encontrado gracias a informaciones de desmovilizados de las autodefensas, familiares de las víctimas y habitantes de la zona.

Más fosas que esconden el horror y la crueldad de los paramilitares están siendo buscadas en los departamentos de Antioquia, Magdalena, Caldas y Córdoba. Son cerca de 10 mil los hombres y mujeres víctimas de los “paras” enterrados en fosas comunes, sobre los que la fiscalía tiene documentación. Fiscales, un antropólogo forense, un bacteriólogo, un topógrafo, criminalistas y funcionarios de apoyo viajan por el país en busca de más macabros hallazgos.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-84600-2007-05-07.html

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Mayo 6, 2007

Hallaron fosas comunes con más de 200 cadáveres en Colombia y se sospecha de los paramilitares

Bogotá informó que aún no se ha culminado con el proceso de excavación en la zona por lo que no se descarta que se encuentren nuevos restos humanos. Se presume que podría haber tres mil cuerpos más.

El gobierno de Colombia informó ayer que más de 200 cadáveres fueron hallados en fosas comunes removidas en el departamento colombiano de Putumayo, en la zona fronteriza con Ecuador, donde la justicia estima habría indicios sobre otros 3.000 cuerpos enterrados.

El ministro de Interior y de Justicia, Carlos Holguín, informó del hallazgo de fosas comunes con al menos 200 cadáveres en el selvático departamento de Putumayo, e indicó que aún no se ha culminado el proceso de excavación en la zona por lo que no se descarta que se hallen nuevos restos humanos.

Entre esas estimaciones, el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, afirmó también ayer que se tienen indicios de que hay "por lo menos 3.000 cadáveres" enterrados en fosas comunes en el mismo departamento del sur fronterizo.

"Estamos convencidos de que hay más fosas", afirmó Iguarán al presentar el resultado de excavaciones que terminaron el viernes, por las cuales se encontraron 105 cadáveres, que se sumaron a otros 106 hallados los días previos.

Varios de esos cadáveres corresponden a ciudadanos ecuatorianos, dijo Iguarán, basado en testimonios de vecinos de la región y de familiares de varios desaparecidos.

Luis González, jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la fiscalía, afirmó que ya han sido plenamente identificado el 30 por ciento de los cadáveres y que tienen información para procesar "por varios meses".

Los víctimas habrían sido asesinadas por grupos paramilitares entre 1999 y 2000 cuando hubo crudos enfrentamientos para ganarle el dominio territorial al grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La Fiscalía y la policía judicial (Dijin) vienen realizando esta operación hace cuatro semanas y han localizado una serie de fosas en los municipios de La Hormiga, San Miguel y La Dorada, en base a las confesiones de paramilitares desmovilizados.

El descubrimiento de las fosas se logró gracias a la información que suministraron los confesos ultraderechistas detenidos, que buscan ampararse bajo la cuestionada ley de Justicia y Paz que acordaron organizaciones paramilitares con el gobierno de Alvaro Uribe.

"No deja uno de horrorizarse y sorprenderse de cuanta crueldad hubo en esta guerra", expresó Holguín en declaraciones periodísticas reproducidas por las agencias Ansa y Dpa, al informar el hallazgo de 211 cuerpos.

Los cadáveres encontrados corresponden a campesinos y personas que los ultraderechistas asesinaron "en su insaciable afán para apoderarse del territorio para ponerlo al servicio del narcotráfico", dijo Holguín.

También habría cuerpos de algunos combatientes de grupos guerrilleros y paramilitares.

"Para nadie es un secreto que estas masacres son el producto de una lucha entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las desarmadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por el dominio de ese territorio que era de dominio durante 1999 de la guerrilla", agregó.

Las AUC iniciaron el 1 de julio de 2004 negociaciones de paz con el gobierno del presidente colombiano, en el marco de las cuales se desarmaron unos 31.000 hombres, y aún queda una escuadrilla disidente por desmovilizarse.

Hace diez días, la justicia colombiana halló en una fosa común 78 cadáveres de personas asesinadas por paramilitares en un área rural del municipio sureño de Mapiripán, y se estima que los cuerpos allí enterrados podrían ascender a 400.

De acuerdo con las autoridades, la ubicación exacta de los cadáveres en el departamento de Meta se logró en base a las declaraciones que realizó el desmovilizado jefe paramilitar Manuel de Jesús Pirabán, alias "Jorge pirata", ante la justicia.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=61312&id=147840&sec=1&dis=1

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Abril 28, 2007

Hallan fosa con 57 osamentas de desaparecidos en Colombia

Bogotá, Col. La Fiscalía de Colombia ubicó una fosa clandestina con 57 osamentas de personas desaparecidas en los últimos años, presuntamente secuestradas y asesinadas por grupos paramilitares de ultraderecha en la región de los Llanos Orientales, informó la entidad judicial.

Los restos humanos fueron desenterrados este jueves por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, en el sector rural de La Cooperativa, señaló el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, quien dijo que se trata de “víctimas de una época de terror y de violencia en Colombia”, de la que los paramilitares de ultraderecha fueron protagonistas.

Grupos humanitarios acusan a las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de matar y hacer desaparecer a unas 10 mil personas, la mayoría civiles, en los 20 años de guerra ilegal que han librado contra la insurgencia.

Las fuentes informaron que las 57 osamentas fueron encontradas sepultadas a menos de un metro de profundidad, en fosas comunes ubicadas por los fiscales en el cementerio rural de la población.

El sitio donde estaban enterradas las osamentas fue localizado luego de que paramilitares que se han desmovilizado, a cambio de beneficios judiciales, entregaron datos a las autoridades donde estaban sepultados los restos.

Las AUC aceptaron entregar las armas en 2004, a cambio de penas bajas de prisión, la reclusión de sus jefes en cárceles especiales y el cese de la extradición de los acusados por narcotráfico en Estados Unidos.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2007/04/26/hallan-fosa-con-57-osamentas-de-desaparecidos-en-colombia

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Abril 24, 2007

Col - 'No es suficiente sacar a los muertos para sanar al país'

Abril 23 de 2007 -
'No es suficiente sacar a los muertos para sanar al país'

María Victoria Uribe, antropóloga que ha estudiado como pocos la violencia de los años 50, en Colombia, habla de lo que va de aquella época a la barbarie reciente. 'Hay un problema de duelo tremendo', dice.

¿Cambió algo entre la manera de matar de la violencia de los 50 y de la de ahora?

Solo la sofisticación de las armas. Antes machete, ahora motosierras, fusiles de alta precisión. La cosa se volvió mucho más eficaz. En los años 50, el 70 por ciento de este país era rural; ahora la proporción es inversa y eso tendría que haber incidido en la violencia rural, pero nada ha cambiado.

¿Cómo puede explicarse la brutalidad de los que matan?

No creo que haya una respuesta neutra a esa pregunta, pero sí que la intención es desbaratar al otro, literalmente que ese otro quede irreconocible, la idea es borrarlo. Por eso no basta con pegarle un tiro, sino que hay que castrarlo, decapitarlo, cortarle las manos...

¿Pasa en todos los lugares?

La crueldad es propia de la especie humana. Se vivió en Ruanda, África, con los nazis, pero en Colombia hay persistencia en las prácticas de desmembramiento.

¿Desmembrar a los muertos antes de ponerlos en una fosa ha sido un asunto de comodidad o tiene algún significado?

Ahora predomina la comodidad. Los vuelven pedacitos porque caben en un espacio más pequeño.

En la época de la Violencia había más ritualidad. Se tomaban el tiempo para desmembrarlos y para poner lo de arriba abajo y lo de abajo arriba. Por ejemplo, la cabeza cortada entre las piernas, o el pene en la boca. Había una intención de desordenar para causar terror. También para causar terror los paramilitares desmembran a personas vivas.

¿Qué explica la persistencia de esa maldad en Colombia?

Tenemos un problema de duelo tremendo. Este país ha pasado por unos dolores inconcebibles y una carnicería que no se ve en ninguna parte del continente americano. La gente tiene sus tragedias por dentro, las procesa como puede y trata de seguir viviendo.

¿Se dejó de hacer algo frente a la violencia de los 50 para hacer más sano al país?

Claro. Esa violencia está enterrada en la impunidad absoluta. Nunca se habló de ella, nunca se procesó.

Ahorita debe hacerse lo que sucedió en Sudáfrica, que los colombianos escuchen lo que están contando las víctimas y los paramilitares así sea dolorosísimo.

Si no, ¿la historia tenderá a repetirse?

Todo indica que la seguiremos repitiendo si sepultamos todo bajo un manto de impunidad. Yo garantizaría que en 20 años seguiremos viendo decapitaciones y desmembramientos si no nos atrevemos a socializar lo que pasó.

¿Qué puede cambiar eso hacia el futuro?

Lo que se está ventilando puede tener un efecto, tal vez en la generación de los nietos, para que no se repita esto. El problema es que no se está ventilando suficiente y la única manera de que la sociedad escarmiente sobre crímenes atroces es que conozca lo que pasó. Nosotros estamos bien informados, pero no es información lo que necesitamos, es conocer lo que ha implicado esa violencia. El dolor, el duelo, el desarraigo.

Tiene la esperanza, pero a la vez cree que con lo que está pasando el país no va a sanar...

No porque este es un proceso a medias. Los paramilitares van y confiesan lo que quieren. Sería distinto si fuera como en Sudáfrica, donde el victimario da su versión pero tiene frente a las víctimas que lo confrontan. Hay pequeños experimentos de diálogo entre 'paras' y víctimas en algunas regiones. Eso ayuda.

¿En la época de la Violencia abrían fosas para los muertos?

Como ahora, había 3 mecanismo: botarlos a los ríos, dejarlos para que se los comieran los animales y hacer la fosa para meterlos.

¿Qué efectos tendrá el destape de las fosas?