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Arg - Ni libertad ni prisión domiciliaria para el represor Cattáneo
Arg - Una ex liberada denunció a Bussi y a otros 40 represores por el horror que vivió durante el Operativo Independencia
Arg - Procesaron por genocidio a Bussi por la desaparición de un peronista
Arg - Procesan a Bussi y a Menéndez por genocidio y más de 60 desapariciones
Arg - Un tucumano presenta su libro sobre Desaparecidos de última Dictadura
Arg - En su despedida, Parache procesaría a Bussi por genocidio
Arg - Denuncian que represores acuden a chicanas judiciales para evadir las indagatorias
Arg - Se define el futuro procesal de represores
Arg - "Pretenden hacer creer que Bussi era como Heidi"
Arg - Se define el futuro procesal de represores
Arg - Bussi se escudó en los decretos de Isabel Perón para justificar los crímenes de lesa humanidad
Arg - Familiares y militantes de derechos humanos protestarán en Tribunales Federales
Arg - Por más de seis horas declaró el ex jefe de Inteligencia de la dictadura
Arg - Bussi declararía esta semana en el ex Arsenal
Arg - Piden profundizar una investigación sobre desaparecidos
Arg - Una junta médica determinará el estado de salud del represor Bussi
Arg - La Justicia aún no sabe por qué Bussi no puede declarar
Arg - Solicitarán muestras de ADN a familiares de desaparecidos
Arg - Genocidas al banquillo
Hoy 2 de mayo un hito histórico en Tucumán
Tras su internación, Bussi regresa a cumplir prisión a un ex arsenal
Familiares de Desaparecidos no creen en la "repentina" enfermedad de Bussi
Internaron al represor Antonio Bussi
Operativo Independencia: La violación como forma sistemática de tortura

Julio 5, 2007

Arg - Ni libertad ni prisión domiciliaria para el represor Cattáneo

Otro revés para los represores que están detenidos en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga. El juez federal subrogante Nº 1 Raúl Daniel Bejas rechazó un pedido de excarcelación y de prisión domiciliaria de la defensa del represor Alberto Luis Cattáneo en el marco de la causa en la que se investiga el secuestro de Ceferina Rosa López, Ramón Francisco López y Juan Carlos López, durante los años negros de la última dictadura militar. El fallo contra el ex jefe del Destacamento 142 de Inteligencia y coordinador de la denominada Comunidad de Servicios de Inteligencia –al que tuvo acceso primerafuente- fue firmado por Bejas el 26 de junio pasado y ya fue notificado al abogado Horacio Conesa Mones Ruiz y al fiscal federal Nº1 Emilio Ferrer.

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Arg - Una ex liberada denunció a Bussi y a otros 40 represores por el horror que vivió durante el Operativo Independencia

Después de Vilas, Bussi tomó el mando del Operativo Independencia en Tucumán.

Abogados de H.I.J.O.S presentaron ayer ante el Juzgado Federal Nº 1, a cargo del juez subrogante Daniel Bejas, una querella en representación de una mujer obrera que estuvo detenida en los centros clandestinos de detención y luego fue liberada durante el Operativo Independencia que marcó el inicio del plan de aniquilamiento del último gobierno militar. Además del ex gobernador de facto Antonio Domingo Bussi, están denunciados Vilas, Menéndez, Zimmermann y Cattáneo, entre otras decenas de represores. En la lista también figura la ex presidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón, quien firmó el Decreto Secreto Nº 261 del 5 de febrero de 1975 que ordenaba al ejército aniquilar la subversión.

Otra víctima del horror que se vivió durante los años negros de los ‘70 -y que hoy puede contar su historia- denunció al ex gobernador de facto Antonio Domingo Bussi y a otros 40 represores por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del delito internacional de genocidio durante el Operativo Independencia. Abogados de H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) presentaron ayer ante el Juzgado Federal Nº 1, a cargo del juez subrogante Daniel Bejas, una querella en representación de una mujer –cuya identidad se mantiene en reserva- que estuvo detenida en los centros clandestinos de detención y luego fue liberada durante el operativo que marcó el inicio del plan de aniquilamiento del último gobierno militar.

En esta causa están involucrados además de Bussi, Acdel Vilas (que estuvo al mando en el inicio del Operativo Independencia); Luciano Benjamín Menéndez (ex jefe del III Cuerpo del Ejército), Alberto Cattáneo (ex jefe del Destacamento 142 de Inteligencia y coordinador de la denominada Comunidad de Servicios de Inteligencia) y a Mario Alberto Zimmermann (ex jefe de la Policía entre abril de 1976 y junio de 1977), entre otras decenas de represores que están acusados de secuestros, tormentos, torturas, privación ilegítima de la libertad ytorturas de índole sexual, cometidos en el marco del genocidio. La abogada Julia Vitar, una de las querellantes, precisó a primerafuente que también está acusada la ex presidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón, y los ministros que acordaron la firma del Decreto Secreto Nº 261 del 5 de febrero de 1975 que ordenaba al ejército “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”.

En la presentación judicial que busca demostrar que el exterminio comenzó en Tucumán con el inicio del Operativo Independencia., los abogados tomaron como precedentes la condena al ex comisario Miguel Etchecolatz en La Plata, y el posterior procesamiento por genocidio contra Bussi, Menéndez, Zimmermann y Cattáneo realizado en junio pasado por el juez federal subrogante Daniel Bejas en el marco de la causa del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga.

En el expediente, los abogados también le solicitaron al magistrado que este caso sea conexado con la causa madre: "Martínez de Perón, Estela; Vilas, Acdel y otros s/ privación ilegítima de la libertad, tortura y otros" (Expte. Nro. 1015/04), que fue presentada por la abogada querellante Laura Figueroa.

En el caso específico de la mujer liberada, Vitar comentó que se trata de una obrera que militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores, y que por ello fue víctima de una persecución política por parte del régimen militar, que la mantuvo en cautiverio desde mayo de 1975 hasta junio de ese año.


El circuito represivo

“El objetivo es poner de manifiesto cómo los diferentes lugares donde se mantenían secuestradas a las víctimas eran parte de un circuito represivo por el que transitaba el detenido y que finalizaba con la siguiente “desaparición” o su “blanqueo”. Este circuito comprendía los siguientes Centros Clandestinos de Detención: La Escuelita de Famaillá, La Jefatura de Policía y el penal de Villa Urquiza, lugar este último, donde eran llevados quienes eran puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o procesados mediante inconstitucionales leyes como la ley 20.840 (personas denominadas "blanqueadas")”, recalcaron los abogados de H.I.J.O.S que presentaron la querella, Julia Vitar y Emilio Guagnini.

Con la ratificación de esta denuncia, los letrados apelaron al compromiso asumido por el juez federal subrogante Nº1, Daniel Bejas, para agilizar las causas de la dictadura para llegar de una vez por todas al juzgamiento y castigo de los procesados.

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Junio 26, 2007

Arg - Procesaron por genocidio a Bussi por la desaparición de un peronista

Se complica aún más la situación procesal del represor Antonio Domingo Bussi. En el marco de un nuevo expediente -conexo a la causa del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga-, el juez federal subrogante Nº1, Daniel Bejas, procesó al ex gobernador de facto por los delitos de genocidio, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas o vejaciones, torturas seguidas de muerte, desaparición forzada de personas y asociación ilícita agravada. Esta vez por la desaparición y presunta muerte del ex presidente del Senado provincial, el justicialista Dardo Francisco Molina, quien fue visto por última vez el 15 de diciembre de 1976 y cuyo cuerpo habrìa sido enterrado a metros del Dique El Cadillal. El fallo, que fue firmado el 21 de junio pasado, alcanza a los generales retirados Luciano Benjamín Menéndez y a Albino Mario Alberto Zimmermann. A los tres imputados, el magistrado les trabó un embargo en los bienes por un monto de $1.000.000. Este procesamiento se suma al que se dictó en la causa por 65 víctimas que pasaron por el ex Centro Clandestino de Detención que funcionó durante los años sangrientos de la última dictadura.

http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=35388

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Junio 22, 2007

Arg - Procesan a Bussi y a Menéndez por genocidio y más de 60 desapariciones


(168 Horas - Télam - Viernes 22 de junio de 2007) Un juez federal procesó hoy a los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez por el delito de genocidio y la desaparición de más de 60 personas durante la última dictadura militar.

La resolución fue dispuesta por Daniel Bejas, a cargo del Juzgado Federal número uno de esta ciudad, en el marco de la causa en la que investiga la existencia de un centro clandestino de detención en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga.

Aunque Bussi y Menéndez están procesados en una decena de causas es la primera vez que les imputan el delito de genocidio, previsto en los tratados internacionales, suscriptos por la Argentina y que tienen rango constitucional desde 1994.

Bejas imputó al ex gobernador de facto (1976 y 1977), a Menéndez y a Albino Zimmerman (ex jefe de la policía tucumana), de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas y asociación ilícita.

El magistrado ordenó, además, la traba de embargos por 65 millones de pesos en el caso de Bussi, y de 64 millones de pesos en los de Menéndez, Zimmerman y Alberto Luis Cattáneo, en la causa en la que se investiga -entre otras- la desaparición del estudiante Luis Eduardo Falú, en septiembre de 1976.

"Las prácticas aberrantes realizadas contra los detenidos por parte de agentes públicos amparados en la vigencia del terrorismo de Estado configuran apremios ilegales, con padecimientos psíquicos y morales. Existió un plan criminal. Cada 15 días ejecutaban prisioneros, que habrían sido más de 1.000 en el ex arsenal", aseveró Bejas.

El abogado de Bussi y Menéndez, Horacio Conessa Mones Ruiz, calificó de inadmisible el procesamiento "teniendo en cuenta que, para poder dictar esta medida, el magistrado antes debía resolver una serie de nulidades presentadas por la defensa".

Bussi, Zimmerman y Cattáneo se encuentran detenidos en el ex arsenal (está ubicado en las afueras de la capital tucumana), que hoy se denomina Base de Apoyo Logístico y que depende de la Quinta Brigada Mecanizada, con asiento en Salta.

Desde el 16 de marzo de 2006, Bussi cumple prisión preventiva en el ex arsenal y cada vez que, procedente de Córdoba, Menéndez viene a Tucumán a declarar en algunas de las 500 causas en las que está imputado (o procesado), también se aloja allí.

Sobre los dos militares retirados pesa media decena de órdenes de prisión preventiva en causas en las que se investigan desapariciones de personas, dado que, entre 1976 y 1977, Bussi estuvo al mando de la V Brigada de Infantería, que dependía del III Cuerpo de Ejército, que encabezaba Menéndez.

Bussi está detenido por orden del ex juez federal Parache (a quien reemplaza Bejas) desde el 15 de octubre de 2003, lo que impidió que asumiera como intendente de la capital tucumana, cargo para el que había sido elegido durante los comicios del 26 de
junio de ese año.

El fundador del partido Fuerza Republicana le había ganado por sólo 17 votos al justicialista Gerónimo Vargas Aignasse (hoy diputado nacional), hijo del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, por cuya desaparición, en 1976, fue ordenada la primera prisión preventiva contra Bussi y Menéndez.

En diciembre de 2003, Parache autorizó que Bussi cumpliera arresto domiciliario (por su edad, ya que entonces tenía 77 años, y por sus problemas cardíacos) en la Capital Federal, y en marzo de 2006 fue trasladado a Tucumán luego de que forenses determinaran que no corría peligro su vida si viajaba en un avión sanitario.

http://168horas.com.ar/070622/070622_82.htm


La familia de Bussi dice que el fallo contra el ex gobernador es “político”

El hijo del ex militar dijo que la decisión del juez federal Sergio Torres no lo sorprende. “No deja de ser una decisión que sigue los alineamientos de perseguir a mi padre y a sus camaradas”, explicó. También en defensa de su padre, señaló que “no hay que olvidar que durante los años ’70 hubo una guerra contrainsurgente”.

La familia del represor Antonio Bussi calificó de "político" el fallo por el cual fue procesado por la comisión del delito de genocidio, por la desaparición de 65 personas en un ex arsenal durante la dictadura militar.

"Esto no me sorprende. No deja de ser una decisión que sigue los alineamientos de perseguir a mi padre y a sus camaradas de armas, sacando los hechos del contexto histórico en que se produjeron", aseguró a Télam Luis José Bussi.

El abogado y dirigente de Fuerza Republicana, el partido que fundó su padre en 1987, insistió en que "no hay que olvidar que durante los años ’70 hubo una guerra contrainsurgente que había sido planteada por organizaciones extremistas que, por las fuerzas de las armas, querían imponer un gobierno marxista".

A diferencia de lo que piensan en la familia de Bussi, el juez Daniel Bejas, a cargo interinamente del juzgado federal número uno desde el 1 de junio, aseguró en el fallo que la decisión constituye "el primer paso para conocer y esclarecer qué pasó en
Tucumán durante aquellos años".

En la causa en la que investiga la existencia de un centro clandestino de detención de personas en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, Bejas procesó al ex gobernador de facto (1976 y 1977), al igual que a Luciano Menéndez, a Albino Zimmerman (ex jefe de la Policía de la provincia) y al también militar Alberto Cattáneo.

El juez interino encontró a los militares retirados presuntos responsables, además de genocidio, de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas, asociación ilícita y, en el caso de Bussi, de homicidio calificado.

Además, el magistrado ordenó la traba de embargos por 65 millones de pesos en el caso de Bussi, y de 64 millones de pesos en los de Menéndez, Zimmerman y Cattáneo, en la causa en la que se investiga -entre otras- la desaparición del estudiante Luis
Eduardo Falú, ocurrida en septiembre de 1976.

Bussi, Zimmerman y Cattáneo se encuentran detenidos en el ex arsenal (está ubicado en las afueras de la capital tucumana), que hoy se denomina Base de Apoyo Logístico y que depende de la Quinta Brigada Mecanizada, con asiento en Salta.

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Junio 11, 2007

Arg - Un tucumano presenta su libro sobre Desaparecidos de última Dictadura

Este viernes 13, a las 20 hs, en el Centro Cultural Rougés, Laprida 31 será la presentación del libro "La Canción de Trilce" de Héctor Arturo Cabot . Es docente y escritor, nació el 20 de Abril de 1945, en San Miguel de Tucumán. Ha publicado unos cinco libros, obtuvo premios y sus textos han sido incluidos en antologías nacionales y extrajeras. "La Canción de Trilce", es su última novela y narra la historia de Rosa Delia Cabot, su prima desaparecida el 10 de junio de 1976 en Buenos Aires. La presentación del libro estará a cargo de la Dra. María del Carmen Tacconi de Gómez y de la Escritora Honoria Zelaya de Nader.

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Mayo 31, 2007

Arg - En su despedida, Parache procesaría a Bussi por genocidio

En su último día al frente del Juzgado Federal Nº 1, Jorge Parache, daría a conocer su resolución en la que decidiría por primera vez el procesamiento por genocidio a los represores Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Mario Zimmerman y Alberto Cattáneo, en el marco de la causa del ex Arsenal. La esperada resolución tendría más de 300 fojas. A las 18, asume como juez subrogante Daniel Bejas, quien se hará cargo de las causas de la dictadura y de los delitos electorales.


En su último día a cargo del Juzgado federal Nº 1, Jorge Parache firmaría (si no lo hizo anoche) una resolución clave en el avance de las causas de los años sangrientos de la última dictadura militar. Decidirá si procesa o no por primera vez por el delito de genocidio al represor Antonio Domingo Bussi. En la esperada resolución, que constaría de más de 300 fojas, Parache también incluirá a Luciano Benjamín Menéndez (ex jefe del III Cuerpo del Ejército), Mario Alberto Zimmerman (fue jefe de Policía entre abril de 1976 y junio de 1977), y a Alberto Luis Cattáneo (ex jefe del Destacamento 142 de Inteligencia y coordinador de la denominada Comunidad de Servicios de Inteligencia).

Los cuatro represores ya pasaron por las indagatorias y en ellas solamente abrieron la boca para negar todos los hechos imputados en el marco de la megacausa en la que se investigan todos los delitos que constituyeron genocidio contra cientos de víctimas que fueron detenidas y fusiladas en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga que funcionó como un Centro Clandestino de Detención durante el gobierno militar que se inició en 1976. Este expediente está encabezado por la desaparición de Julio César Campopiano, un joven poeta de 18 años que fue secuestrado el 22 de octubre de 1976.

Luego de ocupar 22 años este cargo, hoy será el último día de trabajo de Parache al frente del juzgado Nº 1 tras su renuncia (que fue aceptada por el presidente Néstor Kirchner) para evitar que se inicie un proceso de destitución en su contra por presuntas irregularidades en la tramitación de causas de bonos del default, aunque ahora sigue involucrado en un expediente penal a cargo del juez federal subrogante Nº 2 Mario Racedo.

Parache fue quien procesó con prisión preventiva a Bussi en la primera causa reactivada en la provincia (por el secuestro y desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse) el 15 de octubre de 2003. Ahora, el cambio de magistrado también generó incertidumbre en familiares de desaparecidos y dirigentes de los organismos de derechos humanos ante cómo será la postura que adoptará Daniel Bejas frente de las cientos de causas de la dictadura que todavía esperan definiciones camino al juicio oral y público.

http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_nota=34889

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Arg - Denuncian que represores acuden a chicanas judiciales para evadir las indagatorias

Representantes de los organismos de Derechos Humanos denunciaron públicamente que cinco (de los quince) miembros de la Gendarmería Nacional Argentina, que ya debieron ser indagados por la Justicia Federal, acuden a “chicanas judiciales” para evadir este paso procesal en el marco de la causa por el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga. “Se trata de nuevas maniobras por parte de la defensa de los participes en el plan sistemático de terrorismo de Estado implementado en nuestra provincia por la última dictadura”, recalcaron a través de un comunicado de prensa.

“Al ya clásico recurso del certificado médico se suma ahora el pedido de defensores de reclamar la presencia en el expediente de los legajos de los represores con sus fojas de servicio en esa época”, alertaron.

A esto agregaron: “Ahora, pretendiendo descalificar los testimonios aportado por la querella y la fiscalía, pide la defensa de los genocidas, una prueba en la que no está registrado el itinerario criminal de los gendarmes Celso Alberto Barraza; Benito Palomo; Carlos Lafuente; Ernesto Rivero ; Juan Carlos Riso Avellaneda y Oscar Aurelio Soto ni de los gendarmes que aun falta concurrir. En ningún lugar va a constar, oficialmente, que eran destinados a prestar "servicios" en un lugar clandestino, de exterminio como lo fue el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde tenían la función de fusilar, torturar, quemar los cuerpos de las víctimas del terrorismo de Estado, entre otras acciones”.

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Mayo 30, 2007

Arg - Se define el futuro procesal de represores

La próxima semana, el titular del juzgado federal Nº 1, Jorge Parache, resolvería la situación procesal de Antonio Bussi, Mario Albino Zimmerman, Luciano Benjamín Menéndez y Alberto Cattáneo en la investigación sobre la existencia de un campo clandestino de detención y exterminio de personas en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, en los años 70. El Juzgado Federal Nº 2 resolvió que las indagatorias sean tomadas por el Delito Internacional de Genocidio al entender que la conducta desplegada por las fuerzas de seguridad en contra de cientos de personas llevada a cabo en el país entre 1976 y 1983, se encuentra en ese delito. Es la primera vez que la Justicia Federal realiza indagatorias a partir del criterio de conexidad, en este caso, todas las causas conexas de un Centro clandestino. Esto es considerado fundamental por los organismos de derechos humanos para construir la memoria colectiva de lo que fue el Terrorismo de Estado en Argentina durante la última Dictadura Militar. Mientras se define el futuro procesal de los máximos jefes militares, se mantienen firmes las fechas de nuevas audiencias indagatorias. Mañana deberá presentarse Oscar Soto.

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Mayo 23, 2007

Arg - "Pretenden hacer creer que Bussi era como Heidi"

Bernardo Lobo Bugeau, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, aseguró que el represor Antonio Bussi no podía desconocer que funcionaba un centro clandestino de detención de personas en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, donde hoy el militar se encuentra detenido.

"Bussi y su defensor, Horacio Conesa Mones Ruiz, trabajan en hacer creer que los dictadores despóticos eran Heidi".

Así lo aseveró , Lobo Bugeau, quien en la actualidad asesora a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en las más de 500 causas en la que está imputado el represor por su actuación durante la última dictadura militar. Lobo fue el primer secretario de Derechos Humanos de Tucumán, en los inicios de la asminisstración del gobernador José Alperovich.

Lobo Bugeau insistió en que "es inverosímil que Bussi, que se desempeñó como comandante de la V Brigada de Infantería e interventor militar de Tucumán desde diciembre de 1975 hasta diciembre de 1977, desconociera la instalación, organización, funcionamiento y jerarquía de los mandos a su cargo en los centros clandestinos de detención".

"El poder estaba concentrado en su persona como comandante de la región. Se había cerrado la Legislatura y secuestrado a su presidente (Dardo Molina,que permanece desaparecido), y se controlaba al Poder Judicial y quienes no compartían estrambóticos instrumentos eran echados de la magistratura", manifestó a la prensa el letrado.

Durante esta semana, el juez federal Jorge Parache debe resolver la situación procesal de Bussi en la causa Arsenal Miguel de Azcuénaga que reune unos 60 casos de víctimas del Terrorismo de Estado y en la que ha sido imputado el delito de genocidio. El represor ya está procesado en media docena de otros expedientes por violaciones a los derechos humanos.

La semana pasada Parache se trasladó hasta el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, donde Bussi cumple la prisión preventiva, para indagarlo en el lugar -porque el militar retirado tiene problemas cardíacos.

Desde el 16 de marzo de 2006 Bussi cumple prisión preventiva en el ex arsenal y cada vez que, procedente de Córdoba, Luciano Benjamín Menéndez viene a Tucumán a declarar en algunas de las 500 causas en las que está imputado (o procesado) también se aloja allí. .

Sobre los dos militares retirados pesa una media decena de órdenes de prisión preventiva en causas en las que se investigan desapariciones de personas, teniendo en cuenta que, entre 1976 y 1977, Bussi estuvo al mando de la V Brigada de Infantería, que dependía del III Cuerpo de Ejército, que encabezaba Menéndez.

http://www.tucumanhoy.com/VerNotaCompleta.py?IDNOTA=746

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Arg - Se define el futuro procesal de represores

Durante esta semana, el titular del juzgado federal Nº 1, Jorge Parache, podría resolver la situación procesal de Antonio Bussi, Mario Albino Zimmerman, Luciano Benjamín Menéndez y Alberto Cattáneo en la investigación sobre la existencia de un campo clandestino de detención y exterminio de personas en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, en los años 70. El Juzgado Federal Nº 2 resolvió que las indagatorias sean tomadas por el Delito Internacional de Genocidio al entender que la conducta desplegada por las fuerzas de seguridad en contra de cientos de personas llevada a cabo en el país entre 1976 y 1983, se encuentra en ese delito. Es la primera vez que la Justicia Federal realiza indagatorias a partir del criterio de conexidad, en este caso, todas las causas conexas de un Centro clandestino. Esto es considerado fundamental por los organismos de derechos humanos para construir la memoria colectiva de lo que fue el Terrorismo de Estado en Argentina durante la última Dictadura Militar. Mientras se define el futuro procesal de los máximos jefes militares, se mantienen firmes las fechas de nuevas audiencias indagatorias. El 24 de mayo deberá presentarse ante Parache Ernesto Rivero.

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Mayo 17, 2007

Arg - Bussi se escudó en los decretos de Isabel Perón para justificar los crímenes de lesa humanidad

El médico forense dijo que estaba en condiciones de prestar declaración y lo hizo por varias horas. El general represor aportó pruebas documentales de la época, dijo que luchó contra el terrorismo internacional y le pidió al Juez Parache que prestara particular atención a las pruebas aportadas.

Los organismos exigieron que la justicia acelere los procedimientos y que se expida por la realización de los juicios orales.

Finalmente, el juez federal Jorge Parache indagó a Antonio Bussi y a Mario Albino Zimmerman en el lugar donde guardan prisión preventiva por acusaciones en una docena de causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, época en la que estuvieron al frente de las prácticas de terrorismo de Estado aplicadas en Tucumán.

La requisitoria corresponde a la etapa de la instrucción de la causa “Arsenal Miguel de Azcuénaga, en la que están conectados alrededor de sesenta expedientes judiciales que dan cuenta de unos ochenta casos de personas detenidas desaparecidas, ajusticiadas o muertas bajo tortura en el mencionado predio militar, considerado un campo de exterminio por los organismos de derechos humanos. Por estas características, el juez Parache imputó a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Gendarmería Nacional involucrados en la causa por el delito internacional de genocidio, y bajo ese cargo, se llevó la indagatoria.

Previamente, el médico forense de la Justicia Federal, de apellido Aciar sometió a Antonio Bussi a una auscultación médica debido a que una semana antes de que comenzaran las indagatoria, el represor fue internado con un diagnóstico de dolencias cardíacas. Sin embargo, y tras la manifestación del abogado defensor del militar de que quería declarar en la causa Arsenales, Aciar informó al juzgado que Bussi estaba en condiciones de ser indagado. No fue el caso de Zimmerman, quien alegó no estar en un buen estado de salud.

LA DECLARACIÓN DE BUSSI

El represor, a través de su abogado, Horacio Conesa Mones Ruiz presentó lo que consideraron “prueba documental de la época”, consistente en doscientos sesenta fojas presentadas como aval de acontecimientos que tuvieran lugar en los ’70. En este sentido reiteraron la línea de defensa ya expuesta con Luciano Benjamín Menéndez que sostiene que el accionar de las fuerzas conjuntas de seguridad fue una respuesta “a una guerra promovida por el terrorismo internacional”.

A través de los textos, Bussi se propone demostrar, como es de esperar, quiénes son los promotores de esa guerra, excluyendo de esa responsabilidad a las Fuerzas Armadas y refutando de esa manera las imputaciones que aparecen en la causa “Arsenales”, entre ellas, la de comisión del delito de genocidio, contra grupos nacionales, como alegan la querella y la fiscalía, a cargo del doctor Emilio Ferrer.

Sobre este punto, la abogada querellante, Laura Figueroa ya había explicado a la prensa que la imputación por genocidio contra grupos nacionales, “tiraba por tierra el discurso de las fuerzas de seguridad en cuanto que en Tucumán se llevó adelante una guerra y que las personas desaparecidas y/o muertas fueron consecuencia de un conflicto bélico interno”.

Por otro lado, Conesa Mones Ruiz aportó documentación periodística de la época, los decretos del Poder Ejecutivo Nacional de entonces por el que se declarara el estado de sitio y las razones de esa declaración, además de las resoluciones por las que las organizaciones político militares Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros fueron declaradas “fuera de la ley” . Como en casi todas las causas en la que están involucrados los militares y policías del Proceso, presentaron como atenuante de su accionar, los cuatro decreto emitidos durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón que establecen el “aniquilamiento del terrorismo”. En los escritos presentados, también se intenta justificar el accionar militar en directivas impartidas por el entonces Consejo de Seguridad Nacional. Bussi pidió al juez Jorge Parache que le prestara “particular atención a las pruebas aportadas”.

Según lo anticipó, la próxima semana el abogado de Bussi opondrá las excepciones previas a la acción penal porque sostiene “que después de 30 años, es totalmente extemporáneo el proceso que se lleva adelante”.

MANIFESTACIONES FRENTE AL JUZGADO

Los organismos de derechos humanos junto a organizaciones políticas se concentraron frente a la sede del Juzgado Federal y no se hicieron presentes en el Arsenal Miguel de Azcuénaga como se pensó que lo harían. Voceros de los diferentes grupos explicaron que este es el tiempo de la Justicia a la que le exigen que “se ponga a la altura de las demandas sociales que exigen juicio y castigo a los responsables del genocidio en Tucumán”.

La presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Tucumán, Virginia Sosa, destacó asimismo, que además de exigir una justicia rápida, se requiere una justicia coherente y conocedora de la temática de los derechos humanos a la que calificó de “compleja”. Al respecto, puso como ejemplo los fallos de la Cámara de Apelación de la Justicia Federal de Tucumán, que ordenó la prisión domiciliaria del Antonio Bussi, y la libertad provisoria de una mujer, civil, acusada de haber participado en casos torturas contra detenidos desaparecidos, en el Arsenal Miguel de Azcuénaga entre 1976 y 1977.

Hoy se espera que preste declaración, un gendarme de apellido Palomo, con un alto grado jerárquico dentro de la fuerza.

Isauro Martínez
http://www.tucumanhoy.com/VerNotaCompleta.py?IDNOTA=674

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Mayo 16, 2007

Arg - Familiares y militantes de derechos humanos protestarán en Tribunales Federales

Molestos con los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, familiares e hijos de desaparecidos y militantes de agrupaciones en defensa de los derechos humanos se concentrarán hoy, a partir de las 9, en el edificio de Tribunales Federales, en Las Piedras y Congreso, para exigir una vez más juicio y castigo a los represores que cometieron delitos de lesa humanidad durante el último gobierno militar.

La manifestación se realizará al mismo tiempo que el renunciante juez federal Nº 1, Jorge Parache, se encuentre en el ex Arsenal tomándole declaración indagatoria a los represores Antonio Domingo Bussi y Mario Alberto Zimmerman. “La concentración se hará en Tribunales porque allí es donde se toman las decisiones en cuanto a las causas de la dictadura”, explicó la abogada Laura Figueroa ante la consulta de por qué la protesta no se realiza en el predio militar.

“Hay mucho malestar con la Cámara Federal por sus fallos a favor de la prisión domiciliaria de Bussi y de la libertad de Susana Auad alias “La Piturra”. Creemos que hay una desidia en cuanto a todo el desenvolvimiento de estas causas, por ello vemos una Cámara ausente”, expresó la letrada, querellante en la causa del ex Arsenal.

http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_nota=34561

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Arg - Por más de seis horas declaró el ex jefe de Inteligencia de la dictadura

En el marco de la ronda de indagatorias, el ex jefe de Inteligencia Alberto Luis Cattáneo se sometió a las preguntas de la Justicia Federal en el marco de la causa en la que se investiga el delito de genocidio cometido contra cientos de víctimas que fueron detenidas en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga. En cambio, el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, volvió a negarse a declarar. Hoy, el juez federal Parache se trasladará al ex Arsenal para indagar a Bussi y a Zimmerman.

Por más de seis horas estuvieron ayer los represores Luciano Benjamín Menéndez y Alberto Luis Cattáneo en la Secretaría de Derechos Humanos de la Justicia Federal, para cumplir con el acto de la declaración indagatoria en el marco de la causa del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga. Como estaba previsto, el primero se abstuvo de declarar (ante la ampliación de las imputaciones en su contra) mientras que el segundo se sometió a las preguntas del secretario Norberto Véliz, quien investiga por primera vez el delito de genocidio cometido en el ex Arsenal que funcionó como Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura militar.

En su segunda citación judicial en lo que va del mes, Menéndez respiró tranquilo porque llegó a un inactivo Tribunales Federales (por el paro de los empleados) y sin la presencia de familiares e hijos de desaparecidos, quienes fueron víctimas el 2 de mayo pasado de agresiones por parte de la Policía mientras repudiaban al represor cuando se retiraba del edificio de Las Piedras y Congreso.

En un acostumbrado hermetismo y acompañados del abogado defensor Horacio Conesa Mones Ruiz, ambos represores llegaron después de las 8 y se retiraron después de las 14 de la Justicia Federal. Si bien Menéndez siguió con su postura y no abrió la boca ante las nuevas acusaciones en su contra, la indagatoria se extendió debido a que Cattáneo, quien fue jefe del Destacamento 142 de Inteligencia y coordinador de la denominada Comunidad de Servicios de Inteligencia, sí contestó a las imputaciones en su contra por el delito de genocidio.

La megacausa del ex Arsenal reúne los casos de más de 200 víctimas que fueron detenidas y fusiladas en ese lugar está encabezada por la desaparición de Julio César Campopiano, un joven poeta de 18 años que fue secuestrado el 22 de octubre de 1976. Debido a la extensión de la indagatoria, al cierre de esta edición no se pudo saber los detalles de la declaración de Cattáneo.

http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=34573

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Mayo 15, 2007

Arg - Bussi declararía esta semana en el ex Arsenal

El represor, Antonio Domingo Bussi, recibiría en las proximas horas la visita de un grupo de médicos quienes determinarán si el ex militar está en condiciones de prestar declaración y de trasladarse a los Tribunales Federales o un funcionario Judicial le tomará declaración en el arsenal Miguel de Azcuénaga.

En caso de que el resultado sea negativo, el renunciante juez Jorge Parache, se trasladaría el próximo miércoles al ex arsenal para tomarles declaración indagatoria a los represores Antonio Domingo Bussi y Mario Alberto Zimmerman. Así lo confirmó el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Norberto Véliz.

Recordemos que están acusados por el delito de genocidio que se cometió contra más de 200 víctimas que fueron torturadas y fusiladas en el ex arsenal, que funcionó como Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura.

Por su parte el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, deberá presentarse por segunda vez el 15 de mayo próximo para ampliar su declaración indagatoria.

En tanto, todavía no se sabe que pasará con el traslado de Bussi tras ser beneficiado con el arresto domiciliario, luego de que la defensa del represor, a cargo de Horacio Conesa Mones Ruiz, apeló la resolución solicitando que sea llevado a un domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la última palabra está en manos de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

http://www.tucumanaldia.com.ar/index.php?ID=21591

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Mayo 11, 2007

Arg - Piden profundizar una investigación sobre desaparecidos

Funcionarios nacionales instan a indagar sobre el destino de santiagueños que fueron secuestrados y cautivos en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga.
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Los representantes jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación insistieron en la necesidad de que se profundice la investigación sobre las desapariciones ocurridas durante la última dictadura militar en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Luis Alén, jefe de gabinete de la Secretaría, junto con Héctor Carabajal y Bernardo Lobo Bugeau, asistentes jurídicos de la Secretaría en Santiago del Estero y en Tucumán, subrayaron que la investigación debe girar sobre “el destino, búsqueda, e identificación de los cuerpos de dirigentes santiagueños secuestrados y mantenidos cautivos en el arsenal”.

Los funcionarios manifestaron que “el Estado Nacional pone a disposición todos los registros, cuerpos de profesionales y herramientas logísticas a fin del esclarecimiento de hechos de dictadura sucedidos entre 1975 y 1983”.

La semana pasada, el ex titular del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, se negó a declarar ante el juez federal Jorge Parache acerca de las desapariciones que se produjeron en la unidad militar, en la que está detenido el ex gobernador Antonio Bussi.

En los ex arsenales -ubicados en las afueras de la capital tucumana- habrían muerto 154 personas y habrían sido torturadas otras 1.000.

En forma paralela, Mario Racedo, a cargo del juzgado federal número dos, investiga la posible existencia de restos humanos enterrados en la unidad militar.

Racedo considera que la investigación no puede seguir adelante por la eventual existencia de explosivos ocultos, que antes deberían ser desactivados, para lo cual es necesario un presupuesto extra.

Como consecuencia, la semana pasada, Racedo viajó a Buenos Aires y gestionó fondos para la investigación. (Télam)

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Mayo 9, 2007

Arg - Una junta médica determinará el estado de salud del represor Bussi

Es porque no prestará mañana declaración indagatoria en una de las cientos de causas en la que está imputado por violaciones a los derechos humanos. Con el examen, solicitado por la Justicia, se determinará cuándo el ex gobernador estará en condiciones de prestar testimonio.

El represor Antonio Bussi no prestará mañana declaración indagatoria en una de las cientos de causas en la que está imputado por violaciones a los derechos humanos y una junta médica determinará cuándo se encontraría en condiciones de hacerlo.

El juez federal Jorge Parache solicitó al Sistema Provincial de Salud que disponga que especialistas examinen al ex gobernador en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, donde se encuentra detenido desde marzo de 2006.

El magistrado tomó la decisión, pese a que Julio César Picón, médico de la Justicia Federal, dictaminó que Bussi no estaba en condiciones de declarar durante los próximos 60 días.

"Pese a lo aconsejado por Picón, Bussi quiere declarar en el ex arsenal, cuando lo disponga el juez", aseguró hoy a Télam Horacio Conesa Mones Ruiz, abogado del ex titular de la V Brigada de Infantería entre 1976 y 1977.

Al igual que Bussi, el lunes tampoco declaró Mario Albino Zimmerman, jefe de la Policía entre 1976 y 1977, que también se encuentra detenido en el ex arsenal, ubicado en las afueras de la capital tucumana, sobre la ruta 9.

"Zimmerman fue recientemente operado, porque tenía una obstrucción arterial del 85 por ciento. Ahora se recupera y está en cama", manifestó Conesa Mones Ruiz, que también defiende al militar retirado.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=61611&id=148469&sec=1&dis=1

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Arg - La Justicia aún no sabe por qué Bussi no puede declarar

Por: PRIMERA FUENTE
Fecha

Ante las fuertes dudas sobre su incapacidad para someterse a una declaración indagatoria, el renunciante juez federal Nº 1, Jorge Parache, le solicitó ayer al presidente del Siprosa que designe una Junta Médica para que determine el real estado de salud del represor Antonio Domingo Bussi. El médico oficial de la Nación Julio César Picón dictaminó que el ex gobernador de facto no está en condiciones de prestar declaración indagatoria ni en el Juzgado ni en el ex arsenal. Esta nueva encrucijada judicial terminó en la suspensión de la indagatoria contra Bussi, que estaba prevista para el 10 de mayo próximo en el marco de la megacausa del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga.

La salud de Antonio Domingo Bussi sigue despertando más dudas que certezas. A pesar de que el médico oficial de la Nación Julio César Picón sostuvo -sin dar detalles- que el represor no puede prestar declaración indagatoria, aún no está dicha la última palabra respecto a la salud del ex gobernador de facto.

Por ello, el renunciante juez federal Nº 1, Jorge Parache, decidió ayer pedirle al presidente del Siprosa que designe una Junta Médica para que determine en forma fehaciente el real estado clínico, cardiológico y neurológico de Bussi. El pedido fue elevado al titular del Siprosa, cargo que ocupa actualmente el ministro de Salud Pública Juan Manzur, quien deberá designar ahora tres médicos (clínico, cardiólogo y neurólogo) para que se conforme el tribunal profesional.

Según altas fuentes judiciales, en su informe, Picón coarta cualquier posibilidad para que Bussi cumpla con el paso de la indagatoria ya que aclara, sin dar argumentos médicos, que no está en condiciones de hacerlo ni en el Juzgado ni en el ex arsenal, donde permanece alojado desde el miércoles pasado, cuando le dieron el alta en el sanatorio Galeno. Allí estuvo internado cinco días tras sufrir una descompensación cardíaca y una infección en los pulmones.

En esta nueva encrucijada judicial (aparentemente impulsada por la defensa de Bussi a cargo de Horacio Conesa Mones Ruiz) quedó suspendida la citación a prestar declaración indagatoria contra Bussi que estaba prevista para el 10 de mayo próximo en el marco de la megacausa del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga en la que se investiga por primera vez el delito de genocidio que se cometió contra más de 200 personas que fueron detenidas y torturadas en ese centro de exterminio que actuó durante la última dictadura militar.

http://www.argenpress.info/nota.asp?num=042388&Parte=0

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Mayo 8, 2007

Arg - Solicitarán muestras de ADN a familiares de desaparecidos

Los abogados de las organizaciones de Derechos Humanos, el jueves o viernes próximos, le pedirán al Fiscal Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, que autorice la extracción de sangre de los familiares de los 11 santiagueños que son buscados en Tucumán, desaparecidos durante la dictadura. Desde Tucumán, los abogados de les hicieron llegar a sus pares de Santiago del Estero el listado con las once personas oriundas de esta provincia que fueron vistas en el ex arsenal, en donde se estima estuvieron en prisión alrededor de 1000 personas de las cuales 154 habrían sido ultimadas.

Se conoció el listado de santiagueños desaparecidos en Tucumán

El diario El Liberal de Santiago del Estero tuvo acceso al listado de las personas que habrían estado detenidas en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga. Se estima que fueron ejecutadas y sus cuerpos enterrados en la localidad de Pozo de Vargas. Quienes se encuentran mencionados en los expedientes judiciales que tramitan en los tribunales federales de nuestra provincia son: Luis, Germán y Anabel Cantos Carrascosa (estudiantes secuestrados en 1976 y 1977); Armando Arquetti (docente universitario); Santiago Augusto Díaz (estudiante); Miguel Ángel y Gloria Susana Figueroa (secuestrados el 22 de junio del 76); Alfredo y Domingo Arévalo (oriundos de Los Juríes); Hugo Milcíades Concha (soldado) y Osvaldo Giribaldi.

http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=34392

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Mayo 4, 2007

Arg - Genocidas al banquillo

(AW) Por primera vez en Argentina las indagatorias a los represores se harán bajo el delito internacional de genocidio. Así lo resolvió el Juzgado Federal 2 de Tucumán, aceptando los planteos de la querella. Es en el marco de la megacausa Centro Clandestino de Detención (CCD) "Arsenales", unidad militar del Arsenal Miguel de Azcuénaga que comenzó ayer. Esta mañana hubo agresión policial a integrantes de organizaciones de DD.HH

Tucumán, 2 de mayo de 2007 (H.I.J.O.S. Tucumán, FADETUC, Asociación de Abogados de Tucumán, APDH Tucumán)

Comunicado de Prensa

A partir del día miércoles 2 de mayo, comenzarán las audiencias indagatorias por los delitos cometidos en el Centro Clandestino de Detención (CCD) "Arsenales" la unidad militar del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Son varios los aspectos novedosos de esta instancia:

1. El Juzgado Federal 2, del Dr. Jorge Parache, aceptando los planteos de la querella, resolvió que las indagatorias sean tomadas por el DELITO INTERNACIONAL DE GENOCIDIO, al entender que la conducta desplegada por las fuerzas de seguridad en contra de cientos de personas llevada a cabo en nuestro país en el periodo 1976 y 1983, se encuentra en ese delito. Esta imputación constituye un hito en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia que los organismos de Derechos Humanos hemos venido desarrollando. Es la primera vez en Argentina que los imputados serán indagados, en la etapa de la instrucción, bajo estos cargos.

2. Es la primera vez que la Justicia Federal realiza indagatorias a partir del criterio de conexidad, en este caso, todas las causas conexas de un Centro clandestino. Esto es considerado fundamental por los organismos de derechos humanos para construir la memoria colectiva de lo que fue el Terrorismo de Estado en Argentina durante la última Dictadura Militar: los acontecimientos relacionados a la CCD Arsenal permiten tener una idea global del funcionamiento del Plan Sistemático de Violaciones a los Derechos Humanos, que no constituyó otra cosa que un GENOCIDIO.

3. Miembros de la Gendarmería Nacional Argentina serán indagados, por primera vez, en el marco de las causas por violaciones a los derechos humanos que se vienen realizando en Tucumán. En los crímenes cometidos en el Arsenal tomaron participación miembros del Ejército (del Destacamento 142 de Inteligencia) y de Gendarmería.

El CCD Arsenales, estaba localizado en las instalaciones del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Funcionó a partir del año 1976, bajo directas órdenes de Antonio Domingo Bussi, Gobernador Militar de Tucumán y Comandante de la V Brigada de infantería. Fue un centro de Detención, Tortura y Exterminio, ya que conforme surge de diversos testimonios allí, se ejecutaba a los detenidos, que luego eran quemados y sepultados en grandes enterramientos. Fue el CCD más grande del Noroeste Argentino, por donde pasaron cientos de tucumanos, pero también detenidos-desparecidos de otras provincias hermanas: Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca. Se adjunta una lista de 154 personas que pasaron por este CCD.

Las fechas de las audiencias son las siguientes:

2 de Mayo a las a las 9 hs Luciano B.Menéndez . Comandante del III cuerpo del Ejercito.
7 de Mayo a 9 hs. Mario Albino Zimmerman. Jefe de la Policía de Tucumán entre Abril de 1976 y Julio 1977.
10 de Mayo a las 9 Antonio Bussi. Comandante de V Brigada de Infantería de Tucumán. Gobernador Militar de Tucumán.
14 de mayo 9 hs, el Gendarme Celso Barraza. Cumplió funciones de Guardia en el CCD Arsenales.
15 de mayo 9 hs, Alberto Luis Cattaneo. Fue Segundo Jefe del Comando de la V Brigada
17 de mayo 9 hs, Benito Palomo. Torturador en el CCD Arsenales.
21 de Mayo 9 hs, Carlos Lafuente.
24 de mayo 9 hs Ernesto Rivero.
28 de mayo 9 hs, Juan Carlos Riso Avellaneda
30 de Mayo 9 hs, Oscar Soto.
4 de junio Miguel Ángel Pepe.
7 de junio Secundino Alanis
11 de Junio Carlos A.Mendoza
14 de junio Luis G.Pérez.
19 de junio José M.Montes
26 de Junio 9 hs, Marcelo Godoy (El Indio). Torturador del CCD Arsenales. Miembro de Gendarmería Nacional.
28 de junio Carmelo F. Ortiz
2 de Julio Rubén D. Mendieta
4 de julio Gregorio D. Escalante

H.I.J.O.S. Tucumán – FADETUC – Asociación de Abogados de Tucumán - APDH Tucumán

Teléfonos:
H.I.J.O.S.: 154.678.744 – Julia Vitar
FADETUC: 156.404.902 – Marta Rondoletto

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Mayo 2, 2007

Hoy 2 de mayo un hito histórico en Tucumán

Hoy 2 de mayo un hito histórico en Tucumán
Acto por los desaparecidos de Jujuy

02/05/2007 - 00:03
Castro

(Jujuy al día) - Hoy, 2 de mayo, en el Juzgado Federal de Tucumán, comenzarán las indagatorias a genocidas por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención (CCD) Arsenales de esa provincia.

A las nueve de la mañana deberá declarar Luciano Benjamín Menéndez, quien actuó como comandante del III Cuerpo desde 1975 hasta 1979. Las provincias que estaban bajo la responsabilidad de este genocida eran: Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

Laura Figueroa, integrante de la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos de Tucumán, expresó que es la primera vez que se indagará a genocidas por las causas referidas con un CCD y esta acción constituye “un hito histórico para Tucumán y para todo el país”. Según expresa Figueroa, Arsenales fue “el centro de exterminio más grande del norte (cientos de personas oriundas de distintas provincias) dentro de Jurisdicción militar, que operó como tal desde 1976 a 1981”. Es necesario, en este punto, recordar que Tucumán tiene el triste privilegio de ser la provincia donde empezaron a operar institucionalmente los CCD.

Hasta el momento, existen certezas absolutas (aportadas por testigos que también estuvieron detenidos) que, en el CCD Arsenales, 154 personas fueron detenidas-desaparecidas y asesinadas. A esta cifra deben agregarse otros nombres que habían sido detenidos-desaparecidos en otros CCD y que posteriormente fueron trasladados a Arsenales.

Entre las personas de la primera lista figuran personas vinculadas con Jujuy (ya sea porque son nacidas en esta provincia o porque sus secuestros ocurrieron aquí): Juan Carlos Pastori, Juan Ángel Baca, Víctor Hugo Safarov, Julio Rolando Álvarez García (“Pampero”), José Manuel Cabrera, Rubén Molina, Hugo Antonio Narváez Herrera, Juan Gerardo Jarma, Rubén Edgardo Canseco, Juan Carlos Espinoza, Roberto Alejandro Polanco y Osvaldo Giribaldi. Entre los que fueron vistos en otros CCD y luego traslados a Arsenales están: Víctor Orlando Farfán y Ezequiel Matías Claudio Pereyra.

La responsabilidad de los militares que tuvieron actuación en Tucumán será indagada a partir de hoy. En días posteriores, otros represores deberán declarar en días posteriores; tal vez, la cita más esperada sea la del 10 del mayo, cuando declare Antonio Domingo Bussi, ya que existen sobrados motivos para no olvidar su paso por aquella provincia.

En distintos tramos de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que condenó a los comandantes de de las Juntas Militares, se expresa que “cada uno de los jefes militares obró con autonomía sin someterse a ninguna autoridad superior” y que “cada Comandante en jefe actuó con independencia y fue soberano en sus decisiones”. Por lo tanto, existen más que sobrados motivos para coincidir con lo expresado por la abogada Laura Figueroa: la citación de estos genocidas marca un hito histórico en la larga lucha por la justicia en este país.

Cumpleaños en Tucumán*

Hugo Antonio Narváez Herrera estudiaba Agronomía en la Universidad Nacional de Tucumán. Alquilaba, junto a otros estudiantes jujeños, un departamento. La noche del 16 de julio de 1976, él estaba en las vísperas de cumplir veintitrés años, así que salió a festejar junto a sus comprovincianos Rubén Canseco, Rubén Molina, José Manuel Cabrera y Juan Gerardo Jarma.

A la medianoche, mientras los jóvenes se divertían en la peña Alto La Lechuza, un grupo de encapuchados allanó el departamento. Buscaban a Eduardo Cáceres, pero no lo encontraron; sólo estaban Osvaldo Jayat, Gerardo Herrera y Víctor Lemme, quienes se habían quedado estudiando. Los obligaron, mediante amenazas, a decir dónde se encontraban los otros; luego los dejaron, en calzoncillos, en medio de los cañaverales de un paraje llamado El Manantial.

En la peña, a las dos de la madrugada, seis encapuchados ingresaron con armas de distinto calibre y obligaron a los jujeños (ese día, también fueron detenidos dos jujeños en San Miguel de Tucumán: Juan Carlos Espinoza, estudiante de Derecho y Ciencias Exactas, y Roberto Alejandro Polanco, estudiante de Medicina) a salir y se los llevaron en dos autos (Ford y Torino), sin patentes. Sobre el frente de acceso a un galpón estaba la siguiente leyenda: “Tucumán: cuna de la independencia, sepulcro de la subversión”.

• Fragmento de mi libro Con vida los llevaron: Memorias de madres y familiares de detenidos-desaparecidos de San Salvador de Jujuy, Argentina. Buenos Aires, La Rosa Blindada, 2004.

Por Reynaldo Castro

http://reynaldocastro.blogspot.com/2007/05/un-hito-histrico-en-tucumn.html

http://www.jujuyaldia.com.ar/leer/35535

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Tras su internación, Bussi regresa a cumplir prisión a un ex arsenal

El represor, que permanecía en un sanatorio privado por un edema pulmonar, recibió hoy el alta médica. Ya fue trasladado al lugar donde cumple con su condena por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

El represor Antonio Bussi recibió hoy el alta médica y regresó al ex arsenal Miguel de Azcuénaga procedente de un sanatorio privado, donde había estado internado desde el viernes por un edema pulmonar.

Horacio Conesa Mones Ruiz, abogado del ex gobernador (1995-1999), confirmó a la prensa que su cliente, tras haber sido revisado por los médicos que lo atendieron, "fue derivado otra vez al ex arsenal", donde cumple prisión preventiva por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

El viernes, Bussi había sido internado de urgencia en el sanatorio Galeno, de esta capital provincial, donde fue tratado en la unidad coronaria de la entidad por el cardiólogo Federico Roig, quien hoy autorizó el alta del militar retirado.

Bussi sigue en el ex arsenal, ubicado en las afueras de esta ciudad, sobre la ruta nacional 9, pese a que el juez federal Jorge Parache autorizó a que cumpla con arresto domiciliario la prisión preventiva que pesa en su contra.

Mientras Bussi era trasladado al ex arsenal, desde esta unidad militar fue llevado a los Tribunales Federales el ex comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, imputado junto a Bussi en medio millar de causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos.

Menéndez, que también tiene como abogado a Conesa Mones Ruiz, negó hoy competencia a la justicia civil para actuar y aseguró que debería intervenir la Justicia militar. En las afueras de los Tribunales, se concentraron militantes de organismos de derechos humanos, que reclamaron el esclarecimiento de los hechos.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=60950&id=147065&sec=1&dis=1

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Abril 28, 2007

Familiares de Desaparecidos no creen en la "repentina" enfermedad de Bussi

Dirigentes de FADETUC “sospechan” que la “sorpresiva internación” en realidad se trata de una maniobra para eludir las indagatorias de la semana que viene, en la “megacausa” del Campo Clandestino de Detención Arsenal Miguel de Azcuénaga. La abogada Laura Figueroa pedirá al Juez Federal, Jorge Parache, que Bussi sea interrogado en el Sanatorio. “No creemos en su enfermedad hasta que lo informe el médico forense”, dijo.

Las indagatorias de la semana que viene impedirán también que se le otorgue a Bussi la detención domiciliaria en un country en Buenos Aires.

Para los integrantes de FADETUC, Familiares de Desaparecidos de Tucumán, la repentina desmejora en la salud de Antonio Bussi, se debe a un intento de sortear las indagatorias de la primera semana de mayo por la megacausa que investigará al Centro Clandestino de Detención, que funcionó en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, durante la última dictadura militar.

"Es la primera vez que se indagará por todas las causas conexas con un centro clandestino y esto constituye un hito histórico", señaló la abogada Laura Figueroa, que lleva adelante la causa por la desaparición y muerte de Julio César Campopiano. Es la primera vez que en nuestro país se realizará una indagatoria de esta naturaleza, dijo la abogada, al tiempo que anticipó que solicitará al Juez Parache para que se realice la indagatoria en el Sanatorio donde fue internado Bussi. “No creemos en sus dolencias hasta que el médico forense realice un informe”, dijo Figueroa.

En tanto FADETUC, en un comunicado firmado por Raquel Zurita y Marta Rondoletto, señala “la súbita enfermedad de Bussi, en momentos en que su defensor busca que el genocida sea trasladado al country en el que vive su hija en Buenos Aires, no hace sino hacernos recordar las "enfermedades" de otro famoso dictador, Augusto Pinochet, quien se enfermaba cada vez que tenía que declarar, y así zafaba de los requerimientos judiciales.

“FADETUC reclama a los jueces que los citados sean indagados en Tucumán, en el Juzgado, en el Arsenal o en un sanatorio pero que se cumpla con los pasos procesales correspondientes. Asimismo solicitamos que sean los médicos forenses de la justicia los que comprueben las razones de la internación de Bussi. Los antecedentes de intento de burlar a la justicia son demasiado como para que no se tomen los recaudos que eviten esas burlas”.

El documento destaca que “la indagatoria sobre el Arsenal Miguel de Azcuénaga, alrededor del cual se estableció la conexidad de varias causas, la indagatoria sobre el eje de "genocidio" y el hecho de que se comience a citar (también por primera vez en la provincia) a personeros nefastos de Gendarmería convierten a los procedimientos judiciales que se desarrollarán en el mes de mayo y junio, en un hito importante en la lucha que venimos sosteniendo los organismos de derechos humanos en general y Familiares de Desaparecidos de Tucumán en particular, para lograr que se haga justicia con nuestros detenidos-desaparecidos”, dice textualmente.

http://www.tucumanhoy.com/VerNotaCompleta.py?IDNOTA=354

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Abril 27, 2007

Internaron al represor Antonio Bussi

Fue hospitalizado en un sanatorio privado de Tucumán, a causa de problemas cardíacos que padece. Será sometido a una serie de estudios para determinar su estado. El ex gobernador cumple prisión preventiva por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

El represor Antonio Bussi fue internado hoy en un sanatorio privado de esta ciudad, a causa de los problemas cardíacos que padece, según confirmaron a Télam fuentes de la familia del militar retirado.

El ex gobernador de Tucumán (1999-2003) fue trasladado en una ambulancia desde el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, donde cumple prisión preventiva por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, a un sanatorio donde será sometido a una serie de estudios para determinar su estado.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=60493&id=146145&dis=1&sec=1

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Abril 21, 2007

Operativo Independencia: La violación como forma sistemática de tortura

Opinión
Operativo Independencia: La violación como forma sistemática de tortura
Por: Marcos Taire (especial para ARGENPRESS.info)

Las violaciones en los campos de concentración del Operativo Independencia eran una práctica sistemática y formaban parte de la política de aniquilamiento de las mujeres en cautiverio. La denuncia del fiscal federal Federico Delgado para que se investiguen las violaciones y abusos sexuales en los centros clandestinos El Olimpo, El Banco y Club Atlético debiera servir de ejemplo a sus pares de la provincia de Tucumán, que hasta hoy han ignorado esas practicas aberrantes de los genocidas.

Los militares, gendarmes, policías y personal civil de inteligencia que participaron en el Operativo Independencia sometían sexualmente a las mujeres prisioneras. La violación formaba parte de la política de aniquilamiento físico y psíquico que sufrían los detenidos desaparecidos. En las declaraciones de los sobrevivientes que obran en poder de la Justicia Federal de Tucumán hay testimonios de violaciones en todos los campos de concentración que funcionaron en la provincia durante el Operativo, especialmente en la Escuelita de Famaillá, Jefatura de Policía, Cárcel de Villa Urquiza y Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Un veterano y respetado militante del peronismo combativo, Hugo Andina Lizárraga, estuvo entre los primeros secuestrados en la Escuelita de Famaillá. En su declaración, contó que en medio de las sesiones de torturas a que era sometido escuchó cómo “se repartían las mujeres como un botín”. A modo de ejemplo, dijo que una noche escuchó que un guardia comentó en voz alta “qué tetas tiene esa guerrillera”, a lo que otro le respondió “¿la querés para vos?”.

El obrero Domingo Paz, detenido por los militares apenas iniciado el Operativo, declaró que en el aula de la Escuelita donde estaba tirado en el piso, junto a personas atadas con alambres de púas, se le salió la venda que tenía sobre sus ojos y pudo ver que “entraron dos uniformados que no vieron que yo no tenía la venda y se dirigieron hacia una ventana donde había dos chicas, también atadas y casi desnudas y uno de ellos comenzó a violar a una de ellas, mientras la insultaba”.

R.C.C., una campesina detenida por una patota militar el 1 de marzo de 1975, fue salvajemente torturada en el rancho donde vivía con su abuela: “me introducían en la vagina una goma (cachiporra), mientras todos me manoseaban”. Trasladada a la Escuelita de Famaillá, un militar la violó mientras le decía “si gritás te mato, zurda”. Alojada en el penal de la ciudad de Concepción, fue trasladada en junio a declarar ante el juez Manlio Martínez, quien “no me prestó atención a lo que yo quería decirle sobre los maltratos y las violaciones”.

El caso de S.A.N. es uno de los ejemplos más patéticos de violaciones sistemáticas y reiteradas. Fue una esclava sexual durante un año, mientras se encontraba detenida en la Cárcel de Villa Urquiza, tras haber sido secuestrada por una patota policial. Contó que fue sometida por el jefe del penal, Marcos Fidencio Hidalgo y por casi todos los integrantes del grupo de tareas que operaba desde esa cárcel. Embarazada, dio a luz una criatura que le fue sustraída.

Werlino Díaz y su hermano Angel Díaz, obreros del ingenio Bella Vista, fueron secuestrados de su vivienda en “El Cuadro” (conjunto de miserables casuchas construidas por los dueños de la fábrica para alojar a los trabajadores) por una patota militar al mando del subteniente Barceló, muerto posteriormente en confusas circunstancias y exhibido como “héroe caído en combate”. Fueron llevados a la Escuelita de Famaillá. Su hermano nunca más apareció. Werlino declaró que presenció y escuchó cuando un guardia interrogó a una mujer, también prisionera en el lugar. La joven dijo tener 19 años. El guardia le preguntó si “sabía que su novio estaba metido en la fulería” (los represores llamaban fuleros a quienes acusaban de guerrilleros) y de inmediato le dijo “bueno, ahora vas a tener otro novio”. Seguidamente Werlino escuchó que la mujer pedía que “no lo hagan así” cuando la estaban violando. “Lo que es peor -dijo Werlino- es que fueron varios los que la violaron”.

En la zona de influencia del ingenio La Florida, en el este tucumano (Departamento Cruz Alta) operó un personaje apodado “Pecho i’ tabla”. Se llamaba Víctor Sánchez y pertenecía al personal civil de inteligencia del Ejército. Participó en decenas de detenciones y secuestros. Una de sus víctimas, G.I., una joven que entonces tenía apenas 17 años, fue secuestrada por una patota al mando de Sánchez y alojada en el campo de concentración del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Sánchez había sido su entrenador en el equipo de básquet y la había acosado reiteradas veces, sin éxito. En el Arsenal la violó cuantas veces quiso. También lo hicieron sus torturadores, oficiales del Ejército integrantes del equipo de IPG (Interrogadores de Prisioneros de Guerra).

J.N.O. vivía en Monteros y era obrera del surco (peladora de caña) en Yacuchina. En el invierno de 1976 los militares fraguaron un combate en la finca donde ella, junto a varias familias de peladores, estaban trabajando. Los uniformados “prendieron fuego a los tractores, camionetas y carros (…) detuvieron a todos los presentes, los ataron y vendaron los ojos y comenzaron a torturarlos”. Allí mismo asesinaron a todos los integrantes de las familias Rivero y Rojas, “salvo el Mocho Rivero, que lo llevaron prisionero, y uno de los hijos de Rojas, que logró escapar”. Los detenidos fueron subidos a un camión y trasladados a la base militar que funcionaba en el ingenio La Providencia, en Río Seco. Allí fue “violada por uno de los militares a la vista de todos los demás”. Después de eso les sacaron la venda de los ojos a todos los detenidos para que vieran, a modo de escarmiento, como al Mocho Rivero “lo mataron incrustándole una bayoneta, pero antes le amputaron el pene”.

N.C. era estudiante de arquitectura. Fue secuestrada en setiembre de 1976 de un local de la Exposición que todos los años organiza la Sociedad Rural de Tucumán, donde estaba trabajando. Alojada en el centro clandestino del Arsenal, fue violada por un hombre, personal civil de inteligencia del Ejército, el mismo día de su llegada al campo, en la casilla que los IPG (Interrogadores de Prisioneros de Guerra) utilizaban para martirizar a los secuestrados.

M.V fue secuestrada de su casa una noche a fines de 1975, mientras preparaba la tesis que debía presentar un par de días después en la Facultad de Filosofía y Letras. Una patota encabezada por un teniente primero del Ejército la llevó a la Jefatura de Policía. Allí el alienado Jefe de esa repartición, teniente coronel Antonio Arrechea, la interrogó mientras la insultaba y le gritaba que “se tapara las carnes”, ya que tenía puesto sólo el camisón que vestía al ser arrancada de su hogar. En la madrugada del 24 de diciembre uno de sus captores la violó en una celda, mientras a su lado los integrantes de los grupos de tareas celebraban la llegada de la Nochebuena.

Los testimonios aquí transcriptos son solo una porción de los muchos que fueron realizados ante la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán, la Comisión Bicameral investigadora de las violaciones a los derechos humanos en la provincia de Tucumán y los Tribunales Federales de Tucumán. Un gran número de violadores fueron identificados por sus víctimas. Ninguno está detenido. No se conoce que la Justicia haya acusado por abusos sexuales y/o violaciones a alguno de ellos.

Notas relacionadas:

- Una esclava sexual en las prisiones de Vilas y Bussi. ARGENPRESS, 24 de julio de 2004. www.argenpress.info/nota.asp?num=011957

- El Ejército fue instruido para el secuestro, el terrorismo, la tortura y el asesinato. ARGENPRESS, 27 de marzo de 2005. www.argenpress.info/nota.asp?num=019143

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