EntriesUru - Secuestros y Repatriación Forzada
Uruguay: Reanudarán Excavaciones en Cuarteles
Testimoniará hoy presunto enterrador de maestra uruguaya desaparecida
Uru - Justicia recibió más documentación sobre desaparecidos
Uruguayos conmemoran por primera vez día del "Nunca más" en medio de polémica
Uruguay: Gobierno excluyó otros dos casos de Caducidad
La dictadura fichó a 300 mil uruguayos
Uru - Ex jefe de Ejército declara ante un juzgado sobre desaparecidos
Investigación sobre los desaparecidos uruguayos
Atribuyen las desapariciones de 200 uruguayos al gobierno militar
Coronel uruguayo nombró al Plan Cóndor
Vinculan a Militares Uruguayos con Represor Argentino
Uru - Más de 50 mil personas marcharon por 18 de Julio reclamando verdad y justicia
Uru - Una denuncia por el caso Gelman en la CIDH jaquea la amnistía oriental
Uru - Esta tarde se realizará la 12ª "Marcha del Silencio" por la avenida 18 de Julio de Montevideo
Uru - La dictadura respondió a OEA denuncia de Michelini el día que lo secuestraba
Uru - Marcha del 20 de Mayo. Nunca más terrorismo de Estado
Uru - Continuaran excavaciones
Uru - Por el Día del Ejército Visitan a Militares Presos
López Goldaracena: los desaparecidos están en Uruguay
Uruguay: denuncian traslados de detenidos desde Argentina
Uru: Familiares de desaparecidos: Justicia es la vía más rápida
Uru: Se Retoman las Excavaciones
Continúa en Uruguay proceso indagatorio por traslado de desaparecidos
Ex jefe del Ejército uruguayo admitió el traslado y ejecución de desaparecidos en la Argentina
P12: El caso Gelman
PIDEN A BUSH POR REPREPRESORES Y TORTURADORES URUGUAYOS.
No a la Obediencia Debida
Declara mañana piloto de segundo vuelo de desaparecidos uruguayos
Investigan traslado ilegal de desaparecidos uruguayos desde Argentina
Violaciones a los Derechos Humanos en dictadura volvieron a los estrados judiciales
Familiares de desaparecidos pidieron al gobierno uruguayo continuar búsqueda
ENTREVISTA CON JORGE PAMM (IELSUR): Un paso adelante
Julio 24, 2007
Uru - Secuestros y Repatriación Forzada
LA "REPATRIACIÓN FORZADA DE LA DICTADURA" DOCUMENTO DE LA CANCILLERÍA CONFIRMA SECUESTROS Y TRASLADOS
Roger Rodríguez. DIARIO LA REPUBLICA. URUGUAY. REPRODUCIDO EN KOEYU LATINOAMERICANO. El secuestro de opositores en el exterior y su repatriación clandestina fue una faceta de la coordinación represiva de las dictaduras de la región que comenzó mucho antes del llamado "Plan Cóndor". Desde 1974 hubo más de un centenar de víctimas del traslado forzado por parte del régimen uruguayo, 44 de ellos pudieron sobrevivir, 65 siguen desaparecidos y 5 fueron fusilados.Un documento confidencial de la Embajada de Uruguay en Buenos Aires, fechado el 2 de junio de 1976, revela como política de Estado de la dictadura el traslado ilegal al país de ciudadanos secuestrados en el exterior, del que fueron víctima más de cien uruguayos, de los cuales 65 continúan desaparecidos.
El material desclasificado, que presentó ante la Justicia penal el abogado Oscar López Goldaracena, confirma documentalmente una de las facetas de la coordinación represiva de las dictaduras militares en la región, donde el secuestro de opositores en el exterior se ejecutó antes de institucionalizado el llamado Plan Cóndor.
El texto codificado "C194/24 Z" del funcionario Voss Rubio señala que "se aprueba y comparte todo lo actuado por la Embajada y la sección consular en esta materia en las demás vinculadas con los recientes hechos de notoriedad", en alusión a los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
Y concluye que en el caso de "personas legalmente requeridas por autoridad competente del Uruguay se servirá proveer a su traslado a la República", lo cual ocurriría luego en el primer y segundo vuelo de Orletti y en los traslados masivos de 1978, que indaga el juez de 19º Turno, doctor Luis Charles.
La historia de los traslados ilegales de uruguayos radicados en el exterior o de ciudadanos extranjeros "devueltos" a sus países desde Uruguay implica desde 1974 una larga lista de casos, que incluye por lo menos a 110 víctimas, de las cuales 44 sobrevivieron, 65 están desaparecidas y cinco fueron fusiladas.
HUBO TRASLADOS DESDE 1974
El primer traslado ilegal del que se tiene confirmación fue el sufrido por el tupamaro Antonio Viana Acosta, secuestrado en Argentina el 24 de febrero de 1974, y derivado a la División de Ejército IV, entonces a cargo del general Gregorio Alvarez, donde fue intensamente torturado antes de ser procesado.
En noviembre de aquel año, otros seis uruguayos fueron traídos a Montevideo desde Buenos Aires: Héctor Brum, María de los Angeles Corbo de Brum, Graciela Estefanel, Floreal García, Mirtha Hernández de García y Julio Abreu. Los cinco primeros aparecieron fusilados en Soca ese 20 de diciembre.
De ese grupo, quedaron dos sobrevivientes que testifican lo ocurrido: el niño Amaral García, hijo de Floreal y Mirtha, quien fue entregado a una familia de policías argentinos, y Julio Abreu, quien narró su historia a LA REPUBLICA luego de 30 años de un silencio impuesto con amenazas de muerte.
Un año después, el 27 de noviembre de 1975, también la uruguaya Nidia Caligari, quien había sido detenida en Buenos Aires e interrogada por miembros de las Fuerzas Conjuntas uruguayas en Argentina, terminó siendo ilegalmente trasladada a Montevideo.
En diciembre de 1975 se produjo un triple traslado: el uruguayo Mario De Negri fue detenido en Argentina, traído a Montevideo, llevado nuevamente a Buenos Aires y otra vez transportado a Uruguay junto al matrimonio uruguayo compuesto por Alejandro Nogueira y Andrea Ferrara.
LOS “VUELOS” DESDE ORLETTI
El año 1976 se inició con el secuestro en Buenos Aires de Winston Mazzucchi y Nebio Melo Cuestas, quienes desaparecidos el 8 de febrero pudieron se traídos a Uruguay, como ocurrió con Néstor Arrúa Aguirre, al que detuvieron en Concordia, Argentina, y lo entregaron en la Brigada de Infantería Nº 7 de Salto.
Meses después el propio Zelmar Michelini le advertiría a un amigo en una carta que si por alguna razón llegaba a aparecer en Uruguay sería porque lo trasladaron sin su consentimiento. Pero Michelini, como Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whithelaw, sería directamente asesinado.
A mediados de ese año es que los represores de la dictadura uruguaya se instalan en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti, donde sería detenido y torturado medio centenar de uruguayos, integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).
El 23 de julio, hace 31 años, fueron traídos ilegalmente en el llamado "primer vuelo" 23 miembros del PVP que habían sido secuestrados entre junio y julio. La mayoría del grupo sobrevivió y fue procesados por la Justicia militar luego de un falso operativo de detención simulado en un chalet del balneario Sangrilhá.
El 5 de octubre siguiente, otros 22 integrantes del PVP que habían sido secuestrados en los meses de setiembre y octubre, también fueron trasladados ilegalmente en el "segundo vuelo" de Orletti. Luego de ser mantenidos vivos durante casi un mes, todos ellos fueron asesinados y continúan desaparecidos.
MUJERES Y NIÑOS POR DINERO
Varios de aquellos traslados ilegales, efectuados sobre mujeres y niños, aparecen vinculados con un provecho económico de los represores, como es el caso de las familias de los desaparecidos Adalberto Soba y Alberto Mechoso trasladados el 27 de setiembre de 1976 junto a siete millones de dólares.
María Elena Laguna de Soba, sus hijos Sandro, Leonardo y Tania, como Beatriz Castellonese de Mechoso y sus hijos Beatriz y Alberto, fueron traídos a Uruguay por los coroneles José Gavazzo y Ricardo Arab en un vuelo de Pluna, fingiendo ser sus esposos y trayendo aquel dinero robado en una valija.
Tampoco es claro el contexto en que fue trasladada la nuera el poeta Juan Gelman, María Claudia García, una joven de 19 años embarazada a término, que fue traída a Uruguay en el "paquete" del segundo vuelo de Orletti, para que diera a luz una niña que fue entregada a la familia de un policía uruguayo.
Del mismo modo, tampoco está confirmada la forma en que Anatole y Victoria, los pequeños hijos de los también desaparecidos Roger Julién y Victoria Grisonas, fueron transportados primero a Montevideo y luego "enviados" a una familia en Chile, que terminó por abandonarlos en la ciudad de Valparaíso.
La hipótesis de que haya existido un "negociado" en la entrega de esos niños, también implica al caso de Mariana Zaffaroni, hija de Jorge Zaffaroni y María Emilia Islas Gatti, quien fue "entregada" a Miguel Angel Furci, un miembro del Servicio de Información del Estado (SIDE) argentino.
COMO CAMBIANDO “FIGURITAS”
La política de traslados también era un método recíproco, lo que permite presumir el destino que pudieron sufrir los hermanos argentinos Claudio y Lila Epelbaum Slotopolsky, desaparecidos en Punta del Este el 4 de noviembre de 1976 y probablemente devueltos a su país.
Uno de los traslados ilegales quedó documento en los "Archivos del Horror" de Paraguay: los uruguayos Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde, detenidos en Asunción en mayo de 1977, fueron llevados a Argentina en un avión de la armada de ese país, escoltados por el coronel uruguayo Carlos Calcagno.
Aunque el vuelo desde Paraguay tenía como destino la Argentina, es muy probable que desde allí fueran luego enviados a Uruguay, como ocurrió días después, el 3 de junio de 1977, con Edison Eduardo Robatto, capturado en Concordia y entregado, sin aduanas, al batallón de Infantería de Salto.
El argentino Oscar De Gregorio, vinculado al movimiento Montoneros, fue detenido por la Armada uruguaya en el puerto de Colonia el 16 de noviembre de 1977 y su devolución a la dictadura del vecino país se terminó decidiendo en el Cónclave del balneario Solís.
Menos pública fue la forma en que "repatriaron" al argentino Jaime Dry, a quien detuvieron el 10 de diciembre de 1977 en la Costa de Oro, trasladaron a un centro de torturas en Montevideo y finalmente transportaron en una avioneta hacia Argentina donde fue entregado a los represores de ese país.
MÁS VÍCTIMAS DE LA TABLADA
Una avioneta también fue el mecanismo de traslado para Elsa Altuna, secuestrada en Argentina el 1º de febrero de 1978, el mismo día que asumía como comandante en jefe del Ejército el Goyo Alvarez, y traída ilegalmente a Montevideo para recluirla en el centro de torturas de La Tablada.
En La Tablada fueron vistos y oídos Carlos Cabezudo, Eduardo Gallo, Carolina Barrientos y Célica Gómez, cuatro opositores al régimen que habían sido secuestrados en Argentina a fines de 1977 y principios de 1978 y habrían sido traídos en febrero en una lancha desde el porteño "pozo" de Banfield.
Ese grupo de trasladados sería una antesala de lo que el 16 de mayo ocurriría con otra veintena de uruguayos, vinculados a los Grupos de Acción Unificadora (GAU), quienes habían sido secuestrados entre el 20 y 21 de diciembre, fueron torturados en los pozos de Banfield y Quilmes y también están desaparecidos.
Estos viajes clandestinos, denunciados ante la Justicia como el "tercer traslado masivo" incluyen otros intercambios, como el sufrido por el matrimonio argentino de Claudio Logares y Mónica Grispón, a quienes sobrevive su hija Paula, detenidos en Uruguay y llevados a Argentina el 18 de mayo de 1978.
Ese mismo día y probablemente en el mismo transporte- habrían sido traídos a Uruguay los miembros de la familia Severo Barreto (Carlos, Marta y su esposo Jorge Martínez, Ary y su mujer Beatriz Anglet), secuestrados en Argentina entre el 20 y 24 de abril de aquel año.
La historia del "tercer traslado masivo" también incluye la venida desde Argentina de otras tres mujeres uruguayas: Iliana García de Dossetti y Graciela Noemí Basualdo de Goycochea que habrían sido traídas en junio de 1978, y María Asunción Artigas de Moyano transportada en agosto luego de dar a luz.
Junio 30, 2007
Uruguay: Reanudarán Excavaciones en Cuarteles
MONTEVIDEO, 30 (ANSA) - El antropólogo José López Mazz anunció que a mediados de agosto se reanudarán las excavaciones en unidades militares en busca de restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar uruguaya (1973-1985).
El jefe del equipo de antropólogos que realizó excavaciones en cuarteles entre 2005 y 2006, confirmó la información hoy al diario La República e indicó que los trabajos se iniciarán "seguramente el día 15" de ese mes, después que se firme un nuevo convenio entre la Universidad de la República y la Presidencia.
Indicó que las excavaciones se realizarán en predios de los batallones 13 de infantería del ejército y el 14 de la localidad de Toledo, distante 22 kilómetros de Montevideo, en la sede del Grupo de Artillería Nro. 1 y en La Tablada, un establecimiento que hoy sirve de cárcel para presos comunes.
López Mazz señaló que esta segunda fase de búsqueda se realizará en base a información obtenida por organizaciones de familiares de los detenidos desaparecidos y testimonios aportados de distintas fuentes al propio equipo de técnicos.
30/06/2007 14:08
© Copyright ANSA. Todos los derechos reservados.Junio 27, 2007
Testimoniará hoy presunto enterrador de maestra uruguaya desaparecida
Montevideo, 26 jun (PL) El presunto enterrador de la maestra Elena Quinteros, miembro del Partido por la Victoria del Pueblo y desaparecida durante los años de la dictadura (1973-1985), testimoniará hoy ante el juez que investiga el caso.
Se trata de Asunción Alegre, un ex soldado del Ejército que días atrás aseguró haber sido el encargado de sepultar el cuerpo de la joven y de otras tres personas.
Alegre fue citado por el juez Eduardo Fernández Lecchini para testimoniar sobre la muerte de Quinteros, secuestrada y asesinada en 1976.
El ex soldado sostiene haber participado en enterramientos clandestinos en el Batallón 14 durante los años de la dictadura.
Quinteros, de 31 años, estaba detenida en un cuartel militar cuando aprovechó un traslado para fugar e ingresar a los jardines de la embajada de Venezuela en Montevideo, de donde sus captores la sacaron a rastras.
A raíz del episodio, Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Uruguay y no las reanudó sino hasta el final de la dictadura.
Durante ese oscuro período de la historia uruguaya desaparecieron unos 200 opositores y existe la certeza de que tras ser asesinados fueron enterrados en tumbas clandestinas.
http://www.prensalatina.com.mx/Article.asp?ID=%7B67B569A1-3599-42B6-9DB9-833AD7EEF024%7D&language=ES
Junio 21, 2007
Uru - Justicia recibió más documentación sobre desaparecidos
20.06.2007 | 20.06
El abogado Oscar López Goldaracena, junto a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, presentó este miércoles ante la Justicia documentación "relevante" sobre traslados hacia Uruguay de personas secuestradas en Argentina durante la dictadura.
Uno de los documentos desclasificados, perteneciente al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) incluye la lista completa de 21 personas que fueron trasladadas en 1978 desde Argentina a Uruguay, algunas de las cuales sobrevivieron y son actualmente testigos de la causa, lo cual corroboraría plenamente sus testimonios.
Según se informó, el traslado se realizó como un "intercambio de favores" entre los gobiernos, por ciudadanos argentinos que fueron secuestrados en Uruguay y enviados luego a Argentina.En total son unos 40 documentos que están siendo traducidos, procesados y autentificados en estos momentos y que fueron desclasificados por el gobierno de Estados Unidos.
Según la denuncia de Familiares hubo varios traslados en 1978 (en lancha, avión y helicóptero), de personas vinculadas a los Grupos de Acción Unificadora (GAU), al Partido Comunista Revolucionario y de otras que no tenían una vinculación política, aunque fueron secuestradas por el hecho de ser disidentes o exiliadas.
Para EL Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), el primer traslado de 1978 (de cinco o seis personas) está comprobado porque hay testigos sobrevivientes de los Pozos de Banfiel y testigos del establecimiento de detención La Tablada.
Sin embargo, según el abogado Oscar López Goldaracena, aparece ahora documentación "relevante" que refiere a otros traslados de ese año.
Como este documento emitido en abril de 1978 por la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, en base a informaciones de Acnur, donde se informa que las autoridades argentinas permitieron que oficiales de Inteligencia, militares uruguayos, participaran en los operativos de arresto y secuestro de ciudadanos que estaban exiliados en Argentina en diciembre del 77 y enero del 78.
Al mismo tiempo, explica cómo se dieron esos operativos. Esto decía el abogado López Goldaracena. "Fueron permitidos como un canje de favores al gobierno uruguayo por el traslado que el gobierno uruguayo efectuó de ciudadano argentino Oscar de Gregorio desde Uruguay hacia la Argentina. Al mismo tiempo, especula que esto operación represiva contra uruguayos residentes en Argentina a fines de 1977 se relaciona con la ofensiva antisubversiva contra los mismos grupos políticos a los cuales estos ciudadanos uruguayos en la Argentina pertenecían en el Uruguay", expresó Goldaracena.
Avanzando en el documento, se pueden comprobar otras cosas, según López Goldaracena, como por ejemplo que se le exigió el pago de 8.000 dólares a una familia de un desaparecido a cambio de que cuando esta persona fuese trasladada al Uruguay se le levantarían los cargos de subversión.
Y finalmente, en lo que es más relevante para los traslados, se da a conocer una nómina de 21 uruguayos que es coincidente con la que presentaran las organizaciones de Derechos Humanos ante la Justicia.
"Con la particularidad que menciona y agrega dos nombres, uno de los cuales es precisamente uno de los testigos que presentamos en esta denuncia que fue trasladada en avioneta desde la Argentina hacia el Uruguay y comprobaría que el resto también habrían sido trasladados. En adición, otro de los desaparecidos que se menciona en la lista es un ciudadano uruguayo que había desaparecido en enero de 1977, no en diciembre, y que por lo tanto no se le había encontrado hasta el momento ningún punto de conexión con Uruguay. Sin embargo está incluido en la listas", expresó.
En total son unos 40 documentos que se incorporan a la investigación, y unos 300 en total que se manejan en la causa. Pero aún queda información por procesar y llevar a la Justicia.
"Es probable que en el día de mañana se esté presentando un nuevo escrito con un documento que fue relevado en el día de hoy en Cancillería, en el cual se estaría confirmando una orden del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Embajada Uruguaya en Argentina, por la cual se disponía que si existieran personas uruguayas requeridas por las autoridades uruguayas éstas sean trasladadas al Uruguay y ese documento es de una fecha coincidente con el llamado Primer Vuelo, previo al llamado Segundo Vuelo", explicó Goldaracena.
Estos documentos complicarían aún más la situación del ex dictador Gregorio Álvarez, quien, de acuerdo a lo señalado por López Goldaracena a Índice 810, no puede eludir su responsabilidad por estos traslados clandestinos de ciudadanos uruguayos y argentinos.
"No sólo con este documento sino con el resto de las probanzas ofrecidas al juzgado en esta causa se tendrá en cuenta que Gregorio Álvarez asume como comandante en jefe del Ejército en febrero de 1978 y los primeros traslados clandestinos que se denuncian ocurrieron precisamente en febrero del 78, luego en mayo del 78, en junio del 78, en octubre del 78. Serán el juez de la causa y la fiscal los que determinarán el grado de responsabilidad de la jerarquía militar", expresó.
Álvarez tendría que ir a declarar el lunes pero no lo hará por estar internado al haber sido intervenido quirúrgicamente.
Un documento relevante entonces, a juicio de los denunciantes, que se incorpora a la causa y que reproducimos íntegramente (en su original en inglés y en su traducción al castellano) en la página web de www.espectador.com.
Allí se incluye, además, los nombres de 21 uruguayos que fueron trasladados de Argentina a Uruguay en 1978, en uno de los llamados "vuelos de la muerte".
Junio 20, 2007
Uruguayos conmemoran por primera vez día del "Nunca más" en medio de polémica
Montevideo, 19 jun (EFE).- Unos 4.000 uruguayos de todos los partidos políticos acompañaron hoy al presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, en su iniciativa de conmemorar por primera vez el "Nunca más" contra el terrorismo de Estado, la violencia guerrillera y las violaciones a los derechos humanos, decisión que generó polémica.
"El Nunca más es un proceso, así se debe entender y llegar a la reconciliación total de los uruguayos es difícil, pero es lo que estamos buscando", dijo a Efe el viceministro de Defensa Nacional, José Bayardi.
La iniciativa dividió a los partidos políticos y por diferentes motivos las principales figuras, incluso del gobernante Frente Amplio, grupos sindicales y organizaciones sociales decidieron respaldar u oponerse a la propuesta del jefe de Estado.
En el acto no hubo discursos.
Vázquez llegó hasta la Plaza Independencia, ubicada en el centro de Montevideo, y colocó una ofrenda de flores con los colores de la bandera uruguaya en el monumento al héroe libertador uruguayo, general José Gervasio Artigas.
El gobernante eligió el día del "Nunca más" en conmemoración del 243 aniversario del natalicio de Artigas.
Vázquez fue acompañado por su esposa, María Auxiliadora Delgado, y la viuda del líder histórico del Frente Amplio, general Líber Seregni, Lily de Seregni, que fue muy aplaudida por los presentes.
El jefe de Estado dedicó un saludo especial a Pedro Bordaberry, del opositor Partido Colorado e hijo de Juan María Bordaberry, el ex presidente constitucional devenido en dictador tras el golpe de Estado de 1973.
El casi octogenario Juan María Bordaberry fue recientemente procesado por la Justicia, acusado por la muerte de uruguayos durante la dictadura (1973-1985) y tras estar en prisión ahora cumple arresto domiciliario debido a su precario estado de salud.
En el acto también estuvo presente el líder del Partido Nacional, principal de oposición, Jorge Larrañaga.
Sin embargo, los tres presidentes uruguayos tras el retorno de la democracia Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), Jorge Batlle (2000-2005), ambos del Partido Colorado, y Luis Alberto Lacalle (1990-1995), del Partido Nacional, no tomaron parte en el acto por no estar de acuerdo con la iniciativa.
Algunos sectores radicales del partido de gobierno manifestaron su rechazo a la propuesta del presidente y convocaron a una marcha en contra por entender que Vázquez "plantea la reconciliación de los uruguayos con la impunidad", debido a que continúan desaparecidos decenas de uruguayos detenidos durante la dictadura.
"Nunca más terrorismo de Estado, nunca más uruguayos contra uruguayos", afirmó el socialista Vázquez al anunciar semanas atrás su propósito con la conmemoración.
La asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos y la principal central obrera uruguaya PIT-CNT tampoco acompañaron la iniciativa.
Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas uruguayas fueron "invitados" por Vázquez a asistir, lo que en la esfera militar es considerado una orden y estuvieron presentes en primera fila.
Sin embargo, el Círculo Militar, que agrupa a militares retirados, afirmó que los sectores radicales "le torcieron el brazo" al mandatario y convocó a no tomar parte en el acto.
Vázquez tenía previsto organizar un desfile cívico-militar, como es tradicional el 19 de junio para homenajear a Artigas, pero debido a las discrepancias de la mayoría de los grupos que integran el gobierno la conmemoración quedó limitada a una ofrenda de flores sin desfile ni discursos. EFE.
Junio 13, 2007
Uruguay: Gobierno excluyó otros dos casos de Caducidad
El presidente Tabaré Vázquez excluyó dos nuevos casos de la ley de Caducidad. Se trata de los uruguayos desaparecidos en Argentina en 1977 José Enrique Michelena Bastarrica y su esposa Graciela Susana de Gouveia.
Michelena y De Gouveia se trasladaron a Argentina en 1975 y se sumaron a los Grupos de Acción Unificadora (GAU). Los dos ciudadanos desaparecidos fueron llevados a un centro clandestino de detención.
Los familiares presentaron la denuncia ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19° Turno.
http://www.uruguayaldia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=275
Junio 12, 2007
La dictadura fichó a 300 mil uruguayos
11 de junio
Montevideo (Télam). La dictadura militar uruguaya (1973-1985) investigó y fichó a unos 300 mil ciudadanos, al tiempo que se realizaron "miles de procedimientos" contra todo tipo de instituciones, según datos que surgen de una investigación publicada hoy por la prensa local.
De acuerdo a un documento elevado en 1981 al Ministerio del Interior por el entonces director de Inteligencia policial, Víctor Castiglioni, esa división investigó, interrogó y fichó a 300 mil uruguayos para controlar los antecedentes y el pensamiento de los funcionarios públicos.
El documento, reproducido por el diario La República -citado por ANSA-, fue publicado en una "Investigación sobre Detenidos Desaparecidos", de cinco tomos, que fue presentada el pasado lunes 4 por el presidente Tabaré Vázquez.
Los seguimientos y "fichajes" sirvieron para que miles de uruguayos fueran encarcelados y otros miles destituidos de la función pública, así como para impedir el ingreso a la misma de quienes se opusieran a la dictadura.
El informe también revela que desde 1974 y "a fin de erradicar las profundas raíces desarrolladas por el comunismo en el Cuerpo social del país", se comenzó a investigar las actividades de todo tipo de instituciones (Profesionales, Culturales, Sociales, Deportivas).ç
Castiglioni da cuenta a su superior que se controlaron "sus asambleas, sus actos electorales e informado de los antecedentes que pudieran registrar los candidatos o autoridades de esas instituciones".
"Son varios miles las investigaciones de este tipo que se han realizado y se siguen realizando", consignaba el informe.
La dictadura militar dividió a los ciudadanos en categorías A, B y C, de acuerdo a los antecedentes políticos y al compromiso que tuvieran con el régimen. Los ciudadanos que entraban en las categorías B y C no podían desempeñar ninguna función pública, eran sometidos a vigilancia permanente por los organismos de represión de la dictadura y tampoco podían integrar la directiva de ninguna institución social.
El informe presentado por Vázquez contiene 3.612 páginas y los técnicos que lo elaboraron concluyeron en que "la práctica de la desaparición forzada de personas como manifestación extrema del terrorismo de Estado fue la expresión de la voluntad de un régimen instituido arbitrariamente".
En los cinco tomos se publican 67 documentos con detalles de la represión contra el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que hoy es el mayoritario dentro del gobernante Frente Amplio, el Partido por la Victoria del Pueblo, los Grupos de Acción Unificadora, el Partido Comunista y otras organizaciones que resistieron a la dictadura.
Hay detalles de cinco unidades militares y ocho centros clandestinos de interrogatorios y nueve lugares de enterramientos clandestinos de las víctimas.
Durante el régimen de facto, luego del golpe de Estado encabezado por el ex presidente Juan María Bordaberry el 27 de junio de 1973, fue clausurado el Parlamento, ilegalizados los sindicatos de trabajadores, encarcelados miles de ciudadanos que fueron sometidos a torturas y secuestrados unos 200 opositores que permanecen hoy desaparecidos.
Uru - Ex jefe de Ejército declara ante un juzgado sobre desaparecidos
El ex comandante del ejército de Uruguay Angel Bertolotti prestó hoy declaración como testigo en un juzgado de Montevideo sobre la desaparición de uruguayos traídos desde Argentina en 1976 en un vuelo clandestino.
Bertolotti, que ocupó la jefatura ejército hace un par de años atrás, prestó declaración durante más de cuatro horas ante el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze.
El ex jefe castrense presentó un informe en agosto del 2005 al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, sobre los desaparecidos durante el régimen militar que mandó en el país latinoamericano entre el 1972 y el 1984.
El militar, tras hacer su declaración ante el juzgado, dijo a periodistas que 'no es momento' para que los uruguayos hagan declaraciones porque es hora de mantenerse todos juntos y reencontrarse 'de una buena vez'.
Bertolotti encabezó las investigaciones internas dentro del ejército sobre las desapariciones de personas durante el régimen militar.
La fiscal Mirtha Guianze se limitó a señalar hoy que las afirmaciones del ex comandante en jefe del Ejército fueron 'correctas'.
Terra Actualidad - EFE
Junio 10, 2007
Investigación sobre los desaparecidos uruguayos
El Proyecto Desaparecidos ha publicado en su web la investigación histórica sobre los detenidos-desaparecidos elaborada por el gobierno uruguayo. Está disponible en cinco tomos, por lo que todavía no la hemos analizado.
Junio 9, 2007
Atribuyen las desapariciones de 200 uruguayos al gobierno militar
Uruguay
Fecha publicación: 06/06/2007
Las desapariciones de unos 200 uruguayos opositores a la dictadura (1973-1985) fueron resultado de una operación de exterminio por parte del gobierno militar, según una investigación de historiadores.
La represión en ese período resultó claramente desmesurada, siendo las desapariciones consecuencia directa del trato inhumano dado por fuerzas de seguridad que representaban las políticas del Estado, de acuerdo con el estudio encomendado por la presidencia, cuyos fragmentos fueron publicados hoy por la prensa.
Durante la dictadura hubo una sistematización a gran escala de la tortura en el marco de un sistema de vigilancia y control cotidiano de la población que buscó eliminar físicamente a sus enemigos.
Las conclusiones aparecen en el libro Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos en cumplimiento del artículo 4º de la ley 15.848 elaborado por los historiadores Alvaro Rico, José Pedro Barrán y Gerardo Caetano.
La investigación fue encomendada a los profesionales por el presidente Tabaré Vázquez, que desde su asunción en marzo de 2005 comenzó una investigación en busca de la verdad sobre la represión ilegal de la última dictadura.
El libro indica que, a diferencia de los países vecinos, las desapariciones no se implementaron inmediatamente después del golpe de Estado, sino que ocurrieron tras sucesivas escaladas de violencia institucional.
La desaparición forzada implica el absoluto desprecio por el individuo, su identidad, su cuerpo, incluso más allá de la propia muerte, según consta en el texto de los reconocidos historiadores.
La dictadura instaló un verdadero sistema autoritario que determinaba el derecho a la vida o a la muerte de buena parte de sus propios ciudadanos, agregan los investigadores.
La desaparición forzada de personas fue la expresión de la voluntad de un régimen instituido arbitrariamente y que se ejecutó con personal burocrático, financiamiento y medios oficiales que abarcaron hasta relaciones diplomáticas.
El presidente Vázquez ratificó el lunes que el 19 de junio se celebrará el Día del Nunca Más en referencia a los hechos de violencia previos a la dictadura y al terrorismo de Estado.
Las investigaciones que promovió el gobierno de izquierda determinaron el hallazgo en predios militares y la identificación, por primera vez desde la restauración democrática, de los cadáveres de dos desaparecidos.
Coronel uruguayo nombró al Plan Cóndor
ENTREVISTA: ALVARO RICO (COORDINADOR DEL EQUIPO QUE ESCRIBIO EL LIBRO DETENIDOS DESAPARECIDOS)
Documentos confirman el Plan Cóndor; el nombre se lo puso el coronel uruguayo Fons
"El régimen anotó buena parte de su funcionamiento rutinario y cotidiano. Por eso uno se encuentra con esa documentación que reconstruye el funcionamiento de un régimen político institucional, que no solamente aplica el método de la desaparición forzada. Hay documentación que registra el tema de los presos políticos, de los centros de reclusión, de libertades vigiladas. Uno se encuentra con las formas de vigilancia sobre la sociedad civil, desde las películas hasta la Feria del Libro, hasta los sermones en las iglesias", dijo el investigador Alvaro Rico, coordinador del libro "Detenidos desaparecidos", presentado por el presidente Tabaré Vázquez.RAUL LEGNANI
¿Cuándo le ofrecieron a usted participar de esta investigación?
Fue a principios de mayo de 2005. Nos reunimos con el presidente
de la República, doctor Tabaré Vázquez, y con el doctor Gonzalo Fernández en el Edificio Libertad.
¿Qué les plantearon a ustedes?
Nos plantean que era voluntad del Poder Ejecutivo y del Presidente incorporar la investigación histórica en cumplimiento del artículo 4º de la Ley de Caducidad, para los casos de detenidos desaparecidos.
¿Cuándo empieza el trabajo en concreto?
El 5 de setiembre de 2005, luego de toda la etapa preparatoria y conformado el equipo de investigaciones, comenzaron las labores. Trabajamos sobre los archivos estatales y privados. Eso se realizó hasta el 30 de noviembre de 2006.
¿Cuándo se comienza a redactar?
Hubo una primera redacción del informe a entregar al Presidente, que se hizo el 14 de diciembre. La redacción llevó un mes. Desde el 8 de enero hasta la semana pasada se trabajó con un grupo reducido de investigadores, coordinados también por mí.
¿Cuántos investigadores participaron?
En la edición del libro fueron cuatro investigadores y la colaboración de otros tres.
Desde la invitación a la salida del libro, ¿cuántas veces se reunió con el Presidente de la República?
Tuvimos una primera reunión y luego otra, el día que se presentaron los libros en el Edificio Libertad. En todo ese tiempo no volvimos a ver al Presidente.
¿Y a Gonzalo Fernández?
Con el doctor Fernández se trabajó cercanamente.
¿Ustedes pusieron condiciones para realizar este trabajo?
Nosotros pusimos ciertos requisitos, como fue la designación de un equipo de investigación, que finalmente fue integrado por 17 personas, donde el grupo central de 14 meses estuvo integrado por diez.
Planteamos la posibilidad de acceder a documentación oficial y una insistencia que fue compartida por Gonzalo Fernández, que fue la necesidad de acelerar el tratamiento de la Ley de Archivo, para que lo que nosotros tuvimos como privilegio, otros ciudadanos pudieran tenerlo como un derecho.
¿Qué sugerencias recibió del presidente Vázquez y del doctor Gonzalo Fernández?
Absolutamente ninguna. Creo que ha sido un ejercicio de relacionamiento excelente de los universitarios con el poder político. Nunca recibimos la más mínima directiva, ni la mínima insinuación de que deberíamos ir por tal o cual lugar, o qué cosa se debería decir y cuál no.
En la parte introductoria ustedes afirman que el libro es un trabajo académico y no político. ¿Qué diferencia hay entre un trabajo académico y otro político?
Es un trabajo que tiene un gran componente de historia política; en particular reconstruye una historia represiva del Estado uruguayo en determinada coyuntura histórica.
Por el lado de la temática, por el lado de la documentación, por el lado del fenómeno que se está investigando, como son hechos ocurridos durante una dictadura, el componente político se hace presente en esa dimensión.
No es político en el sentido de que el trabajo no está orientado a un fin político instrumental o menor, de un gobierno de turno o de una voluntad política cambiante.
Está orientado al tema de aportar a la construcción de una verdad social sobre dicho período histórico y con criterios de rigurosidad y profesionalismo, que desde las distintas disciplinas académicas se aporta a la selección de los documentos, a la interpretación de los mismos, en un contexto explicativo mayor.
Ustedes manejan documentos de las víctimas y de los victimarios. ¿A quién se le cree? ¿Cuándo un documento pasa a ser un producto histórico válido?
Desde el punto de vista de la documentación del Estado y en particular la documentación localizada en determinados ámbitos estatales, la misma era secreta.
En ningún momento los investigadores o los familiares de las víctimas tuvieron acceso a la lectura de ese material. Los documentos en sí mismos, salvo que sean documentos estrellas, valen, hablan, dicen cosas en la medida en que uno los inserta en un contexto de acontecimientos que los propios documentos van guiando. Ese contexto no es un a priori, porque los propios documentos van guiando la construcción de ese contexto. En ese momento los documentos proporcionan una explicación con mucho más fuerza de lo que puede ser la lectura de un documento aislado o parcial.
Si bien el libro está construido en gran parte sobre documentación oficial, hay determinados hechos que llevan a que los testimonios de las víctimas se transformen en documentos.
Documentan la existencia de una determinada persona, de un determinado movimiento, de determinados organismos o personal estatal. Por eso las versiones de las víctimas, en estas condiciones, asumen el status del documento que certifica la existencia, el traslado, la desaparición de una persona o determinado grupo de personas.
Ahora, el Estado democrático de hoy no es el Estado de la dictadura. ¿Tuvo en algún momento temor de que hubiera "fruta podrida" en esa documentación estatal?
Investigamos sobre un Estado de dictadura donde el secreto y la mentira institucional fueron parte constitutiva de su funcionamiento. Es que el régimen funciona sobre la base de la mentira y el secreto.
En la documentación que uno encuentra, una parte importante está también organizada y escrita en función de afirmar esa mentira. Un caso muy notable tiene que ver con la documentación que pudimos leer del Departamento II Exterior, del Servicio de Información de Defensa, instalado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que era el que armaba los informes que el gobierno dictatorial promovía ante distintos organismos. En particular en el libro está desarrollada la actitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los documentos que niegan detenciones o hablan de fugas o viajes al exterior, como el caso de Julio Castro a Buenos Aires y de otros detenidos desaparecidos, son mentirosos.
La virtud que tiene el acceso a esa documentación oficial, aun teniendo las precauciones necesarias, es que ilustra cómo pensaba el Estado en ese período histórico, qué percepción tenían los servicios de seguridad, las fuerzas operativas, sobre el funcionamiento, la peligrosidad, la coordinación, las acciones, el papel de determinados grupos o dirigentes.
Si bien esa documentación puede estar construida sobre la base de la mentira que el régimen reproduce, de todas maneras es la verdad para ese Estado.
Muchas veces se dice que las dictaduras son soberbias y que se sienten impunes. ¿Se puede decir, después de haber accedido a esos documentos, que la dictadura uruguaya se sintió impune y por eso fue bastante transparente?
El régimen anotó buena parte de su funcionamiento rutinario y cotidiano. Por eso uno se encuentra con esa documentación que reconstruye el funcionamiento de un régimen político institucional, que no es solamente la represión, no solamente aplica el método de la desaparición forzada.
Hay una abundante documentación que registra el tema de los presos políticos, de centros de reclusión, de libertades vigiladas. Uno se encuentra con las formas de vigilancia sobre la sociedad civil, desde las películas hasta la Feria del Libro, hasta los sermones en las iglesias.
En esa documentación hay buena parte del significado que en determinado momento el régimen tuvo sobre las acciones organizadas del exilio uruguayo de denuncia de la situación en el país. Contiene la vigilancia al exilio uruguayo y la respuesta a los organismos internacionales de derechos humanos, por parte del régimen.
En estas materias que tienen que ver con el control, la vigilancia, el seguimiento, la situación de los presos, la documentación es muy abundante.
Hay mucha documentación sobre las organizaciones políticas, principalmente de izquierda. Bajo la dictadura todos los partidos políticos, sin excepción, fueron vigilados y controlados.
En relación a las organizaciones de izquierda hay un cúmulo de información, de interpretación en clave de Inteligencia, de comprobación de funciones de dirigentes, de domicilios, que hablan de una acumulación de información, incluso en democracia, sobre esos grupos y sus integrantes.
En el libro se dice que desde 1947 se observaba al Partido Comunista...
Sí, es así. Después de 25 años de acumular esa información a través de recortes de prensa, de discursos, de viajes, de informantes, permite que ya bajo la dictadura, sin ningún amparo legal y bajo el terrorismo de Estado, esa información se lea en clave de Inteligencia bajo la lógica de "amigo, enemigo".
En su trabajo ustedes también se refieren a la etapa anterior al golpe de Estado...
Si bien nuestra investigación va desde el 27 de junio de 1973 al 1º de marzo de 1985, período entendido como de dictadura, tuvimos que llegar al año 1971 en la medida en que hay dos casos de desaparecidos, Ayala y Castagneto. También hay un tercer caso que es el de Roberto "Tito" Gomensoro, que desaparece antes del golpe de Estado, en marzo.
A la vez nos fuimos después de 1985, con la incorporación de las fichas personales de los detenidos desaparecidos, a todo lo que en materia legislativa, de Poder Ejecutivo, de comisiones investigadoras, aparece como denuncias, por ejemplo en el Poder Judicial.
Luego de las investigaciones, ¿se confirma el Plan Cóndor?
Sí, sin duda. Uno de los puntos fuertes de la documentación que contiene esta investigación tiene que ver con el Plan Cóndor, si bien nosotros hablamos de coordinación represiva regional.
Si uno sigue la construcción del Plan Cóndor, hay determinados hechos, como los asesinatos en la carretera de Soca de los militantes del MLN, que están fuera de contexto. La coordinación represiva regional es anterior a la sistematización del Plan Cóndor. En la primera reunión constitutiva de este plan, en Santiago de Chile en 1972, es un coronel del Ejército uruguayo, José Fons, quien propone llamarlo "Cóndor". Esto lo obtuvimos de documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, del Archivo del Terror de Paraguay y del National Security Archive, entre otros.
El 20 de octubre de 1975 se realiza en Uruguay la XI Conferencia de Ejércitos Americanos, en la cual participó Jorge Rafael Videla, entre otros. Al otro día comienza la Operación Cóndor, que es la represión abierta contra el PCU, la inauguración del 300 Carlos y la reclusión allí de más de 300 comunistas, en un operativo que tendrá ocho desaparecidos entre octubre de 1975 y junio de 1976, que se llamó la Operación Morgan. Después vino la represión al PVP, recién constituido en Argentina, con toda la secuela de desaparecidos que la misma tuvo.
¿Hay documentos que confirman los traslados, los vuelos?
En el caso de los desaparecidos en Paraguay hay documentos que comprueban los traslados de ese país a la Argentina. En los otros casos hablo de uruguayos desaparecidos en Argentina y posiblemente trasladados a Uruguay nosotros no encontramos documentación oficial que compruebe fehacientemente esos traslados.
Lo que el libro aporta, de una manera sistemática, es la fecha y el lugar donde grupos de uruguayos son sacados de los centros de reclusión de Argentina. También están los testimonios de sobrevivientes que comprueban esas fechas y ese acto de retiro masivo de ciudadanos uruguayos detenidos en los pozos, particularmente Banfield, Quilmes y Orletti.
En el primer tomo del libro se ilustra sobre los operativos organizados contra el PCU, el PVP, los GAU, las Agrupaciones de Militantes Socialistas, los montoneros residentes en Uruguay, el PCR y el MLN.
En esa sección, en la cual se reconstruye el contexto, y en las fichas personales de cada una de esas personas trasladadas que fueron vistas por sobrevivientes, aparece el reconocimiento del comandante de la FAU de la existencia de algunos de esos vuelos, más los propios informes de la Comisión para la Paz, que sin dar mayores detalles igualmente utiliza la definición de "traslado grupal" o "presumiblemente fue trasladado".
¿En los documentos a los que ustedes accedieron hay una valoración del Estado sobre la capacidad de fuego de algunos de esos grupos de la izquierda?
Hay documentos que el Estado se los cree y constituyen, para el mismo, una verdad. Al revisar los informes de Inteligencia hay una especie de sobredimensionamiento de la "peligrosidad" de estas organizaciones y de la coordinación que algunas de estas organizaciones tenían en Argentina, a través de la Junta Coordinadora Revolucionaria, con otros grupos revolucionarios, particularmente el ERP y Montoneros.
Muchas veces esas lógicas represivas necesitan autojustificarse y retroalimentarse, por eso plantearon que esos grupos se rearmaban.
¿Cuáles son las zonas del Estado a las cuales ustedes no pudieron ingresar?
No pudimos consultar directamente archivos militares, salvo el material depositado en el Calen. No es información secreta, pero alguna es confidencial. Sí consultamos documentos de origen militar, depositados en otras dependencias estatales.
¿Por qué no pudieron acceder a esos documentos?
No está dentro de nuestra potestad el poder entrar a esos archivos. En el intercambio que siempre tuvimos con el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, se nos dijo que esos archivos no estaban. Luego, cuando se encontró una parte de ellos, sobre todos los que están en el Cgior, se supo que esos materiales no están organizados como archivos, son lugares de depósito de documentos, algunos de los cuales están cifrados y microfilmados. Por lo tanto, organizar ese depósito de documentos como archivo, clasificar e interpretar los documentos, lleva mucho tiempo. La alternativa era investigar u organizar un archivo.
Como universitario ¿qué siente?
El martes hubo una declaración importante del CDC de la Universidad, valorando el aporte de los equipos universitarios en las investigaciones históricas y arqueológicas sobre nuestro pasado reciente y vinculando este aporte a la tradición universitaria y al cumplimiento de su Ley Orgánica.
El haber trabajado durante tanto tiempo con un equipo universitario que asumió como parte de su responsabilidad cívica, ciudadana, como parte integrante de la Universidad de la República, me hace sentir un gran orgullo y la tranquilidad de que el libro podrá tener tales o cuales deficiencias, pero lo que hubo fue un gran trabajo sin horas, con mucha responsabilidad, puesto a disposición de la verdad y de los familiares de los detenidos desaparecidos, para que Uruguay avance en materia de verdad, de memoria y de justicia. *
Mayo 27, 2007
Vinculan a Militares Uruguayos con Represor Argentino
MONTEVIDEO, 27 (ANSA) - La justicia uruguaya convocó hoy a cuatro militares encarcelados en Montevideo para notificarles que fueron requeridos por el magistrado argentino Norberto Oyarbide por sus vinculaciones con el represor de ese país Eduardo Ruffo, acusado de 65 crímenes.
El juez Julio Olivera Negrín llamó a primera hora a su despacho a los militares retirados del ejército José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Luis Maurente y Ernesto Soca, actualmente detenidos en una cárcel especial por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura uruguaya (1973-1985).
Los cuatro militares ya tienen pedidos de extradición librados por los magistrados argentinos Oyarbide, Guillermo Montenegro y Daniel Rafecas, debido a su actuación a fines del siglo pasado en el centro clandestino de interrogatorios "Automotores Orletti", en Buenos Aires, donde desaparecieron numerosos opositores uruguayos.
27/05/2007 13:48Mayo 21, 2007
Uru - Más de 50 mil personas marcharon por 18 de Julio reclamando verdad y justicia
Nunca más terrorismo de Estado: la consigna de la primera marcha con militares y policías presos
Más de 50 mil personas marcharon por 18 de Julio reclamando verdad y justicia
Unas 50 mil personas se movilizaron ayer en silencio por 18 de Julio reclamando verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Fue la primera Marcha del Silencio en la cual hay violadores de los derechos humanos que se encuentran en prisión en nuestro país.
Bajo la consigna "¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. Nunca más terrorismo de Estado" el colectivo de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entre otras organizaciones, convocó a la decimosegunda Marcha del Silencio. Cuando la cabeza de la marcha llegó a la Plaza Libertad, el final aún no había pasado por El Gaucho, más de seis cuadras de abigarrada multitud: 50 mil almas en silencio y perfecto orden.
Algunos minutos después de las 17 horas comenzaron a llegar las primeras personas hasta la Plaza de los Desaparecidos de América, en Jackson y Rivera, punto de partida de la marcha que comenzó a las 18:20 horas.
Portando retratos de detenidos desaparecidos, familiares y activistas por los derechos humanos comenzaron una emotiva caminata por más de 75 minutos a lo largo de la principal avenida capitalina, que culminó en la Plaza de Cagancha, en donde se pasó lista a cada una de las víctimas del terrorismo de Estado y posteriormente se cantó el Himno Nacional.
Por primera vez ayer se hizo una Marcha del Silencio "con policías, militares y civiles presos por violaciones a los derechos humanos", explicó el senador Rafael Michelini en el día en que se conmemoraban 31 años del asesinato de su padre, Zelmar Michelini, del diputado nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz y del matrimonio de William Whitelaw y Rosario Barredo. En la plaza aguardaban a los manifestantes gigantografías con el rostro de los detenidos desaparecidos, además de placas con contornos humanos recortados en donde podían leerse consignas tales como "siguen secuestrados", "queremos la verdad", "siguen siendo más de 200", "no son sólo memoria" y "verdad y justicia", entre otras leyendas. De fondo, unas letras gigantes realizadas por alumnos de la Escuela de Bellas Artes reclamaban "dónde están".
"No es una marcha más"Michelini explicó que esta "no es una marcha más", ya que se lleva a cabo en el marco de "un gobierno que lucha contra la impunidad". Esta es una marcha en la que "el pueblo uruguayo en silencio está reclamando más y más justicia", agregó el senador.
Por su parte, la integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos Luisa Cuesta celebró que el pueblo "una vez más acompañó" en la movilización.
En tanto, el integrante del PIT-CNT Luis Puig explicó que la marcha demuestra "la plena voluntad del pueblo uruguayo de terminar con la impunidad en este país".
El Nunca Más puede plantearse sólo como "Nunca Más terrorismo de Estado", ya que "la gente sabe que efectivamente acá no hubo una guerra entre bandos, sino la consagración de la maquinaria terrorista más atroz, que es el Estado criminal".
En tanto, Michelini enfatizó que el Nunca Más se hace "en la calle y en las acciones de todos los días". El Nunca Más "es esta marcha y cuando el Presidente de la República habilita a entrar a los cuarteles para buscar restos de desaparecidos", agregó.
Sandro Soba, hijo del desaparecido Adalberto Soba Fernández, aseguró que "es muy difícil que haya una reconciliación" en la sociedad uruguaya "cuando la otra parte no dice la verdad y sigue ocultando información".
El dirigente de Familiares Javier Miranda compartió que la consigna de esta marcha es una reafirmación del Nunca Más terrorismo de Estado. Hay "una fuerte apuesta a la búsqueda de la verdad, esa verdad que mantienen secuestrada aquellos que los 18 de mayo hacen discursos corporativos y reivindicativos de lo que fue la represión ilegal y el Estado terrorista".
Además afirmó que hay una "desmarcación del discurso sobre el Nunca Más del Presidente de la República" y agregó que aún no se sabe si el colectivo participará en el acto del 19 de junio.
"Obviamente, Familiares no va a participar de un desfile militar y mucho menos cuando hace dos días el Ejército reivindicaba prácticamente la guerra sucia e incluso la participación corporativa en un homicidio fuera de dictadura, frente a un reclamo de la Justicia chilena", señaló Miranda.
El abogado llamó a que se siga investigando y reclamó que "los que saben den la información", ya que los datos "que se dieron el 8 de agosto de 2005, por las tres fuerzas, lo menos que se puede decir es que no han sido corroborados por los hechos".
Ley de CaducidadEn la duodécima Marcha del Silencio "se reclama justicia para todos" y puede tomarse como "el inicio de la anulación de la Ley de Caducidad, que va a enterrar esa normativa ilegal que nos llena de vergüenza", explicó Michelini, que entendió que "sin dudas el pueblo uruguayo va a acompañar esta iniciativa".
También Cuesta dijo que la marcha puede tomarse como un respaldo para aquellos que trabajan por la anulación de la Ley de Caducidad.
"Para los que están luchando por levantar las firmas puede darles una noción de lo que quiere el pueblo", subrayó Cuesta. Soba reclamó que la normativa "debe ser anulada", ya que "no hay argumentos válidos para poder sostenerla" por lo que "esta bandera la va a seguir portando el pueblo y no la bajará hasta que se sepa toda la verdad y se diga en dónde están los desaparecidos".
Finalmente Puig sentenció que la anulación de la Ley de Caducidad es una de las "garantías de no repetición" del terrorismo de Estado. El dirigente sindical reclamó "terminar con las mentiras de las Fuerzas Armadas" de parte de los comandantes en jefe de las armas.
"El Estado tiene la obligación de investigar, quiénes dieron las órdenes y quiénes efectuaron los traslados, esto es imprescindible para el avance de la democracia, y en esto está trabajando la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Impunidad", expresó Puig.
Además, la coordinadora viene trabajando "en un proyecto de reforma constitucional por iniciativa popular para devolverle el protagonismo a la gente y que sea el pueblo uruguayo el que anule definitivamente la impunidad", señaló el sindicalista. *
Arana: "Sin amnesias"
El ministro de Vivienda, Mariano Arana, aseguró sentirse "absolutamente consustanciado con la expresión cívica" que constituye la marcha, que "habla de lo mejor del pueblo uruguayo". Esta manifestación va en el sentido del "Nunca más" de una "manera profunda e integral, sin amnesias ni anestesias", agregó el secretario de Estado. *
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Payssé: "Verdad, justicia y memoria"
"Todavía la impunidad sigue vigente" para el abogado del Serpaj Guillermo Payssé, por lo que realzó el "¿Dónde están?" de la consigna.
"Lamentablemente es una realidad que las actuales autoridades de las Fuerzas Armadas están dispuestas a continuar con la impunidad de los delitos que se cometieron durante la dictadura", agregó Payssé.
El abogado explicó que es imprescindible para el pueblo uruguayo "recorrer un camino de verdad, justicia y memoria para llegar a esa reconciliación tan anhelada", pero este gobierno no debe "apresurarse como han intentado hacer otros anteriores" con la Ley de Caducidad y la Comisión para la Paz, pero "parece ser que hoy tiene el mismo apuro". *
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Castro: Reparación no puede ser sólo económica
La diputada del MPP Nora Castro se mostró "impactada" por la participación de "gente joven" en la Marcha del Silencio, sobre todo la que "nació después del período de reinstitucionalización" democrática. Además expresó su acuerdo con la consigna "Nunca más al terrorismo de Estado", o como dice el senador Eleuterio Fernández Huidobro, "siempre más".
La legisladora se refirió a la reparación de familiares de víctimas fallecidas en la dictadura, que no debe ser "exclusivamente económica" sino que "pasa por la justicia, por la verdad, y es una tarea que paso a paso, a ritmo uruguayo, se está llevando adelante".
"La reparación no pasa por lo económico, porque el dolor no se olvida con el tiempo y para pasar de la herida a la cicatriz" se precisa de "un proceso", que en este caso "está liderado por la Justicia uruguaya", que busca que "se esclarezca la verdad y haya justicia".
Con respecto al "Nunca más" sentenció que "si está concebido en el marco de la teoría de los dos demonios no la llevo, le hace mal al país y a la verdad histórica". *
Integrantes del Ejecutivo y legisladores del FA participaron de la movilización
Uruguayas y uruguayos de todas las edades, la memoria y el futuro unidos: aquí, una de las más pequeñitas.
Uruguayas y uruguayos de todas las edades, la memoria y el futuro unidos: aquí, una de las más pequeñitas.Además de familiares de desaparecidos y militantes por los derechos humanos, varias autoridades del gobierno concurrieron ayer a la Marcha del Silencio. Entre los integrantes del Poder Ejecutivo se encontraban la ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, el ministro y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano y Belela Herrera, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi, el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Mariano Arana, el ministro y el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica y Ernesto Agazzi, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, el subsecretario de Salud Pública, Miguel Fernández Galeano, el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Martín Ponce de León, la subsecretaria de Desarrollo Social, Ana Olivera, la directora del Panes, Bertha Sanseverino, la subsecretaria de Turismo y Deporte, Liliam Kechichian, y el subsecretario y el director nacional de Educación y Cultura, Felipe Michelini y Luis Garibaldi, entre otros.
También concurrieron el intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich, el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, el ministro de la Corte Electoral Wilfredo Penco, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, y el presidente del INAU, Víctor Giorgi.
En cuanto a legisladores, participaron de la marcha, entre otros, los senadores Rafael Michelini, Alberto Couriel, Mónica Xavier y Lucía Topolansky, y los diputados Héctor Tajam, Edgardo Ortuño, Eduardo Brenta, Nora Castro, Javier Salsamendi, Pablo Alvarez, Alfredo Asti, Daniela Payseé, Luis Rosadilla y Esteban Pérez.
Del secretariado general del PIT-CNT concurrieron a la movilización, entre otros, Juan Castillo, Luis Puig, Marcelo Abdala y Fernando Pereira. *
El senador Rafael Michelini y el rector de la Universidad, Rodrigo Arocena, dos de los participantes en la marcha de ayer.
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La reparación es la verdad y la justiciaLa factible reparación que se plantea desde el gobierno nacional también fue objeto de cuestionamientos ayer en la Marcha del Silencio.
Sandro Soba, hijo de Adalberto Soba Fernández, explicó que "no hay reparación posible, sólo puede haber un alivio para los familiares sabiendo la verdad y haciéndose justicia".
Por su parte la histórica dirigente de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Luisa Cuesta, expresó que lo que se pide es "una reparación integral".
"Queremos darles la verdadera identidad a los desaparecidos, que haya calles con los nombres de ellos, plazoletas y muchas cosas más", señaló.
Cuesta resaltó que si bien "está comprendida una indemnización a los familiares, no es eso lo principal de nuestro pedido". *
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Fernández Galeano: "Se va a seguir investigando""Hay un compromiso muy fuerte de la sociedad uruguaya con el nunca más terrorismo de Estado, pero se va a seguir investigando y trabajando en el esclarecimiento de la verdad y por la aplicación de la justicia", más allá de la fecha del 19 de junio, explicó el subsecretario de Salud Pública, Miguel Fernández Galeano.
Para el jerarca, "la verdad y la justicia tendrán por mucho tiempo una vigencia importante para poder construir el futuro", por lo que parece "muy difícil" concebir la democracia nacional "sin que se siga avanzando y consolidando el tema de la verdad".
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Daniela Payssé:"Nunca más"
La diputada de Asamblea Uruguay Daniela Payssé reconoció que "tenemos una cuestión pendiente. Acá los desaparecidos siguen desaparecidos y nosotros no cejamos en el intento de que aparezcan. La Justicia está actuando porque este gobierno hizo lo que tenía que hacer con respecto a las leyes que nosotros tenemos".
Según la legisladora "no se agota la investigación de la Justicia a los datos que aporta el Poder Ejecutivo, que sigue buscando datos, sino que también la investigación periodística, los datos que se aportan por familiares están coadyuvando para que podamos avanzar. Cuanto más rápido quienes tienen información la den, aunque sea de forma anónima, más rápido vamos a poder llegar a la verdad, a la justicia y consecuentemente a una búsqueda al final de camino o en la mitad del camino de un no más hermanos contra hermanos".
La legisladora agregó que "el programa del Frente Amplio habla de lo que nosotros resolvimos, en el Congreso Héctor Rodríguez, en materia de búsqueda de la verdad y dice claramente que vamos a actuar en el marco del estricto cumplimiento del artículo cuarto de la Ley de Caducidad. No me rehúso a discutir eso en un próximo Congreso, cuando avancemos en la elaboración del programa que sigue al que tenemos. Mientras tanto, lo que los frenteamplistas le dijimos a la población es que íbamos a investigar en el marco del artículo cuarto, y aclaro que voté verde y que no me gusta nada la Ley de Caducidad".
Uru - Una denuncia por el caso Gelman en la CIDH jaquea la amnistía oriental
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó tomar el caso de la nuera y la nieta del poeta al entender que Uruguay archivó la causa. La decisión habilitaría la discusión internacional sobre la invalidez de la ley de caducidad.
Por Victoria GinzbergLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una denuncia contra Uruguay por el secuestro y desaparición forzada de la nuera y la nieta del poeta Juan Gelman durante la dictadura militar en ese país. Este proceso permitiría discutir en el organismo internacional la invalidez de la ley de caducidad, la norma que impidió y todavía impide hacer justicia en el país vecino sobre los crímenes cometidos durante la dictadura que se extendió desde junio de 1973 a marzo de 1985.
“Hay decisiones sobre otros países en las que se ha manifestado que las leyes de amnistía para este tipo de delitos son violatorias del sistema interamericano de derechos humanos”, señaló a Página/12 Liliana Tojo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organismo de derechos humanos que patrocinó a Juan Gelman y su nieta Macarena ante la CIDH junto con el abogado José Luis González.
Tojo recordó el caso de la masacre de Barrios Altos en Perú y el de la ejecución del profesor Luis Alfredo Almonacid en Chile. En ambas resoluciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a los estados por aplicar normas que impedían investigar los crímenes y sancionar a los responsables. En Argentina, el antecedente de Perú fue valorado por la Corte Suprema al confirmar la anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida, así como un informe anterior de la CIDH respecto de las leyes de impunidad en el país.
Al admitir el caso de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y su hija Macarena, el organismo internacional consideró que “aunque merecen reconocimiento las buenas intenciones del gobierno uruguayo, y actualmente los tribunales de Argentina y Uruguay que están investigando las operaciones del Plan Cóndor, no puede ignorarse que la judicatura uruguaya archivó el caso específico de la desaparición de María Claudia Gelman el 19 de octubre de 2005”. Así, la CIDH entendió que las víctimas habían agotado los recursos a nivel local y, por lo tanto, correspondía habilitar la discusión en la instancia internacional.
María Claudia fue secuestrada de su domicilio en Buenos Aires junto con su marido, Marcelo Gelman, el 24 agosto de 1976. Ambos fueron llevados al centro clandestino de detención Automotores Orletti. Marcelo Gelman fue asesinado tiempo después. En 1989 fueron hallados sus restos, que habían sido arrojados al Río Luján en un tonel. María Claudia, que estaba embarazada de siete meses al momento del secuestro, fue trasladada a Uruguay en el marco de las acciones amparadas bajo la Operación Plan Cóndor, en la cual se coordinaron las políticas represivas de los países del Cono Sur. Durante su cautiverio en Montevideo, dio a luz su bebé en el hospital militar. La nena fue entregada a otra familia, que la crió como propia. La niña, Macarena, recuperó su identidad en 2000 a partir de una investigación de su abuelo. Pese a las gestiones realizadas por las familias Gelman y García Iruretagoyena, el paradero de María Claudia nunca pudo ser esclarecido, ni encontrados sus restos.
La investigación penal sobre la desaparición de María Claudia fue reabierta en Uruguay por el juez Gustavo Mirabal. Además, el presidente Tabaré Vázquez consideró que este crimen estaba “excluido” de la ley de caducidad, por lo que dio el aval para que el expediente siga su curso. Aun así, el fiscal del caso, Enrique Moller, insistió con que el hecho quedaba comprendido dentro de la amnistía a los represores uruguayos, argumento que fue respaldado por un tribunal de apelaciones. De este modo, la justicia oriental terminó cerrando la causa. La desaparición de María Claudia fue incluida recientemente como parte de la investigación general sobre un grupo de uruguayos secuestrados en Argentina y llevados luego a Montevideo. Pero hasta el momento no hubo novedades judiciales al respecto. En Argentina el caso es investigado por los jueces federales Guillermo Montenegro y Norberto Oyarbide, que pidieron la extradición de los involucrados.
Ahora que la CIDH consideró “agotados los recursos” en Uruguay, Gelman, su nieta y sus abogados esperan que sean removidos los “obstáculos” que impiden hacer justicia. Por eso, esta denuncia podría ser un caso testigo para comprometer al gobierno de Tabaré Vázquez en la anulación de la ley de caducidad. Actualmente, existe en Uruguay una Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Impunidad, que decidió comenzar la elaboración de un proyecto de reforma constitucional con el objetivo de invalidar la norma que impide el juzgamiento de los represores.
Página 12
Mayo 20, 2007
Uru - Esta tarde se realizará la 12ª "Marcha del Silencio" por la avenida 18 de Julio de Montevideo
Familiares reclamarán hoy por "Nunca Más"
Bajo la consigna "¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. Nunca más Terrorismo de Estado", hoy, 20 de mayo, tendrá lugar como desde hace 12 años, la denominada "Marcha del Silencio", a la cual convocan, entre otras organizaciones vinculadas a los derechos humanos, la agrupación Familiares de Detenidos Desaparecidos.
La convocatoria es para la Plaza de Desaparecidos de América, ubicada en el cruce de Rivera y Jackson, a la hora 18. Desde allí se partirá, recorriendo la avenida 18 de Julio, para culminar en la Plaza Libertad (Cagancha).
Como cada 20 de mayo desde 1995, la "Marcha del Silencio" recuerda y reclama Justicia al cumplirse el aniversario de los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y el matrimonio de militantes tupamaros que integraban Rosario Barredo y William Whitelaw, asesinados en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976. Tomando como partida estos cuatro brutales crímenes, la movilización reivindica la necesidad de conocer la verdad sobre este caso así como también sobre unos 200 uruguayos opositores a la última dictadura que aún permanecen desaparecidos.
Luisa Cuesta, una de las figuras emblemáticas de Familiares, dijo ayer a LA REPUBLICA que la convocatoria de esta tarde "tiene un gran significado; primero porque hemos vuelto a la consigna que teníamos cuando desaparecieron nuestros seres queridos, el 'nunca más'; y segundo porque reafirmamos que la verdad sigue secuestrada".
La de hoy será la primera marcha que se realiza luego de los procesamientos de varios militares, el propio Bordaberry y el ex canciller Blanco por casos de violación a los derechos humanos. Más allá de esta circunstancia, Cuesta aclaró que el accionar de la Justicia "no calma" el sentimiento de dolor porque "las Fuerzas Armadas no hablan de verdad, sino que hablan de lo que hicieron, hablan de vuelos pero no de nombres de las personas que trajeron, y por eso nuestra consigna es muy justa para este momento".
Además, la representante de Familiares cuestionó las carta pública dada a conocer en los últimos días por el ex represor Gavazzo: "Nosotros no tenemos odio, tenemos amor a los nuestros que desaparecieron y a los hijos y a las madres del futuro", dijo Cuesta.
Finalmente, con la fuerza y la esperanza intactas, al igual que hace más de 30 años, Cuesta concluyó: "La esperanza está en el pueblo que siempre nos acompaña, y por eso, pido a nuestro pueblo que esté con nosotros y que nos ayude a llevar las fotos de nuestros seres queridos". *
Uru - La dictadura respondió a OEA denuncia de Michelini el día que lo secuestraba
Documentos obtenidos por LA REPUBLICA muestran otro capítulo atroz de la "historia reciente"
La dictadura respondió a OEA denuncia de Michelini el día que lo secuestraba
Un informe de Zelmar sobre los "rehenes" tupamaros habría sido uno de los motivos de su asesinato. El mismo 18 de mayo de 1976 en que era secuestrado junto a Gutiérrez Ruiz, el embajador en Washington, Mateo Marques Seré, contestaba con ironía sus denuncias sobre las cárceles uruguayas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El 18 de mayo de 1976, el mismo día del secuestro de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en Argentina, la dictadura uruguaya dio respuesta a una denuncia sobre maltrato a los presos políticos que el propio líder frenteamplista había hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).El material al que accedió LA REPUBLICA refleja otro capítulo atroz de lo que se ha dado en llamar la "historia reciente" y evidencia la complicidad con la que el cuerpo diplomático del régimen se manejaba en las relaciones del Estado uruguayo con los organismos internacionales.
La nota oficial también agrega otro móvil de la dictadura para concretar el homicidio de Michelini y los demás dirigentes políticos exiliados en Argentina, quienes denunciaban al mundo las torturas y condiciones inhumanas en las que se encontraban los presos políticos en Uruguay.
El documento, proveniente de los archivos de la propia CIDH, está firmado por el entonces jefe de la misión permanente de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), embajador Mateo Marques Seré, quien representaba al régimen militar en Washington.
Otros informes con que Marques Seré defendió a la dictadura fueron usados recientemente en un editorial del matutino "El País" (23/01/07), para sustentar la llamada teoría de los "dos demonios", que busca equiparar la guerrilla del '60 con la represión militar. El documento del 18 de mayo no fue mencionado.
Los "rehenes" del MLNA partir de su exilio en Buenos Aires, horas antes de la disolución del Parlamento el 27 de junio de 1973, el senador de la Lista 99 del Frente Amplio, Zelmar Michelini, junto a otros dirigentes políticos exiliados se había puesto a la cabeza de las denuncias en contra de la dictadura en Uruguay.
El 4 de noviembre de 1973, el diario "La Opinión", donde Michelini escribía, denunció la situación de "rehenes" que la dictadura había impuesto a un grupo de dirigentes tupamaros, particularmente a Raúl Sendic, quienes serían ejecutados si la organización volvía a operar dentro del país.
Michelini integraba el Comité de Defensa de los Presos Políticos en Uruguay, que en diciembre de 1974 elaboró un memorándum sobre la situación de rehenes que desde fines de setiembre de 1973 padecía ese grupo de tupamaros y denunció las torturas y condiciones de prisión a que les sometían.
El memorándum explicaba que la denuncia internacional realizada durante un año había logrado evitar el fusilamiento de aquellos presos políticos, pero advertía que "parece igualmente claro que la muerte de estos detenidos sigue estando planteada en la mente de los militares".
"Ahora se persigue el aniquilamiento por otros medios. Se trata de lograr una muerte lenta que surgiría como resultado del proceso de deterioro físico, de las repetidas torturas y de las presiones sicológicas ejercidas sobre quienes están sometidos desde hace casi un año a un régimen tan brutal", añadía el informe.
Campaña humanitariaEl memorándum explicaba que el grupo de rehenes estaba integrado por Raúl Sendic Antonaccio, Jorge Manera Lluveras, Julio Marenales Sáenz, Adolfo Wassen Alanis, Jorge Zabalza Wacksman, Mauricio Rosencoff Silverman, José Mujica Cordano, Eleuterio Fernández Huidobro y Henry Engler Golovchenko.
El informe concluía que "la total carencia de todo tipo de actividad física e intelectual, la incomunicación con el mundo exterior, la amenaza reiterada de que la situación en que están se prolongará indefinidamente, la falta de conversación y de contacto humano, la imposibilidad de hablar o expresarse en alguna forma, la permanencia constante en lugares de reducidas dimensiones, constituyen las nuevas formas de tortura que se ensayan como complemento a la tortura física directa".
"Por la conocida trayectoria revolucionaria de los nueve rehenes, sin duda la idea de la muerte ha sido asumida por ellos desde tiempo atrás. Recordamos su respuesta en setiembre de 1973 cuando se les comunicó su situación: 'Podrán fusilarnos, pero no lograrán detener la lucha del Pueblo'", decía.
Finalmente, se proponía una campaña internacional para lograr el reintegro de los nueve rehenes al Penal de Libertad, su urgente atención médica controlada por un organismo internacional y la designación de una misión permanente de la Cruz Roja Internacional para Uruguay.
La denuncia de ZelmarEl memorándum del Comité de Defensa de los Presos Políticos en Uruguay, que el propio Michelini habría redactado, fue enviado entonces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, para que se exigiera a la dictadura garantías sobre las vidas de los rehenes.
El propio Zelmar Michelini le escribió una carta al entonces secretario ejecutivo de la CIDH, Luis Reque, a quien pedía ser recibido por los miembros de la Comisión de Derechos Humanos para explicar personalmente la situación que sufrían los presos políticos en Uruguay.
La nota, fechada el 18 de abril de 1975, decía: "La situación ahora ha empeorado y la ausencia total de libertad hace que la represión sea mucho más dura y el desconocimiento de los derechos consagrados en los acuerdos internacionales, más continuo (y) flagrante".
"Pienso que es sumamente importante para la suerte del pueblo uruguayo y de miles de hombres y mujeres que sufren persecución, prisión y destierro, que esa Comisión conozca una voz tan diferente a la que se suele expresar por los medios gubernamentales y oficiales", escribía.
Michelini señala en su carta que pensaba viajar a Washington en torno al 20 de mayo de aquel 1975.
El viaje se frustró cuando el gobierno dictatorial le anuló su pasaporte oficial. Exactamente un año después, cuando intentaba nuevamente concretar el viaje fue secuestrado, torturado y asesinado.
Respuesta política y militarAunque Michelini no pudo viajar a Estados Unidos para concretar su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el memorándum elaborado por el Comité de Defensa de los Presos Políticos en Uruguay sobre la situación de los rehenes tupamaros fue recibido por la comisión de la OEA.
Las graves denuncias descritas fueron inmediatamente incorporadas por la CIDH, que creó el Caso 1929 y envió, el 8 de agosto de 1975, una nota dirigida al canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, en la que solicitaba una respuesta ante el memorándum.
La primera contestación de la dictadura ante las denuncias de Michelini sobre los rehenes se dilató hasta comienzos de 1976, cuando por una orden del Ministerio de Relaciones Exteriores se decidió la cancelación de su pasaporte, junto a los de Wilson Ferreira Aldunate y Héctor Gutiérrez Ruiz.
La segunda respuesta fue la nota formal con la que el embajador Mateo Marques Seré ironizó sobre la situación que sufrían los rehenes y sostuvo que se trataba de una campaña de desprestigio, que las cárceles y la atención médica eran de las mejores del mundo y que no se realizaban torturas.
Ese mismo 18 de mayo de 1976, la dictadura también daba una respuesta militar a las denuncias: Zelmar Michelini era secuestrado y su cuerpo aparecería junto a los de Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo todos ejecutados y con señales de torturas dos días después, hace hoy exactamente 31 años. *
La denuncia de Zelmar
Buenos Aires, abril 18 de 1975 Dr. Luis Reque Washington
Facsímil con la denuncia de Zelmar Michelini, fechada en la ciudad de Buenos Aires, donde estaba exiliado, en abril de 1975.
Facsímil con la denuncia de Zelmar Michelini, fechada en la ciudad de Buenos Aires, donde estaba exiliado, en abril de 1975.Estimado Dr. Reque:
Soy un senador uruguayo, exiliado en la ciudad de Buenos Aires, tras los acontecimiento de junio de 1973 en mi país. Durante mi actuación como legislador en mi patria me ocupé reiteradamente de las violaciones a los derechos humanos. La situación ahora ha empeorado y la ausencia total de libertad hace que la represión sea mucho más dura y el desconocimiento de los derechos consagrados en los acuerdos internacionales, más continuo (y) flagrante.
Quisiera exponer esa situación ante la Comisión de los Derechos Humanos de la OEA (Organización de los Estados Americanos). Personas amigas, con conocimiento del trámite de estos asuntos, me han recomendado que me dirija a Ud. para formular la petición formal.
Pienso estar en Washington alrededor del 20 de mayo próximo y creo que esa fecha podría ser accesible para mi presentación ante la Comisión. El tema concreto de mi denuncia estaría relacionado con la situación imperante en Uruguay respecto a la vigencia de los derechos humanos.
Ruego a Ud. trasmita a los Sres. miembros de la Comisión mi aspiración y se sirva indicarme si es posible los requisitos que debo cumplir para poder concretar mi deseo. Pienso que es sumamente importante para la suerte del pueblo uruguayo y de los miles de hombres y mujeres que sufren persecución, prisión y destierro, que esa Comisión conozca una voz tan diferente a la que se suele expresar por los medios gubernamentales y oficiales y que entiendo es mi convicción que no representa la verdad de lo que ocurre en el país. Al informar de los hechos reales sólo pretendo ubicar a la Comisión en la dramática realidad uruguaya.
Quedo a la espera de sus noticias, totalmente a las órdenes y al agradecerle la atención que se sirva dispensarme le expreso la seguridad de mi estima personal.
(firma)Zelmar Michelinis/d Corrientes 626 Buenos Aires República Argentina
La historia oficialista
Facsímil de la respuesta del embajador Mateo Marques Seré, del 18 de mayo de 1976.
Facsímil de la respuesta del embajador Mateo Marques Seré, del 18 de mayo de 1976.
Washington, 18 de mayo de 1976 Al Dr. Andrés Aguilar,Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington DC
Señor Presidente.
De acuerdo con instrucciones de mi Gobierno tengo el honor de dirigirme al señor Presidente para hacer referencia a la nota de esa Comisión de fecha 8 de agosto de 1975 (Ref. Caso 1929) enviada al señor Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, mediante la cual trasmite una comunicación sobre derechos humanos, y solicita la información al respecto, para poner en su conocimiento lo siguiente:
1 - Las afirmaciones genéricas que se formulan en la comunicación que se contesta se encuadran dentro de la campaña sistemática -organizada a nivel internacional- de desinformación en contra de mi país que persigue el propósito de impostar una falsa imagen de la realidad nacional.
2 - Las condiciones de alojamiento y alimentación que se proporcionan en los establecimientos de reclusión son comparables a las mejores del mundo.
3 - La atención médica es permanente y está respaldada por el Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas donde se hace la atención especial de los reclusos.
4 - En ningún establecimiento de detención, arresto o reclusión se ejercitan torturas o prácticas vejatorias de ninguna clase.
5 - El autor o autores de la comunicación a que se hace referencia han incurrido en una lamentable confusión debido tal vez al hecho de que la situación que se describe y que se sintetiza en sus conclusiones "la total carencia de todo tipo de actividad física e intelectual, la incomunicación con el mundo exterior, la amenaza reiterada de que la situación en que están se prolongará indefinidamente, la falta de conversación y de contacto humano, la imposibilidad de hablar o expresarse en alguna forma, la permanencia constante en lugares de reducidas dimensiones, constituyen las nuevas formas de tortura que se ensayan como complemento a la tortura física directa", coincide totalmente con el "tratamiento" que el auto denominado "MLN Tupamaros" suministraba a las víctimas de sus secuestros en las llamadas "cárceles del pueblo" según es público y notorio.
Otra razón que vendría en abono de esa lamentable confusión es precisamente el hecho de que las personas que se nombran en la comunicación como presuntas "víctimas" (Raúl Sendic, Julio Marenales, Wassen, Rosencof, etc) constituían la dirección del Movimiento Tupamaro y fueron los que ordenaron en su momento el "tratamiento" al que en forma tan gráfica se hace referencia en la comunicación que se contesta.
Reitero al señor Presidente las seguridades de mi más alta consideración.
(Firma) Mateo Marques Seré Embajador.
Mayo 19, 2007
Uru - Marcha del 20 de Mayo. Nunca más terrorismo de Estado
Bajo la consigna “¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. Nunca más terrorismo de Estado”, Familiares de Detenidos Desaparecidos realizará el domingo su Marcha del Silencio, como cada 20 de mayo. Este año el mensaje refleja una respuesta ante una decisión del gobierno.
BrechaLa de instituir el 19 de junio como el día del “Nunca más, para todos”, o del “Nunca más hermano contra hermano”, que tergiversa el verdadero sentido de la frase emblemática contra el terrorismo de Estado.
A diferencia del año pasado, esta vez no se explicita el reclamo de “justicia” para los crímenes de lesa humanidad.
Esto revela el ánimo en la interna de Familiares, donde hay opiniones dispares respecto de la forma y el contenido de los pronunciamientos que involucren el tema del derecho de justicia.
La organización como tal no se ha sumado a la campaña para anular la ley de caducidad, a pesar de que la norma ha cercenado el derecho de justicia dispuesto en las convenciones internacionales que Uruguay debe cumplir, en tanto se trata de derechos humanos fundamentales.
En conferencia de prensa brindada por Familiares, Luis Urtazú sostuvo que las Fuerzas Armadas y algunos civiles “siguen mintiendo, ocultando la verdad sobre nuestros desaparecidos”.
Luisa Cuesta dijo que Familiares “está de acuerdo con la justicia” pero que “la verdad es un forma de justicia para el pueblo” (Radio Uruguay, jueves 17). Y puso en duda que integrantes de la organización concurran al acto del 19 de junio, organizado por el gobierno.
Sostuvo que hace varios meses habían pensado concurrir con pancartas que recordaran las frases célebres de Artigas, pero que hoy esa posibilidad se diluyó sobre todo luego de que el Poder Ejecutivo hiciera suyo el “proyecto de reparación” del diputado colorado Daniel García Pintos, que deja en pie de igualdad a víctimas y victimarios del terrorismo de Estado.
La marcha partirá a las 18 horas desde Rivera y Jackson, para continuar por 18 de Julio hasta la plaza Libertad.
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Plebiscito contra la ley de caducidad
La Coordinadora Nacional por la Anulación de la ley de Caducidad decidió iniciar una campaña de reforma constitucional para lograr su cometido.
Para ello es necesario recolectar antes del 30 de abril de 2009 una cantidad de firmas que supere el 10 por ciento del padrón electoral (hoy serían unas 250 mil).
De llegar al número, y si la Corte Electoral convalida la normalidad del procedimiento, el plebiscito debería realizarse junto a la elección de octubre de 2009.
En principio, un grupo de juristas encabezado por Óscar López Goldaracena será el encargado de la elaboración del proyecto de reforma constitucional que podría ser plebiscitado, el que luego será sometido a consideración de las organizaciones que integran la coordinadora.
En su proclama emitida ayer, jueves, la coordinadora afirma que “la ley de caducidad es jurídicamente nula por ser contraria a normas del derecho internacional de los derechos humanos que obligan a juzgar los crímenes de lesa humanidad, por haber sido aprobada bajo amenaza militar contra los más elementales principios éticos y jurídicos de la República, por desconocer la separación de poderes, y por violar derechos humanos fundamentales”.
Sostiene que declarar la nulidad de la ley de caducidad “es un imperativo histórico, moral y jurídico indispensable para consolidar un Estado de derecho democrático y pleno”. Y recuerda que el Poder Legislativo “tiene el derecho y el deber de ajustar las realidades antijurídicas al derecho y, para el caso, tiene la obligación de dictar, por simple mayoría, una ley que declare nulas e inexistentes las normas de impunidad de la ley de caducidad”.
La coordinadora convoca “a toda la ciudadanía y, muy especialmente, a todos los actores políticos y organizaciones sociales a sumarse a los esfuerzos para declarar nula la ley de caducidad”. Y además invita a participar en la marcha del domingo 20 “para terminar con una ley nula e inmoral”.
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Notas
Este artículo fue tomado de la edición del semanario Brecha (www.brecha.com.uy) correspondiente al viernes 18 de Mayo de 2007.
Uru - Continuaran excavaciones
CONTINUARAN EXCAVACIONES EN BUSCA DE DESAPARECIDOS
MONTEVIDEO, 19 (ANSA) - El secretario de la Presidencia de Uruguay, Gonzalo Fernández, se reunirá el martes con el antropólogo José López Mazz, con el propósito de decidir la reanudación de las excavaciones en busca de restos de opositores políticos desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985).
El presidente Tabaré Vázquez anunció el viernes que inmediatamente ordenaría la reanudación de la búsqueda después que López Mazz declaró ante la justicia que tiene serios indicios sobre puntos donde podrían encontrarse tumbas clandestinas.
El antropólogo, que encabeza un equipo de técnicos que halló en cuarteles militares los restos de dos desaparecidos a fines de 2005, aclaró ayer que sus declaraciones no hacían referencia a los restos de la maestra Elena Quinteros, una militante de izquierda secuestrada en 1976 cuando pretendía refugiarse en la embajada de Venezuela en Montevideo.
Señaló que se limitó a decir al juez Juan Fernández Lecchini que poseía información sobre el posible enterramiento "de una mujer" en un predio militar.
López Mazz dirigió el equipo que durante dos años buscó cuerpos de desaparecidos enterrados clandestinamente en cuarteles militares y predios privados.
En 2006 finalizó la primera etapa de la búsqueda, pero entonces el Poder Ejecutivo destacó que se reanudarían las excavaciones si aparecían nuevos informes.19/05/2007 15:19
Mayo 18, 2007
Uru - Por el Día del Ejército Visitan a Militares Presos
Amigos son los amigos
17.05.2007En vísperas de la celebración del Día del Ejército, numerosas personas se dieron cita en la Unidad Penitenciaria Nº8 del Ministerio de Defensa, donde se encuentran los militares procesados por violaciones a los Derechos Humanos.
Un nutrido grupo de personas concurrió a la cárcel militar para manifestar su apoyo a los ex represores.
Los visitantes confesaron, en su mayoría, concurrir para saludar a los amigos presos, a quienes definieron como excelentes profesionales.El Inspector (r) Saúl Clavería, ex director de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, señaló no estar arrepentido de los años que trabajó vinculado a la dictadura. "Yo no estoy arrepentido de nada, pienso que lo que hicimos fue defender la Constitución y la ley. A mí no me resulta agradable que los camaradas estén en un centro de reclusión, pero ellos (en referencia a los militares presos) no se quejaron para nada".
El 18 de mayo, aniversario de la Batalla de Las Piedras, se conmemora el Día del Ejército Nacional.
López Goldaracena: los desaparecidos están en Uruguay
“Estoy absolutamente convencido de que la gran mayoría de los uruguayos desaparecidos en Argentina fue trasladada a Uruguay y la búsqueda debe realizarse en Uruguay”, dijo el abogado Oscar López Goldaracena. El jurista denunció unos 40 traslados clandestinos ocurridos entre 1977 y 1978.
Emiliano CoteloAdemás aportó nuevos datos sobre enterramientos en el establecimiento de La Tablada y el Cuerpo de Artillería Antiaéreo Nº 1.
EMILIANO COTELO:
“Hubo un tercer traslado masivo de desaparecidos desde la República Argentina. Todos ellos fueron asesinados”.
El anuncio figuraba en la portada del diario La República, ayer, y se agregaba que en 1978 se realizó otra operación de traslados por tierra, mar y aire desde Argentina, que involucró a 40 uruguayas y uruguayos que figuran como desaparecidos en ese país y en realidad fueron traídos y asesinados aquí en Uruguay.
El artículo da cuenta de la existencia de una operación de cinco traslados de uruguayos desde Argentina entre febrero y agosto de 1978. Los detenidos habrían sido trasladados por lancha, avión y avioneta y ejecutados y enterrados en Uruguay. Los trasladados eran militantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU), del Partido Comunista Revolucionario (PCR), el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), el Agrupaciones de Militantes Sociales (AMS), la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), que fueron secuestrados en Buenos Aires en julio y diciembre de 1977, recluidos primer