Proyecto Desaparecidos: Notas: Chile Archives

Julio 29, 2007

Condenan en Chile a represores de "Caravana de la Muerte"

SANTIAGO DE CHILE, 28 de julio (PL). — El ex general Sergio Arellano Stark, cabeza de la denominada "Caravana de la Muerte", fue condenado a 10 años de prisión, al ser revocada la aplicación de la Ley de Amnistía, informaron hoy fuentes judiciales.

La Corte de Apelaciones desechó una resolución anterior que los amparaba y decidió condenar por homicidio calificado a Arellano Stark y otros cuatro ex oficiales del Ejército.

Se trata de Carlos Romero Muñoz (10 años), así como José Parada Muñoz, Mario Cazenave Pontanilla y Julio Barrios Espinace (tres años).

Los imputados habían sido absueltos en primera instancia en mayo de 2006, pero la sala de apelaciones desechó el planteamiento.

En el episodio San Javier de la Caravana de la Muerte, registrado el 2 de octubre de 1973, fueron asesinados Teófilo Segundo Arce Toloza, José Esteban Sepúlveda Baeza, Segundo Abelardo Sandoval Gómez y Leopoldo Mauricio González Norambuena.

A su vez, otra sala de la Corte de Apelaciones absolvió a Fernando Patricio Zúñiga Canales y Eduardo Cartagena Maldonado, suboficiales retirados de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), condenados anteriormente por el secuestro del militante socialista Juan Ismael Suil Fernández.

Suil Fernández fue detenido en 1974 y llevado a la Base Aérea El Bosque, donde se le perdió el rastro, como muchos otros detenidos-desaparecidos.

Zuñiga y Cartagena habían sido condenados (como cómplice y encubridor, respectivamente)

http://www.granma.cubaweb.cu/2007/07/28/interna/artic10.html

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Julio 6, 2007

Chile - Militares (R) defienden aporte de uniformados a represores de la dictadura

EFE

El cuerpo de generales y almirantes retirados defendió hoy el aporte voluntario en dinero que realizan efectivos del Ejército a los militares procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Este miércoles, el ministro de Defensa, José Goñi, anunció que el Ejército está tomando medidas para dejar de financiar la defensa de antiguos represores, a través de un descuento mensual a todos los integrantes de esa rama militar.

Según el presidente de los ex militares, el general retirado Juan Guillermo Toro Dávila, “ese aporte se justifica porque se usa para ayudar al personal que está con problemas en los juicios de derechos humanos".

En opinión de Toro Dávila "cuando hay instituciones que deciden apoyar a su personal en problemas, lo pueden hacer perfectamente bien si es voluntario. Están en el derecho de apoyar a su personal cuando éste está en problemas", recalcó.

El debate por el financiamiento de los abogados de militares procesados resurgió tras la fuga del general retirado Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, quien se negó a cumplir una sentencia de cinco años de prisión que le aplicó la justicia en un proceso por un detenido desaparecido.

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Julio 5, 2007

Chile - Gobierno anuncia término de “descuento militar” para represores de la dictadura

Al igual que Osvaldo Romo, quien falleció ayer, más de 300 militares (R) y una veintena de civiles cumplen condena o están procesados por delitos de lesa humanidad. Hasta ahora un descuento por planilla al personal del Ejército costea la defensa de los implicados.

El ministro de Defensa, José Goñi, ratificó ayer que se trabaja intensamente para que en el “más breve plazo” se ponga término al sistema de descuentos por planilla a los militares activos, con el fin de costear los abogados de los ex uniformados procesados en causas de derechos humanos.

Según indicó el titular de Defensa “el general (Óscar) Izurieta, comandante en jefe del Ejército, ya ha aclarado esta situación, ha señalado que se están tomando las medidas internas para sacar de la institución la recolección de este fondo, y que la gente civil, militar o quien desee colaborar con este tipo de fondo, que lo haga privadamente”.

El ministro agregó creer que “esto va en camino de solución. Será en el más breve plazo posible (...) dentro de las próximas semanas, incluso”, aseguró Goñi y aclaró que si bien esos fondos “tienen una buena intención” cuando se ayuda a militares inocentes, el conflicto es que muchas veces se destinan a apoyar inculpados, por lo que “no es buena esta vinculación de las Fuerzas Armadas, de ninguna manera”.

En el mismo sentido, poco antes, el senador (PS) Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, había emitido una declaración cuestionando que “si el aporte es voluntario, por qué a todos los integrantes de esta institución (el Ejército) se le descuenta un mismo porcentaje, es decir el 0,23% del sueldo”.

Y más adelante, Naranjo agrega que este aporte “genera un lazo institucional innegable entre el Ejército y los violadores de derechos humanos” y denuncia que las donaciones “no son voluntarias” ya que “altos funcionarios y miembros del Ejército me han expresado que están muy molestos por este descuento obligatorio” al cual no pueden oponerse “por temor a represalias morales y administrativas”.

Uno de los que en principio fue beneficiado por este aporte del Ejército, que incluso servía para mantener a su familia en Brasil, fue Osvaldo Romo Mena, quien falleció en la madrugada de ayer, en el hospital de la ex Penitenciaría, debido a un cuadro cardiorrespiratorio derivado de las múltiples dolencias que le afectaban.

Torturador

El médico del recinto, doctor Juan Idrovo, señaló que presentaba un cuadro de insuficiencia cardiaca descompensada, cardiopatía coronaria y diabético infectado, fue evaluado por un equipo multidisciplinario del Hospital Penal, se inició el tratamiento depresivo y de antibióticos, falleciendo a las 04:45 horas”.

En los primeros años de la dictadura militar, con el apodo de “Guatón Romo” el ex agente civil de la Dirección Inteligencia Nacional (DINA) se convirtió en siniestro símbolo de la despiadada represión. Por el descaro e impunidad con que actuaba al momento de interrogar a los prisioneros, Romo fue uno de los primeros torturadores en ser reconocido por las pocas víctimas que sobrevivieron al paso por las cárceles secretas de Pinochet. Cuando en 1975 los tribunales comenzaron reiteradamente a citarlo para que aclarara el destino de varios detenidos que figuraban como desaparecidos, bajo el nombre de Osvaldo Henríques Mena, los servicios de seguridad de la dictadura lo sacaron del país, junto a su familia, con destino a Brasil. Allá permaneció en forma clandestina, en un pequeño poblado, hasta que en 1992 la policía chilena dio con su paradero y tras incesantes gestiones diplomáticas, fue extraditado a Chile.

Seguridad y horror

La Moneda anunció ayer que se dispondrán todas las medidas de seguridad necesarias para evitar incidentes en el funeral de Osvaldo Romo.

“Adoptaremos las medidas destinadas a evitar cualquier tipo de enfrentamiento u otras cosas (que sucedan) en su funeral”, afirmó ayer el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, quien, al igual que otras autoridades gubernamentales, declinó referirse al fallecimiento del “Guatón” Romo, involucrado en más de un centenar de casos de detenidos desaparecidos y que sumaba condenas a 92 años de prisión, varias de ellas confirmadas por la Corte Suprema.

El diputado (PPD) Tucapel Jiménez señaló que Romo “simboliza todo el período de terror que vivió nuestro país. Siento que de cierta manera actúo con tanta maldad y odio, que terminó siendo víctima de sus propios horrores”.

Por su parte la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, señaló que “por lo menos él murió en la cárcel” y agregó que “los años pasan, los agentes van a ir muriendo”, pero advierte que “cuando muere uno de los más conocidos, uno dice ‘qué tremendo que haya existido esta gente’. Su sola existencia trae al recuerdo el horror, la tortura, la muerte”.

Su abogado Enrique Ibarra, ex profesional de la Auditoría General del Ejército y que afirma defendió a Romo en forma gratuita, asegura que “murió solo y abandonando, esperando que se le hiciera justicia (…), a él sólo le correspondió actuar en cumplimiento de un deber que el país le pidió a la Dirección de Inteligencia Nacional”. LN

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20070704/pags/20070704213818.html

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Chile: Murió en la cárcel ex agente civil de la DINA Osvaldo Romo Mena

Represor cumplía en Punta Peuco dos condenas por secuestros calificados de dos opositores a la dictadura militar y falleció producto de complicaciones cardiorrespiratorias en el hospital de la ex Penitenciaría.

El otrora agente civil de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Osvaldo Enrique Romo Mena (70) falleció este miércoles por la madrugada en el hospital de la ex Penitenciaría a causa de inconvenientes cardiorrespiratorios.

Conocido como "Comandante Raúl" o sencillamente "Guatón Romo" falleció a las 05:30 horas y se encontraba en Punta Peuco cumpliendo condenas por casos de violaciones a los derechos humanos.

Entre éstas, se encontraban Romo fue condenado a 10 años y un día por el secuestro calificado del mirista Manuel Cortez Joo y cinco años y un día por el secuestro calificado de Ofelio Lazo.

El individuo sumaba condenas por más de 92 años de cárcel, de los cuales 37 ya fueron confirmados por la Corte Suprema.

El ex agente se encontraba por estos días aquejado de una inmovilidad física prácticamente completa a causa de una diabetes declarada hace al menos dos años.

Infiltrado

Osvaldo Romo se hizo conocido antes del golpe militar de septiembre de 1973, como agitador ultraizquierdista en barrios obreros, miembro del Partido Unión Socialista Popular y simpatizante del MIR, de acuerdo al sitio Memoria Viva.

Tras el golpe, apareció en los mismos barrios, de uniforme militar deteniendo a sus amigos y conocidos; en los círculos de izquierda todavía se debate si cambió de bando o fue siempre un infiltrado en el movimiento popular.

Así, desde que apareció en la mañana del 11 de septiembre de 1973 en el campamento Lulo Pinochet, vestido de suboficial, identificando militantes de izquierda, se transformó en uno de los más feroces enemigos del MIR.

El portal agrega que "sin poder disimular su olor a grasa y a transpiración a pesar de bañarse en colonia Flaño, se jactaba frente a los detenidos de Villa Grimaldi de haber sido siempre un infiltrado".

"Participó y aplicó los más atroces métodos de tortura a cientos de detenidos. Es responsable directo de la desaparición de decenas de detenidos, participo en la tortura, muerte y lanzamiento a la embajada de Italia del cuerpo de Lumi Videla", añade.

Izquierdistas vivos

Hace algunos años, en una entrevista con el Canal Univisión, Romo afirmó que el gran error de la dictadura de Pinochet (1973-1990) fue haber dejado izquierdistas vivos.

"Yo siempre le decía a mi general (Manuel Contreras, jefe de la DINA, la policía secreta de la dictadura), no hay que dejar a ningún periquito vivo", afirmó en esa ocasión, en la que además nombró a cuatro dirigentes socialistas a los que, si tuviera la ocasión, según dijo, asesinaría.

En el año 1977, Romo fue enviado por sus jefes a vivir a Brasil, donde según creen organismos de los derechos humanos pudo haber participado en escuadrones de la muerte.

En junio de 1992, ya recuperada la democracia, fue localizado y detenido en Sao Paulo, donde vivía con una identidad falsa, su esposa y cinco hijos. Fue deportado a Chile en noviembre de ese mismo año.

Según las fuentes penitenciarias, su familia sigue viviendo en Brasil y Romo jamás recibió visita alguna en los años en que estuvo preso.

En lo que sí coinciden los sobrevivientes de Villa Grimaldi, el más conocido centro de torturas de la DINA, es que Romo era un sádico que no sólo violaba personalmente a las prisioneras, sino que además utilizaba perros y les introducía ratas en la vagina y se solazaba especialmente con la aplicación de electricidad.

Reacciones

La vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Viviana Díaz, lamentó la muerte del ex agente, por la información sobre el paradero de las víctimas que se llevó consigo.

"Cada vez que fallece o se suicida un torturador, un miembro de la DINA, se va parte de la información que aún falta para encontrar a cientos de detenidos desaparecidos. Él participó en la detención de decenas de militantes del MIR”, recordó la dirigenta.

Por el contrario, el abogado del represor, Enrique Ibarra, afirmó que su defendido “nunca torturó, nunca interrogó. El señala que las interrogaciones eran realizadas por otras personas, el no se sentía ni blanca paloma ni oscura, sino que se sentía una persona que había cumplido su deber en el momento determinado. No estaba arrepentido de las misiones que le correspondió realizar, pero no creo sea en ningún caso el agente más cruel”.

http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=221791&estHomepage=Titulo2

Nadie asistió al funeral de Osvaldo Romo Mena

El ex agente civil de la DINA, involucrado en centenares de casos de desaparecidos, fue enterrado sin palabras de despedida y sin la presencia de deudos en el Cementerio General.

Sin más presencia que la de un sacerdote fue enterrado el ex agente civil de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Osvaldo Romo Mena, quien falleció el pasado miércoles víctima de un problema cardiorespiratorio.

El párroco tampoco pronunció palabras de despedida en el sepelio, realizado en el mausoleo de las Hermanas de la Caridad.

La ausencia de asistentes causó la sorpresa del director del Cementerio General, Tulio Guevara, quien dijo no haber presenciado una situación similar antes.

Romo estaba involucrado en más de un centenar de casos de detenidos desaparecidos y sumaba condenas a 92 años de prisión, varias de ellas ya refrendadas por la Corte Suprema.

Entre los casos por los que fue condenado figura el de la periodista Diana Aron Svigilsky, el contador Manuel Cortez Joo y Ofelio Lazo, todos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) detenidos y hechos desaparecer en 1974.

También estaba procesado por el secuestro calificado del sacerdote español Antonio Llidó Mengual, también detenido desaparecido. (Cooperativa.cl)

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Julio 1, 2007

Policía chilena detiene a represor prófugo

El ex mayor de Carabineros, Lautaro Castro fue detenido en la ciudad costera de Valparaíso, acusado de ser el responsable del secuestro y asesinato de diecisiete campesinos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Castro era jefe de la unidad de policía en Isla de Maipú, al sur de la Región Metropolitana, cuando tras el golpe militar que derrocó a Salvador Allende en 1973, ordenó la detención y asesinato de 17 campesinos, dando origen a lo que se conoció luego como la matanza de Hornos de Lonquén.

El represor, que confesó su cambio de identidad, había desaparecido sin dejar rastro, luego de que fuera requerido por autoridades judiciales para su procesamiento por crímenes de lesa humanidad.(PULSAR)

FAP
29/06/2007
http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=10531

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Junio 30, 2007

Chile - Detienen a coronel (R) Rolf Wenderoth, condenado por desaparición

Ex oficial del Ejército debe cumplir cinco años y un día en la cárcel por secuestro permanente del mirista Manuel Cortez Joo.

La Policía de Investigaciones detuvo este viernes por la mañana en Osorno al coronel en retiro del Ejército Rolf Wenderoth, condenado por el secuestro permanente del militante del MIR Manuel Cortez Joo.

La orden de aprehensión fue emitida por el ministro Alejandro Solís luego de que el miércoles pasado la Corte Suprema rebajara la condena hasta cinco años y un día de reclusión por la desaparición ocurrida en enero de 1975.

El ex oficial, que fue capturado por efectivos de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos, será trasladado en horas de la noche hasta Santiago para ingresarlo al penal Cordillera.

El abogado de Wendertoth, Enrique Ibarra, ratificó la detención de su defendido e insistió en que una condena por un secuestro permanente es una “ficción jurídica”.

Cortez Joo (28) era contador auditor, casado y padre de un hijo al momento de su detención. Fue detenido por agentes de la DINA en la vía pública por tratar de evitar la detención de su amigo Hugo Daniel Ríos Videla, también militante del MIR y desaparecido.

Fue llevado a Villa Grimaldi y su nombre apareció en el primero de los dos listados de los 119 desaparecidos víctimas de la Operación Colombo, figurando en la lista de 59 nombres que fue publicada por el diario O Dia de Curitiba, Brasil, el 24 de julio de 1975.

Harboe: Dichos no son apropiados

Consultado sobre los dichos del profesional, el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, insistó en que "en este país hay un estado de derecho que debe ser cumplido por todos, hayan o no usado uniforme o hayan o no, en este caso, cometido un delito”.

"Si una persona ha cometido un delito, lo que corresponde es la acción de la justicia. Si la justicia ha actuado, y establece las sanciones judiciales hay que cumplirlas”, indicó.

"Y así como lo hemos hecho con otros casos, corresponderá, en consecuencia a la justicia actuar, a través de las instituciones policiales correspondientes, para que las resoluciones judiciales se cumplan”, enfatizó.

Sin embargo, estimó que no es “apropiado que un jurista plantee posibilidades de vulneración de las normas judiciales, cuando justamente de lo que se trata su profesión, es de propender al respeto del Estado de Derecho, que es lo que corresponde”.

Iturriaga Neumann

En tanto, el director general de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, aseguró que cuentan con importantes antecedentes sobre el prófugo general retirado Raúl Iturraga Neumann, también condenado por violaciones a los derechos humanos.

"En la información que recibo día a día, hay diligencias que se están realizando en forma muy silente, muy reservadas, con apoyo de personas en la búsqueda y esperamos tener resultados luego”, dijo.

"No puedo dar a conocer el detalle de las diligencias porque le estaría avisando a este caballero lo que estamos haciendo”, precisó.

Sin embargo, admitió que "tenemos algunos datos, claramente concretos. Eso es lo único que les puedo decir al respecto. (…) Según nosotros, está en Chile”.

http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=221472

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Junio 28, 2007

Chile: Condenan a Mayor (R) del Ejército por Asesinatos de Opositores a Dictadura

A una pena de siete años de cárcel fue condenado el mayor (r) Donato López Almarza por su responsabilidad en el secuestro y homicidio de Carlos Fariña Oyarce (13), Héctor Araya Garrido (20) y Víctor Vidal Tejeda (16), en hechos acontecidos tras el golpe militar de 1973.

La sentencia de primera instancia dictada por el ministro en visita Jorge Zepeda afectó también al otrora agente de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Enrique Sandoval Aranciba, alias "Pete el negro", quien por su compromiso en la muerte de Fariña deberá cumplir cinco años y un día de presidio.

Respecto a la demanda entablada a favor de los parientes de las víctimas, el magistrado condenó al Fisco al pago de una indemnización de 24 millones de pesos a cada una de las familias.

El ministro Zepeda había encausado a ambos uniformados luego de determinar que en el caso de Fariña éste había sido secuestrado por civiles y militares desde su domicilio y retenido en una cancha deportiva con otros arrestados durante un allanamiento a una población de Santiago.

El menor y otros detenidos fueron sacados del lugar y llevados en un camión militar hasta el Regimiento Yungay, acantonado en el sector de la Quinta Normal, donde se perdió su rastro.

Veintisiete años después, obreros que excavan cerca de una carretera encontraron un esqueleto pequeño, identificado luego por el Servicio Médico Legal como del menor Carlos Fariña.

Fariña integró por casi tres décadas la lista de 79 menores de edad víctimas de la dictadura del fallecido general Augusto Pinochet.

http://www.radio.uchile.cl/notas.aspx?idNota=39202

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Junio 27, 2007

Chile - El comandante en jefe del Ejército chileno recibirá hoy a la hija del asesinado general Carlos Prats

SANTIAGO, 27 (de la corresponsal de EUROPA PRESS Claudia Riquelme)
El comandante en jefe del Ejército de Chile, el general Óscar Izurieta, recibirá hoy miércoles en una audiencia especial a una de las tres hijas del general Carlos Prats, asesinado junto a su esposa, Sofía Cuthbert, en un atentado con bomba cometido en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974, cometido por integrantes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por orden expresa del ex dictador Augusto Pinochet.

Prats González, quien fue Vicepresidente de la República durante el Gobierno del derrocado presidente Salvador Allende, debió autoexiliarse en Buenos Aires poco antes del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, tras haber recibido amenazas de muerte y sufrir hostigamiento por haber sido un militar leal al Presidente democráticamente elegido.
Prats fue quien recomendó a Pinochet para sucederlo al frente de la Comandancia del Ejército cuando renunció, poco antes del golpe, tras considerar al dictador como 'su hombre de confianza'.

Este miércoles, el jefe máximo del Ejército chileno, el tercer sucesor del ex dictador tras la renuncia de Pinochet en 1998, recibirá en su despacho a María Angélica Prats.

Fuentes judiciales confirmaron que la audiencia fue solicitada por la hija del asesinado general, con el objetivo de esclarecer una denuncia hecha por el ex jefe Operativo de la DINA, el brigadista retirado Pedro Espinoza, quien era el segundo en la línea de mando tras el temido general Manuel Contreras, quien, como Espinoza, está procesado por el crimen ocurrido en Buenos Aires.

http://actualidad.terra.es/articulo/ejercito_carlos_prats_1672512.htm

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Junio 26, 2007

Chile - Procesan a ex-agene de Dina

CORTE PROCESO A EX AGENTE DE DINA POR CRIMENES DE LA DICTADURA

SANTIAGO DE CHILE, 25 (ANSA)- La Corte de Apelaciones de Santiago procesó hoy al ex agente de la DINA brigadier retirado Marcelo Morén como autor de los homicidios calificados de los dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Bautista Van Schouwen y Patricio Munita, cometidos en diciembre de 1973.

La causa había sido sobreseída por la Corte Marcial en agosto de 2003, invocándose la Ley de Amnistía y la prescripción, pero dos años después la Corte Suprema ordenó la reapertura por considerar que se habían infringido disposiciones del Código de Procedimiento Penal.
En la resolución de hoy, adoptada por unanimidad, los magistrados de la Corte argumentan que "existen antecedentes que le imputan" a Morén haber integrado el grupo que detuvo a las víctimas en el lugar en que se habían refugiado.
El acusado, quien fue jefe de la brigada denominada Caupolicán, dedicada a neutralizar a los militantes del MIR, se encuentra recluido en el Penal Cordillera, de Santiago, exclusivo para militares, cumpliendo condena por su implicancia en otros crímenes.
25/06/2007 19:09

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Junio 25, 2007

Chile - Piden desclasificar documentos de la dictadura de Pinochet

Los diputados oficialistas chilenos Antonio Leal y Tucapel Jiménez pidieron hoy al Ejército que desclasifique todos los documentos que posee sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

"Pedimos la desclasificación de todos los documentos de la época de la dictadura y que, tal como lo hace la CIA, publique, coloque a disposición de los tribunales y de la Cámara de Diputados todos los documentos referidos a violaciones de los derechos humanos", afirmó Leal, del Partido por la Democracia.

La petición fue formulada luego de que el brigadier retirado Pedro Espinoza dio a conocer un documento que confirma la participación de efectivos del Ejército en el asesinato de Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrado en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974.

La petición se suma a una solicitud de familiares del matrimonio Prats Cuthbert para ser recibidos por el comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta.

Espinoza, condenado por el crimen del canciller Orlando Letelier y otros casos de violación a los derechos humanos, entregó a la justicia un informe firmado por el capitán en servicio activo Juan Salgado, donde afirma que en junio de 1974 espió a Prats en Buenos Aires.

El documento indica que detalles de su labor los entregó al general Manuel Contreras, hoy encarcelado y entonces número uno de la DINA, la policía secreta de Pinochet.

La documentación fue usada por el juez Alejandro Solís para procesar por doble homicidio y asociación ilícita en el caso Prats a Juan Salgado, ahora coronel retirado del Ejército.

http://www.diariohoy.net/notas/verNoticia.phtml/html/268524914/1731/Piden-desclasificar-documentos-de-la-dictadura-de-Pinochet/

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Chile - Un documento vincula al Ejército chileno con el asesinato de Prats

Saturday, 23 June 2007

El militar en retiro, Pedro Espinoza, reveló este viernes un documento que confirma la vinculación del Ejército chileno con el asesinato en 1974 del ex jefe de esa institución, Carlos Prats.

El documento oculto en dependencias del Ejército chileno hasta el 2004 confirma seguimientos realizados a Prats, previos a su asesinato en Argentina.
Espinoza fue agente de la policía secreta DINA durante la dictadura de Augusto Pinochet, y actualmente cumple condena por el homicidio en 1976 del ex canciller Orlando Letelier.

El archivo está firmado por el ex agente de la DINA, Juan Morales, y está remitido al entonces director de esa institución, Manuel Contreras.

El juez de la causa procesó este viernes a Morales como autor de homicidio y asociación ilícita.

El general Carlos Prats fue vicepresidente del derrocado gobierno chileno presidido por Salvador Allende y era considerado una amenaza para la dictadura de Pinochet.
*(PULSAR/ANSALATINA)

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Junio 22, 2007

Chile construirá museos de la memoria en más de 500 centros de tortura

El gobierno de la presidenta Bachelet repasará la historia de los lugares en los que funcionó el aparato represivo durante la dictadura de Augusto Pinochet. Entre 1973 a 1990, en el país andino funcionaron cerca de 100 mil sitios clandestinos de detención.

Durante la dictadura militar de Augusto Pinochet hubo 100 mil centros de tortura y muerte, de los cuales 515 conformarán un museo de la memoria, de acuerdo con los planes del gobierno de la presidenta chilena, Michelle Bachelet.

Según consigna el diario La Nación de Chile, el edificio que en la actualidad ocupa el Ministerio de Bienes Nacionales, en Santa Rosa con la Alameda (en el corazón de Santiago) funcionó un escuadrón de la muerte conocido como Comando Conjunto. Tiene tres sótanos que fueron calabozos y ahí hay escritos con sangre que no fueron borrados.

Para aquellos sitios con una mayor carga emocional e importancia desde el punto de vista represivo, se está reconstruyendo su historia. Esa información estará disponible en el transcurso de este año a través de Internet.

La idea es lograr una ruta patrimonial de los derechos humanos, señalizar ciertos lugares, "para que caminar por la calle sea un viaje permanente hacia la memoria, en otras palabras, dejaremos claro que los atropellos de los derechos humanos es parte de la historia de Chile, creando una ruta patrimonial de la memoria que identifique los sitios más simbólicos donde ello ocurrió", concluyó a ministra del ramo, Romy Schmidt.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&dis=1&sec=1&idPub=65748&id=157821&idnota=157821

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Junio 21, 2007

Chile: Pedirán unificar condenas de general represor

The Associated Press

SANTIAGO DE CHILE --
El abogado del ex jefe de la policía secreta del régimen militar, general retirado Manuel Contreras, pedirá unificar las condenas cárcel de su cliente, que hasta hoy suman 159 años, para luego buscar ante la justicia reducirlas drásticamente.

Otro general retirado cumplió el miércoles 10 días prófugo, para eludir una pena de cinco años de presidio.

"Por supuesto que solicitaremos la acumulación de condenas, es lo que corresponde, pero lo haremos más adelante, una vez que se cierren más procesos de los que se investigan", dijo el abogado Fidel Reyes.

Contreras, de 78 años, creó y lideró la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), responsable de las peores violaciones a los derechos humanos durante los primeros años de la dictadura del general Augusto Pinochet.

El generadl retirado enfrenta decenas de procesos por desaparición de izquierdistas y las 15 condenas ya dictadas suman 159 años, pero sólo cuatro de ellas han sido ratificadas por la Corte Suprema, la mayor a 15 años de prisión.

La legislación chilena no estipula el cumplimiento sucesivo de las condenas, lo que permite que sean unificadas a la pena mayor, en este caso, a 15 años.

Actualmente, Contreras cumple una pena de 12 años de cárcel por la desaparición del izquierdista Miguel Angel Sandoval, recluido en el penal Cordillera, en el interior de un regimiento del ejército.

En el proceso por el asesinato en Buenos Aires del ex comandante en jefe del ejército, Carlos Prats, y de su esposa Sofía Cuthber, Contreras podría enfrentar una pena a presidio perpetuo simple, pero Reyes confía en que su cliente será absuelto.

Uno de los compañeros de cárcel de Contreras debería ser el general retirado Raúl Iturriaga Neumann, sancionado con cinco años de presidio por la desaparición, en 1974, del estudiante de agronomía Luis San Martín.

Pero Iturriaga se fugó el 11 de junio, cuando debía presentarse para cumplir su condena, y desde la clandestinidad envió un video y un comunicado a la prensa en los que señaló que se rebeló ante una condena "arbitraria, sesgada, inconstitucional y antijurídica".

Iturriaga es buscado por las policías y su fotografía está en todos los puestos fronterizos, aunque se estima improbable que intente salir de Chile porque sobre él pesan tres órdenes de captura internacional: entre ellas una dictada por el juez español Baltasar Garzón, y otra de la justicia italiana que lo condenó en ausencia a 18 años de cárcel por el atentado en Roma contra el ex vicepresidente de la república, Bernardo Leighton, y su esposa.

El general prófugo huye armado con su pistola 9 milímetros, según informó el diario estatal La Nación.

Dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos solicitaron el miércoles al comandante en jefe del ejército, general Oscar Izurieta, que averigüe si militares activos han brindado apoyo a Iturriaga Neumann. Izurieta aún no da respuesta a esa petición.

Iturriaga comandó una de las brigadas de la DINA y fue jefe del servicio exterior del organismos represivo, por lo que se sabe que posee conocimientos de inteligencia que evitarían que cometa errores básicos que podrían ayudar a la detención por la policía, que le sigue sus pasos.

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Chile - Insatisfechos quedaron familiares de DD.DD. tras inédito encuentro con general Izurieta

Miércoles 20 de Junio de 2007
13:25
Ximena Pérez, El Mercurio Online
SANTIAGO.- Al parecer había mucho que conversar. El de esta mañana fue el primer encuentro privado entre un Comandante en Jefe del Ejército y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y se extendió por más de tres horas.

La reunión, en la que participaron el general Óscar Izurieta, las principales dirigentas de la agrupación y el ministro de Defensa, José Goñi, estuvo centrada en la actitud de rebeldía del general (r) del Ejército Raúl Iturriaga Neumann.

En este sentido, los familiares de detenidos desaparecidos exigieron a la institución y en particular su comandante en Jefe que asuma públicamente si una actitud de "absoluta distancia" con lo que hoy en día está sucediendo entre los generales (r), muchos de los cuales han solidarizado con el prófugo militar en retiro.

Sin embargo, tras un extenso debate, la entidad encabezada por Lorena Pizarro no quedó satisfecha ya que según explicó esta dirigenta al término del encuentro "lamentablemente (...) no ha existido ningún compromiso por parte del señor Izurieta de, primero, tomar una clara distancia sobre estos generales (r), de señalar claramente al país que no existe ninguna red de protección hacia el prófugo de la justicia iturriaga Neumann, un genocida terrorista de Estado".

"Las respuestas no nos dejan satisfechos (...) fue una larga reunión donde le planteamos (a Izurieta) lo que había pasado en la historia desde el golpe de Estado de 1973, incluso un poco antes, y la verdad es que las respuestas no son las que el país quisiera escuchar", agregó Pizarro.

En la misma línea se manifestó otra de las integrantes "históricas" de la agrupación, Mireya García, quien comentó que el encuentro "no fue tenso, pero (sí) poco productivo".

Según explicaron las integrantes de la agrupación, el Comandante en Jefe del Ejército les manifestó que ya hizo declaraciones del tono que ellas le solicitaban en días pasados y que "no las va a volver a hacer".

Otro de los puntos que generaron disconformidad entre las familiares de detenidos desaparecidos fue cuando le plantearon al general Izurieta su crítica hacia los descuentos que se le hacen a los uniformados para financiar a los abogados que llevan adelante la defensa de los militares en retiro procesados". Al respecto, la máxima autoridad de la institución castrense sólo se limitó a responderles que el tema "estaba en estudio".

Goñi gestó encuentro

El ministro de Defensa, José Goñi, calificó el histórico encuentro -del que fue gestor- como un "gesto más de normalidad democrática" y destacó la participación del general Izurieta en la cita. La autoridad valoró "tremendamente la profundidad del diálogo que se dio".

Sin embrago, también reconoció que era "difícil llegar a resolver los problemas, porque, como he dicho, el tener familiares desaparecidos es un dolor muy fuerte, muy profundo".

Goñi destacó su "convicción, esperanza y disposición" para seguir avanzando en la relación entre el Ejército y la agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos, en la que aseguró hoy se marcó una "nueva etapa".

http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=259903

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Junio 20, 2007

Chile - Dictadura de Pinochet aplicó letal gas sarín a dos peruanos

Las identidades de los compatriotas que fueron usados como "conejillos de indias" son desconocidas, así como el paradero de sus restos. Solo se sabe que ocurrió en 1976.

La Dirección Nacional de Inteligencia chilena (DINA), la temida policía política que operó los primeros años de la dictadura de Augusto Pinochet, habría usado con dos peruanos el mortal gas sarín, según una investigación judicial en curso.

La indagatoria, a cargo del juez Víctor Montiglio, reveló que tras ser detenidos en un operativo callejero, dos peruanos sin vinculación política y cuyas identidades se desconocen, fueron utilizados como "conejillos de indias" en 1976 para probar el letal agente químico.

El gas sarín, como el cianuro, fueron desarrollados y utilizados por la dictadura chilena para el exterminio de opositores.

De acuerdo a la investigación judicial, el asesinato de los peruanos forma parte del caso llamado "Calle Conferencia", que investiga la muerte de los miembros de la cúpula clandestina del Partido Comunista chileno.

El caso era desconocido hasta ahora. La muerte de los peruanos no aparece en ningún informe oficial de víctimas del régimen militar y tampoco se conocen sus identidades ni qué pasó con sus restos.

Un informe oficial sobre ejecutados políticos y detenidos desaparecidos revelado en 1991, registra a sólo un peruano como víctima de la dictadura chilena, el cantante Percy Arana, acribillado en 1984 en la vía pública.

En el experimento con gas sarín habrían participado el químico chileno Eugenio Berríos y el agente estadounidense Michael Townley, quienes pertenecían a la llamada Brigada Lautaro de la DINA, a la que se le acusa de ser la principal responsable de las más de 3.000 víctimas que dejó el régimen de Pinochet (1973-1990).

Cabe recordar que este gas fue el mismo que se utilizó en el ataque a los trenes subterráneos de Tokyo en 1995.

Fuente: AFP

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Chile - Condenan a ex jefe de la policía secreta de Pinochet por desaparición de un opositor en 1974

Un juez chileno condenó a cinco años de prisión al general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, por la desaparición de un carpintero en 1974, informaron hoy fuentes judiciales.

El fallo, dictado por el juez Juan Eduardo Fuentes, sentencia además a cinco años de prisión al agente civil de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Osvaldo Romo y a tres años y un día de presidio a los ex brigadieres del Ejército Miguel Krassnoff y Marcelo Moren Brito.

De este modo, Contreras, que fuera uno de los más estrechos colaboradores del dictador Pinochet, que falleció en diciembre pasado, acumula más de quince condenas por violaciones a los derechos humanos, por períodos que van de cinco a quince años de cárcel.

La sentencia del magistrado se refiere a la desaparición de Ofelio de la Cruz Lazo Lazo, de 42 años, de profesión carpintero y militante de izquierda, quien fue detenido en su casa por efectivos de la DINA el 30 de julio de 1974, y se encuentra desaparecido desde la fecha de su aprehensión.

Según el Informe Rettig que documentó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990), Lazo fue detenido pocas horas antes que su amigo, también desaparecido, Eduardo Enrique Alarcón Jara, y agrega que se desconocen antecedentes referidos a lugares de detención de ambos opositores.

Todos los condenados están actualmente en prisión, cumpliendo otras sentencias por violaciones a los derechos humanos.

Terra Actualidad - EFE

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Chile - Iturriaga y la democracia hecha mueca

20 de Junio de 2007

por Manuel Guerrero Antequera

Iturriaga significa en vasco "el lugar donde hay fuentes". Y qué espeluznantes son las fuentes que nos lega el General en retiro Raúl Iturriaga Neumann, quien se ha negado con éxito a presentarse al Penal Cordillera, donde tiene que cumplir condena por secuestro calificado.

A fines del mes de mayo la Corte Suprema de Justicia rebajó la sentencia de 10 años a 5 años y un día de cárcel dictada en contra del ex Jefe del Departamento Exterior de la DINA, por el crimen del estudiante universitario de 22 años de edad, militante del MIR, Dagoberto San Martín Vergara. El ex general Iturriaga está procesado, además, por el asesinato del ex Comandante en Jefe del Ejército y ex Vicepresidente de la República, General Carlos Prats González, y su esposa Sofía Cuthbert, ocurrido en 1974 en Buenos Aires. Iturriaga se encuentra a su vez condenado a 18 años de cárcel y con orden de captura internacional dictada por la Justicia Italiana por el atentado terrorista en contra del ex Vicepresidente de la República, y fundador de la Democracia Cristiana, don Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno, ocurrido el año 1975 en Roma. Es requerido desde España por el juez Baltasar Garzón por los asesinatos de los sacerdotes Antonio Llidó y Joan Alsina y del funcionario de las Naciones Unidas Carmelo Soria, perpetrado en julio de 1976. Fue miembro de la plana mayor de Villa Grimaldi y jefe de la Brigada Purén que se encargó de la represión, detención, tortura y desaparición de las dirigencias del Partido Socialista y el Partido Comunista de Chile.

Todo lo anterior es muestra suficiente del carácter probadamente criminal de Raúl Iturriaga Neumann. Sin embargo, no es todo. El ex general terrorista es responsable además de los casos de detenidos desaparecidos ocurridos en el marco de la Operación Colombo, conocida como el "Caso de los 119", operativo montado por el Servicio de Inteligencia del dictadura chilena en julio de 1975, que consistió en el desaparecimiento forzado de 100 hombres y 19 mujeres, seguido del encubrimiento a través de un montaje comunicacional que formó parte de la Operación Cóndor, plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

En tal operación detuvieron a mis tíos Jorge y Juan Carlos Andrónicos Antequera, de 25 y 23 años de edad, quienes fueron trasladados desde su hogar al cuartel de calle José Domingo Cañas esquina República de Israel, a cargo de la DINA, y luego transportados al centro de reclusión de Cuatro Álamos, pabellón de incomunicados del recinto de detención de Tres Álamos, desde donde fueron sacados con destino desconocido el día 11 de noviembre de 1974, última ocasión en que se los vio, ignorándose sus paraderos hasta el día de hoy. Patricia, cónyuge de Jorge, tenía 9 meses de embarazo al momento de su brutal detención que le tocó presenciar.

Tanto Jorge como Juan Carlos aparecieron en las publicaciones de la revista "Lea" de Buenos Aires y "O'Dia" de Paraná, Brasil, donde se indicaba que habrían sido muertos por sus propios compañeros de militancia en disputas intestinas o que habían sido abatidos por fuerzas de seguridad argentinas en la provincia de Salta. Aquella fue la primera y única aparición de la revista "Lea", no correspondiendo su domicilio ni identidad de su editora y director responsable a la realidad, figurando en cada ejemplar sólo un pie de imprenta ininteligible. "O'Dia", por su parte, reapareció en los kioscos solo para entregar aquella información luego de años de silencio, para luego volver a salir completamente de circulación. Tampoco constaba de un domicilio ni director responsable que se pudiera identificar.

Mis tíos Jorge y Juan Carlos forman parte de las 119 personas citadas en las nóminas de ambas publicaciones quienes coinciden con detenidos desaparecidos en Chile. Hasta la fecha Jorge y Juan Carlos Andrónicos Antequera se encuentran desaparecidos, así como cientos de personas a más de tres décadas de ocurridos los hechos.

Nuestro país se jacta de estar dentro de las sociedades con presencia en importantes rankings mundiales de competitividad, bajo riesgo país, serio aliado comercial de potencias económicas, pero no ha sido capaz de hacer justicia en casos tan elementales de violación a los derechos humanos de primera generación como los perpetrados por el terrorismo de Estado en manos de personas como el ex general Raúl Iturriaga Neumann. ¿Qué clase de código ético de conducta están socializando las instituciones de la República en las nuevas generaciones de militares si no se está en condición de hacer cumplir lo que dictaminan los Tribunales de Justicia? ¿Qué futuro estamos construyendo como sociedad si el presente no se hace cargo de la deuda en verdad y justicia que se tiene con compatriotas asesinados por obra de una máquina de exterminio diseñada, alimentada y ejecutada con recursos públicos? ¿De qué progreso y desarrollo se habla cuando cualquier éxito que se alcance como sociedad se levanta aún sobre las ruinas de las vidas de miles y miles de personas cuyo clamor por juicio, castigo y reparación es insultado por la fuga de un militar terrorista que hace uso incluso de los medios de comunicación para llamar a la insubordinación de los militares activos al poder civil y al Estado de derecho?

Si somos tan efectivos como Estado para detener y castigar a muchachos "chascones, vegetarianos y anarquistas", secundarios "pingüinos rebeldes", niños de 14 años de edad "delincuentes", ¿por qué somos tan débiles para actuar contra quienes realmente constituyen un peligro para ya no solo la sociedad chilena sino para el conjunto de la humanidad? Sin duda se ha avanzado en muchos planos, pero mientras existan los Raúl Iturriaga Neumann que se dan el lujo de reírse en la cara de los Tribunales de Justicia, mientras tengan espacio personeros de derecha como Carlos Larraín, que con voz de sordina considera que cultivar la memoria de los asesinados anunciado por la Presidenta es practicar "nostalgia arqueológica", la ciudadanía de buena voluntad de Chile, el continente y el mundo, tenemos razones suficientes para pensar que esta democracia, a veces considerada ejemplar, está siendo sistemáticamente rebajada a una mueca siniestra de un dictador que no termina de morir a pesar de su muerte. Revanchismo jamás. Exigimos al Estado de Chile que haga cumplir la justicia, nada más, pero tampoco nada menos.

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Junio 19, 2007

Chile - Familiares de víctimas dictadura acuerdan cuantiosas indemnizaciones

El Estado chileno deberá pagar cuantiosas indemnizaciones a las familias de doce jóvenes opositores a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que fueron asesinados en 1987 por agentes de la policía secreta del régimen, informaron hoy fuentes judiciales.

Así lo convinieron hoy los familiares de las víctimas de la llamada 'Operación Albania' y representantes del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en una audiencia de conciliación ante el juez Domingo Hernández, de la Corte Suprema.

En la reunión, los abogados representantes de los familiares de los doce miembros del izquierdista Frente Patriótico, Manuel Rodríguez (FPMR) , Nelson Caucoto y Adil Brcovic, manifestaron al presidente del CDE, Carlos Mackenney, que aceptaban la cuantía de la reparación, que fue ofrecida por el organismo la semana pasada.

El acuerdo no oficializó la cuantía que recibirá cada grupo familiar, porque su texto debe ser ratificado mañana, martes, por el pleno de los consejeros del CDE.

Sin embargo, trascendió en fuentes de la II Sala de la Corte Suprema que la indemnización será cercana a la que fue fijada en primera instancia por el juez que lleva el caso, Hugo Dolmestch, en unos 570.000 dólares (425.246 euros) por familia.

El abogado Caucoto, en declaraciones a los periodistas, valoró el acuerdo, y aseguró que se está abriendo una nueva vía para asegurar las reparaciones a las víctimas de la dictadura.

Con este acuerdo, llega a su fin el proceso Albania en materia civil, mientras que en lo penal se espera que, a comienzos de julio próximo, podría salir el fallo de la Corte Suprema sobre las condenas a los ex miembros de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), autores de los 12 homicidios.

El pasado 28 de diciembre, la Corte de Apelaciones confirmó una sentencia de cadena perpetua contra el general retirado Hugo Salas Wenzel, máximo jefe de la CNI cuando ocurrió la operación, también conocida como 'matanza de Corpus Christi'.

En esa ocasión, el tribunal de alzada también mantuvo las condenas dictadas en enero de 2005 por el juez Dolmestch contra otros quince ex agentes de la CNI.

En la 'Operación Albania', doce miembros del izquierdista Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), grupo que luchó con las armas contra la dictadura de Augusto Pinochet, fueron asesinados en distintos puntos de Santiago entre el 15 y 16 de junio de 1987.

El régimen militar presentó los hechos como enfrentamientos y calificó de terroristas a las víctimas, entre las que había dos mujeres.

La investigación judicial determinó posteriormente que los militantes izquierdistas, todos menores de 30 años, habían sido detenidos previamente y después acribillados a sangre fría por los agentes.

El proceso estableció que el retirado general Salas Wenzel fue quien ordenó los asesinatos.

http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/familiares_victimas_dictadura_acuerdan_cuantiosas_1652779.htm

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Se enfrentan familiares de desaparecidos y ex militares en Chile

DPA

18/06/2007 16:35

Santiago de Chile. Familiares de ejecutados y desaparecidos durante la dictadura militar se enfrentaron a golpes con ex oficiales de las fuerzas armadas chilenas que defendieron este lunes actos de rebeldía contra la justicia. El enfrentamiento ocurrió después de una rueda de prensa en la que los uniformados acusaron de “terroristas” a los defensores de los derechos humanos y apoyaron la fuga de un ex general que debía cumplir, desde la semana pasada, una condena de cinco años por el secuestro de un estudiante en 1974.

En medio de la riña callejera, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, advirtió que los militares en retiro se están "organizando para resistir la acción de la justicia y hacer sedición. La situación es muy peligrosa", insistió Pizarro, quien llamó al gobierno y a los tribunales a actuar rápidamente. Este lunes, más de un centenar de militares esperan condenas por crímenes contra la humanidad.

La crisis se produce en momentos en que uno de los ex jefes máximos de la policía secreta pinochetista, el general Raúl Iturriaga, se encuentra prófugo de la justicia con el fin de eludir una condena, quien además ha enviado correos electrónicos y videos a los medios para defender su acción.

Al igual que Iturriaga, los ex uniformados defendieron sus actos en la dictadura y recalcaron que las misiones de exterminio "fueron realizadas en cumplimiento del servicio"; insistieron que salvaron a Chile del marxismo. Además expresaron "su total repudio a las insolentes declaraciones" de los ministros del gobierno socialista de la presidenta Michelle Bachelet, pues según ellos, el Ejecutivo intenta homologar a militares condenados con "delincuentes y pedófilos".

Al respecto, el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, y el ministro del Interior de Chile, coincidieron en que nadie estará por encima de la ley.

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Junio 15, 2007

Chile - Investigan restos de detenidos desaparecidos en estadio de Mulchén

Jueves 14 de Junio de 2007
Fuente :Orbe

De acuerdo a los antecedentes manejados, serían cuatro las personas que fueron escondidas en el recinto deportivo de la Octava Región.

MULCHEN.- El juez Carlos Aldana junto a 15 personas más realiza una búsqueda de restos de detenidos desaparecidos en el estadio de Mulchén, en la Octava Región.

"Nos encontramos haciendo excavaciones en el estadio de Mulchén, averiguando la efectividad de denuncias que se recibieron en Concepción de que habrían algunos restos óseos pertenecientes a cuerpos de presumiblemente detenidos desaparecidos el año 1973", explicó el magistrado.

De acuerdo a los antecedentes manejados, serían cuatro las personas que fueron escondidas en el recinto deportivo.

El equipo que acompaña al magistrado está compuesto por un antropólogo, peritos del Laboratorio de Criminalística y la Brigada de Homicidios de Investigaciones, según informó Radio Cooperativa.

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Junio 13, 2007

Chile: Iturriaga Neumann se rebela, mientras siguen su rastro

En un insurrecto comunicado, el también coautor del asesinato del general Carlos Prats y su esposa, acusó a los “jueces y ministros del Poder Judicial” de transgredir “vergonzosamente la Constitución y las leyes”.

Jorge Escalante
La Nación

La Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de Investigaciones despliega todo su esfuerzo para ubicar y detener al insurrecto ex integrante de la plana mayor de la DINA, general (R) Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, mientras el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Jaime Naranjo, instó a “actuar con firmeza y celeridad para detenerlo”.

En tanto, el ministro de Justicia Carlos Maldonado, afirmó que “lo que corresponde es que la policía lo detenga y ponga a la persona (Iturriaga) a disposición de la justicia”. El ex jefe del Departamento Exterior de la DINA y ex jefe de la Brigada Purén que hizo desaparecer a decenas de prisioneros desde su centro clandestino de calle Irán 3937 en la comuna de Macul, dejó ayer en claro en un comunicado que se encuentra en abierta rebeldía en contra de las instituciones del Estado y permanece escondido en algún lugar para no ingresar a cumplir una condena de cinco años de presidio.

“Don Elías” como era su chapa de agente en la Brigada Purén, fue condenado por el ministro Alejandro Solís a diez años de presidio como coautor del secuestro y desaparición en diciembre de 1974 del militante del MIR, Dagoberto San Martín Vergara. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema rebajó esa condena a cinco años.

Iturriaga Neumann engañó al juez Solís prometiéndole “bajo mi palabra de honor de militar” que, para evitar concurrir al palacio de tribunales donde temía ser “funado” por familiares de las víctimas, él mismo se presentaría el lunes pasado a las nueve de la mañana al Penal Cordillera en la comuna de Peñalolén, para ingresar a cumplir su condena.

No obstante, como parte de su ardid, hizo circular el lunes el rumor de su desaparecimiento lo que llevó incluso a su hermano Jorge, también ex agente DINA, a presentar el lunes por la noche un recurso por presunta desgracia en la 17a Comisaría de Carabineros de Las Condes. Con el comunicado de ayer del ex DINA, la investigación que había iniciado por ello un fiscal queda nula.

En su escrito “Luis Gutiérrez”, chapa que usó cuando fue jefe del Departamento Exterior de DINA en la planificación del asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en septiembre de 1974 en Buenos Aires, sostiene que “fui sometido a un indebido proceso”, afirma que el delito de secuestro es una ficción, y acusa que “muchos jueces y ministros del Poder Judicial chileno han transgredido abierta y vergonzosamente la Constitución y las leyes de mi patria”.

Por el doble crimen del general Prats y su esposa, el ex comando y hombre cercano a Pinochet está procesado y acusado como autor, al igual que su hermano Jorge. “Luis Gutiérrez” fue personalmente a Buenos Aires a preparar este atentado junto al autor material, el ex agente Michael Townley, y uno de los victimarios de la Caravana de la Muerte, Armando Fernández Larios. En este caso arriesga una condena de al menos diez años. De acuerdo al conserje del edificio donde Iturriaga Neumann vive en Las Condes junto a su pareja, éste salió el lunes “temprano con varias maletas”. LN

TEORÍAS

Una de las teorías que maneja la Policía de Investigaciones, es que Iturriaga se encuentre refugiado en un fundo del sur, de su propiedad o algún amigo. Menos probable se estima que huya al extranjero con identidad falsa (existe arraigo en su contra), puesto que no contaría con los recursos para mantenerse clandestino fuera de Chile, como sí lo hizo Paul Schäfer. Se supone que, por el tenor insurrecto de su comunicado, intenta imitar el desafío que en 1995 planteó el ex jefe de la DINA, general (R) Manuel Contreras, cuando para evitar ingresar a cumplir condena por el crimen de Orlando Letelier, se refugió en su fundo El Viejo Roble.

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Junio 12, 2007

Chile: Denuncian desaparición y temen suicidio de ex militar de la DINA

Denuncian desaparición y temen suicidio de ex militar de la DINA condenado por un caso de detenido desaparecido

El general retirado Raúl Iturriaga Neumann es uno de los condenados por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert

SANTIAGO, 12 (de la corresponsal de EUROPA PRESS Claudia Riquelme)

La familia del general retirado del Ejército chileno Raúl Iturriaga Neumann presentó hoy una denuncia por presunta desgracia tras la desaparición del ex militar, quien formó parte de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y, entre muchos otros casos, enfrenta un proceso por los asesinatos del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, cometidos en Argentina en 1974.

Iturriaga está desaparecido desde el pasado domingo, cuando salió de su casa para presentarse en el Penal Cordillera del Ejército, donde sería notificado de una condena a cinco años y un día de cárcel por el secuestro y desaparición de un detenido desaparecido.

Jorge Balmaceda, abogado del militar, dijo que su familia teme que su cliente se haya suicidado, como ha ocurrido últimamente con dos ex militares que se quitaron la vida agobiados por sus procesos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El jurista presentó la denuncia por la desaparición de su defendido en la 17ª Comisaría de Carabineros, ya que considera imposible que no se haya presentado ante el juez Alejandro Solís para ser notificado de su nuevo procesamiento. Como no llegó al penal militar, el magistrado dictó una orden de detención contra Iturriaga, en su calidad de prófugo de la justicia.

La condena a la que nunca llegó a notificarse Iturriaga Neumann corresponde a la investigación por el secuestro calificado del ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Luis San Martín, quien permanece en la calidad jurídica de detenido desaparecido desde 1974, cuando tenía 21 años de edad.

Por el mismo caso, el Tribunal Supremo chileno condenó a diez años de cárcel al ex director de la DINA, el general retirado Manuel Contreras, condenado por decenas de otros casos, entre los que se cuentan el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier; y de cinco años y un día contra el brigadier retirado Miguel Krassnoff Marchenko. Ambos están en prisión por otras condenas anteriores.

Iturriaga Neumann ya fue condenado en ausencia por un tribunal de Roma a diez años de cárcel por el intento de homicidio en 1975 del ex vicepresidente de la República de Chile, el demócrata cristiano Bernardo Leighton, y su esposa Ana Fresno, quienes no murieron en el atentado en su contra, pero quedaron con secuelas de invalidez de por vida.

Terra Actualidad - Europa Press
http://actualidad.terra.es/articulo/denuncian_dina_desaparicion_temen_suicidio_1636684.htm

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Junio 9, 2007

Murió ex represor Osvaldo Pincetti, conocido como ''Doctor tormento''

8 de Junio de 2007

Se encontraba internado desde hace cerca de un mes en el recinto asistencial, debido a una demencia senil severa que lo aquejaba.

En la Posta Central murió el jueves el ex agente de la dictadura Osvaldo Pincetti Gac, más conocido como “Doctor tormento”, considerado uno de los personajes más siniestros del régimen de Augusto Pinochet Ugarte.

Según consigna el diario La Nación, Pincetti Gac se encontraba internado desde hace cerca de un mes en el recinto asistencial, debido a una demencia senil severa que lo aquejaba.

El médico enfrentaba una condena a diez años de prisión por el homicidio del carpintero Juan Alegría Mundana, ejecutado por el régimen militar para encubrir el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez.

Además, estaba siendo procesado por su participación en el caso Calle Conferencia, como se conoce la represión contra la cúpula del Partido Comunista.

Pincetti participó en sesiones de tortura en las que aseguraba que hipnotizaba a los detenidos, pero también les inyectaba pentotal, conocida como "la droga de la verdad".

http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=219720

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El Estado chileno deberá pagar 140.000 euros a la familia de un ejecutado político durante la dictadura

SANTIAGO, 7 (de la corresponsal de EUROPA PRESS Claudia Riquelme)

El Estado de Chile deberá pagar 100 millones de pesos (140.000 euros) a la familia de un ejecutado en 1975, durante la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet Ugarte.

Se trata de una sentencia que llena de esperanza a miles de familias de los casi 4.000 ejecutados políticos y detenidos desaparecidos que integran las más de 10.000 víctimas que dejaron los 17 años de dictadura.

Ésta es la segunda ocasión en una semana que la justicia chilena impone el Derecho Internacional para declarar imprescriptibles los delitos, crímenes y torturas planteadas por los familiares de las víctimas del pinochetismo.

La decisión corresponde a un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ayer miércoles accedió a los recursos presentados por la familia de Ricardo Weibel Navarrete, quien fue arrestado y posteriormente ejecutado el 7 de noviembre de 1975.

Weibel, militante del entonces proscrito Partido Comunista, quien al momento de morir tenía 29 años, era chófer del transporte público y, según las pruebas aportadas en el proceso, perdió la vida tras ser torturado por miembros del llamado Comando Conjunto, un grupo de uniformados pertenecientes a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas chilenas que constituyeron el gobierno 'de facto' al mando de Pinochet tras el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Este fallo de la Corte de Apelaciones revocó uno de primera instancia que había denegado la indemnización a la familia de Weibel, que lleva 32 años luchando porque se haga justicia. Weibel fue trasladado a una unidad militar en la zona norte de Santiago de Chile, donde sus restos fueron encontrados en 1995, momento hasta el cual se mantuvo en la calidad jurídica de detenido desaparecido.

La sentencia anterior, que no se pronunció sobre la veracidad de la denuncia, argumentaba simplemente que, de haber ocurrido, el crimen había prescrito en el marco de la Ley de Amnistía de 1978 dictada por Pinochet para impedir la aplicación de justicia en los casos de violaciones a los Derechos Humanos que habían sido cometidos por militares y agentes civiles del régimen.

No obstante, la Corte de Apelaciones afirmó este pasado martes, en su fallo definitivo, que 'las normas del Derecho Internacional que cautelan los Derechos Humanos penalizando los crímenes de guerra y de lesa humanidad, declarándolos inamnistiables e imprescriptibles, también deben aplicarse para Chile en el ámbito del Derecho Civil'.

'La prescripción en estos casos no puede determinarse a partir de normas del derecho privado, pues estas normas atienden a finalidades diferentes a aquellas que emanan del derecho internacional de los Derechos Humanos', dice la sentencia.

El siguiente paso de la defensa de los procesados, actualmente todos militares retirados, es apelar a la máxima instancia judicial chilena, el Tribunal Supremo. Hasta el momento, en dos casos similares, el Supremo ha aceptado la tesis de la imprescripción de los delitos de lesa humanidad, como los cometidos durante la dictadura, lo cual, a su vez, respalda lo planteado en los tribunales por el Consejo de Defensa del Estado, que representa los intereses del Fisco y es quien debe pagar las indemnizaciones.

Terra Actualidad - Europa Press

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Mayo 31, 2007

Chile: Juez Montiglio dicta 17 procesamientos en el caso calle Conferencia

Magistrado encausó a otrora integrantes de la brigada Lautaro del organismo represivo por el secuestro y asesinato de once militantes comunistas, entre los que figura el marido de la fallecida Gladys Marín.

El ministro en visita Víctor Montiglio dictó este miércoles procesamientos contra ex 17 agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en el denominado caso Calle Conferencia, en una resolución que abarca crímenes cometidos por el organismo represor entre el 2 de abril y el 9 de septiembre de 1976.

El magistrado que investiga la represión a la cúpula del Partido Comunista (PC) durante la dictadura militar encausó a miembros de la brigada Lautaro de la DINA por los secuestros del matrimonio de Bernardo Araya Zuleta y María Flores Barraza, ocurrido el 2 de abril de ese año.

Entre los imputados se encuentran Pedro Vitternich Jaramillo, Eduardo Cabezas Mardones, Jorge Díaz Radulovich, Guillermo Díaz Ramírez, Orlando Torrejón Gatica.

Otro grupo fue acusado por las desapariciones de Jorge Muñoz (esposo de la fallecida secretaria general del PC Gladys Marín), Mario Zamorano, Uldarico Donaire, Jaime Donato, Elisa Escobar, Lenin Díaz, Eliana Espinoza y Marta Ugarte, por hechos ocurridos entre el 4 de mayo y el 9 de agosto de1976.

Por estos hechos, el juez encausó a Eduardo Reyes Lagos, José Ojeda Obando, Juvenal Piña Garrido, Carlos Rinaldi Suárez, Heriberto Acevedo, Emilio Troncoso Vivallos, Claudio Pacheco Fernández, Víctor Álvarez Droguett, José Friz Esparza, Eduardo Garea Guzmán y Rufino Jaime Astorga.

En el caso de Marta Ugarte fueron procesados tres ex agentes por el delito de homicidio calificado, ya que su cuerpo apareció en la playa Los Molles luego de ser arrojado desde un helicóptero para deshacerse de él. Los afectados por la decisión judicial fueron Heriberto Acevedo, Emilio Troncoso Vivallos, Claudio Pacheco Fernández.

Hasta ahora, Montiglio sólo mantenía procesados a más de 70 agentes de la DINA por el secuestro de Víctor Díaz, padre de la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) Viviana Díaz, por lo que con estos encausamientos amplía el alcance de su investigación.

http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=218953&estHomepage=NoticiaDiaGratis

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Mayo 30, 2007

Los represores rompen el silencio en Chile

Aportaron información que pemitió detener torturadores, identificar lugares de exterminio y conocer sus métodos de "trabajo"

SANTIAGO DE CHILE.- Tras la muerte del ex dictador Augusto Pinochet, los represores de su gobierno, que duró 17 años (1973-1990), comenzaron a aportar nueva y desconocida información a los tribunales chilenos que hasta el momento ha permitido detener a torturadores, identificar lugares de exterminio y conocer sus métodos de "trabajo".

El fin del llamado "pacto de silencio" mantiene hoy a casi 80 ex agentes detenidos por el llamado "Caso Conferencia", referente al descabezamiento de las sucesivas direcciones clandestinas del Partido Comunista en 1976, explicaron dirigentes de derechos humanos y abogados de la causa.

Uno de los aspectos más sorprendentes es la revelación de que casi toda la operación funcionó alrededor de no más de 20 cuadras de uno de los barrios más pudientes de Chile, señaló Viviana Díaz, vicepresidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos. Además, ocurrió cerca de la antigua casa del jefe máximo de la temida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Conteras -condenado actualmente-, un hombre que se jactó siempre de desayunar diariamente con Pinochet para informarle de la situación del país.

En un mismo sector funcionaba el centro de torturas de Villa Grimaldi, donde estuvo detenida la presidenta Michelle Bachelet, y el local de exterminio ubicado en la calle Simón Bolívar, hoy convertido en un condominio. También allí se encuentra hasta hoy la Academia de Guerra del Ejército.

Otra de las revelaciones más sorprendes es que el propio Pinochet acudió en persona a los lugares de tortura y exterminio para amenazar y encarar a los dirigentes comunistas. Así lo relató a la justicia el hombre que lo acompañó en ese viaje al cordillerano lugar de reclusión clandestina de Casa Piedra, el coronel de Carabineros, Ricardo Laurence, hoy retirado.

El ex agente explicó que Pinochet exigió a los dirigentes comunistas Víctor Díaz y Mario Zamorano que dejaran de oponerse a su gobierno. Díaz, quien soportó ocho meses de tortura, le respondió que pretender acabar con el PC era como querer secar el mar con un balde. Laurence le dijo al tribunal que nunca olvidó ese encuentro y la inesperada respuesta del detenido.

Las confesiones en este caso, que constituyó la primera querella contra Pinochet en Chile, comenzaron a sólo unas semanas de que muriera el ex dictador el 10 de diciembre de 2006, coincidiendo paradójicamente con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Un ex civil que tuvo acceso a estas operaciones declaró también de forma secreta a la Justicia un procedimiento permitido por las leyes chilenas para alentar la "cooperación eficaz". Entregó nombres, lugares y operaciones que permanecen en los cuadernos secretos que el juez del caso, Víctor Montiglio, conserva bajo su custodia.

Varios agentes fueron detenidos y terminaron confesando sus crímenes. "Aún sentían la figura de Pinochet y por eso no hablaban", opinó el abogado Eduardo Contreras, uno de los juristas de derechos humanos más respetados.

También revelaron que existía todo un equipo y metodología habitual para evitar que los cuerpos de los opositores fueran reconocidos. Nada se improvisaba. Primero los mataban, luego quemaban sus huellas dactilares y rostros. A continuación, les extraían los dientes y los enterraban o arrojaban al mar. Incluso cuando se hizo inminente el regreso de la democracia a fines de la década de los ‘80, exhumaron los cuerpos y los dinamitaron para que no quedaran rastros.

Pero el supuesto suicidio de un ex agente civil la semana pasada y los iniciales desdecimientos de algunos detenidos comenzaron nuevamente a sembrar dudas sobre hasta qué punto seguirán colaborando con la verdad los ex represores. De hecho, el abogado Contreras duda sobre el suicidio de Carlos Marcos. "Pudieron inducirlo al suicidio", opina, y advierte que Marcos era uno de los detenidos que más información entregó para aclarar las operaciones represivas.

Sea como sea, la puerta ya se abrió y las contradicciones ya no pueden borrar las confesiones.

Por Mauricio Weibel
De la agencia DPA

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CORONEL CARABINERO: "Pinochet asistía a los centros de tortura"

SANTIAGO. DPA. CLARIN. ARGENTINA. Ex represores de la dictadura chilena (1973-90) revelaron a la Justicia que el ex general Augusto Pinochet encaró, gritó y amenazó en persona a opositores que estaban secuestrados y fueron torturados y exterminados por los equipos de seguridad, según abogados de agrupaciones de derechos humanos. La confesión fue hecha al juez Víctor Montiglio por el coronel en retiro de Carabineros Ricardo Laurence, quien reconoció que personalmente acompañó en 1976 a Pinochet al centro de detenciones ilegales de Casa Piedra, en la cordillerana localidad de Cajón del Maipú, en Santiago.

Según el relato judicial de Laurence, al que tuvieron acceso las fuentes de DPA, Pinochet reclamó a los líderes comunistas detenidos en ese lugar por su actividad opositora. "Al dictador le preocupaba no poder desmantelar al PC, como había hecho con el Socialismo y el MIR", dijeron. A Pinochet, el secuestrado secretario general del PC, Víctor Díaz, le respondió que pretender eliminar a su gente era como querer secar el mar con un balde. Laurence reseña en su testimonio que nunca pensó que alguien le respondería a Pinochet y que jamás olvidó las palabras de Díaz, según reveló el abogado Eduardo Contreras.

Junto a Díaz estaba Mario Zamorano, otro de los líderes del PC chileno, agregó la vicepresidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz, hija de Víctor Díaz. Los hechos se conocen a sólo 24 horas de que se suicidara misteriosamente en una cárcel castrense uno de los 80 procesados por las sucesivas desapariciones de las direcciones clandestinas del PC chileno en 1976, caso que se conoce como "Calle Conferencia".

Según Contreras, el ex agente que se quitó la vida, el civil Carlos Marcos, era uno de los detenidos que más información entregó para aclarar las operaciones contra el mencionado partido político, que entre 1970 y 1973 acompañó al Partido Socialista en la Unidad Popular, presidida por Salvador Allende y derrocada por las Fuerzas Armadas. "Era un hombre que siempre sintió culpa. Incluso cuenta que una vez lloró después del interrogatorio de un detenido al que le facilitó un vaso de agua", detalló Contreras.
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Chl - El buque escuela del horror

PRUDENCIO GARCÍA 26/05/2007. EL PAIS. ESPAÑA. La verdad -siniestra, y tantas veces trágica- se abre paso una vez más. Durante décadas, la Armada de Chile negó toda implicación de su buque escuela Esmeralda en los crímenes y torturas de la represión pinochetista. Pero los testimonios se siguen acumulando sobre dicho buque como escenario de atrocidades, que van saliendo a la luz por vía policial y judicial. Ahora es la señora Patricia Gallardo Callahan, entonces esposa del que fue oficial de la Armada Ricardo Monje Mohr, la que, después de haber sido contactada por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, ha prestado declaración ante la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. Las terribles confidencias que le hizo su marido sobre lo que estaba ocurriendo a bordo del Esmeralda en aquellos días y semanas posteriores al golpe de septiembre de 1973 se convirtieron para ella en una pesadilla que la ha martirizado desde entonces. "Mi marido", dice, "no tendría que haberme dado información de esa naturaleza. Yo no estaba preparada para una cosa así... No fui a la Escuela Naval, no era su igual ni su compañera de armas, sino su esposa. Hasta ahora ha sido un cargo de conciencia terrible". "Después de muchos años puedo gritar la verdad y hacerla pública. Y me he sentido cobarde por no hacerlo antes", confiesa aliviada tras su declaración.

El Esmeralda, hasta el día 10 de septiembre de 1973, pudo ser considerado como una embajada itinerante de la República de Chile, que recorría el mundo dando una honorable imagen de los hombres y las instituciones de aquel entrañable país. Pero llegó el infausto 11 de septiembre de aquel año, y, ya al anochecer de aquella trágica fecha, fueron conducidos al buque, atracado en el puerto de Valparaíso, un nutrido grupo de hombres y mujeres, arrestados en las primeras horas del golpe militar. Entre ellos se hallaba el abogado Luis Vega, letrado del Ministerio del Interior.

En su declaración jurada sobre los hechos vividos desde aquel momento y en los nueve días siguientes, el abogado Vega pormenorizó los atropellos y tratos inhumanos que desde aquel momento hubieron de sufrir a manos de los oficiales y alumnos guardiamarinas de la tripulación. "En cierto momento, las víctimas maltratadas superaban el centenar, entre hombres y mujeres. El trato dado por estos marinos a las mujeres era ultrajante", precisa el declarante. Hasta el 10 de septiembre -dice- aquel navío había sido, para él y para diez millones de chilenos, la Dama Blanca, el Orgullo Nacional. "Representaba a la democracia chilena, la hombría, la caballerosidad de los oficiales y marinos chilenos". Pero aquellos hechos ignominiosos lo convirtieron -afirma el abogado declarante- en una "cámara de torturas y azotes, cárcel flotante del horror, la muerte y el terror para chilenos y chilenas".

Otro notable caso, aún más trágico, fue el del sacerdote católico chileno-británico Miguel R. Woodward, profesor de la Universidad de Valparaíso. Detenido por una patrulla naval el 16 de septiembre, fue conducido al Esmeralda, donde fue sometido a terribles torturas. Ya en estado agónico, y por indicación de un médico de la Armada, fue enviado el 22 de septiembre al Hospital Naval de Valparaíso, donde falleció, víctima del irreparable estado físico que padecía. Aunque la Iglesia Católica reclamó su cuerpo, nunca le fue entregado. Por su parte, el testimonio de María Eliana Comené, estudiante de la Universidad Católica de Valparaíso, que contrajo una gonorrea como resultado de las repetidas violaciones sufridas en dicho buque, y después en la Academia Naval, resulta revelador respecto a los ultrajes y torturas que las mujeres allí recluidas tuvieron que sufrir. A su vez, la declaración del propio alcalde de Valparaíso, Sergio Vuskovitz, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resulta espeluznante en la descripción de las torturas que allí recibió.

Este uso ignominioso del buque escuela quedó reiteradamente denunciado por instituciones tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Informe de 24-10-74), Amnistía Internacional (Informe de 22-3-80), el Senado de los Estados Unidos (Resolución 361 de 16-6-86), así como, en el ámbito nacional, por el Informe Rettig de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990). Informes, todos ellos, que demuestran cómo el buque escuela Esmeralda fue utilizado como centro de detención y tortura en el puerto de Valparaíso en aquellas trágicas fechas de 1973.

Durante tres décadas las autoridades navales chilenas negaron cínicamente todo reconocimiento público sobre los excesos cometidos a bordo de un navío tan representativo del Estado de Chile y de sus Fuerzas Armadas. Y en un caso concreto tan destacado como el del padre Woodward, se negó expresamente que este sacerdote hubiera muerto como consecuencia de las torturas sufridas a bordo del buque. No obstante, en sus respectivos testimonios individuales, dos altos oficiales, Guillermo Aldoney y Carlos Fanta, reconocieron ya en 1990, ante la Comisión Rettig, que la muerte del citado eclesiástico fue motivada por las torturas sufridas a bordo del buque escuela, aunque su muerte se produjo después en el Hospital Naval.

Sin embargo, el reconocimiento institucional iba a tardar mucho más en llegar. Ya en 2004, ante las abrumadoras evidencias acumuladas por la nueva Comisión Valech, la Armada hubo de reconocer que se cometieron actos de tortura y otras aberraciones a bordo del Esmeralda. Por último, en septiembre de 2006, la Armada hizo entrega oficial a la jueza María Eliana Quezada de la bitácora del buque escuela, donde, en contra de lo negado por tanto tiempo, aparecía registrado el ingreso del padre Woodward y de otras víctimas de aquella criminal represión.

Nuevamente la verdad se abre paso, aunque con desesperante lentitud. Ahora es la esposa de un antiguo represor la que aporta nuevas precisiones al esclarecimiento de unos horrores perpetrados, según proclamaban sus autores -nunca lo olvidemos-, en defensa de la civilización cristiana y occidental.

Prudencio García es investigador y consultor del Instituto Ciencia y Sociedad.

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Mayo 29, 2007

Corte Suprema rebaja condenas a represores chilenos por desaparecido

La Corte Suprema chilena rebajó hoy las condenas al general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, y al jefe exterior del organismo, el ex brigadier Raúl Iturriaga Neumann, procesados por la desaparición de un estudiante universitario en 1975.

En el caso de Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), los magistrados de la sala penal del máximo tribunal le aplicaron una rebaja de 15 a 10 años de presidio, mientras a Iturriaga Neumann le rebajaron de 10 a 5 años la condena.

Las penas de ambos jefes represores que fueron modificadas hoy por la Suprema, habían sido dictadas en primera instancia por el juez Alejandro Madrid y ratificadas posteriormente por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Además, en su dictamen, el máximo tribunal mantuvo la condena a cinco años de cárcel del brigadier retirado Miguel Krassnoff Martchenko y exculpó del caso al ex agente Gerardo Urrich, al considerar que los antecedentes aportados al proceso eran insuficientes para establecer su culpabilidad en el crimen de Luis Dagoberto San Martín.

El general Contreras cumple actualmente varias condenas de entre diez y quince años por diversos casos de violaciones de los derechos humanos.

San Martín era un estudiante de agronomía de 22 años, que fue visto por última vez a fines de 1975 por presos políticos en un centro de torturas de la DINA, la policía secreta del régimen del fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990). (EFE)

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Mayo 28, 2007

Chl - Familiares de desaparecidos: “Su sentido de la humanidad es muy bajo”

La presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, recuperada de una enfermedad, también dijo que “El Gobierno y la Concertación no tienen voluntad política para eliminar el decreto ley de amnistía, que sigue siendo una vergüenza internacional para Chile”.

“Sus palabras revisten un agravio para nuestras víctimas y sus familiares”, dijo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, refiriéndose a las palabras del presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, quien opinó que seguir buscando a los desaparecidos es una “búsqueda de restos arqueológicos”.

En conversación con La Nación, la presidenta de la AFDD, recuperada recientemente de una enfermedad, respondió a Larraín, que habló la semana pasada en Radio Cooperativa, expresando que “si el señor (Carlos) Larraín cree que alguien que pierde a un familiar y lo busca, lo que hace es buscar restos arqueológicos, quiere decir que su sentido de humanidad es muy bajo”.

La dirigenta manifestó que “lo que se busca son hombres y mujeres asesinados por la dictadura de Augusto Pinochet, crímenes de los cuales muchos militantes de Renovación Nacional son responsables al menos como cómplices”, expresó.

Pizarro añadió que “entender que buscar a los desaparecidos es un asunto del pasado y que hay que dar vuelta la página, si eso es lo piensa el señor Larraín y la gente de su partido, significa que no han entendido nada de lo que la humanidad ha resuelto hace mucho tiempo”.

En ese sentido, explicó que “cuando se violan los derechos humanos y el terrorismo de Estado se utiliza como arma para controlar a un país, se cometen crímenes contra toda la humanidad”, dijo.

La hija de la ex presidenta de la AFDD Sola Sierra, que murió en 1999 sin conocer los detalles del exterminio de su esposo, Waldo Pizarro, y el resto de la dirigencia comunista revelados este año en una investigación del ministro Víctor Montiglio, recomendó al presidente de RN que “él, como presidente de su partido, debiera velar porque cada uno de los detenidos desaparecidos sea encontrado o, al menos, se sepa la verdad completa de los que pasó con ellos”. Esto, dijo, porque “así se construye un país que no puede volver a vivir bajo la cultura de la muerte que impuso la dictadura”, precisó.

Pinochet y el nazismo

La presidenta de la AFDD también contestó a Larraín respecto de una comparación que hizo entre el nazismo de Hitler y el régimen de Pinochet, diciendo que no se pueden comparar los crímenes de la Alemania nazi con los cometidos en Chile. Allá se buscó “el exterminio de una raza” lo que en nuestro país no ocurrió.

Pero , dijo Pizarro, si bien Chile “no se persiguió a una raza, se buscó exterminar a una franja de la sociedad de izquierda y progresista por su pensamiento y eso es quizá comparable”, sostuvo la dirigenta.

“Más aún, hemos confirmado ahora último que los métodos utilizados para exterminar a los prisioneros bajo Pinochet, fueron los mismos que se usaron con Hitler en Alemania”, dijo Pizarro.

Aludiendo a los detalles de las torturas y formas de eliminación de los detenidos en la investigación de este año del juez Montiglio, la presidenta de la AFDD afirmó que “nuestra memoria no lograba dimensionar el horror cometido con los nuestros, pero ahora lo hemos conocido bien en la indagatoria que instruye el ministro Víctor Montiglio”, expresó. A su juicio “Hitler y Pinochet son de las figuras más detestables de la historia de la humanidad”. LN

No hay voluntad para eliminar

El informe sobre El estado de los Derechos Humanos en el Mundo 2007 sobre hechos acontecidos en 2006, repuso para Chile la deuda para anular el decreto ley de amnistía de 1978 dictado por la Junta Militar para exculpar los delitos cometidos contra las personas después del golpe militar de 1973.

En una de sus partes, el informe recordó que, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos demandó a Chile en septiembre de 2006 a eliminar de una vez por todas de su legislación el referido decreto ley, hasta ahora ninguna institución del Estado, incluido el Ejecutivo, ha resuelto el punto.

Al respecto, Lorena Pizarro dijo que “insistimos como agrupación en pedir a la Presidenta Bachelet que le ponga suma urgencia al proyecto que está en el Senado y que modifica el artículo 93 del Código Penal, buscando al menos una solución jurídica al problema de la amnistía. Ello requiere apenas de una mayoría simple y la Concertación la tiene en ambas cámaras”.

Tal reforma establece que la responsabilidad penal no se extingue por amnistía o prescripción cuando se trata de delitos de lesa humanidad.

Pizarro sostuvo que de todas maneras eso no resuelve la anulación de la amnistía. Recordó, además, que en 2006 los presidentes de los partidos de la Concertación “se comprometieron” a que sus parlamentarios aprobarían “un proyecto de ley para anular la amnistía, y otro para reabrir los procesos de nuestras víctimas cerrados por la justicia militar por la aplicación de este autoperdón”.

Pero, dijo la dirigenta, “nos convencimos de que sencillamente el gobierno y los partidos de la Concertación no tienen la voluntad política para eliminar el decreto ley de amnistía, que sigue siendo una vergüenza internacional para Chile”.

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20070527/pags/20070527202118.html

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Mayo 26, 2007

Chile:ex Presos Políticos Interpusieron Millonaria Demanda contra el Estado

Publicado el 26 May 2007

La Unión de ex Prisioneros Políticos de Chile entabló una demanda colectiva en contra del Estado de Chile, por unos 277 millones de dólares (unos 145 mil millones de pesos), por daños morales, físicos y síquicos sufridos durante el tiempo de cárcel, bajo la dictadura del fallecido Augusto Pinochet.

Se trata de 963 personas que mediante la acción judicial buscan que el Fisco las indemnice luego de haber sido marginados de los beneficios entregados por la Comisión Valech, entre ellos pensiones y acceso a la salud, educación y vivienda.

La demanda fue presentada por el abogado Víctor Rosas ante el 27º Juzgado Civil de Santiago, donde criticó "la lentitud de la justicia en materia de juicios de derechos humanos por reparación".

La Comisión Valech certificó en 2004 que unos 28 mil chilenos, de un total de 37 mil que prestaron testimonio, fueron encarcelados por causas políticas y padecieron la tortura durante el régimen que presidió el general Pinochet entre 1973 y 1990.

Sobre la base de estos datos, el Gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos elaboró una ley -aprobada en 2005- que concedió beneficios sociales y económicos a las víctimas.

El abogado Rosas sostuvo que dicha ley no alcanzó a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos y que dejó "en el más absoluto desamparo a las viudas y viudos de las víctimas reconocidas como fallecidas".

"Por esto, exigimos una indemnización de 150 millones de pesos para cada uno de los querellantes y pedimos que se corrija esta ley o se promulgue una nueva", añadió el jurista.

La dictadura de Pinochet dejó más de 3.000 víctimas en Chile, entre ellas 1.197 detenidos desaparecidos, así como miles de torturados y decenas de miles exiliados.

Desde 1990, cuando Chile retornó a la democracia, los gobiernos de la Concertación han establecido diferentes medidas de reparación.

http://www.radio.uchile.cl/notas.aspx?idNota=38449

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Mayo 25, 2007

Se suicida ex represor chileno Carlos Marco

Jueves, 24 may 07, Actualizado: 17:29

Santiago de Chile. El ex represor chileno Carlos Marco, que era investigado por su responsabilidad en la desaparición de una decena de líderes comunistas en 1976, se suicidó al interior de una cárcel militar, informaron hoy fuentes castrenses.

Marco, un ex agente civil de inteligencia del ejército, de 72 años, se ahorcó esta madrugada en la prisión que existe al interior del Batallón de Policía Militar del Comando de Telecomunicaciones del Ejército, en la zona oriente de Santiago.

El ex funcionario fue sometido a prisión preventiva en enero pasado por el juez Víctor Montiglio, quien investiga la detención y desaparición de la cúpula del Partido Comunista (PC) en mayo de 1976 y donde se encuentran procesadas 74 personas.

El fallecido ex funcionario del ejército dejó cuatro cartas a sus familiares y al juez a cargo del llamado “Caso Calle Conferencia”, donde fue emboscada la dirección clandestina que tenía el PC en 1976, en los primeros años de la dictadura (1973-1990).

Marco era investigado como presunto coautor de una docena de secuestros calificados atribuidos a la denominada Brigada Lautaro de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), aparato represor que tuvo la dictadura del fallecido Augusto Pinochet.

Este es el tercer ex agente represor que se suicida en los últimos años ya que en 2005 terminó con su vida Germán Barriga, procesado en el mismo caso de Marco, y en 2006 se mató Gonzalo Asenjo, quien habría encubierto el secuestro de opositores a la dictadura.

http://www.todito.com/paginas/noticias/Internacional/217287.html

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Mayo 23, 2007

Chl - Familiares de Desaparecidos Dudan de Anuncios de Bachelet

SANTIAGO DE CHILE, 22 (ANSA)- Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) de Chile, puso hoy en duda que se concrete el anuncio de la presidenta Michelle Bachelet, quien respaldó una moción parlamentaria para declarar inaplicable la Ley de amnistía impuesta en 1978 por la dictadura de Augusto Pinochet.
Ese decreto de amnistía garantizó impunidad a los violadores de derechos humanos y buscó la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, aunque no fue viable por la interpretación contraria de la Corte Suprema de Justicia.

"Hubiésemos querido escuchar que se va a poner suma urgencia al proyecto de ley para declarar que cesa la amnistía y la prescripción (de las violaciones a los derechos humanos) y que requiere quorum simple. El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y se encuentra ahora en el Senado", dijo Pizarro a ANSA.
"Reconocemos que la presidenta Bachelet, a diferencia de los otros presidentes de la Concertación, este tema de los derechos humanos no lo deja de lado, pero sentimos que siendo el segundo informe anual que entrega al país como mandataria se requerían precisiones más claras", añadió.
El plazo de "suma urgencia" demandado por Pizarro significa que el parlamento dispone de un mes para votar un proyecto que, de lo contrario, puede seguir en trámite indefinidamente.
Bachelet dijo ayer, ante el parlamento, que "apoyaremos la moción que declara inaplicable la amnistía y la prescripción para los crímenes de lesa humanidad".

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Mayo 22, 2007

Crean banco ADN para identificar desaparecidos chilenos

Mayo 22, 2007

SANTIAGO, Chile | AP

El hasta hace poco desprestigiado Servicio Médico Legal (SML) creará un banco de ADN de los familiares de 1.195 detenidos desaparecidos políticos para poder identificarlos si aparecen, para utilizar nuevas técnicas y para tener material genético de los parientes más directos, que empiezan a morir.

El director del servicio forense estatal, Patricio Bustos, dijo en declaraciones publicadas el martes por el diario El Mercurio que las muestras se utilizarán para trabajar en las osamentas que guardan en sus laboratorios y para volver a identificar a más un centenar de restos de detenidos desaparecidos que el SML identificó erradamente.

Dijo que también conservarán material genético incluso de los familiares de víctimas de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) de quienes no existen causas en los tribunales, para el caso de que se encuentren restos, puedan ser comparados con los de personas que pudieran estar fallecidas.

La dictadura dejó 3.197 opositores muertos, de los cuales 1.200 desaparecieron después de su detención por agentes de organismos represivos.

El SML exhumó 126 osamentas de detenidos desaparecidos de una fosa común del Cementerio General, y después de identificar a 96 se las entregó a sus familiares que las volvieron a enterrar, entre 1993 y 1995.

Sin embargo, y ante sospechas que se fueron acumulando, en abril del 2006 el servicio admitió sus errores. Reconoció que identificó mal a 48 personas, y en forma dudosa a otras 37. Treinta más nunca las pudieron identificar.

El hecho remeció a la opinión pública y se convirtió en una de las primeras crisis que tuvo que enfrenar la presidenta Michelle Bachelet, que virtualmente intervino el SML e hizo que expertos forenses realizaran una auditoría.

Viviana Díaz, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo al diario electrónico El Mostrador que entregarán las muestras porque el solo hecho de que hayan venido dos veces a nuestros país estos expertos, es una tranquilidad para nosotros.

El SML recibió una fuerte cantidad de recursos para adquirir equipos nuevos, crear nuevas unidades de investigación y actualizar los conocimientos de su personal.

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Mayo 18, 2007

Chl - El Colegio de Periodistas sanciona a periodistas-agentes de la dictadura por fabricar noticias en 1975

Ernesto Carmona
Mapocho Express

El Colegio de Periodistas de Chile expulsó de sus filas a un ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que llegó a convertirse en periodista y suspendió por un año, con censura pública, a otros cuatro profesionales con formación universitaria que colaboraron en la fabricación de noticias falsas para encubrir asesinatos de opositores políticos a la dictadura de Augusto Pinochet.

El Tribunal Regional de Ética y Disciplina (TRED) del Consejo Metropolitano (Santiago) del Colegio de Periodistas expulsó a Carlos Roberto Araya Silva, un ex locutor de la radio Sargento Aldea de San Antonio a quien el jefe de la DINA, el entonces coronel de Ejército Manuel Contreras, introdujo en la televisión del Estado, y suspendió por un año, con censura pública, a Julio López Blanco, Claudio Sánchez Venegas, Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán, periodistas formados en diferentes universidades que colaboraron con la dictadura desde sus cargos en Canal 7, Televisión Nacional (TVN), y la Corporación de TV Canal 13, de la Pontificia Universidad Católica.

Los sancionados participaron en el montaje comunicacional de un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y críticos de la dictadura que jamás existió, difundido además por los diarios La Tercera, Últimas Noticias, la revista Qué Pasa y otros medios. Qué Pasa incluso entrevistó a Rodolfo Pávez, un niño de 8 años, como “testigo presencial”. “Yo los vi”, dijo Rodolfo. “Por los faldeos de esos cerros que le son tan familiares, Rodolfo vio bajar a siete extraños. “Entre ellos había dos mujeres, y los hombres las ayudaban a salar el canal que ese día venía con agua. Iban corriendo”, relata a Qué Pasa, con aplomo”, aseguró la edición Nº 240 de la revista, que el 27 de noviembre de 1975 publicó esta joyita de la mentira hecha periodismo.

La DINA fabricó la noticia sobre este hecho falso con la complicidad de la Dirección Nacional de Comunicaciones (DINACOS), el ente propagandístico del régimen militar, donde laboraban muchos periodistas con formación universitaria que aún se encuentran activos e incluso enseñan la profesión en diferentes universidades privadas, incluido el ramo de “ética periodística”.

En rigor, no hubo enfrentamiento armado, sino un montaje comunicacional para disfrazar el asesinato de siete personas que se hallaban recluidas en el Cuartel Terranova del Ejército, más conocido como Villa Grimaldi. Este episodio, que contó entre sus víctimas a una mujer embarazada, ocurrió el 19 de noviembre de 1975 y se le recuerda como “El Caso Rinconada de Maipú”. Otros montajes periodísticos de esa misma época, como el “Caso de Los 119” u “Operación Colombo”, de junio de 1975, encubrieron asesinatos y desapariciones de opositores a la dictadura. También el periodista Augusto Carmona Acevedo fue asesinado por la espalda en 1977, cuando ingresaba a su domicilio en Santiago, pero la versión periodística lo hizo aparecer como muerto en un “enfrentamiento” a balazos, pero no tuvo la oportunidad de defenderse de sus asesinos todavía impunes.

Asesinatos selectivos

El juicio ético fue solicitado el 25 de abril de 2006 por Isabel Gallardo Moreno, familiar de cinco de las siete víctimas: Catalina Ester Gallardo Moreno, su hermana de 30 años, a quien le arrancaron los ojos; Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, de 26 años, profesora de educación básica, embarazada de tres meses y cónyuge de su hermano Roberto Gallardo Moreno –asesinado el día anterior–; Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, de 64 años, padre de los Gallardo Moreno; Manuel Lautaro Reyes Garrido, Luis Andrés Gangas Torres, Felipe Cárcamo y Pedro Blas Jeldrés. La muerte anterior de Roberto Gallardo, al parecer en un enfrentamiento de verdad, desencadenó la feroz venganza de la DINA contra su familia.

Las siete víctimas fueron detenidas el 18 de noviembre de 1975 por la Policía de Investigaciones de Chile (PICH), cuyo jefe, el hoy general retirado de Ejército Ernesto Baeza Michelsen, decidió dividir el grupo y enviar a la DINA a quienes terminaron muertos. También fue detenida Isabel Gallardo, junto con otro hermano llamado Guillermo Gallardo Moreno, su madre Ofelia Moreno Aguirre y dos niños menores, sobrinos suyos, que fueron dejados en libertad esa misma noche del día 18.

Las víctimas, que sufrieron atroces torturas antes de morir en Villa Grimaldi, fueron detenidas ante testigos en sus domicilios, o con otros familiares como en el caso de los Gallardo, o en sus lugares de trabajo. Todas estas personas fueron vistas todavía vivas por otros detenidos de ese centro de la DINA. Isabel Gallardo y su madre, en cuanto quedaron en libertad, iniciaron de inmediato las gestiones por sus seres queridos ante el Comité Pro Paz, sustentado por las iglesias cristianas, pero el 19 de noviembre de 1975 se llevaron la sorpresa de ver y escuchar al hombre ancla del noticiario estelar de TVN, Julio López Blanco, en cuclillas desde el entonces fundo La Rinconada de Maipú, al sur-oeste de Santiago, informando que sus familiares habían muerto allí, en un “violento enfrentamiento”. Como “prueba” irrefutable, López Blanco exhibió media docena de cápsulas o vainillas de proyectiles de uso militar.

El asesianto de cinco miembros de la familia Gallardo y de otros disidentes políticos de la dictadura fue investigado por la justicia del crimen, en el proceso judicial caratulado “Familia Gallardo-Gangas”, Rol 2.182-98, a cargo del juez Alejandro Solís Muñoz, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien también citó a declarar a López Blanco y al ex DINA Araya, entre otros. Según la acusación de Isabel Gallardo, Julio López Blanco, que actualmente trabaja en Mega visión, propiedad de Ricardo Claro, tuvo una actuación “mal intencionada y mentirosa, como se ha comprobado en el curso de la investigación judicial”. Claudio Sánchez, quien también trabaja en Megavisión, emitió un informe parecido por el Canal 13 de la Universidad Católica.

Incoherencias del género “periodismo de ficción”

“Están los testimonios del violento enfrentamiento: vainillas vacías, muchas vainillas vacías”, reportó el periodista Julio López, vestido con un impecable traje de lino blanco, en un lugar agreste, de vegetación baja, donde no se observan cadáveres, huellas de sangre o señal alguna de ningún “violento enfrentamiento”, excepto las cápsulas que enseñó a los televidentes. “Hay seis o siete [vainillas] aquí en este lugar y muchas otras más esparramadas por aquí en el cerro”, subrayó López Blanco. Más o menos una vainilla por cada víctima.

“Las últimas informaciones dicen que otros dos grupúsculos del MIR y del proscrito Partido Comunista se encuentran cercados, en este momento, por fuerzas de la DINA”, continuó “informando” el periodista López. “Y trasladémonos ahora hasta nuestro móvil 2, donde Roberto Araya, en el mismo lugar donde cayeron los extremistas nos dará los nombres de ellos y otros antecedentes de este espectacular suceso”. Y aquí intervino el periodista-agente: “Este es el sitio exacto donde se produce la refriega entre fuerzas de seguridad de la DINA y los seis extremistas; como puede observarse, se ve a simple vista el lugar quemado, ello en atención a que Seguridad debió echar granadas para sacar desde aquí a los extremistas parapetados”.

Araya muestra el lugar donde la DINA habría lanzado granadas: “Aquí están las vainillas, incluso puede observarse una caja de cartuchos, aquí hay una marca que se hizo posteriormente, para marcar donde cayó uno de ellos”. Este periodismo de ficción articulado por la DINA a través de “la televisión de todos los chilenos” era de tan mala calidad y mentía tan impunemente que el agente Araya habló de una refriega entre fuerzas de seguridad de la DINA y [los] seis extremistas pero luego leyó siete nombres de su propia lista de muertos. Es decir, hubo siete muertos en una refriega en que sólo participaron seis supuestos “extremistas”.

El responsable del noticiario estelar de TVN era el director de prensa Vicente Pérez Zurita, mientras la gerencia general del canal del Estado la ejercía Manfredo Mayol Durán, también periodista. Claudio Sánchez Venegas hizo un despacho similar “en vivo” por la señal de Canal 13 de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La fiscal del juicio ético, Doris Jiménez, obtuvo un video del reportaje de menos de tres minutos que fue proporcionado por TVN a los tribunales de justicia, pero Canal 13 no quiso facilitar la transmisión que realizó Claudio Sánchez. “Al respecto y una vez revisados los archivos audiovisuales de Canal 13 advertimos que sólo existe sobre el particular una nota realizada por el periodista don Claudio Sánchez, quien aparece también en pantalla”, dice una carta dirigida al TRED, el 2 de octubre de 2006, por Eliana Rozas Ortúzar, entonces directora ejecutiva de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica. El jefe máximo de la Iglesia Católica, el Cardenal Arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Javier Errázuriz, no respondió a los requerimientos del Colegio de Periodistas.

Rozas involucró a Sánchez en el montaje comunicacional, pero rehusó facilitar el video aduciendo un juicio laboral entre el periodista y la estación de TV, a menos que “el Sr. Sánchez acepte de manera fehaciente su total acuerdo a que el material sea facilitado, eximiendo a Canal 13 de toda responsabilidad por dicha entrega”. Sánchez no colaboró con la investigación del tribunal metropolitano y rehusó concurrir a declarar, a diferencia de los demás imputados, quienes sí reconocieron la tuición del Colegio de Periodistas sobre la conducta ética de sus afiliados. En definitiva, Sánchez fue sancionado por no colaborar con la investigación sobre su propia conducta ética.

Seis asesinos procesados por el crimen

El ministro Solís Muñoz estableció el 27 de febrero de 2006 que el asesinato múltiple se produjo el 19 de noviembre, el mismo día de la transmisión del montaje comunicacional, y sometió a proceso por este crimen a Juan Manuel Contreras Sepúlveda, el jefe de la DINA, y a sus subalternos Marcelo Luis Morén Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Zapata Reyes, Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, todos del Ejército, “en calidad de autores de los delitos de homicidio calificado que contempla el artículo 391 N° 1 del Código Penal”. Todos estos militares son responsables de numerosos otros asesinatos de opositores a la dictadura y están implicados en decenas de juicios.

Araya declaró abiertamente que fue un agente transmutado en “periodista” gracias a su compadre Manuel Contreras, el entonces jefe de la DINA, y a un cursillo de “corresponsales de guerra” del Ejército, según su declaración ante la periodista Doris Jiménez, quien actuó como fiscal, designada por el TRED para investigar la denuncia de Isabel Gallardo. Araya relató en el expediente que su compadre Contreras lo introdujo en TVN para manejar la propaganda de la represión, con más poder incluso que Pérez, el jefe de prensa, y que Mayol, el gerente general. Las declaraciones de estos jefes sorprenden, porque ahora indican que sus cargos eran nominales, aunque se supone que cobraban puntualmente sus salarios, pero en la práctica no tenían idea de qué ocurría bajo sus narices. Pérez, que también fue jefe de prensa de Canal 13, se dedica hoy a enseñar… periodismo.

La amistad de Araya con Contreras nació en el puerto de San Antonio donde se desempeñaba como locutor de un programa de tangos de la radioemisora local, mientras el futuro fundador de la DINA ejercía la jefatura del regimiento Tejas Verdes, donde también se cometieron numerosos asesinatos de presos políticos. Los tribunales del crimen establecieron que Araya entregó a la DINA nombres, domicilios y datos de dirigentes de estibadores y supuestos izquierdistas del puerto de San Antonio para su posterior detención y eliminación.

“Desearíamos que esos periodistas, no sólo fueran repudiados por sus pares sino también por la sociedad toda; por su conducta indecente y vergonzante comparada con la de otros valientes periodistas que dieron incluso la vida, por reflejar la verdad de los hechos”, aseguró Isabel Gallardo al conocer el fallo. También insistió en la culpabilidad penal “del jefe de la Policía de Investigaciones de Chile en 1975, el general en retiro Ernesto Baeza Michelsen, y el personal a su cargo; a parte de los funcionarios civiles y militares de la EX DINA, sometidos a proceso en el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 27 de febrero de 2006”. Añadió que “este fallo, que nos llegó justo el Día de la Madre, aunque solo emite una sanción moral, es un bálsamo que necesitábamos y ha sido altamente valorado por nuestras familias”.

Los cinco periodistas afectados fueron notificados del fallo el 12 de mayo. Tienen 15 días para apelar ante la instancia superior, el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina (TRINED) del Colegio. El texto íntegro de la decisión se encuentra en la página web del Colegio de Periodistas: http://www.colegiodeperiodistas.cl/index.php?action=documentos_colegio¬icia_id=177

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=51011

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Mayo 17, 2007

Chl - Estado deberá pagar millonaria indemnización a madre de desaparecido

La demanda acogida por la Corte de Apelaciones de Santiago a la madre del militante del MIR René Acuña Reyes, desaparecido desde 1975, había sido denegada en primera instancia.

El Estado chileno deberá pagar 100 millones de pesos a la madre de un detenido desaparecido durante la dictadura de Augusto Pinochet, por daño moral y síquico, según un dictamen emitido este miércoles por la Corte de Apelaciones de Santiago.

En la resolución los ministros Alejandro Madrid y Lamberto Cisternas señalaron que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles tanto para el ámbito penal como para el civil, sentando un importante cambio en la jurisprudencia nacional.

Hasta ahora, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) consideraba que la acción civil indemnizatoria de los familiares de las víctimas se encontraba prescrita.

Por ello, el CDE ha sostenido sistemáticamente que los tribunales no deben acoger las demandas civiles reparatorias que, en paralelo a la querella criminal, interponen los familiares de desaparecidos, ejecutados o sobrevivientes que sufrieron prisión.

Asimismo, los magistrados Madrid y Cisternas sostuvieron, en su sentencia, que "la imprescriptibilidad de las acciones civiles de los daños producidos por crímenes de lesa humanidad fluye de los convenios internacionales sobre crímenes de guerra y derechos humanos", que el Estado está obligado a respetar.

La demanda acogida por la Corte de Apelaciones de Santiago a la madre del militante del MIR René Acuña Reyes, desaparecido desde 1975, había sido denegada en primera instancia.

El abogado del Fasic, Nelson Caucoto, aseguró que "esta es una sentencia fundamental y un gran triunfo que permite avanzar, pero todavía falta que este mismo criterio lo asuman también los ministros de la Corte Suprema".

EFE

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Mayo 15, 2007

Chile: Nueva condena de 15 años contra el jefe de la policía secreta de la dictadura chilena

EFE - Santiago de Chile - 15/05/2007

Un juez chileno condenó ayer a 15 años de prisión al general retirado Manuel Contreras, quien fuera jefe de la DINA, la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, por la desaparición de una estudiante universitaria.

El fallo, dictado por el juez especial Alejandro Solís, sentencia además a 10 años de prisión a otros cinco miembros del organismo represor y absuelve a otros dos, informaron fuentes judiciales.

De este modo, Contreras, que fuera uno de los más estrechos colaboradores de Pinochet, que falleció en diciembre pasado, completa alrededor de 15 condenas por violaciones a los derechos humanos, por períodos que van de 10 a 15 años de cárcel.

La sentencia dictada por el juez Solís se refiere a la desaparición de Jacqueline Binfa, de 28 años, estudiante de Servicio Social de la Universidad de Chile y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), agrupación que luchó con las armas contra la dictadura de Pinochet (1973-1990).

Binfa fue detenida por agentes de la DINA el 27 de agosto de 1974 y su rastro se perdió tras haber sido vista en un centro de torturas del municipio santiaguino de Ñuñoa y en el campo de concentración Cuatro Álamos, en el sector sur de la capital chilena.

Además de los 15 años de pena para Contreras, el juez Solís condenó a 10 años de prisión a los ex brigadieres del Ejército Marcelo Moren, César Manríquez y Miguel Krasnoff; al ex coronel de Carabineros Ciro Torré y al civil Osvaldo Romo. El magistrado absolvió al ex coronel de Gendarmería (servicio de Prisiones) Orlando Manso y al ex suboficial del Ejército Basclay Zapata.

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Nueva/condena/anos/jefe/policia/secreta/dictadura/chilena/elpepuintlat/20070515elpepuint_3/Tes

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Chile: Asociación de Magistrados rinde homenaje a jueces exonerados en dictadura

por Jorge Molina Sanhueza

A juicio de la directora de la entidad, la jueza de Garantía Francisca Zapata, el acto se instala como una ''rectificación y la reconstrucción de la memoria del espacio judicial que la exoneración borró''.

El próximo 16 de mayo, a las 18.00 horas en el Palacio Ariztía, la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) rendirá un homenaje a los jueces que fueron exonerados durante la dictadura militar.

La ceremonia se enmarca dentro de los acuerdos que en noviembre del año pasado acordaron los jueces en su convención nacional -con votación unánime-, como una forma de recuperar la memoria histórica del Poder Judicial.

Esta es la primera vez que se realiza un acto de este tipo recordando a los jueces que debieron abandonar sus cargos por decisiones del régimen de Augusto Pinochet.

A juicio de la directora de la ANM, la jueza de garantía Francisca Zapata -de la tendencia Nueva Justicia- el acto se instala como una “rectificación y la reconstrucción de la memoria del espacio judicial que la exoneración borró”.

“Los jueces debemos mantener nuestra prescindencia política, no hay ninguna duda, pero nuestra mirada hacia el bicentenario no puede ser neutra, porque en otras áreas del quehacer nacional hay historia en el caso de la justicia no tiene por qué ser distinto ya que no podemos mirar para el lado con la historia”, explicó Zapata a El Mostrador.cl.

La propuesta para realizar el evento fue presentada recientemente al presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, quien aceptó la realización.

Si bien no se trata de un acto político propiamente tal, dijo Zapata, el encuentro será también un espacio de reflexión y aclaró que no debe ser tomado como que “somos unos juececitos hablando de lo político”.

La magistrado indicó que el acto está abierto a todos los jueces que fueron exonerados y a todos los que deseen asistir. Explicó que les ha costado mucho hallar a estos funcionarios, porque lo que hizo un llamado a correr la voz para el día del acto.

Según el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, "el Poder Judicial fue el único de los tres poderes del Estado que continuó funcionando sin que fuera intervenido ni disuelto..." por los gobernantes militares, debido al "interés por mantener... una imagen de legalidad".

Y agrega: "La actitud adoptada durante el régimen militar por el Poder Judicial produjo un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas de los derechos humanos".

Los Decretos Leyes 80 y 81 contribuyeron a la creación de un Poder Judicial sumiso a la dictadura: Por ejemplo, remover jueces con el 50 por ciento de los votos de la Corte Suprema cuando anteriormente se requería el dos tercios. Se usó la mala calificación para remover a los jueces por intromisión política.

A fines de abril del 1974, 57 jueces, ministros de cortes, y relatores — casi el 10% del cuerpo judicial - fueron removidos por calificación del grado 4. Uno de los magistrados despidos por considerarlo políticamente incompatible con la visión hegemónica del régimen militar fue el juez del Segundo Juzgado de Santiago, René Farías, que fue presidente de la Asociación Americana de Juristas en Chile.

http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=217296&estHomepage=Titulo1

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Enero 24, 2007

Hacia un Bicentenario sin Impunidad

Carta Pública dirigida a la Presidenta Bachelet
"Hacia un Bicentenario sin Impunidad"

Iquique, 17 de enero 2006

Excelentísima Señora
Presidenta de la República de Chile
Doña Michelle Bachelet Jeria
Palacio de la Moneda
Santiago

Estimada señora:
Deseando que tenga usted en lo personal un muy buen año 2007 y que se hagan realidad sus proyecciones de trabajo como mandataria del país, la saludo muy cordialmente y la felicito por haber logrado llegar al más importante cargo de la Nación, el que la sitúa en un lugar privilegiado entre las mujeres que figuran en nuestra historia patria, desde la Independencia hasta el Bicentenario que se avecina.

Siendo usted la figura política que entregará el mando de la Nación al Presidente de la República del Bicentenario, será también la emblemática figura moral que se hará cargo y entregará la historia resiente, no resuelta, a la próxima centuria de la Historia de Chile, no resuelta si es que no somos capaces en estos pocos años que quedan de revertir la nefasta realidad que hemos vivido en relación a la justicia y el castigo a los culpables de los graves atropellos a los derechos humanos cometidos en nuestro país luego del derrocamiento del Gobierno de la Unidad Popular, presidido por Salvador Allende.

Soy una de las tantas mujeres chilenas que hemos vivido este episodio histórico vergonzoso en el que, primero, el ejército de Chile sucumbió bajo el mando de un grupo de militares conspiradores y traidores, que al servicio de sectores políticos que no conformes con el complot, boicot y sabotaje que desarrollaron arduamente en contra del gobierno popular, decretaron por orden del imperialismo norteamericano de la época, un cobarde, horroroso y sangriento golpe de estado, luego, pasados los años de la resistencia a la dictadura, la salida acordada con amarras que hacen eterno el suplicio de la impunidad y cuatro periodos gubernamentales que la derecha política no ha logrado alcanzar, básicamente por estar comprometida e implicada con los horrores de sangre de la dictadura, hemos visto a un cautivo ejército, aún comprometido con el golpe de estado y con el más genocida, déspota y corrupto general de ejército de nuestra historia militar, bajo el burdo pretexto de haber actuado por exigencias de una guerra fría, declarando con esto, implícitamente su falta a la legalidad interna de la Nación y su sometimiento a fuerzas políticas y militares externas a la República de Chile.

Soy una de tantas mujeres chilenas que perdimos a un familiar ejecutado o desaparecido, una de tantas que perdió a sus mejores amigos y compañeros de ideales y utopías. Soy de las que nos quedamos en Chile, para luchar por la verdad, la justicia y la conservación de la memoria de todos los allanamientos, carreras y gritos de muerte en las noches, torturas y ultrajes sexuales de hombres y mujeres, robos, humillaciones y el más espantoso incentivo de la liberación de los bajos instintos de quienes quisieran colaborar con el crimen. Soy de las que creen en el castigo, la privación de libertad y privilegios de Estado para quienes cometieron crímenes de Estado, genocidio o exterminio masivo de personas y creo que solo el reconocimiento de la culpa, la petición de perdón y el cumplimiento de una penitencia nos llevarán a una reconciliación verdadera y a un nunca más seguro.

Pero si este arrepentimiento y solicitud de perdón no existe de parte de los culpables, no es coherente ni correcto que en nuestra legislación exista una ley vigente de auto perdón, elaborada e impuesta por los que cometieron los delitos y lleguemos con esta ley de amnistía al revés al Bicentenario de la Nación, como una evidencia de nuestra debilidad y sometimiento a esta impunidad impuesta por el terror y el miedo.

En el año que recién termina hemos recibido una notificación de un fallo en contra del Estado Chileno, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la aplicación del Decreto Ley 2.191 de Amnistía (http://amnistiadepinochet.blogspot.com/2006/06/decreto-ley-n-2191-de-1978-la-amnista.html), que libera de responsabilidad penal a los autores de violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura militar durante los años 1973-1978 y teniendo un plazo determinado para responder ante la Corte Interamericana por esta aberración jurídica existente en nuestro país, me alegra que usted tenga entre sus prioridades de trabajo para el 2007, terminar con la Ley de Amnistía y dado que este anuncio lo hizo el vocero de gobierno Ricardo Lagos Weber, puntualizando que - “la discusión en este minuto está enfrascada en un debate técnico-jurídico, respecto cual es el mejor camino si hablamos de una interpretación de la misma ley, de la nulidad o derogación de la misma” – me atrevo a sugerir a usted que de todos los Proyectos de Ley presentados al Senado, cuando en otras ocasiones hemos tenido presión internacional respecto al término de la impunidad, el cumplimiento a los Acuerdos Internacionales de Derechos Humanos y el término del Decreto Ley 2.191, el más preciso técnico- jurídicamente es el “Proyecto de ley que declara la nulidad del Decreto Ley N° 2.191, de 1978”. Boletín Nº 4162-07 presentado por los Senadores, Juan Pablo Letelier M., Alejandro Navarro B., Guido Girardi L. y Mariano Ruiz-Esquide J. (http://amnistiadepinochet.blogspot.com/2006/07/proyecto-de-ley-4162-07.html.).

Es de mi interés terminar con este obstáculo a la justicia, impuesto por quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, ya que en lo personal, los jueces que hasta hoy han determinado la suerte de los asesinos de mi hermano han hecho uso de este Decreto Ley para protegerlos, sabiendo que están protegiendo a personas que en octubre de 1873 luego de haberse tomado por asalto el Estado y el Ejército de Chile, mutilaron horrorosamente con corvo y cuchillo a mi hermano y a doce personas más, en el mismo momento y en el mismo lugar, crimen genocida contra el cual no he dejado jamás de buscar el juicio y el castigo. Y no será este el momento, en circunstancias que lo hice en plena dictadura, siendo uno de los momentos memorables de dicha batalla legal el día que escuche a través del Programa “Aquí Chile” de Radio Moscú, lo notable que significaba el hecho que “por primera vez una causa se cerraba con un voto en contra de la amnistía”, ante la brillante defensa que mi abogado hizo por una amnistía mal aplicada e improcedente en una querella que presenté en ese tiempo y la que espero reabrir en el más breve plazo posible.

Llegar a un Bicentenario de la Nación sin el decreto Ley de Amnistía impuesto por la fuerza y el miedo, nos hará más dignos y menos sometidos por la impunidad y la decadencia moral, social y política que esta genera. Un Bicentenario sin impunidad nos dará una oportunidad histórica de no ser juzgados y condenados como sociedad, por las futuras generaciones. El Decreto Ley 2.191 de Amnistía, como herramienta de impunidad, no debe quedar al libre albedrío o interpretación de los jueces, porque no corresponde, porque es ilegal e improcedente.

Un Bicentenario sin Impunidad nos hará más libres, nos hará más grandes como Nación y será un verdadero reconocimiento a la Verdad, a la Justicia y a la Memoria de un pueblo que no quiere volver a vivir un episodio pavoroso de exterminio como el vivido, el que ya está escrito y no podemos borrar de nuestra historia. Y como usted lo señaló en su reciente mensaje de Año Nuevo - “Debemos seguir avanzando en resolver nuestras diferencias en un tono que permita el entendimiento, y que el Chile que se vio dividido en algún instante, sepa también reconocer sus espacios de reencuentro", lo que “Nos ayudará a hacer un mejor Chile, a construir un mejor país” – y la imparcialidad en los juicios de derechos humanos , sin esta herramienta de perdón obligatorio, es sin duda, un espacio de entendimiento donde todos los chilenos y todos los sectores políticos en el Parlamento, en justicia, tenemos que estar de acuerdo, para construir un mejor país.

Esperando su acogida a la presente y agradeciendo su atención.
Se despide cordialmente de usted.

Angélica Palleras Norambuena
Hermana de Adolfo Palleras N.
Ejecutado en tortura por la Caravana de la Muerte en Copiapó
17 de octubre de 1973

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Chile: Plan sistemático de exterminio

Se descubre y prueba en juicio el principal secreto del Ejército de Chile durante la era de Pinochet: la existencia de un plan sistemático de exterminio con grandes similitudes a las utilizadas por la Alemania nazi: utilización de armas químicas, como gas mostaza y gas zarin para la aliminación de prisioneros y opositores como el ex presidente Frei, producidos en un ultrasecreto laboratorio que operó incluso fuera de las fronteras chilenas, la utilización de hornos crematorios para eliminar los huesos de los detenidos desaparecidos, y la implementación de la "operación solencio" para cubrir bajo la máxima impunidad todos los crímenes de lesa humanidad de los coordinadores de la operación de exterminio continental llamada "Cóndor". Comparto este artículo del diario Clarín de Buenos Aires, Argentina.

Federico Tatter

LOS CRIMENES DE LA DICTADURA CHILENA : HABIA HORNOS PARA QUEMAR LOS HUESOS DE LOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS

El laboratorio de Pinochet que usaba métodos de los nazis

Mónica González. SANTIAGO. CORRESPONSAL. CLARIN. ARGENTINA. 21 DE ENERO DE 2007.

Veintiún años demoró la familia del ex presidente Eduardo Frei Montalva en asumir la convicción de que el máximo líder de la democracia cristiana chilena y, en el momento de su muerte, el principal opositor a Pinochet había sido asesinado.

La querella fue presentada por su hija, la entonces senadora Carmen Frei, en 2002, y desde entonces todas las piezas de la macabra trama criminal han encajado una tras otra. Ello ha sido producto principalmente de la brillante investigación policial del inspector Nelson Jofré, el mismo policía que descubrió el secuestro y asesinato del químico de la DINA Eugenio Berríos, en Uruguay.

La tenacidad y rigurosidad con que Jofré interrogó a más de 300 personas hasta descubrir dónde, quiénes y cómo se fabricaron armas químicas mortales en un laboratorio ultrasecreto del Ejército es no sólo una excelente investigación sino la prueba de uno de los secretos más ocultos de Pinochet. Por mantenerlos bajo silencio, se secuestró y asesinó a un número hasta hoy no determinado de personas. Tanto el laboratorio como la "operación silencio" posterior demandaron el gasto de millones y millones de dólares.

El asesinato de Frei Montalva es uno de los últimos crímen es ordenados por Pinochet que se devela en estos días. A la conmoción que provoca la primera evidencia judicial de que el ex mandatario fue asesinado se suma una peor: la historia oculta de una fábrica de armas químicas destinada a matar seres humanos con los mismos métodos que utilizaron los nazis.
Lo mismo ocurre con el gas sarín y las toxinas botulínicas y, aunque cueste que los chilenos lo asuman, también se utilizaron hornos para quemar huesos de detenidos-desaparecidos con el fin de impedir que se descubrieran sus asesinatos.

Todo esto está comprobado judicialmente. El laboratorio al que se hace referencia representa un serio problema para el Ejército de Chile. Se requiere con urgencia que se esclarezca en detalle qué se hizo con esas armas; si ya fueron destruidas y qué paso con el laboratorio secreto y todos sus implementos. El capítulo sobre la dictadura que ahora se abre promete ser el mas explosivo.

Y aunque Pinochet esté muerto, quienes sobreviven y participaron en esta máquina de muerte pero también autoridades de hoy están interesados en que este juicio se archive lo más rápido posible.

La gravedad de los hechos investigados por el juez Alejandro Madrid y los descubrimientos logrados por el inspector Jofré indican que esto no se puede permitir. Porque, además, en esta investigación existe la evidencia de que no se trata de dos crímenes solamente —Eduardo Frei Montalva y Eugenio Berríos— sino de varios más.

Prueban que al ex presidente Frei lo envenenaron con gas mostaza

Lo confirmó un análisis patológico hecho en Bélgica. Hallaron pruebas del agente químico en tres muestras de tejidos del ex mandatario muerto en 1982. El veneno fue fabricado en un laboratorio secreto del Ejército. En agosto del año pasado ya lo había denunciado su médico personal, el prestigioso gastroenterólogo Augusto Larraín. Pero ahora aquella sospecha tiene fundamento científico. Según un informe patológico realizado por la Universidad belga de Gent a pedido de su familia, el ex presidente Eduardo Frei Montalva, quien gobernó Chile entre 1964 y 1970, fue envenenado con gas mostaza.

Frei murió el 22 de enero de 1982 —mañana se cumplen 25 años— en la Clínica Santa Isabel. El informe oficial consignaba como motivo de su muerte una septicemia, una complicación sorprendente ya que Frei había pasado por una cirugía de baja complejidad.

El arma química que envenenó al ex mandatario socialdemócrata y que al momento de su muerte era el principal líder de la oposición a Augusto Pinochet, fue fabricada en un laboratorio secreto del Ejército. El gas mostaza fue utilizado como arma de guerra por primera vez en la Primera Guerra Mundial y es un tipo de agente químico de fácil elaboración. Con el contacto causa ampollas en la piel y las membranas mucosas, al tiempo que daña el sistema respiratorio y acelera los procesos infecciosos.

Las pruebas del laboratorio belga detectaron la presencia del gas mostaza en al menos tres muestras de tejidos de Frei y, aunque el veneno no fue lo que causó directamente su muerte, sí aceleró el proceso irreversible de deterioro de su salud. La ex senadora Carmen Frei, hija del ex presidente, habló ayer con Radio Cooperativa desde Canadá. "Nosotros sabíamos ya que la DINA —la policía secreta de Pinochet— producía estos productos químicos, sabíamos que hubo médicos de la DINA en la clínica donde fue operado", dijo. "Hoy nos falta saber quién lo hizo", agregó.

"Aquí hubo mano negra", había señalado el año pasado el doctor Augusto Larraín, el cirujano que operó a Frei en noviembre de 1981. "Hubo un agente químico externo. No puedo decir qué fue, quién lo puso, o cómo funciona", dijo el destacado gastroenterólogo, pionero de una técnica quirúrgica contra el reflujo, mal que padecía Frei por una hernia al hiato.

Larraín dijo que, cuando le practicaron la segunda operación por un súbito e inexplicable agravamiento de su estado, vieron que "no había ningún signo de inflamación peritoneal, no había gérmenes, era un abdomen absolutamente limpio y libre". Lo que sí constató Larraín fue una extraña lesión, alejada de la zona que él operó: "Esta lesión sólo podía explicarse por una irritación química local". Y agregó: "Nadie había visto nunca una cosa así. Fue absolutamente evidente para mí que existió una alteración localizada de tipo biológico, más bien de tipo químico".

El cirujano reveló que la infección apareció en la misma zona en que, en la primera operación, su ayudante bajó "con una compresa". "Si algo se colocó estaba en la compresa. Si yo quisiera pensar mal digo: yo paso al lado de donde están las compresas y sin que nadie lo sepa le pongo una cosita y ya está".

La súbita descomposición de Frei en diciembre de 1981 obligó a la familia a pedir asistencia médica en la clínica. Como fue imposible ubicar a Larraín, la enfermera aceptó la propuesta del doctor de turno, Pedro Valdivia Soto, de examinarlo. De aquella revisación no queda registro y pasaron años antes de que se supiera que Valdivia además era médico de la DINA.

El examen patológico que ahora confirma que Frei fue envenenado fue solicitado por el juez Alejandro Madrid, quien investiga la muerte del ex presidente a instancias de la familia.
El juez Madrid es también el magistrado responsable de la investigación sobre el asesinato del ex químico de la DINA Eugenio Berríos, ultimado en Uruguay en 1993, con ayuda de militares de ese país, al que se lo ayudó a escapar en 1991 para impedir que revelara a la justicia uno de los secretos más explosivos de la dictadura: la existencia de un laboratorio químico que fabricaba armas para asesinar opositores y personajes molestos.

Una de las armas fabricadas por Berríos fue una toxina mortal para envenenar el agua potable de Buenos Aires cuando Argentina y Chile estuvieron al borde de la guerra por el Beagle en 1978.FIN.

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Diciembre 1, 2006

11 argentinos FUERON ASESINADOS EN CHILE

Bajo el régimen comandado por Pinochet se contabilizan once ciudadanos argentinos asesinados. El asunto no termina allí. La justicia chilena invocó la prescripción para eludir el procesamiento de los asesinos de los ciudadanos argentinos Bernardo Lejderman y Leonardo Henrichsen, ultimados antes y después del golpe militar perpetrado el 11 de septiembre de 1973.

Lo denunciaron en conferencia de prensa los abogados de derechos humanos Hiram Villagra y Héctor Salazar. Los juristas apelaron separadamente ante las cortes superiores por ambos casos.

por Ernesto Carmona*
http://www.pieldeleopardo.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2864

En la conferencia de prensa, ofrecida en el Círculo de Periodistas de Santiago, participaron, además, el Embajador de la República Argentina, Carlos Enrique Abihaggle; la Encargada de Derechos Humanos de esa representación diplomática, Silvia Cao; y Ernesto Lejderman, hijo de una de las víctimas. El embajador Abihaggle explicó que su gobierno ha reclamado a Chile por once casos de argentinos asesinados o desaparecidos bajo la dictadura de Pinochet, en tanto Salazar dijo representar a las familias de cinco ciudadanos uruguayos que corrieron la misma suerte.

La familia del periodista y camarógrafo de la Radio y Televisión de Suecia Leonardo Henrichsen, asesinado el 29 de junio de 1973 –cuando el intento de golpe recordado como el Tanquetazo o Tancazo–, está representada por el jurista Hiram Villagra, quien pidió el jueves 30 la reapertura de la causa cerrada por segunda vez consecutiva por la jueza de primera instancia Rommy Rutheford, del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, bajo el argumento de la prescripción.

En el caso de Bernardo Lejderman, maestro y estudiante de leyes argentino, asesinado junto a su esposa mexicana María del Rosario Avalo Castañeda el 8 de diciembre de 1973, el abogado Héctor Salazar apeló ante la corte superior. Después de este asesinato, el entonces teniente Emilio Cheyre entregó a la monja Cecilia Ibarra, del Convento Casa de Providencia de La Serena , al menor de dos años y medio Ernesto Lejderman Avalos, hijo de la pareja asesinada. El hoy general retirado Emilio Cheyre declaró en el proceso siendo Comandante en Jefe del Ejército.

Caso Henrichsen

El abogado Hiram Villagra explicó: “Recientemente el tribunal ordenó el nuevo archivo de la causa, por segunda vez, declarando agotada la investigación, y nosotros hemos solicitado con fecha de hoy el desarchivo de la causa y su reapertura. No aceptamos que se instale la impunidad y vamos a seguir exigiendo que se tome la resolución que en derecho corresponde que es el procesamiento de los responsables de este crimen”.

–¿Con qué argumento pidió la reapertura?

–Primero, lo que corresponde al procesamiento: que es un crimen de guerra y de lesa humanidad y por lo tanto no es susceptible de ninguna causal de extinción y, estando ya cumplidos los requisitos de auto procesamiento del artículo 274 [identificación de los culpables y que esté establecido el hecho], es necesario procesarlos.

"Además, acompañamos dos nuevos antecedentes: uno que es bastante valioso, que aportó la propia familia Henrichsen, que es el ejemplar de la televisión sueca de la nota donde él muere. El ejemplar que tenía el proceso era el de Chile Films, con bastantes imperfecciones técnicas, que podían dar lugar a dudas. Esta nueva versión original de la película, donde se distingue con toda claridad el transcurso de los acontecimientos, es un antecedente que claramente tiene que ser incorporado al proceso.

" Pero aparte de ese tema probatorio, el tema de fondo es que están identificados los culpables, está establecido el delito y este crimen no puede ser considerado ni amnistiable ni prescriptible”.

–¿Por qué razón?

–Porque es un crimen de lesa humanidad. Hay un deber del Estado de responder; hay un reconocimiento de la responsabilidad del Estado a través de una nota [de la dictadura] en que señalaron estar dispuestos a reparar y eso obliga a las tareas de investigar y sancionar. Cuando el Estado chileno crea impunidad el día 11 de septiembre [de 1973] al cerrar una causa abruptamente, está incurriendo en una irresponsabilidad internacional que sólo puede ser reparada con la reapertura y el castigo final de los culpables”.

Caso Lejderman

Respecto a la causa de Bernardo Lejderman, el abogado Héctor Salazar indicó que “actualmente está en apelación, en la Corte de Apelaciones de Santiago, la sentencia del ministro Joaquín Billard, en virtud de la cual exoneró de responsabilidad a los autores de los asesinatos de los padres de Ernesto Lejderman por estimar que los delitos estaban prescritos. En la próxima semana ese recurso se va a ver en la Corte y un tema que se va a discutir allí es precisamente si estos delitos prescriben o no prescriben.

"Por cierto que la posición nuestra, y que está apoyada en la última jurisprudencia abundante de nuestras cortes, y sobre todo de la Corte Suprema , creo que vamos a revertir el caso y vamos a lograr que en definitiva se dicten sentencias condenatorias y reparatorias a favor de Ernesto, que es el hijo sobreviviente de Bernardo Lejderman y María del Rosario Avalos Castañeda". –El Embajador habló de 11 casos. ¿Conoce usted los otros?

–Si, yo conozco otros, más bien por razones de cultura general, pero éste lo conozco directamente porque soy el abogado de Ernesto Lejderman. Conozco también directamente el caso de cinco ciudadanos uruguayos por representar a sus familiares en una investigación que también se está llevando a cabo en nuestros tribunales.

Los 11 argentinos

Entre los 11 casos de argentinos muertos en Chile se encuentra Oscar Bugallo, quien fue visto por última vez en el Estadio Nacional el 15 de octubre de 1973 y cuyo cadáver apareció dos días después, el 17 de octubre de 1973, en los alrededores del Templo Votivo de Maipú.

Su compañera, Olga Reynoso, documentalista y fotógrafa, viajó a Chile a buscar información e iniciar un juicio. Consiguió testigos que vieron a Bugallo detenido en el Estadio Nacional, pero la presentación que realizó ante la Corte de Apelaciones de Santiago por ejecución, asociación ilícita y aplicaciones de tormentos permanece paralizada.

El gobierno de Argentina reclamó a Chile que se haga justicia por la suerte de Henrichsen, Lejderman y Bugallo, y de otros ocho casos documentados de ciudadanos argentinos victimados en este país: Benjamín Garzón, Hugo Ratier, Beatriz Elena Agüero, Carlos Rodolfo Adler Zulueta, Miguel Angel Lacorte, Teodoro Konoba, José Luque Schurman, Manuel Norberto Mezquita Ramírez.

Familia Henrichsen. La familia del periodista Leonardo Henrichsen –sus hijos Josephine y Andrés, y su viuda, Patricia Heather Macfarlane–, hizo llegar un saludo ante la imposibilidad de viajar a Santiago para asistir a esta conferencia: "Creemos que solamente con actos de este tipo conseguiremos ser escuchados. la intención es poder lograr que la justicia chilena centre su atención en estos dramáticos casos y no olvide a nuestros familiares desaparecidos.

"Estos casos de lesa humanidad son imprescriptibles según convenciones internacionales y el reciente fallo de la Corte Interamericana de DDHH sobre el caso Almonacid pone aún más en evidencia este punto.

"Esperamos que el poder judicial chileno reconsidere su actuar e investigue estas causas hasta apresar y juzgar a todos los culpables que se encuentran claramente identificados en los correspondientes expedientes. Continuaremos esta lucha hasta lograr justicia y castigo a los culpables".

Homenaje a Lejderman. Los restos de Bernardo Lejderman, que hoy se encuentran en el Servicio Médico Legal de La Serena, serán retirados por su hijo Ernesto el sábado 9 de diciembre y trasladados al Memorial de los Desaparecidos del Parque Pedro de Valdivia de La Serena, donde recibirán un homenaje, al igual que su madre, la ciudadana mexicana María del Rosario Avalos Castañeda, cuyas cenizas se encuentran en una fosa común del Cementerio General de Santiago.

Después de la ceremonia en La Serena, los restos de Lejderman serán llevados a Santiago para efectuar al día siguiente sus honras fúnebres en el Memorial de los Desaparecidos del Cementerio General, el domingo 10 de diciembre a las 11:30 horas. Sus restos quedarán en ese memorial.

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* Periodista.

Posted by marga at 4:49 PM | Comments (0) | TrackBack