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Elevación a juicio oral del caso Von Wernich
Agosto 2, 2007
Arg - Luis Patti le prende una velita a la Corte
LA PROCURACION OPINO QUE EL CONGRESO NO DEBIO IMPEDIR LA ASUNCION DEL REPRESOR LUIS PATTI
Luis Patti le prende una velita a la Corte
El dictamen fue firmado por el procurador Luis González Warcalde. Se basó en el fallo de la Corte sobre Bussi pero contradijo la opinión de Righi. Los diputados aseguraron que resistirán el ingreso del ex subcomisario y que acudirán a la CIDH. Críticas de los organismos de derechos humanos.
Por Victoria Ginzberg
El procurador fiscal ante la Corte Suprema Luis González Warcalde opinó que ese tribunal debería pronunciarse a favor de que el ex subcomisario Luis Abelardo Patti asuma como diputado. Basó su dictamen en la decisión de los propios supremos sobre el caso del dictador Antonio Domingo Bussi. Allí, la mayoría de los ministros aseguró que el Congreso no tiene atribuciones para rechazar la incorporación de un legislador electo. El escrito de Warcalde contradice la opinión de su jefe, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien hace dos años señaló que la Cámara de Diputados podía impedir el juramento de un legislador electo si éste estaba acusado de participar en crímenes de lesa humanidad. El nuevo dictamen fue criticado por los diputados que frenaron la asunción de Patti y por los organismos de derechos humanos. “Hubiera sido deseable que la Procuración insistiera con su posición para obligar a la Corte a contestar argumentos que fueron ignorados en el fallo anterior”, señaló Gastón Chillier, director del centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
González Warcalde es, de hecho, el segundo de Righi. Fue quien elaboró el dictamen sobre Patti porque el procurador general fue recusado por el ex subcomisario (ver aparte). Con su escrito firmado, la Corte ya está en condiciones de pronunciarse sobre la banca del represor. En el caso de Bussi, la decisión de los supremos quedó abstracta porque al momento del fallo ya había vencido su mandato. Pero Patti se presentó para el período 2005-2009. Si la Corte falla ahora a su favor, seguramente reclamará su incorporación al Congreso. Esto generaría un nuevo conflicto, ya que en su lugar asumió otro legislador de su lista. Por este caso, el oficialismo estudia solicitar una opinión consultiva ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“De acuerdo con la doctrina novísima de la Corte Suprema, la Cámara de Diputados de la Nación, al juzgar el diploma de Luis Abelardo Patti, ha excedido su potestad constitucional”, señaló González Warcalde. La doctrina a aludida es el fallo sobre Bussi. En junio, el máximo tribunal señaló –por mayoría de cuatro miembros– que el Congreso no podía definir si un diputado electo estaba en condiciones de asumir. El principal argumento de los jueces fue que habilitar a los legisladores para eso podía traer “consecuencias gravísimas”, ya que concedía a la mayoría la potestad de definir quién asumía y quién no. Los magistrados agregaron que el control de los requisitos constitucionales de los candidatos se debe hacer antes de la elección y ante el Poder Judicial pero que, además, el impedimento para ejercer el cargo “deviene, necesariamente, de una condena judicial por un delito”.
En este último fundamento reside la mayor crítica de quienes se oponen a que Patti (y los represores en general) pueda ser diputado o ejercer cualquier otro cargo público. Es que el ex subcomisario no pudo ser condenado, ni siquiera investigado, porque durante veinte años estuvieron vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Y, según la Corte, como no fue condenado, está en condiciones de ser diputado. “Es un argumento circular y perverso. El fallo (sobre Bussi) fue para un país donde funcionó la justicia, donde no hubo interrupción del estado de derecho, ignoró la política de impunidad que hubo en Argentina desde la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida hasta el fallo del juez Gabriel Cavallo”, dijo Chillier a Página/12. El director del CELS agregó que González Warcalde perdió la oportunidad de discutir el fallo de la Corte sobre Bussi, al que consideró “endeble”.
El CELS presentó ante la Corte un amicus curiae (un escrito de terceros con justificado interés en un proceso) en el caso Patti. Allí se recordó que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en 1995 y 2000 que la Argentina debía adoptar medidas para evitar separar a funcionarios sospechados de graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. En ese documento se hizo especial hincapié en la “situación excepcional” de los represores de la última dictadura que recién ahora comienzan a ser juzgados. En la resolución sobre Bussi, la Corte no hizo mención a este hecho.
El diploma de Patti fue impugnado por los diputados Miguel Bonasso, Araceli Méndez de Ferreyra, Remo Carlotto, Carlos Tinnirello y Diana Conti por su participación en crímenes de lesa humanidad. La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos hizo una investigación que incluyó la posibilidad de defensa por parte del dirigente del Paufe. La Comisión consideró probado que el ex subcomisario participó, entre otros casos, del fusilamiento de los dirigentes Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, el secuestro de Juan José Fernández, Ricardo Jiménez, el diputado Diego Muñiz Barreto y el periodista Tilo Werner y el secuestro y tortura de Valerio Salvador Ubiedo y Luis Angel Geréz. También se tuvo en cuenta que había sido procesado por encubrir, en 2003, al represor Jorge Granada mientras estaba prófugo. Actualmente, Patti está imputado en por lo menos cuatro causas por su actuación durante la última dictadura, aunque ninguna de ellas registró grandes avances. “Los jueces le tienen temor porque es poderoso y este dictamen es un mal mensaje”, dijo Ana Oberlin, abogada de Hijos (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) (ver aparte).
Al manifestar su opinión en el caso de Bussi –que había sido impugnado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos–, Righi dijo que el Congreso podía rechazar la incorporación al cuerpo de un torturador y señaló que “el disvalor que se desprende del hecho de haber formado parte de ese gobierno (de facto) permite razonablemente afirmar un reproche ético incompatible con el requisito de idoneidad necesario para el acceso a la función pública”. González Warcalde no opinó igual.
LOS DIPUTADOS RATIFICAN QUE IRAN A LA CIDH
“No permitiremos que asuma”
Por Miguel Jorquera
Los diputados kirchneristas que impugnaron el ingreso de Luis Abelardo Patti a la Cámara de Diputados por “inhabilidad moral” cuestionaron duramente la resolución del procurador adjunto Luis González Warcalde que favorece al ex subcomisario de la bonaerense y ratificaron que acudirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se expida sobre el “conflicto de poderes”. “Es un derecho constitucional revisar los títulos de los miembros de la Cámara”, “hemos respetado la voluntad popular” y “su derecho a defensa” argumentaron los legisladores que juzgaron la conducta de Patti. También dejaron en claro que no cederán ante la resoluciones judiciales: “no permitiremos que un torturador y genocida se siente en una banca del Parlamento”, sentenciaron.
Casi con los mismos argumentos con que manifestaron su rechazo a la resolución de la Corte Suprema sobre el dictador Antonio Domingo Bussi, los legisladores que impugnaron el ingreso de Patti al Parlamento volvieron a cuestionar el dictamen del procurador adjunto González Warcalde, aunque la decisión final estará en manos de los supremos.
“Primero, la resolución no es vinculante, pero hay varias cosas que nos llaman la atención: que se haya dado a conocer durante la feria judicial; que el adjunto haga propio el fallo de la Corte sobre el caso Bussi, en lugar de tener un pronunciamiento propio en el marco de una consulta; y que vaya en contra de toda la argumentación jurídica que volcó el procurador (Esteban) Righi en el caso Bussi”, dijo a Página/12 el diputado Remo Carlotto, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.
Desde México, donde participa de la gira presidencial, el diputado Miguel Bonasso fue contundente: “No vamos a permitir que un torturador y genocida ingrese a la Cámara de Diputados”, contestó ante la consulta de este diario. “Vamos a recurrir ante la CIDH porque sin lugar a dudas estamos frente a un conflicto de poderes, entre el Legislativo y la Justicia. Juzgar a nuestros pares en la Cámara es una facultad que nos otorga la Constitución, fue aprobado por dos tercios de los legisladores y le otorgamos derecho a defensa durante tres meses de audiencias a las que nunca asistió”, concluyó Bonasso, impulsor de la impugnación a Patti.
El kirchnerista tucumano Gerónimo Vargas Aignasse ratificó la “justeza” de la actuación de los diputados. “En el ’99, la Cámara no se equivocó con Bussi cuando no permitió que asumiera su banca por inhabilidad moral por mentir sobre sus cuentas en Suiza, y entonces sólo tenía una causa penal abierta. Ahora tiene más de 500 causas que van desde enriquecimiento ilícito hasta genocidio”, dijo a Página/12 antes de embestir contra el dictamen de la Procuración por el tema Patti: “La legitimidad popular tiene un límite. Pensar que el voto popular sobreseyó a alguien que violó las leyes es un disparate”, concluyó Vargas Aignasse.
“Si la Corte Suprema acogiera el criterio del dictamen, el fallo sería de cumplimiento imposible, pues hay una situación jurídica consolidada, ya que en lugar de Patti ingresó otro candidato de su lista”, argumentó la diputada correntina Araceli Méndez de Ferreyra. Dante Camaño se sentó en la banca del Paufe, de acuerdo con la ley electoral, “hasta el final del mandato”. Camaño no abrió la boca, mientras macristas y radicales aseguraron a Página/12, “aunque todavía no conocen los detalles del dictamen”, que mantendrán la misma postura que durante todo el proceso contra Patti: “si no está procesado, debe asumir su banca”.
LA PALABRA DE LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS
“Tendría que estar preso”
Por Adriana Meyer
“Son las paradojas que generó la impunidad en este país, que se haya cuestionado su diploma por su actuación y finalmente se resuelva a su favor tiene que ver con que durante todos estos años a las víctimas se les negó la justicia, y si en este país las instituciones funcionaran (Luis) Patti tendría que estar preso.” Así, con inocultable indignación, opinó sobre el dictamen de la Procuración la abogada de HIJOS de Rosario, Ana Oberlin. El mismo sentimiento recogió Página/12 en diálogo con Manuel Gonçalves y Juana Muñiz Barreto, hijos de dos de las víctimas del torturador aspirante a diputado.
“Es un retroceso como lo fue el dictamen de la Corte sobre Bussi, y se está dando un mensaje contradictorio: promovemos juicios que se reabren, instamos a la participación de los testigos y los animamos dándoles confianza, incluso algunas resoluciones de la Corte van en ese sentido, pero un dictamen como éste vuelve a generar impunidad. Y me preocupa ese mensaje en este momento clave en que socialmente se está debatiendo las consecuencias de la dictadura en el presente, es volver para atrás con el acierto del año pasado de la Cámara”, completó Oberlin, querellante en varios procesos en los que está imputado Patti. “Por algo los jueces tienen tanto temor con este personaje, por lo menos son cuatro que no hacen nada. Y ahora va a hacer aún más difícil pero vamos a seguir peleándola”, anticipó.
El hijo del desaparecido Gastón Gonçalves recordó que no sólo el problema está en la Justicia. “Los proyectos de ley para impedir las candidaturas de represores aparecieron con el caso Bussi y con el caso Patti pero ahora duermen en los cajones”, expresó. “Hay intereses que no conozco y con una elección acá nomás si no hay decisión de fondo esto va a seguir sucediendo”, agregó Manuel Gonçalves, que participó del proceso de impugnación de Patti en la Cámara de Diputados. “Fueron tres meses en el Congreso para lograr algo válido, y pensamos que la Justicia nos iba a acompañar pero me siento horrible... la gente tuvo que contar las atrocidades que vivió varias veces y alguien desde un escritorio ahora dice que esto no va. Parece todo un circo”, se quejó Gonçalves. La causa por el séxtuple homicidio de sus padres y otros cuatro militantes de la Juventud Peronista pasó del juzgado de San Nicolás al de Campana, de ahí a la Cámara de Rosario por un conflicto de competencia, y finalmente recayó en la justicia federal de San Martín. “Esto grafica mucho lo que pasa, dos años, tres jueces, dos cámaras, todo dilatado. El fiscal (Juan Murray) pidió su detención, y (Patti) ya estaría preso, ya habría condena. Pero da mucho trabajo porque tiene poder”, concluyó.
Consultada sobre el dictamen, la hija del desaparecido diputado justicialista Diego Muñiz Barreto manifestó que le parece “una verdadera vergüenza”. Y agregó: “Mi padre fue una víctima más de la falta de legalidad, así que no voy a dejar de batallar porque estoy segura de que éste es el mejor legado que puedo dejarles a mis hijos”.
Julio 29, 2007
Buscan Trabar Candidaturas de ex Represores Argentinos
BUENOS AIRES, 29 (ANSA)- El subsecretario de Derechos Humanos de Argentina, Rodolfo Mattarollo, anticipó hoy que se estudia acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para impedir que ex represores puedan presentar su candidatura o asumir cargos electivos.
Mattarollo explicó a ANSA que esa estrategia es impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos, para neutralizar el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó a un ex represor a ocupar su banca en el Senado Nacional.
El subsecretario aclaró que el fallo de la Corte Suprema es individual e incluso abstracto, ya que benefició al ex general Antonio Bussi, un ex represor que no asumirá su banca porque venció su mandato legislativo.
Sin embargo, existe preocupación hacia el futuro y ante demandas similares que aún están en el ámbito de la justicia, reconoció Mattarollo.
El subsecretario de Derechos Humanos afirmó que se podría recurrir a la CIDH para solicitar que se aplique como jurisprudencia un fallo del organismo continental que en 1993 impidió que el ex dictador guatemalteco Efrain Ríos Montt pudiera presentar su candidatura presidencial.
"Al existir antecedentes en el sistema interamericano, Argentina podría acudir a la CIDH para solicitar una opinión consultiva", explicó Mattarollo.
El funcionario precisó que la eventual consulta a la CIDH "sería sobre el fondo del asunto" y no sobre el reciente fallo beneficiando a Bussi, ex gobernador militar en la provincia de Tucumán (norte del país) durante la dictadura (1976-1983).
29/07/2007 17:29http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/notiziari/argentina/20070729172934387558.html
Julio 28, 2007
Arg - Testigos acusan a Musa Azar como cómplice de desapariciones en la última dictadura
Es el ex jefe de Inteligencia santiagueño durante la década del 70. Lo acusan como responsable directo de las "torturas y desapariciones" de detenidos políticos. Las denuncias fueron hechas en el marco de la instrucción judicial dirigida por el juez federal, Guillermo Molinari
Varios testigos, muchos de ellos familiares de desaparecidos durante la última dictadura, acusaron al ex jefe de Inteligencia santiagueño, comisario Antonio Musa Azar y ex altos jefes militares, como responsables en las "torturas y desapariciones" de detenidos durante la década del 70, informaron hoy fuentes judiciales.
Las denuncias fueron hechas en el marco de la instrucción judicial dirigida por el juez federal, Guillermo Molinari, en la que Musa Azar negó su participación en delitos de lesa humanidad, al igual que otros ex funcionarios policiales durante la dictadura militar.
En otra causa similar, el magistrado decidió procesar al ex hombre fuerte de los Juárez, por los presuntos delitos de "torturas seguido de muerte" de una empleada doméstica detenida en 1976.
Se trata del proceso judicial en el que el ex juez federal Angel Toledo, había ordenado una serie de procedimientos, entre ellos la exhumación de los restos de Consolación Carrizo, una de las víctimas enterrada en un cementerio de Arraga, que murió en extrañas circunstancias, tras su detención en la SIDE santiagueña.
En la misma causa, también están acusados los militares Luciano Benjamín Menéndez, Domingo Bussi y los ex tenientes Jorge D´Amico, Roberto Bendoya, Horacio González y Pedro López, que en la década del 70 prestaron servicios en el Batallón de Ingenieros de Combate 141 que tenía asiento en la capital provincial.
En las declaraciones testimoniales, más de un centenar de familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad, comparecieron en el Juzgado Federal de Santiago del Estero para permitir la extracción de sangre para un banco de datos de ADN.
Los exámenes serán comparados con los restos humanos que se sospecha serán encontradosen los cementerios clandestinos de las localidades santiagueñas de Sumamao, Arraga, Pozo Hondo e Isla Verde.
Las excavaciones e inspecciones oculares también debían extenderse hasta los cerros de Guasayán, a 80 kilómetros al oeste de la capital santiagueña, en el que se presume los desaparecidos fueron arrojados de helicópteros, trámite que aún no se cumplió.
Musa Azar fue condenado recientemente a 5 años de prisión por "peculado" e inhabilitado de "por vida" para ejercer cargos públicos, deberá enfrentar en breve un nuevo juicio oral y público por el denominado doble crimen de La Dársena.
http://www.diariohoy.net/notas/verNoticia.phtml/html/268529806/1816/Testigos-acusan-a-Musa-Azar-como-c%F3mplice-de-desapariciones-en-la-%FAltima-dictadura/
Julio 6, 2007
Arg - Confirman procesamiento a tres represores de "La Escuelita"
La Cámara Federal de General Roca confirmó el procesamiento y prisión preventiva contra tres militares acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención "La Escuelita" de Neuquén durante la última dictadura, informaron fuentes judiciales.
Se trata del ex jefe del Batallón Militar de la capital provincial, general (r) Enrique Braulio Olea; del ex jefe de Inteligencia del Comando de la Sexta Brigada, teniente coronel (r) Oscar Reinhold y del suboficial del Ejército (r), Luis Alberto Farías Barrera.
Los tres represores fueron indagados y procesados por el juez federal de Neuquén, Guillermo Labate quien negó en primera instancia la prisión domiciliaria para todos ellos aunque por una decisión de la Cámara Federal de Roca, que revocó esa resolución,
los tres cumplen arresto domiciliario.Olea y Reinhold permanecen en sus domicilios en Buenos Aires y Farías Barrera cumple el arresto en su casa de Neuquén.
La Cámara Federal de Roca integrada por los jueces Carlos Muller, Ricardo Barreiro y Arturo Pérez Petit confirmó los procesamientos con prisión preventiva contra estos militares al coincidir con el juez Labate en que fueron responsables de la aplicación de un plan sistemático para ordenar detenciones ilegales, torturas y desapariciones de ciudadanos de la región.
Los militares están acusados en diez casos de privación ilegal de la libertad, por 15 hechos de aplicación de torturas psíquicas y físicas y un robo agravado por la violencia ejercida.
En esta causa, ya fue indagado el ex médico militar Hilarión de la Pas Sosa acusado de "supervisar" las sesiones de torturas a detenidos en el centro clandestino de detención "La Escuelita".
Otros cinco militares acusados de delitos de lesa humanidad también fueron citados a indagatoria por el juez por lo que se estima que en las próximas semanas deberá resolverse la situación procesal de cada uno.
Son los ex integrantes de Inteligencia del Comando de la Sexta Brigada, Mario Gómez Arena; Julio Francisco Oviedo, Sergio Adolfo San Martín, Enrique Charles Casagrande y Jorge Eduardo Molina Escurra.
|| Fuente: 6 de julio de 2007 (Télam,eg)
La justicia paraguaya allanó el camino para enjuiciar al represor argentino Samuel Miara
Fue al notificar que se confirmó la ampliación de la extradición concedida hace dos años. De esta manera, se convalida la prisión preventiva que el ex policía cumple desde hace dos años en el penal de Marcos Paz por alrededor de 158 casos de secuestros y torturas en los campos clandestinos de detención "Atlético", "Banco" y "Olimpo".
La justicia paraguaya allanó el camino para la realización del juicio oral y público al represor y ex policía Samuel Miara, al notificar que el juzgado penal de liquidación y sentencia número dos de Asunción confirmó la ampliación de la extradición concedida hace dos años.
Así lo confirmaron hoy a Télam fuentes tribunalicias, quienes señalaron que de esa manera se convalida la prisión preventiva que el represor cumple desde hace dos años en el penal de Marcos Paz por alrededor de 158 casos de secuestros y torturas en los campos clandestinos de detención "Atlético", "Banco" y "Olimpo" durante la última dictadura.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&dis=1&sec=1&idPub=67270&id=160794&idnota=160794
Julio 5, 2007
Arg - Un juez hizo lugar a una denuncia de represores
Dos marinos acusaron de falso testimonio a una víctima de la represión, que deberá dar explicaciones.
El juez federal Sergio Torres hizo lugar parcialmente ayer a una denuncia radicada por dos represores del campo clandestino de detención que funcionaba en la ESMA contra una de sus víctimas, por considerar que incurrió en falso testimonio.
Por tal motivo, Torres remitió a la Cámara Federal la denuncia de los capitanes retirados de la Armada Antonio Pernías y Rogelio Martínez Pizarro, procesados con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad contra Sara Solarz de Osatinsky, que pasó 20 meses secuestrada en la ESMA y perdió a su marido y dos hijos a manos de la represión ilegal de la dictadura militar. Voceros judiciales indicaron que Torres "en parte" hizo lugar a la denuncia, que incluye el pedido de detención de la mujer.
El abogado Juan Aberg Cobo hijo, defensor de Pernías y Martínez Pizarro, explicó que Solarz de Osatinsky "ha incurrido en flagrante falso testimonio en perjuicio de los imputados" en su declaración del 14 de junio, cuando volvió a declarar como testigo. Asimismo solicitó que antes del 8 de julio ordene la detención de la sobreviviente, que tiene más de 70 años, está de visita en el país y ese día regresará a Suiza donde vive exiliada desde 1989.
También pidió que ordene la realización de un careo con sus defendidos, ambos detenidos en una base naval pese a que los organismos humanitarios reclaman una cárcel común.
El magistrado resolvió que el expediente sea remitido a la Cámara Federal para el sorteo de un juzgado que investigue si la testigo sostuvo falsedades en su declaración. El sumario recayó en el juzgado federal número 11, cuyo titular es Claudio Bonadío, con la intervención del fiscal Germán Pollicita.En la causa ESMA los ex militares Pernías y Martínez Pizarro se encuentran procesados por haber cometido delitos de lesa humanidad, aunque los mismos están apelados en la Cámara Federal y Casación Penal.
http://www.eltribunosalta.com.ar/edicion-salta/nacionales/20070704_215620.php
Junio 30, 2007
Arg - Caso López: grave denuncia de la abogada
Guadalupe Godoy dijo que hay "complicidad" entre el Servicio Penitenciario y los represores detenidos junto con Etchecolatz
Viernes 29 de junio de 2007 | 14:10Tras el largo allanamiento realizado ayer por la policía en el penal de Marcos Paz, donde está detenido el represor Miguel Etchecolatz, en el marco del caso López, la abogada del hombre que declaró contra el ex policía y está desaparecido desde hace más de nueve meses denunció que existe "complicidad" entre los efectivos del Servicio Penitenciario y los represores detenidos en esa unidad carcelaria.
"Existe una necesaria complicidad del Servicio Penitenciario Federal con los represores detenidos en la cárcel [de Marcos Paz]. Como mínimo existe desidia del Ministerio de Justicia de la Nación al momento de permitir y facilitar que los represores continúen teniendo un trato privilegiado dentro del penal", denunció Guadalupe Godoy, defensora del albañil de 77 años que desapareció el 18 de septiembre del año pasado en declaraciones a la agencia DyN.
El operativo. El allanamiento en el penal, donde además de Etchecolatz esta detenida una treintena de represores, había sido ordenada por el juez federal platense que tiene a su cargo la investigación sobre el paradero de López, Arnaldo Corazza.
Godoy añadió que la pesquisa por la desaparición de López "tiene los límites que el poder político dispone".
En el penal del SPF cumplen prisión, entre otros, Etchecolatz, ex jefe de la policía bonaerense que fue condenado a prisión perpetua en el juicio en el que declaró López, y el ex capellán de policía, Christian von Wernich, quien comenzará a ser juzgado el miércoles que viene.
Carpetas. Ya en marzo, Corazza había ordenado una inspección del penal en la que se secuestró, en la celda de Etchecolatz, una carpeta con prolijos recortes periodísticos sobre el caso López.
Junio 26, 2007
Arg - Liberan a dos represores de la dictadura
Se trata de los ex agentes civiles Valentín Padován y Ricardo Lardone. Ambos actuaron en el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. Y están acusados por secuestros, torturas y fusilamientos. En la causa están procesados Luciano Benjamín Menéndez y “El tigre” Acosta
Dos ex represores del Ejército que actuaron en el campo clandestino de detención cordobés La Perla, y que están acusados de haber participado en secuestros, torturas y fusilamientos, fueron liberados por la Cámara Nacional de Casación Penal, se informó ayer en los tribunales.
La Sala III, integrada por los camaristas Eduardo Riggi, Guillermo Tragant y Angela Ledesma, dispuso la libertad de Valentín Padován y Ricardo Lardone, dos ex agentes civiles del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército que manejaba el servicio clandestino de detención. En el último aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el presidente Néstor Kirchner encabezó el acto de traspaso de las instalaciones en que funcionó La Perla al Museo de la Memoria y desde la tribuna criticó a la Cámara de Casación por las “demoras” en resolver las causas contra militares.Ahora los jueces -los mismos que habían dispuesto la excarcelación de Omar Chabán en la causa en que se investiga la tragedia de la discoteca porteña Cromañón, luego revocada- consideraron que los dos agentes civiles no van a obstaculizar la acción de la Justicia ni darse a la fuga.
Con esta resolución, Casación Penal revocó un fallo de la jueza federal de Córdoba Cristina Garzón de Lazcano, con intervención de la fiscal Graciela López
de Filoñuk, y otro de la Cámara Federal cordobesa que habían rechazado un
pedido de excarcelación de Padován y Lardone. Ambos están procesados en
la denominada Causa Brandalisis, en la que se investiga la privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y desaparición de Humberto Brandalisis, Raúl Cardozo, Carlos Lajas e Hilda Palacios, hechos ocurridos en 1977, un año después del golpe militar.
Los restos de Hilda Palacios fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, en diciembre de 2002, entre los cadáveres inhumados como NN en el Cementerio San Vicente de la ciudad de Córdoba. En este expediente además están procesados el ex comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y los militares y marinos Jorge “Tigre” Acosta, Luis Manzanelli, Carlos Vega y Carlos Díaz. También estuvo procesado César Anadón, ya fallecido. Todavía queda pendiente de resolución por la Sala III un recurso extraordinario de los defensa de los militares y civiles.http://www.diariohoy.net/notas/verNoticia.phtml/html/268525139/
Junio 17, 2007
Arg - Detuvieron a cartonero acusado de secuestrar a una familia durante la dictadura
Se trata de un hombre que habría trabajado en la Policía bonaerense y que sospechan sería responsable del secuestro y la desaparición de María Cristina Lanzilloto, su esposo Carlos Santillán y los dos hijos del matrimonio.
15.06.2007 | 19:05
Un cartonero que habría sido oficial de la Policía bonaerense durante la dictadura militar y que está acusado de participar en el secuestro y la desaparición de María Cristina Lanzilloto y Carlos Santillán y los dos hijos del matrimonio, fue encontrado en la localidad entrerriana de Colón.
El hombre fue identificado como Carlos Roca, de 57 años, iba todos los días al basurero municipal de Colón “en busca de cartones, botellas y metales y la gente del pueblo siempre le alcanzaba algo”, informó hoy la agencia de noticias bonaerense DIB.
Roca, se explicó, habría pedido la baja en la Policía Bonaerense en 1978, cuando cumplía funciones en Pergamino, donde ocurrió el secuestro del matrimonio que integraba la hermana de una de las máximas dirigentes de Abuelas de Plaza de Mayo, que militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
El fiscal de San Nicolás, Juan Murria, sostuvo que se trata de un “hombre muy curtido por la pobreza”. Por su parte, María Cristina Lanzillotto (que estaba embarazada al momento del secuestro) era hermana melliza de Ana María Lanzillotto de Menna –esposa de Carlos Menna, que integraba la cúpula del ERP junto a Mario Roberto Santucho y Enrique Gorriarán Merlo–, y de Alba Lanzilloto, dirigente de las Abuelas de Plaza de Mayo.
La información asegura que Roca, que fue detenido el martes pasado en Colón, en su casa del barrio Rivadavia, y alojado poco después en la subdelegación de la Policía Federal en Pergamino, está acusado del secuestro del matrimonio y sus dos pequeños hijos y de haberse apoderado en esa ciudad de la casa de la pareja.
Los restos de la mujer recién fueron encontrados treinta años después del secuestro. El fiscal Murray –añadió la agencia bonaerense– explicó que la causa por la que se imputa a Roca fue reabierta en 2004, tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
A partir de ahora, en diez días hábiles, el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo deberá definir si procesa o dicta la falta de mérito de Roca. La información añadió que el 17 de noviembre de 1976, cuando Roca tenía 26 años, habría participado en el secuestro y desaparición de Lanzillotto y Santillán, así como en el secuestro de sus pequeños hijos.
Los pequeños, María Lucila, de 2 años, y Jorge Francisco, de 1, fueron abandonados en la Parroquia Cristo Rey del barrio Fisherton de Rosario. Una vecina los encontró y los crió hasta que hallaron al abuelo paterno, Benjamín Santillán.
El matrimonio fue visto por última vez con vida e n el centro clandestino de detención que funcionó en la Unidad Penal 3 de San Nicolás y en el conocido como El Vesubio. Después de 30 años, el Equipo Argentino de Antropología Forense reconoció el cuerpo de María Lanzillotto, tras ser exhumado de un cementerio de Avellaneda, donde habrían sido enterradas más de 300 víctimas de la dictadura.
Transcribiendo información del semanario colonense, DIB indicó que "el cartonero Roca conversaba con las amas de casa, iba al club de barrio a tomar unas copas y hasta se animaba a jugar un tute". También explicó que la casa apropiada se la habría quedado "una ex mujer de Roca" y que el ex policía habría tenido otras parejas y varios hijos.
Fuente: DyN
Junio 16, 2007
Arg - Absuelven a un ex concejal querellado por un policía por injurias
Se trata del ex edil del PS, Edgardo González. Había sido denunciado por calificar de "autoritario y antidemocrático" un manual que se utilizaba para la formación de oficiales de la Bonaerense, cuyo prólogo había sido escrito por González Conti, un represor de la dictadura
La justicia penal platense absolvió esta tarde a un ex concejal querellado por haber calificado como "autoritario y antidemocrático" un manual que se utilizaba para la formación de oficiales de la policía bonaerense y cuyo prólogo había sido escrito por un ex represor durante la última dictadura militar.El fallo de la jueza en lo Correccional, Claudia Greco, benefició al ex edil socialista de La Plata, Edgardo González, quien había sido acusado del delito de injurias por el ex comisario inspector, Hugo Silva.
González había criticado el contenido del "Manual de Conducción Policial", en septiembre de 2005, durante un sesión del Concejo Deliberante platense, en la que se repudió un atentado sufrido, unos días antes, en su vivienda por la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto.
Ese libro, editado en 1977, fue escrito por Silva y el ex comisario general, Vicente Schoo, mientras que su prólogo estuvo a cargo del represor, el ex comisario general Rodolfo González Conti, acusado de violaciones a los derechos humanos.
Junio 15, 2007
Arg - Denuncian que represores de la dictadura cobran una pensión honorífica de la guerra de Malvinas
Lo asegura una Investigación del Centro de Ex Combatientes de La Plata. Benjamín Menéndez, Jorge Acosta y Antonio Pernías, entre otros, fueron beneficiados por un decreto. Los veteranos piden Juicio por la Verdad
Una reciente investigación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) reveló que los represores Mario Benjamín Menéndez, Antonio Pernías y Jorge Eduardo Acosta cobran una "Pensión Honorífica de Veterano de Guerra del Atlántico Sur".
Si bien la asignación se otorgaba en un principio sólo a ex soldados conscriptos, luego se extendió a todos los suboficiales y oficiales que participaron del conflicto con Gran Bretaña.
Los ex combatientes reclamaron al Gobierno que revise la medida, que se implementó en el ´95 por medio del decreto 866 y que consiguió que los beneficios llegaran a varios represores como Menéndez, quien se desempeñó como comandante militar en las Islas Malvinas
Según informó el diario Hoy de La Plata, también son beneficiarios el Capitán de Fragata Jorge Eduardo Acosta, el General de División Osvaldo Jorge García y los generales de Brigada Omar Edgardo Parada y Juan Ramón Mabragaña.
Junio 9, 2007
Arg - "Buscate una cámara acuática; ahí vas a sacar fotos"
Un hombre que se identificó como el hijo del coronel (re) Molina Ezcurra, bloqueó al reportero gráfico cuando el ex represor ingresaba al juzgado. Luego del hecho, lo siguió dos cuadras y lo ame nazó.NEUQUEN (ACE).- "Buscate una cámara acuática porque ahí vas a terminar sacando fotos", amenazó ayer quien dijo ser el hijo del coronel (re) de Inteligencia, Jorge Molina Ezcurra, el militar indagado por delitos de lesa humanidad.
Molina Ezcurra era capitán y jefe de una sección de Inteligencia en 1976; y se lo indagó en la causa que investiga a los responsables de las torturas y desapariciones de las víctimas del centro clandestino "La Escuelita", de Neuquén.
Su hijo intentó impedir ayer que el reportero gráfico de "Río Negro", Gabriel Oyarzo, le sacara fotos en el momento en el que era conducido hacia el despacho del juez federal Guillermo Labate.
"Soy el hijo y no le van a sacar fotos", se identificó el hombre a los gritos ante la policía federal. Los agentes debieron intervenir en el hall del juzgado, mientras el hombre de aproximadamente de un metro ochenta y cinco de altura, buscaba evitar a los empujones que se retratara a Molina Ezcurra.
El episodio contra Oyarzo no terminó allí, porque cuando el fotógrafo se había retirado, a cinco cuadras, en un auto negro de vidrios polarizados, en medio de insultos lo amenazó: "buscate una cámara acuática, porque ahí vas a terminar sacando fotos" (ver aparte).
Molina Ezcurra era uno de los tres oficiales que actuaban en el destacamento de inteligencia en Neuquén que dirigía Mario Gómez Arena; a quien la querella considera el virtual "director" del centro clandestino "La Escuelita" de Neuquén.
Para la investigación judicial, el destacamento de Inteligencia cumplía el rol de detectar y localizar a las víctimas (identificados como subversivos por los militares) y luego obtener información de ellos a través de los interrogatorios bajo tortura.
Molina Ezcurra declaró por más de tres horas y si bien no se informó el tenor de su descargo, desde el juzgado federal se indicó que con este testimonio y los existentes de los militares de Inteligencia "se van aclarando las hipótesis de trabajo que se tenían".
El militar (re) fue detenido en Buenos Aires y quedó alojado en la delegación de la Policía Federal de Neuquén.
Próximos pasos judiciales
La próxima semana se espera la comparencia de Gómez Arena, que estaba detenido en su domicilio en Buenos Aires por otras dos causas donde se lo procesó por delitos de lesa humanidad, debido a su actuación como integrante del Batallón de inteligencia 601.
Labate debe definir la situación procesal del médico militar Hilarión de la Pas Sosa, a quien se lo imputó por supervisar la tolerancia de las víctimas durante los interrogatorios bajo tortura en el centro clandestino de detención.
La defensa del militar retirado, de 77 años, solicitó la prisión domiciliaria pero hasta ayer el juez no respondió.
Desde el martes en el Juzgado Federal fueron indagados casi todos los integrantes del departamento de Inteligencia que operó en 1976 en Neuquén.
De los cuatro citados sólo se negó a declarar Enrique Charles Casagrande, quien en su legajo cuenta con un curso de interrogador obtenido en diciembre de 1975 y de quien se sospecha que pudo ser uno de los que operaba en el centro clandestino cuando se aplicaban la picana eléctrica.
Pese al desfile constante de ex represores en el juzgado de Labate desde marzo, hasta el momento no se habían producido incidentes debido a que nunca hubo manifestantes en el lugar que repudiaran la presencia de los militares investigados por delitos de lesa humanidad.
Han sido los fotógrafos de este diario quienes recibieron los insultos y frases intimidantes de los militares Luis Farías Barrera, Julio Francisco Oviedo y ayer del hijo de Jorge Molina Ezcurra cuando cumplían con su trabajo. Oyarzo explicó que fue él quien se identificó como el hijo de Molina Ezcurra ante la guardia del juzgado federal.
La APDH, en su carácter de querellante, repudió las amenazas que "demuestran que nada cambió en estos personajes", dijo Nerea Monte.
http://www.rionegro.com.ar/diario/2007/06/09/20076n09b11.php?nc=1#
Arg - Procesaron con prisión preventiva y embargaron a dos represores
Son Ricardo Taddei y Enrique José Del Pino, a quienes el juez Rafecas responsabilizó por 183 casos de privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y aplicación de tormentos en centros de detención. También les dictó un embargo por $ 3.500.000.El juez federal Daniel Rafecas dictó el procesamiento con prisión preventiva y embargos de 3.500.000 pesos en cada caso a dos represores, por presuntos ilícitos contra los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar.
Se trata de Ricardo Taddei, recientemente extraditado desde España, y de Enrique José Del Pino, ex militar que se mantuvo prófugo de la justicia hasta hace un mes, cuando fue capturado por efectivos de Interpol.
El magistrado los responsabilizó por 183 casos de privaciones ilegales de la libertad agravada por amenazas y aplicación de tormentos a personas en los centros de detención "El Atlético", "El Banco" y "El Olimpo".
Los procesamientos se suman a los dictados en octubre de 2005 y septiembre de 2006.
Entonces se dispuso procesar a Samuel Miara, Raúl González, Juan Carlos Avena, Eduardo Kalinek, Juan Carlos Falcón, Eufemio Uballes, Gustavo Adolfo Eklund, Luis Donocik, Oscar Augusto Isidro Rolón, Julio Héctor Simón, Roberto Antonio Rosa, Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Juan Antonio Del Cerro.
Más tarde y por el mismo tipo de delitos en "El Olimpo", fue procesado, también con prisión preventiva el ex agente de inteligencia Raúl Antonio Guglielminetti.
Rafecas recordó que Taddei y Del Pino formaron parte de la dictadura militar que, entre 1976 y 1983, impuso un plan sistemático de represión ilegal "contaminado de las prácticas e ideologías propias del gobierno nacionalsocialista de Alemania de las décadas del '30 y '40 del siglo XX".
Taddei, de 65 años, alias "padre" o "cura", ex principal de la Policía Federal, habría integrado, según el juez, las "patotas", que se encargaban de secuestrar, interrogar y aplicar tormentos a las personas que fueron sometidas a cautiverio.
Del Pino, de 61 años, alias "Miguel", ex capitán del ejército, fue sindicado como uno de los principales integrantes del Grupo de Tareas 2, que se encargaba de secuestrar, interrogar y torturar a los detenidos durante el gobierno de facto.
Rafecas dijo que "la derivación al centro clandestino implicaba que todas las formas de maltrato o mortificaciones, la intensidad de los padecimientos infligidos sobre los cautivos, el trato cruel con fines de menoscabo físico y psíquico, el completo aislamiento del mundo exterior, cuanto la completa violación de su dignidad y respeto a su condición esencial de ser humano, irían en una alarmante escalada ascendente".
"Resulta interesante -acotó Rafecas- que el destino legal de Taddei haya sido la Superintendencia de Seguridad Federal", donde, "gran número de los imputados en esta causa formalmente trabajaron allí, tal es el caso de Kalinec, Simón, Del Cerro, Donocik, Rosa, Miara, Rolón y Falcón".
Para dictar las medidas el magistrado tuvo también en cuenta que numerosos sobrevivientes de los centros clandestinos, que declararon como testigos, mencionaron a Taddei y Del Pino.
"Los testimonios han evidenciado el poder decisorio que Taddei poseía con respecto a algunas circunstancias constitutivas de la vida en el centro de detención", indicó el juez, quien tuvo conceptos similares para Del Pino.
Junio 2, 2007
Arg - Piden que investiguen si represor salió ilegalmente del país
La Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno bonaerense presentó ante el Juzgado Federal de Azul una denuncia para que se investigue si el ex Capitán (RE) Walter Grosse violó la medida de prohibición de salida del país, dispuesta tras una presentación realizada en junio de 2006 por el organismo provincial.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Sara Derotier de Cobacho, informó que hoy denunció ante el Juzgado a cargo de Juan José Comparato que Grosse estaría viviendo en la ciudad uruguaya de Punta del Este.
En el respectivo escrito -precisó un comunicado- se solicita que de manera urgente se verifique si efectivamente Walter Grosse salió del país y en caso de comprobarse tal irregularidad se arbitren los medios necesarios para garantizar su regreso para que sea juzgado.
El capitán retirado Walter Grosse recobró notoriedad el 24 de mayo de 2006, cuando agredió a un periodista del canal de televisión América 2, durante un acto de reivindicación del terrorismo de Estado en la Plaza San Martín, de la ciudad de Buenos Aires.En audiencias de los Juicios por la Verdad, llevados a cabo en tribunales de Mar del Plata y de La Plata, testigos recordaron a Grosse como quien torturaba detenidos en el centro clandestino Monte Peloni y en el Regimiento de Caballería Blindada "Lanceros General Paz", ambos ubicados en la ciudad de Olavarría.
http://www.diariohoy.net/vx/verNoticia.phtml/html/268521679/
Junio 1, 2007
Arg - Nunca más homenajearán a golpistas y represores
La ministra de Defensa , Nilda Garré, firmó una resolución que establece que se deberá impedir reconocimientos a represores en todas las dependencias de las Fuerzas Armadas. Alcanza a condenados por delitos de lesa humanidad.
31.05.2007 | 12:45
La ministra de Defensa, Nilda Garré, instruyó a los jefes de los Estados Mayores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para que supriman "los reconocimientos públicos o menciones a personas que hubieren atentado contra el orden democrático y constitucional mediante su participación en el derrocamiento de gobiernos constitucionales".La resolución número 506 firmada por Garré también establece que se deberá impedir en todas las dependencias de las Fuerzas Armadas la realización de homenajes a dichas personas.
Asimismo, determina que "la prohibición de reconocimientos públicos u homenajes de cualquier modalidad también regirá respecto de quienes hubieren sido condenados por delitos de lesa humanidad".
Entre sus considerandos, la medida subraya el rol "lamentablemente protagónico" que tuvieron las Fuerzas Armadas en los procesos de quiebre del orden constitucional, "cuya más terrorífica expresión tuvo lugar durante la última dictadura militar (1976 - 1983)", período en el que "se consagró sin matices la plena vigencia de un Estado Terrorista que apeló al delito como herramienta privilegiada de acción".
"En el marco de una política de fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho", expresa la resolución firmada por Garré, "resulta necesario proveer mayor claridad respecto de los roles que han tenido diversos actores en los sucesivos ataques al orden constitucional".
La Constitución Nacional dispone que quienes incurran en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático sean considerados infames traidores a la patria.
Respecto de esta calificación, el documento elaborado por Defensa expresa que "lógicamente, esa calificación corresponde a quienes, con anterioridad a 1994, arrogándose una autoridad ilegal e ilegítima incurrieron en tales conductas, lo que vuelve incompatible con el compromiso democrático de las Fuerzas Armadas cualquier forma de reivindicación, reconocimiento u homenaje" de los que hayan incumplido con su deber de respetar y hacer respetar la Carta Magna de nuestro país.
Fuente: DyN
Arg - Detienen en Neuquén a un médico militar y a otros represores de la dictadura
El doctor retirado está acusado de participar de tormentos a detenidos desaparecidos de la región. La orden de detención fue librada también contra el ex Jefe de Inteligencia del Batallón militar, Mario Gómez Arena, quien cumple arresto domiciliario en Buenos Aires, y otros cuatro ex miembros del Ejercito.
Un médico militar retirado acusado de participar de tormentos a detenidos desaparecidos de la región durante la última dictadura fue detenido por orden de la justicia federal neuquina, indicaron hoy fuentes judiciales.
El médico militar retirado, Hilarión De La Pas Sosa, de 77 años, fue detenido el martes a la noche en su domicilio de la ciudad de Neuquén, acusado de supervisar la aplicación de tormentos a detenidos en el Centro Clandestino de Detención "La Escuelita", que funcionó en el Batallón de Ingenieros de Construcciones de Neuquen durante la dictadura.
De la Pas Sosa se negó a declarar ante el juez federal Guillermo Labate, quien le imputó los delitos de asociación ilícita, tormentos reiterados y su participación en los interrogatorios para "supervisar" la continuidad o no de su aplicación a detenidos desaparecidos.
El médico militar retirado fue denunciado por varios testigos que declararon en la causa y se le atribuye también haber firmado el acta de defunción de un detenido-desaparecido, quien habría fallecido después de una sesión de torturas y no por razones naturales como figura en el documento que lleva su nombre.
Cumplida la diligencia de ayer Labate dispuso que permanezca detenido en dependencias de la Policía Federal de Neuquén. El magistrado ordenó la detención en la misma causa del ex Subjefe del Batallón Militar de Neuquén, Héctor Raúl Papa, quien reside en Buenos Aires y no podrá ser trasladado por razones médicas.
Otra orden de detención fue librada contra el ex Jefe de Inteligencia del Batallón militar, Mario Gómez Arena, quien cumple arresto domiciliario en Buenos Aires en otras dos causas por delitos de lesa humanidad.
Por esta investigación permanecen detenidos, procesados y con prisión preventiva el general retirado Enrique Braulio Olea, de 76 años, ex Jefe del Batallón de Ingenieros de Construcciones de Neuquen durante la dictadura; el teniente coronel Oscar Lorenzo Reinhold, ex jefe de Inteligencia del Comando de la Sexta Brigada y el mayor retirado Luis Alberto Farías Barrera quien tenía a su cargo el traslado de detenidos desaparecidos.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=63918&id=153296&dis=1&sec=1Mayo 29, 2007
Arg - Ratifican arrestos a militares retirados del Ejército
Siete oficiales participaron de un acto que sobrepasó un homenaje a fallecidos.
Buenos Aires.- Un decreto presidencial ratificó los arrestos impuestos por el Ejército a siete oficiales retirados que participaron, hace un año, en un acto de homenaje a los muertos de la subversión en la plaza San Martín.
La norma, firmada por Néstor Kirchner y por la ministra de Defensa, Nilda Garré, ratificó las sanciones disciplinarias y señaló que el acto, realizado sin pedir la autorización del Ejército, sobrepasó lo relacionado con un homenaje a personal muerto en los años 70 y 80.
El jefe del Ejército, general Roberto Bendini, aplicó en enero último arrestos de entre 10 y 60 días a los generales Miguel Giuliano y Miguel Mabragaña, y a otros cinco oficiales retirados que participaron, el 24 de mayo de 2006, en el acto en la Capital Federal.
Ese día, Giuliano reivindicó a los represores del terrorismo de Estado y acusó al Gobierno de tener memoria hemipléjica y de usar los derechos humanos con fines de revancha y cálculo político.Los represores procesados por violaciones a los derechos humanos fueron definidos, por el mismo general retirado, como camaradas que están siendo perseguidos, sufriendo el escarnio.
Durante el acto, varios cronistas fueron increpados y señalados como zurdos e infiltrados, porque no aplaudían los discursos y -poco después- una patota de participantes agredió con golpes e insultos a un periodista de América TV.El decreto señaló que seis de los siete oficiales sancionados vestían uniforme. (Télam)
Mayo 26, 2007
Arg - Se define el futuro procesal de represores
La próxima semana, el titular del juzgado federal Nº 1, Jorge Parache, resolvería la situación procesal de Antonio Bussi, Mario Albino Zimmerman, Luciano Benjamín Menéndez y Alberto Cattáneo en la investigación sobre la existencia de un campo clandestino de detención y exterminio de personas en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, en los años 70. El Juzgado Federal Nº 2 resolvió que las indagatorias sean tomadas por el Delito Internacional de Genocidio al entender que la conducta desplegada por las fuerzas de seguridad en contra de cientos de personas llevada a cabo en el país entre 1976 y 1983, se encuentra en ese delito. Es la primera vez que la Justicia Federal realiza indagatorias a partir del criterio de conexidad, en este caso, todas las causas conexas de un Centro clandestino. Esto es considerado fundamental por los organismos de derechos humanos para construir la memoria colectiva de lo que fue el Terrorismo de Estado en Argentina durante la última Dictadura Militar. Mientras se define el futuro procesal de los máximos jefes militares, se mantienen firmes las fechas de nuevas audiencias indagatorias. El 28 de mayo deberá presentarse Juan Carlos Riso Avellaneda y el 30 Oscar Soto.
Mayo 24, 2007
Arg - Musa Azar negó haber participado de torturas y desapariciones durante la dictadura
El ex jefe de Inteligencia santiagueño Antonio Musa Azar negó haber participado en torturas y desapariciones de detenidos durante la última dictadura militar, informaron ayer fuentes judiciales.
En el marco de una nueva indagatoria realizada por el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, Musa Azar dijo "no conocer" a las personas desaparecidas o presos políticos que denunciaron torturas durante la década del ’70 y en la etapa final de la tercera gestión de gobierno de Carlos Juárez.
Se trata de la causa en la que Juárez, de 89 años, está imputado por los delitos de "autor intelectual de apremios y torturas" y de "jefe de asociación ilícita" en la desaparición de 30 personas durante el gobierno constitucional entre 1973-75.La acusación a Juárez surgió cuando el fiscal Pravia, en un dictamen de más de 30 fojas, denunció "torturas y apremios ilegales" aplicados a ciudadanos considerados opositores al gobierno provincial.
En la misma causa, también se encuentra acusados los militares Luciano Benjamín Menéndez, Domingo Bussi, Jorge D’Amico y Musa Azar, detenido y procesado por el Doble crimen de La Dársena.
También fueron imputados por "privación ilegítima de la libertad torturas y apremios ilegales", los comisarios Ramiro López, Miguel Garbi, Juan Bustamante, Roberto Díaz, Jorge Brau, Correa Aldana y el fallecido Noly García, en todos los casos retirados de las fuerzas de seguridad.
Inicialmente, el ex juez federal Angel Toledo había ordenado una serie de procedimientos, entre ellos la exhumación de los restos de Consolación Carrizo, una de las víctimas enterrada en un cementerio de Arraga, que murió en extrañas circunstancias, tras su detención en la SIDE santiagueña.
Asimismo, un centenar de familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad, comparecieron en el Juzgado Federal de Santiago del Estero para permitir la extracción de sangre para un banco de datos de ADN.
Los exámenes serán comparados con los restos humanos que se sospecha serán encontrados en los cementerios clandestinos de las localidades santiagueñas de Sumamao, Arraga, Pozo Hondo e Isla Verde, trámite que tampoco fue ordenado por Toledo.
Las excavaciones e inspecciones oculares también debían extenderse hasta los cerros de Guasayán, a 80 kilómetros al oeste de la capital santiagueña, en el que se presume los desaparecidos serán arrojados de helicópteros, trámite que sigue sin cumplirse.
Arg - Confirman que Etchecolatz deberá cumplir reclusión perpetua en una cárcel común
La Cámara Nacional de Casación Penal determinó la condena del represor por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Al rechazar recursos de la defensa, también decidió que, a pesar de su edad y estado de salud, quien fuera el segundo de Camps, pasará sus días en una prisión normal.
La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó ayer la condena a reclusión perpetua de Miguel Etchecolatz como autor de delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar y decidió que continúe en la cárcel bonaerense de Marcos Paz, pese a su edad y estado de salud.
La causa llegó a la máxima instancia penal debido a los planteos contra la sentencia condenatoria del Tribunal Oral Federal de La Plata.
Los abogados de Etchecolatz argumentaron que se trataba de un caso de cosa juzgada e impugnaron la declaración de nulidad de las leyes de Obediencia debida y Punto final.
La querella, representada por el abogado Alejo Ramos Padilla, pidió la ratificación de la condena y la continuidad del cumplimiento de la condena en una cárcel para presos comunes.
La Sala I de la Cámara de Casación recordó que Etchecolatz fue condenado por delitos tales como privación ilegal de la libertad, violación y homicidio y señaló que los tratados internacionales vigentes tienen "efectos nulificantes" contra cualquier decisión que impida el juzgamiento de delitos de lesa humanidad.
"En estas actuaciones -sostuvo el tribunal- se han acreditado conductas que han detraído a quienes las han padecido de las manifestaciones mas elementales de su ser".
Los camaristas Raúl Madueño, Liliana Catucci y Gustavo Mitchell citaron el Estatuto de Roma, cuyo preámbulo establece que "los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo".
Para los camaristas, ni siquiera la "pretendida condición de enemigos" a la que aludió el recurso en favor de Etchecolatz, justifica, en ningún caso, los tratos que recibieron las personas que se hallaban privadas de la libertad cuando el imputado se encontraba a cargo de la Dirección General de Investigaciones de la policía bonaerense.
La defensa había invocado razones de salud para que a Etchecolatz se le volviera a conceder el beneficio del arresto domiciliario, pero Madueño, Mitchell y Catucci (aunque ésta con algunos reparos) evaluaron que, donde está detenido -la cárcel bonaerense de Marcos Paz), puede tener asistencia médica.
El recurso de Echecolatz fue presentado el 2 de mayo último y en la misma sesión hubo una presentación contraria, a cargo de María Isabel Chorobi (familiar de una desparecida) y del abogado Ramos Padilla.
Etchecolatz, de 77 años, padece una enfermedad terminal (cáncer de próstata), según los defensores, había logrado la prisión domiciliaria tras la condena, pero el beneficio fue revocado porque en su vivienda fue secuestra una arma de fuego.
Ramos Padilla hizo un informe in voce y dijo que "si existe la Justicia, no se puede beneficiar a los delincuentes. Etchecolatz tiene que seguir detenido en una cárcel común".
"Echecolatz siguió comentiendo delitos" y ejemplificó lo dicho con los casos de injurias al fallecido diputado socialista Alfredo Bravo y cuando resistió una supuesta agresión de jóvenes con la exhibición de una pistola, que, se dijo, era de juguete.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=63067&id=151563&dis=1&sec=1Mayo 23, 2007
Arg - Un represor pasó de la cárcel a su casa
El fiscal también interpuso un recurso de apelación contra la sorpresiva resolución.
Sin haber recibido una notificación oficial, el fiscal federal Nº1, Emilio Ferrer, se enteró por casualidad de que el represor Luis De Cándido fue trasladado del penal de Villa Urquiza a su domicilio particular. Por ello, le solicitó al juez federal Nº1, Jorge Parache, que le remita su resolución en la que habilitó la prisión domiciliaria sin intervención del Ministerio Público. De Cándido está procesado desde 2004 en la causa por las desapariciones de los hermanos Marta y Rolando Coronel.Sorpresa y media. Creía que el represor Luis Armando De Cándido seguía alojado en el penal de Villa Urquiza pero por casualidad se enteró de que en realidad estaba gozando de las comodidades de su domicilio particular. Esto le sucedió al fiscal federal Nº1, Emilio Ferrer, quien aseguró en un escrito que nunca fue notificado de esta medida judicial que fue tomada por el renunciante juez federal Nº 1, Jorge Parache.
En un escrito que le presentó ayer al magistrado, Ferrer dijo que a través de un informe del médico Carlos Posse se enteró de que el interno De Cándido “no se encuentra” alojado en el penal de Villa Urquiza, sino que cumple arresto domiciliario desde el 14 de diciembre de 2006. “Esta es la primera noticia que tiene este Ministerio Público sobre el cambio en la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva de De Cándido, ya que nunca me fuera notificada la resolución que así lo ordenara”, expresó el fiscal al mismo tiempo que solicitó en forma urgente la resolución de Parache que habilitó la prisión domiciliaria sin intervención del Ministerio Público. Inclusive, ese informe médico se realizó en el marco de otra causa, la de Alicia Cerrota de Ramos
De Cándido fue agente del Servicio de Inteligencia Confidencial de la Policía de Tucumán durante el último gobierno militar. Fue detenido y desalojado en julio de 2004 de la vivienda que había usurpado ubicada en calle Chacabuco al 400 y luego fue procesado por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, homicidio con alevosía, asociación ilícita y usurpación de la vivienda de Marta y Rolando Coronel, desaparecidos en mayo de 1977, durante la última dictadura militar.
En su planteo, Ferrer también dejó en claro su disconformidad e interpuso un recurso de apelación contra la resolución que hubiera modificado la modalidad de la prisión preventiva de De Cándido al aclarar que adolece de nulidad absoluta. “Planteada la apelación en contra de cualquier resolución jurisdiccional, aclaro que me veo impedido de motivarlo exhaustivamente por la falta de conocimiento de los argumentos (¿edad...enfermedad terminal en etapa de desenlace...?) que fundaron la resolución impugnada”, agregó dejando traslucir su malestar al tratarse de personas que están “reprochadas de ser responsables de delitos de lesa humanidad”.
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=34717
Mayo 22, 2007
Arg - El represor Pernías pidió a la Justicia que cite a declarar a más ex almirantes
El ex capitán de la Armada formuló su pedido al ampliar nuevamente su declaración indagatoria por la “magacausa ESMA”, que investiga delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. En su último testimonio, había dicho que "nadie hacía lo que quería" y que todo lo actuado fue "obedeciendo órdenes”.
El detenido represor Antonio Pernías pidió hoy a la Justicia que cite a declarar a ex almirantes de esa fuerza en el marco de la causa en la que está procesado por delitos de "lesa humanidad" cometidos en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura.
Pernías formuló el pedido al ampliar nuevamente su declaración indagatoria ante el juez federal Sergio Torres quien interviene en la "megacausa ESMA" reabierta tras la derogación y posterior nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
Fuentes allegadas a la causa indicaron que el ex capitán de la Armada le solicitó al juez que convoque, como testigos, a los ex almirantes Edgardo Aroldo Otero, Argimio Fernández y Eduardo Girling y a una docena de sobrevivientes, entre ellos Juan Gasparini, Sara Solarz de Osatinsky y Beatriz Daleo.
El listado completo de testimonios propuestos incluye, además, los nombres de los sobrevivientes Elbio Vasallo, Ana María Martí, Martín Tomás Gras, María Amalia Larralde, Miguel Angel Lauletta, Ricardo Héctor Coquet, Silvia Labayru, Andrés Ramón Castillo y Marisa Mounier.
A efectos de ampliar su indagatoria Pernías fue trasladado a los tribunales de Comodoro Py 2002, de esta Capital, desde el apostadero naval de Río Santiago, donde cumple prisión preventiva (confirmada por la Cámara Federal) por un centenar de hechos.
Las fuentes dijeron que el represor entregó al juzgado memorandums de la fuerza según los cuales, entre 1976 y 1981, "efectivamente se impartieron cursos de lucha contra la subversión" de los que "se hizo participar a la mayor cantidad posible de personal, con la finalidad de enfatizar el carácter general de esta capacitación".
La indagatoria de Pernías fue solicitada por su defensor Juan Aberg Cobo (h) en la "megacausa ESMA" y en los legajos correspondientes al secuestro del escritor y periodista Rodolfo Walsh y en la desaparición de las monjas frances Leonnie Duquet y Alice Domont.
Los pedidos de ampliación de indagatorias (que incluyeron el del destituido capitán Alfredo Astiz, quien declaró el 7 de marzo último) se efectuaron a poco de que se conociera el pedido del fiscal Eduardo Taiano para que la causa se eleve a juicio oral, en lo que los observadores calificaron como una medida tendiente a postergar el debate.
No obstante fuentes tribunalicias dijeron a Télam que las declaraciones "no interrumpen" el trámite de las diligencias previas a la remisión del expediente al Tribunal Oral en lo federal Cinco que será el que deberá tramitar la causa por el secuestro del escritor.
El 6 de marzo último, Pernías declaró durante aproximadamente cinco horas, circunstancia en la que afirmó que en la Armada "nadie hacía lo que quería" y que todo lo actuado fue "obedeciendo órdenes" aunque sostuvo no haber participado del secuestro de Walsh e ignorar si había estado secuestrado en la ESMA.
En esta causa el 13 de febrero último el fiscal Taiano pidió la elevación a juicio de Astiz, Pernías, Jorge "El Tigre" Acosta, Pablo García Velazco, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, el Prefecto Héctor Febres, el mayor del Ejército Julio Coronel, el comisario Ernesto Weber y el penitenciario Carlos Generoso.
En un dictamen de 130 páginas, al que Télam tuvo acceso, Taiano detallló el funcionamiento del "centro clandestino de detención, torturas y exterminio" que funcionaba en la ESMA y al que fue trasladado Walsh luego de haber sido herido y secuestrado en el barrio porteño de San Cristóbal, el 25 de marzo de 1977.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=62915&id=151165&dis=1&sec=1
Mayo 21, 2007
Arg - Militar acusado por represor estuvo a cargo de la seguridad en la Capital
Jorge Fernández Rojas - jfernandez@losandes.com.ar
El ex oficial del ejército Luis Stuhldreher detenido y acusado por la Justicia Federal de haber cometido crímenes de lesa humanidad al inicio de la dictadura militar en San Rafael, es un hombre vinculado con la dirigencia radical de la Capital dado que fue el encargado de la seguridad de distintos organismos municipales entre 1999 y 2002.
Stuhldreher que fue delegado militar en el departamento sureño entre marzo y junio de 1976. El hombre acusado de torturar y secuestrar a militantes políticos en el mismo edificio municipal de San Rafael. Ahora, desde el viernes pasado, está arrestado por orden del juez federal de San Rafael, Raúl Acosta en el Batallón de Apoyo Logístico de la Capital.
Stuhldreher ha tenido una estrecha vinculación con Roberto Grillo y Alejandro Saralegui, ex ministro de Seguridad y ex jefe de asesores de esa cartera, respectivamente hasta 2005. De hecho, el ex militar fue llevado por Grillo al Ministerio como director de Logística, pero antes fue gerente de la Agencia de Seguridad e Informaciones Fabril de Rosario (Asifar) y mientras esa empresa estuvo bajo su mando, la custodia de todos los “objetivos” municipales de la Capital fueron adjudicadas a él.
La prueba concreta de relación de Grillo y Saralegui con el oficial retirado es que ambos aparecieron en los registros oficiales como representantes legales de esa firma en Mendoza.
Si bien la empresa de seguridad era liderada por el ex oficial, era su esposa Raquel Estela Videla, quien aparecía como titular de la firma en las actas notariales que le conferían los poderes a Grillo y Saralegui.
Los memoriosos de las relaciones internas aseguran también que Stuhldreher ha sido instructor de distintos referentes oficialistas que se formaron en el Liceo Militar General Espejo. Incluso a modo de anécdota, entre ellos recuerdan y aseguran que el mismo gobernador Julio Cobos ha recibido órdenes del hoy acusado cuando el mandatario era cadete de ese instituto castrense.
Ahora bien, fue en el recambio de Gobierno en diciembre de 2003 cuando se decidió ubicar al ex oficial en al frente de la Dirección de Logística, según confesó un funcionario radical.
La misma fuente reconoció es que es posible que haya habido un cambio en la composición de la empresa. De tal modo que “hasta denominación de la firma podría haber tenido cambios, a partir del momento en que Stuhldreher pasó al ministerio”, explicaron por aquella época. “Pero la estructura interna de la agencia no ha cambiado”, aseguró el mismo informante. Está claro que Asifar ya no figura en los registros gubernamentales como proveedora de seguridad privada.
Pero han quedado los antiguos vigiladores que obedecían órdenes de Stuhldreher. Un ex empleados de Asifar recordó su experiencia como custodio privado. “Esta agencia se encargaba, por lo menos mientras yo trabajé, de la seguridad de los museos municipales, del Área Fundacional, los gimnasios municipales, y de los centros de salud de La Favorita”, explicó el consultado que pidió reserva de su nombre.
Como se advierte de la documentación oficial la empresa es de la Provincia de Santa Fe y en la práctica según los testimonios, Stuhldreher era el gerente que se encargaba personalmente de los movimientos de los vigiladores en los distintos objetivos custodiados. En ese contexto es que el ex militar hacía movilizar al personal a los sectores donde se lo requerían. Así recordó el antiguo vigilador: “También nos tocaba salir a hacer servicios a los actos radicales, por ejemplo yo tuve que dejar la custodia del Museo de la Plaza Pedro del Castillo porque me destinaron a custodiar el día de lanzamiento de la candidatura de Víctor Fayad como candidato a diputado nacional”.
http://www.losandes.com.ar/2007/0521/politica/nota377648_1.htm
Mayo 18, 2007
La Rioja: citaron a declarar a represores
Durante la dictadura mataron a Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, colaboradores del ex obispo Angelelli, también asesinado por el regimen militar. Los acusados declararán en los próximos días.
18.05.2007 | 11:55
La fiscalía federal de La Rioja imputó responsabilidad penal a una docena de militares y policías por los homicidios de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, crímenes cometidos durante la dictadura militar.
El fiscal federal Horacio Salman confirmó que los involucrados serán citados a prestar declaración indagatoria en las próximas semanas.
Los curas Murias y Longueville eran colaboradores del ex obispo Enrique Angelelli, también asesinado por la dictadura.
Los religiosos fueron muertos en la ciudad de Chamical, donde cumplían en 1976 su misión pastoral.
Sus cadáveres fueron encontrados por una cuadrilla de ferroviarios, a 5 kilómetros del distrito, maniatados, acribillados a balazos, con restos de cinta adhesiva y algodón en la boca.
En estado lamentable, el cura Murias, al que le arrancaron los testículos, evidenciaba una muerte lenta.
El juez Daniel Herrera Piedrabuena comenzó con el envío de las respectivas notificaciones para que los imputados designen a sus abogados defensores.
Luego de esa instancia, los involucrados serán citados a declaración indagatoria en la que decidirán si se abstienen de declarar o bien aceptan ser interrogados respecto a los cargos que se le imputan.
El fiscal Salman no brindó los datos filiatorios de las personas que han sido incriminadas en los homicidios, pero confirmó que " están comprometidas personas de la fuerza de seguridad de ese momento, tanto del Ejército como de la Policía de la Provincia y algunos federales también".
Salman investiga estos casos con su pares del Juzgado Federal de Córdoba, Graciela López de Filañuk y Alberto Lozada.
Fuente: Télam
http://www.perfil.com/contenidos/2007/05/18/noticia_0023.html
Mayo 17, 2007
Arg - Detuvieron a represor que actuó en la "Noche de los Lápices"
Se trata del ex comisario Miguel Kearney, quien estuviera a cargo del centro clandestino de detención que funcionó en Arana. Es el cuarto ex jefe policial detenido en los últimos días. Está acusado de homicidios, privaciones ilegales de la libertad y torturas
El ex jefe del centro clandestino de detención que funcionó en el Destacamento de Arana, en las afueras de La Plata, fue detenido por crímenes, privaciones ilegales de la libertad y torturas ocurridas durante la última Dictadura Militar.
Fuentes judiciales informaron que se trata del ex comisario Miguel Kearney, que fue detenido por orden del juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza, con lo que es el cuarto jefe policial detenido en la causa que investiga delitos de lesa humanidad.
Los voceros detallaron que Kearney se negó a prestar declaración indagatoria ante el magistrado y luego obtuvo el beneficio del arresto domiciliario por tener más de 70 años.
En la orden de detención, se le imputa al ex jefe policial homicidios, privaciones ilegales de la libertad y torturas, entre ellos los casos de los jóvenes desaparecidos en la denominada "Noche de los Lápices".
El Destacamento de Arana funcionaba en la Dirección de Cuatrerismo de la Policía y estaba bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de La Plata que a su vez dependía orgánicamente de la Dirección General de Investigaciones a cargo del comisario Miguel Etchecolatz.
La Cámara Federal porteña había ordenado la detención de Kearney en 1986, pero el ex comisario fue benficiado por la leyes de Punto Final y Obediencia Debida, por lo que la detención no se hizo efectiva.
Kearney es el cuarto jefe policial detenido en los últimos días, ya que esta semana fue apresado el ex jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata, Rubén Oscar Páez, y la anterior ocurrió lo mismo con Pedro Antonio Ferriole, quien se desempeñó como Jefe de la Brigada de Investigaciones entre diciembre de 1977 y enero de 1979 y de Bernabé Jesús Corrales, que ocupaba la subjefatura durante ese período.
Mayo 16, 2007
Arg - Menéndez, cada vez más cerca del juicio
La Cámara de Casación rechazó un planteo de prescripción del caso Brandalisis, elevado por la defensa de los imputados.La Cámara Nacional de Casación Penal puso a tiro del juicio oral a Luciano Benjamín Menéndez y a otros seis ex militares acusados de delitos de lesa humanidad en la denominada “causa Brandalisis”.
Sucede que la sala III del Tribunal de alzada, uno de los más cuestionados por el presidente Néstor Kirchner, rechazó el planteo de la defensa de los represores que reclamaban la prescripción de la causa.
La resolución de Casación se conoció en coincidencia con una nueva embestida de Kirchner para que se consagre la nulidad de los indultos y la agilización de los procesos judiciales contra los represores.
Además, el Presidente había abierto una dura polémica con los jueces de Casación el 24 de marzo pasado en Córdoba, en oportunidad de encabezar en La Perla el acto de traspaso de ese ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, al Museo de la Memoria.
Como anticipó este diario un día después de aquella evocación, y en función de lo resuelto ahora por la Cámara de Casación, en octubre próximo la Justicia Federal de Córdoba escenificaría el primer juicio contra represores de la dictadura, con Menéndez y otros seis represores en el banquillo.
Con todo, a la defensa de los acusados en el expediente Brandalisis le queda todavía un par de vías de apelación: en un plazo de 10 días a partir de hoy, podrá presentar un recurso extraordinario ante la misma Sala III de Casación, integrada por Eduardo Riggi, Guillermo Tragant y Angela Ledesma.
Frente a un eventual nuevo revés en esta instancia (que se considera factible por el temperamento que ha asumido el tribunal en otros casos similares), la defensa podrá ir en queja ante la Corte Suprema de Justicia.
Al banquillo. Vale precisar un dato respecto del enrevesado trámite: la queja ante la Corte no tiene efecto suspensivo, por lo cual una vez que Casación rechace el recurso extraordinario, el expediente retornará a la jueza de Instrucción Cristina Garzón de Lascano, del Juzgado N° 3, quien notificará a las partes para que opinen si la instrucción está agotada o no y, en consecuencia, elevar el trámite a debate en juicio.
Al llegar a este punto, se decidirá por sorteo cuál de los dos Tribunales Orales que funcionan en la Justicia Federal de Córdoba se hará cargo de llevar adelante el proceso contra Menéndez y los otros seis procesados.
Cabe apuntar también, que el recurso en queja ante la Corte tiene escasas posibilidades de prosperar, dado que el alto tribunal ya fijó criterio en el caso Poblete, que terminó con el juicio y condena a Julio Simón, alias el “Turco Julián”.
En la causa Brandalisis, que tramita Garzón de Lascano, con la fiscalía de Graciela López de Filoñuk, se investiga la privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y desaparición de Humberto Brandalisis, Raúl Cardozo, Carlos Lajas e Hilda Palacios, hechos ocurridos en 1977, un año después del golpe militar.
Los restos de Palacios fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, en diciembre de 2002, en el Cementerio San Vicente.
Galería de procesados. Por este hecho están acusados Menéndez, Jorge Acosta, Luis Manzanelli, Carlos Vega, Carlos Díaz, Valentín Padován, y Ricardo Lardone. También estuvo procesado César Anadón, ya fallecido.
El abogado de organismos de Derechos Humanos, Claudio Orosz, dijo que la medida adoptada por Casación implicaría que inmediatamente la causa, si no hubiese ningún recurso extraordinario, baje a Córdoba y se pueda producir la acusación de las partes y de la Fiscalía como para que se pueda elevar a juicio. Este expediente había sido remitido a Casación en febrero de 2006, recordó el letrado.
Para Orosz, la Cámara confirmó la resolución que oportunamente adoptara Garzón de Lascano en el sentido de ordenar el procesamiento y prisión preventiva de Luciano Menéndez y de todos los integrantes del GP3, el grupo que tenía a su cargo operativamente el campo de concentración La Perla.
Mayo 15, 2007
Piden que se active causa contra Patti
El Gobierno pidió a la justicia que reactive el proceso contra el ex comisario Luis Abelardo Patti y otros ex policías por las muertes de los dirigentes montoneros Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, ocurridas en mayo de 1983, cuando todavía estaba la dictadura militar en el poder.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y parientes de las víctimas, querellantes en la causa, pidieron que "se resuelvan los pedidos de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y de nulidad de la cosa juzgada que en época de la dictadura favoreció a los responsables de las muertes, los policías Luis Abelardo Patti, Juan Amadeo Spataro y Rodolfo Diéguez", indicó el organismo estatal a cargo de Eduardo Luis Duhalde.
El pedido, a 24 años exactos de las muertes, se formalizó en una audiencia con el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Russo.
Allá estuvieron el Jefe de Gabinete de la Secretaría, Luis H. Alén; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, Remo Carlotto; el Secretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Domingo Pochettino; la Subsecretaria de Derechos Humanos bonaerense, Sara Derotier de Corbacho, y Gladis Cambiasso, hermana de una de las víctimas, asistida por sus abogadas Ana Oberlin y Nadia Schujman, se indicó.
Patti y los otros ex policías actuaban en la fuerza de seguridad bonaerense el 14 de mayo de 1983, cuando murieron a balazos Cambiasso y Pereyra Rossi, en un presunto enfrentamiento.
El ex comisario y ex intendente de Escobar no pudo asumir como diputado nacional justamente por las denuncias en su contra por la presunta comisión de crímenes durante la dictadura, como los casos de los militantes montoneros.
Según las denuncias, Cambiasso y Pereyra Rossi habrían sido secuestrados en un bar de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y luego ejecutados en cercanías de Lima, partido de Zárate, en territorio bonaerense, en un episodio en el que habrían intervenido Patti y los otros acusados.
También se dijo que la policía simuló un enfrentamiento para encubrir los asesinatos.
Patti y los otros acusados fueron sobreseídos, pero se pidió que se revea esa decisión además porque la resolución había sido emitida durante el régimen castrense y los casos habían sido juzgados como delitos comunes y no de lesa humanidad.
http://www.diariohoy.net/vx/verNoticia.phtml/html/268518996/
Arg - Detuvieron a un ex jefe policial represor de La Plata
El represor Rubén Oscar Páez fue responsable de la Brigada de Investigaciones de la capital bonaerense durante la última dictadura. Tras su captura, se negó a declarar ante el juez Corazza.
El jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata durante la dictadura, Rubén Oscar Páez, fue detenido en una causa por homicidios, torturas y privaciones ilegales de la libertad ocurridas en el centro clandestino de detención conocido como Pozo de Arana.
Páez, quien se negó a prestar declaración indagatoria ante el juez Federal de La Plata, Arnaldo Corazza, se desempeñó al frente de la Brigada de Investigaciones de la capital bonaerense entre diciembre de 1976 y mayo de 1977.
Fuentes judiciales explicaron a la agencia Télam que el ex jefe policial, de 72 años, fue beneficiado con el arresto domiciliario, tras presentarse en los Tribunales Federales platenses.
En la misma causa, Corazza dispuso la semana pasada la detención de otros dos ex jefes policiales, Pedro Antonio Ferriole, Jefe de la Brigada de Investigaciones entre diciembre de 1977 y enero de 1979, y de Bernabé Jesús Corrales, subjefe durante ese período.La Brigada de Investigaciones de La Plata y el Destacamento de Arana, donde funcionaba la Dirección de Cuatrerismo de la Policía, dependían en esa época de la Dirección General de Investigaciones, a cargo del comisario Miguel Etchecolatz, condenado el año pasado a reclusión perpetua por genocidio.
http://www.diariodemadryn.com/vernoti.php?ID=74703Arg - Luis María Mendía, el impulsor del robo de bebés a secuestradas embarazadas en la ESMA
El comandante de Operaciones Navales en la última dictadura falleció a los 82 años, en su casa donde cumplía arresto domiciliario. El represor, que sufría problemas cardíacos, estaba procesado por delitos de lesa humanidad.
El represor y comandante de Operaciones Navales en la última dictadura, Luis María Mendía, murió el fin de semana, a los 82 años, en su casa, donde cumplía arresto domiciliario procesado en la megacausa ESMA por delitos de lesa humanidad.
El deceso fue notificado oficialmente ayer al juez federal Sergio Torres, quien dictará la prescripción de la acción penal por fallecimiento, informaron a Télam fuentes judiciales.
Mendía, un vicealmirante de la Armada que tenía problemas cardíacos, prestó por última vez declaración indagatoria en marzo pasado y aceptó haber firmado el Placintara (Plan Capacitación contra Insurgencia Terrorista de la Armada Argentina) en 1976.
A Mendía también se le atribuyó haber sido el impulsor del robo de bebés a secuestradas embarazadas en la ESMA para darlos en adopción ilegal y "evitar la contaminación" que habría supuesto a los niños devolverlos a sus familias biológicas.
En su última ampliación de declaración, el procesado había dicho al juez que dio órdenes de "acabar con la subversión" a través de ese Plan que incluía torturas y eliminación física.
Sin embargo, dijo que sus subordinados habían actuado con "abnegación, valor, valentía y heroísmo" cumpliendo sus órdenes.
"Muchos de mis subordinados hoy se encuentran detenidos de manera absolutamente injusta e ilegal", dijo entonces Mendía quien el 10 de marzo de 1976, en una arenga a 900 oficiales en un cine de Puerto Belgrano, instó a "combatir todo lo que fuera contrario a la ideología occidental y cristiana".
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=62206&id=149560&sec=1&dis=1
Arg - Murió el represor Luis María Mendía
El comandante de Operaciones Navales en la última dictadura falleció este fin de semana a los 82 años, en su casa donde cumplía arresto domiciliario. El oficial, que sufría problemas cardíacos, estaba procesado en la megacausa ESMA por delitos de lesa humanidad.
El represor y comandante de Operaciones Navales en la última dictadura, Luis María Mendía, murió el fin de semana, a los 82 años, en su casa, donde cumplía arresto domiciliario procesado en la megacausa ESMA por delitos de lesa humanidad.El deceso fue notificado oficialmente hoy al juez federal Sergio Torres, quien dictará la prescripción de la acción penal por fallecimiento, informaron a Télam fuentes judiciales.
Mendía, un vicealmirante de la Armada que tenía problemas cardíacos, prestó por última vez declaración indagatoria en marzo pasado y aceptó haber firmado el Placintara (Plan Capacitación contra Insurgencia Terrorista de la Armada Argentina) en 1976.
A Mendía también se le atribuyó haber sido el impulsor del robo de bebés a secuestradas embarazadas en la ESMA para darlos en adopción ilegal y "evitar la contaminación" que habría supuesto a los niños devolverlos a sus familias biológicas.
En su última ampliación de declaración, el procesado había dicho al juez que dio órdenes de "acabar con la subversión" a través de ese Plan que incluía torturas y eliminación física.
Sin embargo, dijo que sus subordinados habían actuado con "abnegación, valor, valentía y heroísmo" cumpliendo sus órdenes.
"Muchos de mis subordinados hoy se encuentran detenidos de manera absolutamente injusta e ilegal", dijo entonces Mendía quien el 10 de marzo de 1976, en una arenga a 900 oficiales en un cine de Puerto Belgrano, instó a "combatir todo lo que fuera contrario a la ideología occidental y cristiana".
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=62160&id=149487&dis=1&sec=1Mayo 14, 2007
"Tenso y estresado", el ex represor Barreiro busca eludir la extradición
Compareció ante la Corte Federal de Virginia, en EE.UU., donde está detenido. Se declaró inocente y rechazó el proceso de juicio rápido que se utiliza en ese país.
por Leonardo Míndez
Vestido con un mameluco verde, más oscuro que el oliva, el ex mayor del Ejército Ernesto "Nabo" Barreiro, amo y señor del centro de detención de La Perla durante la última dictadura, fue ingresado a las 11.50 del jueves pasado a la sala de audiencias de las Corte Federal de Alexandría, Virginia. En su espalda, un estampado en enormes letras blancas advertía su condición: "PRISONER" (Preso).
Lucía demacrado, menos redondo que en las fotos de los 70 y 80, y en voz baja le confió a su abogado que estaba "tenso y estresado". Sin embargo, la estrategia desplegada por su defensa para estirar los tiempos judiciales demuestra que Barreiro prefiere seguir detenido en la celda de Virginia donde lleva ya más de un mes. Sabe que, si sale, le espera una deportación o extradición a Argentina, donde deberá rendir cuentas por crímenes de lesa humanidad.
El viernes se tramitó una de las tres causas que enfrenta el "Nabo", en la que se lo acusa de mentir al solicitar su visa en el consulado de Buenos Aires. Barreiro dijo allí que nunca lo habían arrestado, ocultando que estuvo detenido en 1987 hasta que zafó de la Justicia por la Ley de Obediencia Debida.
Como el fraude migratorio es un delito menor y las pruebas en su contra son contundentes, lo usual hubiese sido que se declarase culpable. "Le hubieran dado un par de meses bajo probation y quedaba en libertad inmediatamente", dijo a Clarín una fuente de la causa. Pero claro, eso hubiera acelerado los tiempos de la deportación o la extradición.
Por eso, Todd Richman, el defensor público de Barreiro, dijo que su cliente se declaraba "inocente", rechazó el proceso de "juicio rápido" que ofrece el sistema judicial norteamericano y pidió tiempo hasta setiembre próximo para buscar testigos en la Argentina. "Si lo deportan, podría ser juzgado por eventos que ocurrieron en los años 70 y 80", argumentó. El juez T.S. Elliot III se sorprendió: "¿Qué clase de eventos son esos?". "No necesito saber", agregó enseguida, y fijó la fecha del juicio para el 1º de agosto. Ese día, Barreiro deberá enfrentar un jurado popular de 12 miembros que decidirá sobre su futuro.
Los Barreiro llegaron a Estados Unidos en 2004, cuando huyeron de la Argentina poco antes de que la Justicia dictara una orden de captura contra el ex mayor del Ejército por su participación en la represión.
El ex represor y su esposa, llamada Ana Delia Magi, se instalaron en The Plains, un poblado ubicado a 80 kilómetros al oeste de Washington, la capital de los Estados Unidos. Allí Barreiro intentaba iniciar una vida nueva, dedicándose a la venta de artesanías criollas y antigüedades. Abrieron un local sobre la calle principal del pueblo, que bautizaron Pampas Corner. Incluso abrieron una sucursal en Madrid, donde vive uno de los hijos del matrimonio.
http://www.clarin.com/diario/2007/05/14/elpais/p-01101.htm
Preso por torturar y mentir
La Justicia argentina solicita la extradición de Barreiro por el secuestro, tortura y muerte del estudiante Diego Hunziker, apenas una de las decenas de denuncias en su contra. Los sobrevivientes de La Perla lo recuerdan como un torturador sádico en ese centro de detención clandestino cordobés. El "Nabo" se escapó a Estados Unidos en 2004, horas antes de que se solicitara su captura y vivió con su esposa en la bucólica The Plains, donde fue detenido el 1º de abril. Quedó preso en la prisión federal del Estado de Virginia, en los alrededores de la capital norteamericana, luego de una breve audiencia ante el juez Jones de la Corte Federal de Alexandría, quien le negó la libertad bajo fianza.El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos informó en su momento que obtener una visa de manera fraudulenta para ingresar a ese país es un delito que puede implicar una sentencia de hasta 10 años de prisión y la deportación.
Barreiro gozó de un gran poder en La Perla: el sitio donde entre 1976 y 1979, los militares de la dictadura asesinaron a más de 2.500 personas.
Mayo 13, 2007
Arg - Detienen al “Tano Nicola”, otro represor de la dictadura
Está acusado de participar en el secuestro y posterior cautiverio de un periodista marplatense el 25 de marzo de 1976, apenas 24 horas después del golpe militar. La Justicia Federal informó que la detención de Nicolás Caffarello, de 53 años, se realizó la noche del miércoles aunque no fue en la ciudad costera.
telamMar del Plata. El ex represor Nicolás Caffarello, alias el “tano Nicola”, fue detenido en las últimas horas por disposición de la Justicia federal acusado de haber participado el 25 de marzo de 1976 en el secuestro y posterior cautiverio del periodista Amílcar González en esa ciudad.
La detención fue informada hoy a Télam por voceros de la fiscalía federal número 2, a cargo de Jorge Gutiérrez, y la fiscalía general, a cargo de Daniel Adler, quienes precisaron que la detención de Caffarello, de 53 años, “se realizó el miércoles a la noche”, aunque no fue en la ciudad costera.
Caffarello está imputado por privación ilegítima de la libertad coactiva, mediante la sustracción, retención y ocultamiento de una persona con el fin de tolerar algo contra su voluntad, agravada”, según consta en la causa.
La tarde del 25 de marzo de 1976, un grupo paramilitar armado entró al ministerio de Trabajo de Mar del Plata y secuestró a Amílcar González quien, junto con otros miembros del Sindicato de Prensa local, participaban de la firma un acuerdo en la cartera laboral.
La puesta en marcha del Juicio por la Verdad , en febrero 2001, llevó al periodista a denunciar su propio secuestro ante la Justicia.
La causa involucra también al jefe del operativo paramilitar, Fernando Delgado, actualmente prófugo y uno de los represores más conocidos en el ámbito local por su accionar a cargo del aparato represivo en los años del proceso militar.
También involucra al coronel Pedro Barda, a quien respondía Delgado, que fue juzgado en 1985 por crímenes de lesa humanidad.
El secuestro del periodista, quien en ese entonces tenía 36 años, se produjo veinticuatro horas después del golpe militar que derivó en la desaparición de 30.000 personas.
González, fallecido en junio del 2004, era miembro de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y había sido fundador del Peronismo de Base en Mar del Plata, cinco años antes de su secuestro.
El periodista, que logró salir del país en 1978 y vivió exiliado en Venezuela hasta 1984, contrajo un cáncer a los 55 años de edad.
Víctima de reiteradas torturas y tormentos, González fue uno de los primeros secuestrados en Mar del Plata, ciudad en la que en total hubo más de 400 desaparecidos durante la dictadura militar.
En una recordada audiencia que duró más de cinco horas, el periodista -que fue preso político durante dos años, sin causa y sin proceso- describió con detalles su cautiverio y las responsabilidades de Delgado y Caffarello
La derogación por parte del gobierno nacional de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final terminó con el amparo de los represores denunciados ante la Cámara Federal marplatense.
Mayo 11, 2007
Detienen a un represor que actuó en el centro clandestino "El Olimpo"
Se trata del ex teniente primero del Ejército, Enrique José del Pino, alias "Miguel" o "Capitán", quien tenía pedido de captura desde septiembre de 2005. La justicia le imputa más de un centenar de secuestros y torturas durante la última dictadura.
Un represor que actuaba en el centro clandestino de detención "El Olimpo", al que se le imputan más de un centenar de secuestros y torturas durante la última dictadura militar, fue detenido por orden del juez federal Daniel Rafecas y conducido al penal de Marcos Paz.
Así lo confirmaron anoche a Télam fuentes allegadas a la causa en la que el magistrado investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército quienes identificaron al detenido como el entonces teniente primero del Ejército, Enrique José del Pino.
Del Pino, a quien se lo conocía por el alias de "Miguel" o "Capitán", tenía pedido de captura desde septiembre de 2005.
Los informantes señalaron que después de meses de intensa investigación, que incluyeron escuchas telefónicas y otras tareas de inteligencia, efectivos de Interpol Argentina detuvieron a Del Pino cuando salía de un restaurante del barrio de Palermo.
De las constancias del expediente se desprende que "Miguel", de 62 años, había actuado en 1975 bajo las órdenes del General Domingo Bussi y, a partir del golpe del 24 de marzo de 1976, pasó a tener "un papel destacado" en "El Olimpo" y otros centros clandestinos que funcionaban bajo el comando del fallecido Carlos Guillermo Suárez Mason.
A Del Pino se le imputan, al menos, 114 secuestros y torturas, entre 1977 y 1978, ya que cumplía funciones de "interrogador, torturador y secuestrador", según el relato de sobrevivientes que señalaron a "Miguel" como Jefe de uno de los Grupos de Tareas de "El Olimpo" y "Banco".
Cuando Rafecas lo indague en las próximas horas le imputará, entre otros casos, los homicidios de Lucila Révora y Carlos Fasano. Ambos fueron asesinados el 11 de octubre de 1978 en la puerta de su domicilio de la calle Belén de Capital Federal, y la sustracción del hijo de ambos, por entonces de apenas 2 años, el cual fue reintegrado a su familia, tres meses después.
Del Pino se suma así a los ya quince procesados por Rafecas por los delitos llevados a cabo en los centros de detención "Atlético, Banco, Olimpo", entre quienes se encuentran el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, alias "Mayor Guastavino".
También están en esa nómina, entre otros, el comisario Roberto Antonio Rosa, quien actuaba bajo el apodo "Clavel", y el ya condenado en otra causa, Julio "el turco Julián" Simón, respecto de quienes la Cámara Federal confirmó los procesamientos dictados por Rafecas.
Tras la indagatoria de "Miguel" el magistrado tendrá diez días para expedirse sobre su situación procesal estimándose que lo hará en la misma resolución en la que defina la situación de Ricardo Taddei alias "Cura" o "Padre", quien fue el primer extraditado por causas por violación a derechos humanos, el 27 de abril último, procedente de España.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=61828&id=148875&sec=1&dis=1
Mayo 9, 2007
Arg - La cárcel de los represores
Si bien aún no se definió cuándo comenzará a utilizarse, las instalaciones están terminadas. Representantes del Ejecutivo visitaron el lugar la semana pasada. Vea las fotos a las que Infobae.com tuvo acceso en exclusiva
El problema con los radares y la renuncia de su segundo obligaron a la ministra de Defensa Nilda Garré a postergar el traslado de los detenidos militares a una cárcel común, que se refaccionó especialmente, y que estaba previsto para el 2 de mayo pasado.
Ya finalizaron los arreglos del Regimiento 7, en Arana (cerca de La Plata), donde funcionará el lugar de detención a cargo de personal del Servicio Penitenciario Federal, aunque este punto generó más de una rispidez entre la cartera de Defensa y la de Justicia.
Allí convivirán unos 40 detenidos, entre los que se encuentran Alfredo Astiz, Héctor Febres, cuatro coroneles, un agente civil y varios oficiales de la Armada. Es posible ampliar la cantidad de plazas hasta 100.
A simple vista, los pasillos internos se asemejan a los de una escuela, pero nada fue librado al azar: el ministerio de Defensa estuvo detrás de cada detalle de la refacción.
Entre los pedidos de Garré y su equipo está el de evitar todo tipo de similitudes con espacios que puedan considerarse “vip”, y el de que no existan grandes lugares comunes donde los represores puedan llegar a reunirse.
En estos días, se está definiendo la lista de quiénes serán llevados a esta unidad; además de organizar con las familias los días y horarios de visitas. Restan determinar cuestiones operativas como los viajes diarios del personal que trabajaría en la unidad, la provisión de alimentos y la asistencia médica.
Cuando se concrete el traslado, se daría una respuesta al viejo reclamo de los organismos de derechos humanos, que se oponen a que los represores cumplan con sus condenas en unidades militares.
Mayo 5, 2007
Arg - Represor Riveros: "No hubo desaparecidos sino terroristas aniquilados"
Lo aseguró el ex general en una carta que envió al jefe del Ejército, Roberto Bendini, Hoy, el procurador Righi avaló varios fallos que dictan la inconstitucionalidad de los indultos que habían beneficiado, entre otros, a Riveros
El represor Santiago Riveros, cuyo indulto consideró hoy inconstitucional el Procurador General Esteban Righi, fue un ferviente defensor de la actuación de las fuerzas militares durante la última dictadura.
En el marco de lo que llamó "la guerra contra el terrorismo" que buscó "derrocar al enemigo", Riveros dijo que"no hubo desaparecidos sino terroristas aniquilados".
Incluso, en diciembre de 2004 Riveros -entonces detenido- le escribió una carta al jefe del Ejército, Roberto Bendini, en la que justificó sus acciones "con una orden de servicio dada inicialmente por un gobierno constitucional".
"Si ese es el precio por haber participado en una guerra justa en la cual se derrotó a un enemigo que pretendía imponer un orden basado en el terror, lo acepto con cristiana serenidad, haciendo honor a la lealtad que le debo al Ejército al cual serví toda mi vida", dijo allí.
Y resaltó que "luego de transcurridos más de veinte años de concluido el enfrentamiento armado y destruida la documentación con la cual podría probar las órdenes que recibiera, las que impartiera y las operaciones realizadas con sus resultados, sólo queda la memoria de quienes participamos en dicha confrontación como elemento contribuyente al conocimiento de la verdad de lo acaecido".
"No ha habido desaparecidos sino terroristas aniquilados en el marco de una guerra revolucionaria que por tal fue irregular", aseguró.
Bajo el mando de Riveros estuvieron el Colegio Militar en "El Palomar", las escuelas Superior de Guerra, Superior Técnica y de Inteligencia del Ejército en la Capital Federal; las escuelas de Infantería, de Caballería, de Artillería, de Ingenieros y de Comunicaciones en Campo de Mayo; entre otras.
El 21 de mayo de 1976 se creó la Zona de Defensa IV y le fue adjudicado su comando a Riveros, con poder sobre una vasta jurisdicción territorial y operativa.
Fuente: DyN
http://www.perfil.com/contenidos/2007/05/04/noticia_0059.html
Mayo 3, 2007
Arg - Patti pidió postergar su indagatoria
Patti pidió postergar su indagatoria en una causa en la que se investiga si protegió a un represor
El ex subcomisario Luis Patti, acusado de haber dado protección a un represor, pidió postergar la indagatoria a la que debía presentarse hoy ante el juez federal Ariel Lijo. Se estima que el magistrado accedería y fijaría una nueva fecha para citarlo a declarar como imputado.
La causa está relacionada con la protección que Patti brindó al ex teniente coronel Jorge Horacio Granada cuando se hallaba prófugo ya que tenía una orden de captura librada por el juez federal Claudio Bonadío.
Se trata del expediente en el que Bonadío investigaba el secuestro y desaparición de una veintena de militantes montoneros durante la denominada "segunda contraofensiva", a principios de la década del 80, durante la última dictadura militar.
El 27 de agosto de 2003 el juez dictó el procesamiento de Patti por haber "encubierto" al represor cuando se encontraba "prófugo de la justicia", pero luego se declaró una serie de nulidades y el expediente recayó en el juzgado a cargo de Lijo.
En septiembre de 2006 el nuevo juez consideró que estaba concluida la instrucción y elevó el expediente a juicio oral y como se trata de un delito "correccional" se sorteó un nuevo tribunal (unipersonal) para el debate, correspondiéndole a Guillermo Montenegro llevarlo adelante.
Montenegro advirtió entonces algunas omisiones procesales, tal como que el fiscal Oscar Amirante no había formulado requerimiento de elevación a juicio por lo que el expediente volvió a Lijo quien citó nuevamente a Patti.
En el sumario se investiga la ayuda brindada por Patti a Granada para eludir la orden de captura dictada en su contra el 8 de julio de 2002 y en ese sentido Lijo sostuvo que está probado que "colaboró para que (el represor) eluda las diversas acciones desarrolladas por fuerzas de seguridad para lograr su captura".
Marzo 2, 2007
Deniegan Excarcelación a Represor Cordobés
Esta semana la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió rechazar el planteo interpuesto por la defensa de Guillermo Bruno Laborda que solicitaba que el represor recuperara su libertad en el proceso judicial que se sigue en su contra por la privación ilegitima de la libertad del Mario Jofre y como coautor del homicidio calificado del secuestrado Juan Carlos Perucca. De esta manera la resolución fechada el 26 de febrero de 2007, confirma la denegatoria del pedido en su momento dispuesta por el Juzgado Federal N º 3 de esta ciudad.
Recordemos que ya en 2006, la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó el procesamiento y prisión preventiva de Bruno Laborda, Luciano Benjamín Menéndez y el jefe en 1977 del batallón de Comunicaciones 141 Cnel. Dopazo. En esta causa aún debe decidir la Camara de Casación Nacional, si se concede o nó un recurso extraordinario interpuesto por los defensores de los genocidas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación , con el confeso fin de dilatar el inicio de la audencia oral y publica. Esta táctica dilatoria hasta ahora ha logrado sus objetivos, entre otras razones, por los largos tiempos que se han tomado, en particular las instancias La Cámara de Apelación y la de Casatoria, para resolver las verdadera batería de incidentes y recursos planteados por los defensores para obtener justamente esas demoras.
Los organismos de DDHH de Cba entienden que este es un logro mas en el camino a la concreción de los juicios orales y públicos, donde respetando los derechos constitucionales de todas las partes, se imponga severas condenas a quienes pergeñaron, organizaron, ejecutaron y encubrieron el terrorismo de estado.
Reiteramos que resulta indispensable acabar todas estas dilaciones, exigiendo juicio y castigo al terrorismo de estado en Córdoba como en todo nuestro País.
H.I.J.O.S. Córdoba
Elevación a juicio oral del caso Von Wernich
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata
Información de Prensa
Juicio por la Verdad
Informes anteriores: http://www.apdhlaplata.org.arCristian Von Wernich a juicio oral
Por Secretaría JurídicaLA PLATA (1ºmarzo2007).- El Juzgado Federal Nº 3 de La Plata dispuso ayer la elevación a juicio de la causa que se sigue contra el sacerdote Cristian Von Wernich, ex capellán de la policía de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura cívico militar, reconocido por ex detenidos desaparecidos como asiduo visitante en los centros clandestinos de detención de la región de La Plata.
La resolución, firmada por el juez Manuel Humberto Blanco en su carácter de subrogante, rechaza el pedido de sobreseimiento intentado por la defensa del cura, declara clausurada la instrucción y eleva las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de la ciudad de La Plata.
Los casos que van a juicio son homicidios, privaciones ilegales de la libertad y torturas cometidos contra personas que estuvieron detenidas en la Brigada de Investigaciones de La Plata, el destacamento policial de Bernal conocido como "Puesto Vasco", la Brigada de Investigaciones de Quilmes, el Comando de Operaciones Tácticas I de Martínez y la Comisaría Quinta de La Plata.
El sacerdote está detenido desde septiembre de 2003 por orden del Juez Corazza a partir de numerosos testimonios volcados en el llamado "Juicio por la Verdad" que se sustancia ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Pesan sobre él dos procesamientos dictados en octubre de 2003 y diciembre de 2005, respectivamente.
La elevación a juicio era la decisión esperado por la fiscalía y los querellantes. El próximo paso, una vez radicada la causa en el Tribunal Oral, será convocar a las partes para que ofrezcan las pruebas y fijar la fecha del juicio oral.
