Proyecto Desaparecidos: Notas: Argentina Archives

Agosto 2, 2007

Arg - Identificaron el cuerpo de Rómulo Artieda desaparecido durante la dictadura militar

TRAS DOS AÑOS DE ESTUDIOS

02/08/2007

Por primera vez en la provincia se logró identificar el cuerpo de un correntino desaparecido por las fuerzas armadas durante la dictadura militar. Se trata de los restos de Rómulo Artieda, quien al momento de su secuestro y posterior muerte, tenía 22 años. Detalles fueron suministrados este jueves, en una conferencia de prensa en la Subsecretaría de Derechos Humanos de Corrientes junto al Equipo Argentino de Antropología Forense y familiares de Artieda.

Se trata del resultado de una de las exhumaciones realizadas en Empedrado el año pasado, donde los pesquisas siguieron las pistas de tres desaparecidos.

La conferencia de prensa fue ofrecida por el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Pablo Vassel, junto al miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf), Miguel Nieva y los familiares de Rómulo Artieda.

El anuncio responde a los resultados de la investigación llevada adelante desde 2004 por el Eaaf a raíz de una iniciativa de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Tras dos años de trabajo de campo y el cumplimiento de una serie de instancias judiciales, el gabinete de investigadores logró en junio de 2006 la autorización del juez federal de Corrientes, Carlos Vicente Soto Dávila para la realización de exhumaciones en el cementerio de Empedrado.

Así es que entre el 25 y el 27 de junio del año pasado fue posible extraer restos de tumbas NN del camposanto de la localidad ribereña, muestras que fueron examinadas en Buenos Aires y el exterior hasta desembocar en los resultados que serán dados a conocer a la prensa.

La investigación de este caso comenzó en junio de 2004 con el Eaaf de la mano de la licenciada Silvina Turner, quien inició el trabajo de campo seguido por el grupo científico a lo largo de tres años. Para ello se abrieron instancias preliminares obtenidas por familiares de desaparecidos, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Provincial de Derechos Humanos, en una causa llevada adelante por el fiscal federal Flavio Ferrini.

Es la primera vez desde la dictadura militar que en la provincia se logra identificar el cuerpo de un desaparecido correntino. Vale señalar, en todo el país existen alrededor de 200 casos que llegaron a un resultado similar.

El caso particular de Rómulo Artieda, toma como antecedente el hallazgo, en julio de 1977, de un cuerpo flotando en el río Paraná a la altura de la localidad de Manuel Derqui, en Empedrado. A partir de allí, se presume que la persona hallada, por el tenor de los maltratos recibidos, no pudo ser identificado por la Policía, que en ese entonces determinó su entierro como NN en el cementerio de la localidad distante 60 kilómetros de esta capital.

http://www.nordestealdia.com/noticias/corrientes/0000/00/actualidad/2007-08-02-romulo_Artieda_identificaron.php

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Julio 28, 2007

Arg - Mantienen esperanza de encontrar restos de desaparecidos en Formosa

FAMILIARES MANTIENEN VIVA LA ESPERANZA DE ENCONTRAR RESTOS DE DESAPARECIDOS EN FORMOSA

Familiares de detenidos desaparecidos durante el proceso militar mantienen viva la esperanza de poder dar con los cuerpos de sus seres queridos y darles cristiana sepultura a pesar del negativo revés que sufrió la investigación a partir de la destrucción total de las pruebas que hubieran permitido algún tipo de identificación de los cuerpos que fueron enterrados en el cementerio Itatí y luego trasladados al San Antonio, desenterrados y enterrados nuevamente el martes último por peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Una cuota de esperanza volvió a invadir a los familiares al presenciar en las tareas de excavaciones en el Itatí el hallazgo de los restos de una persona, de sexo masculino, pero que tendría al momento de producirse su deceso alrededor de 60 años, por lo que se descarta que haya sido una víctima política del proceso. No obstante, deja abierta la posibilidad de que no todos los cuerpos habrían sido trasladados en el año 1993 al cementerio San Antonio.

El hecho se produjo durante la mañana, pasadas las 10 horas, en el costado derecho del ex cementerio donde se están realizando “excavaciones testigos” a partir del croquis digitalizado a través del Google Satelital, en base a los datos aportados por Regino Arias, el ex encargado de la necrópolis durante la dictadura.

De acuerdo con la información de los familiares y un querellante de la causa, que pudieron acercase hasta el lugar donde se estaban realizando las excavaciones, no así la prensa, se halló un cajón con restos óseos en su interior, lo cual reforzó las esperanzas de éstos de que allí se encontrarían enterrados algunos detenidos y desaparecidos durante el proceso.

Tal información fue muy bien recibida por integrantes de los Derechos Humanos, querellantes de la causa, como así también familiares de ex detenidos y desparecidos que a pocos minutos de conocerse el hallazgo se trasladaron hasta las inmediaciones del Cementerio Itatí.

Mabel Viviana Morel, hija de Sara Fulbia Ayala y Pedro Morel, trabajadores judiciales detenidos y desaparecidos durante la última dictadura militar, fue una de los que se acercaron hasta el ex cementerio Itatí, con renovadas esperanzas de que de una vez por todas pueda dar con el destino final de sus padres.

Viviana, hoy con 31 años de edad y acompañada de su pequeños hijo de tan sólo 3 años, siguió atenta, muy emocionada y conmovida cada uno de los pasos de las tareas que se llevaron a cabo ayer.

Viviana Morel reseñó a La Mañana que la última vez que vio a sus padres con vida, en 1977, tenía apenas un año de vida. Su niñez, adolescencia y ahora su ingreso a la adultez se han centrado siempre en un objetivo definido: dar con el lugar donde pueda despedir a sus padres y darles cristiana sepultura.

http://www.voxpopuli.com.ar/archivo/2007/julio/misiones2007072808.shtml

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Julio 2, 2007

Arg - Abuelas encontró otra hija de desaparecidos

Abuelas de Plaza de Mayo anunció esta tarde la restitución de la identidad a otra hija de desaparecidos durante la última dictadura militar.

Según los estudios genéticos, la joven es hija de Rosa Luján Taranto y Horacio Altamira, ambos secuestrados el 13 de mayo de 1977, cuando ella estaba embarazada de siete meses.

El anuncio se realizó en el despacho de la jueza María Romilda Servini de Cubría.

http://www.cadena3.com.ar/noticias_ampliada.asp?mas=96964

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Junio 27, 2007

Arg - Una víctima de la dictadura será viceministro de Defensa

Alfredo Forti presenció, cuando tenía 16 años, el secuestro de su madre, Nélida Sosa.

Guido Braslavsky
gbraslavsky@clarin.com

Una víctima directa del terrorismo de Estado, que vivió en circunstancias dramáticas el secuestro y desaparición de su madre, es desde ayer el nuevo viceministro de Defensa. Se trata de Alfredo Forti, embajador en Honduras los últimos tres años, quien llegó a Defensa luego de una reforma orgánica en la cartera que conduce Nilda Garré.

El secuestro de Nélida Azucena Sosa de Forti figura en el legajo 4917 de la CONADEP. El caso fue muy resonante y se ventiló en el Juicio a las Juntas. El 18 de febrero de 1977, Sosa de Forti y sus cinco hijos de entre 8 y 16 años subieron a un avión de Aerolíneas. Iban a Venezuela, donde los esperaba el padre. Ya estaban en sus asientos cuando se requirió a Alfredo Forti, entonces de 16 años, en la cabina. Luego llamaron a su madre. Les dijeron que no podían viajar por "problemas de documentación".

A los seis los bajaron del avión. Los esperaban civiles armados. Los metieron en dos autos, y les vendaron los ojos antes de llevarlos al Pozo de Quilmes. Tras siete días de detención ilegal, los hermanos fueron abandonados en Parque Patricios. No volverían a ver a su madre, trasladada a Tucumán y vista por última vez en el centro clandestino Arsenales.

Los chicos pudieron dejar el país. Forti estudió en Venezuela, y luego en Washington, Relaciones Internacionales. En EE.UU. inició una causa contra el general Domingo Bussi, jefe de la represión en Tucumán.

Forti ocupa en Defensa el lugar de José María Vázquez Ocampo -hermano de una desaparecida e hijo de una fundadora de Madres— que asumió en la Secretaría de Asuntos Internacionales, recién creada al igual que las subsecretarías de Innovación Científico-Tecnológica y de Formación para las FF.AA.

http://www.clarin.com/diario/2007/06/27/elpais/p-01101.htm

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Junio 23, 2007

Esp - García Calleja se reúne con una representante de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina

El director general de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo, José Félix García Calleja, se ha reunido con el director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Rafael Palacios, y con la representante de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, María Lourdes Gru. Según informó el Ejecutivo de Cantabria, en este encuentro se han tratado las diferentes iniciativas que el Gobierno argentino lleva a cabo en materia de Derechos Humanos y, especialmente, el proyecto 'Reconstruyendo Memoria'.

Gru explicó que, con esta iniciativa, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno argentino pretende recopilar testimonios e información "para conocer la verdad y recuperar la memoria". Estas actuaciones persiguen, además, identificar a todas las víctimas y crear un registro de los desparecidos durante la dictadura militar (1976-1983).

La representante de la Secretaría de Derechos aseveró que, debido a la gran presencia de españoles en el país sudamericano en aquella época, esta entidad ha creado una Unidad de Investigación sobre los ciudadanos españoles desaparecidos en Argentina, que ha contado, desde el inicio, con el apoyo del Gobierno de Asturias, y al que se acaba de incorporar el del País Vasco.

A este respecto, Rafael Palacios destacó la importancia de este proyecto, ya que "el Gobierno de Néstor Kirchner es el primero que, en Argentina, se compromete de manera firme con el tema de la verdad, la justicia, la recuperación de la memoria, la reparación de las víctimas y los Derechos Humanos".

ACTUACIÓN EN ESPAÑA
Gru resumió en dos las principales líneas de actuación que se pretenden seguir en España. En primer lugar, se quiere "difundir los nombres de las víctimas, por si pudiesen ser identificados por algún familiar"; y en segundo lugar, "si aparecen familiares de los desaparecidos, facilitar que se tomen muestras de sangre que, posteriormente, serán cotejadas con los restos de las víctimas".

Se calcula que el número de desaparecidos de nacionalidad española, en la época de la dictadura en Argentina, podría alcanzar la cifra de 700 personas. Sin embargo, hasta el momento, se han confirmado 562 nombres, de los cuales "muchos no han podido ser identificados aún", reconoció Gru. Por este motivo, la delegada argentina subrayó la importancia que tiene "toda la ayuda y el apoyo que se pueda brindar desde España, principalmente, en el ámbito de la difusión".

Gru, que está recorriendo las diferentes Comunidades Autónomas de España para solicitar su participación, ha propuesto durante la reunión mantenida con García Calleja que también Cantabria se involucre en este proyecto, de manera que se pueda determinar si existen cántabros en la lista de desaparecidos españoles que maneja la administración argentina.

http://www.cantabriaconfidencial.com/actualidad/2007/junio07/23/12.htm

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Junio 22, 2007

Arg - Confirman la identidad de los restos de un desaparecido hallado en Paraná

El Equipo de Antropología Forense ratificó que el cuerpo extraído clandestinamente del cementerio municipal pertenece a Juan Alberto Osuna, secuestrado y asesinado por efectivos de seguridad en septiembre de 1976. Había estado detenido en Santa Fe.

El Equipo Argentino de Antropología Forense ratificó que los restos extraídos clandestinamente del cementerio municipal de Paraná pertenecen a Juan Alberto Osuna, secuestrado y asesinado por efectivos de seguridad el 25 de setiembre de 1976.

Osuna, que se convirtió en el primer entrerriano desaparecido en ser identificado, murió durante un simulado enfrentamiento con medio centenar de efectivos de las fuerzas de seguridad en Rondeau al 1.300, en la llamada Masacre de la Tapera.

El secretario de Seguridad de Entre Ríos, Juan José Halle, confirmó hoy que Osuna había estado detenido en Santa Fe antes de ser traslado al Escuadrón de Comunicaciones de Paraná.

Según lo informado, el militante justicialista fue torturado y luego llevado con Carlos Fernández, otro desaparecido, a la casa de calle Rondeau, donde se simuló un enfrentamiento con los efectivos de seguridad, que prácticamente los fusilaron.

El cuerpo de Osuna se encontraba desde hace algunos años en poder de sus familiares, luego de haber sido sacado por estos en forma clandestina del cementerio local y depositado en la tumba de su padre, luego de ser identificado merced a los datos suministrados extraoficialmente por un empleado de la necrópolis.

Aunque la familia tenía la seguridad de que los restos pertenecían a Osuna porque tenía un paladar de platino, ahora el Equipo Argentino de Antropología Forense ratificó la identidad de los restos.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&dis=1&sec=1&idPub=65748&id=157816&idnota=157816

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Junio 15, 2007

Arg - Aprueban subsidios para padres de desaparecidos

Aprueban subsidios para padres de desaparecidos desde 1974, durante el mandato de Isabel Perón

La medida, es la primera que reconoce de hecho la desaparición de personas durante el gobierno de Isabelita. Así, el beneficio a los familiares se retrotrae al período en que actuó la Triple A y no sólo al inicio de la dictadura, en 1976.

15.06.2007 | 16:01

La Plata – El Senado de la provincia de Buenos Aires a probó hoy un proyecto de ley para otorgar subsidios a los padres de las personas desaparecidas, secuestradas o asesinadas desde fines de 1974 y hasta el final de la dictadura militar.

Se trata de una medida inédita que reconoce al gobierno de Isabel Perón –y, por consiguiente, la actuación de la temible fuerza paramilitar de la Triple A– como parte del terrorismo de Estado que asoló al país desde 1974 hasta 1983, con el regreso de la democracia.

La iniciativa –enviada por el Poder Ejecutivo del gobernador Felipe Solá – busca otorgar un subsidio mensual y vitalicio para los padres de las personas que hayan sido “muertas, desaparecidas y secuestradas” entre el 6 de noviembre de 1974 —cuando Isabelita instauró el Estado de sitio a través del decreto 1368— y el 10 de diciembre del 1983.

El beneficio podrá ser solicitado antes del 31 de diciembre a partir de la promulgación de la ley y el monto será equivalente a un agente del agrupamiento jerárquico con treinta horas de labor más las coberturas que otorga el Instituto Medico Asistencial (IOMA), obra social del gobierno bonaerense.

En su fundamento se subraya que a estos padres “les fueron avasallados todos los derechos sobre sus hijos; sufrieron en forma permanente y sistemática un largo calvario por conocer el destino de los desaparecidos y fueron maltratados psicológica y moralmente sin tener respuesta por parte del Estado terrorista del 1976-1983”.

Para la titular de la Comisión de Derechos Humanos de ese cuerpo legislativo, Adela Segarra (FpV), “este proyecto será un acto de justicia y aunque las pérdidas son irreparables, los padres y las madres tienen derecho a recuperar la dignidad, en este caso a partir de un resarcimiento económico que les alivie dificultades cotidianas”.

Fuente: DyN

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Arg - Organismos critican las declaraciones de Bergoglio y Bendini

Verdad y Justicia

Nos han conmocionado las declaraciones del Cardenal primado, Jorge Bergoglio y del Jefe del Ejército, Roberto Bendini.

El primero reivindicando la bendición del pasado e invocando el perdón, el arrepentimiento y la reparación.

El segundo apelando a la cicatrización de las heridas del pasado.

Significativamente, ninguno de los dos se refirió a la Verdad ni a la Justicia.

La cúpula cómplice de la Iglesia –con honrosas excepciones- bendijo las armas con que masacraron a nuestros muertos y absolvió a los autores de crímenes aberrantes como la desaparición, el asesinato, la tortura y el robo de niños. No podemos ni debemos olvidar que la jerarquía eclesiástica aceptó los "vuelos de la muerte" como la manera más cristiana de asesinar a nuestros desaparecidos.

Y las FFAA son las que no permiten el cierre de las heridas del pasado que permanecerán abiertas mientras no se sepa la Verdad ni se haga Justicia.

Los únicos que podrían perdonar serían las víctimas directas. La inmensa mayoría de ellos no están para hacerlo. El arrepentimiento y la reparación corren por cuenta de los victimarios que hasta hoy no sólo no han dado muestras de arrepentimiento sino que reivindican permanentemente los crímenes cometidos.

La reparación y la cicatrización de las heridas del pasado comienzan indefectiblemente por la Verdad. Deben decir qué hicieron con cada uno de los desaparecidos: cuándo, dónde, cómo, quién y porqué se decidió su destino y el lugar donde se hallan sus restos. Y a quién fueron entregados los niños arrancados de sus familias o nacidos durante el cautiverio de sus madres. Gral. Bendini ¿alguna vez exigió a sus subordinados estas verdades?

La Justicia, luego de la anulación y la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, está en marcha. Sin embargo, los victimarios han volcado un torrente de amenazas sobre testigos, jueces y letrados y la desaparición de Julio López, aún sin resolver, es una espina clavada en la sociedad.

Cardenal Bergoglio, los que, según Ud. "maldicen para atrás" no traicionan al pueblo, están recogiendo nuestra lucha de más de 30 años por los derechos humanos, están manteniendo la memoria y están haciendo lo posible para que se administre justicia.

Un pasado que siempre es presente no puede ser olvidado. Un pasado de horror no puede ser bendecido.
Abuelas de Plaza de Mayo
Buena Memoria
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina
Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia
H.I.J.O.S. Regional Capital
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Servicio Paz y Justicia

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Junio 11, 2007

Arg - Moreno: una militante social denunció el secuestro de su hijo de 8 años

La familia asegura que el menor fue capturado a la salida de escuela y llevado en un auto a un galpón, donde lo interrogaron sobre la militancia de sus padres en la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. La jueza de menores que interviene en el caso todavía no pudo hablar con el chico.

La denuncia es grave. Según sostiene, un chiquito de 8 años fue secuestrado dos veces en menos de un mes como amenaza contra sus padres. La primera fue el 18 de mayo pasado. El hijo de una pareja de militantes de la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste fue secuestrado al salir de la escuela, en el barrio Malvinas Argentinas.

Cuando estaba yendo hacia la parada del colectivo, a dos cuadras de la comisaría 2a de General Rodríguez, el menor fue arrebatado por la espalda y arrojado en el piso de un Ford Falcon blanco.

Siempre según la denuncia, luego lo llevaron a un galpón donde lo interrogaron sobre la militancia de sus padres y le advirtieron: "Que se dejen de joder o la próxima vez van a ser boleta los 5", en referencia a él y sus cuatro hermanos.

Su madre, Débora Bussolini, de 28 años, había ido esa mañana al médico en Capital. Cuando estaba regresando a su casa, encontró a su hijo caminando en la ruta y llorando.

"Llego a casa y él no estaba, entonces me preocupé. Voy para el lado de la ruta para ver si había habido algún accidente y, por un compañerito me entero de lo que había pasado. Recién aparece 18.57. Lo encuentro caminando por la ruta, lo dejaron en el barrio Agua de Oro", sostuvo Bussolini.

La mujer, que estaba embarazada, debió ser internada de urgencia y perdió a su bebé, según dijo a Clarín.com. La familia detalló que el pasado 5 de junio volvió a vivir una situación similar.

El nene estaba yendo hacia la escuela y fue nuevamente introducido por la fuerza un Ford Falcon color blanco.

La nueva denuncia sostiene que, "casi al mismo tiempo que el nene era dejado por sus captores en Agua de Oro, cerca de su casa, alguien llamó por teléfono a su domicilio y dijo a la hermanita: 'Ya les dijimos que se dejaran de joder con la militancia'".

La jueza a cargo del caso, Mirta Guarino, del Juzgado de Menores 3 de Moreno, todavía no pudo tomarle declaración al menor.

De todas maneras, los abogados que representan a la familia, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, presentaron un escrito ante el juzgado para que el caso pase a ser investigado por la Justicia Federal, tal como se hace en los casos de secuestro.

José Schulman, de la Liga, dijo a Clarín.com que la amenaza contra el menor y su familia se enmarca en la misma lógica de la desaparición de Jorge Julio López: "Una estrategia de intimidación al campo popular y los luchadores por los derechos humanos".

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Mayo 31, 2007

Arg - Ser Madre en Bahía (a pesar de todo)

(AW). Celia Jinsky de Korsunsky habló en su Bahía Blanca natal con el compañero Mariano Herrera. La madre de Eduardo, uno de los tantos jóvenes desaparecidos, se refirió a su encuentro con Azucena Villaflor, recordó lo complejo que significaba luchar en Bahía, la protesta en la Catedral local y el encuentro con el asesino Alfredo Astiz, entre otras situaciones que merecen ser leíadas.

Buenos Aires, 31 de mayo de 2007 (Por Mariano Herrera, especial para la Agencia Walsh). Cuando entras a la casa de Celia te sorprende un silencio que te hace pensar que alguien está durmiendo la siesta, sin embargo la casa de Celia está llena de música. Está en los textos que me muestra de su hijo en los que habla de la música como una manera de unir a las personas; está en sus palabras cuando cita canciones para describir tal o cual situación; está presente cuando recuerda las marchas de las madres con sus cantos y con sus palmas que fueron formando una melodía de memoria durante 30 años. Y está en su manera de contar las cosas, una manera tan tierna que cualquier canción se podría armar con sus palabras. También hay otras cosas que a cada rato son nombradas por Celia: una tiene que ver con el coraje. Celia todavía hoy se sorprende de las cosas que han hecho las madres para saber aunque sea algo de la vida de sus hijos. Otra tiene que ver con el miedo que se tenía pero que no había que demostrar porque no había que ceder, y vaya que no cedieron. Y también está presente el humor. Celia tiene un amplio anecdotario dentro de su historia como madre de Plaza de Mayo que a pesar de tanto dolor lo muestra, lo transmite, lo enseña y lo comparte con una sonrisa.

A Celia Jinsky de Korsunsky no le pregunté la edad, primero porque no me animé, segundo porque dicen que no se debe y tercero porque no hacía falta. Ella dice que la edad le está trayendo problemas de memoria, que hay cosas que no se acuerda, y es verdad ya que algunos nombres se les escapan pero lo primordial, lo necesario, lo que tiene que ver con la historia que debe conocerse lo recuerda y lo recuerda muy bien...

La madre de Eduardo

Celia, nacida en un pueblo de La Pampa llamado Bernasconi, ya vivía en Bahía blanca cuando su hijo Eduardo Sergio Korsunsky desapareció. Este se encontraba viviendo y trabajando en la localidad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Tenía 24 años al momento de desaparecer, era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y había estudiado Economía en la Universidad Nacional del Sur. La llegada del siniestro Remus Tetu al rectorado de esa universidad de Bahía Blanca hizo que Eduardo deje la carrera. Desapareció el 4 de agosto de 1976, allí Celia inicia su búsqueda y se convierte en una de las primeras madres de Plaza de Mayo: “Empecé a viajar a San Nicolás que es el lugar donde desapareció, recuerdo lugares desconocidos, calles empedradas, veredas angostitas, todo muy colonial. Después mis viajes fueron para Buenos Aires, al Ministerio del Interior, en esos viajes conocí a Azucena Villaflor y ahí era fácil darse cuenta que era una maestra. Ella, para que pareciéramos más, empezó a ponernos en fila, una detrás de la otra para hacerla más larga...pero las que quedaban más atrás estaban temblando. Era la primera vez que se hacía y por eso había mucho terror”.

Cuenta Celia que en esa fila eran como 60, que en Buenos Aires lo primero que hizo fue ir a la Liga por los Derechos del Hombre y ahí fue conociendo personas que estaban en su misma situación. La plaza, el Ministerio y los cuarteles se fueron convirtiendo en lugares comunes para los familiares de desaparecidos. Y en algo común también se convirtió la represión, los caballos de la policía, las armas apuntando: “El miedo era mucho sobre todo al principio, después vas aprendiendo cosas porque ya te enfrascas que hay que hacer esto y lo otro y entonces no pensás tanto, no te das cuenta del peligro y los tipos con las armas te quedan como un paisaje. Te acostumbrás de que los tipos están ahí”.

Las madres de los padres

Siempre la historia habla de las Madres de Plaza de Mayo pero nunca, o pocas veces, se refiere a los papás de los desaparecidos. Todo tiene una explicación y en la misma hay un sentido de protección de las propias madres a sus maridos. El sentimiento maternal se extendía: “Cuando venía algún papá lo metíamos adentro de la rueda que hacíamos en la plaza, los protegíamos para que los milicos no los vean y con los jóvenes hacíamos lo mismo. Hacíamos de mamás de todos. Un día me preguntaron porque hacíamos eso y dije que era suficiente con los que había desaparecidos y alguien tenía que cuidar a los que quedaban”. Celia reconoce que eran más las madres que los padres los que participaban pero a la vez vuelve a hablar de esa protección hacia ellos: “Los padres eran presas fáciles, aunque hubo varias mujeres desaparecidas era como que una creía que por ser mamá podíamos proteger a los hombres y a los jóvenes”.

Las madres de Bahía

Bahía Blanca es una ciudad difícil en lo que respecta a desaparecidos y derechos humanos. V Cuerpo de Ejercito por un lado, diario La Nueva Provincia por el otro y Base Naval Puerto Belgrano unos kilómetros más allá, hacían y hacen de Bahía una ciudad con un pensamiento militar que se iba expandiendo. Así y todo las madres y los familiares de desaparecidos se hicieron un lugar. Todo a través del boca en boca; Celia conoció a la familia Giménez que junto a otras similares ya se estaban organizando y juntas comenzaron la lucha en la que muchos llaman la Bahía del olvido: “Se juntaban en distintas casas, rotaban porque tampoco era seguro estar siempre en la misma. Incluso el que venía en coche lo dejaba a tres cuadras del lugar. Fui conociendo a cada uno que componía ese grupo, eran madres y padres e íbamos viendo que cosas se podían hacer”. En Bahía la plaza de Mayo vendría a ser la Plaza Rivadavia, sin embargo esto no funcionó como aquella, el asunto en Bahía era más difícil y más peligroso: “Acá era distinto, no nos podíamos juntar en la plaza. A veces lo pensábamos, ver si nos íbamos a animar porque no éramos tanta cantidad, éramos 28 o 30. Después pasamos bajo la APDH y uno se animó a hacer más cosas. Durante más de dos meses íbamos al cuartel y pedíamos hablar con el Comandante. Sabíamos que era para nada porque nunca nos iba atender. Entrábamos ahí, todas con el pañuelo y cuando nos veían ¡se ponían re locos!”.

Las madres de todos

El concepto de madre se fue extendiendo dice Celia porque la hermandad hacía que si había algún dato de cualquier desaparecido todas se alegren: “El pedido era por todos porque era para todos. Todos los hijos pasaron a ser hijos de uno”. Y las madres de Bahía la lucharon, a su manera con sus actividades. Ya en democracia con muestras de fotos en el hall del municipio quedándose siempre una por si alguien preguntaba o conocía a alguno de los desaparecidos; y también con la junta de firmas para pedir juicio y castigo para los militares: “Una vez hicimos firmar el pañuelo y logramos juntar tantos pañuelos que los fuimos poniendo todos alrededor de la plaza. La plaza Rivadavia quedó rodeada por nuestros pañuelos”. De su gran memoria que dice no tener Celia saca otra anécdota, en este caso también se trata de una tarde en que juntaban firmas: “Un pibe de 17, 18 años nos dice ¿y qué querían ellos? Entonces yo le dije: ¿Por qué no te vas al fondo del mar y les preguntás que querían hacer?. Dio media vuelta y se fue, no vino más”.

El pañuelo en la iglesia

Celia habla de coraje y también de locura, de que las llamaban “las locas”: “Nos decían así, y después nos gustó la idea, estábamos locas, nos hacíamos las guapas” (risas). Y entre esas locuras surgió la de meterse en la Catedral bahiense, pleno centro de la ciudad: “Entramos y un seminarista nos preguntó quienes éramos. En ese entonces la que hablaba era Zaira Diego y entonces después vino alguien y nos invitó a salir y nosotras que no salíamos. Nos miraban todos como a bichos raros”.

El día que lo vieron a Astiz

Hablaba antes del carácter especial que tiene Bahía Blanca, tan especial que cobijó por momentos a genocidas de la calaña de Alfredo Astiz que un 24 de marzo estaba sentado en un bar, muy cerca de donde marchaban las madres. Y las madres fueron a encontrarse con la bestia: “Nunca lo había visto...estaba ahí sentado leyendo una revista y tomando un café, nunca dio vuelta la hoja que leía...con los oidos seguramente escuchando bien y la mirada de reojo por si volaba algo. Se sabía que no había que hacerle nada. Le decían de todo, recuerdo una chica que le dijo: ¨“no te mueras nunca que la víbora te vaya comiendo de a poquito”.

“Salimos de las ollas para luchar”

Muchas cosas por contar quedan afuera, porque Celia dice que no se acuerda, pero se acuerda. Se acuerda de las miles de cartas que enviaban a un diario financiero hasta que este publicó algo sobre las madres de Bahía, se acuerda de las marchas, de las respuestas recibidas, de las no respuestas recibidas, de las tardes en la APDH y se acuerda de los desaparecidos, de los chicos: “Es un compromiso muy fuerte que hicieron entre todos para llegar a algo. Yo siempre comparo con la canción de Gieco, Cinco Siglos Igual, habrán dicho basta, vamos a ver si hacemos algo. No se, no habrá sido así tan simple pero me parece hermoso entregar la vida”.

Hoy Celia comparte su lucha junto a otras organizaciones como Ausencias Presencias, APDH y SUTEBA. Con muchos de ellos comparte estos 30 años y a otros les transmite eso de dejar la cocina para salir a la calle:” A veces pienso y me pregunto como tuvimos el coraje nada menos contra quien uno luchaba, tuvimos miedo, tuvimos de todo pero lo hicimos. No habremos hecho tanto como se hizo en otros lugares pero hicimos. Saliendo de la cocina y yendo a la calle, salimos de las ollas para luchar. Estaba eso de no ponerse a llorar a gritos porque todo era a las escondidas y porque si te ponés a llorar no podés pensar y tenés que pensar a ver que tenés que hacer. Si lloro me pierdo en los laberintos y no puedo armar nada”.

Pero algo armaron, armaron una ronda que protege, que acuna, que cuenta, que insiste, que canta. Una linda melodía de la memoria.

AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH

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Mayo 29, 2007

Arg - En Formosa inician excavaciones en busca de desaparecidos

Formosa (El Comercial). En el marco de la causa que investiga el juez federal Marcos Bruno Quinteros, en la que se darán inicio a las excavaciones en el ex cementerio del barrio Itatí, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Formosa) informó que este martes los antropólogos forenses llegados desde Buenos Aires harían las primeras excavaciones en busca de los restos pertenecientes a desaparecidos en la última dictadura militar.

En este sentido, el Gobierno de Formosa dispuso que se brinde un fuerte apoyo operativo y logístico al equipo de forenses encargado de los trabajos, a partir de un pedido del juez Quinteros al subsecretario de Derechos Humanos Jorge González.

Respondiendo a lo peticionado por el juez federal Marcos Bruno Quinteros, el Gobierno de Formosa dispuso que a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos se brinde un fuerte apoyo operativo y logístico al equipo de antropólogos forenses que tendrán a su cargo las tareas de excavación en el predio del ex cementerio Virgen de Itatí, en el marco de la causa "Carrillo Fausto Augusto y otros s/desaparición forzada".

http://www.lineacapital.com.ar/?noticia=26655

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Arg - La Corte indemnizó a una Abuela de Plaza de Mayo por la muerte de su nieta durante la dictadura

Por unanimidad, el máximo tribunal reconoció el derecho de la mujer, ya que su hija fue asesinada de un balazo en la pelvis cuando el embarazo estaba a punto de llegar a término. Además, recordó que en estos casos los familiares tienen derecho a la indemnización "por su propio derecho" y no como herederos del fallecido.

La Corte Suprema reconoció el derecho de una mujer a cobrar una indemnización por la muerte de su nieta nonata, debido al homicidio de su madre, cuando llevaba casi nueve meses de embarazo, durante la última dictadura militar.

La Corte consideró probado que Ana María del Carmen Pérez, hija de la demandante, fue víctima de homicidio por parte de las fuerzas de seguridad en setiembre de 1976 cuando, privada de su libertad, se hallaba con un embarazo "a término".

Expertos de Antropología Forense determinaron que los restos óseos de un nonato fueron hallados asociados en la zona pelviana de los restos exhumados individualizados como pertenecientes a Pérez, que falleció como consecuencia de una herida de arma de fuego en esa región del cuerpo.

Contra el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que rechazó la demanda, la Corte afirmó que cuando la ley 24.411 -que estableció la indemnización por desaparición forzada de personas u homicidios por el accionar represivo previo a diciembre de 1983- menciona a "causahabientes", incluye a parientes del muerto, "víctimas" del hecho.

Por unanimidad, el máximo tribunal señaló que en estos casos los familiares del muerto tienen derecho a la indemnización "por su propio derecho" y no como herederos del fallecido.

La Corte indicó que la abuela es "causahabiente" de la beba fallecida que estaba a punto de nacer y recordó que el Código Civil define como personas a todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones y que son tales las que "no habiendo nacidas están concebidas en el seno materno".

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=63538&id=152412&dis=1&sec=1

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Mayo 26, 2007

Arg - Juan, fue robado por la dictadura

Sus padres fueron víctimas de la dictadura argentina, y cuando él nació fue raptado y criado por unos padres falsos

(Foto: Víctor Sánchez Rincones)
Karla Casillas>LATINO / Madrid

Juan Cabandié creció en una casa en donde algo le inquietaba profundamente: “no había fotos mías de chiquitito, no había fotos de la supuesta madre embarazada de mí”, dice. Esas imágenes no existían ni en la sala, ni en las habitaciones, ni en los álbumes; y eso fue lo que le llevó a tener una primera sospecha.

Haber nacido en Argentina, un país donde el robo de bebés durante la dictadura militar (1976-1983) fue sistemático, le llevó a pensar que él podía ser uno de esos 500 pequeños que fueron arrancados de los brazos de sus madres para luego entregarlos, en muchos casos, a los mismos oficiales que torturaron y/o desaparecieron a sus verdaderos padres.

“Quizás en Argentina, alguna vez, aquellos que tenemos esta edad nos hemos preguntado por nuestro origen”, dice Juan Cabandié. La duda fue creciendo, y a los 26 años -hoy tiene 29-, él descubrió su verdadera historia.

Hoy Juan se niega a pronunciar el nombre del ‘padre’ con el que vivió sus primeros 26 años de vida. Ese nombre es sinónimo de una gran infamia que le marcó.

“Saber la verdad es la dignidad que significa saber quién sos. Si no la conociera sería muy difícil poder avanzar”, dice Juan Cabandié durante una entrevista con Latino, a su paso por Madrid.

EL NÚMERO 77

El proceso al que Juan Cabandié se tuvo que enfrentar para conocer su origen no fue fácil. Un buen día, Juan fue a la Asociación Abuelas de Mayo. Sabía que ellas tenían un banco genético a través del cual podría comprobar si su ADN correspondía al de alguna familia de desaparecidos.

“Me acerqué a decirles que yo consideraba que era un hijo de desaparecidos, de los que ellas estaban buscando. Me hicieron el análisis y, en mi caso, las pruebas coincidieron con el ADN de mis abuelos, tías y tíos”.

Ese día, el 24 de enero del 2004, Juan se convirtió en un nieto más de las Abuelas de la Plaza de Mayo. “Mi caso es uno más de los 87 nietos a los que las Abuelas han restituido su identidad hasta el momento. Y yo soy el número 77”, dice. Curiosamente, sus padres desaparecieron en el año 77.

“Al momento de enterarme sentí dolor porque te das cuenta de que te mintieron toda la vida. Además, eso fue una obra planificada por genocidas, pero a la vez me sentí contento porque te encontrás con una familia que te estaba buscando hace años”.

DAMIÁN Y ALICIA

Damián Cabandié y Alicia Alfonsín de Cabandié. Esos son los nombres de sus verdaderos padres. Él tenía 19 años y ella 17, y cinco meses de embarazo, cuando fueron secuestrados por los militares. Juan nació en el tristemente célebre centro de tortura llamado Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Él y su madre sólo pudieron estar juntos 20 días. Luego ella fue desaparecida.

El pequeño fue entregado a un agente de la Policía Federal llamado Luis Falco, quien se lo apropió y lo crió haciéndole creer que él era su padre y su esposa, su madre. Lo peor: su apropiador fue parte del engranaje y de la complicidad callada de la dictadura militar que desapareció a 30 mil personas, entre ellos a sus padres biológicos.

Damián y Alicia estuvieron en dos centros clandestinos de detención, “que serían como campos de concentración que estaban en medio de la ciudad, ocultos. Eran como lugares subterráneos”, describe Juan. Estuvieron juntos en un centro que se conocía como Club Atlético y luego fueron trasladados a otro llamado El Banco. Ahí los separaron y a Alicia la llevaron a la ESMA, dónde solían encerrar a las mujeres embarazadas y las torturaban. El matrimonio fue detenido por pertenecer a Los Montoneros, una organización guerrillera que quería acabar con la dictadura. “Los detienen porque pensaban distinto, desarrollaban tareas políticas y tenían un proyecto político que a los militares no les gustaba, pues era un proyecto de país más solidario y más justo”.

El rostro de Juan se endurece cuando habla de sus apropiadores. ¿Cómo era la relación con tu raptor?, se le pregunta. “No, no tengo”. ¿Pero no creciste a su lado? “Sí”. ¿Entonces? “No tengo más relación”. ¿Pero cómo fue en los primeros años? “Mala” ¿Por qué? “Porque él era una persona muy autoritaria. Una persona mala” ¿Había algún tipo de afecto, de él hacia ti o viceversa? “Me parece que no había nada. No había afecto”.

Respecto a quien se decía su madre, Teresa, sólo comenta que ella le ocultó la verdad. “Yo se lo pregunté. Me lo negó dos, tres veces”. Hoy Juan dice no sentir odio hacia ellos, sólo “indiferencia, ellos para mí no existen”.

Su gesto cambia absolutamente cuando habla de su verdadera familia: “mi abuela Muñeca fue una persona que me buscó toda la vida. Fue de las Abuelas de Plaza, y tengo mucha relación con ella y con mi tío Ricardo, hermano de mi papá”.

Ahora Juan sí tiene fotos de sus padres: “me encanta que me cuenten de ellos. Me cuentan los gustos que tenían en la comida, de la actividad política. Hasta las veces que tuvieron alguna pelea o alguna anécdota graciosa. Todo sirve para reconstruirlos, para tenerlos vivos y mantenerlos presentes”.

Juan piensa que en España puede haber hijos de desaparecidos, pues hubo muchos jóvenes que después de la crisis del 2001-2002 se vinieron a vivir acá y ahora tendrán su edad, entre 27 y 31 años.

“La memoria viva es fundamental para el crecimiento de un pueblo”, expone y eso tiene que ver con su visita a Madrid donde se reunió con grupos de derechos humanos. “Voy a ser siempre un luchador, pues la injusticia me duele”.

Juan es hoy maestro de escuela, trabaja en el Ministerio de Desarrollo y es candidato a diputado por Buenos Aires. Además, estudia psicología, quizá para tratar de entender lo atroces que pueden llegar a ser los seres humanos

http://www.latinomadrid.com/noticia.php?id=4834.

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Mayo 24, 2007

Alemania sigue reclamando a Videla

Desde el asesinato de la alemana Elisabeth Käsemann por la junta militar argentina, su familia, como la de otros desaparecidos, ve señales positivas, pero sigue esperando justicia.

Han pasado 30 años desde el asesinato de la estudiante alemana Elisabeth Käsemann en Argentina. Activistas pro-derechos humanos ven señales positivas en el proceso judicial contra los ex –militares argentinos implicados. La Embajada alemana en Buenos Aires interpuso un recurso de casación contra la decisión de una corte argentina. Ésta había declinado la petición de captura y extradición realizada en el 2004 por el tribunal de Núremberg contra Jorge Videla y Emilio Massera, acusados de los asesinatos de Käsemann y otros ciudadanos alemanes durante la dictadura militar. Se estima que entre 1976 y 1983, más de 30.000 personas fueron asesinadas por la dictadura.

Videla fue llevado ante la justicia en el 2000. Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Videla fue llevado ante la justicia en el 2000.

"La justicia argentina se negó a extraditar a Videla y Massera argumentando la anulación en Argentina de las leyes que impedían su procesamiento judicial", señala Esteban Cuya, portavoz de la organización "Coalición contra la Impunidad". "Como reacción al recurso de casación interpuesto por el representante legal de la República Federal de Alemania en Argentina, Pablo Miguel Jacoby, una semana después el gobierno argentino anuló las leyes de Amnistía que favorecieron a Videla, confirmando la sentencia a cadena perpetua dictada contra él en 1987", afirma. Entonces el dictador estuvo dos años en la cárcel. Presionado por los militares el Estado argentino proclamó, durante la gestión de Raúl Alfonsín, una ley de amnistía que lo puso en libertad

Jueces que cooperaron con la dictadura

"Los familiares de las víctimas alemanas, no confían en la justicia argentina, e insisten en la extradición a Alemania de los responsables", explica Cuya. "No hay garantías de un juicio que permita llegar a la verdad pues todavía hay jueces en activo que cooperaron abiertamente con la dictadura".

El experto recuerda con ironía las declaraciones de Videla que no acepta ningún poder por encima de él, ni de Argentina ni de ningún otro país. Sin embargo, gracias a la decisión del Tribunal Supremo que declaró las Leyes de Amnistía de 1986 y 1987 como anticonstitucionales, el dictador, actualmente de 82 años, se encuentra bajo arresto domiciliario.

La justicia alemana también reclama la extradición de Pedro Alberto Durán Sáenz y Franco Luque. Adicionalmente la fiscalía de Núremberg mantiene procesos contra 74 militares argentinos. Para Esteban Cuya las posibilidades de que los ex –militares sean enjuiciados en Alemania son pocas, pero la presión internacional sirve para garantizar que la justicia en Argentina asuma su responsabilidad ante las víctimas de la dictadura. "El Gobierno argentino está consciente de que hay una vigilancia internacional para que se lleven a cabo estos juicios justos". Esteban Cuya destaca que eso incluye el otorgar garantías de seguridad para los testigos pues ha habido casos de testigos desaparecidos recientemente.

Solidaridad con América Latina

Hoy fue recordada Elizabeth Käsemann en la ciudad de Núremberg con la inauguración de una exposición titulada "Una vida en solidaridad con América Latina". Presente estuvo no sólo la familia de esta joven idealista asesinada a la edad de 30 años, sino todos los partidos políticos del gobierno municipal. "Algo muy distinto a lo que ocurrió durante los años 70 y 80 cuando los políticos del más alto nivel dieron prácticamente la espalda a la familia Käsemann", recuerda Esteban Cuya.

La familia tuvo que pagar US$ 26,000 a los militares que la asesinaron para rescatar su cadáver. Elisabeth Käsemann viajó a América Latina en 1968 y se estableció en Buenos Aires en donde apoyó el movimiento barrial y a los obreros en sus esfuerzos por una mayor justicia social. En los años 70, la estudiante de teología ayudó a personas amenazadas de muerte a huír de Argentina, facilitándoles documentos falsificados y sacándolos del país. Esta actividad fue suficiente para que en 1977 el gobierno militar del general Jorge Videla, la considerara miembro del movimiento subversivo Montonero.

Käsemann fue torturada y asesinada el 24 de mayo de 1977 en el centro clandestino de detención "El Vesubio". El hermano de Elisabeth, Ulrich Käsemann, destacó durante la inauguración de la exposición, la importancia de los derechos humanos como requisito para la paz, la justicia y el desarrollo de toda sociedad. En un momento en el que los estándares de los derechos humanos en todo el mundo parecen retroceder.

Eva Usi

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2555248,00.html

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Arg - Investigan la vinculación de medios con la dictadura

La estrecha relación que mantuvieron empresarios periodísticos con la última dictadura militar volvió a ser tratada en el Juicio por La Verdad que se sustancia en los tribunales federales de La Plata y que tiene el objetivo de determinar cuál fue el destino de los desaparecidos durante el último gobierno de facto.

Ayer fue citada a declarar quien actualmente es la directora del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, e integrante de la Liga Anticomunista Mundial, Diana Julio de Massot, la cual fue una férrea defensora del accionar de la última dictadura.
Julio de Massot, de 79 años, fue convocada por el caso de una detenida por la que intercedió ante el jefe de la Policía Bonaerense, el coronel Ramón Camps, uno de los máximos responsables del accionar represivo durante los años de plomo.
Pese al requerimiento de la Justicia, la directora de La Nueva Provincia no se presentó ya que, según informaron a Hoy distintas fuentes judiciales, adujo cuestiones de salud: que padece un cuadro de bronquitis aguda. Por eso, el tribunal podría volver a citarla para la próxima audiencia, que se realizaría dentro de 15 días.
El caso en que tiene que prestar testimonio es el de Susana Lebed, médica, militante de la Juventud Peronista y sobrina del abogado del periódico, por quien la viuda de Massot intercedió en 1976 ante Camps y Edmundo Ojeda, jefe de la Policía Federal.
Obreros asesinados
Por otra parte, según consta en los registros judiciales, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, dos obreros gráficos de La Nueva Provincia que solían realizar medidas de fuerza por reclamos sindicales, en la etapa previa al golpe de estado fueron secuestrados, torturados y acribillados por fuerzas represivas en 1976. Ambos crímenes se encuentran impunes.
Pero, en estos casos, no tiene intervención la Cámara Federal de La Plata, sino la Justicia Federal de Bahía Blanca, donde el Juicio por la Verdad se encuentra suspendido.
Otro medio en donde trabajaron obreros que fueron víctimas de la dictadura es La Gaceta de la Tarde, que dejó de existir en los años ‘80. Este medio era propiedad del director del diario El Día, Raúl Kraiselburd, a quien la esposa de Hugo Iglesias, uno de los trabajadores desaparecidos, responsabiliza por la desaparición de su esposo. “Yo sé que él tiene responsabilidad por lo que le ocurrió a mi esposo y debería tomar conciencia de lo que hizo”, le dijo Marilaff a Hoy luego de finalizar la audiencia del Juicio por la Verdad que se realizó ayer.
El caso Iglesias también está siendo investigado en el marco del Juicio por la Verdad y se espera que en las próximas semanas se presenten nuevos testigos que aportarían datos claves.

http://www.diariohoy.net/vx/verNoticia.phtml/html/268520390/

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Mayo 21, 2007

Asturias cifra en 11 los asturianos desaparecidos y dos los asesinados durante la dictadura argentina

La Agencia asturiana de Cooperación al Desarrollo cifra en 11 el número de asturianos o descendientes de asturianos desaparecidos en Argentina entre 1976 y 1983 y dos los asesinados.

El director de la Agencia asturiana de Cooperación al Desarrollo, Rafael Palacios, ofreció una rueda de prensa en la que ofreció nuevos datos de asturianos desaparecidos en Argentina y de los proyectos en materia de recuperación de información en los que la Agencia está trabajando con una inversión de 205.000 euros.

Respecto a los datos de asturianos o descendientes de asturianos desaparecidos en Argentina, Palacios señaló que se conocen tres nuevos casos que hacen un total de 11 las personas desaparecidas.

El representante regional citó el caso, recientemente conocido, de los hermanos Eleonora María y Roberto Luis Cristina Álvarez de Domínguez, ambos nietos de asturianos y secuestrados y vistos por última vez en las dependencias de la policía.

La otra persona desaparecida de la que se ha encontrado información sobre ella es Adriana Claudia Marandet Bobes, nieta de Luis Bobes, nacido en Noreña, que fue secuestrada en su domicilio en día 17 de febrero de 1977.

Respecto a los asesinados, Palacios comentó el ya conocido caso de Mario Vicente Rodríguez y el nuevo caso de Jesús Antesana de la Ribera, hijo del presidente del Centro Asturiano de Mar de Plata, que fue asesinado por el comisario Miguel Ángel Fuster.

El representante regional recordó los nombres de los ocho asturianos desaparecidos de los que ya se tenía constancia que son; Rocío Ángela Martínez Borbolla, Antonia Margarita Fernández García de Tellez, Adriana María, Ana Maria Cristina y Eduardo Franconeti, Ceferino Fernández Álvarez, Cecilia Viñas de Penino y Josefa Fernández Álvarez.

PROYECTOS EN ARGENTINA

De los proyectos en los que la institución asturiana está colaborando, Palacios se refirió en primer lugar al titulado 'Reconstruyendo memoria' que consiste, según señaló el representante regional, en 'recuperar la verdadera historia a partir de la investigación de datos'. La Agencia invierte en esta actuación 30.000 euros y por ahora están documentados 600 casos de españoles desaparecidos', dijo Palacios.

La iniciativa 'Recuperando Identidad' es otro de los proyectos en los que colabora la Agencia, con un presupuesto de 30.000 euros y que apoya la elaboración de un informe que, según señaló el representante regional, se va a publicar y tiene el objetivo de recuperar la memoria oral de cientos de personas, entre ellos, ya se han rescatado datos de 500 niños.

Palacios señaló que además ahora se trabaja en dos proyectos que son la 'Búsqueda de víctimas a través de análisis genético', con un inversión por parte de Asturias de 50.000 euros y 'Memoria, verdad y justicia', con una inversión de 50.000 euros. 'Ambas son iniciativas que pueden suponer la recuperación de identidad de muchas personas y además mostrar al mundo la realidad de las acciones realizadas en Argentina'.

El representante regional informó a los medios de una nueva actuación que es la creación de una 'Academia Nacional de Derechos Humanos en Argentina' en la que la Agencia asturiana de Cooperación va a comenzar a trabajar en los próximos días.

http://actualidad.terra.es/articulo/asturias_cifra_asturianos_desaparecidos_asesinados_1586679.htm

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Mayo 19, 2007

Arg - Repressor's daughter changes her name

• A court granted Ana Rita Pretti Vagliatti, the daughter of one of the repressors from Argentina’s 1976-83 military dictatorship, the right to change her paternal name. Her father, former police officer Valentín Milton Pretti, aka “Saracho,” headed a clandestine detention center on the outskirts of Buenos Aires.

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Si no hay justicia hay escrache

SI NO HAY JUSTICIA HAY ESCRACHE

Esta consigna nacida hace ya una década, desde la impotencia y el dolor más profundo, combinados con una certero análisis político de aquel momento cruzó a lo largo y a lo ancho nuestro país y se hizo carne en las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Aquí en Rosario, nació la COMISION DE ESCRACHE de la mano de Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas , estudiantes, trabajadores, militantes que hoy integran la UADH junto con otras organizaciones políticas.

La comisión funcionó como un espacio de acción desde donde se señalaba y se esclarecía a la comunidad acerca de quiénes eran los responsables del terrorismo de estado, sus cómplices y partícipes civiles.

La base fundamental de nuestro accionar ha sido siempre una respuesta ante la falta de justicia a pesar de la acumulación de testimonios y pruebas irrefutables presentadas por los abogados de derechos humanos ante los distintos jueces que actuaron en su gran mayoría en defensa de los genocidas y sus cómplices.

Esta forma de protesta fue asumida como propia por el pueblo todo como forma de expresar su repudio ante cualquier acto de abuso del poder.

Se convirtió en un ejercicio popular de denuncia y protesta cuando las respuestas de los gobernantes solo consiste en mirar para otro lado ante los reclamos populares, y señalar a más de un político corrupto integrante de los gobiernos que se sucedieron.

Los gobiernos que deberían dar respuestas para lo cual fueron elegidos, pero olvidan que la memoria popular perdura en el tiempo, jamás tienen en cuenta que están sentados en lugares de privilegio, gozando de esta democracia gracias a que en los peores años de la dictadura existieron organizaciones de derechos humanos que constituimos la resistencia.

Es nuestro deber denunciar que en la actualidad se intenta criminalizar al escrache como forma legítima de expresión popular.

BASTA DE RESPONDER A LOS RECLAMOS DE LA GENTE CON REPRESION.

SI NO HAY JUSTICIA SIEMPRE HABRA ESCRACHES O TODAS AQUELLAS FORMAS DE HACERSE ESCUCHAR QUE LOS PUEBLOS SABEN ENCONTRAR.

APARICION CON VIDA DE JORGE JULIO LOPEZ A CASI 8 MESES DE SU DESAPARICION.

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLITICAS ROSARIO

LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE

UNIDAD ANTIREPRESIVA POR LOS DERECHOS HUMANOS

COORDINADORA DE TRABAJO CARCELARIO

MOVIMIENTO ECUMENICO POR LOS DDHH

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Mayo 18, 2007

Arg - La FAA repudió declaraciones de Apaolaza

La Federación Agraria Argentina (FAA) manifestó su repudio a las declaraciones del dirigente bonaerense Pedro Apaolaza, quien defendiera las acciones del recientemente fallecido represor Luis María Mendía.

“Desde nuestra entidad rechazamos la absurda ‘Teoría de los dos demonios’ sostenida por Apaolaza para justificar los secuestros, torturas, homicidios y robos de bebés perpetrados por los genocidas de la última dictadura en nuestro país”, dijo la FAA en un comunicado.

Mendía se encontraba bajo arresto domiciliario acusado de asesinato, y se le adjudicaba ser impulsor de los robos de bebés en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). “Fue responsable del Plan de Contraisnsurgencia Terrorista de la Armada y autor intelectual de los llamados ‘vuelos de la muerte’, reivindicando hasta sus últimos días su accionar durante la dictadura militar. Y Apaolaza, respaldó todo esto”, agregan los chacareros
“En esos años oscuros, nuestra organización también sufrió la pérdida de compañeros federados a manos de los asesinos de Estado”, recuerda luego.
“Hoy, tras 24 años de gobiernos democráticos, observamos con indignación que el pensamiento autoritario sigue vigente en quienes defienden los actos criminales de los represores. Suponemos que Pedro Apaolaza ha hablado a título personal, puesto que sabemos que no todos los productores y dirigentes de Carbap piensan del mismo modo que su titular”, añade.
“Hay momentos en que las entidades acordamos acciones conjuntas. Pero hay otras circunstancias en que deben marcarse las diferencias: la FAA está en las antípodas del pensamiento manifestado por Apaolaza”, se remarca en el comunicado.
En ese sentido, “una vez más reiteramos nuestro rechazo al terrorismo de Estado y al genocidio que tanto daño han causado a la República”.
“Porque no todo el campo es lo mismo. Por eso, hoy repudiamos los dichos de Apaolaza y expresamos, como siempre, que nos oponemos a cualquier forma de autoritarismo y seguiremos luchando por la profundización de la democracia”, finaliza el texto de la FAA.

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Arg - A 8 meses de desaparición de López, aseguran que testigos no tienen "garantías"

Lo sostuvo una de las querellantes en el juicio contra Etchecolatz, Nilda Eloy. El albañil fue visto por última vez el 18 de septiembre del año pasado. Fue uno de los testigos clave en el juicio en el que se condenó al represor por genocidio. Organismos de DDHH se movilizarán en La Plata

Al cumplirse 8 meses de la desaparición de Jorge Julio López, el testigo en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, Nilda Eloy, una de las querellantes en la causa, sostuvo que "las condiciones de seguridad para quienes atestiguan en casos contra represores no se han modificado desde el juicio anterior".

De esta manera, Eloy se refirió a la situación de los testigos que deben declarar en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. "Siguen sin seguridad", apuntó.

En declaraciones radiales, expresó su preocupación con respecto a la desaparición de López y dijo: "Seguimos con los represores libres, sin haber modificado ninguno de los puntos que podrían transmitir seguridad real a los testigos".

Al respecto, mañana, al cumplirse ocho meses de la desaparición del albañil, organismos de Derechos Humanos y agrupaciones estudiantiles realizarán en La Plata una nueva marcha de antorchas para reclamar la aparición con vida de López, el testigo en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, condenado por genocida en septiembre pasado.

La convocatoria formulada por la multisectorial La Plata se hará a las 17 en la Plaza Moreno, frente a la Municipalidad local donde el Tribunal Oral Federal de La Plata realizó las audiencias del juicio que condenó a reclusión perpetua a Etchecolatz por delitos de lesa humanidad.

Bajo las consignas "Aparición con vida Ya de Jorge Julio López, basta de impunidad y gatillo fácil, cárcel común y efectiva a los genocidas y nulidad de los indultos", la columna marchará luego hasta la casa de Gobierno provincial.

López desapareció el 18 de septiembre de 2006 cuando debía presentarse a la audiencia de alegatos del juicio que se realizó en La Plata y que condenó a reclusión perpetua al ex director de Investigaciones de la Policía, Miguel Etchecolatz.

Al reclamo por López se sumará también el de "Juicio y castigo a los culpables del asesinato del docente Carlos Fuentealba" en la provincia de Neuquén.

http://www.diariohoy.net/vx/verNoticia.phtml/html/268519397/

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Mayo 15, 2007

Arg - Colaborador civil de la dictadura debe "bancarse" las críticas

Dos vecinos de Luján fueron absueltos por la Dra. María Laura Pardini, magistrado a cargo del Juzgado Correccional Nº 3 de Mercedes, por el delito de "calumnias e injurias", que les fuera iniciado por la querella interpuesta por Gerardo Amado, un ex funcionario del último gobierno militar.

Esta persona se sintió calumniada e injuriada por los imputados, quienes lo llamaron "sujeto servil y funcional a cuanta dictadura gobernó el país, acólito de Salaberry, cómplice de la dictadura genocida, de la que fue funcionario y fundamentalmente alcahuete, soplón", en una nota gráfica que fuera publicada por un medio de esa ciudad bonaerense.

Según se probó en el juicio oral, que se había iniciado a Santiago Lazzarini y Enrique Mestres, el querellante se desempeñó como funcionario público de destacada actuación durante los años de plomo, cubriendo cargos de relevancia en la estructura municipal y en la Universidad de Luján, en ésta como interventor.

Los testigos que depusieron en el juicio oral y público -entre otros, el intendente local Miguel Prince-, afirmaron que el ingeniero Gerardo Antonio Amado tuvo conocimiento y participación en forma directa o indirecta de hechos cometidos en contra de varios ciudadanos de la ciudad de Luján, por su actividad política y laboral.

Los testigos hablaron de allanamientos ilegales de moradas, persecución ideológica, lo que derivó para muchos en la pérdida de su empleo como sanción menor.

Así pues, la jueza hizo un análisis profundo de dichos derechos desde la faz doctrinaria y constitucional de los mismos, y hasta su faz histórica en el ámbito nacional, para luego hacerlo desde la órbita de la jurisprudencia estadounidense que fuera recogida por la Corte Nacional de Justicia, como último interprete de nuestra Constitución Nacional.

En ese sentido, Pardini determinó que quien ejerce o ejerció funciones públicas, puede ser sometido a críticas y carece de un derecho absoluto al honor por esa función.

Asimismo, se sostuvo en el fallo que las manifestaciones realizadas por los querellados no constituyen un ataque al honor del ingeniero Gerardo Antonio Amado, por más duras y horripilantes que hayan sido esas expresiones, porque las mismas tuvieron como centro la actividad funcional que aquel desarrolló como funcionario público.

http://www.0223.com.ar/detalleNoticia.php?idNoticia=7272

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Kirchner defendió su reclamo para que la Justicia avance contra los represores

Fue durante un acto para recordar las víctimas de la Masacre de Margarita Belén. "Yo no me entrometo en la Justicia. Pido Justicia y tengo derecho" a hacerlo, sostuvo. Además, pidió disculpas en nombre del Estado a las víctimas de la dictadura

El Presidente encabezó en Resistencia un acto para recordar a las víctimas de la denominada masacre de Margarita Belén y fue la primera vez que un jefe de Estado honró a los muertos en ese hecho ocurrida en la madrugada del 13 de diciembre de 1976.

Kirchner aseguró que "no" se entromete en el accionar de la Justicia, pero recordó que le corresponde a ésta avanzar en la nulidad de los indultos a ex comandantes y represores de la dictadura.

Tras inaugurar un monumento, el jefe del Estado, en compañía de su esposa, Cristina Fernández, y de algunos ministros, aclaró: "no vengo con una actitud individual, sino como expresión colectiva de la conciencia que el pueblo argentino ha tomado, gracias a Dios, sobre estos hechos".

Kirchner estuvo acompañado además, por los ministros de Interior, Aníbal Fernández, y de Planificación Federal, Julio De Vido.

En Resistencia, el mandatario fue recibido por el gobernador chaqueño, Roy Nikisch, el único mandatario radical que no se sumó hasta ahora a la concertación plural de la Casa Rosada.

El de hoy fue el primer homenaje de un presidente de la Nación a los muertos en la masacre de Margarita Belén, ocurrida en la madrugada del 13 de diciembre de 1976, durante la última dictadura militar.

El presidente Néstor Kirchner honró a los jóvenes militantes fusilados en aquel episodio, que se buscó disfrazar como un intento de fuga y enfrentamiento, en un acto que se realizará en el monumento que recuerda a las víctimas, sobre la ruta nacional 11, cerca de Margarita Belén.

Aunque la cifra nunca fue precisada con exactitud, se estiman que al menos fueron 22 las víctimas de aquella masacre, cuando en plena dictadura se simuló un traslado de detenidos políticos desde Resistencia hacia Formosa.

http://www.infobae.com/contenidos/316692-100799-0-Kirchner-viaj%C3%B3-Chaco-cr%C3%ADmenes-la-dictadura

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Mayo 13, 2007

Arg - Ordenan la detención de seis represores en Bahía Blanca

Están acusados de secuestros, torturas, homicidios y desapariciones forzadas de personas. El pedido fue realizado por un juez federal de esa localidad bonaerense, quien informó que los efectivos se desempeñaban en el departamento de Inteligencia del Comando en V Cuerpo del Ejército, en donde además funcionaba el centro de detención clandestino “La Escuelita”.

Un juez Federal de Bahía Blanca solicitó la detención de seis ex integrantes del Ejército que desempeñaron sus funciones durante la última dictadura militar en el Comando V Cuerpo acusados por secuestros, torturas, homicidios y desapariciones forzadas de personas.

Se trata del juez Federal 1, Alcindo Alvarez Canale, quien dio lugar a un pedido solicitado por los fiscales Antonio Castaño y Hugo Omar Cañón en el marco de las causas

Tras una petición realizada por los fiscales Antonio Castaño y Hugo Omar Cañón, el juez Federal 1, Alcindo Alvarez Canale envió esta semana el pedido de detención contra los seis militares que se desempeñaron en la última dictadura militar en el V Cuerpo del Ejército.

Al respecto el fiscal Castaño informó hoy a Télam que "el magistrado ordenó en las últimas horas el pedido de detención de los coroneles Aldo Mario Alvarez, Juan Manuel Bayón, Rafael Benjamín De Piano, Hugo Jorge Delmé, del teniente coronel Osvaldo
Bernardino Páez y del mayor Jorge Guillermo Streich".

“Estas personas desempeñaban sus funciones en el departamento de Inteligencia, Operaciones y Personal del Comando en V Cuerpo del Ejército, en el que además funcionaba el centro de detención denominado "La Escuelita"", agregó el fiscal.

Por su parte fuentes del Juzgado Federal a cargo de Alvarez Canale señalaron que "se enviaron exhortos al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Capital Federal y a los Juzgados Federales de San Rafael, Mendoza y San Martín de los Andes, Neuquén, ciudades donde habitualmente residen los ex militares".

"Las detenciones fueron ordenadas en el marco de la investigación por privaciones ilegales de la libertad, aplicación de torturas, homicidios y desaparición forzada de personas", agregó el vocero.

En otro orden se informó que en las últimas horas el suboficial Santiago Cruciani alias el "Tío" quien se encontraba detenido desde el año pasado en la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina fue trasladado al penal de Marcos Paz.

Cruciani de 71 años fue detenido en julio del 2006 por la Policía Federal en su casa de la ciudad de Mar del Plata tras un pedido solicitado por el juez Alvarez Canale.

El ex militar estaba procesado por su presunta participación en 65 privaciones ilegales de la libertad, 65 casos torturas, 26 homicidios y dos lesiones graves, pero una resolución judicial le había otorgado la libertad.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&dis=&sec=&idPub=&id=148933&idnota=148933

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Mayo 11, 2007

Arg - Buscarán archivos de desaparecidas en la dictadura

A pedido del Presidente del Archivo Nacional de la Memoria y Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, el máximo Tribunal entrerriano autorizó a personal de esa dependencia a examinar, en el Poder Judicial de la provincia, testimonios e informaciones que pudieren estar vinculadas con el quebrantamiento de los derechos humanos por parte del Estado Argentino, en lo que respecta a enterramientos de personas desaparecidas.

Para ello, dos abogadas de Buenos Aires examinarán de manera irrestricta y exhaustiva documentos obrantes en el Archivo y en el Centro Médico Forense referidos a identificación de cadáveres, trámites de inhumación, autopsias y partes médico-forenses producidos durante la intervención del Poder Judicial, en el período comprendido entre los años 1974 y 1983.
Las investigadoras podrán tomar anotaciones y fotografías digitales, realizar consultas, y extraer fotocopias, a los fines de dar efectivo cumplimiento al cometido del Archivo Nacional de la Memoria, con la autorización del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

http://www.eldiariodeparana.com.ar/textocomp.asp?id=120235

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Mayo 10, 2007

Buscan en Entre Ríos información sobre desaparecidos entre 1974 y 1983

Personal del Archivo Nacional de la Memoria buscará información en organismos judiciales de Entre Ríos sobre el enterramiento de personas desaparecida en el período 1974-1983.

Para ello, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia habilitó la investigación de documentos obrantes en el Poder Judicial que comprenden a aquel período de la historia reciente del país.
En ese sentido, dos abogadas de Buenos Aires examinarán de manera irrestricta y exhaustiva documentos obrantes en el Archivo y en el Centro Médico Forense referidos a identificación de cadáveres, trámites de inhumación, autopsias, abducciones y partes médico-forenses producidos durante la intervención del Poder Judicial, en el período correspondiente a los años de plomo.

Además, a pedido del presidente del Archivo Nacional de la Memoria y Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el máximo tribunal entrerriano autorizó a personal de esa dependencia a examinar en el Poder Judicial los testimonios y las informaciones que pudieren estar vinculadas con el quebrantamiento de los derechos humanos por parte del Estado argentino, específicamente en lo que respecta a enterramientos de personas desaparecidas.

De resultar necesario las investigadoras podrán tomar anotaciones y fotografías digitales, realizar consultas y extraer fotocopias con el objetivo de dar efectivo cumplimiento a la iniciativa del Archivo Nacional de la Memoria, que cuenta con la autorización del STJ de la Provincia.

http://www.eloncedigital.com.ar/secciones/general/nota.asp?id=68778

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Arg - Rechazaron las recusaciones de Bisordi contra seis integrantes del Consejo de la Magistratura

El plenario de ese cuerpo dio por terminado el planteo de "falta de imparcialidad" presentado por el titular de Casación, acusado de demorar los juicios a represores. En el caso de cinco de los consejeros, el rechazo fue por unanimidad, mientras que para Diana Conti la votación terminó 5-4 a su favor. “Yo me doy por destituido", dijo el camarista tras el debate, y reiteró que no piensa en renunciar.

El juez Alfredo Bisordi sufrió esta mañana un duro revés en el Consejo de la Magistratura. El plenario de ese cuerpo rechazó la recusación del presidente de la Cámara de Casación Penal contra seis de los 13 consejeros que llevan adelante el proceso en su contra por presuntas demoras en la resolución de causas que involucran a represores.

En el caso de Carlos Kunkel, Nicolás Fernández, María Laura Leguizamón, Marcela Losardo y Santiago Montaña, el rechazo las recusaciones fue por unanimidad, mientras que para la diputada Diana Conti, la votación terminó 5-4 a su favor.

Durante el debate estuvo presente cuestionado Bisordi, quien luego de finalizada la votación habló con Télam y dijo que “la manifestaciones de la diputada Diana Conti son la expresión de un país donde prevalece la hipocresía”. Y aclaró que con la legisladora “la enemistad es compartida”

Al ser consultado sobre si pensaba en renunciar a su cargo, dijo que no y sostuvo: “Yo me doy por destituido. Me da la impresión que este Consejo la decisión ya está tomada”.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=61740&id=148716&dis=1&sec=1

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Arg - Detienen a dos ex jefes de la Bonaerense por violaciones a los derechos humanos en la dictadura

Se trata de Pedro Ferriole y Bernabé Corrales, quienes se desempeñaron como jefe y subjefe -respectivamente- de la Brigada de Investigaciones de La Plata entre 1977 y 1979. Están acusados de homicidios, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad en el denominado "Pozo de Arana", que dependía de Miguel Etchecolatz.

El ex jefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata fueron detenidos ayer acusados de homicidios, torturas y privaciones ilegales de la libertad ocurridas en el centro clandestino de detención que funcionó en el Destacamento de Arana durante la dictadura, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Pedro Antonio Ferriole, que se desempeñó como jefe de la Brigada de Investigaciones entre diciembre de 1977 y enero de 1979 y de Bernabé Jesús Corrales, quien ocupaba la subjefatura durante ese período.

Los ex policías fueron detenidos ayer por orden del juez Federal de La Plata, Arnaldo Corazza, que investiga los crímenes y torturas ocurridas en el Destacamento de Arana, un centro clandestino de detención que dependía de la Brigada de Investigaciones.

Las fuentes explicaron a Télam que Ferriole está acusado de los homicidios calificados de Rolando Acuña, Raúl Bonafini y José Fernando Fanjul Mahia que hasta ayer permanecen desaparecidos y de la privación ilegal de la libertad y torturas de otros seis detenidos en el Destacamento de Arana.

En tanto, a Corrales se lo acusa del asesinato de Daniel Jorge Lencinas y de la privación ilegal de la libertad, torturas y tentativa de homicidio en al menos otros 20 casos de detenidos en ese centro clandestino.

Las fuentes explicaron que Corrales prestó hoy declaración indagatoria ante el juez Corazza y negó la relación existente entre la Brigada y el Destacamento de Arana, mientras que Ferriole se negó a prestar declaración.

La Brigada de Investigaciones de La Plata y el Desatacamento de Arana donde funcionaba la Dirección de Cuatrerismo de la Policía, dependían en esa época de la Dirección General de Investigaciones a cargo del comisario Miguel Etchecolatz, condenado el año pasado a reclusión perpetua por genocidio.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=61681&id=148633&dis=1&sec=1

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Mayo 8, 2007

Arg - Vuelven a denunciar amenazas a magistrados que juzgan a represores

Esta vez la intimidación fue dirigida al juez que condenó a Etchecolatz y ahora debe juzgar a Von Wernich. Se trata del presidente del Tribunal Oral Federal de La Plata, Carlos Rozansky, quien ya había sido amenazado en otras ocasiones. El viernes, determinó que el ex capellán policial sea trasladado a una prisión común.

El presidente del Tribunal Oral Federal 1 (TOF) de La Plata que condenó a reclusión perpetua al represor Miguel Etchecolatz y que debe juzgar al ex capellán de la Policía Bonaerense, Cristian Von Wernich, fue amenazado telefónicamente, informaron fuentes judiciales.

Los voceros explicaron que se trata de Carlos Rozanski, que ayer a la madrugada "recibió al menos una decena de llamados intimidatorios a su teléfono particular", por lo que esta mañana radicó una denuncia ante el juzgado Federal de La Plata, a cargo de Manuel Humberto Blanco.

Las fuentes explicaron que se investiga si las amenazas provienen de un teléfono ubicado en el interior de alguna unidad penitenciaria y si tiene relación con la decisión adoptada el viernes de trasladar a Von Wernich a una cárcel común del Servicio Penitenciario Federal.

Esta es la segunda vez que amenazan a Rozanski, ya que el magistrado fue también víctima de una carta que le llegó el año pasado a varios jueces federales que participan en procesos penales por delitos cometidos en la dictadura.

En esa oportunidad se les advertía a los jueces que "se aparten de la investigación de estos hechos y que no hagan causa común con la política del gobierno nacional de investigar las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar".

Rozanski integra junto Horacio Isaurralde y Norberto Lorenzo el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que en septiembre pasado condenó a reclusión perpetua por genocidio a Miguel Etchecolatz, el ex Director de Investigaciones y mano derecha del Jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps.

El mismo tribunal es ahora el encargado de juzgar en audiencias orales y pública al ex capellán de la Policía, Cristian Von Wernich, acusado de siete homicidios y 41 casos de pirvación ilegal de la libertad y tormentos ocurridos en la dictadura.

El viernes pasado, el TOF 1 ordenó que Von Wernich, que se encontraba preso en el edificio del Cuerpo de Policía Montada de la Federal, que sea trasladado a una cárcel común del Servicio Penitenciario Federal.

En la resolución los magistrados explicaron que el lugar donde está alojado el ex sacerdote "no sólo no reúne los requisitos legales y de seguridad sino que además cuenta con prerrogativas netamente diferenciales respecto del resto de los detenidos a disposición de este Tribunal".

Los voceros dijeron la decisión se adoptó tras un informe incorporado a la causa el 25 de abril pasado en el que se señala que Von Wernich "ocupa un dormitorio con baño compartido en la dependencia policial".

Ante esa situación, ordenó que se "traslade en forma inmediata a Von Wernich a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal apropiada a su situación procesal y que resguarde debidamente su integridad psicofísica".

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=61449&id=148037&dis=1&sec=1

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Mayo 7, 2007

Arg - Cuando la plata no logra cicatrizar viejas heridas

En Buenos Aires, Solá propuso resarcir económicamente a los padres de los desaparecidos. Querellantes rosarinos creen que con eso no alcanza.

El gobernador bonaerense Felipe Solá presentó la semana pasada un proyecto que busca resarcir de alguna manera los daños causados por la última dictadura militar a través de subsidios de alrededor de dos mil pesos para los padres de los desaparecidos entre 1974 y 1983. Si bien este proyecto abarca únicamente a la provincia de Buenos Aires, desde Rosario uno de los querellantes en las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas en la última dictadura, Juan Rivero, planteó que estos subsidios contemplan una compensación por los gastos que las familias de los desaparecidos tuvieron que afrontar para buscarlos, pero que aún quedan cuestiones de fondo por resolver para poder llegar a la justicia y la verdad a través de la memoria.

"Creo que los subsidios no aportan a la justicia y a la verdad, aportarán con respecto a los padres de los desaparecidos en la medida en que muchos de estos son muy ancianos y no tienen ningún tipo de recursos económicos y han gastado lo que han tenido en la búsqueda de sus hijos. Esta es una realidad contundente que no se puede negar, pero esto no resuelve la injusticia. Esto tiene que ver con lo que pasa posteriormente con la gente muy grande que ha dedicado su vida a la búsqueda de sus hijos y que no lo han logrado, y de alguna manera es un resarcimiento de gastos, no emocional, jurídico o político, tiene otro sentido -que puede ser aceptado o no- pero creo que lo que tiene sentido en esto es seguir en el planteo de que haya justicia", aseveró Rivero.

Así, aclaró que si bien no está en contra de que "estas personas que están en malas condiciones puedan tener, no un resarcimiento económico sino un recupero de lo que gastaron en la búsqueda de sus hijos, a esto hay que evaluarlo muy bien porque de nada valdría un subsidio vitalicio para personas que están muy bien económicamente y que tal vez a los gastos que hicieron por sus hijos los pudieron hacer cómodamente".

Diferente es el caso de aquellas familias "que no pudieron hacer todas las cosas y los pedidos porque muchas veces no tuvieron cómo hacerlo ni la plata para presentar un Recurso de Amparo, ni un Habeas Corpus, ni nada por el estilo", y acentuó: "Yo realmente no tengo oposición a esto, sí digo que no es la solución. La solución pasa por que haya justicia, que se sepa el paradero, que los desaparecidos aparezcan, que se sepan dónde están sus cadáveres, y que no haya más impunidad".

Uno de los aspectos que Rivero planteó como pendientes en el marco de la búsqueda de justicia a través de la memoria es el vinculado a la seguridad de los testigos. Así, aseguró que más allá de que a partir de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final hubo una reapertura de las causas, "en realidad, con una policía que no ha sido desmantelada de los cuadros represivos de aquella época, una policía que su escuela es represiva, no educativa, un gobierno que se cree que son los Maradona de la justicia y que en realidad sostienen esto a raja tabla, me parece que no ayuda a la seguridad de los querellantes" para denunciar los hechos cometidos durante ese período.

"En realidad -continuó- la justicia pasa por otros caminos. Pasa por una sociedad distinta, por un Estado diferente, por un pueblo expresado de distinta manera. O sea, creo que todavía no hay un estado de conciencia que resuelva el tema de la seguridad de nadie, porque en realidad nosotros pasamos de un Estado que era parte de la vida de cada uno de los ciudadanos a un Estado sin códigos donde la seguridad no existe para nadie, porque la sociedad se rompió, entonces hay que construir nuevas formas de ciudadanía desde la perspectiva de que esto crezca, se desarrolle, y crear lugares de contención para que los chicos puedan ir a la escuela, que hoy está destruida", y aclaró que si bien "a esto hay que cambiarlo, no hay ningún decreto que pueda hacerlo. Esto es un compromiso de todos de construir cosas nuevas".

Otro de los aspectos que planteó fue el concepto de libertad. "Todos los ciudadanos tenemos derecho a salud, vivienda, educación, pero para eso tenemos que tener libertad. Y la libertad no es estar suelto, sino que es sentirse plenamente en el colectivo. En el marco de los derechos humanos a estas cosas hay que plantearlas así. Estas cuestiones que hacen a las personas son anteriores a las normativas. Estoy convencido de que para construir hay que sacrificar muchísimas cosas, pero en el sacrificio con la comprensión del fenómeno de los tiempos a vivir está la libertad, está la justicia, y está la paz. No va a haber nunca paz sino es en ese plano".

Al respecto, destacó como uno de los ejes fundamentales al trabajo. "Creo que el trabajo dignifica si responde a las necesidades de los individuos. El trabajo mal pago, el trabajo de la prepotencia, el trabajo de la injusticia y la explotación, el trabajo de los grandes centros de producción del mundo no produce equidad", disparó, y remarcó que "hay una cuestión central que es la estructura represiva y política del mundo, el terrorismo estructural en el mundo pasa por Estado Unidos e Inglaterra".

Así, volviendo a los modos para cambiar esto, explicó que "no podemos pedir al presidente que resuelva el tema de los derechos humanos porque no está en él, no depende de él y no va a poder hacerlo si no estamos nosotros. Este es un tema que tiene que planteárselo cada uno, así como en la economía y en las formas de gobierno. Entonces la memoria tiene que ver con eso. La memoria tiene que rescatar, tiene que ser una máquina de expresar cosas hacia el futuro para que no nos pase más, para no cometer errores, pero también para construir las cosas en un marco nuevo".

Informe: Paula Kearney.
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-8438-2007-05-07.html

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Mayo 4, 2007

Arg - 400 desaparecidas, ¿algo habrán hecho?

Según la Organización Internacional para las Migraciones,
ese es el número de mujeres desaparecidas en 2006. De muchas se supone que están sometidas a explotación sexual ¿por qué este número no espanta?

¿Dónde están?

Supuestas tradiciones que no se discuten —como llamar a la prostitución el oficio más viejo del mundo—, flujos de dinero que se toleran como un mal menor —de los prostíbulos sale parte de la caja chica de la policía—, más la complicidad de funcionarios en las redes de trata de personas con fines de explotación sexual hacen que un número tan contundente como el que cuenta a las mujeres desaparecidas en el último año sea invisible.

Por Luciana Peker y Roxana Sandá

“Aparición con vida de las mujeres secuestradas y desaparecidas por las redes de prostitución”, reclamaron, ayer, 3 de mayo, en la Plaza de los Dos Congresos, la Red No a la Trata, la Coalición contra la Trata de Mujeres y Niñas y la ONG Mujeres Trabajando, entre otras organizaciones. La palabra desaparecidas y la consigna de aparición con vida cargan con tanto dolor y tanto peso que la necesidad de usar esas consignas demuestran la necesidad de apelar a palabras claras para que se entienda que, en la Argentina del Siglo XXI, hay esclavitud sexual de mujeres que permanecen secuestradas (sin DNI, dinero, ni vías de comunicación), torturadas (física, emocional y mentalmente) y obligadas (sin libertad, elección, autonomía, ni escapatoria), a tener relaciones sexuales con clientes de prostíbulos de los cuales no se pueden ir, ni hablar por teléfono, ni pedir ayuda y que cuentan —generalmente— con impunidad (judicial, policial o política) para funcionar.

Sin embargo, las denuncias de desapariciones todavía no han generado ni sismos institucionales ni conmoción en la opinión pública (que es lo que, la mayoría de las veces, provoca sismos institucionales) como el asesinato de María Soledad Morales, en Catamarca, o el crimen de Leyla Nazar y Patricia Villalba, en Santiago del Estero. “Es difícil admitir que hay secuestros de mujeres de manera permanente en un momento electoral y con autoridades provinciales que, seguramente, quedarían implicadas”, señala una investigadora de trata que prefiere conservar su identidad. La historiadora Fernanda Gil Lozano es categórica: “Hay un Estado que es terrorista sexual, aunque no intervenga directamente, por el silencio que impone. El dinero que maneja la red de trata cierra todas las bocas del aparato político”, remarca. Una boca que la Justicia no abre. Por complicidad o miedo. Mirta Guarino es actualmente jueza de menores de Moreno. Pero, cuando se desempeñaba como magistrada de Tres Arroyos, desarticuló una red de prostitución infantil que le costó un llamativo accidente automovilístico. Ella destaca: “Si existen estos espacios donde se obliga a las jóvenes a prostituirse es porque alguien gana dinero, paga favores, y compra silencios... Este drama devela tramas siniestros que generan mucho miedo porque el accionar que tienen estos grupos es a través del terror. Además muchos funcionarios (no solamente policiales, también judiciales) son usuarios del sistema de prostitución”. Hay algo más allá de la corrupción que habla de la sociedad argentina que no habla del secuestro de mujeres. Y es la palabra prostitución. La periodista Marta Vasallo opina sobre los prejuicios que arrinconan la trata en el mito del oficio más viejo del mundo: “La opinión pública más extendida es que siempre hubo prostitución, por algo será, no va a dejar de haber. Y, por eso, las chicas son siempre sospechadas de connivencia con sus explotadores”, subraya.

EL SUBCO

—Hola, comisaría Octava.

—Sí, campeón. ¿Ya está C. (da nombre y apellido)?

—A ver... un momento. ¿Quién habla?

—A, de... (menciona un cabaret).

—¿Cómo anda, señor A?

—¿Quién habla ahí?

—V. habla acá. A ver esperá... (consulta). Está el subco, A.

—Ah... ¿Sabés qué?, yo tengo que llevar una chica para fichar.

—¿Cómo está?

—Está rebuena.

—Uy, ¡qué los parió! Esperá, A. Le preguntamos al subco... le están preguntando. ¿Todo al pelo, por allá?

—Sí, todo muy tranquilo... acá estoy acostado con las chicas.

—Qué envidia que te tengo. ¿Cómo es que estás acostado con las chicas?

—Saluden, chicas... (se oyen voces femeninas saludando).

—(Se ríe) ¿Y de dónde es la piba esta nueva?

—De La Pampa.

—¿Cuántos años tiene?

—Acaba de cumplir quince...

—(Se ríe) ¿De qué? ¡De ancho! Che, ¿todo al pelo?

—Sí, todo tranquilo loco.

—Listo, nos vemos. Traela nomás, no te hagás problema.

Esta conversación telefónica entre un policía de Choele Choel (se trataría del oficial César Cayumil, según reveló El Diario de Río Negro) y un proxeneta (en la que, presuntamente, el subcomisario mencionado es Moisés Rodríguez) no deja dudas. Es una de las pruebas sobre la pista de trata de mujeres en la investigación por la desaparición de Otoño Uriarte, de 16 años, hace seis meses, en Río Negro. Susana Stilman, presidenta de Mujeres Trabajando e integrante de la Red No a la Trata, cree que hay un antes y un después de esta grabación. “Esta escucha demuestra la complicidad policial con los proxenetas. Y es la primera vez que esta complicidad se demuestra con pruebas concretas.” También Germán Bernales, del Centro de Derechos Humanos del Comahue, de Río Negro, valoriza las revelaciones de la investigación, pero advierte sobre sus consecuencias: “Esta conversación revela una situación clara de trata. Sin embargo, los policías implicados están separados de la fuerza, pero no imputados, como mínimo, por no ir a rescatar a una menor que estaba en un prostíbulo”.

Actualmente, los familiares de Otoño están esperando las pericias definitivas sobre el ADN del cuerpo encontrado. Pero, más allá de los resultados, y de las hipótesis de si la adolescente pudo haber estado esclavizada en un prostíbulo, si fue asesinada después de una violación (también un femicidio que no es casual que se produzca en zonas liberadas para el sometimiento sexual de las mujeres) u otras pistas, lo cierto es que esta causa reveló —como nunca antes en la Argentina— la complicidad policial con el secuestro de mujeres para esclavizarlas en prostíbulos.

En Argentina, siempre se consideró que los vueltos por las multas no escritas, las pizzas gratis, la quiniela clandestina y las coimas de los prostíbulos para funcionar sin ser molestados eran parte de la corrupción policial, supuestamente, tolerable. La caja chica no horrorizaba a nadie. Sin embargo, esa caja chica empezó a mostrar el machismo institucional cuando el fantasma del supuesto “loco de la ruta” (una leyenda para encubrir crímenes institucionales) se corporizó, en Mar del Plata, en la venganza de los policías que cobraban con la muerte a las trabajadoras sexuales que no les daban su parte de las ganancias del trabajo sexual.

En el 2007, con la revelación a todas luces del secuestro de mujeres, los prostíbulos ya no son sólo los lugares donde la exclusión empuja a muchas mujeres al filoso trabajo sexual (una situación debatida, nunca gratis, ni plenamente autónoma, pero no asimilable a la trata en donde la esclavitud sexual no es una opción revertible sino un secuestro). Los prostíbulos son hoy verdaderos campos clandestinos de concentración tolerados por la costumbre y la vista gorda. La escritora Myrtha Schalom, autora de La Polaca (la historia de Raquel Liberman, quien denunció, en 1930, a la Zwi Migdal, famosa organización de tratantes de mujeres) cree que la esclavitud sexual no es nueva, pero nunca puede ser legitimada. Ella desafía: “Mientras no haya una fuerte y sincera voluntad política de denunciar a la trilogía que sustenta el negocio de rufianes, policía y municipalidades más víctimas quedarán silenciadas”.

Para no quedarse en el duelo de la denuncia, ni en la espera de que la conmoción se produzca, Stilman propone: “Necesitamos una ley que aborde el problema de la trata de personas y un programa de atención a las victimas que incluya posibilidades de reinserción social y protección para no volver a caer en manos de las redes”. Sara Torres, de la Red No a la trata, también cree que se necesita una nueva ley, pero en una versión mejorada al actual proyecto que espera sanción en el Congreso. “Es necesario que la nueva norma que se apruebe no haga diferencias entre mayores y menos de 18 años. Y no puede exigirse a la víctima que pruebe que no prestó su consentimiento para que se configure el delito de trata. Es imposible que las víctimas puedan probar eso y los agresores (proxenetas, madamas y cafishios) van a quedar en libertad. Hay que tener en claro que a ninguna edad una persona consiente su propia esclavitud.”
1977-2007

1977: Por algo será...
2007: A ellas les gustará...

1977: Los argentinos somos derechos y humanos.
2007: En la Argentina la Justicia investiga, la policía allana y la política no ampara la esclavitud sexual de mujeres.

1977: Las Madres de Plaza de Mayo que piden por sus hijos guerrilleros y subversivos son viejas locas.
2007: Las locas de las madres dicen que sus hijas son prostitutas porque están secuestradas y no porque les gusta la vida fácil.

1977: ¿Usted sabe dónde están sus hijos ahora?
2007: Si usted no sabe dónde está su hija es porque ella se fue de su casa.

1977: Los desaparecidos están en París.
2007: Si las desaparecidas están en Madrid, ¿por qué no piden auxilio vía mail?

1977: ¿Yo? Argentino.
2007: ¿Yo? Argentino.

La opinión pública más extendida es que siempre hubo prostitución, por algo será, no va a dejar de haber. Y, por eso, las chicas son siempre sospechadas de connivencia con sus explotadores.

Fernanda Aguirre
La niña de las flores

Tres claveles. Esa fue la diferencia entre la vida y la nada de Fernanda Aguirre el 25 de julio de 2004, mientras ayudaba a su madre a traer y llevar esas flores del puesto que la familia tiene en la localidad entrerriana de San Benito. La chica, que este mes cumpliría 16 años, fue secuestrada de camino a su casa por Miguel Angel Lencina, un peón que vivía en ese pueblo, y existen sospechas firmes de que habría sido vendida para ser utilizada en redes de prostitución. El juez Héctor Toloy, que investiga el secuestro, considera que “si Fernanda está con vida es muy fácil pensar que estaría integrando una red de prostitución infantil. Es una posibilidad real”.

El 6 de agosto de 2004, días después de su detención, Lencina apareció ahorcado en la celda de la comisaría 5ª de Paraná. Su mujer, Mirta Chávez, también fue detenida y en la actualidad permanece alojada en la cárcel de mujeres de la misma ciudad, acusada de haber llamado por teléfono a los Aguirre para pedir un rescate de 2000 pesos. El tercer implicado en la causa es Raúl Monzón, primo de Lencina, procesado como partícipe secundario en el secuestro de Fernanda.

Este mes, su madre, María Inés Cabrol, volvió a exigir respuestas de las autoridades provinciales que ayuden a echar luz sobre paraderos posibles, y pidió la colaboración de testigos que puedan aportar datos. “De las autoridades espero una respuesta y que se pongan las pilas para investigar y decirme dónde está mi hija. No puede ser que no tengan nada —deploró—. Tampoco la gente quiere hablar, pero alguien tiene que haberla visto.” El panorama es oscuro: el abogado Sergio Federik, que representa a la familia Aguirre, reconoció este lunes que los cientos de llamados anónimos recibidos durante estos años nunca acercaron pistas concretas. Y el cuerpo de Fernanda se polariza en mil geografías posibles. La telaraña que se tragó a la niña crece saludable: sólo en 2006, en la Argentina hubo 476 desapariciones de mujeres.

Andrea López
El peso de la frontera

La situación del caso de Andrea Noemí López expone la carencia más pesada que arrastran las desapariciones de mujeres: la nacionalización de su búsqueda. Surge como traba inmediata la ausencia de una ley que desdibuje límites y abra caminos, pero tampoco se aprecian resultados nítidos desde la gama variopinta de organismos oficiales que dedican áreas a trata y tráfico. Algunos familiares de las víctimas hacen de esto una lectura más bien pesimista; dicen que la vasta oferta de agencias públicas no aúna, más bien disgrega los esfuerzos para hallar y asistir a las víctimas. Y la desaparición de Andrea es un espejo donde se refleja ese abanico de flaquezas.

Antes de desaparecer en La Pampa, el 9 de febrero de 2004, la mujer de entonces 24 años era obligada a prostituirse por su pareja, el boxeador Víctor Purreta, quien también acostumbraba a molerla a golpes y someterla a su voluntad, bajo amenaza de atentar contra el hijo de ambos, Carlos, que hoy tiene ocho años. De todo esto podría dar cuenta la actual jueza de Menores, Cristina Baladrón, que representara a Purreta como defensora de Estado en el juicio por proxenetismo, y que antes interviniera en una audiencia de conciliación y acuerdo entre “golpeador y golpeada”, como estipulaba la ley provincial de Violencia. En la actualidad Purreta cumple condena por “facilitación a la prostitución” y Baladrón le niega la tenencia de su nieto Carlos a Julia Ferreyra, madre de Andrea, que sólo logró obtener una guarda. El colectivo Mujeres por la Solidaridad denunció que en los límites provinciales la búsqueda se redujo a las acciones formales y que Jorge Luis Howe, el juez de la causa contra Purreta, “nunca aceptó la colaboración de los organismos nacionales”. Para Mirta Fiorucci, integrante de ese movimiento, existen indicios fuertes de que Andrea haya sido captada por una red de trata y tráfico de mujeres. “Sin embargo la policía y la Justicia no motorizan la causa. La Pampa se ha quedado callada y todo depende de la voluntad de la familia de Andrea, porque la creencia sigue siendo que debe haberse ido por propia voluntad.”

Florencia Pennacchi
Cuando la desaparición no implica delito

A la estudiante neuquina Florencia Pennacchi se la tragó la tierra con lo puesto la mañana del 17 de marzo de 2005. El encargado del edificio donde vivía junto a su hermano Pedro, en Güemes al 4700, del barrio de Palermo, la vio salir con el teléfono celular en la mano. La noche anterior había cenado con amigas y luego fue a una disco de la zona. Al día de hoy no existen indicios siquiera débiles sobre su paradero o sobre los autores de la desaparición. Sólo pesan las críticas de sus familiares, amigos y amigas hacia el desempeño del fiscal de la causa, Martín Retes, que nunca logró resultados concretos ni bifurcó su investigación ante un posible caso de trata y tráfico de personas. Según Lilén Díaz, amiga y compañera de Florencia en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Retes manifestó en varias oportunidades que “la desaparición por sí sola no constituye delito, por lo que no debería haber un expediente de búsqueda de persona en su fiscalía”. También cuestionó la actuación de policías de la comisaría 23ª, que durante los cuatro días posteriores a la última vez que vieron a Florencia “no investigaron. Era Semana Santa —recordó Díaz— y los agentes se quejaban porque los hacíamos trabajar”.

Como un caso de manual, el de Florencia Pennacchi no dejó lugares comunes por transitar: en la primera etapa de instrucción, voces de la División Antisecuestros de la Policía Federal deslizaron que habría escapado junto a un hombre a alguna provincia del país o a Río de Janeiro. Otras fuentes inflaron aún más la fábula difundiendo un supuesto consumo de psicofármacos y alcohol. Pusieron en duda su salud mental y hasta pretendieron adosarle “una vida nocturna intensa”, como si ese dato bastara para desaparecer. Valgan algunos datos extra que confirman la desidia a la hora de investigar las desapariciones de mujeres: el listado de números marcados y llamadas recibidas desde el celular de Florencia demoró meses en ser realizado. Los días previos a la desaparición, la joven hizo varias llamadas a un hombre que no pertenecía a su entorno; la Justicia logró ubicarlo, pero lo citó a declarar un año después de lo ocurrido. Los rastrillajes provinciales dejaron de hacerse hace tiempo y, obviamente, la imagen de la joven ya no empapela Buenos Aires.

Marita Verón
Todos los 3

”Pido justicia por el secuestro y desaparición de mi amada hija Marita y de todas las mujeres desaparecidas en democracia”, repite como una plegaria Susana Trimarco en las movilizaciones que encabeza los días 3 de cada mes. Es el número que cristaliza el aniversario siniestro del 3 de abril de 2002, cuando a María de los Angeles Verón, “Marita”, la capturó una banda mafiosa en Tucumán para venderla por 2500 pesos a un prostíbulo de La Rioja. Desde entonces, Susana recorrió el país, cruzó fronteras, liberó a unas cien mujeres esclavizadas para ejercer la prostitución y recibió algunos galardones que no le llenan el alma pero le abren puertas valiosas que ayuden a encontrar a su hija, como el premio Mujeres de Coraje, que le entregara en marzo la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice. Lo que Susana Trimarco logró hasta hoy, en definitiva, es un arduo trabajo de concientización para que las desapariciones de adolescentes y jóvenes dejen de figurar en los registros policiales como “fugas de hogar”, cuando en verdad se trata de secuestros organizados por circuitos de tratantes. En el camino la acompañan otros actores solidarios, como el abogado Carlos Garmendia, de la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán, que sostiene las denuncias de las víctimas y realiza un trabajo peregrino para romper la aprensión judicial. “Es un problema grave —reflexiona Susana—, porque los tratantes de personas tienen mucho dinero y poder; son capaces de comprar jueces y policías. Todos los días las mafias secuestran a una mujer en la Argentina; de hecho, Marita habría vuelto a casa hace cuatro años, pero la fiscalía de Tucumán recibió muchísimo dinero de los tratantes para desviar todas las pistas que teníamos y finalmente volvimos a perderla.”

Otoño Uriarte
Oídos sordos

En horas, el caso de Otoño Uriarte se convirtió en un cuerpo mutilado de 16 años, con campera negra de vivos verdes. La reducción a ese horror es la última metamorfosis sufrida por una causa que padeció el autismo de su carátula prácticamente inamovible de “averiguación de paradero” desde el inicio, las sospechas arrojadas sobre una relación conflictiva entre la adolescente y su familia, los juicios desvergonzados de funcionarios policiales que todavía relacionan las desapariciones de mujeres con cuestiones sentimentales, y la mezquindad de la Justicia rionegrina al recaratular tardíamente —una semana antes de que aparezca un cuerpo que podría ser el de Otoño— el caso como “privación ilegítima de la libertad”, después de que el 8 de este mes se revelaran escuchas telefónicas realizadas en la comisaría de Choele Choel que descubrieron la connivencia entre policías y proxenetas de la zona para la explotación sexual de adolescentes.

Otoño desapareció la noche del 23 de octubre de 2006, en la ciudad de Fernández Oro, donde residía con su padre, Roberto Uriarte, y su hermano, Leandro. Cursaba el secundario en el CEM 14, tenía un novio, una bicicleta roja que también se tragó la oscuridad y un celular que apareció hace menos de un mes en manos de un sospechoso reciente. Apenas veinticuatro horas después de cumplirse seis meses de su desaparición, el cuerpo de una joven, seccionado y sin manos, con una campera idéntica a la última prenda que vistió Otoño, fue hallado en el pozo de agua de una usina en Cipolletti. El nuevo fiscal de la causa, José Rodríguez Chazarreta, aguarda que el resultado de los análisis de ADN les dé una identidad a los restos. “Es muy angustiante —dice Ana Becerra, la madre de Otoño—, porque estamos buscando a una persona viva.”

“Siempre supimos que no se fue por voluntad propia, pero nunca quisieron escucharnos”, lamenta Roberto Uriarte. Al parecer, la sordera alcanza al ex fiscal de la causa, Oscar Cid, y al comisario de la ciudad, Ives Vallejos. De ambos podría decirse que ignoraron o al menos desatendieron las líneas de investigación que proponían los Uriarte y que señalaban la posibilidad de que Otoño hubiera sido víctima de una red de trata y tráfico de mujeres. Cid fue apartado de la causa luego que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro solicitara informes sobre la actuación judicial en el caso y Vallejos fue separado del cargo para que se investigue su responsabilidad en el presunto encubrimiento policial a proxenetas.

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-3334-2007-05-04.html

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Mayo 2, 2007

Arg - Solá anunció un subsidio para padres de desaparecidos en la última dictadura

El gobernador bonaerense informó que enviará la iniciativa a la Legislaltura. El proyecto abarca a los desaparecidos y muertos entre el 6 de noviembre de 1974 al 6 de diciembre de 1983, y para aquellos que no gocen de ningún beneficio de ese tipo.

El gobernador Felipe Solá anunció esta tarde que la provincia de Buenos Aires enviará a la Legislaltura un proyecto par otorgar un subsidio vitalicio a los progenitores de personas desaparecidas durante la dictadura militar y que no están alcanzados por ningún beneficio de ese tipo.

"Vamos a enviar un proyecto de ley por el cual la provincia va a otorgar un subsidio mensual y vitalicio a los padres de personas secuestradas, desaparecidas y muertas en el período que abarca del 6 de noviembre de 1974 al 6 de diciembre de 1983", sostuvo Solá.

El gobernador formuló el anunció al encabezar en la Casa de Gobierno provincial, en La Plata, un acto en homenaje a los 30 años de las Madres de Plaza de Mayo.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=60950&id=147069&dis=1&sec=1

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Mayo 1, 2007

Entrevista a marta Vázquez

“Algo superior nos guiaba”

En esta entrevista, Martha Vázquez, de Línea Fundadora, repasa los orígenes de las Madres en su 30º aniversario.

Por Adriana Meyer

“Algo superior nos guiaba, siempre digo que fueron nuestros hijos.” Así reflexionó Martha Vázquez sobre la lucha de las madres de desaparecidos, a 30 años de las primeras rondas en Plaza de Mayo. En 1996, durante una entrevista para un documental de la BBC de Londres, el marino Adolfo Scilingo le dijo que su hija María Martha estaba muerta y que había dado a luz un varón mientras estuvo cautiva en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). “Fue un enorme dolor cuando me dio a entender que había hecho ‘el vuelo’. Pero sentí cierta tranquilidad y la esperanza de buscar con firmeza a ese niño”, recordó en diálogo con Página/12. Vázquez destacó que “con este gobierno el cambio respecto de los derechos humanos ha sido muy grande”, pero le pidió a la administración de Néstor Kirchner que “obtengan las listas que aún existen, que se aceleren los juicios y que los represores vayan a cárceles comunes”.

Martha Vázquez solía entregarse a la costura en los ratos libres que le dejaban sus tareas de ama de casa. Aunque estaba acostumbrada a viajar y al protocolo diplomático derivado del trabajo de su marido, su vida cambió de manera abrupta el 14 de mayo de 1976 cuando secuestraron a su hija María Martha y a su yerno César. Esta mujer de 81 años, que desde hace tres preside Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, disfrutaba hacer de repostera en los cumpleaños de sus nietas, pero ahora pasa sus días escribiendo y leyendo sobre derechos humanos y leyes internacionales. “He luchado con ellos cuerpo a cuerpo... una mira para atrás y no entiende cómo hizo todo esto”, contó sobre los primeros días en que las Madres chocaban con la policía en la plaza, acomodada en el living de su departamento de Barrio Norte mientras junta energías para las numerosas actividades por el 30º aniversario del nacimiento de las Madres.

–¿Cómo cambió su vida desde que se llevaron a su hija?

–Completamente. Fue un vuelco enorme, vivíamos en México porque mi marido era ministro consejero en la embajada. Durante un año esperaba, se movía él. Luego empecé a hacerlo yo junto a Chela Mignone, porque nuestras hijas eran íntimas amigas que habían sido llevadas juntas por su trabajo en las villas del Bajo Flores. Tanto María Martha como Mónica eran sensibles, solidarias y humanas, lo mismo su marido, estaba casada con César Lugones. Se habían conocido haciendo este trabajo solidario misionando en Esquel. Ella era psicopedagoga y tenía 23 años, César tenía 26 y era veterinario.

–¿Cuáles fueron los primeros pasos de la búsqueda?

–Emilio (N.d.R: Mignone, fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales) y mi marido se movían, por sus conexiones. Pensamos que iban a obtener algo. No hay militar que no hayan entrevistado y nadie les decía la verdad. Un día comprendí que no podía quedarme en casa, y le dije que quería ir con él a las entrevistas, entonces íbamos los cuatro. Hasta que un día Emilio dijo ‘vayan ustedes solas’. Una vez vimos a un alto jefe de la Marina en el edificio Libertad, a principios del ’77. Fue todo una mentira, negó todo. Le dijimos que sabíamos que la Marina se los había llevado. Una salía con una sensación de fracaso enorme.

–¿Esos fracasos las motivaron a unirse y salir a la calle?

–Con otros matrimonios nos reuníamos para ver qué se podía hacer. Emilio fue el principal consejero de las Madres durante mucho tiempo. Todos hacíamos el mismo recorrido, Ministerio de Interior, capillas, regimientos, comisarías. Chela me dijo que un grupo de madres estaban yendo a la Plaza de Mayo. El primer día no hice caso, pero la segunda vez sí, y me incorporé al mes del inicio. Me vienen tantos recuerdos...

–¿Como cuáles?

–Y, las veces que hemos enfrentado a las Fuerzas Armadas en plena dictadura, cuando íbamos a la plaza y no nos dejaban pasar. En dos ocasiones he luchado con ellos cuerpo a cuerpo, me di vuelta esperando que me agarraran y el policía se fue para otro lado, estaba de civil. Se quería llevar a un muchacho joven y lo soltó cuando lo agarré de atrás. Hacíamos esas cosas muchas de nosotras. Esos hechos han contribuido a este largo caminar, es increíble que hayan pasado treinta años.

–¿Ya daban vueltas a la Pirámide?

–No, al principio nos reuníamos en la iglesia San Ignacio, de Alsina y Defensa. Ahí conocí a Azucena (Villaflor), que era una líder y por eso es que hoy no está. Al jueves siguiente fui a la plaza, y a la tercera vez vino la policía y nos dijo: “Señoras no pueden estar aquí, hay estado de sitio, más de dos personas no se pueden reunir, por favor, circulen”. Así fue que empezamos a circular, mansitas nos paramos y caminamos pero sin dar vueltas. Ya la siguiente vez fuimos al cantero frente a Casa de Gobierno, y empezamos a marchar. Había un padre, Julio Binstock, que nos contaba. Un día llegamos a ser cien. Ibamos prevenidas por si nos llevaban presas, con el cepillo de dientes en la cartera. Hasta limones teníamos, por si nos tiraban gases, y bolitas para hacer caer a los caballos.

–¿Cómo las afectó la desaparición de Azucena Villaflor?

–Fue un día terrible. No sabíamos para qué lado ir. Nos reunimos con Emilio, Augusto Conte y un grupo en una confitería de Montevideo, entre Arenales y Santa Fe, para ver qué hacer. Ellos estaban muy preocupados por nosotras. Querían que no fuéramos más, mi marido temía por mí.

–Si les hubieran hecho caso no habrían llegado a ser lo que son.

–Jamás tuvimos miedo, fuimos inconscientes.

–¿O aprendieron a convivir con el miedo para que no las paralice?

–No sé, porque nunca lo analizamos. La verdad es que afrontábamos las cosas con alegría. Había algo superior que nos guiaba, y siempre digo que fueron nuestros hijos. Cómo voy a hacer todo lo que hice, las entrevistas a nivel internacional, yo era más bien tímida (N.d.R: Vázquez tuvo un rol destacado en la aprobación de la Convención Internacional contra la Desaparición de Personas, que reconoce al terrorismo de Estado como delito de lesa humanidad).

–¿Se puede decir que tomaron las banderas de sus hijos?

–Sí, esa es nuestra mayor preocupación: reivindicar su lucha y sus valores. Por algo se los llevaron, en el mejor sentido.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-84308.html

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Abril 29, 2007

Arg - Sentencia de Nulidad de los Indultos

El texto de la sentencia de nulidad de los indultos a Gral. Videla y al Almte. Massera con relación a la condena en la Causa 13/84 está disponible en http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/nulidad1.html

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El represor Ricardo Taddei, extraditado por España, formalmente preso en Argentina

Es investigado por al menos 200 casos de secuestros y torturas; se niega a declarar

AFP

Buenos Aires, 28 de abril. El ex represor Ricardo Taddei, extraditado a Argentina desde España, quedó preso en una cárcel bonaerense tras negarse a declarar en una causa lo investiga por unos 200 casos de secuestros y torturas cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983), informó este sábado una fuente judicial.

El ex policía de 62 años fue detenido en febrero de 2006 en España desde donde se le extraditó por solicitud del juez federal Daniel Rafecas, que analiza la querella presentada por víctimas y organismos defensores de los derechos humanos.

El ex represor llegó el viernes a Buenos Aires y fue llevado ante el juez pero se negó a prestar declaración, derecho constitucional que lo asiste, precisó la fuente.

El juez ordenó su traslado a una celda común de la prisión bonaerense de Marcos Paz hasta expedirse sobre la situación procesal del extraditado, para lo cual el magistrado tiene 10 días. Dadas las pruebas reunidas en su contra, se estima que el juez encausará a Taddei, según la fuente.

Taddei es el primer represor extraditado desde la reapertura de las causas por delitos contra la humanidad tras la anulación en 2003 de las leyes de amnistía, lo que posibilitó la reapertura de cientos de causas por violaciones contra los derechos humanos.

El ex oficial de inteligencia de la policía cumplía funciones de interrogador y torturador, y recibía órdenes directamente de los jefes de los campos de concentración, según testimonios de sobrevivientes.

Según consta en el expediente, Taddei se hacía pasar por sacerdote ante sus víctimas, por lo que se lo conocía con el alias de "padre" o "cura". La gran cantidad de crímenes que se le atribuyen podría llevarlo a purgar prisión perpetua si es hallado culpable cuando se eleve la causa a juicio oral.

Con la detención de Taddei, el juez Rafecas logró la captura de todos los involucrados en la causa que investiga a acusados de crímenes de lesa humanidad en los centros de detención clandestina El Olimpo, Banco y Club Atlético, que funcionaron en la capital argentina durante la dictadura.

Se trata de nueve policías federales, cuatro gendarmes y un oficial del Servicio Penitenciario Federal, todos ellos retirados.

Entre ellos fue preso el ex subcomisario Samuel Miara, quien gozaba de libertad condicional tras la condena que se le impuso por la apropiación de mellizos, hijos de desaparecidos. La dictadura argentina dejó unos 30 mil desaparecidos y fueron robados unos 500 niños, hijos de desaparecidos, según organismos de derechos humanos.

http://www.jornada.unam.mx/2007/04/29/index.php?section=mundo&article=032n1mun

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Abril 28, 2007

Arg - Rechazan desaplazar a otros camaristas

En Casación, rechazan desplazar a otros camaristas en la causa contra un ex oficial de la marina

La Sala II de la Cámara desestimó las recusaciones de la defensa del Raúl Scheller contra los camaristas Gustavo Hornos, Amelia Berraz de Vidal y Ana María Capolupo, por supuesta "afectación de la independencia" de los magistrados. El ex oficial de la marina está acusado por delitos contra los derechos humanos durante la última dictadura militar.

Un planteo para que los miembros de la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal dejen de intervenir en una causa contra un ex oficial de la marina por delitos contra los derechos humanos durante la última dictadura militar, fue rechazado por otros jueces de ese tribunal.

Fuentes vinculadas al expediente confirmaron este viernes que la Sala II de la Cámara desestimó las recusaciones de la defensa de Raúl Scheller contra los camaristas Gustavo Hornos, Amelia Berraz de Vidal y Ana María Capolupo, por supuesta "afectación de la independencia" de los magistrados, debido a denuncias en su contra.

En la misma resolución los camaristas de la Sala II del tribunal, Juan Fégoli, Pedro David y Gustavo Mitchell, rechazaron las excusaciones que, por haberse dudado de su imparcialidad, presentaron Hornos y Berraz de Vidal luego de ser recusados.

"La integridad de espíritu, la elevada conciencia de su misión y el sentido de responsabilidad que es dable exigir a los jueces, los colocan por encima de las afirmaciones de algunas de las partes", indicaron Fégoli, David y Mitchell.

El pedido de apartamiento lo formuló la semana pasada el abogado de Scheller, Alfredo Solari, quien señaló que por las denuncias que soportan los camaristas, no tiene asegurada la "garantía de imparcialidad" de los magistrados.

Solari pidió el apartamiento de los camaristas el 18 de abril último, minutos antes de la hora fijada para una audiencia en la que la defensa de Scheller debía exponer sus argumentos contra la reapertura de la causa por delitos contra los derechos humanos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

El planteo de Solari provocó la suspensión de la audiencia en el más antiguo de los casos que llegó a la Cámara de Casación luego que, en agosto de 2003, el Congreso Nacional anulara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

La Sala IV está integrada por Hornos, Capolupo y Berraz de Vidal, pero por excusación de esta última, en las causas contra ex represores integra el tribunal el también camarista nacional de casación penal Eduardo Riggi.

Hornos, Capolupo, Riggi y el presidente del tribunal, Alfredo Bisordi fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por demorar el trámite de causas contra represores y excarcelar a procesados por ilícitos como desaparición forzada de personas, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos.

Scheller, ex capitán de navío, de 62 años, quien lleva detenido con prisión preventiva casi un lustro, afirmó, a través de su defensor, que existe un "grave atentado contra la independencia de los magistrados" de la Cámara y que según su criterio éstos "no están en condiciones de ser garantía de nada".

Scheller pretende que la Cámara declare que la causa en su contra es "cosa juzgada", porque de acuerdo a su defensa "así lo decidió en 1989 la Corte Suprema de la Nación".

Los pedidos de remoción contra los camaristas de casación fueron presentados semanas atrás ante el Consejo de la Magistratura por 62 damnificados y familiares de víctimas de delitos contra los derechos humanos durante la última dictadura militar.

Scheller -había expresado su defensa- "no tiene asegurada la imparcialidad si quienes tienen que resolver son los jueces denunciados y con pedido de destitución por parte de quienes actúen como querellantes en su contra".

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=60555&id=146268&sec=1&dis=1

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Entrevista aHebe de Bonafini

“Todas pedimos por todos, por eso los pañuelos no tienen nombres”, dijo Hebe

Al recordarse el 30 de abril los 30 años de la creación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, su titular hizo un repaso del significado que para ella tiene esta lucha por conocer el destino de sus seres queridos.

La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, agradece los homenajes y el afecto que reciben de todo el mundo y confiesa, con tristeza, que muchas veces se pregunta "por qué nosotras sí, y nuestros hijos no...?", al recordarse el 30 de abril los 30 años de la creación de la agrupación.

Hebe de Bonafini, de 79 años, tiene dos hijos y una nuera desaparecidos. Del mayor, Jorge, no sabe nada desde el 8 de febrero de 1977, Raúl desapareció el 6 de diciembre de ese año y en mayo del ’78 desapareció su nuera.

En una entrevista con Télam, Bonafini hizo un repaso de los últimos 30 años y del significado que para ella tiene esta lucha por conocer el destino de sus seres queridos.

-¿Qué significado tiene este aniversario?

-Tiene que ver con la consigna que elegimos: "Hasta la victoria siempre, queridos hijos" y esto es así, es siempre -subraya- y sintetiza muchas cosas, además de significar 30 años de vida venciendo a la muerte.

-¿Qué sentimientos encierra para usted la fecha?

-Aunque el recuerdo sea doloroso y no hay nada que lo haga pasar, lo vivimos como un momento victorioso, porque los hemos reivindicado como revolucionarios y los hemos sacado de la calificación de "terroristas", además de lograr la socialización de maternidad, donde ninguna madre pide por su propio hijo: todas pedimos por todos, por eso los pañuelos no tienen nombres.

-¿Cómo reaccionó frente a la desaparición de su hijo Jorge?

-Nunca me quedé, desde febrero todo lo anotaba y lo guardaba, me costaba mucho escribir, porque fui poco a la escuela, pero igual lo hacía, escribía cartas con apellidos extranjeros, y las escribía como los oía. Cuando mi hijo Raúl me llama para encontrarnos en el Hospital de Niños y me dice que Jorge había desaparecido, estaba, afeitado, sin barba, sin pelo, pálido y me dijo que tenía que hacer un hábeas corpus... yo nunca había escuchado eso.

-¿Qué hicieron entonces?

-Fuimos a la casa de un pariente que era abogado y sin dejarnos entrar a su casa, no nos quiso decir cómo se hacía. Entonces, en un pedazo de papel que teníamos para envolver churros, hice el primer hábeas corpus, todavía lo guardo porque hice dos iguales, y allí conté todo lo que había hecho desde la desaparición de Jorge el 8 de febrero de 1977.

-¿Cómo fueron los pasos siguientes?

-Empezamos a pensar a quién íbamos a ver, y sin saber por qué, mi marido y yo terminamos en Luján, un viaje sin sentido, llevados por la desesperación. Alquilamos una habitación, y los tres nos pescamos sarnilla en un hotel mugriento, porque no teníamos dinero, y nos volvimos a La Plata. A partir de ahí, recorríamos comisarías, cuarteles, cárceles, todos los días desde la mañana a la noche.

-¿Conocían la actividad política de sus hijos?

-Sabía porque traían compañeros a la casa y se quedaban unos días; después aprendí a darles una mano y los sacaba y llevaba al trabajo y después mi marido los iba a buscar, porque sabía que corrían peligro. Había códigos, por ejemplo, sabíamos que no teníamos que dar los nombres, pero mi marido siempre saludaba al que venía con un "Bonafini a sus órdenes", él no aprendía a negar datos, en cambio María Alejandra, que tenía 10 años, era muy reservada, ella veía a su hermano con frecuencia, pero yo nunca supe el lugar donde se encontraban.

-¿Cómo vivió la desaparición de su segundo hijo?

-Raúl ya había pasado a la clandestinidad, teníamos desesperación por la desaparición de Jorge y por el destino que podía seguir él. Sólo lo veía María Alejandra, que nunca dijo dónde lo veía. La última vez que lo vi, en setiembre, me dijo que ya no nos íbamos a ver más, y así fue.

-¿Cómo se maneja el miedo en esas instancias límites?

-Cuando a uno le pasa lo peor, ya no tiene miedo y nada peor puede pasar que perder un hijo. El miedo es una consecuencia de los que piensan en su cuerpo, pero con una familia unida como era la nuestra, eso no ocurre.

-¿Supo de sus hijos mientras estaban secuestrados?

-Alguna información recibí, por ejemplo, cuando estaban en campos de concentración separados, un abogado que los vio me contó que los dos le decían ’mi mamá va a revolver cielo y tierra hasta encontrarnos’.

-¿Cómo fue su primer contacto con Azucena Villaflor?

-Un día me encontré en un tren con una madre de un preso político que me dijo que el sábado (30 de abril) un grupo de madres había ido a la Plaza de Mayo y que se volverían a juntar el viernes siguiente. Y allí estuve y nunca más falté.

-¿Y qué pasó ese viernes?

-Fui con temor, sin conocer a nadie, pero hubo dos figuras en la Plaza que me impactaron: María Adela (Antokoletz) y Azucena (Villaflor), ellas se arrimaron de otra manera, tenían mucho carisma y me preguntaron si había hecho algo, un hábeas corpus, por ejemplo. Así fue como me integré y empezó este compromiso por nuestros hijos.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=60555&id=146312&dis=1&sec=1

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Abril 26, 2007

P12: Programa del Ejecutivo para Coordinar los Juicios

Para agilizar y prevenir

El gobierno nacional pondrá en marcha en los próximos días un programa especial que coordinará todas las dependencias del Poder Ejecutivo nacional que intervienen en la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y en la protección de los testigos de los juicios contra los represores. Se tratará de un organismo que dependerá de la Jefatura de Gabinete.

El programa surge, por un lado, a raíz de la desaparición Julio López, testigo central en el juicio contra Miguel Etchecolatz y las amenazas y amedrentamientos sufridos por otras personas que deben declarar en los juicios. Pero además, se debe a la apertura de cientos de procesos contra represores que se realizaron a partir de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

La idea del gobierno es que haya una sola dependencia del Poder Ejecutivo que se encargue de todas las tareas relacionadas con estas investigaciones y sea el nexo con el Poder Judicial. Así, a través de este programa se canalizarían los pedidos que los jueces o fiscales encargados de estos casos hacen al Gobierno, ya sea una petición a las diferentes fuerzas de seguridad (policías de las diferentes provincias, policía federal, gendarmería o Side) o una solicitud de reasignación de recursos.

Uno de los objetivos de esta unidad, que se relaciona con un reclamo de los organismos de derechos humanos como el CELS, será la de procurar agilizar, en lo que competa al Poder Ejecutivo, los juicios contra los represores, por ejemplo, cubriendo las vacantes de los juzgados que se ocupan de estos temas. En este aspecto el nuevo organismo trabajará en colaboración con la Procuración General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría General de la Nación y el Consejo de la Magistratura.

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P12: El próximo paso es la Corte Suprema

Aunque no tiene un cronograma estricto, es posible que el máximo Tribunal no demore mucho en dar vuelta definitivamente el tema de los indultos. El procurador ya está trabajando en ello, aunque no en el caso sobre el que ayer se expidió la Cámara Federal. Los argumentos que manejan para fundamentar el fin de la impunidad.

La decisión de ayer de la Cámara Federal es un nuevo avance tendiente a desmoronar la trama de impunidad armada por sucesivos gobiernos democráticos. El círculo se cerrará cuando la Corte Suprema, como todo lo indica, ratifique el criterio sentado ayer: los indultos decretados por el entonces presidente Carlos Menem son nulos y contrarios a la Constitución nacional. El fallo respectivo no recaerá en el expediente sentenciado ayer sino en otro, que tiene su trámite más avanzado.

Se trata del expediente caratulado “Mazzeo, Julio”, nombre de un represor que ostentaba el grado de general. Pero el indultado es el represor Santiago Omar Riveros. La Sala Penal II de la Cámara de Casación declaró inconstitucionales el respectivo indulto y el acusado presentó recurso extraordinario ante la Corte.

El trámite espera el dictamen del procurador Esteban Righi, que no demorará demasiado, confidencian en Tribunales, quizás una semana, eventualmente unos pocos días más.

El indulto es una facultad presidencial conferida por el artículo 99 de la Constitución. Es una potestad muy amplia, que le permite perdonar, dejar sin efecto la pena, esto es, intervenir respecto de la máxima potestad de los tribunales, la cosa juzgada. Una prueba de que la división de poderes no es un mundo de compartimientos estancos sino un complejo juego de equilibrios y contrapesos.

¿Es posible que una facultad amplísima, no sujeta a deliberación previa ni a la aprobación de los otros poderes del Estado, pueda ser considerada nula? El indulto es una institución presidencialista, heredera no tan remota de las prerrogativas de los monarcas. Y, con todo, no es una facultad absoluta. Ningún derecho, ninguna facultad lo es en materia constitucional. El artículo 28 de la Constitución fija un criterio central: “Los principios, garantías y derechos reconocidos (...) no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”. El vocablo “leyes” es genérico e incluye a otro tipo de normas, por ejemplo, los decretos presidenciales.

La pregunta que se formularon ayer los camaristas y que muy pronto reprisarán los cortesanos –explica un magistrado muy cercano a la Corte– no es si un Presidente puede indultar sino si puede hacerlo en cualquier caso. No si son legales los indultos en forma general sino si lo fueron “esos” indultos. Hay crímenes que, sencillamente, no se pueden indultar, tal como subrayó la Cámara Federal.

La previsible decisión de la Corte en igual sentido puede basarse en dos ejes argumentales, no excluyentes.

Uno es el rango superior que van adquiriendo, en el derecho de gentes, los crímenes de lesa humanidad, cuya dilucidación y condena es un objetivo de la comunidad internacional. Las Convenciones Interamericanas sobre derechos humanos, incorporadas a la Constitución por la reforma de 1994, marcan límites muy férreos a la posibilidad de amnistías, perdones, conmutaciones o indultos.

Al mismo tiempo hay otro camino, más atento al derecho doméstico. Es una interpretación celosa del texto constitucional. Su artículo 29 prohíbe la “concesión de facultades extraordinarias o la suma del poder público”, la generosa potestad de indultar no se sustrae a la regla general. Aunque el dictamen del Procurador está en etapa de redacción, allegados cercanos a Righi dicen que le importa mucho desarrollar ese hilo argumental. Centrar la justificación de la inconstitucionalidad en el derecho escrito argentino. Indultar delitos de lesa humanidad, propondrá el dictamen, no está incluido en la amplia gama de facultades del Ejecutivo.

El procurador no tiene un plazo legal perentorio para expedirse, pero en sus oficinas reconocen que la sentencia de ayer le aceleró los tiempos.

La Corte Suprema tampoco debe ceñirse a un cronograma estricto, pero es posible que no demore mucho el pronunciamiento en un tema que muchos de sus actuales integrantes tienen bien estudiado. A su manera, manejando sus tiempos, el poder judicial irá poniendo fin a la impunidad del terrorismo de estado, coronando años de lucha de los organismos de derechos humanos.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/84095-27014-2007-04-26.html

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Extienden a Misiones investigación por desaparecidos correntinos

Un abogado de Paso de los Libres se hará cargo de la causa de secuestro en Virasoro de Neri Pérez durante la dictadura. Más de 15 abogados se apartaron por distintas razones

El abogado de Paso de los Libres Tomás Chalup aceptó actuar en la causa por la desaparición del sindicalista Neri Pérez en Virasoro, durante la dictadura militar. Desde que el hijo del desaparecido presentó la denuncia, todos los jueces de la jurisdicción se habían excusado, aduciendo causales establecidas en el Código Penal, entre ellos, el juez federal Juan Ángel Oliva, quien justificó su apartamiento por parentesco

Por competencia territorial, el Juzgado Federal de Paso de los Libres extiende la investigación hasta Misiones ante posibles pistas del desaparecido en esa provincia.

En diálogo con La República, Chalup expresó que luego del sorteo de los jueces fue designado para actuar en la causa de desaparición del trabajador de Virasoro, durante la última dictadura militar. Antes que Tomás Chalup, 15 profesionales, entre jueces y abogados, fueron sorteados para tomar la causa, pero se negaron a hacerlo a través de sucesivos apartamientos.

Argumentaron para esto, algunas de las causales que establece el Código Penal relacionadas con parentesco, distancias y otras circunstancias. Jorge Catalino Pérez es hijo del gremialista secuestrado, y fue quien realizó la denuncia. Pero según Tomás Chalup, el querellante fue citado a declarar pero no se presentó a la audiencia. Por ello, se fijó una nueva para el 15 de mayo.

Se desconocen otros testigos o eventuales querellantes, ya que solamente se presentó la denuncia. Según el texto, Pérez conoce detalles de la desaparición de su padre e indicó posibles lugares en donde podría estar enterrado. Uno de ellos sería un cementerio privado en Misiones.

El inconveniente para que la investigación avance sería que el principio está fundado solamente en los dichos del hijo de la víctima, y está respaldado por ningún organismo como querellante.

Al mismo tiempo, hay fuertes indicios de que Neri Pérez habría sido llevado a un centro clandestino de detención en Posadas, Misiones, hecho que investiga el Juzgado Federal de Paso de los Libres en esa provincia. Según algunos testimonios de otros detenidos durante dictadura, afirman que estuvieron junto al gremialista durante sus detenciones, por lo cual allí la investigación adquiera mayor fuerza que en Corrientes.

Datos

La causa Pérez se abrió por la denuncia del peón Jorge Catalino Pérez, cuyo padre, Neri Pérez, trabajó desde 1968 en Las Marías, en Virasoro. Pérez era delegado de los tractoristas ante la Federación de Trabajadores Rurales. Fue secuestrado el 4 de julio de 1977. Ese día le habían dado franco, algo que sorprendió a su familia. “A la casa llegaron efectivos del Ejército, que se llevaron detenido a mi papá sin presentar orden judicial. Desde ese día no lo volvimos a ver”, señaló Catalino.

Fuente: La República

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Abril 25, 2007

Procesaron en Catamarca a un militar por una desaparición en la dictadura

(AW). La Justicia Federal de Catamarca procesó al jefe de Inteligencia del Regimiento de Infantería 17 de Catamarca, teniente coronel Darío Otero Arán, por la desaparición de Francisco Gregorio Ponce, perpetrada el 6 de abril de 1976.

Buenos Aires, 25 de abril de 2007 (Agencia Walsh). La Justicia Federal de Catamarca procesó al jefe de Inteligencia del Regimiento de Infantería 17 de Catamarca, teniente coronel Darío Otero Arán, por la desaparición de Francisco Gregorio Ponce, perpetrada el 6 de abril de 1976.

El militar, que está detenido desde el 20 de marzo en una unidad del ejército en La Rioja, fue procesado por el delito de "encubrimiento agravado de desaparición forzosa" de Ponce.

El juez federal Ricardo Moreno entendió que "no se pudo determinar la participación directa y material" de Otero Arán en la desaparición de Ponce, aunque sí que el militar conocía el hecho y por su condición de integrante de la plana mayor del Regimiento y funcionario público "no comunicó ni denunció la grave situación".

Además del caso de Francisco Ponce, el magistrado investiga el secuestro y desaparición de su hermana Griselda Ponce y del primo, Julio Genaro Burgos Ponce, ocurrido entre abril y diciembre de 1976 en la capital catamarqueña.

En la misma causa se encuentra procesado y con prisión domiciliaria el general Carlos Lucena, quien fuera interventor de la provincia cuando ocurrieron los hechos que se investigan.

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Un represor de la dictadura es extraditado desde España

(AW). Ricardo Taddei, acusado de aproximadamente 200 secuestros y torturas durante la última dictadura, llegará el viernes al país desde España, con lo que se convertirá en el primer represor en ser extraditado desde la reapertura de las causas por delitos de "lesa humanidad".

Buenos Aires, 25 de abril de 2007 (Agencia Walsh). Ricardo Taddei, acusado de aproximadamente 200 secuestros y torturas durante la última dictadura, llegará el viernes al país desde España, con lo que se convertirá en el primer represor en ser extraditado desde la reapertura de las causas por delitos de "lesa humanidad".

Está previsto que Taddei arribe al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a primera hora de la mañana, a bordo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas y custodiado por efectivos de INTERPOL, informó la agencia Télam.

Taddei se convertirá, entonces, en el primer represor extraditado" desde la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad, tras la derogación y nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final.

Una vez en el país, el ex jefe policial y coronel del Ejército será conducido a los tribunales de Comodoro Py 2002 de esta Capital, donde será indagado por el juez federal Daniel Rafecas tras lo cual, según se indicó, será enviado al penal de Marcos Paz.

Taddei, conocido como "el Padre" o "Cura" en su actuación en los centros clandestinos de detención que funcionaron durante la dictadura, está imputado de al menos 188 casos de gravísimas violaciones a los derechos humanos.

Tras 18 años en la Policía, Taddei se incorporó al Ejército –con el grado de coronel– y se desempeñó en los centros clandestinos de detención conocidos como "Club Atlético", "Banco" y "Olimpo" donde cumplía funciones de "secuestrador, guardia, interrogador y torturador".

En febrero de 2006, Rafecas dictó la prisión preventiva de Taddei y la notificó a la justicia española que logró su captura en una vivienda madrileña en la que había buscado refugio en 1985. Luego se dispuso el traslado a un penal desde el que embarcará rumbo a la Argentina.

A Taddei también se le imputa participación en el secuestro de Osvaldo Sivak, en 1979, integrando una organización de la que también participaba Raúl Gulielminetti, alias "mayor Guastavino", otro represor detenido con el que volverá a encontrarse, luego de dos décadas, en el penal de Marcos Paz.

En "el Olimpo" el ex miembro de los grupos de inteligencia de la última dictadura actuaba, entre otros, junto a Julio "el turco Julián" Simón, el primer represor y torturador condenado a 25 años de prisión, en agosto de 2006, tras la reapertura de las causas luego de la derogación de las leyes de impunidad.

Tanto la condena de Simón, hace ocho meses, como la extradición de Taddei ahora, fueron posibles por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró nulas las leyes de impunidad aprobadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

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Argentine pardons declared unconstitutional

A federal criminal court in Argentina has declared that the pardons against former junta leaders Videla and Massera are unconstitutional, for violating norms of international law (Argentina's duty to investigate and prosecute human rights violations - this is on par with the Supreme Courts decision to nullify the amnesty laws). The rest of the junta leaders to which the decision would apply are dead. The court ruled that the sentence against them should be reinstalled. Videla is currently under house arrest for his role in the Condor Operation, while Massera has a decree of incapacity, as his physical condition does not allow him to assist on his defense. This decision, however, will apply to him as well.

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Argentine company ordered to pay reparations to victim of forced disappearance

The Siderca company, belonging to the Techint Group, was ordered by the Buenos Aires Supreme Court to pay damages to the wife of a union delegate who was disappeared on his way home from work during the dictatorship. The court found the company liable under the work accidents law. Human rights activist consider this an important precedent, as many union leaders were disappeared after their companies turned them in to the military.

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Abril 24, 2007

Arg - Víctimas de la dictadura realizaron el segundo Encuentro Memoria y Justicia

Familiares y víctimas de la dictadura se reunieron en Pergamino.

El último fin de semana se realizó el segundo Encuentro por Memoria y Justicia que nuclea a familiares y víctimas del terrorismo de Estado en el norte de la provincia de Buenos Aires, entre los que se cuenta la familia Amestoy de Nogoyá, asesinados en noviembre de 1976 en San Nicolás. De la reunión participaron integrantes de la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) Regional Rosario, funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de Buenos Aires y el fiscal subrogante del Juzgado Federal de San Nicolás, Juan Murray, entre otros.

Entre las 11 y las 17 se debatió en el encuentro que tuvo lugar el sábado 21 de abril en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense de Pergamino, organizado por los Autoconvocados por la Memoria y los Derechos Humanos de esta ciudad.

Al encuentro concurrieron familiares de desaparecidos y varios testigos y querellantes en las causas que se tramitan por los juicios contra los delitos cometidos por el terrorismo de Estado, según se informó a ANALISIS DIGITAL.

Familiares, testigos y querellantes plantearon sus inquietudes y se actualizaron en relación a la marcha de las causas judiciales, con el asesoramiento brindado por el fiscal Murray y de las abogadas de HIJOS Rosario, Ana Oberlin y Nadia Schujman. En tanto, docentes y militantes populares propusieron acciones sobre dos para impulsar la memoria a través de la publicación de un boletín y articulando trabajos con el Programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial.

Por último, también se plantearon algunas experiencias sobre cómo continuar con las tareas de investigación y se acordó establecer mecanismos de consulta e intercambio de información relacionada con las historias de vida de los compañeros desaparecidos, al igual que cruzar hipótesis en cuanto a los circuitos represivos.

http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=57035

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Arg - Desaparecidos: una causa ya tiene juez

Un abogado de Paso de los Libres se hará cargo de la causa de secuestro de Neri Pérez durante la dictadura. Más de 15 abogados se apartaron por distintas razones

Por competencia territorial, el Juzgado Federal de Paso de los Libres extiende la investigación hasta Misiones ante posibles pistas del desaparecido en esa provincia.

El inconveniente para que la investigación avance sería que el principio está fundado solamente en los dichos del hijo de la víctima, y está respaldado por ningún organismo como querellante.

Datos

Fuente: La República
http://www.mega24.com.ar/enlace.php?idn=19319

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Abril 23, 2007

Arg: Curso de Capacitación Docente: Historia y memoria

Secretaría de Derechos Humanos Comisión Provincial por la Memoria
CTA Lomas de Zamora

Curso de Capacitación Docente

Aprobado por la Red Federal de capacitación docente – DGC y E. (Dictamen 6547, Resolución 2621).

La enseñanza de la dictadura militar:
Historia y memoria

A través del análisis del período 1976-1983 nos proponemos reflexionar y avanzar en la elaboración de estrategias de enseñanza sobre un proceso histórico que en virtud de su fuerte connotación ética y política en el presente y la naturaleza extrema de la experiencia histórica marcada por el terrorismo de Estado y la desaparición de personas plantea desafíos específicos.

Destinado a docentes de ESB, Polimodal, Media y Artística con los siguientes códigos: GS, 3W, 3X, 3Y, 4W, 3D, 3E, HIL, HIS, DHC, ECS, PFP, PPA, PPE, PFM, PMA, PMS, PFE, PDA, PDE, PFT, PTA, PTS.

Puntaje: 0.40

DURACIÓN: 45 hs cátedra (30 horas reloj)

MODALIDAD DE CURSADA: Presencial.

Sábados 5, 12 y 19 de Mayo de 9 a 19 hs (INTENSIVO)

VALOR: $30

LUGAR: E.E.M N° 13 AV. HIPÓLITO YRIGOYEN 9428, LOMAS DE ZAMORA

Informes e inscripción: Viernes de 19 a 20 hs en CTA Lomas, Fonrouge 301 (esq. Pueyrredón) Lomas de Zamora.

Consultas por mail: ddhhctalomas@gmail.com

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Abril 21, 2007

Argentina Refuses to Extradite Videla

BUENOS AIRES, Argentina (AP) -- Argentina will not send former junta
leader Jorge Videla to Germany to face charges in the abduction and
murder of a German woman during the South American nation's Dirty War.

A criminal law court on Tuesday rejected Germany's extradition request
for Videla, wanted in the March 1977 kidnapping and killing of activist
Elisabeth Kaesemann. The court ruled crimes committed in Argentina are
first subject to its judiciary.

In the past, denying extradition effectively thwarted prosecution, but
the repeal in 2005 of long-standing amnesty laws opened the door to a
landslide of cases.

Prosecutors say Kaesemann, a 30-year-old sociologist, was abducted by
state agents acting at the behest of the military. She was reportedly
active in student and human rights issues early in the 1976-1983
dictatorship as the state waged a Dirty War against dissent.

Nearly 13,000 people are reported officially as dead or missing from
seven years of junta rule, but human rights groups say the toll is more
than twice that.

''The case for which Videla's extradition is being sought is the subject
of investigation and prosecution in the Argentine republic,'' the court
said in a statement, adding that Argentina reserves the right to try
''crimes against humanity'' committed on its soil.

After her March 1977 abduction, Kaesemann was last reportedly seen alive
two months later at the clandestine ''El Vesubio'' detention center in
the capital.

Her bullet-riddled body was later found dumped on the outskirts of
Buenos Aires. The de facto government originally claimed she had been
killed in an armed clash between security forces and ''subversive
elements.''

Kaesemann's parents filed suit in a German court against Videla,
charging he was responsible for her death and demanding he be tried in
Kaesemann's homeland.

Videla is currently under house arrest in Argentina while being
prosecuted in several investigations of human rights violations of the
era.

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Abril 20, 2007

Antonio Bussi fue beneficiado con el arresto domiciliario

El juez federal Jorge Parache lo autorizó hoy a abandonar el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, donde había sido alojado, basándose en “razones de edad y de salud”. El militar cumple prisión preventiva por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

El juez federal Jorge Parache autorizó hoy al represor Antonio Bussi a cumplir la prisión preventiva que pesa sobre él por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, bajo la forma de arresto domiciliario.

La disposición está contenida en una sentencia dictada el 28 de diciembre último por la Cámara Federal de Apelaciones, que le concedió ese beneficio "por razones de edad y de salud" y lo habilitó para abandonar el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, donde había sido alojado.

Telam

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Abril 19, 2007

Familiares de Desaparecidos Tucumán cuestionan fallo de la Cámara de Apelaciones

FADETUC emitió un comunicado en el que sienta posición sobre el dictamen de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán en el caso de una arquitecta que fuera acusada de ser participe en actos de torturas sobre por lo menos dos detenidos desaparecidos, según testimonios.Las contradicciones de la sentencia.

La mujer, Leoni Susana Auad, está desde hace un año y medio con prisión preventiva según lo dispuso en su momento el Juez Federal Jorge Parache, tras las presentaciones formuladas por la querella de Adelaida Carloni de Campopiano y Ana Falú, por la desaparición de Julio Cësar Campopiano y Luis Falú, respectivamente. La abogada de la querella es Laura Figueroa y el fiscal de la causa, el Dr. Emilio Ferrer.

FADETUC expresó su malestar y “franco repudio” a la sentencia en la que, según la organización, hay contradicción ya que “dictamina y conceptúa a Leoni Auad como víctima y torturadora simultáneamente, desestimando las pruebas testimoniales de los sobrevivientes de los campos de exterminio que permiten caracterizarla como esto último”.

La Asociación de Familiares considera “incomprensible que la mencionada Cámara no posea un criterio claro y ajustado a los lineamientos de los Tratados y Pactos Internacionales, que fueron asumidos por nuestro país y figuran en nuestra Constitución Nacional, para el análisis y juzgamiento de esta causa por violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco del por el Terrorismo de Estado”.

En otro párrafo se sostiene que “el Genocidio orquestado desde el Estado conformó un vasto aparato represivo, clandestino e ilegal, con miembros civiles y militares que acordaron un Pacto de Silencio firmado con sangre”. En ese contexto FADETUC, rescata la “heroica decisión de aquellos que pudieron sobrevivir de los campos de exterminio, de aportar información acerca del horror vivido y datos de aquellos que compartieron su cautiverio nos dan pruebas e indicios de lo ocurrido” en relación a los testimonios presentados por varios detenidos desaparecidos que presenciaron diversos acciones de lo que podría ser descripto como “colaboraciones” de Auad en interrogatorios, sesiones de tortura y contribuía a mantener situaciones de privación ilegítima de libertad. Nos preguntamos –dicen los familiares de desaparecidos—“ ¿cómo es posible que la Cámara Federal de Apelaciones deseche el valor probatorio de esos testimonios? Lo consideramos una falta de consideración y respeto hacia aquellos que tienen grabado en su memoria, esos aciagos momentos. Recordar significa vivenciar nuevamente el horror de la tortura, recordar requiere de una solidez en sus convicciones, manteniendo en alto sus valores, aportando en la búsqueda de la Verdad y lograr la Justicia para los que no pudieron escapar de la acción criminal de los genocidas.”

Con relación a la sentencia de la Cámara, tanto la querella a cargo de Laura Figueroa como la Fiscalía General Federal a cargo de Antonio Gómez interpusieron sendos recursos de Casación y es la misma Cámara Federal de Apelaciones la que deberá darle trámite a esta elevación. Tanto Figueroa como Gómez ya hicieron reserva de Caso Federal.

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Renuncia fiscal que colaboró con la dictadura

Por @DIN - Wednesday, Apr. 18, 2007 at 9:00 PM
adin.noticias@gmail.com

Según una información recientemente difundida por radio, ha renunciado el fiscal acusado por organizaciones de Derechos Humanos de complicidad con crímenes de la dictadura militar.
Según información difundida esta tarde por la radio en internet "Catamarca Ya!", ha renunciado un abogado que se desempeñaba como fiscal en esa provincia.

El santiagueño Olmedo, que saltó a la fama por su definición del caso "María Soledad", había sido acusado recientemente por varios sobrevivientes del terrorismo de estado. Su participación en la dictadura militar habría ido mucho más allá que la de un simple colaborador, ya que tuvo conocimiento y participación -según esas acusaciones- de crímenes aberrantes y desapariciones durante el periodo de su desempeño en el juzgado de Santiago del Estero.

En la Argentina, una ley sentada por jurisprudencia permite a los jueces que renuncian a sus cargos eludir ser juzgados cuando hay contra ellos acusaciones graves. Algunas personas de organizaciones humanitarias han aseverado, ante una consulta, que no permitirán que el ahora ex magistrado escape sin condena de sus actos durante la criminal dictadura militar que perpetró un genocidio en la Argentina entre los años 76 y 83.

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Abril 18, 2007

La ex detenida desaparecida encarcelada durante un año y medio en democracia

El caso de Susana L. Auad merece discutirse sin prejuicios y en profundidad
Por: Marcos Taire (especial para ARGENPRESS.info)
Fecha publicación: 16/04/2007

Susana Leoni Auad, la ex detenida desaparecida encarcelada durante un año y medio a raíz de acusaciones en su contra por su comportamiento dentro de un campo de concentración hace 30 años, fue liberada el jueves pasado. Su detención y procesamiento fue ampliamente difundido en los medios de comunicación tucumanos y nacionales. Su liberación, informada por ARGENPRESS, fue ignorada por todos.

La detención de Auad motivó pronunciamientos a favor de la medida judicial por parte de los organismos de derechos humanos de Tucumán y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. En cambio, el Servicio de Paz y Justicia, que preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, no sólo expresó una posición contraria, sino que formuló una grave advertencia sobre el comportamiento de la justicia y el peligroso precedente que podría sentarse en caso de confirmarse la persecución legal contra algunos sobrevivientes de los campos de concentración.

Se trata del primer y único caso de un ex detenido desaparecido procesado y encarcelado por su comportamiento dentro de un campo de concentración. Si bien es cierto en los últimos años se han publicado algunos trabajos en torno a las acusaciones que pesan sobre los sobrevivientes de esos campos, todavía resta la discusión amplia, sin prejuicios y en profundidad sobre la cuestión. Que los medios de comunicación de la burguesía no lo hagan es comprensible. Lo que no se entiende y no se puede justificar es que esa discusión no se de en las organizaciones del campo popular y todo se reduzca a lecturas simplistas que solo hablan de héroes y traidores, de resistentes y quebrados, de buenos y malos. Pareciera que no son pocos los que se niegan a la autocrítica, los que se escudan en la mistificación para analizar la derrota del campo popular.

El Caso Auad

Susana Auad era estudiante de arquitectura. Integraba, junto a dos compañeras, una célula de superficie del PRT-ERP. El 14 de abril de 1976 fue detenida, secuestrada, llevada al campo de concentración que funcionaba en la Escuela Universitaria de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán. Pocos días después fue trasladada a otro campo, que funcionaba en la Colonia de Menores, conocido como El Reformatorio. Allí, después de varias sesiones de tortura, brindó a sus captores la identidad y el domicilio de quien era en ese momento su novio, Osvaldo Pérez. Este era estudiante de Ciencias Económicas y militaba en el Grupo de Base Independiente, una organización estrechamente vinculada al PRT-ERP. También integraba la Comisión del Comedor Universitario y era compañero y discípulo de uno de los más importantes dirigentes estudiantiles del Tucumán de esos años, José “El Macho” Luna. Pérez logró eludir a los represores por pocos días. Fue capturado en el Chaco, su provincia de residencia. Fue salvajemente torturado en la Jefatura de Policía de Resistencia y después llevado a Tucumán por una patota militar que viajó expresamente para conducirlo al Reformatorio.

Auad y Pérez integraron el primer contingente de prisioneros conducidos al campo de concentración y exterminio que funcionó en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, en las afueras de San Miguel de Tucumán. Allí fueron alojados en un galpón y recibieron el mismo trato que todos los prisioneros que pasaron por ese campo. Reducidos a la esclavitud y la servidumbre, realizaron todas las tareas que sus captores les obligaron a hacer. Fueron liberados un año después, aunque los militares los mantuvieron vigilados y amenazados hasta mucho tiempo después de reinstaurada la democracia en el país.

La acusación

Susana Auad fue acusada por la madre de un desaparecido. Después recayeron sobre ella varias graves acusaciones, realizadas por algunos sobrevivientes del campo de concentración del Arsenal y por dos ex gendarmes que integraron las guardias de ese lugar.

Uno de esos ex detenidos dijo ante la justicia que escuchó comentarios acerca de la colaboración de la mujer en la aplicación de picana eléctrica. Otro dijo que Auad presenciaba las torturas y que se reía de las vejaciones a las que eran sometidos los prisioneros. Uno de los gendarmes la acusó de haber participado en la aplicación de tormentos a los detenidos, mientras él y sus colegas de los escuadrones móviles especialmente adiestrados para la represión, la tortura y el asesinato, solo miraban lo que ocurría en los infiernos que eran los campos de concentración del Operativo Independencia.

El juez federal Jorge Parache, quien está a punto de ser destituido por acusaciones de corrupción, ignoró hasta el hábeas corpus presentado por la madre de Auad a raíz de su secuestro y resolvió procesarla, haciendo lugar a los endebles argumentos esgrimidos en su contra. Es más: consideró que, siendo detenida desaparecida, se había transformado en una “funcionaria pública asimilada” figura que no existe en la normativa legal argentina.

Parache procesó a Susana Auad “por resultar presunta autora responsable de partícipe necesaria de privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y torturas en perjuicio de N.A.C.; de la aplicación de apremios ilegales, vejaciones y torturas como partícipe necesaria en perjuicio de M.A.M. y A.R.R.; partícipe necesaria del delito de torturas y lesiones gravísimas en perjuicio de un menor de 15 años a quien le cortaron el miembro; partícipe necesaria en el delito de torturas seguidas de muerte en perjuicio de un muchacho detenido del sur de la provincia… y del delito de asociación ilícita agravada…”

Susana Auad fue detenida en los Tribunales Federales de Tucumán cuando se aprestaba a cobrar la indemnización que le corresponde como ex detenida desaparecida y cuyo trámite ya había aprobado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Fue alojada durante varios meses en la Comisaría de la Mujer y posteriormente trasladada a la Cárcel de Mujeres que funciona en la Banda del Río Salí. Curiosamente, se transformó en la única persona detenida en una cárcel por motivos vinculados al genocidio ocurrido en Tucumán hace 30 años, mientras Bussi está alojado en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, Roberto “”El Tuerto” Albornoz está “preso” en su casa de la Banda del Río Salí y Adel Vilas, Antonio Arrechea, González Naya y cientos de represores del Operativo Independencia están libres y sin peligro de ser molestados por la Justicia.

La liberación

A principios de este mes la Cámara Federal de Tucumán revocó el procesamiento de Auad en cuatro de las cinco acusaciones en su contra y ordenó al juez Parache revisar en forma urgente la privación de la libertad que padecía la mujer. La Cámara confirmó el procesamiento de Auad sólo como “posible partícipe secundaria” en un delito menor y exhortó al juez a “ahondar la investigación para identificar la cadena de mandos del aparato represivo responsable de los crímenes cometidos en Tucumán durante la vigencia del terrorismo de estado”.

La Cámara, en un extenso fallo, consideró que “no se encuentra corroborado que (Auad) haya detentado cargos policiales o militares, ni existe prueba alguna que la indique como integrante del aparato organizado de poder que funcionó durante la vigencia del Terrorismo de Estado en la Argentina”. En el mismo sentido, los camaristas puntualizaron que no se probó que la mujer “haya intervenido en la comisión de los ilícitos perpetrados en perjuicio de las personas secuestradas” en el campo de concentración del Arsenal. La Cámara afirmó también que está “demostrado en autos que (Auad) habría ingresado como detenida desaparecida” en el Arsenal y “por miedo al dolor habría decidido cooperar con el personal militar y policial a cargo de dicho centro clandestino, a cambio de su libertad”. Los camaristas ordenaron “disponer que el señor Juez proceda a agregar en la causa el Hábeas Corpus interpuesto a favor de Susana Auad” cuando fue secuestrada por una patota militar policial el 14 de abril de 1976 y “recomendar que convoque a Amicus Curiae, aplicando en lo pertinente la reglamentación de la Corte Suprema de justicia de la Nación”.

El juez Parache dilató la liberación de Auad lo máximo que pudo. La defensa de la mujer le exigió la liberación y lo denunció ante la Cámara. Parache remitió el expediente a la fiscalía, que fue reprendida por la Cámara por no opinar “sobre cosas concretas” y le ordenó al juez decidir sobre la injusta privación de la libertad que padecía Auad desde hacía un año y medio. Finalmente, el jueves 12 de abril el juez Parache se subordinó a la legalidad y ordenó la libertad inmediata de Susana Auad.

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Patti, otra vez ante la Justicia sospechado de proteger a un militar prófugo

El ex subcomisario fue citado a indagatoria para el próximo 3 de mayo por haber ayudado a ocultarse a un ex oficial del Ejército investigado por violaciones a los derechos humanos. Ya había sido procesado por "encubrimiento", pero se declaró la nulidad de la causa por cuestiones formales.

El ex subcomisario Luis Patti fue citado a indagatoria para el próximo 3 de mayo, sospechado de haber brindado protección a un ex oficial del
ejército cuando el militar, investigado por violaciones a los derechos humanos, estaba prófugo de la justicia.

Patti, cuyo ingreso como legislador a la Cámara de Diputados fue rechazado por ese cuerpo por su accionar durante la dictadura
militar, ya había sido procesado por "encubrimiento", pero se
declaró la nulidad de la causa por cuestiones formales y el juez
federal Ariel Lijo decidió convocarlo nuevamente para que haga su
descargo.

En setiembre de 2006, Lijo consideró concluída la pesquisa y tuvo por "acreditado" que Patti, cuando era intendente de Escobar,
"colaboró" con el ex teniente coronel Jorge Horacio Granada, cuando se hallaba en la clandestinidad.

Como se trata de un delito "correccional", el magistrado, por ser instructor del sumario, debió desprenderse del expediente al momento de elevarlo a juicio oral y público.

La causa quedó radicada entonces ante el juez federal Guillermo Montenegro, quien advirtió que el fiscal Oscar Amirante no había formulado requerimiento para que se investigara el hecho.

Amirante avaló todo lo actuado en la etapa del sumario, pero el fiscal de la Cámara Nacional de Casación Penal Pedro Narváiz no adhirió al recurso de Amirante y la causa volvió a Lijo.

Los vaivenes del expediente pusieron a la acción penal al borde de la prescripción, lo que ahora evitaría con el llamado a indagatoria.

En el sumario se investiga si Patti colaboró con Granada para que el sindicado represor pudiera eludir la orden de captura dictada en su contra el 8 de julio de 2002.

Granada está implicado en una causa por el secuestro y desaparición de una veintena de militantes montoneros durante la denominada "contraofensiva" de miembros de esa agrupación, a
principios de la década del 80, durante la última dictadura
militar.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=59360&id=143919&dis=1&sec=1

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Abril 17, 2007

Piden investigar a represores por violaciones y abusos sexuales durante la dictadura

Telam

Es por presuntos hechos cometidos con las víctimas que mantenían alojadas en centros clandestinos de detención. El escrito que el fiscal Delgado le entregó al juez Rafeca abarca a varios ex policías, entre ellos, Julio "el turco Julián" Simón y Samuel "Cobani" Miara.

El fiscal federal Federico Delgado pidió que se investiguen las violaciones y abusos sexuales que habrían cometido los represores a las víctimas que mantenían ilegalmente alojadas en centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar.

Mediante un dictamen de más de 80 carillas (al que Télam tuvo acceso), el representante del ministerio público le pidió al juez federal Daniel Rafecas que investigue por esos ataques sexuales a los ex policías Julio "el turco Julián" Simón, Samuel "Cobani" Miara y Juan Carlos "Kung Fu" Falcon, entre otros.

La solicitud se realizó en el marco de la "megacausa" en la que se investigan los delitos de "lesa humanidad" cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército y que se reactivó tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final.

En la misma presentación Delgado pidió que se eleven a juicio oral los episodios que tuvieron como imputados a Miara, Simón, Falcon, a los comisarios Raúl González, Eduardo Kalinec, Gustavo Eklund y Luis Donocik.

La solicitud alcanza taambién al oficial del Servicio Penitenciario Federal Juan Carlos Avena, al subcomisario Eufemio Uballes, a los oficiales Oscar Rolón y Roberto Sosa y a los oficiales de Gendarmería Guillermo Cardozo y Eugenio Apestegui.

El fiscal señaló que "el complejo devenir histórico de este proceso finalmente se encamina hacia la etapa de juicio oral y púbico".

Describió que la causa se basa en "la gravedad de los hechos, la carga de violencia que entrañan y la particularidad de que la actividad delictiva se llevó a cabo desde las estructuras de las instituciones".

Luego de calificar en varias oportunidades como "feroz e ilegal" la represión de quienes integraban el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional", el fiscal puso su mira en los episodios registrados en los centros clandestinos conocidos como "Club Atlético", "Banco" y "Olimpo", donde los imputados ejecutaron su"plan criminal".

"No se trata de una causa más, porque aquí se ventilan eventos que se corresponden con uno de los capítulos más oscuros de la historia de la República Argentina, porque se trató de una feroz y desnuda represión ejecutada por quienes usurparon el poder el 24 de marzo de 1976", recordó.

El "Atlético" o "Club Atlético" funcionó desde mediados del año 1976 hasta fines de diciembre de 1977 en los sótanos de la División Suministros de la Policía Federal, en el predio ubicado entre las calles Paseo Colón, San Juan, Cochabamba y Azopardo, de esta Ciudad.

El "Banco", por su parte, estuvo activo entre 1977 y mediados de 1978, en un predio ubicado a 200 metros de la intersección de la Autopista Ricchieri y Camino de Cintura, Puente 12, La Matanza, provincia de Buenos Aires, rodeado de construcciones antiguas pertenecientes a la Policía de la Provincia y donde luego se instaló la XI Brigada Femenina de esa fuerza de seguridad.

Una vez acondicionada la planta ubicada en Lacarra y Ramón L. Falcón, de esta ciudad -División Manteniento Automotores de la Federal- el 16 de agosto de 1978 se inició la actividad del "Olimpo" que culminó a principios de 1979.

Delgado recordó que "en lo que respecta a la estructura jerárquica y a las fuerzas que operaron en él, el "Atlético - Banco-Olimpo" se asemejó a otros centros clandestinos de detención incorporados por la dictadura militar para atravesar desnuda y verticalmente a la sociedad civil".

En esos lugares "la práctica de la aplicación de tormentos tuvo un papel protagónico en el acicalamiento del terror" y los represores "hacían algo más que satisfacer sus inclinaciones sádicas, puesto que al implantar el terror en la mente de sus víctimas neutralizaban cualquier posible entendimiento entre ellas".

"En la cultura de la crueldad, el fuerte ignora la dignidad del débil; le impone no sólo sinrazón, sino también haciéndole advertir que no hay razón, que se trata de un hecho caprichoso, porque esta es la forma más eficaz de suprimir al otro", citó el fiscal en su dictamen.

Las conductas descriptas y probadas que Delgado le atribuyó a Miara, Rosa, Gonzalez, Kalinec, Falcon, Eklund, Uballes, Donocik, Simón y a Rolón son calificadas como privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, reiterada en 158 oportunidades, que concurren con el delito de aplicación de tormentos.

El fiscal recordó que sobrevivientes de esos centros "relataron que durante el encierro clandestino fueron sometidos a diversos tipos de ataques sexuales, violaciones reiteradas, abusos sexuales y presenciaron o supieron de ofensas de esta especie en desmedro de otros detenidos", hechos que también calificó como delitos de "lesa humanidad".

Como en los casos de "delitos sexuales" la acción debe ser impulsada por las víctimas, el fiscal pidió que "tras la eventual instancia de la acción se les reciba declaración indagatoria a los imputados" y citó los casos en los que Simón, Miara y Falcón habría violado a prisioneras en los campos clandestinos.

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Abril 14, 2007

Investigarán el accionar de la dictadura en la facultad de Derecho

En la Universidad Nacional de La Plata

La iniciativa surge de la secretaría de Derechos Humanos bonaerense y comenzará a ponerse en práctica luego de la polémica generada por la frustrada candidatura a decano del magistrado
Pedro Luis Soria

Mientras se extiende la polémica por la frustrada candidatura a decano del juez Pedro Luis Soria (lo acusaron de haber sido magistrado durante el último gobierno de facto), se supo ayer que la secretaría de Derechos Humanos bonaerense iniciará una investigación sobre el accionar del terrorismo de Estado en la facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

El organismo provincial informó que recibió una carta del embajador argentino en España, Carlos Bettini, donde pone de manifiesto su disconformidad por la candidatura del magistrado. Ocurre que uno de los hábeas corpus que tramitó Soria durante la dictadura correspondía al profesor de la facultad de Derecho Antonio Bautista Bettini -padre del actual diplomático-, que se encuentra desaparecido.

“El magistrado resolvió el 22 de marzo de 1977 no hacer lugar a la acción interpuesta, con costas, seguramente reivindicando el accionar de las fuerzas de seguridad de la dictadura, que negaban sistemáticamente y en forma macabra, una y otra vez, ante los incesantes reclamos de los familiares y amigos de desaparecidos, el verdadero paradero de los detenidos”, declara el embajador en la carta a la que Hoy tuvo acceso.

El titular de la secretaría, Edgardo Binstock, explicó que el proyecto de iniciar la investigación en la Facultad, que se denomina “Universidad y dictadura en la UNLP. Derecho, entre la liberación y el orden (1973/1983)”, fue pensado antes de que estallara la polémica por la candidatura de Soria. Asimismo, indicó que el objetivo es realizar el mismo trabajo con el resto de las facultades de la UNLP.

“El eje de la investigación no es Soria. No se trata de un hecho de persecución. Pero la carta de Bettini que nos llegó hoy (por ayer) fundamenta aún más nuestro trabajo como Secretaría de Derechos Humanos”, señaló el funcionario en diálogo con este medio.

Según afirmó Binstock, ya existe un compromiso de la institución que él dirige con la dirección de Derechos Humanos de la UNLP para “abrir una investigación seria” sobre el funcionamiento de la Universidad en aquellos años. Además del apoyo del Rectorado, el equipo de profesionales que hará el trabajo cuenta con la aprobación de las autoridades de Derecho, que permitirán que se pueda acceder a los archivos de la Facultad.
De esa manera, podrán indagar mejor los cambios producidos en la Universidad.

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Desmienten demoras al pago para identificar cuerpos NN hallados en Empedrado

El ministro de Gobierno Walter Insaurralde desmintió en declaraciones a momarandu.com versiones sobre una demora en partidas de dinero para la identificación de tres cadáveres exhumados en Empedrado, que se sospecha son desaparecidos arrojados al Río Paraná durante la dictadura militar.

El funcionario afirmó haber atendido ese pedido desde el inicio de las excavaciones.

Según las versiones recogidas por momarandu.com, el análisis de ADN de los cuerpos estaría demorado porque el ministro no habría firmado una autorización para que el gobierno pague unos tres mil pesos al laboratorio encargado.

Los tres cadáveres fueron exhumados en el cementario de Empedrado el año pasado y parte de sus restos remitidos a Buenos Aires para comenzar a compararlos con muestras de sangre de familiares de desaparecidos en la provincia.

El Equipo Argentino de Antopología Forense fue el encargado de las excavaciones, pero mantiene en absoluto secreto el estado dela investigación.

Según Insaurralde los restos “ya fueron derivados a Córdoba (para el análisis de ADN en un laboratorio) y los gastos fueron atendidos”.

Aseguró haber iniciado estas gestiones desde el momento de las excavaciones las que recordó haber presenciado, y afirmó que estará atento a cualquier tema que surja, mediante consultas a Pablo Vassel, subsecretario provincial de Derechos Humanos.

En 1977, tres cadáveres aparecieron frente a las costas de Empedrado en distintos momentos, y enterrados en el cementerio local.

Los hechos aún son recordados por algunos habitantes, funcionarios municipales y policías, quienes incluso declararon en ese sentido ante la justicia, que ordenó las excavaciones.

Por aquellos años, la precariedad de medios hizo imposible la identificación, aunque un médico policial registró que uno de los cuerpos habría presentado heridas cortantes y disparos. En esa ciudad hay otros dos cuerpos sin identificar, de cuyo origen aparentemente no hay registro.

Estas tumbas son objeto de veneración popular entre los habitantes humildes de la zona.

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Abril 3, 2007

INVESTIGAN LOS SAQUEOS, CHANTAJES Y ROBOS DEL PRIMER CUERPO DE EJERCITO

El país | Lunes, 26 de Marzo de 2007
INVESTIGAN LOS SAQUEOS, CHANTAJES Y ROBOS DEL PRIMER CUERPO DE EJERCITO
Cómo se enriquecieron los represores

La Justicia está descubriendo los vastos negocios de la represión ilegal, que iban del saqueo de casas a la cesión de inmuebles bajo tortura y la creación de empresas fantasma para blanquear dinero y reciclar campos. Según el fiscal de la causa, es la “mercantilización de la muerte”.

El Primer Cuerpo de Ejército manejó el botín de los campos clandestinos porteños y bonaerenses, con negocios en La Pampa.
Por Irina Hauser

En silencio, con meticulosidad, la investigación sobre los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura avanza en una nueva línea. El fiscal Federico Delgado analiza la utilización de una decena de empresas de seguridad manejadas por represores para el robo de bienes de desaparecidos, el lavado del dinero que les robaban y el secuestro extorsivo de empresarios. También detectó la posible apropiación de un inmueble que pertenecía a un grupo de militantes uruguayos secuestrados en el centro clandestino Automotores Orletti y la compra, con plata de los detenidos, de otros dos edificios: los tres lugares fueron destinados para uso de la SIDE. Son sólo algunos ejemplos de lo que Delgado llama, en un dictamen preliminar, “la mercantilización del terror” o “la dimensión económica” del plan represivo.

Hasta ahora, sólo la megacausa sobre los crímenes cometidos en la ESMA había avanzado en el esclarecimiento de varios casos de robo y desapoderamiento de bienes de desaparecidos. Siete marinos e incluso el hijo del dictador Emilio Massera fueron responsabilizados hace más de cinco años por la apropiación –a través de una cadena de sociedades ficticias– de valiosas tierras de Chacras de Coria que pertenecían al empresario Victorio Cerutti, el contador Horacio Palma y el abogado Conrado Gómez. Tiempo después, el juez Sergio Torres abrió directamente una nueva causa sobre el despojo de sus pertenencias a las víctimas de la dictadura. Algunos detenidos fueron obligados a transferir su casa o a firmar poderes para entregar departamentos.

El expediente sobre el Primer Cuerpo de Ejército, que está a cargo del juez Daniel Rafecas y del fiscal Delgado, abarca los secuestros y desapariciones en varios campos de concentración como Orletti, El Atlético, El Banco, El Vesubio y El Olimpo, incluye casos de La Pampa y de la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora hay 63 imputados en todas estas causas, de los cuales cerca de 40 están detenidos, y hay 14 excarcelados.

Cuando pidió, algunos meses atrás, ampliar esta investigación a su faceta económica, Delgado planteó un esquema teórico como punto de partida. Señaló que mientras en un “nivel macro” se desplegó un plan criminal “con el objetivo de despolitizar” y sentar “un nuevo patrón de acumulación”, a “nivel micro el terror se tradujo en una licencia para delinquir para quienes eran parte del régimen de manera concomitante con la represión”.

Plata, joyas, inmuebles

El fiscal sostiene que con sólo mirar algunas causas que tramitaron como delitos comunes se llega a advertir –por empezar– un entramado de agencias de seguridad que operaron durante la dictadura, con participación en muchos casos de agentes de inteligencia, de diferentes maneras: hacían inteligencia “paralela”, investigaciones financieras, implementaban secuestros, se encargaban del arrebato de bienes de los desaparecidos y servían de fachada para hacer distintos negocios con el dinero o las cosas que sustraían.

Una de las hipótesis de la fiscalía es que la empresa Magister Seguridad Integral SRL fue creada para “incorporar el dinero producido de los bienes de los que fueron despojadas las víctimas” de Orletti, que se repartía bajo supervisión del ex agente Aníbal Gordon y con ayuda de un contador de apellido Benítez. El general Otto Paladino, jefe de la SIDE y de aquel centro clandestino de Flores, dirigía Magister. Mientras estuvo en la central de espías evitó aparecer oficialmente en la sociedad, pero figuraban su esposa, su hija y varios miembros de la banda de Gordon, entre ellos Eduardo Ruffo, detenido el año pasado por 65 secuestros y desapariciones en Orletti, y César Enciso (yerno de Paladino).

Magister, en los papeles, ofrecía estudios económicos y de mercado, asesoramiento industrial, administración de empresas, seguridad y espionaje industrial. En la práctica, habría recibido y canalizado “el botín de guerra” –joyas, dinero, inmuebles– de Orletti, sede del Plan Cóndor en Buenos Aires. Buena parte de lo robado habría pertenecido, según investiga Delgado, a un grupo de uruguayos detenidos allí, que pertenecían al Partido para la Victoria del Pueblo (PVP).

Aquí es donde la pesquisa de la fiscalía se topa con la apropiación de inmuebles para uso de la SIDE. Ya recogió testimonios que indican que un grupo de detenidos de Orletti fue obligado a concretar una venta, con nombres falsos, de propiedades que había comprado el PVP en Buenos Aires. Ya se habría verificado que un edificio en la calle Juana Azurduy que utilizó la central de espías era de los militantes uruguayos. En otros casos, se habría utilizado dinero de esas personas para comprar una sede para la SIDE en la avenida Coronel Díaz y otra en La Plata, cuyos anteriores propietarios fallecieron. Al analizar las operaciones de compra-venta los investigadores encontraron como patrón común los tres inmuebles que el primer asiento de compra es de 1976. En dos de ellos la adquisición la realiza Osgra SRL, una empresa pantalla usada por la SIDE, que luego transfiere el bien a Timayu SA, que a la vez en 2003 le hace una donación al Estado.

Hay un cuarto edificio en la mira, en la calle Rawson: la SIDE le dice a la Justicia que no le pertenece, pero en el Registro de la Propiedad está a nombre del Estado nacional. Hay testimonios que indican que allí, con la fachada de una supuesta Agencia Noticiosa Argentina, funcionaba el GTE (Grupo de Tareas Exterior) del Batallón 601 de Inteligencia, que hacía tareas de inteligencia sobre extranjeros. A Gordon, de hecho, se le encontró una credencial de esa falsa agencia de noticias. Son indicios de que las actividades de inteligencia de todo tipo, incluso financiera, también se habrían plasmado por una vía estatal.

Delgado sospecha que en secuestros extorsivos que fueron juzgados como casos aislados, también pudieron estar detrás Magister y otras empresas. El mapa, que está en pleno estudio, incluye cerca de diez agencias. Una de ellas, llamada Sidip, pertenecía al ex agente de inteligencia luego vicecomodoro de la Fueza Aérea Schillizzi Moreno y tuvo entre sus miembros a Jorge Rizzaro, sobrino de Aníbal Gordon. Estaba instalada enfrente de la ESMA. En los inicios de la causa sobre la Triple A, fue allanada y se encontró un arsenal y algunas armas de lo más sofisticadas: por ejemplo, un cinturón que disparaba. Otra de las compañías del ramo bajo sospecha se llamaba Scorpio SA y, en teoría, estaba ligada al propio jefe del Primer Cuerpo de Ejército, el fallecido Carlos Guillermo Suárez Mason. Paradójicamente, Scorpio fue allanada en plena dictadura en el marco de un hábeas corpus. Se secuestraron armas y uniformes militares, pero ahí quedó todo.

Venta de armas

Uno de los primeros datos que salió a la luz de la investigación de Delgado el año pasado fue la participación del ex titular del PAMI del menemismo, Víctor Alderete, como síndico de una empresa oficializada doce días después del comienzo de la guerra de Malvinas, algo que había revelado Página/12 en 1997. El emprendimiento, llamado SMC, pertenecía a Suárez Mason y al ex jefe de la policía bonaerense Ramón Camps. También aparecían como socios al vocero de Alfredo Yabrán, Wenceslao Bunge, su hermano Hernán Bunge y su socio y futuro proveedor de la obra social de jubilados, Roberto de Filippis. SMC tenía un registro amplio, difuso, de actividades. Entre ellas aparecía la compra y venta de frutos y de bienes de la industria metalúrgica. Todo apuntaría, sin embargo, a que se habría dedicado a la venta de armas.

El fiscal planteó profundizar la investigación sobre tráfico de armamento durante la dictadura y planteó, como una hipótesis en ese sentido, la relación entre secuestros extorsivos a grandes empresarios ya sea “con fines de enriquecimiento particular” como con posibles “intentos de solventar incursiones bélicas en el exterior y/o el acopio de armamentos” en Argentina. Como ejemplos, cita el secuestro en 1981 del banquero Carlos Koldobsky, que era dueño del Banco de San Miguel y administrador de Cambio América SA, con un pedido de rescate millonario a depositar en una cuenta en Suiza. También señala el secuestro de Fernando Combal, que era dueño de la financiera Finsur. En ambos casos intervino el ex agente Leandro Sánchez Reisse, del GTE, quien (para evitar su extradición) reveló detalles ante la Comisión de Relaciones Exteriores de Estados Unidos en 1987. Sánchez Reisse dijo también que junto con su socio Raúl Guglielminetti tenían en Miami dos firmas para triangular dinero y proveer armas: Argenshaw y Silver Dollar SA La segunda, también figuraría en Argentina.

Atajos del saqueo

Delgado advierte que, con este escenario de fondo, se creó la Conarepa, una especie de entidad de facto destinada a hacer investigaciones patrimoniales de los funcionarios del segundo gobierno peronista. Funcionaba por fuera del Poder Judicial, pero con facultades similares (como allanar), y basaba su accionar en la ley de subversión económica.

Estaba a cargo de representantes de las tres Fuerzas Armadas. Fue disuelta antes de entregar el mando al gobierno democrático, en 1983, después de haber confiscado bienes de todo tipo. Esto provocó que hubiera una avalancha de juicios al Estado. Una comisión liquidadora en el ámbito del ministerio de Economía debió encargarse del tema. Llegó a destinar más de 200 millones de dólares en indemnizaciones. Entre los bienes devueltos figuran la Casa de Gaspar Campos y la Residencia de Puerta de Hierro en Madrid, que fueron de Juan Domingo Perón y luego de Isabel. La fiscalía hace meses que pide los expedientes de la Conarepa, pero hasta ahora les dicen que nadie saben dónde están.

La reconstrucción de las piezas claves de la “mercantilización del terror” parece ser una tarea ardua y compleja. El fiscal, en principio, cree que a los delitos económicos del régimen dictatorial no se los puede equiparar con crímenes de lesa humanidad, pero se los puede perseguir penalmente. Busca establecer responsabilidades individuales, pero también institucionales. Habrá que ver si el paso del tiempo permite aplicar penas, y cuántos de los responsables todavía viven para ese entonces.

“Los hechos revelan que los funcionarios aprovecharon la represión para apropiarse de bienes de las víctimas para realizar los más variados emprendimientos”, asegura la fiscalía. No hay dudas de que la represión ilegal y el robo fueron de la mano y que el aparato del Terrorismo de Estado inventó las herramientas “para asegurarse el éxito de sus acciones criminales”.

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Con la venia de Pajarito

“Había que esperar la orden de él.” “Sin orden de él nadie salía a robar.” “El” era el represor Guillermo Suárez Mason, jefe del Primer Cuerpo de Ejército, en el relato del gendarme Omar Torres durante el juicio al Turco Julián, en julio del año pasado. El robo de bienes de las víctimas de la dictadura era aceitado, planificado y se hacía de noche, al menos en el centro clandestino El Olimpo. Allí, relató Torres, acostumbraba cambiar la guardia con algún compañero “que quería estar ahí por los botines que salían a robar, querían estar ahí para llevarse algo”. Torres se refirió, en otra causa, a cómo en varias oportunidades los asesinos se terminaban peleando por el “botín”, allí donde mataban y saqueaban. Relató que eso ocurrió en el operativo donde fueron asesinados Lucía Adela Révora de De Pedro y Carlos Guillermo Fassano, que fueron llevados ya muertos al Olimpo. En la casa había 150.000 dólares, que los represores se disputaron en un enfrentamiento donde un principal terminó muerto y otros dos heridos. En los días posteriores, vaciaron la casa, en la calle Belén 335, en Floresta.

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Combatientes de Malvinas denuncian crímenes de lesa humanidad

DENUNCIARAN EN LA JUSTICIA VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA GUERRA

“Fue la continuidad de los centros”

Los ex combatientes denunciarán en la Justicia federal casos de torturas y abusos cometidos contra conscriptos durante el conflicto de 1982. Entre los hechos que llevarán a Tribunales hay incluso cinco muertes. Sostienen que en la guerra se continuó la represión iniciada por la dictadura.

Los ex combatientes de Malvinas denunciarán ante la Justicia federal casos de torturas y abusos cometidos por militares contra conscriptos durante la guerra. Las demandas están siendo preparadas por soldados de la provincia de Corrientes y de la ciudad de La Plata, quienes revelaron los vejámenes que sufrieron hace 25 años, en las islas. Entre los hechos que llevarán a los tribunales hay incluso cinco muertes, una por fusilamiento y cuatro por inanición.

Las denuncias están agrupadas en dos paquetes y apuntan contra oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, a quienes acusan de haber cometido delitos de lesa humanidad, que no pueden ser dados por prescriptos. “Consideramos que las torturas que hubo en Malvinas, los estaqueamientos, todo ese tipo de accionar de los militares, fueron la continuidad de lo que ellos practicaban en los centros clandestinos de detención”, dijo ayer Orlando Pascua, uno de los querellantes.

Pascua es correntino. En Malvinas, vio el estaqueamiento de un soldado chaqueño de apellido Ferreyra, contó. “Lo castigaron por orden de un oficial de la Infantería de Marina, (Julio César) Binotti, por un supuesto acto de indisciplina. Lo ataron al suelo por los pies y las manos y le tiraron encima una lona, que no lo dejaba ver qué podían hacerle.” Lo tuvieron así desde la mañana hasta la media tarde, durante siete horas”. El oficial Binotti “después de la guerra siguió cumpliendo funciones en la ESMA”, donde se ganó fama de torturador inclemente.

Pascua y sus compañeros correntinos investigaron durante los últimos dos años los vejámenes cometidos en Malvinas. El Centro de ex Combatientes, que está integrado sólo por ex conscriptos, trabajó junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos de Corrientes para reunir los testimonios que ahora llevarán a la Justicia. Grabaron cien declaraciones de las que seleccionaron 23 que encuadran con delitos imprescriptibles. El lunes que viene, una vez terminada la Semana Santa, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Pablo Vassel, ingresará la denuncia en el Juzgado Federal de Tierra del Fuego, elegido por una cuestión simbólica, ya que es el que tiene jurisdicción sobre las islas.

El secretario de Derechos Humanos detalló que “entre los 23 testimonios figura el caso de un soldado asesinado por un superior, cuatro que murieron hambre –aunque los anotaron como caídos en combate– y quince por estaqueamiento”.

En eso consiste la primera denuncia. La segunda será presentada en los tribunales federales de La Plata a fines de abril o principios de mayo, según confirmó a Página/12 Ernesto Alonso, de los ex combatientes de esa ciudad. La semana pasada, Alonso, sus compañeros de La Plata y una delegación de Corrientes se entrevistaron con la ministra de Defensa, Nilda Garré. Le dejaron una copia de las pruebas reunidas y le pidieron que el Estado los ayude en la investigación. Por ejemplo, “creando una comisión como la Conadep y levantando el secreto militar”, señaló el ex combatiente.

¿A qué apunta el pedido de levantar el secreto militar? Alonso responde: “Al volver de Puerto Madryn, a los conscriptos del Ejército nos llevaron a Campo de Mayo. Nos daban de comer ocho veces por día, teníamos baños y ropa limpia: querían que mejoráramos nuestro aspecto. En esos días me interrogó personal de inteligencia militar, a mí y a todos los demás, con un listado de preguntas sobre lo que había pasado en las islas. Cuando terminó el cuestionario me advirtieron que no tenía que hablar, que era secreto militar y que contar lo que había pasado me podía causar inconvenientes. Esas fichas todavía existen y queremos conocerlas, porque esos hechos nunca fueron investigados”.

Alonso trabajó en la investigación de la película Iluminados por el fuego, que sirvió como punto de partida de estas investigaciones. “Iluminados... fue un canal para mostrar qué habíamos vivido allá, esa situación de estar entre dos frentes, de tener que soportar a los militares y a los enemigos-enemigos, los ingleses”.

Entre los represores que llevaron sus prácticas a las Malvinas, Alonso mencionó a Antonio Pernías, Alfredo Astiz, Mario Benjamín Menéndez, Horacio Losito y el ya nombrado Binotti (ver aparte).

Alonso hace un parangón entre la investigación de Malvinas y los Juicios por la Verdad. “Desde que volvimos de Malvinas estamos pidiendo que se forme una comisión investigadora, y también que nos den garantías para poder declarar. Lo que hay que romper es el silencio de muchos compañeros, que se vayan animando a hablar.”

Hasta ahora, sólo hubo una comisión militar en 1983, encabezada por el general Benjamín Ra-ttembach, que juzgó la actuación de cada una de las fuerzas durante los 74 días en que se extendió la guerra de Malvinas y que previsiblemente no incluyó estos temas.

Uno de los problemas es que muchos de los militares a quienes deberán denunciar siguen teniendo poder. “Hay un testigo que contó que el subteniente Taranto lo sometió a un submarino, metiéndole la cabeza en el agua helada de Malvinas. Resulta ser que este suboficial retirado hoy tiene un programa en Radio 10. Y otros, como Mario Benjamín Menéndez, que no podía desconocer lo que pasaba, siguen cobrando una pensión por sus servicios.”

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En la común hay lugar

El ministro de Justicia, Alberto Iribarne, aseguró hoy que el penal de Marcos Paz dispone de personal del Servicio Penitenciario Federal para alojar "hoy mismo" a 48 militares presos por violaciones a los derechos humanos.

Iribarne ratificó así la postura del presidente Kirchner en su discurso por el 31 aniversario del golpe de estado, cuando pidió "carcel común" a los militares detenidos por delitos de lesa humanidad.

En este sentido, el titular de Justicia anunció que "en poco tiempo más" la unidad de Marcos Paz estará en condiciones de alojar a los 70 represores detenidos que actualmente se encuentran en distintas unidades del área metropolitana.

El ministro de Justicia aclaró también que dentro de la reforma procesal en la que trabaja el Gobierno para agilizar el sistema acusatorio y "para que no haya crímenes impunes", se encuentran cambios en la Cámara de Casación Penal.

"La reforma procesal penal contempla cómo va a funcionar Casación y los distintos tribunales", dijo Iribarne esta mañana a la prensa al asistir a la inauguración del ciclo lectivo 2007 en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza, junto al ministro de Educación y candidato kirchnerista, Daniel Filmus.

Iribarne detalló que la comisión que se encarga de la reformulación del sistema es "plural, con representación de fiscales, magistrados, defensorías y distintos partidos políticos".

Fuente: Télam

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Arrestan en EE.UU. a un represor argentino

El mayor del ejército argentino Ernesto Guillermo Barreiro, acusado de haber actuado como jefe interrogador en el centro clandestino de detención de La Perla, en Córdoba, durante la última dictadura militar, fue arrestado en un suburbio del área metropolitana de Washington.

Fuentes de Interpol confirmaron a LANACION.com la información y dijeron que interviene en la causa el juzgado federal N° 3 de Córdoba.

Barreiro fue detenido el domingo último en Arlington, estado de Virginia, informó hoy el Departamento de Seguridad Interior norteamericano.

Las fuentes indicaron que Barreiro está acusado por la Justicia argentina de "ser el responsable personal de la tortura y muerte en La Perla de varios individuos".

Además, Barreiro encara acusaciones penales de fraude de visados en Estados Unidos.

Al concluir los procedimientos, Barreiro será puesto en proceso de extradición a la Argentina para que sea juzgado por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

El centro clandestino de La Perla, ubicado en la provincia de Córdoba, fue el mayor centro clandestino de detención del interior del país.

Link permanente: http://www.lanacion.com.ar/896937

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U.S. arrests three accused of S.American war crimes

http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSN0325005520070403
Reuters
Tuesday, April 3, 2007

U.S. arrests three accused of S.American war crimes

WASHINGTON, Apr 3 (Reuters) -- The United States on Tuesday announced
the arrests of three former South American military officers suspected of
war crimes, including the accused chief interrogator of Argentina's former
military government.

The three suspects, who also include two former Peruvian Army officers
accused in the 1985 killing of 69 villagers known as the Accomarca massacre,
were arrested during the past week by agents of the U.S. Immigration and
Customs Enforcement, known as ICE.

They have been charged with violating U.S. immigration laws and face
deportation to their respective countries, ICE said in a statement.

The suspects include Ernesto Guillermo Barreiro, a retired Argentine army
major, who ICE said is accused by Argentine authorities in the torture and
deaths of several people during Argentina's so-called Dirty War period
from 1976 to 1983.

Immigration officials said Barreiro, who was arrested for visa fraud in
Arlington, Virginia, served as chief interrogator at La Perla, a clandestine
detention facility in Argentina.

A second suspect, Telmo Ricardo Hurtado-Hurtado, was arrested in Miami
and charged with visa fraud.

An affidavit in the case described him as a former Peruvian army platoon
commander responsible for the rape and murder of villagers in Accomarca, Peru,
during a military search for Shining Path guerrillas.

Juan Manuel Rivera-Rondon, another former Peruvian army officer accused
in the same massacre, was arrested in Baltimore on immigration charges.

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Abril 2, 2007

Piden que la UNS solicite la reapertura de la causa en el caso David "Watu" Cilleruelo

03abr07

Al Señor Rector de la
Universidad Nacional del Sur
Dr. Guillermo Crapiste.
Su Despacho.

De mi mayor consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en nombre de la "Comisión Permanente de Homenaje a David "Watu" Cilleruelo". para exponer lo siguiente.

Como es de su conocimiento David, alumno avanzado de nuestra Universidad, fue asesinado en los pasillos del Ala de Ingeniería el 3 de abril de 1975.

La Universidad, intervenida y conducida en esos momentos por el fascista Remus Tetu, ignoró el episodio. Lo mismo ocurrió con el periódico local, ya que la comunidad bahiense se enteró del hecho a través de la prensa de la capital y del diario "Río Negro".

La "justicia" de entonces, junto a la policía, actuaron sin ningún convencimiento, negándose en principio a aceptar la denuncia. Luego demoró suficientemente el expediente, hasta que llegó su prescripción.

Lamentablemente para ellos, un Juez de la Nación acaba de declarar a los crímenes de la Causa denominada "Triple A" de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.

La Universidad Nacional del Sur está, por lo tanto, en una inmejorable situación, luego de 32 años de inacción al respecto.

Solicitamos formalmente que la Universidad actúe en el caso de David Cilleruelo, pidiendo la reapertura de la causa y además, que se sustancie el sumario administrativo que debió realizarse en su oportunidad.

Pero no podemos desligar el caso de David, del de numerosos estudiantes, no docentes y docentes de la Universidad que fueron asesinados en el transcurso de la actuación de la "Triple A" en Bahía Blanca. Para ello solicitamos también que la Universidad actue como querellante en estos casos.

Creemos que es un deber moral, largamente demorado, que la Universidad piense un momento en aquellos miembros de su comunidad, cuya vida segó esta mafia enquistada en la ciudad, y que contó en su actuación, con civiles, militares y policías, muchos de los cuales transitan inpunemente por sus calles.

Esperamos que, esta vez, habrá justicia. Para ello es necesario que la Universidad tenga un gesto que la enaltezca, frente a la claudicación mantenida durante tanto tiempo.

Sin otro particular, saludo al Señor Rector atentamente.

Bahía Blanca, 3 de abril de 2007
Mgr. Edgardo L. Fernández Stacco
Comisión Permanene de la Memoria David "Watu" Cilleruelo

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Marzo 8, 2007

Argentina: Secuestro, amenazas y malos tratos contra el Sr. Carlos Leiva

ARGENTINA

7 de marzo de 2007

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Argentina.
Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido con preocupación informaciones del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) sobre el secuestro, las amenazas los malos tratos y las torturas infligidos al Sr. Carlos Leiva, dirigente del MTD1, en hechos ocurridos en la ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la información recibida, el 2 de marzo 2007, hacia el mediodía, el Sr. Carlos Leiva, integrante del MTD de Lanas, fue secuestrado cuando se dirigía a una reunión de delegados del MTD Frente Popular "Darío Santillán" en la zona de Constitución, Buenos Aires, el Sr. Carlos Leiva, integrante del MTD del Distrito de Lanús, a pocas cuadras del local del MTD adonde se dirigía, por tres personas que lo subieron por la fuerza a un auto modelo Polo de color gris oscuro con vidrios polarizados.

Los secuestradores lo mantuvieron cautivo en un galpón que parecía ser un taller deshabitado, donde lo ataron a una silla y lo interrogaron sobre sus actividades políticas. Le preguntaron por los "jefes" de su organización y por los "responsables" de las movilizaciones, diciéndole además que "si quería ser guerrillero, si quería que su cara aparezca en una bandera como la de Santillán" (en referencia al joven Darío Santillán, militante asesinado en la estación de Avellaneda, compañero de militancia del Sr. Leiva2).

Tras un largo interrogatorio, durante el cual demostraron conocer datos de sus movimientos durante los últimos días, uno de los secuestradores le forzó a ponerse de rodillas y le dijo que iba a ser "el segundo desaparecido”, agregando que habían recibido la orden de "limpiarle”. Entonces apretó reiteradamente el gatillo de un arma descargada sobre su cabeza.

Después de aproximadamente siete horas en estas condiciones, volvieron a subir al Sr. Leiva al auto y tras varios minutos le arrojaron en las cercanías de la Villa 21 de Barracas. Minutos después fue asistido por unas personas del lugar, a quienes pidió que le ayudaran a volver a Lanús. Mientras iba en camino a la parada del colectivo un policía lo acompañó a poner una denuncia a la comisaría 30.

El Observatorio recuerda que durante la última movilización en la Estación de Avellaneda del 26 de febrero 2006 - cuando como cada mes, se movilizaron los delegados del MTD para recordar a sus compañeros asesinados y para reclamar que se juzgue a los responsables - los miembros del MTD identificaron a dos personas que habían visto otras veces entre las filas policiales, esta vez vestidas de civil, integrando la movilización y acercándose insistentemente al lugar donde se toman las decisiones. Al preguntarles su identidad y el motivo de su presencia, actuaron de forma desafiante y con un gesto amenazante se alejaron de la movilización. El Sr. Carlos Leiva fue uno de quienes discutieron con esas personas para forzarlas a que se retiraran. Durante su secuestro, en el momento que estuvo a cara descubierta uno de los secuestradores lo instaba a levantar la vista para mirarlo: "si vos sabés quién soy, no te hagas el boludo, mirame, no me conocés ahora?".

El Observatorio teme que este hecho intimidatorio se haya originado en las acciones del Sr. Carlos Leiva en la defensa de los derechos humanos. Su actitud comprometida le llevó a ser protagonista tanto en gestiones institucionales (es querellante, por ejemplo, en la caso de la Masacre de Avellaneda, que apunta al ex presidente Duhalde y al actual diputado Juan José Álvarez, entre otros), como en movilizaciones, las que frecuentemente son objeto de represión. Existe en Argentina un contexto de degradación del clima de seguridad para los defensores de derechos humanos y testigos que brindan apoyo a la lucha contra la impunidad de crímenes del pasado y del presente y las violaciones de derechos humanos, como lo evidencian los casos de desaparición forzada del Sr. Julio López, quien continúa desaparecido, y la desaparición temporal del Sr. Luis Angel Gerez, ambos testigos en relación con casos de violaciones de los derechos humanos cometidas durante el último gobierno militar; el hostigamiento contra el Sr. Leandro Despouy; las amenazas contra integrantes de la Agrupación HIJOS La Plata, o el allanamiento del consultorio jurídico y el robo de importante información del Sr. Horacio Meguira, miembro del Comité de Acción Jurídica (CAJ)3.

El Observatorio quiere expresar su honda preocupación ante la generalización de las prácticas de infiltración de policías en civil, por parte de las distintas fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia, con vistas a identificar a los líderes de las organizaciones populares en las distintas protestas, presionar y, como sucedió en distintas ocasiones, generar situaciones que detonen la represión y las detenciones de militantes populares. Estos servicios de inteligencia parecen demostrar decisión, capacidad, y métodos cercanos a los utilizados en la época de la dictadura, aunque el Estado argentino niegue que se sigan usando.

El Observatorio condena estos nuevos hechos de hostigamiento contra defensores de derechos humanos y señala también su preocupación por este tipo de prácticas que se enmarcan dentro de un movimiento general de intimidación y acoso en contra de los defensores de derechos humanos en Argentina.

Acción solicitada:

Favor dirigirse a las autoridades de Argentina urgiéndolas a:

i. tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Leiva, de todos los líderes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), y en general de todos los defensores de derechos humanos en Argentina;

ii. asegurar una investigación exhaustiva, completa e imparcial en torno a estos hechos, con el fin de identificar a los responsables de este grave hecho, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;

iii. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1), y a la obligación del Estado de garantizar “la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art. 12.2) ;

iv. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de los derechos Humanos, Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Argentina.

Direcciones

· Sr. Embajador Alberto J. Dumont, Misión Permanente de Argentina ante las Naciones Unidas en Ginebra, Route de l’Aéroport 10, Case postale 536, 1215 Ginebra 15, Suiza, Fax: +41 22 798 59 95 / +4122.798.19 92 E-mail: mission.argentina@ties.itu.int;

· Sr. Jorge Remes-Lenikov, Embajador de Argentina en Bruselas, Louisalaan 225, bus 3, 1050 Bruxelles, Bélgica. Tél.: + 32(0)2/647.78.12, +32(0)2/647.90.02 Fax: +32(0)2/647.93.19

· Sr. Néstor Carlos Kirchner, Presidente de la República Argentina, Casa Rosada, 24 Balcarce, Buenos Aires, Argentina, AAB1064, Fax: + 5411.434.43800 Fax: +54 114.344.38.45 / + 544.344.38.47

· Dr. Anibal Fernández, Ministro del Interior, FAX: +54 114.339.08.00

· Dr. Alberto Iribarne, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, FAX: +54 114.328.61.48

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Argentina en sus respectivos países.

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Febrero 28, 2007

Tiran pintura a placa de desaparecidos

Recibimos una denuncia de que sujetos desconocidos tiraron pintura blanca para cubrir una placa en conmemoración de Hugo Penino y Cecilia Viñas. Los denunciantes limpiaron la placa, pero ésta quedó todavía estropeada.

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Febrero 23, 2007

Jefes Navales detenidos en Mar del Plata

“No Hay deuda que no se pague
Ni plazo que no se venza”
Martin Fierro

La Justicia de Mar del Plata comienza lentamente a despejar un camino que durante años pareció imposible de transitar, pues el arduo trabajo desplegado por el Tribunal Oral Federal cuando se pusiera al frente del Juicio por la Verdad ha comenzado a dar sus frutos.

Testimonios aportados en la substanciación del mismo permitieron ya la deten ción y procesamiento del suboficial Molina,integrante del grupo represor actuante en el Centro Clandestino de Detención situado en la Base Aerea de Mar del Plata, conocido como “La Cueva”.

A mediados de este año, el Juez Federal Alejandro Castellanos ordenó la deten ción del excomisario Héctor Francisco Bicarelli por la represión en la zona de Necochea durante el 1976 cuando intervino en el secuestro y tormentos de decenas de personas de esa localidad. Los testigos que declararon en el Juicio por la Verdad permitieron determinar la responsabilidad penal del ex jefe policial.

Ahora el magistrado, tambien en base a testimonios brindados por sobrevivien- tes del centro de detención instalado en la Base Naval de Mar del Plata entre 1976 a 1983 ordenó la detención de los contraalmirantes retirados Juan Carlos Malugani y Roberto Luis Pertusio, acusados de tormentos y desaparición de per sonas mientras prestaron servicios en esa unidad militar.

Aunque aun hoy muchos pueden dudarlo, en esa postal de la “Ciudad Feliz”, incorporada al paisaje del turismo existió un centro de exterminio de personas que funcionó hasta después de la asunción del presidente Ricardo Alfonsín, ha biendo “alojado” posiblemente en sus últimos días a la joven Cecilia Viñas hasta su desaparición definitiva.

La Base Naval se estructuro como centro clandestino de detención ,creando com partimentos distintos según sea el carácter o la militancia del secuestrado y la división de inteligencia que requería a cada persona. Así funcionó un propio sec tor en el mismo edificio de la Base, otro en el área de “buzos tácticos”, uno en el sector del Arsenal y otro más en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina.

De todos ellos ,la zona de buzos tácticos ligada a la base de submarinos fue tan cruel e inhumana que una sobreviviente llegada al centro clandestino “La Cacha” le confesó a su amiga: “ esto parece el Sheraton, comparado con lo que pade- cí en Mar del Plata”.

El contraalmirante Juan Carlos Malugani fue jefe de la Base Naval Mar del Plata desde enero de 1976 hasta el mismo mes del año siguiente y en su sello lucia la mención de “Comandante de Fuerzas de Tareas” .En ese entonces tenía el grado de Capitán de Navío, aunque antes de dejar ese destino ya había sido ascendido a Contraalmirante.Dos años más tarde estaba al frente de la Dirección de Instru cción Naval de la marina argentina, atribuyéndosele responsabilidad en el centro clandestino de detención de la “Esma” por lo que el juez español Baltarsar Garzón lo acuso del secuestro de 42 personas,la privación ilegitima de la libertad y torturas a 68 personas y la desaparición forzosa de 15 personas, librando una orden internacional de captura y solicitando en octubre del 2001 la extradicción del marino.

Fue incluido entre los indultados por el Presidente Carlos Saúl Menem, aunque en octubre de 2004 es detenido por orden del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata a raíz de los cargos que pesaban sobre él por desaparición de personas.

En ese entonces Malugani acusó a los jueces Falcone, Porteña y Parra de "mani- fiesta connivencia" con organismos de derechos humanos , incumplimiento de los deberes de funcionario público, privación ilegal de la libertad y prevaricato.

Había llegado a Mar del Plata el 13 de septiembre de 1971 al mando del sub marino S-22 “Santiago del Estero” junto a su compañero Juan Carlos Martinez quien piloteaba el S-21 “Santa Fe” ,ambos con el grado de Capitan de Fragata. Martinez años más tarde protagonizo un curioso accidente en la rada de la misma base al chocar un submarino con otro amarrado al muelle del complejo militar . Del agua pasó al aire, pues en marzo de 1976 fue nombrado interventor de una de las dos radios AM que existían en la ciudad.

Roberto Luis Pertusio por los años 76 era Capitan de Fragata y Jefe de la Fuerza de Submarinos asentados en la Base Naval Mar del Plata. Varios testimonios lo sindican como el encargado de los operativos en los que la marina, bajo directi- vas del Grupo de Defensa de Artillería Antiaera 601, secuestró a diversas perso nas en la citada ciudad,con posterior desaparición de las mismas.

En 1984,según registros de la propia armada nacional , aún seguía siendo el jefe de la Fuerza de Submarinos. Lo extraño de su ubicación en el esquema de la Base Naval es que no aparece con escalafón oficial alguno, pues cuando el Esta do Mayor de la Armada Argentina informa al Tribunal Federal Oral de Mar del Plata las autoridades de esa unidad militar por el periodo 1976-1983, no figura con cargo alguno en dicho listado.

Es probable que la Fuerza de Submarinos haya operado en ese entonces con la de Buzos Tácticos que para 1976 tenia como jefe al Capitan de Fragata Raul Alber to Guiñazu y en 1977 al Capital de Fragata Jose Omar Lodigiani.

Ya retirado, Pertusio se dedicó a la investigación y difusión de sus trabajos. Asi en el sitio “Mercado Libre” se puede ver ofrecida su obra: “Submarinos,su historia, relatos y curiosidades” o “Una marina de guerra, ¿para hacer que?.”, ediciones del “Instituto de Publicaciones Navales”.-

Integrante del Comité de Estudios de Estrategia Militar y Organización Superior del Centro Naval Argentino se especializó en temas de estrategia nacional e internacional, participando en paneles auspiciados por la Escuela de Defensa Nacional bajo el temario de “Seguridad Hemisférica y Defensa en Espacios Regionales”, con la de integrante de las universidades más prestigiosas del país.

Entres las obras referidas a temas de estrategia nacional e internacional se encuentran: “Un Análisis Estratégico Militar para la Situación Argentina" y " La Seguridad en el Atlántico Sur”.

En esta causa ambos marinos están imputados de la privación ilegitima de la li bertad de Nancy Carricabur, Stella Maris Nicuez, Liliana Iorio, Patricia Lazzeri, Liliana Retegui, Omar Tristán Roldán, Delia Garaguso, imposición de tormentos a presos agravado por la persecución política, homicidio doblemente calificado agravado de Liliana Iorio (22 años ), Liliana Retegui (22 años), Patricia Lazzeri (21 años) , Omar Tristán Roldán (20 años) y Delia Garaguso (22 años,embara- zada de tres meses).

Las tres primeras jóvenes fueron secuestradas por un comando de la marina el 19 de septiembre de 1976, mientras Omar y Delia ya habian sido detenidos el día anterior en un operativo en el cual intervienen mas de una docena de efectivos.

El jefe de grupo ordenó dejar todo como estaba, mientras se llevaba la llave de la casa, manifestando que iban a regresar. Y efectivamente, cuarenta y ocho horas después llegó un camión militar con soldados y gente de civil que ingresaron al domicilio de los jóvenes utilizando la misma llave que el anterior grupo había sustraído. Cargaron todo el mobiliario y enseres de la vivienda, haciendo compa recer como testigo a la esposa del dueño de la casa delantera que observó que el vehiculo ya traía otros muebles de anteriores procedimientos.

El comandante de la Base Naval, Juan Carlos Malugani en nota dirigida al padre de Omar en fecha 26 de noviembre desconoce la detención de la pareja ,alegando ignorar las causas de su desaparición. Pero en cambio Pertusio comunica a los fa miliares el 25 de enero de 1977 lo siguiente: “Personal perteneciente a esta Fuerza realizó un procedimiento en la vivienda que habitaba su hijo juntamente con una persona de sexo femenino.Al presentarse el personal militar en la casa,esta se encontraba deshabitada ,procediendose a requisar entonces los muebles y demás enseres en busca de documentación, armas o cualquier otro tipo de material comprometido, dichas pertenencias fueron trasladadas a dependencias militares donde personal especializado las hizo objeto de un detenido estudio....Esta Fuerza desconoce el paradero de su hijo y su amiga, ya que el procedimiento que usted menciona y en el que habrían sido detenidos,de haber ocurrido,no fue protagonizado por personal de la Armada...”.

Destaca el marino, que la contestación la efectua por orden del señor Comandan- te de la Fuerza de Submarinos, Contralmirante Dn Juan Carlos Malugani y al cos tado de su firma, hay un sello que dice “Jefe ,Fuerza de Submarinos”.

Similar situación se planteó frente al secuestro de Nora Inés Vacca (24 años) ocurrido el día 16 de septiembre de ese año.El padre de Nora reclamó en la Base por los elementos robados del departamento en que habitaba su hija. Otra vez responde Pertusio: “ Mar del Plata 23 de septiembre de 1977....1°) Es falso que su hija haya sido detenida por efectivos de la Armada...2°) Ante la denuncia de que había ocurrido un secuestro de personas jóvenes,personal de esta Fuerza se hizo presente en el lugar encontrando la casa deshabitada, la concurrencia de las Fuerzas Legales respondió a su responsabilidad de velar por las vidas de todo ciudadano...”

La compañera de Nora era Lidia Elena Renzi ( 24 años) y ese mismo día la habia ido a buscar un grupo de hombres,pero como no la encontraron dejaron a la propietaria del departamento que alquilaba la joven un teléfono para avisar si la veían. El número era: 8-0070 y casualmente correspondía a la Base Naval Mar del Plata. Lidia fue posteriormente secuestrada y aún permanece desaparecida.

Hasta el mes de septiembre de 1976 la lista de personas vistas por testigos en la Base Naval, a más de las nombradas , fue la siguiente: Carlos Alberto Oliva, Su sana Laura Martinelli de Oliva,Rosa Ana Frigerio, Fernando Francisco Judi, Al berto D´Uva,Omar Alejandro Marochhi, Susana Valor de Marochhi,Jorge Aude lino Ordoñez,Adalberto Sadet,Lidia Alvarez de Sadet, Enrique Daniel Nario y Liliana Pachano de Nario, todos con edades que no superaban los 24 años.

Tambien en febrero de ese año la unidad militar participó del secuestro y desapa rición de Francisco Host Venturi,artista plástico y miembro de las Fuerzas Arma das Peronistas. En la misma dependencia sufrió torturas que le causaron la muerte Juan Jacinto Burgos “Ezequiel”, despues de haber sido herido en un en frentamiento con un grupo de tareas de la Marina. Igualmente algunos indicios no confirmados dan cuenta del paso de Dolores Muñiz por la Escuela de Sub oficiales de Infantería de Marina.

En octubre la Marina se dedicó a la persecución de miembros del Partido Socia lista de los Trabajadores (PST) comenzando con el secuestro de Norma Susana Huder de Prado (18 años) el 13 de dicho mes ,continuando con Elena Alicia Ferreiro (21 años), Gustavo Eduardo Stati ( 17 años) ,Jose Alberto Martinez ( 21 años) y David Manuel Ostrowiecki (20 años ), estos últimos el 28 del mismo mes.

Del grupo se militantes juveniles se salvaron unos pocos,entre ellos la actual di putada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, quien el 16 de septiem bre de 2004 recordó a sus compañeros en una sesión de dicho cuerpo, especial- mente a su novio de entonces: Gustavo Stati.

El mes siguiente,continuan los golpes contra militantes del PST, desapareciendo Patricia Mabel Gaitan (19 años) Carlos Jose Guillermo Berdini (25 años) ,Adrian Sergio Lopez Vacca(24 años) y Nestor Alfredo Confalonieri (21 años) .

Otros jóvenes desaparecidos este año 76 en la Base Naval fueron Mario Alberto D´Fabio y Ruben Julio Fazio.

Ninguno de los nombrados reapareció con vida y a ellos deben sumarse otras 25 personas cuya secuestro y posterior desaparición se produjo por fuerzas asenta- das en la Base Naval Mar del Plata durante 1977.

Si bien los marinos procesados lo están por algunos de estos hechos,es obvio que la lista es mayúscula y deberán en algún momento responder por la totalidad de los mismos.

La Justicia tarda, pero llega y el impulso dado es de suma importancia,avalando la valiente actitud de familiares que desde hace años vienen clamando en denuncias como la siguiente:

“Extensión de los testimonios por la detención y posterior desaparición de Jacué María Carolina y Jacué Susana Rosa ,autoridades responsables de la represión en esta “Subzona Militar N°15” En el periodo en que ocurrieron los hechos denunciados 30/06/77 y 24/12/77: Comandante de Subzona Militar N° 15: Coronel Don Pedro Alberto Barda. Jefe de Operativos: Teniente Coronel Don Alfredo Arrillaga. Comandante de la Base Naval Fuerza Submarinos: Capitán de Navío Don Juan José Lombardo.Jefe de Operativos: Capitán do Fragata Don Roberto Luis Pertusio”.-

Personal que ejecutó los operativos en que fueron detenidas nuestras hija. Jefe del Operativo: Teniente de Infanteria de Marina (abogado) Davids, Oficial Gonzalez Chavez y Cabos Morales Luis y Perez Víctor además del personal de apoyo entre los que fue identificado por nuestro vecino Suboficial Mayor (RE) Don Máximo Argentino Carballo a quién obligaba a permanecer dentro do su domicilio al tiempo que le decía "Ud. es Militar, por favor no me comprome- ta, yo soy Cabo Cocinero de la Base de Submarinos “me engancharon para este operativo" Mar del Plata, 18 de enero de 1984 –María Carolina Guitian de Jacué .-MADRE”

Carlos A.Bozzi
Sobreviviente de la Noche de las Corbatas
Abogado.
Articulo publicado en www.elortiba.org

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Febrero 21, 2007

Casación deberá decidir si el represor Raúl Guglielminetti queda en libertad

Lo determinó la Sala I de la Cámara Federal al conceder el recurso que había interpuesto el abogado Gustavo Pablo Labora. Al ex agente de inteligente se le imputan la tortura de a los prisioneros alojados en un centro clandestino de detención durante la última dictadura.

La Cámara Nacional de Casación Penal será el tribunal que resolverá si puede recuperar su libertad el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, imputado de torturar a los prisioneros alojados en un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.

Así lo determinó la Sala I de la Cámara Federal al conceder el recurso de casación que había interpuesto el abogado Gustavo Pablo Labora, para que el máximo tribunal en materia penal del país deje sin efecto la denegatoria del beneficio que oportunamente había decretado el juez federal Daniel Rafecas y luego confirmó la Cámara.

La medida fue dictada en el marco de la "megacausa" por gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas, entre 1976 y 1983, en ámbitos del Primer Cuerpo de Ejército, que se reactivó tras la derogación y nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

En una resolución de cuatro carillas -a la que Télam tuvo acceso- los camaristas Gabriel Cavallo y Martín Irurzun coincidieron, aunque con argumentos propios, en otorgar al letrado la posibilidad que intervenga la Cámara de Casación Penal dado que, caso contrario, podría ocasionarse un perjuicio "de imposible o tardía reparación ulterior".

El fallo que Labora quiere que se anule es aquel por el cual la Cámara confirmó la denegatoria de excarcelación del ex agente de inteligencia acusado de delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como "Automotores Orletti", que funcionó durante la última dictadura militar.

En esta causa, en septiembre de 2006, Guglielminetti fue hallado "prima facie" responsable por el secuestro de 65 personas, 24 de ellas desaparecidas, en ese campo clandestino que funcionó, durante los primeros meses del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" en el barrio porteño de Floresta.

También están procesados el ex comodoro Néstor Guillamondegui, el ex general Eduardo Cabanillas, el ex coronel Rubén Visuara y el ex agente de inteligencia Honorio Martínez Ruíz.

Entre las víctimas del grupo se encuentran Marcelo Gelman, hijo del poeta Juan Gelman, y el contador Carlos Santucho, hermano del fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Mario Santucho.

Se estima que por "Automotores Orletti" pasaron más de 200 detenidos, muchos de nacionalidad uruguaya, ya que el taller mecánico ubicado en Venancio Flores y Emilio Lamarca, funcionó como una de las bases operativas del denominado "Plan Cóndor", por el cual las dictaduras latinoamericanas coordinaron su acción represiva ilegal tendiente a eliminar a sus opositores políticos.

"Todo secuestrado era sometido a un régimen con tanta carga de terror y sadismo, que de por sí era constitutivo del delito de imposición de tormentos", expresó Rafecas -el primer juez que equiparó los centros clandestinos de detención con los campos de concentración del nazismo- cuando dictó los procesamientos.

Tras permanecer varios años con órdenes de captura en su contra, Guglielminetti -también sindicado como integrante de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA)- fue detenido en agosto último en una quinta de Mercedes, donde su abogado dijo que "siempre" había estado allí por lo que intentó demostrar que "no estaba prófugo".

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Las Abuelas recuperaron el nieto n° 86

Ver nota en www.pagina12.com.ar

El país | Miércoles, 21 de Febrero de 2007

RECUPERO LA IDENTIDAD UN NIÑO, HOY UN JOVEN, QUE FUE APROPIADO POR EL REPRESOR BIANCO

“Pudimos revertir el plan macabro”

Hace más de veinte años, las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron al médico militar y represor de Campo de Mayo Atilio Bianco por la apropiación de dos menores. La Justicia confirmó ahora que uno de ellos es el hijo de los desaparecidos Jorge Casariego y Norma Tato. El joven aceptó voluntariamente hacerse el análisis de ADN.

Por Victoria Ginzberg

En 1985, las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron al médico del Ejército Norberto Bianco como apropiador de hijos de desaparecidos. Una fuga a Paraguay, una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y una condena a doce años de prisión formaron parte de esa historia. Pero aun así, las identidades biológicas de Pablo y Carolina, los dos niños que el represor había criado, no habían sido develadas. Eso fue así hasta que Pablo, hoy un joven de 29 años, aceptó hacerse voluntariamente el estudio de ADN. De esta forma, se comprobó finalmente que es hijo de Norma Tato y Jorge Carlos Casariego. Ellos fueron secuestrados en abril de 1977 y fueron vistos en el centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo, donde Bianco atendió partos y se ocupó de “repartir bebés”. “Después de más de veinte años de inclaudicable y tenaz lucha para restituir sus derechos a un bebé, hoy un joven, pudimos revertir el macabro plan de los genocidas. Pablo Hernán Casariego Tato es libre”, dijeron las Abuelas en un comunicado.

Por este caso fue que el juez Roberto Marquevich ordenó el 9 de junio de 1998 que el dictador Jorge Rafael Videla volviera a prisión. Pero hace ya más de cinco años que la causa en la que se investigaba el origen de los chicos apropiados por Bianco y su mujer, Susana Wehrli, está cerrada. El represor fue condenado a doce años de prisión, aunque no estuvo mucho tiempo tras las rejas, porque la Justicia computó como tiempo de detención diez años que pasó mientras esperaba su extradición con una laxa prisión domiciliaria en Paraguay, donde se había fugado.

En 2001, la Cámara Federal de San Martín consideró que el delito de supresión de estado civil y la identidad de Pablo y Carolina estaba prescripto. De esta forma, impidió seguir investigando quiénes eran los padres de los niños. Pero el delito no había cesado, ya que los jóvenes no habían recuperado su identidad.

Las Abuelas de Plaza de Mayo no se resignaron. Una joven colaboradora del organismo contactó a Pablo y Carolina en Paraguay, donde vivían. Y en octubre de 2002 logró que Pablo accediera a realizar el estudio de ADN. El análisis se hizo en forma privada y reveló que los padres de quien había crecido como Bianco Wehrli eran Casariego y Tato. En noviembre del año pasado, las Abuelas, con la representación del abogado Luciano Hazan, consiguieron que la jueza de San Martín Sandra Arroyo Salgado y el secretario Walter Rodríguez reabrieran la causa judicial en base al derecho a la Verdad. Con la intervención de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, se pudo repetir el análisis de sangre, esta vez en el Banco Genético del Hospital Durand. Así, la Justicia confirmó formalmente la identidad de Pablo, que inició un proceso de acercamiento a su familia biológica.

La familia

Norma Tato y Jorge Carlos Casariego se conocieron mientras trabajaban en el laboratorio Squibb. El era alto, de tez blanca y ojos claros y usaba anteojos. Estudió Química en la UBA, se casó con su prima Rosa María, tuvo dos hijos y luego se separó. Ella tenía ojos marrones, pelo castaño y nariz pequeña. Era maestra y también tenía dos hijos de un matrimonio anterior. Ambos militaban en Montoneros y vivían en un pequeño departamento cerca del Zoológico.

Norma fue secuestrada el 13 de abril de 1977, en su domicilio, frente a sus hijos, que fueron dejados con una vecina y luego entregados a su papá. Estaba embarazada de cinco meses y fue vista junto con Casariego en Campo de Mayo. Sobrevivientes de ese centro clandestino revelaron que dio a luz a mediados de agosto. Según los testimonios, el parto se hizo en condiciones precarias, sin asistencia médica, en una piecita ubicada junto al pabellón número 1. La mujer fue asistida por otra detenida. Veinticuatro horas después le sacaron al bebé. Y una semana más tarde fue “trasladada”, es decir, asesinada. Unos días antes Jorge había tenido el mismo destino.

La Justicia

Las Abuelas comenzaron a seguir la pista de Bianco en 1984, a partir de informaciones anónimas, incluso de personas cercanas al represor, que aseguraban que Bianco y su mujer tenían niños que podían ser hijos de desaparecidos. Las denuncias se completaban con el dato de que la pareja no podía tener hijos y con el hecho de que el hombre se desempeñaba como médico en el hospital militar de Campo de Mayo.

Bianco no sólo es responsable por la apropiación de Pablo –la identidad de Carolina aún se desconoce–, sino también por su actuación como represor en Campo de Mayo, donde se registraron al menos 35 casos de mujeres embarazadas (ver aparte). Bianco era el encargado de la maternidad clandestina que funcionó en el hospital militar. Las denuncias señalaron a Bianco como quien llevaba a las mujeres a parir en el sector de Epidemiología de ese lugar y luego retiraba a los niños recién nacidos. Allí, después de dar a luz, las madres recibían una inyección para que no tuvieran leche.

Para evitar el análisis de sangre que confirmaría la identidad de los niños y lo llevaría a la cárcel, en 1986 Bianco se escapó con su mujer y los dos chicos a Paraguay, donde recibió el amparo de la dictadura de Alfredo Stroessner. Fueron localizados en 1987 en Asunción, donde los chicos iban a la escuela con el apellido Polimeni. El 23 de abril de ese año, la Justicia argentina pidió la extradición y la restitución de los niños bajo la tutela del juez. El trámite de extradición se demoró diez años y motivó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A pesar de haberse comprometido a partir de un acuerdo en el organismo internacional, la Justicia paraguaya nunca hizo los exámenes genéticos a los chicos. Para conocer la verdad sobre Pablo hubo que esperar otros diez años.

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Reclamo a Casación

El Consejo de la Magistratura solicitó a la Cámara de Casación un detalle sobre su actuación en las causas vinculadas con las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. El pedido se concretó el lunes y se hizo a partir de una propuesta de la diputada Diana Conti, presidenta de la Comisión de Disciplina y Acusación del organismo. Página/12 informó la semana pasada que la Cámara de Casación era considerada por los organismos de derechos humanos como uno de los principales obstáculos en el avance de los expedientes sobre la última dictadura. En ese tribunal hay más de cien recursos pendientes, algunos hace más de tres años. Uno de los planteos que deben resolver es el de la validez de la ley que anuló el Punto Final y Obediencia Debida, sobre el que ya se expidió la Corte Suprema. Además, varios casos que están por ir a juicio oral deben esperar por decisiones de Casación. Ahora, el tribunal deberá informar mensualmente sobre el estado de las causas y los jueces que intervienen. También tendrá que aclarar la fecha de ingreso de los expedientes.

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Febrero 17, 2007

Otra sotana manchada de sangre

Por Camilo Ratti y Victoria Ginzberg. Pagina 12. Argentina. 15 de febrero de 2007. El sacerdote Miguel Regueiro fue capellán militar y está acusado del secuestro de tres jóvenes y la sustracción de un bebé. Entre 1975 y 1978 fue capellán militar del batallón de Combate de Ingenieros de San Nicolás. El teniente coronel Manuel Saint Imant, jefe del área 132, lo consideraba "un aliado del Ejército". En el barrio cordobés Las Violetas, donde tiene una de sus varias capillas, era conocido por su pasado y simpatía castrense. El sacerdote Miguel Regueiro fue detenido el lunes por orden del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo. Está acusado de haber participado en el secuestro y asesinato de tres jóvenes y de la sustracción de un bebé. María Cristina Alvira y Horacio Arístides Martínez, jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral y militantes de la Juventud Peronista Universitaria, se instalaron en San Nicolás en 1975. En abril de 1977 la pareja y Rosa Raquel, la hermana de María Cristina, fueron secuestrados en un operativo en el que actuaron las "fuerzas conjuntas". El hijo de unos pocos meses de María Cristina y Horacio fue dejado con un vecino, a quien luego le ordenaron entregarlo al capellán militar Regueiro.

Alertada por el vecino, la familia buscó al bebé y a fuerza de insistencia logró recuperarlo. Para ello, la madre de María Cristina tuvo que ir a una casa en las afueras de San Nicolás con el cura, donde, señaló, había "muchos otros niños y bebés". La mujer le rogó a Regueiro que le dé información sobre su hija y su yerno. La respuesta fue que "eran unos delincuentes subversivos que querían matarlo a él y al teniente coronel" (Manuel Saint Imant) y que no le iba a decir dónde estaban. La detención de Regueiro, pedida por el fiscal Juan Murray y la familia de las víctimas, se concretó el lunes. Ayer, el sacerdote fue indagado durante cuatro horas y quedó alojado en la delegación de San Nicolás de delitos federales y complejos de la Policía Federal. En la misma causa se investiga la desaparición de otros jóvenes, compañeros de militancia de Alvira y Martínez. Todos estaban ligados con el trabajo social en la diócesis de San Nicolás, dirigida por el obispo Carlos Horacio Ponce de León, cuyo asesinato es objeto de otro expediente judicial.
Las Violetas
Regueiro estuvo muchos años en Córdoba como capellán del Liceo Militar General Paz. En 1992 se incorporó a la arquidiócesis provincial como sacerdote diocesano. El arzobispado, en ese momento presidido por el fallecido Raúl Primatesta, lo designó como su representante en la capilla de Parque República, un barrio aledaño a Las Violetas, una de las comunidades más pobres de la zona oeste de la capital. En las calles de esa populosa barriada cordobesa los vecinos se dividen entre quienes lo quieren "por toda la obra que hizo aquí y en otros barrios", y los otros, como Susana. Sentada en la vereda de su casa, frente a la parroquia Santa Teresa de Jesús, la construcción más nueva y coqueta de un zona muy humilde, con chicos que juegan en la calle al ritmo del cuarteto o la cumbia, la mujer aseguró que el cura arrestado es "prejuicioso y discriminatorio hacia los más pobres o los que no participamos activamente de sus actividades en la parroquia". Pedro Pérez, el ordenanza que colabora desde hace once años con Regueiro en el mantenimiento de la capilla, dijo que desconoce cuál fue la actuación de éste en los años ’70: "Lo único que él me contaba era todo lo bueno que habían hecho en San Nicolás". También sentadas en la vereda "por una humedad que no se aguanta", sorprendidas como todos en el barrio por la detención de Regueiro, Mabel y Cora contaron que "don Pedro solía acompañar al cura al comando". El "comando" es el Tercer Cuerpo de Ejército, ubicado a unos pocos kilómetros del barrio Las Violetas.FIN.

Por complicidad con desaparición de personas en San Nicolás Detienen en Córdoba a ex capellán militar El sacerdote Miguel Angel Regueiro, quien durante la última dictadura fue capellán en varias unidades militares y actualmente era párroco en la ciudad de Córdoba, fue detenido a causa de su actuación durante el régimen militar por orden del Juzgado Federal de la ciudad bonaerense de San Nicolás. Versión para imprimir Enviar por mail Aumentar Default Disminuir [cerrar] Comparta esta nota con un amigo E-Mail de su amigo Su nombre Su E-Mail

Se trata del actual cura de la parroquia Santa Teresa de Jesús, ubicada en Aguirre y Locatelli, del barrio Las Violetas de la ciudad de Córdoba, quien ayer a la tarde fue trasladado a la ciudad de San Nicolás, en el norte bonaerense.

Fuentes del juzgado federal número 2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, quien ordenó la detención, precisaron que Regueiro, de 73 años, está siendo investigado en el marco de una causa por desaparición forzada de personas.

La investigación, agregaron los voceros, comenzó hace un año y medio, ya tiene a dos militares retirados procesados y en los últimos días agregó a dos detenidos: Regueiro y un ex suboficial del Ejército que fue apresado en San Nicolás.

El párroco de barrio Las Violetas fue detenido el lunes último en un procedimiento que contó con la colaboración de los Tribunales federales locales.

El sacerdote está sospechado, según confiaron funcionarios judiciales nicoleños, de haber conocido presuntas violaciones a los derechos humanos y desapariciones forzadas cuando se desempeñaba como capellán del batallón del Ejército que funcionaba en San Nicolás y que en la actualidad ha sido reducido a destacamento.

A causa del secreto de sumario, las fuentes consultadas por el diario se negaron a adelantar qué imputación recayó sobre el religioso, ya que el detenido será informado hoy al respecto, cuando sea llamado a prestar declaración.

Voceros del Arzobispado de Córdoba señalaron que en la curia no tenían conocimiento de la existencia de la causa judicial y que se enteraron del hecho con la detención de Regueiro.

Regueiro se ordenó sacerdote en 1972, y fue destinado al obispado castrense, el organismo eclesiástico que atiende las necesidades espirituales de los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Por esa razón habría sido destinado, en 1976 ó 1977, al entonces batallón del Ejército en San Nicolás.

Fuente: DyN

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Febrero 15, 2007

HIJOS: Denuncia De Amenazas Ante Tribunales Federales

(AW) Mañana, jueves 15 de febrero a las 10.00 la agrupación HIJOS, regional La Plata, realizará en el Juzgado Federal Nº 3, a cargo del Dr. Arnaldo Corazza, una denuncia por una serie de amenazas recibidas entre diciembre de 2006 y enero de 2007. La presentación será acompañada organismos de derechos humanos de La Plata y por las organizaciones integrantes de la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada.

La Plata, 14 de febrero de 2007 (Mesa de Escrache Popular La Plata).- El jueves 15 de febrero a las 10 hs la agrupación HIJOS, regional La Plata, realizará en el Juzgado Federal Nº 3, a cargo del Dr. Arnaldo Corazza, una denuncia por una serie de amenazas recibidas entre diciembre de 2006 y enero de 2007.

A fines de 2006, y con el caso Gerez en plena visibilidad pública, continuó la rueda de amenazas a familiares, querellantes y militantes de derechos humanos, tras el juicio al genocida Miguel O. Etchecolatz. En ese marco HIJOS recibió varios correos electrónicos intimidatorios, que hacían referencia directa al caso del secuestrado en Escobar.
En enero de este año se recibieron en la casilla de la Mesa de Escrache Popular de La Plata dos amenazas de muerte enviadas desde un mismo remitente. Quien las envió pertenece al entorno más directo de uno de los tantos represores impunes que viven en esta ciudad. El mismo fue escrachado en distintas oportunidades, habiéndose denunciado su pasado como represor y su presente como encargado de distintas empresas de limpieza y seguridad privada.

Hacia agosto de 2003 la Mesa de Escrache Popular denunció que el represor Héctor Darío Romero (quien se desempeñó entre 1975 y 1980 en el Centro Clandestino de Detención que funcionó en la Comisaría 5º de La Plata) cumplía funciones en la Dirección General de Fiscalización de Agencias y Seguridad Privada (dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia). Esta Dirección es justamente la que debería controlar que en las agencias de seguridad privada no haya represores.

Sin embargo, desde hace años venimos denunciando la vinculación entre algunas agencias de seguridad privada y aquellos que fueron parte del plan sistemático de secuestro, desaparición y tortura. En muchos casos nos encontramos con que esas agencias siguen funcionando sin que el Estado haga nada para impedirlo. En otros casos hemos encontrado a represores o a personas de su máxima confianza trabajando en distintas dependencias del Estado.

Tras el secuestro y la desaparición de Jorge Julio López, insistimos en que la investigación del caso debe apuntar a estos sectores, que demuestran poseer la capacidad operativa y la impunidad suficiente para golpear al campo popular como hace 30 años.

Estos hechos revelan, no sólo el marco de impunidad que los gobiernos nacional y provincial brindan a estos sectores, sino también su disposición a defender a cualquier costo los negociados que ostentan con el actual poder político y económico.

La denuncia del jueves 15 se acompañará de la documentación que surge de la investigación realizada estos años sobre varias empresas de seguridad privada vinculadas a represores de la última dictadura. Exigimos a la Justicia Federal que investigue seriamente los hechos denunciados y su vinculación con el desarrollo de las causas judiciales contra los genocidas.

La presentación será acompañada organismos de derechos humanos de La Plata y por las organizaciones integrantes de la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada.

Jueves 15 de febrero - 10 hs

Tribunales federales de La Plata (8 y 50)

No olvidamos

No perdonamos

No nos reconciliamos

Juicio y castigo a todos los represores y sus cómplices

Nulidad de los indultos a los genocidas

Desmantelamiento del aparato represivo

Aparición con vida ya de Jorge Julio López

SI NO HAY JUSTICIA HAY ESCRACHE

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Febrero 10, 2007

Bussi y Menéndez podrán gozar del arresto domiciliario

La Cámara Federal de Apelaciones decidió no conceder el recurso de casación interpuesto por el fiscal subrogante contra la sentencia que les otorgaba el beneficio a los represores. Los militares retirados cumplen prisión preventiva acusados de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

Los represores Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez podrán gozar del beneficio de la detención domiciliaria en lugar de cumplir en la cárcel de Villa Urquiza la prisión preventiva que pesa sobre ellos por violaciones a los derechos humanos, se informó.

La Cámara Federal de Apelaciones resolvió no conceder el recurso de casación que había interpuesto Emilio Ferrer, en el carácter de fiscal de Cámara subrogante, contra la sentencia a favor de que a los militares retirados se les concediera la detención domiciliaria.

La resolución fue firmada por Graciela Fernández Vecino, Marina Cossio de Mercau y Enrique Andrada Barone (este en el carácter de conjuez), informaron hoy voceros judiciales.

El fiscal Ferrer pretendía que la cuestión fuera revisada por la Cámara Nacional de Casación Penal, pero los camaristas concluyeron que el recurso no era procedente, porque la sentencia de la Cámara no era definitiva, sino que se limitaba a señalar que la prisión preventiva que pesa sobre los procesados podía ser convertida en arresto domiciliario por razones humanitarias.

Bussi tiene 80 años y padece problemas cardíacos, mientras que Menéndez tiene 79 y ambos cumplen prisión preventiva acusados de violaciones a los derechos humanos durante el último proceso militar.

El juez federal número uno, Jorge Parache, había ordenado que Bussi y Menéndez cumplieran la prisión preventiva en la cárcel de Villa Urquiza ante un pedido efectuado por Ferrer, pero la resolución fue apelada por el abogado de los ex militares, Horacio Conesa Mones Ruiz.

El abogado solicitará en las próximas horas, una vez que tenga en sus manos la resolución judicial, que se ejecute la sentencia de la Cámara para que Bussi pueda ser trasladado desde el ex arsenal Azcuénaga, donde se encuentra alojado, a un domicilio particular.

Menéndez, por su parte, ya goza de este beneficio en Córdoba, aunque está a disposición de la Justicia Federal de Tucumán.

Al fiscal general Gustavo Gómez, en tanto, le quedará interponer un recurso extraordinario, porque Ferrer hizo reserva del caso federal, a fin de llevar eventualmente el caso a la consideración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Febrero 2, 2007

Clarín: Caso Gelman: intentó fugarse por segunda vez uno de los militares uruguayos reclamados por Argentina

El ex coronel Gilberto Vázquez, acusado por la desaparición de la nuera del poeta en 1976, fue confinado a una celda de castigo luego de que los guardias detectaran que planeaba escaparse. El año pasado había estado prófugo durante cuatro días tras escaparse del Hospital Militar, donde estaba internado.

Por segunda vez, el coronel retirado Gilberto Vázquez, detenido en una cárcel especial de Montevideo y con pedido de extradición por parte de la Justicia argentina por su presunta vinculación con la desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman hace tres décadas, intentó fugarse de la prisión, pero los guardias frustraron su intención.

Según los medios uruguayos, los guardias del ex Batallón Ingenieros, actual unidad 8 de Montevideo, donde se encuentra detenido el ex militar detectaron su plan de escape a tiempo y lograron frutar la fuga. El diario El País informó que Vázquez intentó usar dulce de membrillo para corroer los barrotes de la celda y tenía escondida entre sus pertenencia una pequeña sierra.

Finalmente, el represor -acusado por violaciones a los derechos humanos y requerido y con pedido de extradición por parte de la justicia argentina- fue sometido a un arresto a rigor, confinado a un "encierro total" y privado de la posibilidad de visitas por los próximos 60 días.

Sin bien esta vez, el intento de escape fue frustrado, no sucedió lo mismo el 3 de julio del año pasado cuando el ex coronel se fugó del Hospital Militar donde estaba siendo atendido por una afección en la próstata.

Su aventura duró sólo cuatro días, porque el 7 de julio fue recapturado por una comisión de Interpol oculto en la casa de una prima en el barrio Sur de Montevideo. en un primer momento el ex militar, que presentaba una imagen muy cambiada con extensiones de pelo color caoba y vestimenta andrajosa, intentó escaparse por la azotea. Sin embargo, y pese a que portaba un arma, cuando se vio rodeado por los efectivos, decidió entregarse.

A raíz de esa fuga, Vázquez y otros militares procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura uruguaya (1973-1985) fueron trasladados a la Cárcel Central desde sus alojamientos en dependencias del Ejército, donde gozaban de un régimen de arresto flexible.

Más tarde, el último 23 de diciembre, cinco oficiales del Ejército -Vázquez entre ellos- y dos ex policías procesados por crímenes durante el gobierno de facto, fueron encerrados en una prisión especial que acababa de construirse.

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Clarín: El represor que reivindicó el terrorismo de Estado deberá ampliar su indagatoria

El ex jefe de operaciones navales Luis María Mendía, imputado por violaciones a los derechos humanos, será citado nuevamente por el juez federal Sergio Torres. Ayer, el almirante retirado dijo ante el magistrado que la represión durante la dictadura fue legal, al haber sido ordenada por el gobierno de Isabel Perón.

El detenido vicealmirante retirado Luis María Mendia, que ayer asumió ante la Justicia la autoría intelectual del plan represivo de la Armada en la última dictadura que incluyó los "vuelos de la muerte", deberá volver a los tribunales para ampliar su declaración indagatoria.

La medida, que aún no tiene fecha, fue resuelta por el juez federal Sergio Torres que quiere repreguntar a Mendía, de 82 años y ex 'número 3' de la marina de guerra, sobre puntos precisos de la ejecución del "Plan de Capacitación contra la insurgencia terrorista de la Armada argentina" (Placintara), informaron fuentes judiciales.

El Placintara, concebido en 1975 con "operaciones especiales" por parte de los marinos, tales como los 'vuelos de la muerte', es decir arrojar vivos y dopados al mar a guerrilleros y opositores a la dictadura, llevó la firma de Mendía y se impartió a oficiales y suboficiales.

La decisión judicial de ampliar la declaración indagatoria se produce apenas 24 horas después de la resonante exposición que ayer hizo Mendía, cuando dijo que lor represores de la ESMA cumplieron órdenes suyas y de la ex presidenta Estela Martínez de Perón.

Por primera vez desde la 'guerra sucia' de la dictadura, el ex jefe de Operaciones Navales asumió ayer la responsabilidad de lo ocurrido en la Escuela de Mecánica de la Armada, por donde pasaron unos 5.000 prisioneros, torturados y en tránsito hacia los 'vuelos de la muerte': "Yo impartí las órdenes", aseguró.

A Mendía la Cámara Federal le confirmó el procesamiento por 151 hechos de torturas y secuestros en la denominada "megacausa ESMA", por lo que el vicealmirante cumple prisión preventiva en su domicilio a la espera de que se lleve a cabo el juicio oral.

http://www.clarin.com/diario/2007/02/02/um/m-01356261.htm

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Enero 29, 2007

Por Astiz, relevan del secreto a los militares

CLARIN. ARGENTINA. 26 DE ENERO DE 2007. El presidente Néstor Kirchner firmará hoy un decreto para relevar del secreto de Estado a militares, policías y funcionarios retirados o en actividad que deban declarar en juicios vinculados a la investigación del terrorismo de Estado. La disposición fue adoptada como respuesta al pedido formulado el miércoles por el ex capitán de la Armada Alfredo Astiz, al prestar por primera vez declaración en la causa en la que está procesado por la desaparición de dos monjas francesas en 1977. Lo hizo a través de su defensor, Juan Aberg Cobo, con el propósito de ampliar la teoría poco creíble que esgrimió, acerca de la responsabilidad de "agentes encubiertos" de Francia en el crimen.

Según fuentes del Gobierno, el decreto será anunciado públicamente por la ministra de Defensa, Nilda Garré, quien también habrá de firmarlo junto al jefe de Gabinete, Alberto Fernández. El título del decreto, al que tuvo acceso Clarín, es "Relevamiento de secreto por violaciones a los derechos humanos". En el párrafo inicial dispone que quienes integren o hayan integrado organismos de inteligencia, fuerzas armadas, de seguridad o policiales, tanto como los que son o hayan sido funcionarios alcanzados por la obligación de guardar secreto en los términos establecidos por la Ley 25.520, "quedan relevados de dicha obligación cuando fueren llamados a prestar declaración indagatoria respecto de los hechos e informaciones a los que hubieren tenidos acceso en ejercicio de sus funciones", en relación a la violación de los derechos humanos durante la última dictadura, entre 1976 y 1983.

A renglón seguido, el texto amplía los alcances de la norma a "hechos que de cualquier manera se vincularen con el terrorismo de Estado". Dejaría así abierta la posibilidad de que se relacione con delitos cometidos antes del golpe, tales como los crímenes de la Triple A que el juez federal Norberto Oyarbide acaba de declarar "imprescriptibles". Por otro lado, la disposición sostiene que las personas que se encuentran comprendidas en el decreto también quedan relevadas de la obligación del secreto cuando sean llamadas a prestar declaración judicial como testigos en dichos casos de violación de derechos humanos. Y que "no podrán invocarla para limitar el contenido de su declaración". La única excepción que se menciona es la obligación de conservar el secreto en casos estratégicos de inteligencia militar.FIN.

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Enero 13, 2007

La Justicia española le otorgó la libertad provisional a Isabel Perón

Es por su avanzada edad y al considerar que no hay riesgo de fuga. Sin embargo, deberá presentarse en Tribunales cada 15 días, hasta que culmine el trámite de extradición. La ex presidenta había sido detenida más temprano en su casa de Madrid, luego de un pedido de captura formulado por un juez de Mendoza para que declare por la desaparición de un joven semanas antes del golpe que la sacó del poder.

Clarín.com

La Justicia española le otorgó la libertad provisional a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, quien había sido detenida más temprano en su casa de Madrid, luego de un pedido de captura formulado ayer por un juez federal de Mendoza.

El beneficio fue concedido por el juez Juan del Olmo, de la Audiencia Nacional, al tener en cuenta la avanzada edad de Isabel y considerar que no existe riesgo de fuga. La ex presidenta, que ya recuperó la libertad, deberá presentarse en Tribunales cada 15 días, hasta que culmine el trámite de extradición a la Argentina.

Isabel fue detenida a las 20 de Madrid (las 16 en la Argentina) en su casa de Villanueva de la Cañada, en el oeste de la comunidad de Madrid. El trámite se efectuó bajo un riguroso silencio. Luego de permanecer 40 minutos en la vivienda, la Policía se llevó esposada a la viuda del general Perón rumbo a la sede de la Audiencia Nacional, donde fue notificada de la orden de captura .

La captura de Isabel había sido dispuesta por el juez federal de San Rafael Héctor Acosta, en el marco de dos causas por la desaparición forzada de un estudiante y la detención de un menor, ocurridas semanas antes del golpe de 1976 que la desalojó del poder.

El magistrado investiga la desaparición del estudiante Héctor Faggeti, de 24 años, secuestrado el 25 de febrero de 1976 por fuerzas de seguridad. El joven estuvo detenido en dos cuarteles del Ejército y fue visto por última vez el 10 de marzo, dos semanas antes del golpe que derrocó a Isabel: la Policía dijo que fue liberado, pero nunca volvió a su casa.

La ex presidenta se encuentra imputada por supuesto secuestro agravado junto a los ex ministros Carlos Ruckauf, Antonio Cafiero, Manuel Arauz Castex, Tomás Vottero y Carlos Emery. La medida también alcanza a Italo Luder (ex presidente del Senado) y al ex ministro del Interior Angel Robledo (fallecido).

Todos ellos firmaron decretos que en octubre de 1975 establecieron "ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarios a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país".

Precisamente, Acosta considera que la desaparición de Faggeti fue avalada por la firma de esos decretos, lo que implicaría una acción de terrorismo de Estado. "La investigación apunta a determinar si la ex presidenta, como jefa del Ejecutivo, habría ejecutado el término de los decretos que ordenaban aniquilar la subversión", explicó el juez.

Cafiero logró la eximición de prisión y a mediados de noviembre viajó a San Rafael para defenderse ante el magistrado. "Fui defensor de los derechos humanos cuando todos callaban", afirmó. Y sostuvo que durante el gobierno de Isabel nunca escuchó órdenes destinadas a "matar, secuestrar torturar o provocar padecimientos a los detenidos".

El otro expediente que investiga Acosta es la detención, tortura y derivación a una cárcel de mayores de un adolescente de 17 años, de apellido Verón, también en días previos al golpe. Este hombre no está desaparecido y es uno de los principales testimonios de la causa contra los ex funcionarios.

http://www.clarin.com/diario/2007/01/12/um/m-01343971.htm

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Enero 6, 2007

Página 12: Juicios

Sábado, 06 de Enero de 2007
PANORAMA POLITICO
JUICIOS
Por J. M. Pasquini Durán

Los juicios contra los verdugos del terrorismo de Estado continuarán, pese a las debilidades del Estado de derecho, porque forman parte de la lógica histórica mientras Argentina permanezca en la zona de las repúblicas democráticas. De no ser así, implicaría una reversión tal del cuadro político general que la nave insignia del actual gobierno sería perforada bajo la línea de flotación, con la consiguiente zozobra. De la gobernabilidad democrática se trata, en definitiva, la puja actual entre los que reclaman olvido y los que buscan verdad y justicia, una tensión que, con altibajos, no cesó durante las últimas dos décadas. Las dramáticas experiencias de Jorge Julio López, desaparecido desde hace cuatro meses, y de Luis Gerez, reciente secuestrado y torturado por una banda clandestina, son episodios espantosos por todo lo que implican pero que no empiezan ni terminan esta historia.

Desde 1983 en adelante, la construcción del Estado de derecho apenas si empezó con las formalidades democráticas y, en rigor, a los sucesivos gobiernos surgidos de las urnas les faltó a veces la voluntad y otras la capacidad para depurar al aparato institucional y de representación en todos los niveles, pese a logros parciales que pueden contabilizarse en los últimos veintitrés años. Tampoco el movimiento cívico por los derechos humanos, de ejemplar constancia, ganó el corazón y la mente de la comunidad nacional hasta donde sería necesario. Consiguió derrotar visiones erradas del pasado –como la teoría de los dos demonios– y convenció a la mayoría popular de que los crímenes horrendos habían sido cometidos y necesitaban ser castigados. Pudo también enderezar algunas inflexiones gubernamentales, como la anulación de las leyes del olvido, aunque subsisten los indultos, y horadó la piedra cuando el actual Gobierno asumió el compromiso de acabar con la impunidad.

Algo esencial está faltando si, a pesar de los progresos realizados, queda espacio para que la derecha comprometida con el pasado pueda sembrar dudas, desacreditar a las víctimas, instalar relatos conspirativos –en esto con la colaboración imprudente de algunas izquierdas– y reinstalar, una y otra vez, la proposición del trueque inmoral: si nadie examina más el pasado, en el futuro no habrá nuevos desaparecidos. Sería al revés, porque los chacales cebados y sin castigo, igual que en el cuento del escorpión y la rana, volverían a depredar porque está en su naturaleza. No obstante, sería necio negar que las campañas publicitarias y, sobre todo, los actos depredatorios impunes –como lo son hasta ahora los de López y Gerez– logran introducir esos argumentos falaces en algunas franjas del imaginario colectivo. En este sentido, la búsqueda de verdad y justicia va a contramano de ciertas leyendas tradicionales del sentido común que aconsejan a las personas olvidar los peores sucesos de la vida para seguir adelante. Recomiendan lo contrario décadas de teoría y práctica de los especialistas en salud mental y las vivencias de otros pueblos que pasaron por traumas semejantes: no se puede avanzar en la vida privada o pública sin resolver, cada quien a su modo, las desgracias vividas, pero en ningún caso la solución consiste en ocultar los esqueletos en el ropero.

Aparte de las falencias gubernamentales y de las metas no alcanzadas por los defensores de los derechos humanos, ¿dónde más yerra el intento de acabar con la impunidad del terrorismo de Estado? La Justicia, por supuesto, viciada por décadas de concupiscencia (apetito desorbitado de placeres deshonestos, según la definición académica) con los núcleos corruptores de los diversos establecimientos del poder. La lista de fallas y ausencias en la organización judicial argentina, según los especialistas, es casi interminable, aunque las opiniones expertas coinciden en que es posible mejorar bastante la performance de los tribunales. Por ahora, la conducta encomiable de la Corte Suprema no ha tenido el efecto bienhechor que se le atribuye al buen ejemplo que viene desde arriba. Tampoco el Consejo de la Magistratura, en su versión anterior o en la actual, impuso el rigor necesario para acelerar la implantación de círculos virtuosos en los tribunales, en particular los de rango medio y alto. Sería indebido no dejar constancia aquí de tantos honorables empleados y funcionarios judiciales que no merecen caer en la volteada, a no ser porque ellos fallan en la tarea de expulsar, al menos denunciar, a los indeseables. En cualquier caso, sería absurdo pensar que sólo mejores tribunales alcanzarían para acabar con la impunidad. Son indispensables, pero insuficientes. Viene a cuento aquí el caso de Pinochet, que murió de viejo, con la inocencia jurídica intacta y para rematar, ahora la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en Chile anuló los cargos que recaían sobre familiares y colaboradores del dictador, los que podrán disfrutar de la fortuna mal habida, estimada en una módica treintena de millones de dólares, hasta donde se pudo saber.

¿No será que el manoseado huevo de la serpiente anida en el regazo de las fuerzas armadas y de seguridad? No hay duda alguna de que si una semana después de ocurrido, todavía los investigadores no llegaron a ninguna parte ni detuvieron a nadie en el caso Gerez, en muchos casos es porque faltan ganas. No vaya a ser que al final del camino se encuentren con camaradas de armas haciendo un extra. Sin mencionar a los que tienen un pasado que los condena pero que en el presente siguen en filas y, de paso, borrando huellas, escamoteando prontuarios o sentados sobre expedientes a la espera de un final a la Pinochet. ¿Quiere decir, entonces, que las purgas no sirvieron? Ni van a servir, mientras no cambien las culturas corporativas que hacen posible el pacto de silencio que aloja a la impunidad. Por otra parte, hay muchos negocios de la mala vida que sobreviven a los regímenes políticos y en los que hay sociedades de antigua data que reúnen en una misma mesa a políticos, policías y bandoleros de diversas especialidades (juego, prostitución, narcotráfico, contrabando, piratería del asfalto) en un surtido que dejaría a más de uno desnudo y en la calle si existiera, de verdad, una campaña contra el crimen organizado y se quitara la protección política en más de un distrito.

La descripción de elementos de la realidad casi siempre lleva a conclusiones pesimistas o escépticas. ¿Cómo cambiar las redes mafiosas bonaerenses si en el partido del oficialismo recalan políticos que llevan décadas controlando los negocios limpios y sucios de sus circunscripciones? ¿Cómo confiar en los tribunales si desde ayer Madonna Quiroz, el pistolero de San Vicente, recuperó la libertad? Por otra parte, las culturas no se cambian de un día para otro, pero ninguna permanece inmutable en el tiempo. En el país de la mala memoria, ya pocos recuerdan la experiencia de Misiones, pero ahí hubo un claro ejemplo de cambio de cultura en la mayoría popular. Del mismo modo, llegará a las intendencias, a los partidos, al movimiento social, siempre y cuando la Argentina permanezca en el área de las libertades democráticas y que la derecha del olvido no gane la partida. Los cambios verdaderos son la consecuencia de decisiones colectivas que se expresan en procesos dialécticos (hay conceptos que no deberían archivarse antes de tiempo), y revientan en un cuarto oscuro o en la calle, cacerola en mano. En esos procesos, las contradicciones son la sal de la vida, las que se dan por arriba, por abajo y del arriba con el abajo. Es en el gris de los matices, y no en el blanco y negro, donde hay que atisbar la fuerza del destino.

Con la liberación de Gerez el gobierno nacional obtuvo un triunfo, que le hacía falta, y que la oposición sobreactuada trata de desmerecer, algunos sin darse cuenta siquiera de que le hacen el juego a los enemigos de todos, los padrinos de los bandidos impunes. Ahora bien, ese triunfo no estará completo si no descubre a los autores intelectuales y al grupo de tareas que cometió el secuestro o si la suerte de López pasa a formar parte de los misterios sin explicación. Si las autoridades se quedan apoltronadas en la autosatisfacción, la opinión pública convertirá las dudas actuales en desconfianza o incredulidad. Lo único que no puede perder el presidente Kirchner es la credibilidad de las mayorías y para conservarla deberá sacrificar amigos y aliados, si fuera necesario, aun ministros del gabinete, gobernadores o intendentes, fiscales o investigadores, pero la verdad desnuda tiene que ser exhibida con la misma fuerza y convicción que inspiró su último mensaje por cadena nacional. La impunidad no se vence con palabras.

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Enero 3, 2007

Elevan a juicio oral y público la causa por delitos de lesa humanidad en La Pampa

Martes, 02 de Enero de 2007

Juzgarán a ex jefes militares y policiales

El fiscal Federico Delgado reclamó que se eleve a juicio oral y público la causa en la que una docena de ex jefes militares y policiales están imputados por delitos de "lesa humanidad" en la provincia de La Pampa, durante la última dictadura militar.

En un dictamen de medio centenar de carillas, el fiscal quiere sentar en el banquillo de los acusados al octogenario coronel Fabio Carlos Iriart, su camarada de armas Néstor Greppi, por entonces secretario de la gobernación de La Pampa y al teniente coronel Oscar Cobuta, entre otros.

Delgado también imputó a los comisarios retirados de la policía pampeana Roberto Constantino, Omar Aguiler, Roberto Escalada, Carlos Reinhart, Roberto Fiorucci, Hugo Marenchino, Oscar Yorio, al subcomisario Athos Reta y al oficial Néstor Bonifacio Cenizo, responsables de la subzona 1.4.

A todos ellos los acusa por al menos cuatro decenas de privaciones ilegales de la libertad y tormentos en los centros clandestinos de detención que funcionaban en la seccional Primera y Brigada de Investigaciones de Santa Rosa, comisaría de General Pico y puesto caminero de la localidad de Jacinto Arauz.

"No se trata de una causa más porque aquí se ventilan eventos que se corresponden con uno de los capítulos más oscuros de la historia de la República Aergentina porque se trató de una feroz y desnuda represión ejecutada por quienes usurparon el poder el 24 de marzo de 1976 con el deliberado objetivo de despolitizar a la ciudadanía", dijo Delgado.

Recordó que "la estructura del grupo operativo que conformaba la subzona 1.4 fue cristalizada en la orden del día número 129 de la Policía de la provincia de La Pampa, de fecha del 19 de abril de 1976, que plasmó por escrito la designación de los miembros del cuerpo policial que operó conjuntamente con el Ejército".

Esa norma tuvo como fundamento la "necesidad de reorganizar y actualizar el grupo de trabajo afectado a tareas y misiones que el Comando tiene previsto para la lucha contra la subversión" pues "los acontecimientos ocurridos en el ámbito de la provincia obligan a actualizar el número de efectivos como así prefijar para cada uno la misión que deben realizar dentro de cada grupo".

Entre las víctimas, el fiscal citó los casos de Clemente Bedis, Justo Ivalor, Rodolfo de Diego, Roberto Oscar Gil, Hermes Carlos Accatoli, Nery Greta Sanders de Trucchi, Avelino Cisneros, Héctor Solecio, Julián Flores, Gustavo Konning, Gernardo Nansen, Angel Alvarez, Carlos Samplon, Samuel Berton, Luis Carlino, Raquel Barabaschi, Dolly Girard de Villarreal y Ana María Martínez.

Eberto Cuevas, Víctor Pozo Grados, Guillermo Cuartucci, Nicolás Navarro, Hugo Ferrari, Santiago Covella, Carlos Aragonés y Zelmira Regazzoli, también integran esa nómina.

Delgado sostuvo que "las violaciones a los derechos humanos que azotaron al país entre 1976 y 1983 son parte de un proceso multidimensional... que reclaman un abordaje dogmático algo más complejo que las pautas utilizadas para juzgar crímenes cotidianos".

Y destacó: "En otras palabras no se trata de juzgar a personas que aisladamente cometieron delitos mientras ejercían cargos públicos".

"No, es precisamente a la inversa porque se trató de una cuestión más amplia en la que los imputados fueron engranajes de una maquinaria aceitada y compleja que desdobló las actividades del poder público en un segmento legal y otro ilegal", sostuvo el fiscal.

"La estructura en la denominada lucha antisubversiva construyó una maquinaria perfectamente delimitada, jerárquica y organizada" donde "los grupos de tareas de todas las fuerzas armadas y de seguridad operaban desde los distintos centros clandestinos desde los cuales se implementó el secuestro, la tortura, la desaparición, a menudo el robo y finalmente la muerte", subrayó el fiscal.

Fuente: Télam

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Diciembre 30, 2006

Santa Fe: Los represores están sueltos y para Buenos Aires no existen

Venado Tuerto, Santa Fe, 27 de diciembre de 2006 (Por José Maggi, página12.com.ar). Héctor Darío Bustos, el militante social de Venado Tuerto que desde hacía 14 días estaba desaparecido, reapareció ayer semidesnudo en una ruta cercana a San Gregorio con visibles signos de haber recibido una brutal tortura. Según reveló su madre, Nélida Caseri, las torturas a las que fue sometido son "similares a las del Proceso con picanas en los genitales y un palo en la zona anal, que después de sacárselo se lo hacían chupar. También tiene quemaduras en todo el cuerpo, y una cruz svástica quemada en el pecho, mientras se la hacían le gritaban 'zurdito de mierda te vamos a cambiar el corazón'. Y un tajo en la cara para que se acuerde cada vez que se mire al espejo que 'de los desaparecidos no se habla'".

La mujer aseguró que el poder político de Venado Tuerto tiene responsabilidad en el ataque a su hijo. Bustos se encuentra internado en terapia intensiva en un hospital de Venado Tuerto. El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Domingo Pocchetino, viajó especialmente a Venado Tuerto y se entrevistó con el juez de la causa, Hugo Perassi. "Esperamos la declaración de Bustos antes de opinar, porque hay cosas que no están del todo claras", remarcó el funcionario.

Bustos había desaparecido en extrañas circunstancias y su auto, un Fiat Regatta blanco, había sido hallado a un costado de la ruta provincial 90, en cercanías del acceso a la localidad de Santa Isabel. El militante fue abandonado alrededor de las 0.45 en cercanías de San Gregorio desde donde fue trasladado hasta su domicilio por un remisero a quien le narró su odisea.

Ayer a la tarde, la madre de la víctima reveló por LT 8 que su hijo estaba "hemodinámicamente compensado pero con un fuerte shock emocional, sedado, pero con lesiones que denotan que fue salvajemente torturado. Esta absolutamente deshidratado, y no se sostenía en pie cuando llegó y alcanzó a decirme que durante este tiempo no había ingerido alimentos". Y aseguró que su hijo "le daban una sustancia con agua para beber que la daba sueño, mientras le pegaban con un palo de goma en la espalda para que no se durmiera".

La mujer denunció que su hijo fue "víctima de un operativo de inteligencia por parte de policías de la comisaría 2º de Venado sobre su domicilio durante siete días, que terminó el mismo día en que desapareció". Según reveló, su hijo le confió que "cuando salió de su domicilio, el 13 de diciembre a las 10.30, lo subieron a un auto en el que escuchó que decían 'operativo cumplido, resultado positivo, lo chupamos'. Esto es lo que decían por lo cual pensamos que fue un operativo comando".

Según Caseri antes de liberarlo le advirtieron a su hijo que "se fuera de la ciudad porque sino le iban a reventar a sus hijos". Y agregó: "Estuvo tirado en el piso atado, en un lugar despoblado en una casita tipo tapera muy antigua con una ventana chiquita con rejas y una puerta".

Cabe recordar que tras la desaparición de Bustos se realizó un operativo de rastrillaje del que participaron más de 130 policías, perros adiestrados y buzos que investigaron una laguna de la zona de Santa Isabel. Sin embargo, los investigadores no dieron con dato alguno.

Ayer, luego de ser revisado por un médico forense, se determinó que fuese internado en la unidad de terapia intensiva del hospital "Alejandro Gutiérrez" de Venado Tuerto. Por su parte la división de Asuntos Internos de la policía provincial se encuentra investigando el caso.

Bustos integra la Red por la Identidad y la Memoria y hace 20 días pidió que se investigara a Juan Alberto Vidal, actual secretario de Gobierno de Venado Tuerto, "por su desempeño como intendente de Villa Cañas durante la dictadura, por haber tenido relación con gente de Santa Isabel ligada a secuestros y desaparición de personas. Eso es lo que denunció mi hijo", aseguró la madre del militante.

Además participaba en una corriente interna del PJ. Vivía hasta hace un tiempo en un barrio Fonavi de Venado Tuerto, denominado 102 viviendas, donde había protagonizado junto a un grupo de vecinos protestas en demanda de mejoras en el servicio de agua potable, que se hallaba contaminada por una fábrica cercana al barrio. En agosto pasado, organizó la visita de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto a su ciudad.

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Diciembre 8, 2006

Autorizan la extradición a la Argentina de cinco represores uruguayos

Lo resolvió la Justicia de ese país y comprende a militares retirados acusados por la detención ilegal y traslado en 1976 de once uruguayos al centro clandestino "Automotores Orletti", en Floresta. La medida quedó condicionada a que los imputados no sean condenados a cadena perpetua.

El juez Juan Carlos Fernández Lecchini concedió la extradición a Argentina de cinco militares retirados y un policía uruguayos, acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.

Según la prensa internacional, la Corte Suprema de Justicia uruguaya confirmó la información. Los ex militares son acusados por la Justicia argentina por la detención ilegal y traslado de 11 uruguayos en 1976 al centro clandestino "Automotores Orletti", en Buenos Aires.

El fallo de Fernández Lecchini comprende a los coroneles retirados Ernesto Ramas y Jorge Silveira, al teniente coronel retirado José Nino Gavazzo, al ex coronel Gilberto Vázquez, al ex mayor José Arab y al mayor retirado de la Policía, Ricardo Medina.

La extradición había sido pedida por el juez federal argentino Guillermo Montenegro, quien les imputa haber participado en el "Plan Cóndor", coordinación de las fuerzas represivas de las dictaduras del Cono Sur en la década del 70.

Fernández Lecchini condicionó la extradición a que los ex oficiales no sean condenados a cadena perpetua, una sanción que existe en la legislación argentina pero no en la uruguaya.

El fallo puede ser apelado y llegar a la Suprema Corte de Justicia, aunque si ésta lo confirma, el mismo no podrá hacerse efectivo hasta que los acusados cumplan una eventual condena por otros delitos por los que fueron enjuiciados en Uruguay.

El 11 de setiembre, el juez Luis Charles los procesó por los delitos de asociación para delinquir y privación de libertad, agravados por la desaparición en 1976 de los militantes del izquierdista Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Alberto Mechoso y Adalberto Soba.

http://www.clarin.com/diario/2006/12/07/um/m-01323805.htmhttp://www.clarin.com/diario/2006/12/07/um/m-01323805.htm

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Noviembre 18, 2006

En Junín seguirán recordando a dictadores

Eduardo Lonardi iba a pasar a llamarse Azucena Villaflor, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo.

por Javier Hernández jhernandez@losandes.com.ar

El intendente de Junín, Mario Abed, vetó esta semana una ordenanza que el Concejo Deliberante había aprobado días atrás, y en la que se mandaba cambiar la denominación de dos calles que llevan los nombres de los presidentes de facto Pedro Aramburu y Eduardo Lonardi. "No estoy en contra de que esas calles dejen de mencionar a gente de la dictadura, pero la ordenanza tiene que salir con el consenso de los vecinos, y hay muchos que están en desacuerdo", explicó Abed. En la vereda contraria, el concejal Pablo Gullo (PJ), coautor del proyecto, sostuvo: "Todo esto tiene un olor extraño, y parece que hay gente que quiere que los juninenses sigamos honrando a los personajes oscuros de la dictadura".

La ordenanza fue armada por los ediles Pablo Gullo y Darío Rosas y establece que la calle Aramburu pasa a llamarse Arturo Jauretche, en tanto que Lonardi es renombrada como Azucena Villaflor (ver aparte). Previo a ser presentado en el recinto, los autores de la idea recorrieron algunas de las casas ubicadas en ambas calles, para charlar con los vecinos y juntar cerca de cien firmas de apoyo.

"Es sospechoso cómo se trató todo, porque las firmas que juntamos para avalar el proyecto nunca se agregaron al expediente", explicó Rosas y siguió: "En cambio, lo que sí llegó al Ejecutivo con la ordenanza, fue una lista firmada por algunos vecinos de calle Aramburu que se oponen al cambio de nombre".

Efectivamente, el intendente Abed dijo desconocer que exista un listado de firmas que apoya el proyecto. "La ordenanza llegó con firmas de vecinos que dicen que el cambio de nombre sería un problema porque implicaría cambios de domicilio para los que allí viven”.

Más allá de la discusión, para los autores del proyecto, el veto del intendente no tiene valor porque "se hizo un día tarde. La ordenanza bajó al Ejecutivo el 30/10, ésa es la fecha registrada en el Concejo", explicó Gullo y agregó: "El veto tenía que salir el viernes 3 como máximo, pero Abed lo firmó el lunes 6. Además, si bien hay vecinos de calle Aramburu que se oponen, no hubo quejas de quienes viven en Lonardi y eso Abed no lo tomó en cuenta, como tampoco la decisión de la mayoría de los ediles de aprobar el proyecto".

Los nombres a las calles Lonardi y Aramburu fueron dados en 1981, mediante la ordenanza 47 y emanada de la Dirección General de Asuntos Municipales de la provincia. "El Concejo no tiene poder para cambiar los nombres de esas calles, porque surgen de un organismo que hacía de nexo entre los intendentes y el gobernador", señaló la abogada del municipio, María Zeitune de Redondo y completó: "El veto está firmado en tiempo, porque el expediente tiene entrada al Ejecutivo el día 31, y no importa si en el cuaderno del Concejo dice que fue el 30. Respecto a que exista una lista de firmas que apoya el cambio de nombres, acá no llegó nada, y la única que acompañó al expediente es la de la gente que se opone. Si hubo una mano negra que sacó esa lista de apoyo hay que buscarla en el Concejo".

Tanto Gullo como Rosas subrayaron que el HCD "tiene la facultad necesaria para modificar la ordenanza que impuso estos nombres, y como ejemplo están los departamentos de Rivadavia y San Martín en donde ya se renombró calles que aludían a la dictadura, y los intendentes acompañaron la iniciativa con ganas".

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Noviembre 9, 2006

PARAGUAY: HOMENAJE A DETENIDOS DESAPARECIDOS Y ASESINADOS - 1976

LA MESA MEMORIA HISTORIA Y ARCHIVOS DE LA REPRESION
Y EL MUSEO DE LAS MEMORIAS: Dictadura y Derechos Humanos

INVITAN

Al homenaje a LUCHADORES Y LUCHADORAS POR LA LIBERTAD, detenidos-desaparecidos y asesinados en 1976 en el marco del OPERATIVO CONDOR.

El acto se celebrará en el patio del Museo de las Memorias, Chile 1072 (Ex Técnica), el próximo martes 14 de noviembre a las 19.30 hs y en su transcurso se evocarán los nombres y las vidas de alrededor de 60 compatriotas paraguayos y latinoamericanos que desaparecieron en el transcurso del año 1976.

Un panel de juristas y abogados en dd.hh. se referirán al contexto histórico en el que ocurrieron los gravísimos hechos que dirigieron las dictaduras militares del Cono Sur en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional que por ese tiempo imponía los Estados Unidos de Norteamérica. Y abordarán también la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Goiburú y otros y el Operativo Cóndor.
Una exposición fotográfica mostrará los rostros de los luchadores y luchadoras por la Libertad y un conjunto de artistas cerrarán el evento con música evocativa.

El acceso es libre y gratuito para todas las personas interesadas.

Para mayor información: TE 493-873 y 425-345
Sede del Museo: Chile 1072, Asunción
E-mail: mesamemoriahistorica@rieder.net.py, msedu@rieder.net.py

Apoyan:
COMISION DE VERDAD Y JUSTICIA - DIAKONIA, Acción Ecuménica Sueca

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Nuevos recursos en la web de Memoria Abierta

Inspección judicial
Centro Clandestino de Detención "Automotores Orletti"

El Juzgado Federal de Instrucción Nº 3, a cargo del Dr. Daniel Rafecas, realizó el 4 de agosto de 2006 la inspección judicial del Centro Clandestino de Detención "Automotores Orletti".
Memoria Abierta produjo una presentación interactiva que combina el registro fotográfico, el relevamiento físico y el acta de la Inspección judicial (realizada el 5 de julio) que ha sido incorporada a la causa 2637/2004 “VAELLO / ORESTES s / privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio agravado”.

Ver presentación interactiva "Automotores Orletti"

Inspección judicial
Centro Clandestino de Detención "Comisaría 1ª de Monte Grande"
Esta presentación interactiva incluye el registro fotográfico y el relevamiento físico resultantes del reconocimiento a la Comisaría 1ª de Monte Grande efectuado por el Juzgado Federal de Instrucción Nº 3 y sobrevivientes del sitio el 2 de marzo de 2006.

Ver presentación interactiva"Comisaría 1ª de Monte Grande"

Además, le recomendamos navegar el Mapa de Centros Clandestinos de Detención
Ver al Mapa de Centros Clandestinos de Detención

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Octubre 23, 2006

SECUESTRAN A MILITANTE DE HIJOS

La medianoche del 18 de octubre Ramiro González, integrante de la agrupación HIJOS, fue interceptado por un vehículo VW Polo color rojo con cuatro hombres de civil en su interior en Villa del Parque. Luego de exhibirle armas automáticas, lo obligaron a subir al auto, donde ejercieron violencia física sobre él, le mostraron fotos de compañeros para que los reconociera y le tomaron huellas digitales de ambas manos. Todo el tiempo lo amenazaron con que se dejaran de joder, tanto él como sus compañeros, porque los matarían.

Por ultimo lo hicieron bajar en las proximidades de Liniers bajo amenaza y apuntándole con un arma diciéndole que corriera y no mirara atrás. Al día siguiente, con el asesoramiento de CORREPI y el patrocinio del abogado de su agrupación, Martín Alderete, los compañeros de HIJOS formularon la correspondiente denuncia penal. Está claro que este hecho gravísimo se inscribe en el contexto de amedrentamiento del campo popular del que el gobierno de Kirchner es el único responsable, aunque quiera andar simulando que está de nuestro lado.

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Agosto 30, 2006

Condor: "Caminos del Mundo" y e Terrorismo de la CIA

Antes y durante el Operativo Cóndor, las agencias de
inteligencia americanas prohijaron y promovieron
diversos métodos de operativos encubiertos e ilegales.
La CIA nunca estuvo ajena a los planes nacionales y
transnacionales de las dictaduras latinoamericanas
bajo la doctrina de seguridad nacional y el terrorismo
de estado que colocó como principal enemigo del estado
a la población civil doméstica de cada país. La aguda
mirada de la investigadora Stella Calloni, no deja
lugar a dudas, al respecto.

Fedrico Tatter

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CONDOR: "CAMINOS DEL MUNDO" Y EL TERRORISMO DE LA CIA
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ARGENTINA: Stella Calloni/corresponsal. Buenos Aires,
13 de agosto de 2006.

La decisión del juez federal
Daniel Rafecas de llevar a fondo la investigación
sobre el centro clandestino de detención automotores
Orletti, permitió descubrir papeles arrugados y
amarillentos que cubrían los agujeros de balas en
algunas paredes entre los que figuran datos sobre
"antecedentes izquierdistas” que datan desde 1975, y
abrió la puertas a otros secretos del horror de la
pasada dictadura militar (1976-1983).

Aunque en Orletti no desaparecieron miles de personas
como en la escuela de Mecánica de la Armada (Esma) u
otros centros del Primer Cuerpo de Ejército, la
característica fue que por allí pasaron cientos de
detenidos desaparecidos argentinos uruguayos,
paraguayos, chilenos, bolivianos y otros y eso
convirtió al lugar en una base operativa de la
Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las
dictaduras del Cono Sur.

También Orletti se ubica como el lugar donde
desaparecieron dos diplomáticos cubanos secuestrados
el 9 de agosto de 1976 los jóvenes Crecencio
Galañega Hernández de 26 años y Jesús Cejas
Arias de 22 años.

Ambos fueron secuestrados por varias personas, cuando
caminaban por una zona cercana a la embajada de Cuba,
tiempo después de un intento de asesinato del
embajador en Buenos Aires, Emilio Aragonés.

A medida que avanzan las investigaciones aparecen
cada vez más involucrados los grupos cubanos de Miami
que trabajando para la CIA estadunidense llevaron
adelante la llamada "Guerra por los Caminos del mundo"
para cometer centenares de atentados y crímenes en
diversos países con absoluta impunidad desde mediados
de los años 60.

Esa “Guerra por los Caminos del Mundo”se considera uno
de los antecedentes básicos de la Operación Cóndor.

En un informe despachado el 22 de septiembre de 1976
por el coronel Robert Scherrer del FBI, agregado en la
embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, envió a
Washington una copia de la Secretaría de Informaciones
del Estado (SIDE) de Argentina-que precisamente
"alquilaba" Orletti- sobre el resultado de los
interrogatorios (torturas) a ambos diplomáticos
cubanos, como cita en sus trabajos el investigador de
Cuba, José Luis Méndez Méndez. .

También Scherrer mencionó la presencia del ubicuo
agente de la CIA y la DINA, Michael Townley, en los
interrogatorios que oficiales argentinos y chilenos
hicieron a Galañega Hernández y Cejas. Townley estuvo
a cargo del atentado que costó la vida a Orlando
Letelier, ex ministro del gobierno de Salvador
Allende, de Chile, hecho sucedido a fines de
septiembre de 1976 en Washington en una operación de
la Dina y la Cía estadunidense y en otros crímenes de
la policía política de la dictadura chilena (DINA).

También en su momento el periodista estadunidense John
Dinges confirmó que los dos cubanos desaparecidos
fueron interrogados por oficiales argentinos y
chilenos y "tanto el FBI como la CIA fueron informados
de los arrestos y de las interrogaciones".

A mediados de los años 90, el ex general Manuel
Contreras Sepúlveda, número Uno de la Operación Cóndor
y jefe de la Dina, dijo a la jueza argentina María
Servini de Cubría, que lo indagó en Santiago de Chile
que el 11 de agosto de 1976 -dos días después del
secuestro de los jóvenes cubanos -Michael Townley y el
cubano- americano, Guillermo Novo Sampoll habían
viajado a la Argentina para interrogarlos. "Ellos
cooperaron en la tortura y el asesinato de los dos
diplomáticos cubanos" sostuvo Contreras.

Desde que fue detenido en Chile por primera vez en
aquel momento, Contreras señaló al ex presidente de
Estados Unidos George Bush y a la CIA y a los grupos
cubanos de Miami, como responsables de la Operación
Cóndor.

El ex jefe de la Dina conocía muy bien al equipo que
dirigía el cubano-americano, Orlando Bosch, quien a
instancias de Bush padre creó en 1976 la Coordinadora
Revolucionaria Unificada (Coru) en la que participaron
Luis Posadas Carriles, los hermanos Guillermo e
Ignacio Novo Sampoll, Gaspar Jiménez Escobedo,
Dionisio Suárez, Virgilio Paz y otros tantos
involucrados en asesinatos en diversos países en el
marco de la Operación Cóndor.

En los últimos tiempos-como si no cargaran decenas de
crímenes, estos terroristas fueron apresados con
toneladas de dinamita y detonadores en Panamá en el
año 2000, cuando preparaban un atentado contra el
presidente cubano Fidel Castro durante la Cumbre
Iberoamericana. Ahora siguen gozando de protección e
impunidad en Estados Unidos.

En una autobiografía escrita por Posadas Carriles
menciona el asesinato de los dos diplomáticos cubanos
como un "éxito " en su lucha contra el "comunismo
castrista" y también Bosch reconoció en entrevista
con el Miami Herald las operaciones conjuntas de la
CIA con las dictaduras de Chile y Argentina: "nuestros
aliados se hubieron de comprometer, y así lo
realizaron, en el secuestro de dos miembros de la
embajada en Buenos Aires, que no han aparecido jamás",
dijo (fin).

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Agosto 15, 2006

Corrientes: elevan a juicio causa contra militares

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Corrientes: elevan a juicio causa contra militares por
delitos de lesa humanidad
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11 de agosto de 2006. L�nea Capital. Posadas,
Misiones, Argentina. Corrientes (Momarand�). "Estamos
contentos como familiares de desaparecidos y
consideramos que este es un paso decisivo para poner
fin de la impunidad tambi�n en Corrientes", dijo Diego
Cazorla de la DDHH en la tarde del jueves.

Elevan a juicio la causa que se sigue a militares
involucrados en tormentos y desapariciones en el
Regimiento de Infanter�a 9 de Corrientes durante la
�ltima dictadura militar en la Argentina, seg�n
informaron este jueves fuentes de la Comisi�n de
Derechos Humanos.

�Demarchi, Juan y otros por tormentos agravados por el
tiempo, privaci�n ileg�tima de la libertad agravada
por el tiempo y desaparici�n forzada; Expte. N�
276/04", es la car�tula de la demanda presentada por
familiares de las v�ctimas junto a esa entidad
humanitaria.

"Estamos contentos como familiares de desaparecidos y
consideramos que este es un paso decisivo para poner
fin de la impunidad tambi�n en Corrientes", dijo Diego
Cazorla de la DDHH en la tarde del jueves.

Dijo que "as� tambi�n se est� dando en el pa�s con la
condena al Turco Juli�n y las detenciones de
Guglielmineti y los militares uruguayos involucrados
en el "Plan C�ndor".

Luego de la anulaci�n por parte del Congreso de las
leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la Comisi�n
de Derechos Humanos reabri� causas iniciadas en 1984.
En ese contexto, durante noviembre de 2003, la familia
de Vicente (Cacho) Ayala present� la querella criminal
por su desaparici�n, ocurrida el 16 de febrero de
1976, junto a otros tres j�venes militantes: Julio
Barosi, Jorge Saravia Acu�a y Orlando Romero, ante el
Juzgado Federal de Corrientes y con el patrocinio de
los abogados Ram�n Leguizam�n y Diego Vigay.

En esta causa se hallan involucrados personal policial
comandados por Diego Ulibarrie, inform� la Comisi�n
Provincial.

Posteriormente, el 24 de marzo de 2004, familiares de
R�mulo Artieda, presentaron una querella criminal por
la desaparici�n del mismo, presentaci�n a la que se
aportaron testimonios que dieron cuenta sobre el
funcionamiento de un centro clandestino de detenci�n
en el ex Regimiento 9, por lo que la misma se
convirti� de hecho en una �mega-causa�, en base a
declaraciones aportadas por ex � detenidos liberados,
explicaron desde la Comisi�n de DD.HH.

A ello se agregaron luego otros testimonios que daban
cuenta del paso por ese centro de Ram�n Vargas y
Fernando Pi�rola.

La Comisi�n de Derechos Humanos es actualmente parte
querellante de �sta causa, acumulada en una sola,
denominada �Demarchi, Juan y otros por tormentos
agravados por el tiempo, privaci�n ileg�tima de la
libertad agravada por el tiempo y desaparici�n forzada
en la que el Juez Federal Carlos Soto D�vila, en dict�
la orden de detenci�n de 12 uniformados, 9 de ej�rcito
y 3 de Gendarmer�a Nacional. De �stos doce uniformados
quedan detenidos tan s�lo algunos, ya que el General
Cristino Nicolaides ya se encontraba cumpliendo
arresto domiciliario, Aguiar est� fallecido un oficial
de apellido Carlson no est� detenido y los gendarmes
Cruz y Zanek fueron excarcelados.

Actualmente la causa judicial se encuentra en una
etapa decisiva, ya que se ha dado el cierre de
instrucci�n y la elevaci�n a juicio, por lo que se
considera una de las causas judiciales sobre cr�menes
de lesa humanidad m�s avanzadas en la provincia.

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Agosto 6, 2006

ARGENTINA: 959 CAUSAS PENALES EN TRAMITE POR DESAPARICION FORZADA

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Argentina present� un informe ante la ONU sobre desaparici�n forzada de personas
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Agencia T�lam. Argentina. 3 de agosto de 2006. La delegaci�n local destac� que, luego de la anulaci�n de las leyes de punto final y obediencia debida, existen 959 causas penales en tr�mite y 211 personas con prisi�n preventiva dispuesta en los respectivos procesos penales.

La Argentina present� en Ginebra un informe ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organizaci�n de las Naciones Unidas (ONU), en el que inform� sobre la existencia de 959 causas penales actualmente en tr�mite, luego de la anulaci�n de las leyes de punto final y obediencia debida, y sobre 211 individuos en prisi�n preventiva dispuesta en los respectivos procesos penales.

El informe fue presentado en la sede del Palacio de las Naciones por el Subsecretario de Derechos Humanos de la Naci�n Rodolfo Mattarollo y otros funcionarios.

De acuerdo con un comunicado de la secretar�a de
Derechos Humanos de la Naci�n, la ONU mantiene desde la �poca de la dictadura militar argentina un Grupo de cinco expertos independientes que investigan las desapariciones forzadas de personas. Esta entidad, se pronunci� firmemente contra la impunidad de las graves violaciones de los derechos humanos, por considerarla causa principal de las desapariciones forzadas en el mundo. En este sentido pidi� precisiones a la delegaci�n argentina sobre los procesos penales que se est�n substanciando actualmente.

La Secretar�a de Derechos Humanos de la Naci�n -inform� Mattarollo a los expertos de la ONU- se ha presentado hasta el presente como querellante en 24 causas penales en todo el pa�s, incluido el proceso abierto contra Jos� Alfredo Mart�nez de Hoz, Ministro de Econom�a de la dictadura militar instaurada el 24 de marzo de 1976.

Los expertos de Naciones Unidas, se interesaron por la actualizaci�n de los anexos de la �ltima edici�n del informe de la Comisi�n Nacional sobre la Desaparici�n de Personas (CONADEP) titulado NUNCA M�S, cuyo ejemplar impreso en tres vol�menes fue entregado en la audiencia al igual que su versi�n digitalizada.

Mattarollo inform� que por primera vez en veintid�s a�os se reeditaban los anexos documentales del informe con informaci�n actualizada como resultado de las investigaciones llevadas a cabo durante m�s de dos d�cadas por el Estado y las organizaciones de derechos humanos.

Como ejemplo cit� el anexo relativo a los centros clandestinos de detenci�n -aspecto clave de la estructura represiva ilegal montada por el terrorismo de Estado a partir de 1976- y rasgo distintivo de la desaparici�n forzada en la Argentina respecto de otras regiones del mundo.

El censo de centros clandestinos de detenci�n ha pasado de los 364 que registr� la CONADEP en 1984 a los 498 que han sido identificados hasta ahora, inform� la Delegaci�n.

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Agosto 4, 2006

Condenaron a 25 años de c�rcel al "Turco Juli�n"

Condenaron a 25 a�os de c�rcel al "Turco Juli�n" por sus cr�menes durante la dictadura

El Tribunal decidi� aplicarle la misma pena que hab�a pedido la Fiscal�a. Es la primera sentencia contra un represor luego de la anulaci�n de las leyes del perd�n. La querella hab�a pedido una condena de 50 a�os. El imputado, m�s temprano, se neg� a ejercer su derecho a r�plica ante los jueces.

El represor Julio "Turco Juli�n" Sim�n fue condenado esta tarde a 25 de a�os de prisi�n por aberrantes violaciones a los derechos humanos cometidos durante la �ltima dictadura militar. El fallo es hist�rico: se trata de la primera sentencia tras la derogaci�n de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

La condena a Sim�n por el secuestro, tortura y desaparici�n forzada, en noviembre de 1978, de Jos� Poblete y Gertrudis Hlaczik y el apoderamiento de su hija Claudia, por entonces de ocho meses de vida, estuvo a tono con lo que hab�a solicitado la Fiscal�a. Las querellas (el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), as� como Buscarita Roa, madre de Poblete) reclamaron en tanto 50 a�os de prisi�n.

Tras el veredicto, en la sala se escucharon expresiones de j�bilo por parte de integrantes de organizaciones de derechos humanos. El acusado, en tanto, permaneci� en absoluto silencio. "Es un d�a hist�rico, esto abre el camino para todos los juicios que faltan", dijo a la salida Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo. "Para nosotros es una muy buena condena", complet�.

Por la ma�ana, el "Turco Juli�n" tampoco dijo palabra alguna. No hab�an pasado ni dos minutos desde el inicio de la audiencia, cuando los relojes marcaban exactamente las 11.52 y los �nicos dichos del represor ante el Tribunal fueron "No, gracias, se�or presidente". De esa manera, Sim�n se neg� a ejercer el derecho de hablar antes de la sentencia.

La negativa provoc� decepci�n entre el p�blico, dado que en la primera audiencia Sim�n hab�a asegurado con jactancia que "en su momento" iba a "hablar extensamente". Luego hizo uso de sus derechos constitucionales de negarse a declarar y no abri� la boca durante todo el proceso salvo para murmurarle al o�do a su defensor cada vez que quer�a ir al ba�o.

Con el veredicto concluy� una serie de siete audiencias en las que se recrearon los horrores padecidos por los prisioneros que eran ilegalmente capturados y llevados a "El Olimpo", perverso nombre con el que hab�an bautizado a ese campo de concentraci�n en Floresta "los dioses de la vida y de la muerte", tal como los represores se identificaban a s� mismos.

Los esforzados defensores oficiales, en tanto, hab�an reclamado la absoluci�n del represor buscando alg�n resquicio en las leyes; inclusive sus alegatos fueron elogiados por los acusadores, que afirmaron que "era todo lo que pod�an hacer; es la primera vez que la defensa de los represores no pontifica al terrorismo de estado".

La oportunidad de juzgar los apoderamientos de beb�s, secuestros, torturas y desaparici�n forzada de personas, entre otros cr�menes atroces, cometidos por el autodenominado "Proceso de Reorganizaci�n Nacional" se reabri� el 14 de junio de 2005 cuando la Corte Suprema declar� "de ning�n efecto" esas normas de impunidad. El fallo abri� la puerta para el juicio a Sim�n, quien de esta manera se convirti� en el primer represor en ser condenado tras la medida.

http://www.clarin.com/diario/2006/08/04/um/m-01246151.htm

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C�rcel al Turco Juli�n

(AW) Numerosas organizaciones pol�ticas y sociales convocaron para hoy a las 10.00 a una concentraci�n frente a los tribunales de Comodoro Py, donde se dar� a conocer la sentencia del juicio que se le lleva al genocida Julio Sim�n, alias el �Turco� Juli�n. Las organizaciones firmantes de la convocatoria, reclaman perpetua para el represor y la remoci�n, juicio y castigo para el fiscal de la causa, Pedro Ra�l Perotti. Alertan que Perotti estuvo vinculado a la dictadura genocida que dio el golpe en 1976

(Asociaci�n de ex Detenidos Desaparecidos 03/08/2006) Las organizaciones abajo firmantes, alertadas por la forma en que interrog� a los testigos sobrevivientes el Dr. Pedro Ra�l Perotti, fiscal en la causa que se sustancia en contra del Turco Juli�n, hemos recogido la siguiente informaci�n.
El Dr. Perotti:

- Fue designado defensor oficial en Santa Rosa La Pampa en 1976 luego de que las autoridades militares detuvieran al Juez Federal Juan Uncal y al Fiscal Osvaldo Vega quien tambi�n denuncio torturas. Asumi� Walter Lema como juez y pasaron por sus manos y por las de Perotti todas las causas contra los detenidos por razones pol�ticas.

- Fue denunciado por otros represores de formar parte de la estructura de la subzona 14 dependiente del Primer Cuerpo de Ejercito.

- Est� acusado por un polic�a de presenciar torturas en 1976 en la Comisar�a 1ra. de Santa Rosa La Pampa.

- Fue denunciado por un docente de la Pampa detenido en 1976 de haber interrogado y presionado a sus alumnos de 13 a�os para que lo incriminaran, a pesar de ser Perotti en ese momento su defensor de oficio.

Todo lo dicho est� debidamente documentado en la causa de Primer Cuerpo de Ej�rcito que lleva adelante el juez Rafecas. Adjuntamos las notas period�sticas que han denunciado estos hechos de las que surgen que la Procuraci�n General de la Naci�n abri� un sumario para investigar a Perotti hace casi un a�o sin que hasta el d�a de hoy se conozcan los resultados.
En cambio Perotti representa al estado como fiscal en uno de los primeros juicios contra un torturador despu�s de la anulaci�n de las leyes de impunidad.

Invitamos a sumar su firma y difundir esta denuncia, y a exigir la remoci�n, el juicio y el castigo a este c�mplice del genocidio.

�NO M�S FUNCIONARIOS DE LA DICTADURA EN EL PODER JUDICIAL NI EN NING�N CARGO P�BLICO!

Convocamos a concentrarnos el viernes 4 de agosto a las 10 horas en los Tribunales de Comodoro Py 2002 para exigir:

Condena a cadena perpetua en c�rcel com�n y efectiva para el Turco Juli�n

Remoci�n, juicio y castigo al fiscal Perotti

��A DONDE VAYAN LOS IREMOS A BUSCAR!!

ALGUNOS EST�N EN COMODORO PY

Asociaci�n de Ex Detenidos Desaparecidos � Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) � Instituto de Relaciones Ecum�nicas � Fundaci�n de Investigaci�n y Defensa Legal Argentina (FIDELA) - Coordinadora contra la Represi�n Policial e Institucional (CORREPI) � Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) � H.I.J.O.S Reg. La Plata, Reg. Oeste, Reg. Santa Fe � Liberpueblo - Madres de Plaza de Mayo L�nea Fundadora - Asociaci�n Anah� - Comit� de Acci�n Jur�dica (CAJ) - Comisi�n de DD.HH. de Uruguayos en Argentina - Comisi�n por los DD.HH. de Trenque Lauquen � Vecinos de San Crist�bal contra la Impunidad � APEMIA - Comisi�n de ProtoBanco y Vesubio - Asamblea por la Recuperaci�n de la Memoria, Chilecito, La Rioja - Red Chilecito x el Derecho a la Identidad - Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia - Equipo de Educaci�n Popular Pa�uelos en Rebeld�a - Asociaci�n Mujeres Transg�nero Lesbianas - Asociaci�n Gremial Docente, UBA � C�tedra de Salud y DD.HH., Fac. de Medicina, UBA - Asamblea de Villa Pueyrred�n - Comisi�n de Homenaje a los Desaparecidos y M�rtires Populares - Centro de Estudiantes de Ingenier�a, UBA - Agrupaci�n "De igual a igual" de los trabajadores del Banco Credicoop - Casapueblos, Madrid - Asociaci�n Mutual Sentimiento - Coordinadora Art�stica de Zona Norte - La marea, revista de cultura - Escuela de Percusi�n Tumba LA TA - Amigos de la Paz en Colombia y en el Mundo - Cultura en Movimiento - Coordinadora de Ocupados y Desocupados (MTR Santucho, Movimiento Independiente Popular, Movimiento Argentina Rebelde, MIDO, CUBa MTR, Encuentro de Organizaciones Populares) � Movimiento Territorial Liberaci�n (MTL) � Secretar�a Provincial de DD. HH, Partido Humanista Santa Fe - Partido Comunista - Militancia Comunista - Frente Jos� Mart� - Partido de la Liberaci�n
Pablo Salinas, Mendoza; David Arnaldo Leiva, Salta; Mirta M�ntaras; Laura E. Figueroa, Tucum�n; In�s Izaguirre, Profesora UBA.....

AGENCIA DE COMUNICACIONES RODOLFO WALSH

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Juicio al �turco Juli�n�: El CELS dar� una conferencia de prensa
(AW) El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) brindar� hoy una conferencia de prensa en su local de piedras 547 a las 16.30 hs, luego de que se d� a conocer el veredicto del juicio que se le lleva al represor Julio Sim�n, m�s conocido como el �Turco� Juli�n.

(CELS 03/08/2006) Ma�ana viernes 4 de agosto se dar� a conocer el veredicto del juicio al �turco Juli�n� por la desaparici�n de Gertrudis Hlaczik y Jos� Poblete, las torturas que les aplic� en el Centro Clandestino de Detenci�n El Olimpo, y la sustracci�n de la hija del matrimonio, Claudia Victoria.

El tribunal dispuso que la �ltima audiencia del juicio tendr� comienzo el pr�ximo viernes a las 10:30hs. En esa oportunidad, el imputado podr� decir las �ltimas palabras en este juicio y el tribunal, luego de un cuarto intermedio, leer� su sentencia, que ser� la primera luego de que por m�s de veinte a�os las leyes de impunidad hayan impedido el accionar de la justicia en Argentina.

Toda la informaci�n sobre el caso y la cr�nica del juicio pueden consultarse en

http://memoria.cels.org.ar o www.cels.org.ar

Cualquier consulta comunicarse con el �rea de Comunicaci�n del CELS al 4334 4200 o al 155 638 3107

AGENCIA DE COMUNICACIONES RODOLFO WALSH

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Junio 28, 2006

Denuncia contra Mart�nez de Hoz y Harguindeguy

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"Tan culpables como los militares"
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El Gobierno se present� en la causa por el secuestro de dos
empresarios y solicitar� la anulaci�n de los indultos del menemismo.

Por Adriana Meyer. "Creemos que esto es parte del reclamo de memoria
verdad y justicia, y que los responsables econ�micos son tan
responsables como los militares", afirm� ante P�gina/12 Luis Al�n,
jefe de Gabinete de la Secretar�a de Derechos Humanos de la Naci�n,
tras presentar la querella del Gobierno en la causa por el secuestro
de dos empresarios durante la dictadura. La reapertura de este proceso
fue pedida por la Asociaci�n de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga
Argentina por los Derechos del Hombre, el fiscal federal Federico
Delgado y el fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido.
En sinton�a con los dem�s querellantes, la posici�n oficial
�presentada ayer en conferencia de prensa por el secretario Eduardo
Luis Duhalde y Al�n� reclamar� la inconstitucionalidad de los indultos
menemistas que favorecieron a los tres imputados: el dictador Jorge
Rafael Videla y sus ex ministros del Interior y Econom�a, Albano
Harguindeguy y Alfredo Mart�nez de Hoz, respectivamente.

Estos represores fueron acusados por el secuestro de Federico Gutheim
y su hijo Miguel, quienes pasaron cinco meses presos a disposici�n del
Poder Ejecutivo Nacional. El verdadero m�vil de la detenci�n habr�a
sido presionarlos para que negociaran con representantes de empresas
extranjeras a ra�z de un frustrado negocio de exportaci�n del que Jos�
Alfredo Mart�nez de Hoz hab�a tomado conocimiento en una visita
oficial a Hong Kong. El gobierno de facto pretend�a que Sadeco, la
empresa textil de los Gutheim, cumpliera con un contrato de
exportaci�n que le habilitar�a a Mart�nez de Hoz obtener cr�ditos
desde esa ciudad china. Mientras estuvieron detenidos fueron
trasladados cuatro veces, en enero de 1977, a oficinas en las que se
desarrollaron negociaciones con los representantes de tales empresas y
uno de la cartera econ�mica.

Harguindeguy, como ministro del Interior, y Videla, como presidente de
la Naci�n, fueron responsabilizados como coautores por haber firmado
los decretos de detenci�n, en la medida en que s�lo ellos ten�an poder
de hecho para dar tales �rdenes, y por haber permitido y facilitado
los traslados de los detenidos. El 5 de noviembre de 1976 Gutheim
padre e hijo fueron arrestados a disposici�n del PEN y el 6 de abril
de 1977 fueron liberados, en ambos casos con sendos decretos que
habr�an sido elaborados luego de los hechos para darle cierta
apariencia de legalidad al encarcelamiento ya materializado. Antes que
la causa se cerrara por los indultos que Carlos Menem dict� en 1990,
la Justicia ya hab�a determinado que no exist�an elementos para
detener a los Gutheim, tan s�lo hab�an sido acusados por
irregularidades en tr�mites de exportaci�n de algod�n.

"Se encuentra acreditada la organizaci�n y funcionamiento de una
estructura ilegal, orquestada por las Fuerzas Armadas, la cual ten�a
como prop�sito llevar adelante un plan clandestino de represi�n",
dicen los fundamentos de la presentaci�n oficial. En tal sentido, Al�n
agreg� que "hay una parte que falta, la dictadura no fue s�lo una
cuesti�n para combatir a la guerrilla sino la deliberada puesta en
marcha de un programa econ�mico con beneficiarios, cuyo comandante fue
Mart�nez de Hoz, y las muertes y las desapariciones fueron un modo de
disciplinamiento para imponer esa pol�tica". Y agreg� que por ese
motivo, en los argumentos de la querella citaron a Rodolfo Walsh, en
su Carta Abierta a la Junta, cuando habla de la pol�tica econ�mica. En
la presentaci�n tambi�n se mencionan p�rrafos del discurso de la
ministra de Econom�a, Felisa Miceli, en su homenaje a los
desaparecidos de la cartera econ�mica pronunciado el 31 de marzo.

En julio de 1988 la C�mara Federal confirm� la prisi�n preventiva de
Harguindeguy y de Videla, calific� sus conductas como secuestro
extorsivo reiterado y consider� como ilegal y carente de razonabilidad
las detenciones. La tanda de indultos del menemismo benefici� a los
tres acusados y �sa es la situaci�n que ahora pretenden revertir los
querellantes Alicia Palmero y Rodolfo Yanz�n, de la Asociaci�n y de la
LADH respectivamente, y los representantes del Ministerio P�blico
Fiscal, ahora junto con el Gobierno. La causa fue reabierta cuando el
fiscal Delgado impuls� el pedido de los organismos de derechos
humanos.

Las fuentes judiciales consultadas por este diario afirmaron que, en
realidad, el Estado ya estaba representado en la causa por el
Ministerio P�blico Fiscal, por lo cual la presentaci�n gubernamental
viene a reforzar la realizada oportunamente por los fiscales de la
causa. Y anticiparon que el juez federal Norberto Oyarbide est� en
condiciones de resolver en breve la inconstitucionalidad de los
indultos en este caso.FIN.

Posted by federico at 9:13 PM | Comments (0) | TrackBack

Harguindeguy eligi� como defensor a un ex ministro de la dictadura

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Harguindeguy eligi� como defensor a un ex ministro de la dictadura
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Se trata de Jaime Smart, ex funcionario de la Gobernaci�n bonaerense.

Un ex ministro de la �ltima dictadura, que adem�s integr� un tribunal
especialmente dedicado a juzgar a presuntos subversivos, defender� al
ex general Albano Harguindeguy en la causa que el Gobierno eligi� para
impulsar la inconstitucionalidad de los indultos.

Jaime Lamont Smart estuvo �l mismo involucrado en una causa por la
desaparici�n de un abogado en 1978. En otra, la del Plan C�ndor,
Harguindeguy �ex ministro del Interior� ven�a siendo patrocinado por
una defensora oficial. En el caso de los indultos, Smart �informaron
ayer a Clar�n en su estudio de la calle Juncal� fue abogado del ex
represor hasta 1990, cuando un decreto del presidente Carlos Menem
mand� la investigaci�n al archivo.

Se trata del secuestro de Federico y Miguel Gutheim, due�os de una
productora de algod�n, entre 1976 y 1977. Tambi�n fueron procesados
por este episodio el ex dictador Jorge Videla y su primer ministro de
Econom�a, Jos� Mart�nez de Hoz. Los tres firmaron el decreto
�2.840/76� por el cual pusieron a los empresarios a disposici�n del
Poder Ejecutivo.

En abril, dos organismos de derechos humanos pidieron la reapertura de
este sumario en el mismo juzgado federal donde tramit� hace dos
d�cadas. El juez que est� all� ahora, Norberto Oyarbide, desarchiv� el
expediente y comenz� a escuchar las opiniones de las partes. A trav�s
de la Secretar�a de Derechos Humanos, el Gobierno ya solicit� que se
declaren inconstitucionales los beneficios que Menem les otorg� tanto
a Mart�nez de Hoz como a Videla y Harguindeguy.

Ahora se pronunciar�n los defensores. Mart�nez de Hoz est� en
libertad, luego de pasar 77 d�as preso por este episodio en 1988.
Harguindeguy estuvo detenido por el Plan C�ndor �la coordinaci�n de la
represi�n en el Cono Sur� y Videla lo est� por el robo de beb�s de
desaparecidos.

Smart fue ministro de Gobierno de Ib�rico Saint Jean en la Gobernaci�n
de la provincia de Buenos Aires. En Tribunales, empez� como secretario
de un juzgado de primera instancia y, en 1968, el dictador Juan Carlos
Ongan�a lo design� fiscal hasta que, en 1971, Roberto Levingston lo
nombr� juez de una C�mara Federal dedicada a juzgar guerrilleros y
opositores pol�ticos. Su �ltima defensa conocida fue la del ex polic�a
Samuel Miara, condenado por la apropiaci�n de dos mellizos hijos de
desaparecidos.

Uno de los abogados de Videla es otro ex ministro de la dictadura:
Alberto Rodr�guez Varela, titular de la cartera de Justicia entre 1978
y 1981. El de Mart�nez de Hoz, Carlos Hern�n Franco, socio de
Guillermo Klein, otro funcionario de la dictadura; Franco ya patrocin�
al ex ministro de Econom�a en una investigaci�n penal sobre la deuda
externa que tanto contribuy� a engrosar.FIN.

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