Guadalupe Godoy dijo que hay "complicidad" entre el Servicio Penitenciario y los represores detenidos junto con Etchecolatz
Viernes 29 de junio de 2007 | 14:10
Tras el largo allanamiento realizado ayer por la policía en el penal de Marcos Paz, donde está detenido el represor Miguel Etchecolatz, en el marco del caso López, la abogada del hombre que declaró contra el ex policía y está desaparecido desde hace más de nueve meses denunció que existe "complicidad" entre los efectivos del Servicio Penitenciario y los represores detenidos en esa unidad carcelaria.
"Existe una necesaria complicidad del Servicio Penitenciario Federal con los represores detenidos en la cárcel [de Marcos Paz]. Como mínimo existe desidia del Ministerio de Justicia de la Nación al momento de permitir y facilitar que los represores continúen teniendo un trato privilegiado dentro del penal", denunció Guadalupe Godoy, defensora del albañil de 77 años que desapareció el 18 de septiembre del año pasado en declaraciones a la agencia DyN.
El operativo. El allanamiento en el penal, donde además de Etchecolatz esta detenida una treintena de represores, había sido ordenada por el juez federal platense que tiene a su cargo la investigación sobre el paradero de López, Arnaldo Corazza.
Godoy añadió que la pesquisa por la desaparición de López "tiene los límites que el poder político dispone".
En el penal del SPF cumplen prisión, entre otros, Etchecolatz, ex jefe de la policía bonaerense que fue condenado a prisión perpetua en el juicio en el que declaró López, y el ex capellán de policía, Christian von Wernich, quien comenzará a ser juzgado el miércoles que viene.
Carpetas. Ya en marzo, Corazza había ordenado una inspección del penal en la que se secuestró, en la celda de Etchecolatz, una carpeta con prolijos recortes periodísticos sobre el caso López.
Ex oficial del Ejército debe cumplir cinco años y un día en la cárcel por secuestro permanente del mirista Manuel Cortez Joo.
La Policía de Investigaciones detuvo este viernes por la mañana en Osorno al coronel en retiro del Ejército Rolf Wenderoth, condenado por el secuestro permanente del militante del MIR Manuel Cortez Joo.
La orden de aprehensión fue emitida por el ministro Alejandro Solís luego de que el miércoles pasado la Corte Suprema rebajara la condena hasta cinco años y un día de reclusión por la desaparición ocurrida en enero de 1975.
El ex oficial, que fue capturado por efectivos de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos, será trasladado en horas de la noche hasta Santiago para ingresarlo al penal Cordillera.
El abogado de Wendertoth, Enrique Ibarra, ratificó la detención de su defendido e insistió en que una condena por un secuestro permanente es una “ficción jurídica”.
Cortez Joo (28) era contador auditor, casado y padre de un hijo al momento de su detención. Fue detenido por agentes de la DINA en la vía pública por tratar de evitar la detención de su amigo Hugo Daniel Ríos Videla, también militante del MIR y desaparecido.
Fue llevado a Villa Grimaldi y su nombre apareció en el primero de los dos listados de los 119 desaparecidos víctimas de la Operación Colombo, figurando en la lista de 59 nombres que fue publicada por el diario O Dia de Curitiba, Brasil, el 24 de julio de 1975.
Harboe: Dichos no son apropiados
Consultado sobre los dichos del profesional, el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, insistó en que "en este país hay un estado de derecho que debe ser cumplido por todos, hayan o no usado uniforme o hayan o no, en este caso, cometido un delito”.
"Si una persona ha cometido un delito, lo que corresponde es la acción de la justicia. Si la justicia ha actuado, y establece las sanciones judiciales hay que cumplirlas”, indicó.
"Y así como lo hemos hecho con otros casos, corresponderá, en consecuencia a la justicia actuar, a través de las instituciones policiales correspondientes, para que las resoluciones judiciales se cumplan”, enfatizó.
Sin embargo, estimó que no es “apropiado que un jurista plantee posibilidades de vulneración de las normas judiciales, cuando justamente de lo que se trata su profesión, es de propender al respeto del Estado de Derecho, que es lo que corresponde”.
Iturriaga Neumann
En tanto, el director general de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, aseguró que cuentan con importantes antecedentes sobre el prófugo general retirado Raúl Iturraga Neumann, también condenado por violaciones a los derechos humanos.
"En la información que recibo día a día, hay diligencias que se están realizando en forma muy silente, muy reservadas, con apoyo de personas en la búsqueda y esperamos tener resultados luego”, dijo.
"No puedo dar a conocer el detalle de las diligencias porque le estaría avisando a este caballero lo que estamos haciendo”, precisó.
Sin embargo, admitió que "tenemos algunos datos, claramente concretos. Eso es lo único que les puedo decir al respecto. (…) Según nosotros, está en Chile”.
http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=221472
STELLA CALLONI
Buenos Aires, 29 de junio. El reciente secuestro, tortura y asesinato de Antonio Almada, del Movimiento Campesino Paraguayo, quien fue sacado de su casa, en el asentamiento Meno Kue, departamento de Canindeyú, en Paraguay, se añade a la larga lista de casos similares que han sido denunciados por organismos humanitarios de ese país.
Almada fue llevado con engaños a una emboscada el pasado 26 de mayo, y su cadáver, con señales de tortura, fue encontrado a un kilómetro de su casa. Sus familiares denunciaron que el cuerpo estaba golpeado, "tenía las uñas arrancadas, los genitales reventados y un orificio de bala en el cuello. Varios vecinos comentaron que escucharon gritos esa noche en una casa cercana, que está abandonada, donde se encontraron restos de sangre", denunció la secretaría de relaciones internacionales del Partido Convergencia Popular Socialista (PCPS).
A su vez, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) Paraguay ha denunciado en años recientes unos 200 asesinatos y desapariciones de campesinos en distintos lugares del país, en los cuales también realizan maniobras las tropas de Estados Unidos, a las que el Congreso paraguayo concedió inmunidad desde mayo de 2005.
En abril pasado, el Serpaj dio a conocer que grupos de policías y civiles maniataron y golpearon al niño Blas Argaña, de 11 años de edad, para que les dijera dónde estaba su padre.
"Unos 30 policías que intervinieron la tarde del miércoles 18 de abril en la colonia Paraguái Pyahu, distrito de Guajayvi, encabezado por Menelio Orué, encargado de la comisaría local, maniataron, abofetearon y golpearon en la planta de los pies al niño, quien estuvo atado a un árbol cerca de una hora. Luego le dieron algo de dinero y le exigieron silencio. La fiscal Lilián Ruiz, quien había ordenado el proceso para detener a varios campesinos -entre ellos al padre del niño-, terminó pidiendo perdón por esos hechos", informó el Serpaj.
También mencionó otro procedimiento policial en el distrito de Guajayvi, San Pedro, en el que civiles armados y policías detuvieron y golpearon a cinco campesinos sin razón alguna, a quienes la fiscal Ruiz también ofreció "disculpas".
En este caso los policías fueron acompañados por civiles armados, "que actuaban bajo el mando de los uniformados", relataron vecinos al promotor jurídico Juan Manuel Avalos, quien visitó la comunidad luego de la intervención.
A su vez, la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay ha denunciado desde hace tiempo la tragedia que vive el movimiento campesino en ese país, ante el avance de las trasnacionales que ocupan sus tierras para sembrar transgénicos y utilizan métodos de terror para que los campesinos les dejen sus tierras, utilizando a fuerzas policiacas y grupos civiles armados.
Debido a esto, organismos humanitarios de Paraguay han redoblado sus denuncias contra la "ley antiterrorista", recientemente aprobada en ese país por la Cámara de Diputados, "a instancias y bajo presión de la embajada de Estados Unidos", al advetir que esa legislación "criminaliza la lucha por la tierra en el país" y será usada como herramienta legal para perseguir" a quienes exigen sus derechos, calificándolos de "terroristas".
Ante la gravedad de esos sucesos, organismos humanitarios de Argentina y el también premio Nobel Alternativo Martín Almada, descubridor de los "archivos del horror" en Paraguay en 1992, pidieron a la justicia y al gobierno argentino que no extraditen a seis campesinos paraguayos que están presos desde hace más de un año aquí, adonde llegaron en busca de refugio político.
La extensa lista de asesinatos, desapariciones y torturas en años recientes, en las zonas rurales de Paraguay, "hace insostenible cualquier decisión que envíe a los campesinos presos en Argentina de regreso a su país, ya que a pesar de que se demostró su inocencia la justicia paraguaya insiste en solicitar su extradición", expresó Almada recientemente en Buenos Aires.
En una carta escrita desde la cárcel de Marcos Paz, los campesinos paraguayos recuerdan que llevan "un año presos por pensar, por querer ser libres, por denunciar injusticias y, sobre todo, por repudiar la presencia de las tropas de Estados Unidos" en su país.
Detenidos el 2 de mayo de 2006, cuando llevaban los documentos requeridos por el Comité de Elegibilidad para Refugiados, en esa misma oficina y con inusitada violencia, señalan que se ha "hecho oídos sordos a nuestras denuncias de persecución, negándonos el refugio político a tres días de haberlo solicitado, argumentando que Paraguay es un país que goza de un estado de derecho, como dijo el juez (Ariel Lijo) que concedió la extradición en primera instancia".
También recordaron que pertenecen al "sector del campesinado que históricamente ha enfrentado la dictadura", y que a los miles que sufrieron muerte y persecución en esos años ahora "se han sumado más de 200 mártires" desde la caída del dictador Alfredo Stroessner, en 1989.
Por todo ello decidieron solicitar el apoyo de los pueblos de América Latina, para acompañar "en digna resistencia al pueblo campesino y pobre de Paraguay, y pedimos que la solidaridad exija refugio en Argentina y que miren lo que sucede en nuestro país".
http://www.jornada.unam.mx/2007/06/30/index.php?section=mundo&article=031n1mun
Por Gaspar Hernández Pino
COYUCA DE Benítez, Gro., 28 de junio.- Organizaciones políticas se hicieron presentes en el vado, donde perdieran la vida 17 campesinos, y conmemoraron el doceavo aniversario de la masacre de Aguas Blancas.
Los Partidos del Trabajo (PT), del Sol Azteca, y la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCCS), realizaron una velada en el zócalo de este municipio, la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, así como estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y de la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero efectuaron en el mausoleo erigido en honor a los 17 campesinos masacrados en el este lugar.
Los integrantes de dichas organizaciones con pancartas y mantas en mano, alusivas a la presentación con vida de los desaparecidos del país, libertad a presos políticos y castigo a los responsables de la masacre de Aguas Blancas, partieron hacia el vado en donde colocaron una ofrenda floral y realizaron una misa a un costado del monumento a los caídos, a cargo del párroco de esta ciudad Juvenal Aponte González.
Las organizaciones coincidieron en señalar y denunciaron la criminalización contra la organización y protesta social, caracterizada por el encarcelamiento a los principales dirigentes de la APPO y la pena de por vida a los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Dijeron que en diversos medios electrónicos y escritos del estado de Oaxaca, dieron a conocer que dos miembros del PDPR-EPR, fueron detenidos el 25 de mayo en Oaxaca, sin que hasta el momento se sepa del paradero, estado físico y psicológico de Raymundo Rivera Bravo y Edmundo Reyes Amaya.
Para finalizar los ahí presentes hicieron un llamado a las organizaciones sociales, políticas, civiles y de derechos humanos a exigir el cese a la guerra sucia en el país, el cese a la tortura, presentación con vida de los desaparecidos, y contra todo acto de tortura, desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad y hostigamientos que sufren los luchadores sociales y defensores de los derechos humanos.
MONTEVIDEO, 30 (ANSA) - El antropólogo José López Mazz anunció que a mediados de agosto se reanudarán las excavaciones en unidades militares en busca de restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar uruguaya (1973-1985).
El jefe del equipo de antropólogos que realizó excavaciones en cuarteles entre 2005 y 2006, confirmó la información hoy al diario La República e indicó que los trabajos se iniciarán "seguramente el día 15" de ese mes, después que se firme un nuevo convenio entre la Universidad de la República y la Presidencia.
Indicó que las excavaciones se realizarán en predios de los batallones 13 de infantería del ejército y el 14 de la localidad de Toledo, distante 22 kilómetros de Montevideo, en la sede del Grupo de Artillería Nro. 1 y en La Tablada, un establecimiento que hoy sirve de cárcel para presos comunes.
López Mazz señaló que esta segunda fase de búsqueda se realizará en base a información obtenida por organizaciones de familiares de los detenidos desaparecidos y testimonios aportados de distintas fuentes al propio equipo de técnicos.
30/06/2007 14:08
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Sergio Ocampo Arista
Chilpancingo, Gro., 29 de junio. Ex guerrilleros y familiares de presos políticos de la entidad indicaron que con la liberación de Mario Arturo Acosta Chaparro el gobierno de Felipe Calderón muestra su verdadero rostro.
Andrés Nájera, presidente del Comité Eureka en la entidad, recordó que el militar es responsable de al menos un tercio de las desapariciones de la guerra sucia en Guerrero en los años 70. "Este general sanguinario tuvo que ver en más de 200 de las 600 desapariciones" en ese periodo, sostuvo.
"No hay duda de que con esta liberación el gobierno de Calderón actuó como los gobiernos priístas: protegiendo a represores", dijo Celia Piedra, esposa de Jacobo Nájera Hernández, profesor desaparecido en 1974 por órdenes de Acosta Chaparro.
"En México no hay justicia; nos quieren hacer como en Chile y Argentina", añade Piedra, también integrante del Comité Eureka en Guerrero.
Tanto Nájera como Piedra rechazaron la propuesta del gobernador Zeferino Torreblanca de crear una comisión de la verdad que esclarezca los hechos de la guerra sucia. "No estamos de acuerdo porque Torreblanca es igualito que Felipe Calderón; nunca encarcelará a Rubén Figueroa Alcocer o a Héctor Vicario por su responsabilidad en la masacre de Aguas Blancas".
Arturo Miranda Ramírez, dirigente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero, manifestó que Acosta Chaparro fue uno de los criminales más "rabiosos" del país. "Sólo en esta entidad persiguió y desapareció a nuestros compañeros Eloy Cisneros Guillén y a Octaviano Santiago Dionisio, destacados luchadores sociales", dijo.
"Estuve preso con Gregorio Hernández Brito en la cárcel de Perote, Veracruz, y Acosta Chaparro intentó sacarnos de ahí por la fuerza en 1978. Afortunadamente, los compañeros se amotinaron e impidieron que nos llevaran."
http://www.jornada.unam.mx/2007/06/30/index.php?section=politica&article=007n2pol
Actuaron en los campos clandestinos de detención El Olimpo, Atlético y El Banco durante la última dictadura militar. En la lista están Raúl Guglielminetti y Julio "el turco Julián" Simón, entre otros.
Un fiscal solicitó a la Justicia Federal elevar a juicio oral la causa que se les sigue al ex agente de inteligencia, Raúl Guglielminetti, y a otros represores que actuaron en los centros clandestinos de detención El Olimpo, Atlético y El Banco, informaron ayer fuentes tribunalicias.
El requerimiento fue realizado por el fiscal Federico Delgado ante el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa que involucra a Guglielminetti y a una docena de ex policías, ex gendarmes y a un ex integrante del servicio penitenciario, quienes actuaron en esos centros durante la última dictadura.
La solicitud alude a Guglielminetti y a los también procesados ex policías Samuel Miara, Juan Falcón, Raúl González, Eduardo Kalinec, Eufemio Uballes, Luis Donocik, Roberto Rosa, Oscar Rolón y Julio "el turco Julián" Simón; a los ex gendarmes Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y al ex penitenciario Juan Carlos Avena.
En un dictamen de 40 carillas -al que tuvo acceso Télam- el representante del Ministerio Público analizó lo ocurrido en esos centros de detención y tortura, que el juez Rafecas parangonó con los campos de concentración del nazismo, durante la dictadura militar.
Delgado responsabiliza a cada uno de los involucrados por varias decenas de privaciones ilegales de la libertad y aplicación de tormentos, entre otros delitos que los tratados internacionales y la Corte Suprema de Justicia califican de "lesa humanidad".
El fiscal explicó "la gravedad de los hechos, la carga de violencia que entrañan y la particularidad de que la actividad delictiva se llevó a cabo desde las estructuras de las instituciones a través de las que se expresa el Estado Nacional".
Sostuvo que "no se trata de una causa más, porque aquí se ventilan eventos que se corresponden con uno de los capítulos más oscuros de la historia".
En su pedido, el representante del ministerio público señaló que "se trató de una feroz y desnuda represión ejecutada por quienes usurparon el poder" en marzo de 1976 "con el deliberado objetivo de despolitizar y ’normalizar’ un momento de la historia que se percibía como ’amenazante’ para el orden social vigente".
"Se trató de la feroz penetración de un Estado que desnudó su poder coercitivo sobre la sociedad civil", dijo Delgado y añadió que "en la Argentina en la época que tratamos el soberano no era otro que la junta militar y sus dependientes jerárquicos".
La "perversa connivencia de un marco normativo ilegal y brutales prácticas que lo convertían en una fachada que velaba la crueldad y pretendía proporcionar una envoltura jurídica que aspiró a ocultar la naturaleza del régimen", también mereció el análisis del acusador.
El fiscal fundamento el pedido en la necesidad de juzgar a quienes "en forma coordinada y como parte de la ’maquinaria estatal del terror’ materializaron aquellas mandas de secuestrar, encerrar furtivamente, atormentar física y psíquicamente, eventualmente ’controlar’ tras la liberación y ’negar al otro’".
Describió luego pormenorizadamente la actividad que se cumplía en cada uno de los centros clandestinos de detención donde "la práctica de aplicación de tormentos tuvo un papel protagónico en el acicalamiento del terror" donde "los represores hacían algo más que satisfacer sus inclinaciones sádicas".
Añadió que los imputados "al implantar el terror en la mente de sus víctimas, neutralizaban cualquier posible entendimiento entre ellas que les permitiera ofrecer respuestas coincidentes a los interrogatorios a que serían sometidos".
A Guglielminetti, alias "Mayor Guastavino", le imputó 75 casos de secuestros y torturas, 56 de ellas agravadas; a Miara, Rosa, González, Kalinec, Falcón, Uballes, Donocik y a Rolón los responsabilizó por los mismos delitos en 25 oportunidades; a Simon por 23 hechos y a Cardozo, Pereyra Apestegui y Avena, por 14 veces.
Delgado sostuvo que "la estructura del ’Proceso de Reorganización Nacional’ en la denominada ’Lucha Antisubversiva’ construyó una maquinaria perfectamente delimitada, jerárquica y organizada, a través de Zonas, Subzonas, Areas y subáreas cada una de las cuales tenía asignada una estructura militar responsable".
"A la vez fueron implementados distintos grupos de tareas de todas las fuerzas armadas y de seguridad, que operaban desde los diversos centros clandestinos de detención desde los cuales se llevó a cabo el secuestro, la tortura, la desaparición, a menudo el robo y finalmente la muerte", añadió.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=66510&id=159447&sec=1&dis=1
www.b92.net
RTV B92 New
BELGRADE -- The fate of one third of the missing in Kosovo has
to date been clarified, Francois Stamm has said.
"The job ahead of us is going to be much harder since concrete and accurate pieces of information regarding the fate of the missing are scarce. All sides should increase efforts in pursuing information,"
Stamm, head of the working group for the missing persons in Kosovo, said.
A meeting of a working group composed of the representatives of the missing persons commissions from Belgrade and Pristina noted that the situation called for speeding up the pace of the working group's efforts.
The meeting was held in Belgrade Friday.
"Members of both commissions call on permanent observers from
the international community and representatives of the families of
the missing to assume a more active and constructive role in the
working group," the statement released after the meeting said.
Stamm appealed to institutions in Pristina and Belgrade to confirm
their resolve displayed at the beginning of the process, and engage
in cooperation on this extremely important humanitarian issue.
According to the latest data, as many as 2,047 persons are still considered missing in Kosovo, including 500 Serbs, 1,300 Albanians
and 200 members of other ethnic communities.
La Plata, 29 de Junio- La Asociación Civil Miguel Bru informa que en el día de la fecha a partir de las 19.00 hs se realizará el velatorio de quien en vida fuera Esteban Gorondona, desaparecido en La Plata desde el 13 de Noviembre de 2005 hasta Julio del año siguiente, cuando fue hallado enterrado en una tumba como NN en el cementerio de Rafael Calzada. El mismo se realizará en la casa de Sepelios sita en San Martín 2710 (ex calle 698), frente a la Municipalidad de Florencio Varela. Así mismo sus restos serán sepultados a las 10 hs del sábado en el cementerio de dicha localidad.
Esteban “El Chino” Gorondona tenía 32 años y tres hijos. Vivía cerca de la Rotonda de Alpargatas y trabajaba en una fábrica de vidrios de Berazategui. El 13 de noviembre fue con sus primos al Estadio Unico de La Plata a un recital del Indio Solari. La última vez que lo vieron estaba en una valla de acceso, en los controles de seguridad.
Su madre, Delia López, sostiene que Esteban no se suicidó como informa la Fiscalía. Cree que tal vez su hijo pudo haber sido víctima de un exceso policial. Su familia aún busca la verdad de lo ocurrido aquel 13 de Noviembre.
The Asian Human Rights Commission (AHRC) is deeply concerned by the decision taken by the Government of Nepal on June 21, 2007 to form a 'High Level Probe Commission on Disappeared Persons' under the chairmanship of former-Supreme Court Justice Narendra Bahadur Neupane, as the establishment of this commission is in contradiction to the directives contained in the landmark June 1, 2007 Supreme Court verdict and Nepal’s domestic and international human rights commitments.
According to Nepalese human rights organisations, it is feared that such a commission will likely prolong and reinforce the culture of impunity that currently reigns in the country with regard to the problem of forced disappearances, enabling perpetrators to continue to avoid being brought to justice for their actions and ensuring that victims and their families are deprived of justice and reparation. It must be recalled that the United Nations declared that Nepal was the scene of the world’s worst problem of forced disappearance in 2003 and 2004, with the problem having been ongoing for years before then, notably since the beginning of the internal conflict between the then-government and the CPN-Maoist insurgents in the country in 1996.
In its June 1 judgement on disappearances, the Supreme Court of Nepal ruled that existing legal arrangements that would govern any probe commission into any inquiry in the cases of human rights violations including disappearances are currently insufficient and that the current criminal legal apparatus lacks the necessary provisions to deal with these issues. The Court held that it is imperative to enact a separate law to deal with cases of forced disappearance. The AHRC has for some time been calling for the enactment of a law criminalizing disappearances as one of the effective ways to begin the process of challenging impunity concerning this very grave human rights violation and welcomes the Supreme Court’s pronouncement in this regard.
The Court directed the government to form a commission on enforced disappearances only after enacting a comprehensive law to govern it and suggested that the government consult the UN Convention of Enforced Disappearance before drafting and enacting such a law. It is recalled that it is a constitutional obligation for the government to follow orders issued by the Court and that the country’s Interim Constitution has preserved a mandatory provision that makes any verdict on the part of the Supreme Court binding on the government.
In light of this, the fact that the current government has formed a commission in blatant disregard for and opposition to the content of the directive order issued by the Court is a serious development that greatly undermines the government’s credibility concerning human rights and the fight against impunity. It has been suspected that the current government, which now also includes the Maoists, has no interest in dealing effectively with the issue of impunity or addressing the vast range and number of past human rights violations resulting from the country’s recently-ended internal conflict. The government’s decision to establish the afore-mentioned commission can only be seen as reinforcing this suspicion.
It is therefore imperative, if the government is to retain any credibility in terms of human rights, that this latest probe commission be immediately dissolved. A probe commission to look into disappearances should only be formed if it meets the requirements set out by the Supreme Court and is in line with international human rights laws and standards. The way in which the government of Nepal deals with the problem of forced disappearance will represent a litmus test concerning its ability to respect, protect and promote human rights and to ensure peace and security, for which it has been mandated by the people of Nepal following the popular uprisings in April 2006.
MANILA, June 28 — The Philippine military has been waging a “dirty war” against leftists that has resulted in the death or disappearance of hundreds of Filipino activists, Human Rights Watch said Thursday.
In a report, the group said that the government had failed to prosecute members of the armed forces implicated in the killings and that witnesses were afraid to testify, contributing to “official impunity.”
Human Rights Watch, based in New York, also said that measures by the government to deal with the killings had been largely unsuccessful and that the administration of President Gloria Macapagal-Arroyo had consistently failed to uphold international human rights law.
The report came a few days after a Philippine newspaper quoted unidentified generals who contended that they had been present at meetings in which a military policy that involved the assassination of leftists was discussed.
An investigation in February by a United Nations human rights envoy, Philip G. Alston, blamed the military for the killings. A commission created this year by Ms. Macapagal-Arroyo reached the same conclusion.
The government also created special courts to try such cases but witnesses have been afraid to speak out.
The armed forces said the Human Rights Watch report was unfair and one-sided. “We categorically deny the allegations that there is a dirty war being waged by the armed forces of the Philippines, particularly against the leftist groups,” Lt. Col. Bartolome Bacarro, a military spokesman, said Thursday.
Though he conceded that some military elements might have been involved in such killings, Colonel Bacarro said, “It is not a policy to commit extrajudicial activities.”
Sophie Richardson, deputy director of Human Rights Watch’s Asia program, said, “There is strong evidence of a ‘dirty war’ by the armed forces against left-leaning activists and journalists.” She said, “The failure to prosecute soldiers or police suspected in these killings shifts the spotlight of responsibility to the highest levels of the government.”
The report said the killings “appeared to shift into a higher gear” in February 2006, after several leftist groups were accused of participating in a coup plot led by renegade members of the military. The report also said that around the same time, Ms. Arroyo also ordered an “all-out war” against Communists.
Karapatan, a Philippine human rights group, some of whose members have been killed, has documented nearly 900 cases of what it describes as extrajudicial killings. There has also been a recent spate of abductions of leftists, some of whose bodies were later found.
The military denies that it goes after unarmed activists, insisting that the killings have been carried out by the Communists themselves as part of a long-running purge.
But Human Rights Watch said that while the rebel New People’s Army continued to violate human rights, its investigation did not uncover evidence of the rebels’ participation in any of the killings.
The group urged Ms. Macapagal-Arroyo to issue an executive order prohibiting extrajudicial killing and called on the United States to suspend military assistance to the Philippines until members of the armed forces those implicated in the killings were prosecuted.
“Actions speak louder than words, and the only real proof of the government’s commitment to end these killings will be when the perpetrators are finally held to account in a court of law,” the group said.
http://www.nytimes.com/2007/06/29/world/asia/29philippines.html?_r=1&oref=slogin
GA
Grupo de Apoyo Mutuo
8a Calle 3-11 Zona 1
Ciudad de Guatemala
REENCUENTRO FAMILIA GÓMEZ JIMÉNEZ
El Grupo de Apoyo Mutuo en el marco del Día Nacional Contra las Desapariciones Forzadas, comprometido con el pueblo guatemalteco en la incansable lucha de hacer escuchar la voz de aquellos que no pudieron ver un día más y cumplir sus sueños y otros, niñas y niños que fueron separados abruptamente de sus familias y que con dolor dejaron sus tierras.
Hoy nuevamente, podrán ver el fruto de sus esperanzas; una oportunidad en la que por el arduo trabajo de nuestra institución tiene como resultado hacer realidad el sueño de la familia Gómez Jiménez, una familia más, y éste corresponde al quinto reencuentro del año 2007.
En el año de 1980, la aldea Nuevo Xalbal, Ixcán Quiché, era un lugar muy tranquilo y lleno de vegetación cuando todavía reinaba el amor y la tranquilidad, acompañados de la humildad y entre la pobreza se conformaba la unidad de la familia de don Nicolás Gómez.
Esta familia estaba integrada por Marta Jiménez, esposa y sus hijos; José, Rufina, Vicente, Aurelia, Josefa, Juan todos de apellidos Gómez Martínez. Ellos se dedicaban a la agricultura y crianza de animales de corral y en algunas temporadas viajaban a la costa para el corte de algodón.
Nicolás Gómez, tenía el privilegio de tener a su familia unida, hasta que fue brutalmente separada, por elementos del ejército quienes llegaron a la comunidad asesinando a todas las personas que encontraban a su paso, durante su recorrido por las distintas comunidades.
En ese momento el primo Victorino Gómez, quien vivía a unos quince minutos de la casa de Juan Martín, llego a informarles de lo que estaba sucediendo y que el ejercito estaba a punto de llegar a dicho lugar, se dio la voz de alerta, como pudieron recogieron algunas de sus pertenencias, huyendo a esconderse. Desde ese momento ocurrió la desintegración familiar. Don Nicolás Gómez Jiménez, decidió no abandonar el lugar y los primos Juan Martín y Victorino al retornar al siguiente día observaron la muerte de sus padres, a Nicolás Gómez (padre) lo mataron dejándolo crucificado, con unas estacas dentro de su cuerpo junto a su yerno y otras familias, colocándoles una corona de espinas en la cabeza, yendo posteriormente a la casa de Victorino, pero ésta se encontraba totalmente quemada como otras en la comunidad. Al ver esta situación sufrió un colapso desmayándose a causa de la impresión y la tristeza, fue auxiliado por su primo, huyendo hacia la montaña y desde un lugar alto de la comunidad observaron la quema de varias casas de otras comunidades.
Ellos se refugiaron en la denominada Comunidad de Población en Resistencia (CPR), pero por los constantes ataques por elementos del ejército se vieron obligados a huir por separado en ese momento Juan tenía 5 años y Victorino 15 aproximadamente. Juan Martín fue refugiado en Campeche, México y su primo Victorino en Chiapas, del mismo Estado donde les dieron ayuda.
Cuando se firmaron los Acuerdos de Paz, Juan Gómez J. retornó en el primer grupo de refugiados a Guatemala y actualmente vive en la comunidad Nuevo México, San Vicente Pacaya, Escuintla, donde recibimos la denuncia y el testimonio relacionado. Victorino Gómez J. regresó a la Comunidad Nueva Libertad, Fray Bartolomé de las casas, donde actualmente reside. Según el testimonio de los Primos, tienen 27 años de no verse.
El Estado guatemalteco a través del Programa Nacional de Resarcimiento debiera de adoptar como propio el esfuerzo por impulsar reencuentros de familias que fueron separadas por causas de la violencia que el mismo Estado impulsó contra la sociedad civil indefensa.
MIS PASOS NO SE DETENDRÁN HASTA ENCONTRARTE
Guatemala 29 de junio de 2007
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6249054.stm
BBC News | Europe Thursday, 28 June 2007, 13:19 GMT 14:19 UK
Russia's top court has backed a law banning the return of the bodies of those branded terrorists or suspected of terrorism to their families.
The families of two suspected Chechen rebels killed in a 2005 special forces raid had appealed to the court, hoping to secure the return of their remains.
Correspondents say the practice echoes a Soviet custom of burying convicts without telling their families.
The case was brought to the Russian constitutional court by two women whose sons were killed in the operation, in the Northern Caucasus city
of Nalchik in October 2005.
The women had argued that the guilt of their sons was never proved
in court and therefore that they should be presumed innocent.
In another recent case, Russian authorities are refusing to hand over
the body of a man accused of being an Islamic militant shot dead
in the same region.
Human Rights Watch says it doubts an official Russian version of events, in which Ruslan Adishev was accused of being the spiritual leader of
an Islamic extremist organisation.
Russia's tactics in its battle against militants have frequently come in for criticism, with relatives of many of those accused of terror offences denying their guilt.
But Moscow maintains that the ban is leading to a decrease in terrorist activity, and that disclosing the burial places of terror suspects
could lead to a spread of terrorist propaganda and ethnic hatred.
The European Court of Human Rights is also examining the Nalchik mothers' case.
June 28, 2007 (AFP) - Some 430 Sri Lankans were slain during a five-month period, most of them minority Tamils, a commission said on Thursday, amid growing controversy over rights abuses in the conflict-hit island.
The Special Presidential Commission on Disappearances said the killings were reported between September 2006 and February 2007 as the country came under increased international criticism over rights.
"A majority of the cases relate to (ethnic minority) Tamils," probe chairman Mahanama Tillakaratne said.
"Locally and internationally there has been a big issue of abductions, disappearances and unsolved killings," he said. "This is something very bad for the image of the country."
Tillakaratne was named last year by Sri Lankan President Mahinda Rajapakse to investigate a wave of killings and disappearances that has shaken the country where Tamils are fighting for an independent homeland.
Many of the victims have been executed with their hands tied behind their backs and shot through the head.
During the same September to February period, a total of 2,020 people were either abducted or disappeared, Tillakaratne added.
Some 1,134 were later found alive and reunited with their families.
The fate of the remainder is unknown, Tillakaratne said.
"The cases are so complicated that even if you get Scotland Yard (detectives) you may not be able to solve them," he said.
Sri Lanka is facing mounting criticism over its inability to stem the wave of killings and abductions which have risen with the escalation of fighting between troops and Tamil Tiger rebels in the island's northeast.
On Wednesday, Japan, the single largest donor to Sri Lanka, voiced concern about the human rights situation in the island nation during a visit by Colombo's foreign minister.
A Norwegian-brokered 2002 truce began unravelling in December 2005. Since then, more than 5,000 people have been killed in fighting across the north and tsunami-ravaged east of the country.
The 35-year-old conflict has left at least 60,000 people dead.
http://www.lankabusinessonline.com/fullstory.php?newsID=451931022&no_view=1&SEARCH_TERM=33
Thursday, June 28, 2007, 14:16 GMT, ColomboPage News Desk, Sri Lanka.
June 28, Colombo: A special center was opened today at the Bandaranaike Memorial International Conference Hall (BMICH) for the benefit of the Sri Lanka public to provide information on abductions and disappearances.
The public can access the centre round the clock in all three national languages, Sinhala, Tamil and English. The telephone number is 060 2119240 and fax number is 011 2673409. The center was earlier proposed to be set up in the Presidential Secretariat but was moved to the BMICH for easy access by the public.
Sri Lanka President recently appointed a special committee to look into the abductions and disappearances. The committee includes Ministers Dullas Alahapperuma, Rajitha Senarathna, Deputy Ministers P. Radhakrishnan, Abdul Baiz and the opposition leader of the Colombo Municipal Council Vasudewa Nanayakkara.
Minister Rajitha Senarathna said opening the center that the abductions and disappearances have died down since the appointment of the special committee by the President.
By MARIA ALETA O. NIEVA
abs-cbnNEWS.com
Stories have been told about mothers, fathers, sisters or brothers fervently searching, practically not leaving any stones unturned, for their loved ones who had been victims of involuntary disappearance.
Like a broken record playing over and over again, the search never seemed to stop as new names were added to the long list of victims every year.
Justice was not served to families whose members are still missing because the perpetrators of the crime of involuntary disappearance, considered as the "most cruel" form of human rights violation, remain unpunished.
The commemoration of the International Week of the Disappeared from May 26-June 1 was highlighted with the recent abduction of an agriculturist and a pastor.
Jonas Burgos, a son of the late press freedom fighter Jose Burgos, was abducted by a group of men while eating at a restaurant inside a mall in Quezon City on April 28.
Prior to his abduction, Burgos was giving seminars on organic farming to peasants in Bulacan.
His disappearance sparked protest not only in the Philippines but also abroad.
Berlin Guerrero, on the other hand, was snatched after officiating Mass in Biñan, Laguna. A group of men forcibly took Guerrero despite protests from his family who demanded a warrant of arrest from his captors.
Guerrero, a member of the United Church of Christ of the Philippines, was traced to a police headquarters in Cavite where charges for murder and inciting to sedition were filed against him.
The pastor had served as the secretary-general of the leftist Bagong Alyansang Makabayan (Bayan).
His wife said the pastor bore signs of torture marks to the body when she visited him. She said that her husband told her that policemen placed a plastic bag over his face to suffocate him.
Burgos and Guerrero are but two of the hundreds of cases of involuntary disappearance in the country.
The Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD) reported that more than 700 cases have been documented since President Arroyo assumed office in 2001.
"Wala siyang matinong human rights program sa mga State of the Nation Address niya the past years. Tapos, latest nag-praise pa siya kay [Jovito] Palparan na maraming cases of extra-judicial killings and disappearance. Walang nagawa to solve and prevent cases of involuntary disappearance," said Mary Aileen Bacalso, AFAD’s secretary general.
Bacalso said that most of the disappeared were alleged members or sympathizers of communist rebels while others were taken "just for fun."
"Sa ngayon mas maraming cases under Gloria even if hindi siya ganoon katagal. Kahit may change of administration since Marcos…the same military pa rin. Wala talagang change of system," said Bacalso.
According to the October 2006 statistics of the group called Families of Involuntary Disappearance (FIND), the sector which had the highest number of victims are the farmers and workers. Third and fourth in the rank are the youth and women’s sectors.
Mary Ghuy Portajada, spokeswoman for the human rights group Desaparecidos said that 186 people have been reported missing since 2001 up to the present. Fifteen of these cases were reported from January-April this year.
Of the number, nine have been surfaced alive while four, including two students from Bicol who only brought food to poll watchers, were found dead.
"Aktibista lahat sila. Meron din napagtripan lang tulad ng kaso sa Angeles na dinukot ang isang tricycle driver nang hindi nila naabutan iyung mismong kapatid na aktibista. Malinaw naman sa lahat ang mga biktima mula sa hanay na nakikibaka para sa karapatan, nakikibaka para sa lupa. May mga prinsipyong ipinaglalaban," Portajada said.
Usual suspects tagged
Desaparecidos is a Spanish term for "disappeared." These are individuals abducted by a group of people, in many cases, by units of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police, the families of the victims said.
Those who surfaced alive recounted how they were subjected to torture. But others have not been lucky to be reunited with their families as they were summarily executed and their cadavers’ locations are still unknown.
Central Luzon and Eastern Visayas are two of the regions with the highest number of involuntary disappearance of human rights volunteers, youth and farmers.
The trend is becoming more alarming citing the case of Burgos who was abducted while inside the Ever Gotesco mall in Commonwealth, Quezon City.
"Nagsu-surveillance sila. Dumarating sa point na nagkakampo na para i-zero in ang bibiktimahin ng pagdukot at sa mismong harap ng pamilya kaya nilang dukutin. Isa pa iyung paggamit ng sasakyan na walang plate number, tatambay sa kalsada para hintayin ang bibiktimahin. Mga naka-civilian tapos magsusuot ng bonnet, malalaki, mas military men ang dating," Portajada said.
In the case of Burgos’s disappearance, his family suspects the military was behind the incident particularly after a vehicle license plate (TAB 194) used in the abduction was traced to another vehicle impounded at the 56th Infantry Battalion in Norzagaray, Bulacan last year.
"Military may kapasidad na itago ang biktima sa malaking mga kampo nila. May mga testigo ang lumalantad para tumulong pero matagal ang proseso dahil sa pangamba sa kanilang buhay. Pero dala ng konsensiya, nagke-kwento sila," she said.
The crime does not end with the involuntary disappearance of a single person since anxiety, stress and trauma also affects his or her family who would be searching for them .
"Kapag inabduct hindi mo alam kung saan ka magsisimula unless mag-i-ingay ka," said Portajada.
Jose Luis Burgos, Burgos's younger brother, said the family initially called for a press conference to inform the media about his brother’s disappearance and to issue an appeal to those who might have information that would lead his family to his whereabouts.
"Tapos nag-file kami ng blotter at nagpatawag ng investigation sa mga concerned agencies like the Commission on Human Rights at Philippine National Police. Tapos nag-camp hopping kami," he said.
Last month, the Burgos family, members of the Free Jonas Burgos Movement and other concerned agencies staged a peaceful protest in front of Camp Aguinaldo in Quezon City to urge the military to surface Jonas.
However, the military answered their appeal by playing songs at full volume and even pushed the families of desaparecidos away.
"Naiba sa amin lifestyle siguro kasi may security threat sa family. May mga sumusunod, nagpaparamdam na nagbabantay kay medyo maingat kami ngayon. Kami ang naghahanap, hindi kami makapagtrabaho," he said adding that "despite this, we family remains strong."
Portajada personally knows what each family of desaparecidos is going through since her father had been a victim of involuntary disappearance 19 years ago.
"Kaya alam ko na hindi ito talaga hihinto. Alam namin na sa sama-sama naming pagkilos doon lang nating kayang patigilin ito," she said.
Her father had been the president of the Coca-Cola Bottlers union when he was abducted on July 20, 1987 in Makati City.
"Si Marcos nagawa niya in 20 years ang 800 biktima. Si Arroyo sa pitong taon niya umaabot na sa 100 ang biktima ng involuntary disappearance at 800 extrajudicial killings," she said.
AFAD recently held the commemoration rites for the International Week of the Disappeared at the Bantayog ng mga Bayani along Quezon Avenue in Quezon City attended by around 80 people mostly by representatives of the diplomatic communities, their country members and families of the victims.
Bacalso said that AFAD offers direct economic assistance to families of desaparecidos.
"Mayroon kaming psychological rehabilitation for families of disappeared and direct economic assistance sa kanila. Kasi iyung ang effort namin to alleviate the pain of their loss," Bacalso said.
She urged the government to act to stop disappearances and enact national laws punishing perpetrators of forced disappearance.
FIND said that involuntary disappearance is not yet considered a crime under Philippine laws and that cases are filed in court as kidnapping, murder or serious illegal detention or combination of the last two crimes.
AFAD considers the International Convention on the Protection of All Persons from Enforced or Involuntary Disappearance as a major source of strength. They call on all Asian governments to sign and ratify the important international treaty that ensures the protection of all persons from forced disappearance.
Its implementation in the national level would require the enactment of national laws criminalizing enforced disappearances which do not yet exist in any part of Asia, AFAD said.
"We hope that the bill sa Philippines magiging the first anti-disappearance law in Asia pero walang political will ang government and no support na maging batas ang bill at marami din oposisyon from the ranks of the perpetrators," said Bacalso.
She said that forced disappearance should be considered as a social issue the public must be aware of to remain vigilant at all times because "anybody can be a victim".
For their part, Portajada appealed to those who might witness an actual abduction to be alert, take pictures from their cellularphones, jot down plate numbers and description of suspects and if possible stop the crime.
"Naniniwala kami na walang ibang magtutulangan. Hindi ito ginusto ng pamilya, umaapela kami sa mga pamilya na kung ano man ang naging gawain o prinsipyo ng mga dinukot huwag ninyong kalimutan at maningdigan para sa karapatan at hustiya," she said.
"Wala siyang matinong human rights program sa mga State of the Nation Address niya the past years. Tapos, latest nag-praise pa siya kay [Jovito] Palparan na maraming cases of extra-judicial killings and disappearance. Walang nagawa to solve and prevent cases of involuntary disappearance," said Mary Aileen Bacalso, AFAD’s secretary general.
Bacalso said that most of the disappeared were alleged members or sympathizers of communist rebels while others were taken "just for fun."
"Sa ngayon mas maraming cases under Gloria even if hindi siya ganoon katagal. Kahit may change of administration since Marcos…the same military pa rin. Wala talagang change of system," said Bacalso.
According to the October 2006 statistics of the group called Families of Involuntary Disappearance (FIND), the sector which had the highest number of victims are the farmers and workers. Third and fourth in the rank are the youth and women’s sectors.
Mary Ghuy Portajada, spokeswoman for the human rights group Desaparecidos said that 186 people have been reported missing since 2001 up to the present. Fifteen of these cases were reported from January-April this year.
Of the number, nine have been surfaced alive while four, including two students from Bicol who only brought food to poll watchers, were found dead.
"Aktibista lahat sila. Meron din napagtripan lang tulad ng kaso sa Angeles na dinukot ang isang tricycle driver nang hindi nila naabutan iyung mismong kapatid na aktibista. Malinaw naman sa lahat ang mga biktima mula sa hanay na nakikibaka para sa karapatan, nakikibaka para sa lupa. May mga prinsipyong ipinaglalaban," Portajada said.
Usual suspects tagged
Desaparecidos is a Spanish term for "disappeared." These are individuals abducted by a group of people, in many cases, by units of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police.
Those who surfaced alive recounted how they were subjected to torture. But others have not been lucky to be reunited with their families as they were summarily executed and their cadavers’ locations are still unknown.
Central Luzon and Eastern Visayas are two of the regions with the highest number of involuntary disappearance of human rights volunteers, youth and farmers.
The trend is becoming more alarming citing the case of Burgos who was abducted while inside the Ever Gotesco mall in Commonwealth, Quezon City.
"Nagsu-surveillance sila. Dumarating sa point na nagkakampo na para i-zero in ang bibiktimahin ng pagdukot at sa mismong harap ng pamilya kaya nilang dukutin. Isa pa iyung paggamit ng sasakyan na walang plate number, tatambay sa kalsada para hintayin ang bibiktimahin. Mga naka-civilian tapos magsusuot ng bonnet, malalaki, mas military men ang dating," Portajada said.
In the case of Burgos’s disappearance, his family suspects the military was behind the incident particularly after a vehicle license plate (TAB 194) used in the abduction was traced to another vehicle impounded at the 56th Infantry Battalion in Norzagaray, Bulacan last year.
"Military may kapasidad na itago ang biktima sa malaking mga kampo nila. May mga testigo ang lumalantad para tumulong pero matagal ang proseso dahil sa pangamba sa kanilang buhay. Pero dala ng konsensiya, nagke-kwento sila," she said.
The crime does not end with the involuntary disappearance of a single person since anxiety, stress and trauma also affects his or her family who would be searching for them .
"Kapag inabduct hindi mo alam kung saan ka magsisimula unless mag-i-ingay ka," said Portajada.
Jose Luis Burgos, Burgos's younger brother, said the family initially called for a press conference to inform the media about his brother’s disappearance and to issue an appeal to those who might have information that would lead his family to his whereabouts.
"Tapos nag-file kami ng blotter at nagpatawag ng investigation sa mga concerned agencies like the Commission on Human Rights at Philippine National Police. Tapos nag-camp hopping kami," he said.
Last month, the Burgos family, members of the Free Jonas Burgos Movement and other concerned agencies staged a peaceful protest in front of Camp Aguinaldo in Quezon City to urge the military to surface Jonas.
However, the military answered their appeal by playing songs at full volume and even pushed the families of desaparecidos away.
"Naiba sa amin lifestyle siguro kasi may security threat sa family. May mga sumusunod, nagpaparamdam na nagbabantay kay medyo maingat kami ngayon. Kami ang naghahanap, hindi kami makapagtrabaho," he said adding that "despite this, we family remains strong."
Portajada personally knows what each family of desaparecidos is going through since her father had been a victim of involuntary disappearance 19 years ago.
"Kaya alam ko na hindi ito talaga hihinto. Alam namin na sa sama-sama naming pagkilos doon lang nating kayang patigilin ito," she said.
Her father had been the president of the Coca-Cola Bottlers union when he was abducted on July 20, 1987 in Makati City.
"Si Marcos nagawa niya in 20 years ang 800 biktima. Si Arroyo sa pitong taon niya umaabot na sa 100 ang biktima ng involuntary disappearance at 800 extrajudicial killings," she said.
AFAD recently held the commemoration rites for the International Week of the Disappeared at the Bantayog ng mga Bayani along Quezon Avenue in Quezon City attended by around 80 people mostly by representatives of the diplomatic communities, their country members and families of the victims.
Bacalso said that AFAD offers direct economic assistance to families of desaparecidos.
"Mayroon kaming psychological rehabilitation for families of disappeared and direct economic assistance sa kanila. Kasi iyung ang effort namin to alleviate the pain of their loss," Bacalso said.
She urged the government to act to stop disappearances and enact national laws punishing perpetrators of forced disappearance.
FIND said that involuntary disappearance is not yet considered a crime under Philippine laws and that cases are filed in court as kidnapping, murder or serious illegal detention or combination of the last two crimes.
AFAD considers the International Convention on the Protection of All Persons from Enforced or Involuntary Disappearance as a major source of strength. They call on all Asian governments to sign and ratify the important international treaty that ensures the protection of all persons from forced disappearance.
Its implementation in the national level would require the enactment of national laws criminalizing enforced disappearances which do not yet exist in any part of Asia, AFAD said.
"We hope that the bill sa Philippines magiging the first anti-disappearance law in Asia pero walang political will ang government and no support na maging batas ang bill at marami din oposisyon from the ranks of the perpetrators," said Bacalso.
She said that forced disappearance should be considered as a social issue the public must be aware of to remain vigilant at all times because "anybody can be a victim".
For their part, Portajada appealed to those who might witness an actual abduction to be alert, take pictures from their cellularphones, jot down plate numbers and description of suspects and if possible stop the crime.
"Naniniwala kami na walang ibang magtutulangan. Hindi ito ginusto ng pamilya, umaapela kami sa mga pamilya na kung ano man ang naging gawain o prinsipyo ng mga dinukot huwag ninyong kalimutan at maningdigan para sa karapatan at hustiya," she said.
A una pena de siete años de cárcel fue condenado el mayor (r) Donato López Almarza por su responsabilidad en el secuestro y homicidio de Carlos Fariña Oyarce (13), Héctor Araya Garrido (20) y Víctor Vidal Tejeda (16), en hechos acontecidos tras el golpe militar de 1973.
La sentencia de primera instancia dictada por el ministro en visita Jorge Zepeda afectó también al otrora agente de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Enrique Sandoval Aranciba, alias "Pete el negro", quien por su compromiso en la muerte de Fariña deberá cumplir cinco años y un día de presidio.
Respecto a la demanda entablada a favor de los parientes de las víctimas, el magistrado condenó al Fisco al pago de una indemnización de 24 millones de pesos a cada una de las familias.
El ministro Zepeda había encausado a ambos uniformados luego de determinar que en el caso de Fariña éste había sido secuestrado por civiles y militares desde su domicilio y retenido en una cancha deportiva con otros arrestados durante un allanamiento a una población de Santiago.
El menor y otros detenidos fueron sacados del lugar y llevados en un camión militar hasta el Regimiento Yungay, acantonado en el sector de la Quinta Normal, donde se perdió su rastro.
Veintisiete años después, obreros que excavan cerca de una carretera encontraron un esqueleto pequeño, identificado luego por el Servicio Médico Legal como del menor Carlos Fariña.
Fariña integró por casi tres décadas la lista de 79 menores de edad víctimas de la dictadura del fallecido general Augusto Pinochet.
http://www.radio.uchile.cl/notas.aspx?idNota=39202
El juez Federal Sergio Torres le dio la negativa a un planteo de "prescripción" del ex capitán de Fragata Antonio Pernías. Consideró "imprescriptibles" a los delitos de lesa humanidad
La justicia rechazó un planteo de "prescripción" de un detenido por gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en el centro clandestino de detención y torturas que funcionó en la ESMA durante la dictadura.
La medida fue adoptada por el juez federal Sergio Torres ante un planteo del ex capitán de fragata Antonio Pernías, quien se consideró "más que un imputado en una causa penal, un sujeto sometido a un público linchamiento".
El abogado de Pernías, Juan Aberg Cobo, ya apeló la negativa del juez Torres, quien se basó sobre la jurisprudencia que considera "imprescriptibles" a los delitos de lesa humanidad. Pernías está procesado y en camino al juicio oral y público en el marco de la megacausa por la ESMA.
http://www.infobae.com/contenidos/324098-200803-0-Justicia-rechaz%C3%B3-planteo-represor-la-ESMA
Más de 100 hombres del área de investigación de la Policía Bonaerense requisan las celdas de los represores alojados en la cárcel, entre ellos Miguel Etchecolatz, como parte de las averiguaciones en la causa del testigo desaparecido
Efectivos de la Policía bonaerense realizaban hoy un allanamiento en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, en el marco de la causa por la desaparición del testigo Jorge Julio López.
Según precisaron fuentes policiales, al frente del operativo se encontraba el superintendente de Investigaciones en Función Judicial de la Policía Bonaerense, Hugo Matzkin.
El procedimiento en el penal donde está alojado Miguel Etchecolatz, entre otros represores, fue dispuesto por el juez federal Arnaldo Corazza, quien sigue "una pista" por la desaparición de López, según indicaron las fuentes consultadas por la agencia Noticias Argentinas.
De esta forma, se repite un procedimiento que ya se había llevado adelante el 23 de marzo pasado.
Ese día, Corazza y efectivos policiales irrumpieron en el penal de Marcos Paz, y se dirigieron a los pabellones donde se alojan los ex miembros de las fuerzas de seguridad procesados o condenados por distintos delitos, entre ellos los cometidos durante la última dictadura militar.
Allí requisaron las pertenencias de algunos presos en busca de documentación que pudiera vincularlos con la desaparición de López.
En ese sector están alojados el propio Etchecolatz -contra quien declaró López- , el represor Julio Simón -conocido como "El Turco Julián"- y Pascual Guerrieri, ex jefe del Batallón 601 de Inteligencia, entre otros.
Los allanamientos en ese penal fueron solicitados por la querella en la causa desde el inicio del expediente, el año pasado, pero se activaron recién este año.
El penal de Marcos Paz depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Alberto Iribarne.
http://www.infobae.com/contenidos/324124-100799-0-Buscan-rastros-L%C3%B3pez-el-penal-Marcos-Paz
Más de diez organizaciones de derechos humanos se presentarán como querellantes en el juicio al ex capellán de la policía bonaerense, Christian Von Wernich, que será juzgado por delitos cometidos durante la última dictadura militar.
Los organismos presentarán una querella unificada en representación de la mayoría de los querellantes en el juicio oral y público que comenzará el 5 de julio en los tribunales federales de la ciudad de La Plata, según confirmó a Télam Adriana Calvo, de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos.
Para anticipar el planteo que harán ante la justicia, los querellantes ofrecerán una conferencia de prensa el próximo viernes a las 12, en el Café de las Artes, calles 6 y 49, en La Plata
El sacerdote será juzgado por su participación en 7 homicidios, 31 torturas y 42 privaciones ilegales de la libertad y por delitos cometidos en cinco campos de concentración del denominado "Circuito Camps".
Las audiencias se desarrollarán los días lunes y jueves a partir del 5 de julio y hasta el 13 de septiembre, en la Sala de Audiencias del 1er. piso del edificio de los Tribunales federales, ubicado en 8 y 50, en La Plata.
fuente: telam.com.ar
Para los jueces de la Cámara Federal, "aún existen motivos que avalan la continuidad del encierro preventivo" de Julio Simón. La decisión se enmarca en la "megacausa" en la que investiga violaciones a los derechos humanos.
La Sala I de la Cámara Federal confirmó la prórroga de la prisión preventiva, por delitos de "lesa humanidad" cometidos durante la última dictadura militar, del represor Julio "El turco
Julián" Simón; quien ya está condenado, en otra causa, a 25 años de prisión.
En esta oportunidad los camaristas Gabriel Cavallo y Eduardo Farah ratificaron la medida tomada por el juez federal Daniel Rafecas, en la "megacausa" en la que investiga violaciones a los derechos humanos cometidas en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército.
Los magistrados dijeron que comparten la medida pues "aún existen motivos que avalan la continuidad del encierro preventivo" de Simón y recordaron que el "plan clandestino de represión instaurado por la última dictadura militar" no fue elegido "en forma caprichosa".
Por el contrario, los represores, tenían una "finalidad ulterior" que consistía en "el logro de la impunidad" con la "intencionalidad de eliminar todos los posibles rastros que se dejaron de los mismos". En las diez carillas de su resolución -a la que Télam tuvo acceso- los camaristas analizaron la "complejidad de la causa" y afirmaron que "el inmediato paso de estas actuaciones a la etapa oral del proceso es otra circunstancia que justifica avalar la decisión controlada".
Si bien los camaristas enfatizaron en el constitucional derecho a la libertad hasta que exista una sentencia de condena, explicaron que existen "excepciones" a esa norma cuando se presume que el imputado "se fugará o entorpecerá las investigaciones". El 4 de agosto de 2006 Simón fue condenado a 25 años de prisión por el Tribunal Oral en lo federal Cinco (TOF5) que lo responsabilizó por el secuestro y desaparición del matrimonio José Poblete y Gertrudis Hlaczik y el
apoderamiento de la pequeña hija de ambos.
De esa manera "el turco Julián" se convirtió en el primer represor condenado tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=66283&id=159032&dis=1&sec=1
Buenos Aires.- La Dirección General de Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro comunica que en el marco de las causas judiciales que promueve ante los organismos y estados nacionales que corresponda, por secuestro, desaparición y muerte de personas durante la década del setenta en nuestro país, el Sr. Andrés Alberto Correa, una de las víctimas de dicho genocidio, actual vecino de Viedma y radicado desde 1975 en nuestra provincia, iniciará a partir de mañana una nueva gestión en la Ciudad de Buenos Aires por la causa de su secuestro por parte de la Triple A, durante el Gobierno de la entonces presidente Isabel Martínez de Perón (1974).
También la próxima semana realizará su primer declaración en Montevideo (Uruguay), ante la Organización de Madres y Familiares de Desaparecidos, Miembro de la FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos) y ante las autoridades judiciales que correspondan, por la participación conjunta de represores de ambos países en el secuestro, tortura y asesinato de tres estudiantes uruguayos que convivieron con él durante su cautiverio en distintos centros de detención de Bs. As. Y gran Bs. As. Daniel Banfid, Guillermo Jabif y Luis Latrónica.
Reiteramos el necesario compromiso del Estado Nacional y los estados Provinciales como así también el de la comunidad toda, en el Rechazo a todo intento de perpetuar la impunidad de los genocidas y renovamos el compromiso por la continuidad de los juicios contra los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A, los cometidos durante la última dictadura militar y la condena a los culpables, como así la garantía y protección de los Derechos Humanos de testigos y/o querellantes, en las causas ante la justicia contra el terrorismo de Estado.
Fuente: Ministerio de Gobierno
http://www.adnrionegro.com.ar/noticias/wmview.php?ArtID=15119
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata
48 N° 632 Piso 6° Oficina 80 - Tel/Fax: (54-221) 48-0952 - asamblea@lpsat.com
I n f o r m a c i ó n d e p r e n s a
S i l v i n a A r i a s
El miércoles 27 junio se desarrollará una nueva audiencia en el Juicio por la Verdad que se sustancia en la Cámara Federal de La Plata. Seis personas fueron citadas para brindar declaración testimonial en el marco de las causas que se investigan por secuestros, torturas y desapariciones ocurridas durante la última dictadura militar.
Causa N°1885
- Mariani/Teruggi
9:30 Horas
Declarante: Juan Carlos Scarpatti
En la causa se investiga el homicidio de Diana Teruggi y otras personas, ocurridos en la llamada “Masacre de la casa de la calle 30”
Dicho operativo, estuvo encabezado Camps y Etchecolatz, llevado a cabo el 24 de noviembre de 1976.
Por su parte, el declarante, Juan Carlos Scarpatti, fue detenido el 28 de abril de 1977 y fue alojado en "El Campito", lugar en donde, según su testimonio “no se escatimaba la tortura a terceras personas, e incluso la muerte para presionar a los detenidos y hacer que hablasen. La duración de la tortura dependía del convencimiento del interrogador, ya que el límite lo ponía la muerte, que para el prisionero significaba la liberación".
Mientras se encontraba alojado en lo que se conocía como “Pabellón I” en el citado centro clandestino de detención, observó la presencia de treinta o cuarenta personas “entre heridos y mujeres embarazadas”.
Causa N° 1499
- Carátula: Martínez, María Rosa
10:00 horas
Declarante: María Rosa Martínez
Brindará declaración testimonial sobre su propia detención.
Causa N° 2469
- Carátula: Betti, Rosa Rufina
Declarante: Osvaldo Rubén Jacod
Betti Gómez, Rosa Rufina tenía 33 años en el momento de su desaparición que se produjo el 13 de noviembre de 1976. Fue secuestrada en su vivienda de La Plata ubicada en 69 Nº 1735. Rosa era docente y estaba casada.
Causa N° 2475
- Carátula: Casagrande, Rodolfo Luís
Declarante: Ofelia Casagrande
Rodolfo Luis Casagrande, desapareció el 13 de noviembre de 1976, y en el marco de la investigación abierta sobre su caso en la Cámara Federal de La Plata declarará Ofelia Casagrande.
Causa N° 2539
- Carátula: Maffei, Rubén Juan
Declarante: Emilse Assenti
Causa N° 2537
- Carátula: Maffei, Carlos Ángel
Declarante: Alicia Cristina Ciancaglini
Mon Jun 25, 2007 11:18 AM ET
By Louis Charbonneau
BERLIN (Reuters) - Prosecutors in Munich, Germany, are requesting the extradition from the United States of 13 suspected CIA agents they say took part in the 2003 kidnapping of a German citizen.
Earlier this year, a Munich court ordered the arrest of the 13 on suspicion of kidnapping Khaled el-Masri, a German of Lebanese descent who says he was flown from Macedonia to Afghanistan where he was imprisoned for months and tortured.
The chief prosecutor in the Bavarian state capital, August Stern, said on Monday he now wants them extradited to Germany for trial.
"These are persons who we believe were involved in the abduction of Mr. Masri," Stern told Reuters by telephone. "It (the request) affects all 13 suspected CIA agents."
Stern said he had formally made the request to the German federal government in Berlin for it to be passed on to Washington.
The Masri case has focused media attention on CIA kidnappings of suspected terrorists for interrogation in third countries. The practice, called "extraordinary rendition", has caused tensions inside Germany, and between Berlin and Washington.
The German government could block the Munich prosecutors' demand if it deemed it harmful to public interest. But this could spark an angry backlash in Germany, where the case has been under investigation for 1-1/2 years.
Last week an Italian judge effectively froze the trial of U.S. and Italian spies charged with kidnapping a terrorism suspect in Milan in 2003 and then flying him to Egypt, where he says he was tortured.
The Italian prosecutors accuse the government of Prime Minister Romano Prodi of exerting undue influence in order to get "uncomfortable" cases like this put on ice.
AN ANNOYANCE
U.S. officials privately describe the Munich prosecutors' call as an annoyance in German-U.S. relations. They say Germany wants to reap the benefits from the interrogation of suspected terrorists while publicly keeping its hands clean.
German weekly Der Spiegel cited unnamed U.S. diplomats as saying that U.S. Secretary of State Condoleezza Rice had told German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier that the investigation of the CIA agents was "problematic".
The Munich prosecutors had not requested the extradition of the agents earlier because they were still trying to identify them. The agents had used fake names during the operation but German authorities have made progress on identifying them.
"We now have partial names," Stern said, adding that they had enough information on their identities to request their extradition.
The Associated Press
Wednesday, June 27, 2007; 6:41 AM
STRASBOURG, France -- European governments have built "a wall of silence" around accusations that they let the CIA abduct their residents and run clandestine prisons on their territory, a European investigator said Wednesday.
Swiss Sen. Dick Marty charged in a report earlier this month that the CIA ran secret jails in Poland and Romania _ with the knowledge of several local politicians _ to interrogate key terror suspects after the 2001 terrorist attacks on the United States.
"There has been a wall of silence on the part of the governments, silence that covers illegal acts, human rights violations. Why this silence, why this systematic refusal to respond to our questions?" Marty told the Council of Europe's parliamentary assembly, which asked him to investigate CIA activities in Europe after media reports of secret prisons emerged in 2005.
Poland and Romania have vehemently denied the allegations, and most of the other EU countries mentioned by Marty have denied any wrongdoing. EU Justice Commissioner Franco Frattini has complained Marty's report only quotes anonymous witnesses and does not name any sources.
His report, citing unidentified CIA sources, said that "high value detainees" such as self-proclaimed 9/11 mastermind Khalid Sheikh Mohammed and suspected senior al-Qaida operative Abu Zubaydah were held in Poland. It said lesser detainees, who were still of "remarkable importance," were taken to Romania.
In an earlier report, Marty accused 14 European nations of colluding with U.S. intelligence in a web of rights abuses to help the CIA spirit terror suspects to illegal detention facilities.
President Bush acknowledged the existence of a secret detention program last September, but did not say where the prisons were located.
Marty's latest report, which did not give specific locations for the alleged jails, provided graphic descriptions of conditions. It told of prisoners being kept naked for weeks, and said masked guards who never spoke were the only contact for those consigned to four-month isolation regimes.
Polish lawmaker Urzsula Gacek, from the opposition Civic Platform, called Marty's report a "piece of fiction, a gripping political thriller which fails to provide a single piece of evidence."
KATHMANDU, June 26: The government has constituted a three member High Level Probe Commission (HLPC) under the chairmanship of former justice of the Supreme Court to investigate over the people who have gone missing.
The commission was constituted as per the cabinet's decision on June 21 in accordance with Investigation Commission Act-2026 BS.
Other members of the commission are duo advocates Sher Bahadur K.C. and Raman Kumar Shrestha.
The commission has given the responsibility of investigating about the people who were missed by both the sides during the conflict from Falgun 1 of 2052 BS to Magsir 5 of 2063 BS and finding out people who were involved to disappear them.
Likewise, the commission has also been asked to present a report recommending sentence to those found guilty and recommend compensation to the victimized family members, said the Ministry of Peace and Reconstruction.
The terms of the commission would be of six months after the date of work start.
Alfredo Forti presenció, cuando tenía 16 años, el secuestro de su madre, Nélida Sosa.
Guido Braslavsky
gbraslavsky@clarin.com
Una víctima directa del terrorismo de Estado, que vivió en circunstancias dramáticas el secuestro y desaparición de su madre, es desde ayer el nuevo viceministro de Defensa. Se trata de Alfredo Forti, embajador en Honduras los últimos tres años, quien llegó a Defensa luego de una reforma orgánica en la cartera que conduce Nilda Garré.
El secuestro de Nélida Azucena Sosa de Forti figura en el legajo 4917 de la CONADEP. El caso fue muy resonante y se ventiló en el Juicio a las Juntas. El 18 de febrero de 1977, Sosa de Forti y sus cinco hijos de entre 8 y 16 años subieron a un avión de Aerolíneas. Iban a Venezuela, donde los esperaba el padre. Ya estaban en sus asientos cuando se requirió a Alfredo Forti, entonces de 16 años, en la cabina. Luego llamaron a su madre. Les dijeron que no podían viajar por "problemas de documentación".
A los seis los bajaron del avión. Los esperaban civiles armados. Los metieron en dos autos, y les vendaron los ojos antes de llevarlos al Pozo de Quilmes. Tras siete días de detención ilegal, los hermanos fueron abandonados en Parque Patricios. No volverían a ver a su madre, trasladada a Tucumán y vista por última vez en el centro clandestino Arsenales.
Los chicos pudieron dejar el país. Forti estudió en Venezuela, y luego en Washington, Relaciones Internacionales. En EE.UU. inició una causa contra el general Domingo Bussi, jefe de la represión en Tucumán.
Forti ocupa en Defensa el lugar de José María Vázquez Ocampo -hermano de una desaparecida e hijo de una fundadora de Madres— que asumió en la Secretaría de Asuntos Internacionales, recién creada al igual que las subsecretarías de Innovación Científico-Tecnológica y de Formación para las FF.AA.
agenciaperu.com
La Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL) sentenció hoy a quince años de cárcel a los ex miembros del grupo Colina, Jorge Enrique Ortiz Mantas, Pablo Andrés Atúncar Cama, Héctor Gamarra Mamani y Hércules Gómez Casanova, quienes se sometidos al beneficio de la colaboración eficaz.
El ex agente Gómez Casanova señaló en juicio oral, hace unas semanas, que el ex presidente Alberto Fujimori conocía las actividades del grupo Colina, escuadrón de la muerte comandado por Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingüe Guevara.
El Tribunal Superior, presidido por la vocal Inés Villa Bonilla y compuesto por las doctoras Inés Tello de Ñeco e Hilda Piedra Rojas, encontró responsabilidad a los ex agentes de inteligencia en los delitos de asociación ilícita para delinquir, homicidio calificado, secuestro agravado y desaparición forzada de personas.
La Sala condenó a los procesados por su autoría y coautoría en los casos de la matanza de Barrios Altos, la ejecución de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, la muerte del periodista Pedro Yauri y la desaparición de campesinos de El Santa, ocurridos entre 1991 y 1992.
También recibieron condena en casos que aún están en investigación preliminar pero en los que ya aceptaron su responsabilidad, como el asesinato de la familia Ventocilla, en Huaura; la desaparición de Fortunato Gómez Palomino; la desaparición de dos personas en el distrito Ate Vitarte; y el homicidio de cuatro personas en Paramonga.
Por el concepto de reparación civil a favor de los agraviados, el Tribunal Anticorrupción fijó entre S/. 4500 y S/. 10000 el pago que los colaboradores eficaces deberán abonar, dinero que será descontado de sus pensiones como ex miembros del Ejército.
Tanto Ortiz Mantas, Atúncar Cama, Gamarra Mamani y Gómez Casanova se acogieron el año pasado al principio de la confesión sincera y a la colaboración eficaz, recibiendo los códigos 117–00B, 102–00B, 101–00A y 111–00K, respectivamente, cuya reserva se levantó en la sesión de hoy.
http://www.agenciaperu.com/actualidad/2007/jun/15_colina.html
Montevideo, 26 jun (PL) El presunto enterrador de la maestra Elena Quinteros, miembro del Partido por la Victoria del Pueblo y desaparecida durante los años de la dictadura (1973-1985), testimoniará hoy ante el juez que investiga el caso.
Se trata de Asunción Alegre, un ex soldado del Ejército que días atrás aseguró haber sido el encargado de sepultar el cuerpo de la joven y de otras tres personas.
Alegre fue citado por el juez Eduardo Fernández Lecchini para testimoniar sobre la muerte de Quinteros, secuestrada y asesinada en 1976.
El ex soldado sostiene haber participado en enterramientos clandestinos en el Batallón 14 durante los años de la dictadura.
Quinteros, de 31 años, estaba detenida en un cuartel militar cuando aprovechó un traslado para fugar e ingresar a los jardines de la embajada de Venezuela en Montevideo, de donde sus captores la sacaron a rastras.
A raíz del episodio, Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Uruguay y no las reanudó sino hasta el final de la dictadura.
Durante ese oscuro período de la historia uruguaya desaparecieron unos 200 opositores y existe la certeza de que tras ser asesinados fueron enterrados en tumbas clandestinas.
http://www.prensalatina.com.mx/Article.asp?ID=%7B67B569A1-3599-42B6-9DB9-833AD7EEF024%7D&language=ES
Por El Movimiento Agrario y Popular
Tuesday, 26 June 2007
El Movimiento Agrario y Popular (MAP), se dirige a la opinión pública nacional e internacional, para denunciar el secuestro y desaparición del compañero Perfecto Irala, dirigente de base, del Movimiento Agrario y Popular, de la Ocupación de Pariri, distrito de Vaquería, departamento de Caaguazú, ocurrido el día de ayer 25 de junio del año en curso. Los compañeros/as han procedido a ocupar estas tierra el día 26 de febrero pasado teniendo en cuenta que las tierras fueron destinada para la reforma agraria y que posteriormente fueron vendida por Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), a empresarios extranjeros dedicada a la producción de la soja transgenica.
Por las informaciones de algunos testigos, Perfecto Irala, fue secuestrado por un oficial de la Policía Nacional de apellido Vázquez de la sub. Comisaría de la Colonia Santa Clara del Distrito de Vaquería. Varios compañeros dirigentes han llegado hasta la Comisarías de Santa Clara y Vaquería en busca de informaciones sin embargo no obtuvieron ningunas respuestas en relación al paradero del compañero Perfecto Irala.
Ante esta situación, el Movimiento Agrario y Popular responsabiliza de este hecho de secuestro, al Gobierno de Nicanor Duarte Frutos, que en forma sistemática recurre a este tipo de hecho ante la incapacidad de dar repuesta a los graves problemas sociales de la sociedad Paraguaya y en especial al problema de la tierra en el Paraguay.
Exigimos al Gobierno Nacional la inmediata liberación del compañero Perfecto Irala, y el castigo ejemplar a los responsables de este hecho, y la entrega inmediata de las tierras a los compañeros sin tierra, del MAP.
Finalmente recurrimos a las organizaciones fraternas nacionales e internacionales solicitando la solidaridad y la liberación del compañero Perfecto Irala, dirigente de base del Movimiento Agrario y Popular.
KATMANDU, 27 (EP/AP) El Gobierno nepalí anunció hoy que el antiguo juez del Tribunal Supremo, Narendra Bahadur Neupane, encabezará una comisión especial que investigue el destino de los cientos de personas que desparecieron durante la rebelión comunista.
La comisión, de tres miembros, intentará encontrar a los desaparecidos desde el comienzo del conflicto en 1996, según un representante del Ministerio de Paz y reconstrucción, Madhu Regmi. El 1 de junio, el Tribunal Supremo ordenó al Gobierno que investigase el "gran número de casos de desaparición forzosa". no se tiene constancia del número total de personas desaparecidos ya que varía según el grupo que lo denuncia, y el Gobierno nepalí no ha dado ninguna cifra.
Grupos de Derechos Humanos denuncian que cientos de personas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad y secuestradas por los rebeldes comunistas y que nunca se volvió a saber de ellos. Las leyes de emergencia permitían a los soldados detener a sospechosos y retenerles sin acusación formal en su contra, mientras que los rebeldes secuestraban a quienes se les oponían o eran sospechosos de ser espías del Gobierno.
Los rebeldes depusieron sus armas el año pasado y firmaron un acuerdo de paz. El Gobierno, por su parte, ha estado bajo presión para que revele qué fue de los desaparecidos. El Gobierno interino, que tomó el poder en abril de 2006, ha dicho en repetidas ocasiones que investigará los hechos pero no parece tener interés en comenzar.
Por: Jenny Cartagena T.
Tras 27 años de incertidumbre, sin saber cuál fue el destino de su hijo, si está vivo o está muerto, o sobre dónde están enterrados los restos de Renato Ticona Estrada, desaparecido en Oruro durante la dictadura de Luis García Meza, en 1980, los papás del universitario de entonces 24 años no pierden la esperanza de volver a verlo con vida.
Los esposos César Ticona y Honoria Estrada, durante todos estos años, no han descansado en la búsqueda de su hijo y en que se haga justicia contra aquellos militares que lo torturaron y luego le hicieron desaparecer, pese a que dónde iban por ayuda les cerraban las puertas calificándoles de comunistas y de los diferentes gobiernos sólo recibieron promesas e informes nunca constatados sobre el paradero de Renato.
Los papás de Renato así como los familiares de alrededor de otros 172 desaparecidos en el país, en los diferentes gobiernos de facto que tuvo Bolivia, jamás olvidaron a sus seres queridos, esperan que algún día sus restos sean encontrados y se haga justicia contra los responsables.
Los testimonios de algunos familiares de esos desaparecidos y víctimas de torturas mostraron, ayer en oportunidad del Día Internacional en Apoyo a la Víctimas de la Tortura, declarado por las Naciones Unidas, que esas épocas de torturas y represión no quedaron en el pasado con los gobiernos dictatoriales, se dan aún ahora en sistemas democráticos con otras características.
Esta realidad fue presentada ayer a la población, en la plaza 14 de Septiembre, a través de paneles, vídeos, material impreso y el testimonio de las propias víctimas, por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), Defensor del Pueblo, Derechos Humanos, Infante y otras organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos en Cochabamba.
El evento tuvo por objetivo recordarle al Gobierno que Bolivia ratificó el Pacto de San José de Costa Rica el 11 de febrero de 1993 y la Convención de las Naciones Unidas, en abril de 1999, los que prohíben y condenan la tortura. Asimismo, ratificó el Protocolo Facultativo contra la Tortura.
COLECTA DE FIRMAS
Con la finalidad de decirles a las autoridades de gobierno y a todos quienes corresponda, "nunca más 11 de enero" ni en Cochabamba ni en ningún lugar del país, ayer se inició la recolección de firmas de los ciudadanos que se comprometen a no repetir esos sucesos.
El ITEI, en uno de los paneles instalados en la plaza 14 de Septiembre, habilitó los libros notariados para recoger las firmas de los ciudadanos, en los cuales muchas personas ayer rubricaron su firma, adhiriéndose a la campaña.
http://www.lostiempos.com/noticias/27-06-07/27_06_07_nac1.php
SANTIAGO, 27 (de la corresponsal de EUROPA PRESS Claudia Riquelme)
El comandante en jefe del Ejército de Chile, el general Óscar Izurieta, recibirá hoy miércoles en una audiencia especial a una de las tres hijas del general Carlos Prats, asesinado junto a su esposa, Sofía Cuthbert, en un atentado con bomba cometido en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974, cometido por integrantes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por orden expresa del ex dictador Augusto Pinochet.
Prats González, quien fue Vicepresidente de la República durante el Gobierno del derrocado presidente Salvador Allende, debió autoexiliarse en Buenos Aires poco antes del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, tras haber recibido amenazas de muerte y sufrir hostigamiento por haber sido un militar leal al Presidente democráticamente elegido.
Prats fue quien recomendó a Pinochet para sucederlo al frente de la Comandancia del Ejército cuando renunció, poco antes del golpe, tras considerar al dictador como 'su hombre de confianza'.
Este miércoles, el jefe máximo del Ejército chileno, el tercer sucesor del ex dictador tras la renuncia de Pinochet en 1998, recibirá en su despacho a María Angélica Prats.
Fuentes judiciales confirmaron que la audiencia fue solicitada por la hija del asesinado general, con el objetivo de esclarecer una denuncia hecha por el ex jefe Operativo de la DINA, el brigadista retirado Pedro Espinoza, quien era el segundo en la línea de mando tras el temido general Manuel Contreras, quien, como Espinoza, está procesado por el crimen ocurrido en Buenos Aires.
http://actualidad.terra.es/articulo/ejercito_carlos_prats_1672512.htm
El cónsul argentino en Nueva York, Héctor Timerman, se refirió al proyecto para el predio de la ESMA y señaló también que servirá al "sostenimiento de la memoria colectiva”. Además, sostuvo que "va a dar al mundo un ejemplo y testimonio de lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado en la Argentina".
El cónsul argentino en Nueva York, Héctor Timerman, destacó el aporte que realizará el proyectado Espacio de la Memoria en el predio del ex centro clandestino de detención de la ESMA, en el "sostenimiento de la memoria colectiva y la construcción de una mejor democracia para el país".
"Este espacio va a realizar un importante aporte al sostenimiento de la memoria en la sociedad argentina y a la construcción de una mejor democracia para el país", dijo Timerman.
Además, sostuvo que el Museo "va a dar al mundo un ejemplo y testimonio de lo que ocurrió durante el terrorismo de estado en la Argentina".
Timerman, quien participó ayer a la tarde de un encuentro con la prensa en la Manzana de la Luces, junto a la titular de Memoria Abierta, Patricia Valdez, y la directora de la Coalición Internacional de Museos de Conciencia en Sitios Históricos, Liz Sevcenko, destacó la visita de los miembros de esa organización al predio de la ESMA.
Mas tarde, miembros de la delegación participaron de un coloquio abierto al público en al auditorio de ese sitio histórico. "Esta visita tiene como objetivo mostrar en la Argentina el interés que hay en todo el mundo en la construcción y el sostenimiento de la memoria", dijo Timerman, quien además destacó el aporte de los miembros de la coalición que "nos permitirá apoyarnos en la experiencia de otros países en la construcción de la memoria".
Asimismo, el cónsul añadió: "Que hayan recorrido la ESMA también les servirá a ellos para la realización de esta tarea en sus respectivos países".
A su turno la titular de Memoria Abierta, Patricia Valdez, sostuvo que "quienes venimos de la lucha por los derechos humanos sabemos de la importancia de los museos como espacios de aprendizaje; cuando la ESMA se abra al público la gente podrá calibrar la verdadera dimensión de lo actuado por el Terrorismo de Estado".
Y agregó: "Recorrer los sitios donde estuvieron cautivos miles de argentinos permitirá darle corporalidad a lo denunciado por el informe de la Conadep".
Señaló además que la construcción del Espacio de la Memoria fue "largamente esperado" por muchos países: "La lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo destacó el caso argentino en el mundo".
En tanto, la directora norteamericana de la Coalición, Liz Sevcenko, señaló: "estamos aquí para brindar nuestra experiencia en los 17 museos que hay en el mundo y dar el apoyo internacional al proyecto argentino".
Señaló también que los Museos de Conciencia "están inspirados en la transmisión de los horrores del pasado a las generaciones futuras para promover el cuestionamiento sobre el papel que ellos juegan en la preservación y defensa de los derechos humanos, en el sentido más amplio".
"Los sitios en sí mismos hablan, enseñan; también ese es un principio de estos espacios que promovemos", concluyó. Ayer, miembros de la delegación recorrieron junto al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, el predio del ex centro clandestino de detención de la dictadura ESMA.
Además de Duhalde, acompañaron a la delegación, encabezada por Liz Sevcenko, directora de la entidad en Estados Unidos, el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Rodolfo Mattarolo; el director del Archivo General, Carlos Laforgue, y la coordinadora de ese organismo, Judith Said. También estuvieron presentes Bella Friszman, Laura Conte y Vera Jarach, de la Comisión Directiva de Memoria Abierta; el cónsul argentino en Nueva York, Héctor Timerman, y Patricia Valdez, directora de Memoria Abierta.
Más tarde la delegación, integrada además por representantes de Sudáfrica, Chile, Italia, Rusia y la República Checa, fue recibida por el canciller Jorge Taiana.
Se trata de Emilia Marta García y será investigada en el marco de la "megacausa" en la que investiga delitos de "lesa humanidad" cometidos en la ESMA. La ex magistrada está imputada de haber participado en maniobras de desapoderamiento de bienes de detenidos-desaparecidos.
La ex jueza en lo contencioso administrativo federal Emilia Marta García será indagada el 9 de agosto por el juez federal Sergio Torres en el marco de la "megacausa" en la que investiga delitos de "lesa humanidad" cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).
Según indicaron este mediodía a Télam fuentes allegadas a la causa, la ex jueza -quien renunció luego que la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aconsejara su destitución- está imputada de haber participado en maniobras de desapoderamiento de bienes de detenidos-desaparecidos que estuvieron ilegalmente cautivos en la ESMA, entre ellos Victorio Cerutti, Conrado Gómez y Horacio Palma.
En la causa se investiga el rol que cumplía García en una escribanía -cuyo titular Ariel Sosa Moliné falleció- que se encargaba de certificar la documentación por la que las víctimas "transferían" sus bienes a sociedades que integraban familiares de ex jefes navales, entre ellos el hijo del dictador Emilio Eduardo Massera.
En marzo de 2001, el juez federal Claudio Bonadío procesó a una media docena de ex jefes navales por haber formado una asociación ilícita destinada a desaparecer y desapoderar a Cerutti, Palma y Gómez propietarios, entre otros bienes, del campo de "Chacras de Coria", valuado en unos 15 millones de dólares.
Aquella investigación permitió establecer que, en 1977, distintos grupos de tareas de la ESMA realizaron allanamientos simultáneos en las provincias de Buenos Aires, Mendoza y la Capital Federal, donde secuestraron a Cerutti -de 80 años- y a su yerno, Omar Pincolini, al contador Palma y al abogado Gómez.
Según esa pesquisa el grupo que asaltó la casa de Gómez se llevó de la caja fuerte varios fajos de dinero, un teléfono, ropa, una máquina de escribir y los títulos de propiedad Cerro Largo, una sociedad vitivinícola formada entre las víctimas y de la cual el letrado administraba unas veinticinco hectáreas en Chacras de Coria, una exclusiva zona residencial de Mendoza.
Genève, le 26 juin 2007
Le Secrétariat international de l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) requiert votre intervention urgente dans la situation suivante en République Démocratique du Congo (RDC).
Description des faits
Le Secrétariat international de l’OMCT a été informé par le Comité des Observateurs des Droits de l’Homme (CODHO), membre du réseau SOS-Torture, de l’arrestation et de la détention arbitraire de M. Loki Hilaire, lieutenant de la police intégré, le 13 juin 2007.
Selon les informations reçues, M. Loki Hilaire, lieutenant de la police nationale, originaire de la province de l’Équateur et ancien membre de l’armée du Mouvement de libération du Congo (MLC) de Jean-Pierre Bemba, a été enlevé sur la route mercredi 13 juin 2007 par des éléments de la Garde républicaine (GR) apparemment en raison de sa provenance de la province de l’Équateur et de son statut d’ancien élément de l’armée de Jean-Pierre Bemba.
Des membres de la famille de M. Loki Hilaire auraient tenté de le contacter sur son téléphone portable, mais auraient parlé à une autre personne, qui aurait réclamé mille unités de recharge téléphonique en échange de l’information sur son lieu de détention. La famille n’a pas payé les unités de recharge.
Selon les informations, le lieu de détention aurait été ultérieurement divulgué à la famille par une connaissance de M. Loki Hilaire, un militaire de la GR. Il serait détenu à Kinshasa dans le sous-sol d’un bâtiment de la deuxième cité de l’OUA, dans la commune de Ngaliema, où se trouve le camp de la GR. Toutefois, M. Loki Hilaire ne serait autorisé à aucun contact extérieur.
Le Secrétariat international de l’OMCT est vivement préoccupé par l’arrestation et la détention arbitraire et au secret de M. Loki Hilaire et des risques de torture qu’il encourt et demande à ce qu’une enquête exhaustive, indépendante et impartiale soit menée sur ces événements. L’OMCT rappelle que la République Démocratique du Congo est partie au Pacte relatif aux droits civils et politiques, auquel elle doit se conformer, notamment l’article 9.1 qui stipule que «nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire». Enfin, le Secrétariat international de l’OMCT exprime à nouveau sa plus vive inquiétude quant à la multiplication des violations des droits de l’homme liées au climat politique du pays.
Actions requises
i. Garantir l’intégrité physique et psychologique de M. Loki Hilaire et son accès à un avocat, médecin et aux membres de sa famille;
ii. Ordonner sa libération immédiate en l’absence de charges valables ou, le cas échéant, le traduire devant un tribunal civil, impartial et compétent tout en garantissant ses droits procéduraux en tout temps;
iii. Garantir une enquête exhaustive, indépendante et impartiale sur ces faits, et ce afin d’identifier les responsables, de les traduire devant un tribunal civil indépendant, compétent et impartial et d’appliquer les sanctions pénales, civiles et/ou administratives prévues par la loi;
iv. Garantir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales à travers le pays selon les lois nationales et les instruments internationaux des droits de l’homme.
Adresses
- Le Président de la République, S.E. Joseph Kabila, Présidence de la République, Kinshasa-Ngaliema, République Démocratique du Congo, E-mail: upp@ic.cd
- La Ministre des Droits Humains, Mme Marie-Madeleine Kalala, Cabinet du Ministre, Boulevard du 30 juin, Kinshasa/Gombe, République Démocratique du Congo, Fax: 00 243 12 20 664, Email: min_droitshumains@yahoo.fr ou mindroits_humains@yahoo.fr
- Observatoire National des Droits de l’Homme (ONDH), Cabinet du Président, avenue Sendwe, Kinshasa/Kalamu, République Démocratique du Congo, Tél: +243 98313740 / + 243 98271199 / + 243 98407633, Email : info@ondh-rdc.org
- Ambassadeur, Antoine Mindua Kesia-Mbe, Mission permanente de la République démocratique du Congo, Avenue de Budé 18, 1202 Genève, Suisse, e-mail : missionrdc@bluewin.ch, Fax : +4122 740.16.82
- Ambassade de la République Démocratique du Congo à Bruxelles, Avenue Foestraets, 6, 1180 Bruxelles. Tel : + 32 2 375 47 96, Fax : + 32 2 372 23 48
Prière d’écrire aux représentations diplomatiques de la République Démocratique du Congo dans vos pays respectifs.
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Genève, le 26 juin 2007
Veuillez nous informer de toute action entreprise en citant le code de cet appel dans votre réponse.
(AW). Una resolución de la Cámara de Casación Penal dispuso hoy que el Tribunal Oral Federal número 5 se dedique de manera exclusiva a preparar los juicios orales por los crímenes cometidos en el Primer Cuerpo del Ejército y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar que gobernó al país a partir de 1976.
Buenos Aires, 26 junio de 2007 (Agencia Walsh). La Cámara de Casación Penal dispuso hoy que el Tribunal Oral Federal número 5 de esta capital se dedique en forma "exclusiva" a preparar los megajuicios orales por los crímenes cometidos en el Primer Cuerpo del Ejército y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura.
Según fuentes judiciales, esta medida debería acelerar el inicio de esos procesos orales puesto que liberó al tribunal de intervenir en todos aquellos expedientes que habían sido elevados a juicio con anterioridad a las investigaciones por violaciones a los derechos humanos.
Esos procesos serán derivados a otros tribunales y así el Tribunal intervendrá solamente en los juicios contra represores que investigaron en primera instancia los jueces federales Daniel Rafecas y Sergio Torres, de acuerdo con lo informado hoy en los Tribunales porteños.
En la causa que investiga los crímenes del Primer Cuerpo ya fueron elevados a juicio varios legajos que analizaron los hechos cometidos en diversos centros clandestinos de detención, y antes de fin de año podría agregarse a los mismos los crímenes cometidos en los campos de concentración "El Olimpo", "Vesubio" y "El Banco".
El TOF5, es el mismo tribunal que condenó a 25 años de prisión al represor Julio Simón alias "el turco Julián", y está integrado por los jueces Luis Di Rienzi, Andrés Federico Gordo y Ricardo Farías.
En el debate oral por los hechos cometidos en el Primer Cuerpo intervendrá el fiscal Félix Crous, mientras que en el juicio por la ESMA, la representación del Estado estará a cargo de la fiscal Mirna Goransky.
AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH
CORTE PROCESO A EX AGENTE DE DINA POR CRIMENES DE LA DICTADURA
SANTIAGO DE CHILE, 25 (ANSA)- La Corte de Apelaciones de Santiago procesó hoy al ex agente de la DINA brigadier retirado Marcelo Morén como autor de los homicidios calificados de los dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Bautista Van Schouwen y Patricio Munita, cometidos en diciembre de 1973.
La causa había sido sobreseída por la Corte Marcial en agosto de 2003, invocándose la Ley de Amnistía y la prescripción, pero dos años después la Corte Suprema ordenó la reapertura por considerar que se habían infringido disposiciones del Código de Procedimiento Penal.
En la resolución de hoy, adoptada por unanimidad, los magistrados de la Corte argumentan que "existen antecedentes que le imputan" a Morén haber integrado el grupo que detuvo a las víctimas en el lugar en que se habían refugiado.
El acusado, quien fue jefe de la brigada denominada Caupolicán, dedicada a neutralizar a los militantes del MIR, se encuentra recluido en el Penal Cordillera, de Santiago, exclusivo para militares, cumpliendo condena por su implicancia en otros crímenes.
25/06/2007 19:09
Se trata de los ex agentes civiles Valentín Padován y Ricardo Lardone. Ambos actuaron en el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. Y están acusados por secuestros, torturas y fusilamientos. En la causa están procesados Luciano Benjamín Menéndez y “El tigre” Acosta
Dos ex represores del Ejército que actuaron en el campo clandestino de detención cordobés La Perla, y que están acusados de haber participado en secuestros, torturas y fusilamientos, fueron liberados por la Cámara Nacional de Casación Penal, se informó ayer en los tribunales.
La Sala III, integrada por los camaristas Eduardo Riggi, Guillermo Tragant y Angela Ledesma, dispuso la libertad de Valentín Padován y Ricardo Lardone, dos ex agentes civiles del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército que manejaba el servicio clandestino de detención. En el último aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el presidente Néstor Kirchner encabezó el acto de traspaso de las instalaciones en que funcionó La Perla al Museo de la Memoria y desde la tribuna criticó a la Cámara de Casación por las “demoras” en resolver las causas contra militares.
Ahora los jueces -los mismos que habían dispuesto la excarcelación de Omar Chabán en la causa en que se investiga la tragedia de la discoteca porteña Cromañón, luego revocada- consideraron que los dos agentes civiles no van a obstaculizar la acción de la Justicia ni darse a la fuga.
Con esta resolución, Casación Penal revocó un fallo de la jueza federal de Córdoba Cristina Garzón de Lazcano, con intervención de la fiscal Graciela López
de Filoñuk, y otro de la Cámara Federal cordobesa que habían rechazado un
pedido de excarcelación de Padován y Lardone. Ambos están procesados en
la denominada Causa Brandalisis, en la que se investiga la privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y desaparición de Humberto Brandalisis, Raúl Cardozo, Carlos Lajas e Hilda Palacios, hechos ocurridos en 1977, un año después del golpe militar.
Los restos de Hilda Palacios fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, en diciembre de 2002, entre los cadáveres inhumados como NN en el Cementerio San Vicente de la ciudad de Córdoba. En este expediente además están procesados el ex comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y los militares y marinos Jorge “Tigre” Acosta, Luis Manzanelli, Carlos Vega y Carlos Díaz. También estuvo procesado César Anadón, ya fallecido. Todavía queda pendiente de resolución por la Sala III un recurso extraordinario de los defensa de los militares y civiles.
http://www.diariohoy.net/notas/verNoticia.phtml/html/268525139/
Se complica aún más la situación procesal del represor Antonio Domingo Bussi. En el marco de un nuevo expediente -conexo a la causa del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga-, el juez federal subrogante Nº1, Daniel Bejas, procesó al ex gobernador de facto por los delitos de genocidio, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas o vejaciones, torturas seguidas de muerte, desaparición forzada de personas y asociación ilícita agravada. Esta vez por la desaparición y presunta muerte del ex presidente del Senado provincial, el justicialista Dardo Francisco Molina, quien fue visto por última vez el 15 de diciembre de 1976 y cuyo cuerpo habrìa sido enterrado a metros del Dique El Cadillal. El fallo, que fue firmado el 21 de junio pasado, alcanza a los generales retirados Luciano Benjamín Menéndez y a Albino Mario Alberto Zimmermann. A los tres imputados, el magistrado les trabó un embargo en los bienes por un monto de $1.000.000. Este procesamiento se suma al que se dictó en la causa por 65 víctimas que pasaron por el ex Centro Clandestino de Detención que funcionó durante los años sangrientos de la última dictadura.
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=35388
Se llevarán a cabo a partir de una presentación que realizó el Equipo de Antropología Forense. La medida tiene por objeto determinar la existencia de restos óseos que puedan corresponder a personas desaparecidas durante la dictadura.
La justicia Federal de La Plata dispuso hoy que el Equipo Argentino de Antropología Forense realice excavaciones en el predio del Destacamento de Arana donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura.
Fuentes judiciales informaron a Télam que la medida fue adoptada hoy por el juez Federal de La Plata, Arnaldo Corazza, a partir de una presentación que realizó el Equipo de Antropología Forense en base a excavaciones que realizó en ese predio durante 1996.
El magistrado consignó también que en base a testimonios brindados ante la ante la CONADEP y los Juicios por la Verdad, respecto de los enterramientos que pudieron haber ocurrido en la dependencia policial, se realizó un proyecto de investigación integral que implicaría, además de la investigación histórica, la prospección total de la superficie del destacamento y de la parte externa del mismo.
En la resolución, Corazza dispuso que se realicen excavaciones en la superficie comprendida por el muro perimetral de la dependencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en la calle 640 a la altura de la calle 131 de la localidad de Arana y en la parte externa del mismo.
Las tareas se llevarán adelante también en la zona lindera al Destacamento de Arana, correspondiente al lugar ubicado en el terreno del Centro de Atención Primaria N 21 en el que se encontrarían unas chapas de zinc ubicadas al fondo y que cubrirían un área de nueve metros cuadrados aproximadamente.
El juez explicó que la medida tiene por objeto determinar la existencia de restos óseos que puedan corresponder a personas fallecidas en el Centro Clandestino de Detención que funcionó en dicho destacamento durante la última dictadura militar.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=66057&id=158337&dis=1&sec=1
06/24/2007 | 08:52 PM
Despite the Army's claim that six high school students who disappeared in Abra province were just "delayed" in getting home, the National Democratic Front (NDF) demanded Sunday night the pullout of soldiers from the area.
In a statement on the Communist Party of the Philippines (CPP) website (www.philippinerevolution.net), NDF Cordillera spokesman Simon "Ka Filiw" Naogsan said there should be "no excuses" for the disappearance.
"Military troops have saturated several mountain ridges in the area, sowing fear among the peasants and their children and preventing them from their usual activities such as firewood gathering, farming and travel. It is tantamount to the denial of the rights of the tribal people to the full use, access and development of their ancestral lands and to livelihood," he said.
"The Cordillera Peoples' Democratic Front (CPDF) joins the village folk of Tubo and Sagada in condemning in the strongest words possible the AFP's inhumanity, brutality and total disregard of the children's democratic rights and welfare," he added.
He said no amount of explanation by the AFP can justify the cruelty soldiers are inflicting on these school children.
Last Friday, the CPP accused the military of abducting the six students of the Mountain Province General Comprehensive High School (MPGCHS), and detaining and torturing them.
The CPP said villagers of Kili, with help from neighboring villages in northern Sagada, organized search teams to locate the missing students, and found them detained by Army troops at a military camp in Lagangilang, Abra.
He noted that one year ago, on the same mountain ridge, an 18-year-old student Michael Uyad of Gueday, Besao was murdered by operating troops of the same Army's 54th IB.
On March 18 that same year, another organic unit of the 54th IB illegally arrested, detained, and tortured two men from Baclingayan, Tubo, Abra who were en route to Mainit, Bontoc to deliver carabaos as ordered by their counterpart in Mainit.
"Even their carabaos were not spared by [soldiers] who butchered them," he said.
He said that by intensifying militarization and state terrorism, the military is wreaking havoc and severe suffering, most particularly on the poor peasant families and national minorities. - GMANews.TV
http://www.gmanews.tv/story/48025/NDF-rejects-Army-explanation-on-Abra-student-disappearance
ACHARA ASHAYAGACHAT
A United Nations panel has decided to reconsider 12 cases involving missing people in the far South after complaints from the affected family members.
The decision was sparked by a plea from the Working Group on Justice for Peace (WGJP), which sent the UN panel a letter on Thursday after learning that it would stop pursuing the cases because they were settled through government compensation. The letter said the families of the 12 missing people had unanimously rejected the UN's decision to close the files on the cases on the grounds that the families received some money from the government.
''The families do not consider the money as compensation for the deaths and wish to receive answers to what happened and where their loved ones are,'' the human rights group said in the letter.
None of the family members considered their case closed and they were still hoping that the UN would help them obtain justice.
A source at the WGJP said the UN panel had responded by deciding to again study each of the 12 cases.
The 12 are among 18 cases of forced disappearances in Thailand that were submitted to the UN jointly by the WGJP and the Asian Legal Resource Centre last year. In every case, state officers are alleged to have been behind the abductions and disappearances.
The Thaksin Shinawatra government set up a committee, chaired by then minister to the prime minister's office Chaturon Chaisaeng, which approved a payment of 100,000 baht for each of the disappearances.
The WGJP was set up by Angkhana Neelaphaijit, whose husband Somchai was abducted by police in 2004 and never seen again.
Los diputados oficialistas chilenos Antonio Leal y Tucapel Jiménez pidieron hoy al Ejército que desclasifique todos los documentos que posee sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
"Pedimos la desclasificación de todos los documentos de la época de la dictadura y que, tal como lo hace la CIA, publique, coloque a disposición de los tribunales y de la Cámara de Diputados todos los documentos referidos a violaciones de los derechos humanos", afirmó Leal, del Partido por la Democracia.
La petición fue formulada luego de que el brigadier retirado Pedro Espinoza dio a conocer un documento que confirma la participación de efectivos del Ejército en el asesinato de Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrado en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974.
La petición se suma a una solicitud de familiares del matrimonio Prats Cuthbert para ser recibidos por el comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta.
Espinoza, condenado por el crimen del canciller Orlando Letelier y otros casos de violación a los derechos humanos, entregó a la justicia un informe firmado por el capitán en servicio activo Juan Salgado, donde afirma que en junio de 1974 espió a Prats en Buenos Aires.
El documento indica que detalles de su labor los entregó al general Manuel Contreras, hoy encarcelado y entonces número uno de la DINA, la policía secreta de Pinochet.
La documentación fue usada por el juez Alejandro Solís para procesar por doble homicidio y asociación ilícita en el caso Prats a Juan Salgado, ahora coronel retirado del Ejército.
Saturday, 23 June 2007
El militar en retiro, Pedro Espinoza, reveló este viernes un documento que confirma la vinculación del Ejército chileno con el asesinato en 1974 del ex jefe de esa institución, Carlos Prats.
El documento oculto en dependencias del Ejército chileno hasta el 2004 confirma seguimientos realizados a Prats, previos a su asesinato en Argentina.
Espinoza fue agente de la policía secreta DINA durante la dictadura de Augusto Pinochet, y actualmente cumple condena por el homicidio en 1976 del ex canciller Orlando Letelier.
El archivo está firmado por el ex agente de la DINA, Juan Morales, y está remitido al entonces director de esa institución, Manuel Contreras.
El juez de la causa procesó este viernes a Morales como autor de homicidio y asociación ilícita.
El general Carlos Prats fue vicepresidente del derrocado gobierno chileno presidido por Salvador Allende y era considerado una amenaza para la dictadura de Pinochet.
*(PULSAR/ANSALATINA)
El director general de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo, José Félix García Calleja, se ha reunido con el director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Rafael Palacios, y con la representante de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, María Lourdes Gru. Según informó el Ejecutivo de Cantabria, en este encuentro se han tratado las diferentes iniciativas que el Gobierno argentino lleva a cabo en materia de Derechos Humanos y, especialmente, el proyecto 'Reconstruyendo Memoria'.
Gru explicó que, con esta iniciativa, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno argentino pretende recopilar testimonios e información "para conocer la verdad y recuperar la memoria". Estas actuaciones persiguen, además, identificar a todas las víctimas y crear un registro de los desparecidos durante la dictadura militar (1976-1983).
La representante de la Secretaría de Derechos aseveró que, debido a la gran presencia de españoles en el país sudamericano en aquella época, esta entidad ha creado una Unidad de Investigación sobre los ciudadanos españoles desaparecidos en Argentina, que ha contado, desde el inicio, con el apoyo del Gobierno de Asturias, y al que se acaba de incorporar el del País Vasco.
A este respecto, Rafael Palacios destacó la importancia de este proyecto, ya que "el Gobierno de Néstor Kirchner es el primero que, en Argentina, se compromete de manera firme con el tema de la verdad, la justicia, la recuperación de la memoria, la reparación de las víctimas y los Derechos Humanos".
ACTUACIÓN EN ESPAÑA
Gru resumió en dos las principales líneas de actuación que se pretenden seguir en España. En primer lugar, se quiere "difundir los nombres de las víctimas, por si pudiesen ser identificados por algún familiar"; y en segundo lugar, "si aparecen familiares de los desaparecidos, facilitar que se tomen muestras de sangre que, posteriormente, serán cotejadas con los restos de las víctimas".
Se calcula que el número de desaparecidos de nacionalidad española, en la época de la dictadura en Argentina, podría alcanzar la cifra de 700 personas. Sin embargo, hasta el momento, se han confirmado 562 nombres, de los cuales "muchos no han podido ser identificados aún", reconoció Gru. Por este motivo, la delegada argentina subrayó la importancia que tiene "toda la ayuda y el apoyo que se pueda brindar desde España, principalmente, en el ámbito de la difusión".
Gru, que está recorriendo las diferentes Comunidades Autónomas de España para solicitar su participación, ha propuesto durante la reunión mantenida con García Calleja que también Cantabria se involucre en este proyecto, de manera que se pueda determinar si existen cántabros en la lista de desaparecidos españoles que maneja la administración argentina.
http://www.cantabriaconfidencial.com/actualidad/2007/junio07/23/12.htm
El procedimiento se realizó en las seccionales 1 y 3, en el marco de la querella presentada por organismos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia. Las denuncias se iniciaron a partir de testimonios de sobrevivientes durante los Juicios por la Verdad realizados en Mar del Plata.
Dos comisarías de Necochea fueron allanadas esta semana en el marco de una investigación por delitos cometidos durante la dictadura militar.
La jueza federal de Necochea, Beatriz Torterola, secuestró de las comisarías 1 y 3 de esa ciudad, documentación, libros y legajos de personal fechados entre 1976 y 1983.
El procedimiento se realizó en el marco de la querella presentada por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y organismos de derechos humanos, por delitos cometidos durante ese período por fuerzas de seguridad de esa ciudad.
Las denuncias se iniciaron a partir de testimonios de sobrevivientes durante los Juicios por la Verdad realizados en la ciudad de Mar del Plata y luego ratificadas en el juzgado local en noviembre del año pasado, según informó la Secretaría.
Además, los organismos de DDHH habían solicitado a la Fiscalía Federal la realización de diligencias para esclarecer veinte casos de detenidos desaparecidos necochenses.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=65804&id=158015&dis=1&sec=1
21 June 2007
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UA-200-2007: INDIA: Two students abducted and disappeared in Andhra Pradesh
INDIA: Disappearance; police atrocities; arbitrary detention; impunity
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Dear friends,
The Asian Human Rights Commission (AHRC) has received information from its local partner in Andhra Pradesh regarding the case of abduction and disappearance of two students. It is reported that the students were abducted on 5 March 2006 and since then their parents have not heard anything about them. The complaints made by the parents are ignored by the government.
CASE DETAILS:
Mr. Bandaaru Mallesh and Mr. Vadae Manohar were students at the Osmania University. They were arrested by the local police on the suspicion of being involved in the case of murder of Mr. Narsi Reddy. In fact Mallesh and Manohar were surrendered at the police station by their parents. They were detained in police custody for about 8 days without being produced before the court. The parents filed a Habeas Corpus writ for the police produce them in court. Even then the court did not release them on bail. They were however released on bail after four months.
The students were released on bail on 5 March 2006. But the night prior to the release the parents of the disappeared students were called to Muktal Police Station. At the police station they were threatened that they should not take their children out from the police as the police had not finished the investigation of the case. The parents were asked to withdraw the sureties they had organised to be produced in court the next day. The parents however refused, but the police threatened that if the children were released the police would kill them.
The next day, that is 5 March 2007, the students were released on bail from Narayana Pet court. The students with their parents were returning home in a three wheeler. As their vehicle reached the Ashoka movie house at Mahabubnagar, the three-wheeler was stopped by a few armed and masked men. They forced the three-wheeler to go to Christian Palli. In the meanwhile all of them were blindfolded and some of them were transferred into another vehicle. The parents were not aware whether the children were with them.
They traveled for a long time over the night and were let off by the roadside next day, early in the morning. When they removed the blindfold they found themselves to be near a forest. They also realised that their children were missing and not with them. They walked to Devarakonda Mandal in Nalgonda district.
It is alleged that the abduction was organised by the police and it is suspected that the missing students are now either killed as threatened by the police or kept in detention. The parents had approached the High Court seeking help with a petition on which the court has ordered the local police to investigate the case and report the progress of the investigation to the court every month. The parents allege that even after eight months there is no progress in the case.
SUGGESTED ACTION:
Please write a letter to the relevant authorities mentioned below, to ensure that the police investigate the case properly and the whereabouts of the children are revealed to the parents and the court at the earliest. The AHRC is writing a separate letter to the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances asking for an intervention into this case.
Sample letter:
Dear ___________________
INDIA: Abduction and disappearance of two students in Andhra Pradesh
Name and address of the victims:
1. Mr. Vadae Manohar, son of Thimmanna, resident of Kalvala village, Narya Mandla, Mahabubnagar district, Andhra Pradesh
2. Mr. Bandaaru Mallesh, son of Ms. Anantamma, Maktal Mandal, Mahabubnagar district, Andhra Pradesh
Alleged perpetrators:
1. Police officers stationed at Muktal Police Station, Andhra Pradesh during March 2006
I am writing to you to express my concern about the case of abduction and disappearance of two students of the Osmania University from Mahabubnagar. I am informed that the students, Mr. Vadae Manohar and Mr. Bandaaru Mallesh were surrendered by their parents at the Muktal Police Station by their parents in connection with the investigation into the murder case of Mr. Narsi Reddy.
It is alleged that the students were detained illegally in custody for the next eight days and that their parents had to file a writ petition for the police to produce the students in court. The court though refused bail to the students kept them in custody for about four months. Finally when the court decided to release them the Muktal police threatened their parents that if their children were released on bail they would murder them.
I am informed that the parents did release Manohar and Mallesh from custody through the Narayana Pet court on 5 March 2006. I am also informed that on their way home from the court Manohar and Mallesh along with their parents were stopped at Mahabubnagar by some unidentified armed men and were blindfolded and taken to near a forest. It is alleged that the parents were only set free while the whereabouts of Manohar and Mallesh is not known since then.
I am concerned to know that the parents were threatened by the police the night before their children were released and that their children on their way from the court were kidnapped as threatened by the local police. I am also informed that the parents suspect the Muktal police for the disappearance of their children. I am also informed that the parents had approached the High Court and that the court has asked the local police to report to the court every month the progress of the investigation into the case. I am also informed that the parents are not satisfied with the investigation into the case.
I therefore urge you to intervene into this case so that the conduct of the Muktal police is thoroughly investigated and the whereabouts of the missing children are reported to the court at the earliest.
Sincerely yours,
______________
PLEASE SEND YOUR LETTERS TO:
1. Dr. Y. S. Rajasekhara Reddy
Chief Minister
'C' Block, 4th Floor, AP Secretariat
Hyderabad, Andhra Pradesh
INDIA
Fax: + 91 40 23452498, 23454828
Email: cmap@ap.nic.in
2. Sri K.Jana Reddy
Minister for Home Affairs
Block-J,Floor-8,Room No-801
AP Secretariat, Hyderabad
Andhra Pradesh
INDIA
Fax: + 91 40 23457687
EMail : min_home@ap.gov.in
3. Special Chief Secretary to Govt.
Department Of Home
A-Block, Floor - 5, AP Secretariat
Hyderabad, Andhra Pradesh
INDIA
Fax: + 91 40 23453170
4. Principal Secretary to the Government of Andhra Pradesh
Department Of Home
A-Block, Floor - 5, Room No-502
AP Secretariat, Hyderabad
Andhra Pradesh
INDIA
Fax: + 91 40 23450175
5. Mr. M.A. Basith, IPS
Office of the Director General and the Inspector General of police
Hyderabad, Andhra Pradesh
INDIA
Fax: + 91 40 23296570
6. The Superintendent of Police
Kakinada, East Godavari District
Andhra Pradesh
INDIA
Fax: +91 884 2363000
Thank you.
Urgent Appeals Programme
Asian Human Rights Commission (ua@ahrchk.org)
Informes anteriores: http://www.apdhlaplata.org.ar
Juicio por la verdad - Audiencia del miércoles 20 de Junio de 2007
Silvina Arias para la Secretaría de Prensa y difusión
Testigos aportaron valiosos datos a la justicia para investigar el robo de bebés y su relación con los ataques perpetrados contra viviendas de La Plata. También declaró el hermano de una estudiante universitaria desaparecida que fue vista en el CCD conocido como “La Cacha” y un exiliado que inicia la investigación por la desaparición de su hermano, egresado de la Escuela Superior de Periodismo.
- Carátula: Bojorge, Stella Maris
Declaró Arturo Carlos Bojorge
Arturo Carlos Bojorge declaró sobre la desaparición de su hermana Stella Maris, quien al momento de desaparecer era estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la U.N.L.P.
Bojorge aportó datos sobre un operativo ocurrido en su casa, donde encerraron a las mujeres de la familia en un baño con llave mientras que a los hombres los maniataron, encapucharon en una habitación.
A Stella Maris la interrogaron de manera separada en otra de las habitaciones de la casa y se la llevaron detenida. “Yo escuché parte del interrogatorio, le preguntaban por un novio que había tenido, Carlos Weber”.
Los testigos Silvia Bussi y Raúl Elizalde, detenidos clandestinamente en “La Cacha”, reconocieron a Stella Maris, la primera por su nombre y apellido y el segundo por su apodo “ratona”.
Causa N° 2538
- Carátula: Pedreira, Rafael Antonio
Declaró Manuel Enrique Pedreira
En tanto, en el marco de esta causa, declaró por primera vez ante la Cámara Federal de La Plata el testigo Manuel Enrique Pedreira, un exiliado que volvió a Argentina en 2006. Vivía en la Ciudad de México cuando su hermano Rafael Antonio Pedreira desapareció.
El testigo se fue del país luego de haber estado detenido entre noviembre de 1974 y septiembre de 1975, por su militancia en la JUP. Era conocida su militancia en la Ciudad de La Plata y su hermano no se presentó al ser convocado para realizar el Servicio Militar porque temía por su vida.
“La situación era muy frágil, mis padres lo iban a sacar del país pero una semana antes allanaron su casa, dicen los vecinos que logró escapar, pero no supimos nada mas sobre él”, afirmó Pedreira.
El testigo informó que a su hermano lo llamaban “Piraña”, un apodo que fue mencionado por detenidos ilegales en la Comisaría Quinta de La Plata. Uno de los testigos que mencionó ese apodo será citado por la Cámara Federal para efectuar un reconocimiento fotográfico que permitiría conocer el destino de este joven que acaba de egresar de la U.N.L.P como Periodista.
Causa N° 1885
- Carátula: Mariani/Teruggi
Declaró Martin Horacio Cañas
La jornada se cerró con el tratamiento de la causa 1885 y se centró en este caso sobre el homicidio de Daniel Mariani. El declarante fue Martín Horacio Cañas, que perdió al grueso de su familia en distintos momentos de la última dictadura militar. Su hermano mayor Santiago tenía amistad y militaba con Mariani .
Un operativo de las fuerzas conjuntas que de acuerdo a los registros de la Comisión Provincial por la Memoria duró más de horas, terminó con la vida de su madre y una de sus hermanas en su casa ubicada en 39 y 134. El testigo dejó de manifiesto que hay correlación de ataques a viviendas donde hay criaturas y se incendian casas. En 39 y 134 había dos chicos que fueron rescatados por el padre de Cañas, y al parecer de uno de esos menores ya había sido confeccionado otro acta de nacimiento. La Comisaría Cuarta estuvo presente en todos los operativos.
Finalmente declaró en el marco de la misma causa la dirigente gremial Marta Jáuregui, quien perdió a sus padres en un ataque previo.
Para recibir estos informes Envíe un e-mail en blanco y sin asunto a: asamblea-subscribe@yahoogroups.com
Siga la información sobre el Juicio en: "Tengo Derecho", el programa de la APDH La Plata, todos los Sábados a las 12 horas por FM Universidad 107.5 Mhz En Internet: http://www.lr11.com.ar
También quincenalmente en el programa "Mediodía" los martes a las 12.00 en AM Universidad, 1390 Khz.
Makfax News Agency
21 June 2007
97.207 casualties of war in Bosnia
SARAJEVO, Bosnia, June 21 (Makfax) -- A total of 97.207 persons were killed or disappeared in the 1992-1995 war in Bosnia-Herzegovina, the Sarajevo-based Research and Documentation Center (IDC) announced Thursday. The Center pointed out that these are the final figures of its study.
Out of the total number of perished people, as many as 57.523 were directly involved in the war and 39.684 were civilians.
In respect to the nationality, most of the casualties were Bosniaks - 64,036, followed by Serbs - 24,905, and Croats - 7,788, while 478 were
of other nationalities.
The data show that nearly half of the total number of casualties
perished during the first year of the war.
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www.b92.net
RTV B92 News
-La Organización de Estados Americanos (OEA), alentó a los Estados Miembros a avanzar en la prevención de las desapariciones forzadas de personas, considerando, según corresponda, la adopción de leyes que obliguen al establecimiento de registros oficiales en los cuales se lleve el control de todas las personas que hayan sido objeto de detención.
La resolución de la OEA fue tomada durante la XXXVII Asamblea General celebrada recientemente en Panamá.
Asimismo, insta a todas las partes en un conflicto armado y a los actores en otras situaciones de violencia armada a prevenir la desaparición de personas, de conformidad con el derecho internacional aplicable.
La OEA instó a los organismos que tengan un mandato reconocido para la protección de las personas privadas de libertad, "a tomar conocimiento en un período corto de tiempo, de cualquier detención que haya ocurrido, todo lo anterior, sin menoscabo de la adecuada comunicación de las personas privadas de libertad con sus familiares”.
A continuación el documento de la Resolución sobre Personas Desaparecidas y sus Familiares:
(Aprobado por el Consejo Permanente en sesión celebrada el 23 de mayo de 2007) LA ASAMBLEA GENERAL, RECORDANDO la resolución AG/RES. 2231 (XXXVI-O/06) y las de años anteriores relacionadas con la materia;
TENIENDO EN CUENTA que el problema de las personas desaparecidas y la asistencia a sus familiares es abordado tanto por el derecho internacional humanitario como por el derecho internacional de los derechos humanos desde sus respectivos ámbitos de aplicación, siendo marcos jurídicos distintos;
PROFUNDAMENTE PREOCUPADA por los sufrimientos que generan tanto las desapariciones de personas a raíz de un conflicto armado o de otras situaciones de violencia armada, como por las desapariciones forzadas;
RECONOCIENDO la necesidad de aliviar la ansiedad e incertidumbre que sufren los familiares de las personas dadas por desaparecidas;
CONSCIENTE de la necesidad de prevenir la desaparición de personas, de averiguar la suerte de los que han desaparecido y de responder a las necesidades de sus familiares, tanto en situaciones de conflicto armado o en otras situaciones de violencia armada, así como en el caso de desapariciones forzadas;
GUIADA POR los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos adicionales de 1977, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994; así como la Convención Internacional sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas del 2006 y el derecho internacional aplicable;
TENIENDO EN CUENTA la resolución 59/189 "Las personas desaparecidas", aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 diciembre de 2004, la resolución 2005/66 "Derecho a la Verdad", aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 20 de abril de 2005; la resolución 2005/26 “Los derechos humanos y la ciencia forense”, aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 19 de abril de 2005, los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, la Resolución 2/105 “Derecho a la verdad” aprobada por el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en noviembre del 2006 y la resolución 61/155 sobre Personas Desaparecidas aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de febrero de 2007;
RECORDANDO la Declaración y el Programa de Acción Humanitaria adoptados por la Resolución 1 de la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en Ginebra, Suiza, del 2 al 6 de diciembre de 2003 los cuales abordan la cuestión de las personas desaparecidas a raíz de un conflicto armado o de otras situaciones de violencia armada;
RESUELVE:
1. Instar a todas las partes en un conflicto armado y a los actores en otras situaciones de violencia armada a prevenir la desaparición de personas, de conformidad con el derecho internacional aplicable.
2.Alentar a los Estados Miembros a que continúen avanzando en la prevención de las desapariciones forzadas de personas, considerando, según corresponda, la adopción de leyes, reglamentos y/o instrucciones que obliguen al establecimiento de registros oficiales en los cuales se lleve el control de todas las personas que hayan sido objeto de detención, para entre otras razones, permitir, según corresponda, a sus familiares, a otras personas interesadas, así como al poder judicial y/o, a organismos que tengan un mandato reconocido para la protección de las personas privadas de libertad, a tomar conocimiento en un período corto de tiempo, de cualquier detención que haya ocurrido, todo lo anterior, sin menoscabo de la adecuada comunicación de las personas privadas de libertad con sus familiares.
3.Exhortar a los Estados Miembros a que intensifiquen sus esfuerzos para esclarecer la suerte que han corrido las personas desaparecidas y, para tal fin, garanticen que las autoridades y todos los mecanismos involucrados coordinen su labor, cooperen entre sí y sean complementarios
4. Instar a los Estados Miembros a que mantengan, de conformidad con su organización jurídica y administrativa, registros completos de nacimientos y defunciones, así como también a que establezcan registros que recopilen y centralicen la información sobre personas dadas por desaparecidas.
5.Exhortar a los Estados Miembros a que aseguren que los casos de desaparición sean investigados de manera imparcial ante las instancias competentes de conformidad con las obligaciones internacionales y la legislación interna y que se involucre de manera sistemática, en los esfuerzos para esclarecer lo ocurrido, a los familiares de las personas dadas por desaparecidas.
6.Alentar a los Estados Miembros a que atiendan, de la manera más completa posible, las necesidades psicológicas, sociales, legales y materiales de los familiares de las personas dadas por desaparecidas a través de medidas que incluyan, según corresponda, el suministro de información periódica a los familiares sobre los esfuerzos para esclarecer la suerte que han corrido las personas desaparecidas y sobre su paradero.
7.Alentar a los Estados Miembros a que consideren promulgar, según sea el caso, legislación nacional que reconozca la situación de los familiares de las personas desaparecidas, tomando en cuenta las necesidades especificas e intereses particulares de las mujeres cabeza de familia y los niños, inclusive en lo que atañe a las consecuencias de la desaparición a nivel de la administración de bienes, la tutela, la patria potestad y el estado civil, así como la elaboración de programas de reparación adecuada.
8.Instar a los Estados Miembros a que se traten los restos humanos con el debido respeto y de acuerdo a las prácticas y estándares nacionales e internacionales, las normas jurídicas y éticas aplicables a la recolección, exhumación y gestión de los restos no identificados, con el fin de reunir toda la información necesaria para identificarlos y esclarecer los hechos que generaron esta situación.
9.Alentar a los Estados Miembros a tomar las medidas adecuadas para garantizar que la recolección, exhumación, gestión y otros procedimientos relacionados con restos humanos sean realizados por expertos o peritos forenses respetándose, si fuere el caso, las prácticas tradicionales.
10.Exhortar a los Estados Miembros a que garanticen que los restos humanos plenamente identificados puedan ser entregados a los familiares y que se expidan las respectivas partidas de defunción.
11.Instar a los Estados Miembros a que castiguen a los responsables de las violaciones de las normas del derecho internacional de los derechos humanos y/o del derecho internacional humanitario en situaciones de conflicto armado y otras situaciones de violencia armada, en sus respectivas esferas de aplicación, que protegen a las personas contra las desapariciones, en particular la desaparición forzada.
12.Instar a los Estados Miembros a que adopten las medidas legislativas y/o administrativas necesarias para impedir la denegación sistemática y deliberada del intercambio de información entre familiares; la obstaculización del suministro de información sobre las personas desaparecidas, en particular, en el marco de los procesos de identificación; la retención ilícita de información accesible sobre el hecho de una muerte o sobre su causa, las razones o circunstancias del fallecimiento de una persona; la destrucción de pruebas susceptibles de esclarecer la suerte que ha corrido una persona dada por desaparecida; y la expoliación, profanación o mutilación de los muertos.
13.Instar a los Estados Miembros a que se garantice la adecuada protección de los datos personales recopilados en relación con personas desaparecidas, de acuerdo con la ley.
14.Exhortar a los Estados Miembros a que cooperen entre sí para abordar los diferentes aspectos del problema de las personas desaparecidas, inclusive en el ámbito del apoyo a los familiares, la búsqueda de personas desaparecidas, la recolección, la exhumación e identificación de restos mortales y la asistencia mutua en procedimientos penales.
15.Alentar a los Estados Miembros a solicitar el apoyo de las organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil para abordar el problema de la desaparición de personas.
16.Invitar a los Estados Miembros a que sigan cooperando con el Comité Internacional de la Cruz Roja, una reconocida institución humanitaria, en sus diferentes ámbitos de responsabilidad, y faciliten su trabajo.
17. Exhortar a los Estados Miembros que aun no lo hayan hecho, a que consideren firmar y ratificar, ratificar, o adherir, según sea el caso, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas en Contra de las Desapariciones Forzadas.
18. Instar a los Estados, en cuanto sea aplicable, a que traten de implementar los mandatos de la presente resolución de manera permanente.
19. Encomendar al Consejo Permanente que dé seguimiento a la presente resolución.
(168 Horas - Télam - Viernes 22 de junio de 2007) Un juez federal procesó hoy a los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez por el delito de genocidio y la desaparición de más de 60 personas durante la última dictadura militar.
La resolución fue dispuesta por Daniel Bejas, a cargo del Juzgado Federal número uno de esta ciudad, en el marco de la causa en la que investiga la existencia de un centro clandestino de detención en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga.
Aunque Bussi y Menéndez están procesados en una decena de causas es la primera vez que les imputan el delito de genocidio, previsto en los tratados internacionales, suscriptos por la Argentina y que tienen rango constitucional desde 1994.
Bejas imputó al ex gobernador de facto (1976 y 1977), a Menéndez y a Albino Zimmerman (ex jefe de la policía tucumana), de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas y asociación ilícita.
El magistrado ordenó, además, la traba de embargos por 65 millones de pesos en el caso de Bussi, y de 64 millones de pesos en los de Menéndez, Zimmerman y Alberto Luis Cattáneo, en la causa en la que se investiga -entre otras- la desaparición del estudiante Luis Eduardo Falú, en septiembre de 1976.
"Las prácticas aberrantes realizadas contra los detenidos por parte de agentes públicos amparados en la vigencia del terrorismo de Estado configuran apremios ilegales, con padecimientos psíquicos y morales. Existió un plan criminal. Cada 15 días ejecutaban prisioneros, que habrían sido más de 1.000 en el ex arsenal", aseveró Bejas.
El abogado de Bussi y Menéndez, Horacio Conessa Mones Ruiz, calificó de inadmisible el procesamiento "teniendo en cuenta que, para poder dictar esta medida, el magistrado antes debía resolver una serie de nulidades presentadas por la defensa".
Bussi, Zimmerman y Cattáneo se encuentran detenidos en el ex arsenal (está ubicado en las afueras de la capital tucumana), que hoy se denomina Base de Apoyo Logístico y que depende de la Quinta Brigada Mecanizada, con asiento en Salta.
Desde el 16 de marzo de 2006, Bussi cumple prisión preventiva en el ex arsenal y cada vez que, procedente de Córdoba, Menéndez viene a Tucumán a declarar en algunas de las 500 causas en las que está imputado (o procesado), también se aloja allí.
Sobre los dos militares retirados pesa media decena de órdenes de prisión preventiva en causas en las que se investigan desapariciones de personas, dado que, entre 1976 y 1977, Bussi estuvo al mando de la V Brigada de Infantería, que dependía del III Cuerpo de Ejército, que encabezaba Menéndez.
Bussi está detenido por orden del ex juez federal Parache (a quien reemplaza Bejas) desde el 15 de octubre de 2003, lo que impidió que asumiera como intendente de la capital tucumana, cargo para el que había sido elegido durante los comicios del 26 de
junio de ese año.
El fundador del partido Fuerza Republicana le había ganado por sólo 17 votos al justicialista Gerónimo Vargas Aignasse (hoy diputado nacional), hijo del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, por cuya desaparición, en 1976, fue ordenada la primera prisión preventiva contra Bussi y Menéndez.
En diciembre de 2003, Parache autorizó que Bussi cumpliera arresto domiciliario (por su edad, ya que entonces tenía 77 años, y por sus problemas cardíacos) en la Capital Federal, y en marzo de 2006 fue trasladado a Tucumán luego de que forenses determinaran que no corría peligro su vida si viajaba en un avión sanitario.
http://168horas.com.ar/070622/070622_82.htm
El hijo del ex militar dijo que la decisión del juez federal Sergio Torres no lo sorprende. “No deja de ser una decisión que sigue los alineamientos de perseguir a mi padre y a sus camaradas”, explicó. También en defensa de su padre, señaló que “no hay que olvidar que durante los años ’70 hubo una guerra contrainsurgente”.
La familia del represor Antonio Bussi calificó de "político" el fallo por el cual fue procesado por la comisión del delito de genocidio, por la desaparición de 65 personas en un ex arsenal durante la dictadura militar.
"Esto no me sorprende. No deja de ser una decisión que sigue los alineamientos de perseguir a mi padre y a sus camaradas de armas, sacando los hechos del contexto histórico en que se produjeron", aseguró a Télam Luis José Bussi.
El abogado y dirigente de Fuerza Republicana, el partido que fundó su padre en 1987, insistió en que "no hay que olvidar que durante los años ’70 hubo una guerra contrainsurgente que había sido planteada por organizaciones extremistas que, por las fuerzas de las armas, querían imponer un gobierno marxista".
A diferencia de lo que piensan en la familia de Bussi, el juez Daniel Bejas, a cargo interinamente del juzgado federal número uno desde el 1 de junio, aseguró en el fallo que la decisión constituye "el primer paso para conocer y esclarecer qué pasó en
Tucumán durante aquellos años".
En la causa en la que investiga la existencia de un centro clandestino de detención de personas en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, Bejas procesó al ex gobernador de facto (1976 y 1977), al igual que a Luciano Menéndez, a Albino Zimmerman (ex jefe de la Policía de la provincia) y al también militar Alberto Cattáneo.
El juez interino encontró a los militares retirados presuntos responsables, además de genocidio, de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas, asociación ilícita y, en el caso de Bussi, de homicidio calificado.
Además, el magistrado ordenó la traba de embargos por 65 millones de pesos en el caso de Bussi, y de 64 millones de pesos en los de Menéndez, Zimmerman y Cattáneo, en la causa en la que se investiga -entre otras- la desaparición del estudiante Luis
Eduardo Falú, ocurrida en septiembre de 1976.
Bussi, Zimmerman y Cattáneo se encuentran detenidos en el ex arsenal (está ubicado en las afueras de la capital tucumana), que hoy se denomina Base de Apoyo Logístico y que depende de la Quinta Brigada Mecanizada, con asiento en Salta.
El gobierno de la presidenta Bachelet repasará la historia de los lugares en los que funcionó el aparato represivo durante la dictadura de Augusto Pinochet. Entre 1973 a 1990, en el país andino funcionaron cerca de 100 mil sitios clandestinos de detención.
Durante la dictadura militar de Augusto Pinochet hubo 100 mil centros de tortura y muerte, de los cuales 515 conformarán un museo de la memoria, de acuerdo con los planes del gobierno de la presidenta chilena, Michelle Bachelet.
Según consigna el diario La Nación de Chile, el edificio que en la actualidad ocupa el Ministerio de Bienes Nacionales, en Santa Rosa con la Alameda (en el corazón de Santiago) funcionó un escuadrón de la muerte conocido como Comando Conjunto. Tiene tres sótanos que fueron calabozos y ahí hay escritos con sangre que no fueron borrados.
Para aquellos sitios con una mayor carga emocional e importancia desde el punto de vista represivo, se está reconstruyendo su historia. Esa información estará disponible en el transcurso de este año a través de Internet.
La idea es lograr una ruta patrimonial de los derechos humanos, señalizar ciertos lugares, "para que caminar por la calle sea un viaje permanente hacia la memoria, en otras palabras, dejaremos claro que los atropellos de los derechos humanos es parte de la historia de Chile, creando una ruta patrimonial de la memoria que identifique los sitios más simbólicos donde ello ocurrió", concluyó a ministra del ramo, Romy Schmidt.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&dis=1&sec=1&idPub=65748&id=157821&idnota=157821
El Equipo de Antropología Forense ratificó que el cuerpo extraído clandestinamente del cementerio municipal pertenece a Juan Alberto Osuna, secuestrado y asesinado por efectivos de seguridad en septiembre de 1976. Había estado detenido en Santa Fe.
El Equipo Argentino de Antropología Forense ratificó que los restos extraídos clandestinamente del cementerio municipal de Paraná pertenecen a Juan Alberto Osuna, secuestrado y asesinado por efectivos de seguridad el 25 de setiembre de 1976.
Osuna, que se convirtió en el primer entrerriano desaparecido en ser identificado, murió durante un simulado enfrentamiento con medio centenar de efectivos de las fuerzas de seguridad en Rondeau al 1.300, en la llamada Masacre de la Tapera.
El secretario de Seguridad de Entre Ríos, Juan José Halle, confirmó hoy que Osuna había estado detenido en Santa Fe antes de ser traslado al Escuadrón de Comunicaciones de Paraná.
Según lo informado, el militante justicialista fue torturado y luego llevado con Carlos Fernández, otro desaparecido, a la casa de calle Rondeau, donde se simuló un enfrentamiento con los efectivos de seguridad, que prácticamente los fusilaron.
El cuerpo de Osuna se encontraba desde hace algunos años en poder de sus familiares, luego de haber sido sacado por estos en forma clandestina del cementerio local y depositado en la tumba de su padre, luego de ser identificado merced a los datos suministrados extraoficialmente por un empleado de la necrópolis.
Aunque la familia tenía la seguridad de que los restos pertenecían a Osuna porque tenía un paladar de platino, ahora el Equipo Argentino de Antropología Forense ratificó la identidad de los restos.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&dis=1&sec=1&idPub=65748&id=157816&idnota=157816
Se trata de Adolfo Miguel Donda y Juan Antonio Azic, ex jefes navales acusados por vejaciones cometidas en la ESMA durante la última dictadura. La medida dictada por el juez Sergio Torres incluyó embargos de 500 mil pesos en cada caso. Ayer, otro magistrado tucumano procesó a Antonio Bussi y a Luciano Benjamín Menéndez por genocidio.
El juez federal Sergio Torres dictó hoy el procesamiento, con prisión preventiva, de dos ex jefes navales acusados de delitos de "lesa humanidad" cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.
La medida -que incluyó embargos de 500.000 pesos en cada caso, contenida en 31 carillas y a la que Télam tuvo acceso- alcanzó al
capitán (r) de la Armada Adolfo Miguel Donda y a Juan Antonio
Azic, ex suboficial de la Prefectura Naval Argentina.
El magistrado -con la intervención del secretario Diego Slupzki- dictó la resolución en un desprendimiento de la "megacausa ESMA" reabierta tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
En este expediente se investiga el desapoderamiento de bienes de Víctor Melchor Basterra, quien fue secuestrado, junto a su esposa y la pequeña hija de ambos, el 10 de agosto de 1979, y trasladado a la ESMA donde estuvo ilegalmente cautivo hasta 1980.
En ese centro clandestino de detención fue sometido a "tormentos y condiciones inhumanas de vida", entre otros, por Azic a quien calificó como "un tipo terrible con la máquina", en referencia a la picana eléctrica.
El mismo imputado fue quien obligó a la madre de Basterra a otorgarle un poder especial para vender una propiedad con el argumento que ello "favorecería la libertad de su hijo detenido", motivo por el cual fue procesado por el delito de "extorsión".
Esa figura está prevista en el artículo 168 del Código Penal que reprime con prisión de cinco a 10 años al que "con intimidación o simulando autoridad pública, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos".
Al ser indagado Azic se negó a contestar preguntas; en tanto Donda -Jefe de Operaciones del Grupo de Tareas de la ESMA- afirmó que tenía como "única misión los procedimientos tendientes a la detención de delincuentes subversivos que ordenaba la superioridad" y que siempre actuó "a cara descubierta al igual que el personal a mi cargo".
Para disponer la prisión preventiva el magistrado hizo referencia a "la gravedad de las circunstancias fácticas que han sido consideradas como probadas para la instancia en la que nos encontramos", los antecedentes, "más la expectativa de pena".
Respecto de un tercer imputado por los mismos hechos -Rodolfo Carlos Molinari, quien apareció luego como "vendedor" del bien que fue desapoderada la familia Basterra- en razón de su muerte, el 12
de marzo de 1997, el juez declaró extinguida la acción penal y su
consiguiente sobreseimiento.
Amnesty International has today called on EU leaders to take action to effectively 'ban' rendition flights and secret detentions in a new letter at the start of the EU summit beginning today (21-22 June).
Amnesty International's letter to the 27 EU leaders comes after recent revelations of the existence of secret prisons in Romania and Poland in a Council of Europe report. Meanwhile, Amnesty International and five other organisations have also published a report naming 39 prisoners who remain missing and are believed to have been subjected to enforced 'disappearance' by the US authorities in the 'war on terror'.
Amnesty International is concerned that EU countries are ignoring the issue of rendition flights and secret detentions despite evidence of the involvement of EU states and the possibility that CIA prisoners may have been detained and tortured on EU soil.
Amnesty International EU Office Director Dick Oosting said:
'The grave nature of the accusations alone should be serious enough to engage EU political responsibility. Yet we are still waiting for one EU leader to stand up and say it is the EU's business to stop and prevent kidnapping, torture and disappearances in Europe.
'The debate on whether or not there is enough proof can go on indefinitely but it will not make this issue go away. The EU ought to look at Canada and the Maher Arar case and learn from a country that at least acknowledged the problem and took political responsibility.'
In respect of renditions and secret detentions, Amnesty International is calling on the EU and its member states to:
* Acknowledge its responsibilities
* Stop ongoing violations
* Ensure reparations to victims
* Bring to justice those responsible for human rights violations
* Prevent further serious breaches of human rights in the future
The Associated Press
SANTIAGO DE CHILE --
El abogado del ex jefe de la policía secreta del régimen militar, general retirado Manuel Contreras, pedirá unificar las condenas cárcel de su cliente, que hasta hoy suman 159 años, para luego buscar ante la justicia reducirlas drásticamente.
Otro general retirado cumplió el miércoles 10 días prófugo, para eludir una pena de cinco años de presidio.
"Por supuesto que solicitaremos la acumulación de condenas, es lo que corresponde, pero lo haremos más adelante, una vez que se cierren más procesos de los que se investigan", dijo el abogado Fidel Reyes.
Contreras, de 78 años, creó y lideró la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), responsable de las peores violaciones a los derechos humanos durante los primeros años de la dictadura del general Augusto Pinochet.
El generadl retirado enfrenta decenas de procesos por desaparición de izquierdistas y las 15 condenas ya dictadas suman 159 años, pero sólo cuatro de ellas han sido ratificadas por la Corte Suprema, la mayor a 15 años de prisión.
La legislación chilena no estipula el cumplimiento sucesivo de las condenas, lo que permite que sean unificadas a la pena mayor, en este caso, a 15 años.
Actualmente, Contreras cumple una pena de 12 años de cárcel por la desaparición del izquierdista Miguel Angel Sandoval, recluido en el penal Cordillera, en el interior de un regimiento del ejército.
En el proceso por el asesinato en Buenos Aires del ex comandante en jefe del ejército, Carlos Prats, y de su esposa Sofía Cuthber, Contreras podría enfrentar una pena a presidio perpetuo simple, pero Reyes confía en que su cliente será absuelto.
Uno de los compañeros de cárcel de Contreras debería ser el general retirado Raúl Iturriaga Neumann, sancionado con cinco años de presidio por la desaparición, en 1974, del estudiante de agronomía Luis San Martín.
Pero Iturriaga se fugó el 11 de junio, cuando debía presentarse para cumplir su condena, y desde la clandestinidad envió un video y un comunicado a la prensa en los que señaló que se rebeló ante una condena "arbitraria, sesgada, inconstitucional y antijurídica".
Iturriaga es buscado por las policías y su fotografía está en todos los puestos fronterizos, aunque se estima improbable que intente salir de Chile porque sobre él pesan tres órdenes de captura internacional: entre ellas una dictada por el juez español Baltasar Garzón, y otra de la justicia italiana que lo condenó en ausencia a 18 años de cárcel por el atentado en Roma contra el ex vicepresidente de la república, Bernardo Leighton, y su esposa.
El general prófugo huye armado con su pistola 9 milímetros, según informó el diario estatal La Nación.
Dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos solicitaron el miércoles al comandante en jefe del ejército, general Oscar Izurieta, que averigüe si militares activos han brindado apoyo a Iturriaga Neumann. Izurieta aún no da respuesta a esa petición.
Iturriaga comandó una de las brigadas de la DINA y fue jefe del servicio exterior del organismos represivo, por lo que se sabe que posee conocimientos de inteligencia que evitarían que cometa errores básicos que podrían ayudar a la detención por la policía, que le sigue sus pasos.
By Liz Fuller
(RFE/RL)
The current war in Chechnya that began in the fall of 1999 has, to a far greater degree than the 1994-1996 conflict, been accompanied by systematic, widespread, and egregious human rights violations committed by both the Russian military and pro-Moscow Chechen forces.
Russian and international human rights watchdogs have compiled detailed dossiers chronicling blanket search operations; arbitrary arrests; abductions for ransom; and the use of torture against, and even the summary execution of, persons suspected of sympathizing with or abetting resistance forces.
By far the most widespread abuse is that of the abduction of Chechen noncombatant civilians, a practice that Russian Ombudsman Vladimir Lukin described in 2004 as "the main [human rights] problem" in Chechnya, and which the New York-based Human Rights Watch (HRW) in 2005 designated "a crime against humanity."
Both HRW and Amnesty International have documented dozens of individual cases in which survivors describe the abuses to which they were subjected by their abductors, or family members chronicle their efforts to locate, and secure the release of, the "disappeared."
Murky Picture
Forming a comprehensive picture of the extent of forced disappearances and attempting to identify the perpetrators is difficult in light of relatives' reluctance either to jeopardize their efforts to locate and secure the release of their loved ones, or to invite retribution by naming those persons believed to be responsible.
Citing data collected by the Russian human rights center Memorial that monitors only roughly one-fourth of the total area of Chechnya, HRW estimated in early 2005 that between 3,000-5,000 people were snatched in Chechnya in the five years since October 1999. Some of those apprehended were subsequently released, many after having been subjected to torture; others disappeared without trace.
Chechen websites have, in addition, reported cases in which children have been apprehended and killed and their internal organs removed -- presumably to sell for transplant -- before the mutilated bodies were dumped.
In the run-up to, and during the early years of the second Chechen war, the abduction cases that made headlines were generally those involving foreigners snatched for ransom by radical Chechen militants. But more recently, the victims have been overwhelmingly Chechens. Russian and Chechen human rights activists say that at least three agencies have resorted to such abductions: the Federal Security Service (FSB), the Russian federal forces, and the various pro-Moscow Chechen police and security forces.
The first documentary evidence of the Russian military's involvement in such human rights abuses surfaced in early 2003. It took the form of a confidential report compiled by Chechen Prosecutor-General Vladimir Kravchenko, who concluded that dozens, if not hundreds of federal soldiers and police were systematically engaging in the abduction and murder of civilians, "Nezavisimaya gazeta" reported on 16 April 2003.
At the same time "Le Monde" and "La Liberation" published what they claimed were extracts from a Chechen government report on such abuses. Russian officials immediately denied that any such Chechen government report existed. But according to "Nezavisimaya gazeta," the statistics cited by Kravchenko and the two French newspapers were very similar.
Statistical Decline
Statistical data for the period 2002-March 2007 compiled by analysts writing for the website kavkaz-uzel.ru show two clear trends: a dramatic decline in the total number of abductions, from 544 in 2002 to 323 in 2005, 187 in 2006, and 16 for the first three months of this year.
It also shows parallel declines in the number of those abducted who are never found, either dead or alive (from 372 in 2002 to 128 in 2005, 63 in 2006, and three in 2007), and also in the number of persons found dead (81 in 2002, 25 in 2005, 11 in 2006, and one so far in 2007).
But the number of persons freed or ransomed grew from 91 in 2002 to 155 in 2005, but then fell to 94 in 2006 and 10 in 2007. The figure cited by kavkaz-uzel.ru for the number of abductions in 2004 -- 450 -- is slightly higher than the estimate for the same year by Memorial cited in the HRW report referred to above.
But kavkaz-uzel.ru's figure for 2003 (498) is lower than that Interfax attributed to pro-Moscow Deputy Prime Minister Movsur Khamidov in February 2004. On that occasion, Khamidov said 581 people were abducted in Chechnya the previous year, of whom 127 disappeared without trace, but he added that in some cases, relatives of Chechen resistance fighters may have reported their menfolk as having been abducted in order to deflect suspicion.
Security Force Involvement
At the same time, Khamidov admitted that some abductions are the work of the police or security forces. Svetlana Gannushkina of the Presidential Human Rights Commission estimated in December 2003, that the majority of such abductions are carried out by pro-Moscow police or members of the presidential security service then headed by Ramzan Kadyrov, the son of then pro-Moscow Chechen administration head Akhmed-hadji Kadyrov.
Over the past few years, since the Russian authorities launched the process of "Chechenization" that entailed transferring primary responsibility for reimposing "order" in Chechnya from the Russian Interior Ministry to the various pro-Moscow Chechen police and security forces, the proportion of human rights violations, including abductions, that can be attributed to the latter has grown incrementally.
A secret detention center in Grozny In early 2005, Colonel General Arkady Yedelev, who at that time headed the combined federal forces in Chechnya, was quoted by "Russky kur'er" as admitting that "we have evidence" that both law-enforcement personnel and federal soldiers are involved in abductions, while Chechen Prosecutor-General Kravchenko estimated that up to 10 percent of such crimes are the work of those agencies.
In an apparent attempt to shield his former subordinates from accusations of engaging in human rights abuses, former Chechen Interior Minister Alu Alkhanov, who was elected Akhmed-hadji Kadyrov's successor in September 2004, four months after Kadyrov was killed by a terrorist bomb in Grozny, said in August 2004 that police engaged in "special operations" should not wear masks, Interfax reported.
But subsequent bans on the wearing of masks, and on the use of vehicles with tinted glass windows or without license plates, were frequently ignored, and did little to restore the trust of the Chechen population in the law-enforcement agencies. In April 2005, at Alkhanov's behest, the Chechen government established an interdepartmental commission tasked with searching for persons reported missing. At the same time, Alkhanov deplored the very modest percentage of abductions -- just 8 percent -- in which the perpetrators are apprehended and brought to trial.
Influence Of Kadyrov
Memorial's Oleg Orlov was quoted by kavkaz-uzel.ru on May 24 as corroborating the decline in abductions in Chechnya since the beginning of 2007, a trend he attributed to orders issued to the various pro-Moscow Chechen security forces in January by Ramzan Kadyrov, then first deputy prime minister to desist from such abuses. Those orders were presumably part of a broader campaign to craft a new, more benevolent and less threatening image of the younger Kadyrov. But Kadyrov's personal reputation for sadism, and countless instances of police indifference at best to human suffering, and at worst arbitrary brutality, make a mockery of his repeated professed commitment to protecting the population's basic human rights.
While the number of abductions reported on Chechen territory has apparently declined, the figure for neighboring Daghestan has increased sharply. At a press conference in Moscow on June 15, members of the Moscow Helsinki Group (MHG) cited data for southern Russia as a whole, and for Daghestan. That data showed 68 reported abductions in Daghestan in 2006, compared with 12 in North Ossetia, 10 in Ingushetia, and five each in Karachayevo-Cherkessia and Kabardino-Balkaria, kavkaz-uzel.ru reported on June 18.
By contrast, there have been nearly 20 abductions in Daghestan "over a very short period" this year, according to MHG chair Lyudmila Alekseeva. Meanwhile, in Ingushetia, which unlike Chechnya has not been the scene of constant fighting in recent years, abductions of young men appear to have begun in 2002, the year that former FSB General Murat Zyazikov succeeded Ruslan Aushev as president.
The International Helsinki Federation for Human Rights issued a press release in June 2005 giving the number of reported abductions of Ingush during the three preceding years as one in 2002, nine in 2003, and 37 in 2004. Ingushetia's deputy prosecutor Rashid Ozdoyev, who became alarmed by and set about investigating such disappearances, collecting evidence of police involvement in 40 such cases, vanished himself without trace in March 2004, and is believed to have been detained and executed (see "RFE/RL Caucasus Report," May 28, 2004).
One of the participants in the multiple attacks by Chechen and Ingush militants on police targets in Ingushetia in June 2004 admitted that it was the disappearance, and his failure to discover the fate of, his brother that impelled him and hundreds of other young men to join the Chechen-led armed resistance. And coinciding with those June 2005 raids, Amnesty International released a report on human rights violations in both Chechnya and Ingushetia that registered "dozens" of disappearances in the latter republic in the early months of 2004 alone (see "RFE/RL Newsline," June 24, 2004).
The Russian website regnum.ru on March 1 quoted Magomed Mutsolgov, who heads an organization that seeks to help relatives of persons who have been abducted, as citing a figure of 145 such disappearances in Ingushetia. He added that in most cases the perpetrators were members of the Combined Group of Forces deployed in the North Caucasus.
http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/06/1b705109-2463-46be-b400-c5955272513a.html
El día 23 de Junio de 15 a 19 hs en la Asociación Bancaria Mar del Plata se realizarán las Primeras Jornadas sobre genocidio y derechos humanos. Entre los panelistas se anuncia la presencia de la titular de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas.
Este es el cronograma del evento:
15 hs Presentación de cada uno de los panelistas en conferencia de prensa.
15: 20 hs INICIO DE EXPOSICIONES
PANEL:
Dra LILIANA FONTAN (Secretaria Gral Asociación Abogados de Ciudad Autónoma de Bs As).
NORA CORTIÑAS (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora)
MIRTA CLARA (Psicóloga, Ex Detenida Desaparecida)
CARLOS CERVERA (Presidente CAMUS)
RICARDO MUÑOZ (LUCHADOR SOCIAL DEL PESCADO)
Dr EDUARDO SOARES (Presidente de FIDELA y Abogado de H.I.J.O.S regional Mar del Plata)
Dra GLORIA LEON (Delegada Regional Secretaria Derechos Humanos de la Pcia de Bs As, Patrocinante en la Causa Penal N°4446 y del Juicio a la Verdad )
Los temas a tratar serán:
1) Análisis histórico sobre como se llega a la ultima Dictadura Cívico Militar.
2) Intervención de agentes civiles que operaron con los represores en la época de la Dictadura en la Universidad.
3) Análisis sobre el proceso de las diferentes causas sobre terrorismo de estado y como se llega a la sentencia de Miguel Osvaldo Etchécolatz en el marco de la acusación de Genocidio.
4) Estado de la Causa sobre la desaparición de Jorge Julio López.
5) Futuras sentencias a los genocidas.
6) La realidad de los luchadores populares del pescado en la época de la Represión.
7) El impacto social y político de los avances obtenidos hasta la fecha en materia de memoria y justicia.
8) Defensas de los luchadores populares y situaciones actuales de avasallamiento de los derechos humanos.
9) Análisis de las relaciones sociales: exclusión y exterminio
Se entregaran certificados de asistencia.
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AUTOR / FUENTE: www.0223.com.ar
Rohan Mathes
COLOMBO: President Mahinda Rajapaksa yesterday directed the Public Administration and Home Affairs Ministry and the Police Department to implement the recommendations of the Presidential Investigations Commission’s first and second interim reports on abductions, disappearances and deaths of civilians by assault.
The President has also called for a follow-up report pertaining to the action taken, within one week. The Presidential Commission had submitted their first interim report on December 22, 2006, and the second on March 23, 2007.
Although the Commission is yet to conclude their investigations, the President is of the view that recommendation made in the interim reports pertaining to the incidents already investigated fully should be implemented sans any further delay.
Therefore the Registrar General under the re-implementation of Registration of Deaths Act 17 of 2001 (temporary regulations), is to instruct the District Secretaries, Provincial Secretaries, Grama Niladaris and Registrars of Births and Deaths to give priority to requests made. Following the registration of such deaths, provision should be made to swiftly compensate those already entitled.
The President’s Secretary has notified the Police Department of 50 incidents where it has been revealed that the Police have not initially conducted proper investigations. Therefore, the Secretary has directed the Police to take steps to re-investigate these incidents and bring the culprits to book, by establishing an investigations unit with wide powers.
The unit is to comprise high-ranking police officers and officers of the CID, who should also obtain assistance from the Attorney General’s Department as well.
HERMANN BELLINGHAUSEN
Miembros de la otra campaña en la región Huasteca-Totonacapan de Veracruz confirmaron hoy la desaparición del indígena Fernando Hernández Hernández, de 60 años, vecino de la comunidad de Tzocohuite, quien el pasado jueves 14 se encontraba en el predio donde la organización campesina Dorados de Villa fundó el poblado Diez de Junio, en tierras del municipio Ixhuatlán de Madero, cuya propiedad reclaman los indígenas desde hace 69 años y que actualmente están en poder de la familia Faisal. También sigue sin saberse el paradero de Gabino Flores, delegado nahua de la mencionada organización.
La Red Unidos por los Derechos Humanos informó desde Poza Rica que además de los diez indígenas presos en el penal de alta seguridad de Villa Aldama, a raíz del violento desalojo que efectuó la policía veracruzana en Diez de Junio el día 14, se ignora dónde están tres mujeres indígenas que se encontraban en el lugar de los hechos.
Los observadores de derechos humanos "tienen la esperanza de que al ver el conflicto, hayan corrido para ponerse a salvo".
A los presos se les han extraído declaraciones bajo tortura; hablantes del nahuat (variante dialectal del náhuatl), no han recibido los beneficios de un intérprete ni una defensa en forma.
En tanto, José Luis Faisal, presunto propietario de los terrenos invadidos por los indígenas hace diez días, prosigue su campaña proselitista como aspirante del Partido de la Revolución Democrática a un cargo de elección popular en el vecino municipio de Alamo.
Según la periodista Livia Díaz, el señor Faisal "ignora que los presos no tienen zapatos", y no obstante que su familia exigió al gobierno de Veracruz efectuar el desalojo, sigue tan campante haciendo su campaña "y diciéndole al pueblo alamense que el PRD es la opción, mientras sus vecinos duermen en la cárcel"; respecto a los desaparecidos, "se teme lo peor".
http://www.jornada.unam.mx/2007/06/21/index.php?section=politica&article=017n2pol
AFP, DPA, REUTERS
Santafé de Bogotá, 20 de junio. El ex coronel Alfonso Plazas, quien dirigió por la fuerza de las armas la recuperación del palacio de justicia tomado en 1985 por la guerrilla colombiana, reconoció que personas que salieron con vida de ese enfrentamiento "fueron desaparecidas" y pidió se investigue y sancione a los funcionarios responsables.
Veintidós años después de que la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19) tomara el palacio de justicia en Bogotá, "ya no quedan dudas de que algunas de las personas que salieron con vida del palacio fueron desaparecidas", señaló el ex militar, quien el 6 de noviembre de 1985 comandó un escuadrón de tanques que ingresó al edificio para enfrentar a los rebeldes, de acuerdo con declaraciones divulgadas por el diario El Tiempo.
El oficial, quien fue llamado a declarar ante la fiscalía colombiana que reabrió el caso, afirmó que ni él ni los hombres bajo su mando de la Escuela de Caballería fueron los que "obraron mal", cuando un centenar de personas murieron en el hecho, entre ellos el presidente y varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Por lo tanto, pidió a la Fiscalía que investigue para que se llegue al "conocimiento real de lo que sucedió y para que se sancione a los funcionarios por sus equivocaciones o crímenes" tras los combates dentro del edificio que duraron dos días.
Por los hechos, en lo que se cree que al menos 11 personas estaban vivas y nunca aparecieron, la fiscalía investiga a un grupo de militares y mantiene detenido al entonces jefe de Inteligencia del ejército en Bogotá, Edilberto Sánchez.
El ex candidato presidencial y facilitador de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Alvaro Leyva presentó al presidente Alvaro Uribe una propuesta secreta sobre el intercambio humanitario, que igualmente será entregada a los rebeldes, quienes exigen la desmilitarización de dos municipios del suroeste del país como condición para dejar en libertad a los rehenes en su poder.
Uribe firmó el martes los primeros 16 indultos para que igual número de rebeldes de las FARC sean excarcelados en los próximos días, con lo que se espera que los insurgentes acepten un intercambio humanitario.
El gobierno de Francia, interesado en la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, solicitó a Uribe la excarcelación del llamado canciller de las FARC, Rodrigo Granda, quien ya fue recibido esta semana en La Habana, confirmó hoy el canciller cubano, Felipe Pérez Roque.
En otro orden, se informó que el líder campesino Manuel López fue asesinado por oponerse a la conformación de frentes al mando de paramilitares. El crimen del líder de desplazados del sector Nelson Mandela ocurrió recién el domingo, sin que las autoridades hayan hecho nada para protegerlo, denunciaron compañeros de lucha.
http://www.jornada.unam.mx/2007/06/21/index.php?section=mundo&article=032n2mun
Por: CERIGUA
Con motivo de la conmemoración del Día Nacional contra las Desapariciones Forzadas, que se realiza el 21 de junio de cada año en Guatemala, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) destacó el caso de los 27 dirigentes sindicalistas de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) desaparecidos en 1980.
La PDH señaló que los líderes laborales fueron capturados ilegalmente por fuerzas de seguridad del estado, el 21 de junio de 1980 y que hasta la fecha se desconoce su paradero, mientras que las estructuras estatales han sido incapaces o no han querido tomar medidas serias para aclarar el caso.
Hay miles de expedientes similares al de los 27 dirigentes de la CNT y 45 mil guatemaltecos y guatemaltecas alimentan las estadísticas trágicas sobre una de las más crueles prácticas del terrorismo estatal y la guerra sucia en Guatemala, destacó la institución del Defensor del Pueblo.
El país tiene la vergonzosa condición de pionera en la historia contemporánea de América Latina y el Caribe por la práctica de la desaparición forzada, agregó un comunicado de prensa de la PDH.
La historia guatemalteca también registra el esfuerzo tesonero de las familias de las víctimas y de las organizaciones sociales, que no han cesado en su afán de lograr que el estado atienda en forma integral el fenómeno de la desaparición forzada, recordó la oficina del Magistrado de Conciencia.
A lo largo de casi 11 años de la firma de la Paz Firme y Duradera, las familias de las víctimas se han enfrentado a la desidia gubernamental y a discursos formales, que no han reflejado cambios reales en la solución de la problemática denunciada, agregó el comunicado.
Finalmente, la PDH destacó que actualmente las y los diputados tienen la oportunidad de dar un paso firme en la búsqueda de una solución, si el pleno decide aprobar la ley que crea la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y otras Formas de Desaparición.
20.06.2007 | 20.06
El abogado Oscar López Goldaracena, junto a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, presentó este miércoles ante la Justicia documentación "relevante" sobre traslados hacia Uruguay de personas secuestradas en Argentina durante la dictadura.
Uno de los documentos desclasificados, perteneciente al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) incluye la lista completa de 21 personas que fueron trasladadas en 1978 desde Argentina a Uruguay, algunas de las cuales sobrevivieron y son actualmente testigos de la causa, lo cual corroboraría plenamente sus testimonios.
Según se informó, el traslado se realizó como un "intercambio de favores" entre los gobiernos, por ciudadanos argentinos que fueron secuestrados en Uruguay y enviados luego a Argentina.
En total son unos 40 documentos que están siendo traducidos, procesados y autentificados en estos momentos y que fueron desclasificados por el gobierno de Estados Unidos.
Según la denuncia de Familiares hubo varios traslados en 1978 (en lancha, avión y helicóptero), de personas vinculadas a los Grupos de Acción Unificadora (GAU), al Partido Comunista Revolucionario y de otras que no tenían una vinculación política, aunque fueron secuestradas por el hecho de ser disidentes o exiliadas.
Para EL Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), el primer traslado de 1978 (de cinco o seis personas) está comprobado porque hay testigos sobrevivientes de los Pozos de Banfiel y testigos del establecimiento de detención La Tablada.
Sin embargo, según el abogado Oscar López Goldaracena, aparece ahora documentación "relevante" que refiere a otros traslados de ese año.
Como este documento emitido en abril de 1978 por la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, en base a informaciones de Acnur, donde se informa que las autoridades argentinas permitieron que oficiales de Inteligencia, militares uruguayos, participaran en los operativos de arresto y secuestro de ciudadanos que estaban exiliados en Argentina en diciembre del 77 y enero del 78.
Al mismo tiempo, explica cómo se dieron esos operativos. Esto decía el abogado López Goldaracena. "Fueron permitidos como un canje de favores al gobierno uruguayo por el traslado que el gobierno uruguayo efectuó de ciudadano argentino Oscar de Gregorio desde Uruguay hacia la Argentina. Al mismo tiempo, especula que esto operación represiva contra uruguayos residentes en Argentina a fines de 1977 se relaciona con la ofensiva antisubversiva contra los mismos grupos políticos a los cuales estos ciudadanos uruguayos en la Argentina pertenecían en el Uruguay", expresó Goldaracena.
Avanzando en el documento, se pueden comprobar otras cosas, según López Goldaracena, como por ejemplo que se le exigió el pago de 8.000 dólares a una familia de un desaparecido a cambio de que cuando esta persona fuese trasladada al Uruguay se le levantarían los cargos de subversión.
Y finalmente, en lo que es más relevante para los traslados, se da a conocer una nómina de 21 uruguayos que es coincidente con la que presentaran las organizaciones de Derechos Humanos ante la Justicia.
"Con la particularidad que menciona y agrega dos nombres, uno de los cuales es precisamente uno de los testigos que presentamos en esta denuncia que fue trasladada en avioneta desde la Argentina hacia el Uruguay y comprobaría que el resto también habrían sido trasladados. En adición, otro de los desaparecidos que se menciona en la lista es un ciudadano uruguayo que había desaparecido en enero de 1977, no en diciembre, y que por lo tanto no se le había encontrado hasta el momento ningún punto de conexión con Uruguay. Sin embargo está incluido en la listas", expresó.
En total son unos 40 documentos que se incorporan a la investigación, y unos 300 en total que se manejan en la causa. Pero aún queda información por procesar y llevar a la Justicia.
"Es probable que en el día de mañana se esté presentando un nuevo escrito con un documento que fue relevado en el día de hoy en Cancillería, en el cual se estaría confirmando una orden del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Embajada Uruguaya en Argentina, por la cual se disponía que si existieran personas uruguayas requeridas por las autoridades uruguayas éstas sean trasladadas al Uruguay y ese documento es de una fecha coincidente con el llamado Primer Vuelo, previo al llamado Segundo Vuelo", explicó Goldaracena.
Estos documentos complicarían aún más la situación del ex dictador Gregorio Álvarez, quien, de acuerdo a lo señalado por López Goldaracena a Índice 810, no puede eludir su responsabilidad por estos traslados clandestinos de ciudadanos uruguayos y argentinos.
"No sólo con este documento sino con el resto de las probanzas ofrecidas al juzgado en esta causa se tendrá en cuenta que Gregorio Álvarez asume como comandante en jefe del Ejército en febrero de 1978 y los primeros traslados clandestinos que se denuncian ocurrieron precisamente en febrero del 78, luego en mayo del 78, en junio del 78, en octubre del 78. Serán el juez de la causa y la fiscal los que determinarán el grado de responsabilidad de la jerarquía militar", expresó.
Álvarez tendría que ir a declarar el lunes pero no lo hará por estar internado al haber sido intervenido quirúrgicamente.
Un documento relevante entonces, a juicio de los denunciantes, que se incorpora a la causa y que reproducimos íntegramente (en su original en inglés y en su traducción al castellano) en la página web de www.espectador.com.
Allí se incluye, además, los nombres de 21 uruguayos que fueron trasladados de Argentina a Uruguay en 1978, en uno de los llamados "vuelos de la muerte".
Miércoles 20 de Junio de 2007
13:25
Ximena Pérez, El Mercurio Online
SANTIAGO.- Al parecer había mucho que conversar. El de esta mañana fue el primer encuentro privado entre un Comandante en Jefe del Ejército y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y se extendió por más de tres horas.
La reunión, en la que participaron el general Óscar Izurieta, las principales dirigentas de la agrupación y el ministro de Defensa, José Goñi, estuvo centrada en la actitud de rebeldía del general (r) del Ejército Raúl Iturriaga Neumann.
En este sentido, los familiares de detenidos desaparecidos exigieron a la institución y en particular su comandante en Jefe que asuma públicamente si una actitud de "absoluta distancia" con lo que hoy en día está sucediendo entre los generales (r), muchos de los cuales han solidarizado con el prófugo militar en retiro.
Sin embargo, tras un extenso debate, la entidad encabezada por Lorena Pizarro no quedó satisfecha ya que según explicó esta dirigenta al término del encuentro "lamentablemente (...) no ha existido ningún compromiso por parte del señor Izurieta de, primero, tomar una clara distancia sobre estos generales (r), de señalar claramente al país que no existe ninguna red de protección hacia el prófugo de la justicia iturriaga Neumann, un genocida terrorista de Estado".
"Las respuestas no nos dejan satisfechos (...) fue una larga reunión donde le planteamos (a Izurieta) lo que había pasado en la historia desde el golpe de Estado de 1973, incluso un poco antes, y la verdad es que las respuestas no son las que el país quisiera escuchar", agregó Pizarro.
En la misma línea se manifestó otra de las integrantes "históricas" de la agrupación, Mireya García, quien comentó que el encuentro "no fue tenso, pero (sí) poco productivo".
Según explicaron las integrantes de la agrupación, el Comandante en Jefe del Ejército les manifestó que ya hizo declaraciones del tono que ellas le solicitaban en días pasados y que "no las va a volver a hacer".
Otro de los puntos que generaron disconformidad entre las familiares de detenidos desaparecidos fue cuando le plantearon al general Izurieta su crítica hacia los descuentos que se le hacen a los uniformados para financiar a los abogados que llevan adelante la defensa de los militares en retiro procesados". Al respecto, la máxima autoridad de la institución castrense sólo se limitó a responderles que el tema "estaba en estudio".
Goñi gestó encuentro
El ministro de Defensa, José Goñi, calificó el histórico encuentro -del que fue gestor- como un "gesto más de normalidad democrática" y destacó la participación del general Izurieta en la cita. La autoridad valoró "tremendamente la profundidad del diálogo que se dio".
Sin embrago, también reconoció que era "difícil llegar a resolver los problemas, porque, como he dicho, el tener familiares desaparecidos es un dolor muy fuerte, muy profundo".
Goñi destacó su "convicción, esperanza y disposición" para seguir avanzando en la relación entre el Ejército y la agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos, en la que aseguró hoy se marcó una "nueva etapa".
http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=259903
Los abogados del ex capellán policial bonaerense solicitaron la medida por entender que durante el juicio que siguieron al represor Miguel Etchecolatz habían aludido a hechos donde habría participado su cliente. Para la Cámara de Casación Penal, es "inadmisible".
La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó el pedido de recusación presentado por la defensa del ex capellán policial bonaerense, Christian Von Wernich, contra el tribunal federal platense que debe juzgarlo a partir de 5 de julio.
La defensa de Von Wernich había recusado a los jueces Carlos Rozanski, Norberto Lorenzo y Horacio Insaurralde, integrantes del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, por entender que durante el juicio que siguieron al represor Miguel Etchecolatz habían aludido a hechos donde habría participado el ex capellán.
El fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, al que accedió Télam, rechazó el pedido de recusación por considerarlo "inadmisible". "Al momento de pronunciarse los jueces en la causa Etchecolatz, ninguna referencia, ni siquiera tangencial, hicieron de Christian Von Wernich", sostiene la sala 1 en su resolución.
El ex capellán de la policía bonaerense, Christian Von Wernich, será juzgado oral y públicamente por la justicia federal de La Plata desde el jueves 5 de julio por los delitos de "homicidios, torturas y privaciones ilegales de la libertad", ocurridos durante la última dictadura militar.
El sacerdote, confesor del ex jefe de esa fuerza, Ramón Camps, está detenido por esta causa desde septiembre de 2003 acusado de siete homicidios y 41 casos de privaciones ilegales de la libertad y torturas.
Von Wernich será juzgado por el Tribunal Oral Federal 1 (TOF), el mismo que condenó a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad al ex Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz.
El juicio se desarrollará en los Tribunales Federales platenses, en la calle 8 entre 50 y 51, durante casi tres meses, a razón de dos audiencias por semana. según dijeron las fuentes consultadas por esta agencia.
Durante ese lapso está previsto que el Tribunal reciba alrededor de un centenar de testimonios, entre víctimas del ex sacerdote y testigos.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=65600&id=157325&sec=1&dis=1
Medellín, jun. 20 (IPC) ¿Se está quedando sin fuerza el movimiento de víctimas del paramilitarismo en Antioquia? ¿Las expresiones masivas de apoyo a los comandantes paramilitares que rinden versión libre en Medellín por parte desmovilizados, sus familias y simpatizantes revelan un proyecto superior al que manifiestan las víctimas? ¿Lo vivido en la capital antioqueña refleja la ventaja que tiene el vencedor sobre el vencido?
Las preguntas surgen luego de los apoyos públicos observados en las últimas dos semanas durante las versiones libres ante la Unidad de Justicia y Paz de los comandantes paramilitares desmovilizados Fredy Rendón, alias El Alemán, jefe del bloque Élmer Cárdenas, de fuerte raigambre en el Urabá antioqueño y chocoano, y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, quien está al frente del bloque Central Bolívar y con ascendencia en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueños, así como el Sur de Bolívar y el suroriente del país.
Las expresiones multitudinarias de los reinsertados, autorizadas por la Alcaldía de Medellín, opacan de tal manera las acciones de las familias afectadas por las incursiones de las distintas fuerzas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que la Procuraduría General de la Nación le reclamó al Gobierno nacional las “medidas necesarias para garantizar a las víctimas de los paramilitares el pleno ejercicio de sus derechos”.
En carta dirigida al ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, el Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, pidió al funcionario, que preside el Comité de Coordinación Interinstitucional, que "se adopten correctivos que garanticen a las víctimas ejercer sus derechos sin limitación alguna".
Para el Procurador, “la actitud festiva” de personas afectas a los jefes desmovilizados en inmediaciones del centro administrativo de La Alpujarra, “trivializa el dolor de las víctimas que han acudido a tales diligencias”.
El juego, el futuro
Pero más allá de las solicitudes del Procurador General de la Nación y de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos de Medellín y el país, lo que está en juego es la capacidad de organización y movilización del movimiento de víctimas para hacerle frente a un proyecto que los paramilitares consolidaron en sus regiones de operación a través del sometimiento militar y de la intervención social.
Vilma Liliana Franco Restrepo, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), advierte que la debilidad de lo que hoy se denomina movimiento de víctimas se explica por varias razones: “No hay movimiento sino una dinámica de acciones colectivas muy incipiente en torno a los derechos de verdad y reparación que enfrenta enormes dificultades para convertirse en un movimiento social. Esa dinámica incipiente de movilización carece de dirección y preparación política, lo cual es una consecuencia, y a su vez una continuidad, de la despolitización de la discusión sobre la guerra que tuvo lugar en los últimos 15 años”.
La investigadora del IPC considera, además, que el miedo difundido por la violencia paramilitar en los últimos años ha cumplido una función importante en la disolución y prevención de lazos colectivos y ha transformado profundamente la subjetividad de los sobrevivientes. Aún prolonga el efecto del castigo y la represión, y lleva a que los sobrevivientes estén más atentos a la conservación de su vida que a la exigencia política de justicia, verdad y reparación. La guerra aún está en curso, de modo que es obvio el temor a las represalias por la movilización en torno a tales derechos.
Fernando Quijano, director ejecutivo de Corpades (Corporación para la Paz y el Desarrollo Social), considera que el movimiento de víctimas necesita fortalecerse a partir de convocar más a las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad, “porque es un movimiento que tiene dolor, que necesita conocer la verdad”.
En la perspectiva del fortalecimiento, Gerardo Vega, coordinador regional de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación (Cnrr), destaca el trabajo que ha hecho la dependencia a su cargo en Antioquia en cuanto a la movilización de víctimas. “En ocho meses hemos logrado 30.008 denuncias de víctimas afectadas por los paramilitares”, dice Vega y aclara que “son aspectos positivos desde el punto de vista de la gente, que está dispuesta a declarar, reclamar sus derechos e iniciar el incidente de reparación”.
“Como puede verse, empezamos bien: visibilizando a las víctimas y poniendo este problema en público, que no estaba ocho meses atrás. Creo que hemos ganado”, afirma el funcionario, pero también reconoce que este trabajo no es sólo de la Comisión. El movimiento de víctimas y las organizaciones de derechos humanos han perdido un espacio que ya se había ganado. No se trata de aislarse ni de dejar de hacer presencia. “No pueden decir 'nos arrinconaron y así nos quedamos'. Tienen que rescatar el liderazgo”.
Sin embargo, hay un círculo vicioso que destaca Pablo Angarita, director del Grupo de Investigaciones Conflicto y Territorios del Instituto de Estudios Regionales, de la Universidad de Antioquia: “Las víctimas no sienten respaldo sino de las organizaciones de la sociedad civil, cuya única arma es denunciar ante la opinión nacional e internacional, pero que no tienen el respaldo institucional porque el mismo Gobierno tiende a señalar de terroristas a quienes reclaman los derechos de las víctimas”.
Y así lo siente Fernando Quijano, de Corpades, quien acusa a la administración del alcalde Sergio Fajardo de complaciente con los reinsertados: “Es una actitud similar a la de Pilatos, se lava las manos para no enfrentar a los señores que están gobernando a Medellín, y es una forma de decir que el espacio público lo controla él frente a las víctimas, pero no lo controla frente a los que son parte de los victimarios, para que ellos sigan haciendo el trabajo de amedrantar las víctimas”.
Se imponen los vencedores
Pero, ¿qué explica el comportamiento de quienes llegan a Medellín desde diversos municipios de Antioquia y departamentos vecinos a gritar vivas, arrojar flores y papel picado a quienes aún consideran “sus patrones”?
Franco Restrepo explica que las movilizaciones de los seguidores de los comandantes paramilitares “son una evidencia del interés de esa comandancia por demostrar su legitimidad social y por seguir reclamando estatus político. Estas manifestaciones las facilitan varios factores: que algunos de estos personajes establecieron relaciones hacendatarias (verticales) donde las fidelidades se producen a partir de la asignación de beneficios tangibles, el poder económico que permite la movilización y los silencios aquiescentes de las autoridades públicas”.
También evidencian, según la investigadora, que la violencia paramilitar tuvo el respaldo activo y pasivo de muchos sectores (económicos y políticos) de las sociedad locales, así como de la sociedad nacional. Y lo que es más grave aún: que la estructura paramilitar continúa viva, pese a la reclusión de algunos de sus jefes y de las desmovilización de una parte de sus tropas.
En conclusión, Franco Restrepo advierte que la forma como se manifiesta es una apología a los crímenes cometidos; los saludos a los manifestantes son una muestra de que no hay arrepentimiento, y la invisibilización de las víctimas es una consecuencia de la forma cómo definieron el enemigo y de ratificar la justificación de la violencia ejercida.
El investigador Pablo Angarita reconoce que el ambiente en el departamento y el país es más favorable hacia los victimarios que hacia el dolor de las mismas víctimas. “La movilización de sectores reinsertados responde a un diseño de estrategias jurídicas y políticas, que consiste en movilizar bases de apoyo que pueden ser de simpatías compradas. Y eso lo pueden hacer porque cuentan con un contexto que les es favorable a partir de los compromisos adquiridos con el Gobierno nacional y con sectores del sector privado que se han beneficiado de su accionar durante estos años”.
Agrega Angarita que las manifestaciones públicas observadas en Medellín, “que uno podría catalogar de cínicas indican el poderío conque se sienten, y quieren continuar con este ambiente de miedo hacia la sociedad y hacia las víctimas para seguir ganando beneficios en el orden jurídico y también beneficios en el orden económico”.
En suma, son dos proyectos que están en puja y como bien lo expresa la investigadora del IPC, “la colisión entre unos y otros, y la forma cómo se manifiestan, es una confirmación de la correlación de fuerzas en la guerra, donde se expresa la arrogancia de los vencedores y la soledad de los oprimidos”.
Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
(57 4) 284 90 35
www.ipc.org.co
(RSF/IFEX) - Reporters Without Borders has called for the release of Abdul
Latif Gola, the Urdu-language daily "Jang"'s correspondent in Jafarabad (in
the southwestern province of Balochistan), who was arrested on 17 June 2007
by police saying they were acting on the orders of an army officer
identified as Major Ali.
"Gola's arrest is totally arbitrary and unjustified," the press freedom
organisation said. "No one should ever be arrested without grounds and
without a charge. We call on the Pakistani authorities to do everything
possible to ensure that Major Ali releases Gola quickly."
Police officers and soldiers went to Gola's home at around 1:00 a.m. (local
time) on 17 June. Malik Allah Bakhsh, a police officer, ordered Gola to go
with them because "Major Ali" wanted to question him.
"We are very worried about Gola," his wife told Reporters Without Borders.
"He has done nothing and we do not know why they took him away."
Speaking on condition of anonymity, a journalist based in the Balochi
capital of Quetta told Reporters Without Borders that Gola's arrest was
probably linked to his coverage of recent clashes between the security
forces and Balochi nationalists. Gola is himself a member of the Balochi
ethnic group.
Declararán dos testigos por la desaparición de dos estudiantes universitarios en la dictadura. Uno de ellos fue visto en La Cacha. También se escucharán nuevos testimonios por el ataque ocurrido en la casa Mariani – Teruggi.
La Plata (19jun-07).- René Honorio Oberlín fue secuestrado en septiembre de 1977 en Burzaco, provincia de Buenos Aires, y se encuentra desaparecido hasta la fecha. Para investigar su cautiverio y su paradero, la Cámara Federal de La Plata abrió la causa 2440. En el marco de la misma declarará este miércoles la testigo testimonial Ana Berrante a las 9:30 horas A continuación, fue citado a declarar Arturo Carlos Bojorge, por la causa 2533 caratulada Bojorge, Stella Maris. La mujer era una estudiante universitaria de la carrera de Ciencias Médicas de la U.N.L.P, y fue secuestrada el 7 de febrero de 1977 a los 23 años. Testimonios recogidos en el Juicio por la Verdad aseguran que la mujer fue vista en el Centro Clandestino de Detención conocido como La Cacha el 28 de julio de ese año. Para las 10:30 horas fue citado a declarar Manuel Enrique Pedreira, sobre la causa 2538, caratulada: Pedreira, Rafael Antonio. Se investiga la desaparición del joven que era estudiante de la carrera de Periodismo de la U.N.L.P al momento de ser secuestrado. A las 11 horas será el turno de la causa 1885 sobre el homicidio de Diana Teruggi y la desaparición de Daniel Mariani. Declarará la señora Marta Jáuregui.
M á s i n f o r m a c i ó n Vía email: asamblea-subscribe@yahoogroups.com Programa de radio "Tengo derecho" Sábados 12.00 - FM Radio Universidad de La Plata 107.5 Mhz Programa "Mediodía" de Nely Buscaglia Martes 12:30 horas- AM Universidad, 1390 Khz En internet http://www.lr11.com.ar
20 June 2007
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UA-198-2007: PHILIPPINES: Police' vehicle used in forcibly abducting a man in General Santos City
PHILIPPINES: Abduction and disappearance; police inaction; inadequate police investigation; witness protection; absence of rule of law
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Dear friends,
The AHRC writes with deep concern regarding the forcible abduction and subsequent disappearance of a man, Arnold Aliman, in General Santos City on 27 May 2007. Witnesses have revealed that the vehicle used by the abductors, who were armed, has been traced to the local police Criminal Investigation Branch (CIB). The whereabouts of the victim remain unknown and no credible investigation have been taken so far into the possible police' involvement in the abduction.
CASE DETAILS:
According to various sources, including a local newspaper, the Sun Star, victim Arnold Aliman (a.k.a. Dodong), was driving his motorcycle at around 5:30pm along Pedro Acharon Boulevard in General Santos City, on his way home on 27 May 2007 when he was forcibly abducted. He was supposed to return home after sending his girlfriend off at Saging Street, Barangay (village) Dadiangas South, of the same city. The victim is a resident of the city's Purok (a subsection of the village) Veterans Village.
While Aliman was stopped at an intersection, waiting for traffic light to turn green, a white pick-up vehicle stopped beside him. Three men from the vehicle alighted and forcibly dragged him inside their vehicle. When they were not able to subdue the victim due to his resistance, another three persons alighted and forced him inside. One of the abductors also took over the victim's motorcycle, with license plate number IV 3878.
One of the witnesses recounted that as the incident was taking place, the police officers at a police outpost situated just few meters did not intervene, despite the victim’s loud cries for help. Passersby and bystanders likewise ignored his plea. It is also learned that some of those who witnessed the abduction were activists, but they were too frightened to intervene because the abductors are armed and they too had been facing serious threats on their lives. The place where the abduction took place is usually a crowded and busy street, but the abductors were allowed to escape without hindrance or pursuit.
Soon after the victim’s abduction, some of witnesses went to a local police station, Pendatun Police Station, and later to the General Santos City Police Office’ (GSCPO) headquarters in Camp Fermin G. Lira. Surprisingly, a witness recognized the vehicle used by the abductors parked beside one of the headquarters’ office, the Intelligence and Detective Management Section (IDMS), which was formerly Criminal Investigation Branch (CIB).
Even though the testimonies of the witnesses could have help in locating the victim and identifying the abductors, no credible investigation has so far been taken as to why the vehicle used in abducting the victims was found inside the police headquarters. What the head of the GSCPO, Senior Superintendent Vicente Bautista, has done so far is to order the relief of the chief of the IDMS, Senior Inspector Maximo Sebastian, from his post. It was at Sebastian’s office that the vehicle was parked. But, amazingly, no investigation has been conducted to compel him or his men to explain the matter. The police leadership has even refused to admit that the relief order was due to the incident.
ADDITIONAL INFORMATION:
The abduction and subsequent disappearance of Arnold Aliman took place prior to the abduction of a political activist, Gilbert Rey Cadino (a.k.a Jing) on June 6. Unlike Cardino, who was released two days later by his captors, Aliman’s family had difficulty locating him. For further details please see: UA-185-2007. There is also no existing mechanism in place as to how the authorities would assist and help disappeared victim’s families to locate their loved ones.
Prior to his abduction, Aliman had served his jail term at the General Santos City Reformatory Center (GSCRC) for nine years for kidnapping charges. He had just been released in July last year.
Aliman’s abduction followed to abduction and subsequent disappearance that have previously taken place in the city. The couple, Nelly Intice (45) and her husband Federico (52), and another companion have remained missing after they were believed to have been abducted in 25 October 2006. The couple is both political and human rights activists. They were last seen heading towards the city’s bus terminal on their way home to nearby Davao City. Please see for further details: UA-380-2006.
SUGGESTED ACTION:
Please send letters to the authorities below requesting their effective intervention in locating the victim’s whereabouts. A credible investigation must also be conducted on the police’ possible involvement into the victim’s abduction. Please also request for an effective security and protection mechanism for the witnesses and the victim’s families without delay.
Suggested letter:
Dear _________,
PHILIPPINES: Police’ vehicle used in forcibly abducting a man in General Santos City
Name of disappeared victim: Arnold Aliman (a.k.a. Dodong), a businessman
Alleged perpetrators: Six men believed to have links with the police
Place of incident: At an intersection in Pedro Acharon Boulevard and Magsaysay Avenue, General Santos City
Date of incident: At around 5:30pm on 27 May 2007
I am writing to express my deep concern into the forcible abduction and subsequent disappearance of a man, Arnold Aliman, on 27 May 2007 in General Santos City. I have learned that six unidentified men, who are carrying firearms, in a crowded traffic intersection, forcibly abducted Aliman. One of them took over in driving the victim’s motorcycle soon after they forced him inside their vehicle.
What is shocking in this case, according to the information I have received, is that the vehicle used in forcibly abducting the victim was later traced to the police, which was even parked inside the headquarters office of General Santos City Police Office (GSCPO). It was reported to have been parked at the Intelligence and Detective Management Section (IDMS) of GSCPO soon after the incident. Those who witnessed the abduction also confirmed this.
I have learned, however, that despite serious allegations of the possible police’ involvement, as a result of the vehicle being traced to its headquarters, there has not been credible and independent investigation being made to look into this. While I appreciate the relief of the IDMS chief, Senior Inspector Maximo Sebastian, from his post, there is no known investigation conducted on him of his men. It is also disappointing that the investigation being conducted into the victim’s disappearance so far does not include them. The gravity of allegations I strongly believe should have merits an investigation of these policemen.
Furthermore, following the incident, I am disappointed that there has not been substantial progress in locating the victim’s whereabouts. I am also not aware of any mechanism created by the concerned authorities in place to locate the victim, in particular of involving his family into this process. I have also not heard of any security and protection arrangement afforded to the victim’s family and to witnesses of the abduction, which I believe, should have been urgently provided. I am deeply concerned that unless this requirement is meeting, there cannot be substantial progress to any effort to locate the victim’s whereabouts.
I am aware that this abduction is the latest to have occurred in the city and nearby area. As you are aware, the couple, Nelly Intice (45) and her husband Federico, and another companion were also reported abducted in October 2006. They whereabouts have remained unknown and they are still missing until now. They were last seen heading at a bus terminal when they disappeared. On June 6, political activist Gilbert Rey Cadino was also abducted but was later released in nearby Koronadal City. No substantial investigation has likewise taken place to identify his abductors.
I am deeply concerned of these incidents of forcible abduction and subsequent disappearance taking place in the city and nearby, and the lack of effective remedies for the victim’s families to locate their loved ones. I therefore urge you to use your authority to ensure that this is adequately addressed without delay. The government’s negligible action into these alarming cases is inexcusable.
Yours sincerely,
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PLEASE SEND YOUR LETTERS TO:
1. Mrs. Gloria Macapagal-Arroyo
President
Republic of the Philippines
Malacanang Palace
JP Laurel Street, San Miguel
Manila 1005
PHILIPPINES
Fax: +63 2 736 1010
Tel: +63 2 735 6201 / 564 1451 to 80
2. Dr. Purificacion Quisumbing
Commissioner
Commission on Human Rights
SAAC Bldg., Commonwealth Avenue
U.P. Complex, Diliman
Quezon City
PHILIPPINES
Tel: +63 2 928 5655 / 926 6188
Fax: +63 2 929 0102
Email: drpvq@yahoo.com
3. Director General Oscar Calderon
Chief, Philippine National Police (PNP)
Camp General Rafael Crame
Quezon City
PHILIPPINES
Tel: +63 2 726 4361/4366/8763
Fax: +63 2724 8763
Email: bluetree73@gmail.com
4. Mr. Raul Gonzalez
Secretary
Department of Justice
DOJ Bldg., Padre Faura
1004 Manila
PHILIPPINES
Fax: +63 2 521 1614
5. Mr. Emilio Gonzalez
Deputy Ombudsman
Office of the Deputy Ombudsman for the Military
and Other Law Enforcement Offices
3rd Floor, Ombudsman Bldg., Agham Road, Diliman
1104 Quezon City
PHILIPPINES
Tel: +632 926 9032
Fax: +63 2 926 8747
Email: omb1@ombudsman.gov.ph
Thank you.
Urgent Appeals Programme
Asian Human Rights Commission (ua@ahrchk.org)
Las identidades de los compatriotas que fueron usados como "conejillos de indias" son desconocidas, así como el paradero de sus restos. Solo se sabe que ocurrió en 1976.
La Dirección Nacional de Inteligencia chilena (DINA), la temida policía política que operó los primeros años de la dictadura de Augusto Pinochet, habría usado con dos peruanos el mortal gas sarín, según una investigación judicial en curso.
La indagatoria, a cargo del juez Víctor Montiglio, reveló que tras ser detenidos en un operativo callejero, dos peruanos sin vinculación política y cuyas identidades se desconocen, fueron utilizados como "conejillos de indias" en 1976 para probar el letal agente químico.
El gas sarín, como el cianuro, fueron desarrollados y utilizados por la dictadura chilena para el exterminio de opositores.
De acuerdo a la investigación judicial, el asesinato de los peruanos forma parte del caso llamado "Calle Conferencia", que investiga la muerte de los miembros de la cúpula clandestina del Partido Comunista chileno.
El caso era desconocido hasta ahora. La muerte de los peruanos no aparece en ningún informe oficial de víctimas del régimen militar y tampoco se conocen sus identidades ni qué pasó con sus restos.
Un informe oficial sobre ejecutados políticos y detenidos desaparecidos revelado en 1991, registra a sólo un peruano como víctima de la dictadura chilena, el cantante Percy Arana, acribillado en 1984 en la vía pública.
En el experimento con gas sarín habrían participado el químico chileno Eugenio Berríos y el agente estadounidense Michael Townley, quienes pertenecían a la llamada Brigada Lautaro de la DINA, a la que se le acusa de ser la principal responsable de las más de 3.000 víctimas que dejó el régimen de Pinochet (1973-1990).
Cabe recordar que este gas fue el mismo que se utilizó en el ataque a los trenes subterráneos de Tokyo en 1995.
Fuente: AFP
El juicio oral y público contra el sacerdote católico argentino Cristian Von Wernich por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar comenzará el 5 de julio próximo, informaron hoy fuentes judiciales.
El ex capellán de la Policía, que se encuentra detenido desde 2003, está acusado como partícipe en 41 casos de privaciones de la libertad y torturas, entre los que hay siete homicidios calificados.
Von Wernich, de 68 años, será juzgado por el Tribunal Oral Federal 1 de la ciudad bonaerense de La Plata, el mismo que en septiembre último condenó al ex policía Miguel Etchecolatz a prisión perpetua por seis casos de homicidio y dos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos durante la dictadura (1976-1983).
El de este ex policía fue el primer juicio contra un agente de la dictadura, tras la anulación en 2005 de las denominadas 'leyes del perdón' que beneficiaron a los represores.
Cristian Von Wernich fue capellán de la Policía de la provincia de Buenos Aires cuando la jefatura de esa fuerza durante el régimen militar estaba a cargo del general Ramón Camps.
Varios supervivientes de la denominada 'guerra sucia' que desató el régimen de facto contra sus opositores han asegurado que el sacerdote, además de visitar cárceles ilegales, acompañaba a los escuadrones paramilitares que secuestraban personas y presenció fusilamientos.
También señalaron que Von Wernich se ofrecía a confesar a los cautivos en las cárceles ilegales para 'sacarles información' sobre presuntos guerrilleros u opositores políticos, datos que luego transmitía presuntamente al general Camps.
En su declaración ante la justicia, el sacerdote señaló que visitaba las comisarías para dar apoyo espiritual a quienes allí se encontraban y que no se trataba de centros clandestinos de detención.
Von Wernich, de quien el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel dijo que 'tiene sus hábitos manchados de sangre', regresó a Argentina en 2003 después de haber sido descubierto en Chile, donde vivía con identidad falsa.
En mayo último, el tribunal que juzgará a Von Wernich ordenó que el sacerdote fuera enviado a una cárcel común tras considerar un privilegio el estar alojado en una sede policial.
Según datos oficiales, 18.000 personas desaparecieron a causa de la represión desde 1976 a 1983, aunque los organismos de derechos humanos elevan esa cifra a 30.000.
Mario Alberto Gómez Arena fue jefe de inteligencia mientras se sucedieron los tormentos en "La Escuelita". Se lo acusa de ser quien definía la suerte de los detenidos y torturados.
NEUQUEN (ACE).- El jefe de Inteligencia y uno de los máximos responsables por los tormentos en "La Escuelita", Mario Alberto Gómez Arena, fue indagado ayer en el juzgado federal de Neuquén.
El imputado, coronel retirado de inteligencia Mario Alberto Gómez Arena (76), se negó a declarar y su defensa solicitó la prisión domiciliaria. Hasta tanto el juez Guillermo Labate defina su situación, continuará alojado en la U11.
Durante las investigaciones judiciales cuando se abrieron las primeras causas penales, al general (fallecido hace pocos años) José Luis Sexton se le atribuyó la puesta en marcha del centro clandestino de Neuquén en junio de 1976, en tanto se consideró que esto fue posible por el accionar conjunto con el entonces teniente coronel Mario Alberto Gómez Arena -como el jefe del destacamento de inteligencia 182 de Neuquén- y el jefe de inteligencia del comando, teniente coronel (re) Oscar Reinhold actualmente procesado en esta causa.
Para la querella y la fiscalía, Gómez Arena "debería dar cuenta por todos los casos", se indicó.
De hecho, la fiscalía federal que coordina José María Darquier, solicitó que se lo imputara por su responsabilidad en las denuncias de 65 de las víctimas que tramitan su causa en el juzgado federal de Neuquén.
Labate lo indagó por 15 denuncias relacionadas con la investigación de la causa en el tramo de lo ocurrido en el centro clandestino que funcionó en el batallón de Neuquén.
Se le imputó privación ilegal de la libertad calificada, tormentos agravados y asociación ilícita. Debido a las constancias en la causa por su participación en más hechos, se preven otras citaciones de Gómez Arena para ser indagado en otro tramo del proceso, se indicó.
Según las investigaciones,
al menos dos testigos habrían identificado a Gómez Arena en el interior del centro de torturas.
Pero el accionar del ex jefe de inteligencia del destacamento abarcó también tormentos en la delegación neuquina de la Federal y comisarías, presumiblemente las de Cutral Co y Cipolletti; dijeron fuentes judiciales.
Se considera que Gómez Arena era uno de los que definía la suerte de las personas detenidas ilegalmente en "La Escuelita" de Neuquén, también quien decidía el traslado de las víctimas hacia otro centro clandestino o hacia el penal; y que tenía ingerencia en la planificación de allanamientos y de detenciones.
Pidió el retiro en 1981, tras lograr el ascenso como coronel de inteligencia del batallón 601.
Por su accionar en Capital está sujeto a otros dos procesos de violaciones a los derechos humanos: la causa Scagliusi y la del primer cuerpo del Ejército.
En Neuquén, cuando no funcionaba aún "La Escuelita" y las detenciones y tormentos se llevaban a cabo en otros lugares, se lo vinculó a las accione planificadas en conjunto con otro de los imputados en la causa, Raúl Guglielminetti, quien fue identificado por las víctimas como uno de los torturadores cuando los interrogatorios se hacía en los sótanos de la policía federal.
http://www.rionegro.com.ar/diario/2007/06/20/20076n20s07.php
A private corporation joins Bush administration's conspiracy to obstruct justice
by Nat Hentoff
June 19th, 2007 8:51 PM
CIA director Michael Hayden, defending the practice of sending terrorism suspects to countries that interrogate by torture via secret "renditions," told USA Today last month that this program is "lawful, in keeping with Western values.
"I've never managed a more sensitive, law-abiding workforce [than the CIA] in my life," added the former head of the National Security Agency, which has long engaged in lawless spying on American phone calls and e-mails.
In its story, USA Today failed to note that a 1998 U.S. law, the Foreign Affairs and Restructuring Act, explicitly states: "It shall be the policy of the United States not to expel, extradite or otherwise effect the involuntary return of any person to a country in which there are substantial grounds for believing the person would be in danger of being subjected to torture."
The ACLU, in its lawsuit against Boeing's subsidiary, Jeppesen DataPlan (which, among other things, operates an elite travel agency), is representing three victims of the CIA's renditions—an Ethiopian, Italian, and Egyptian. In court papers, the ACLU reveals how this branch of the world's largest aerospace company collaborates with Hayden's "men in black" to ignore both our laws and international treaties:
"In providing its services to the CIA, Jeppesen knew or reasonably should have known that plaintiffs would be subjected to forced disappearances, detention, and torture in countries where such practices are routine. Indeed, according to published reports, Jeppesen had actual knowledge of its activities [violating the Alien Tort Statute of 1789]."
The ACLU then goes to the smoking gun in this case, as first reported by The New Yorker's Jane Mayer in "The CIA's Travel Agent" (October 30, 2006):
"A former Jeppesen employee, who asked not to be identified, said recently that he had been startled to learn, during an internal corporate meeting, about the company's involvement with the rendition flights. At the meeting, he recalled, Bob Overby, the managing director of Jeppesen International Trip Planning, said, 'We do all of the extraordinary rendition flights—you know, the torture flights. Let's face it, some of these flights end up that way.'"
Mayer also reported that Overby was heard to say that the CIA flights paid well because the agency had no worries about how it spent the taxpayers' money.
After I saw Mayer's story last October, I called Jeppesen's San Jose, California, headquarters for a reaction. Nobody would talk to me. So I called Boeing's Chicago headquarters. All I got was a round of "no comments."
Once the ACLU lawsuit was filed in federal court in San Jose on May 30, 2007, Mike Pound, a spokesman for Jeppesen, told the Associated Press the next day:
"We don't know the purpose of the trip for which we do a flight plan. We don't need to know specific details. It's the customer's business, and we do the business that we are contracted for. It's not our practice to ever inquire about the purpose of a trip."
How interesting it would be to contrast that corporate alibi with what Overby might say in a courtroom, under oath, about Jeppesen's frequent spare-no-expenses customer.
But before this case can get before a judge and jury, I predict—and I'll be delighted to be wrong—that the Bush administration will intervene and argue that the case cannot be heard on national-security grounds, because the CIA's "sources and methods" could be revealed to the enemy. This is the "state secrets" privilege that the Bush Justice Department has invoked more than any previous administration—with the result that an open-society judge in another important case said, "Democracy dies behind closed doors."
That judge was the Sixth Circuit Court of Appeals' Damon Keith in 2002, when then–Attorney General John Ashcroft, tearing up the First Amendment, closed deportation hearings for alleged terrorism suspects to the press. Ruling against Ashcroft, Judge Keith emphasized: "The only safeguard against this extraordinary government power is the public."
And that's why the current ACLU lawsuit against Boeing's Jeppesen travel agency is so vital. Neither the Congress nor the courts have yet directly probed the so-called legal basis on which George W. Bush gave the CIA "special powers" to conduct these renditions (the text of which order he will not release).
But at least in this case, the public may be able to hold up to scrutiny the practice of CIA agents, all in black, dragging their hooded, shackled prisoners onto Boeing 737s for journeys meticulously planned by the Jeppesen travel agency, on their way to other countries' torture chambers.
Michael Hayden may then finally be called before a Congressional committee. There, he would be confronted and ordered to provide the specific laws that have permitted him to orchestrate this spider's web of rendition flights.
Also, if there are indeed such laws that legitimize torture—the practice of which everyone in this administration indignantly denies—then why does the Justice Department need to invoke "state secrets" in these cases?
What will become clear to the public, if there is a trial, is that this administration's pervasive "national security" secrecy and lawlessness have actually created a far-ranging conspiracy to obstruct justice. And in these "torture flight" cases, such private corporations as Boeing and its Jeppesen travel agency criminally become part of this conspiracy, which has twisted the rule of law out of any recognizable shape.
The ACLU distills the significance of this lawsuit in a key passage: "Jeppesen's role as coordinator with virtually all public and private third parties [in these international kidnappings] permitted the CIA to conduct its illegal activities below the radar of public scrutiny—and beyond the reach of the rule of law.
"In short, without the assistance of Jeppesen and other corporations, the US . . . rendition program could not have gotten off the ground."
With the Fourth of July coming up, I'd like to remind Michael Hayden why we had a revolution: to be free of arbitrary rulers and their secret prisons. But now, just in time for Independence Day, Amnesty International, the Center for Constitutional Rights, and Washington Square legal services have filed a lawsuit in the U.S. District Court of New York against the CIA and the Justice, Defense, and State departments to get all the secrets of these CIA "renditions." I'll keep you posted.
(168 Horas – miércoles 20 de junio de 2007) Alberto Linares, titular del Centro de Protección de Asistencia a la Víctima de la Provincia de Buenos Aires, dijo que la oficina a su cargo tiene por objeto acompañar y contener a "toda víctima de la provincia de Buenos Aires".
Explicó que "hemos abordado testigos de causas de juicios ordinarios y juicios por crímenes de lesa humanidad". Agregó que "cuando la persona tiene la necesidad de entrevistarse con el juez, con el fiscal, cuando tiene una necesidad de salud o de seguridad, nosotros hacemos la gestión en el ámbito correspondiente".
En diálogo con una emisora, señaló que cuando una persona ha sido agredida por un agente del Estado, "tiene toda la reticencia de que alguien que pertenece a esa misma fuerza esté hoy custodiándolo en la puerta".
Linares indicó que se trata de "algo natural", por lo que en esos casos se hace uso de "mecanismos alternativos". Con respecto a los juicios contra represores de la dictadura, el funcionario aseguró que a los testigos se les brinda una especial dedicación debido a que son personas que tienen que revivir, en un ámbito público, momentos terribles que han vivido hace 30 años, lo que constituye un hecho "muy traumático y complejo".
El Centro tiene sede en La Plata, calle 48 Nº 726 primer piso; los teléfonos son (0221) 427-2400 ó (0221) 427-4004 y el correo electrónico es cpv@gba.gov.ar
El ex presidente de la dictadura cuestionó el sistema de subrogancias.
El dictador Reynaldo Benito Bignone recusó ayer a uno de los magistrados del Tribunal oral que lo juzgará por su responsabilidad en el robo de bebés durante la última dictadura militar porque ejerce el cargo el subrogancia.
La presentación fue realizada ante el Tribunal oral Federal número 6 y apuntó directamente al juez sobrogante Jorge Gorini cuyo apartamiento fue solicitado por Bignone.
Ese tribunal será el encargado de llevar adelante el proceso oral contra Bignone y otros represores acusados de haber sustraído ilegalmente hijos de madres desaparecidas durante la última dictadura militar.
En su presentación Bignone cuestionó el sistema de subrogancias implementado por el Consejo de la Magistratura al calificarlo de "manifiestamente inconstitucional".
En este sentido recordó que el artículo primero del Código Procesal Penal de la Nación establece que "nadie podrá ser juzgado por otros jueces" que los designados de acuerdo con la Carta Magna.
Hace unas semanas la Corte Suprema de Justicia estableció que el sistema de subrogancias es inconstitucional pero aclaró que para evitar nulidades masivas en las investigaciones los magistrados designados bajo ese sistema seguirán en sus cargos durante el plazo de un año.
Esta investigación fue elevada a juicio oral y público por el juez federal Guillermo Montenegro quien imputó a los represores Bignone, Cristino Nicolaides, Santiago Omar Riveros, Rubén Franco, Antonio Vañek, Jorge "el Tigre" Acosta y Héctor Febres.
http://www.eltribunosalta.com.ar/edicion-salta/nacionales/20070620_005926.php
by Amnesty International
Wednesday Jun 20th, 2007 7:23 AM
(Brussels, 20 June) As Heads of State and Government of the EU's 27 countries prepare to meet in Brussels to discuss treaty reform Amnesty International once again appeals for EU action in response to the serious accusations of complicity in illegal activities by several EU member states in the context of counter-terrorism.
"In trying to chart the EU's future, EU leaders cannot ignore this key issue which more than anything puts into question the EU's credibility. Today, when it criticizes human rights abuse in Russia or China the EU is reminded of European complicity in CIA renditions" says Dick Oosting, Director of Amnesty International's EU Office.
New revelations of the existence of secret prisons in Romania and Poland by the Council of Europe are only the latest in a series of findings that over the past two years have seriously damaged the EU's credibility internationally as well as at home.
Recently Amnesty International together with other major human rights organizations released a report naming 39 men who remain missing and are believed to have been subjected to enforced disappearance by the US authorities. ( Off The Record -- Secret CIA Detention is available at web.amnesty.org/pages/stoptorture-070607-features-eng)
The likelihood that EU member states were implicated in at least some of these cases is high. The likelihood that several of these men may have been detained and tortured on EU soil is also real in light of the Council of Europe's report.
And yet the response of EU leaders to these extraordinary facts has been silence. There has not been a single declaration of acknowledgement, or denial, for that matter. Instead, as findings pile up the debate is repeatedly turned to the issue of "proof".
"The debate on whether or not there is enough proof can go on indefinitely but it will not make this issue go away. The EU ought to look at Canada and the Maher Arar case and learn from a country that at least acknowledged the problem and took political responsibility", said Oosting.
"The grave nature of the accusations alone should be serious enough to engage EU political responsibility. Yet we are still waiting for one EU leader to stand up and say it is the EU's business to stop and prevent kidnapping, torture and disappearances in Europe" added Oosting.
In a letter to EU leaders (available at www.amnesty-eu.org) Amnesty International expressed its disappointment and concern for the lack of leadership to tackle this issue and called on the EU and its member states to:
* Acknowledge its responsibilities;
* Stop ongoing violations;
* Ensure reparations to victims;
* Bring to justice those responsible for human rights violations;
* Prevent further serious breaches of human rights in the future.
For further comment/background and interviews:
Amnesty International EU Office (Brussels)
Tel: +32-2-5021499
Fax: +32-2-5025686
Email: AmnestyIntl@aieu.be
Web-site: http://www.amnesty-eu.org
Un juez chileno condenó a cinco años de prisión al general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, por la desaparición de un carpintero en 1974, informaron hoy fuentes judiciales.
El fallo, dictado por el juez Juan Eduardo Fuentes, sentencia además a cinco años de prisión al agente civil de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Osvaldo Romo y a tres años y un día de presidio a los ex brigadieres del Ejército Miguel Krassnoff y Marcelo Moren Brito.
De este modo, Contreras, que fuera uno de los más estrechos colaboradores del dictador Pinochet, que falleció en diciembre pasado, acumula más de quince condenas por violaciones a los derechos humanos, por períodos que van de cinco a quince años de cárcel.
La sentencia del magistrado se refiere a la desaparición de Ofelio de la Cruz Lazo Lazo, de 42 años, de profesión carpintero y militante de izquierda, quien fue detenido en su casa por efectivos de la DINA el 30 de julio de 1974, y se encuentra desaparecido desde la fecha de su aprehensión.
Según el Informe Rettig que documentó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990), Lazo fue detenido pocas horas antes que su amigo, también desaparecido, Eduardo Enrique Alarcón Jara, y agrega que se desconocen antecedentes referidos a lugares de detención de ambos opositores.
Todos los condenados están actualmente en prisión, cumpliendo otras sentencias por violaciones a los derechos humanos.
Terra Actualidad - EFE
| CPN RADIO 19 jun| Un macabro hallazgo se realizó en la zona conocida como Campi Chico, ubicada a 2 kilómetros de la ciudad de Huancavelica, región del mismo nombre, luego que en un desmonte de construcción se hallaran restos óseos de al menos 10 personas.
Los pobladores al conocer del hecho demandaron una pronta investigación de los hechos y recordaron que en dicho lugar, que pertenece en la actualidad a la Universidad Nacional de Huancavelica, durante la época terrorista funcionó el Comando Político Militar.
En diálogo con CPN RADIO, los deudos denunciaron que mientras operó la ex sede militar ocurrieron desapariciones forzadas de sus seres queridos.
"Demandamos una pronta investigación de todo lo ocurrido", insistieron los pobladores de Campi Chico.
Wednesday 20th June 2007
The Community Court of Justice of the Economic Community of West African States (ECOWAS) in Abuja, Nigeria, has issued a hearing notice for a suit filed against the Republic of The Gambia by the Media Foundation for West Africa (MFWA) on behalf of a “disappeared” Gambian journalist, Chief Ebrima Manneh, a reporter of the Banjul-based Daily Observer newspaper.
This follows an application filed on behalf of the journalist by MFWA through its Journalists’ Legal Defence Programme. The application seeks an order from the sub-regional court to get the government of President Yahya Jammeh to immediately release Chief Manneh and compensate him adequately.
The court has fixed July 10, 2007 for the hearing. The date coincides with the eve of the first anniversary of Manneh’s arrest and incarceration. Colleagues of Manneh witnessed his arrest by two plain-clothes security personnel at the Daily Observer’s premises in July 2006. But the government and police claim they do not know the whereabouts of Manneh.
The writ, filed by Nigerian human rights lawyer Femi Falana, a member of the MFWA Legal Defence Network, said that the arrest of Manneh without warrant and his continual detention is unlawful and a violation of his right as guaranteed under Articles 4, 5 and 7 of the African Charter on Human and People’s Rights. It also violates Article 6 of the African Charter on Human and Peoples Rights which guarantees his right to personal liberty.
The Gambian government has blatantly refused several requests from human rights groups to either release or charge Manneh if he has committed any offence.
In a reaction to the continued demands for the release of Manneh, the Gambia Police Force, after eight months of the journalist’s disappearance, on 21 February 2007 officially denied ever arresting him and urged the general public to furnish it with any “relevant” information about him.
MFWA sources have indicated earlier that after his arrest, Manneh was detained variously at the NIA Headquarters, Mile Two Central Prisons, Kartong Police Station, Sibanor Police Station, Kuntaur Police Station and then at Fatoto Police Station where he was last spotted after 188 days incommunicado.
Gambian media practitioners have been subjected to unlawful arrests, detentions, murder, and closure of newspapers resulting in several journalists escaping into exile. Those within are practising self-censorship as a means of protection, MFWA concludes.
El ex jefe de la Policía de Salta está imputado por homicidio calificado doblemente agravado por la muerte de presos políticos. Declaró ayer ante la jueza federal jujeña Graciela Coma en la causa abierta por la masacre de Palomitas.
SALTA. El ex jefe de la Policía de Salta, Joaquín Guil, quedó detenido en su domicilio después de declarar ayer ante la jueza federal jujeña Graciela Coma en la causa abierta por la Masacre de Palomitas.
"El arresto domiciliario se otorgó al imputado como beneficio por su edad -tiene 70 años-", dijo esta mañana Tania Nieves Kiriaco, abogada de agrupaciones de derechos humanos.
La letrada explicó que ayer en la noche la magistrada ordenó la detención preventiva de Guil en Gendarmería como imputado por "homicidio doblemente calificado por alevosía y concurso premeditado de dos ó más personas".
"Sin embargo a última hora de la noche, los abogados del ex policía apelaron la medida y se le otorgó la prisión domiciliaria", dijo Kiriaco.
A Joaquín Guil se lo acusa de haber participado directamente en los sucesos que terminaron en el fusilamiento de 12 presos políticos.
En el juicio por la Masacre de Palomitas, ocurrida el 6 de julio de 1976, también están imputados los militares Hugo César Espeche, Carlos Mulhall y Miguel Gentile.
Kiriaco indicó que los familiares de las víctimas de la Masacre de Palomitas tienen la sensación que "ésta causa se dilató en el tiempo para beneficiar a Guil con la prisión domiciliaria".
Montevideo, 19 jun (EFE).- Unos 4.000 uruguayos de todos los partidos políticos acompañaron hoy al presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, en su iniciativa de conmemorar por primera vez el "Nunca más" contra el terrorismo de Estado, la violencia guerrillera y las violaciones a los derechos humanos, decisión que generó polémica.
"El Nunca más es un proceso, así se debe entender y llegar a la reconciliación total de los uruguayos es difícil, pero es lo que estamos buscando", dijo a Efe el viceministro de Defensa Nacional, José Bayardi.
La iniciativa dividió a los partidos políticos y por diferentes motivos las principales figuras, incluso del gobernante Frente Amplio, grupos sindicales y organizaciones sociales decidieron respaldar u oponerse a la propuesta del jefe de Estado.
En el acto no hubo discursos.
Vázquez llegó hasta la Plaza Independencia, ubicada en el centro de Montevideo, y colocó una ofrenda de flores con los colores de la bandera uruguaya en el monumento al héroe libertador uruguayo, general José Gervasio Artigas.
El gobernante eligió el día del "Nunca más" en conmemoración del 243 aniversario del natalicio de Artigas.
Vázquez fue acompañado por su esposa, María Auxiliadora Delgado, y la viuda del líder histórico del Frente Amplio, general Líber Seregni, Lily de Seregni, que fue muy aplaudida por los presentes.
El jefe de Estado dedicó un saludo especial a Pedro Bordaberry, del opositor Partido Colorado e hijo de Juan María Bordaberry, el ex presidente constitucional devenido en dictador tras el golpe de Estado de 1973.
El casi octogenario Juan María Bordaberry fue recientemente procesado por la Justicia, acusado por la muerte de uruguayos durante la dictadura (1973-1985) y tras estar en prisión ahora cumple arresto domiciliario debido a su precario estado de salud.
En el acto también estuvo presente el líder del Partido Nacional, principal de oposición, Jorge Larrañaga.
Sin embargo, los tres presidentes uruguayos tras el retorno de la democracia Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), Jorge Batlle (2000-2005), ambos del Partido Colorado, y Luis Alberto Lacalle (1990-1995), del Partido Nacional, no tomaron parte en el acto por no estar de acuerdo con la iniciativa.
Algunos sectores radicales del partido de gobierno manifestaron su rechazo a la propuesta del presidente y convocaron a una marcha en contra por entender que Vázquez "plantea la reconciliación de los uruguayos con la impunidad", debido a que continúan desaparecidos decenas de uruguayos detenidos durante la dictadura.
"Nunca más terrorismo de Estado, nunca más uruguayos contra uruguayos", afirmó el socialista Vázquez al anunciar semanas atrás su propósito con la conmemoración.
La asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos y la principal central obrera uruguaya PIT-CNT tampoco acompañaron la iniciativa.
Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas uruguayas fueron "invitados" por Vázquez a asistir, lo que en la esfera militar es considerado una orden y estuvieron presentes en primera fila.
Sin embargo, el Círculo Militar, que agrupa a militares retirados, afirmó que los sectores radicales "le torcieron el brazo" al mandatario y convocó a no tomar parte en el acto.
Vázquez tenía previsto organizar un desfile cívico-militar, como es tradicional el 19 de junio para homenajear a Artigas, pero debido a las discrepancias de la mayoría de los grupos que integran el gobierno la conmemoración quedó limitada a una ofrenda de flores sin desfile ni discursos. EFE.
20 de Junio de 2007
por Manuel Guerrero Antequera
Iturriaga significa en vasco "el lugar donde hay fuentes". Y qué espeluznantes son las fuentes que nos lega el General en retiro Raúl Iturriaga Neumann, quien se ha negado con éxito a presentarse al Penal Cordillera, donde tiene que cumplir condena por secuestro calificado.
A fines del mes de mayo la Corte Suprema de Justicia rebajó la sentencia de 10 años a 5 años y un día de cárcel dictada en contra del ex Jefe del Departamento Exterior de la DINA, por el crimen del estudiante universitario de 22 años de edad, militante del MIR, Dagoberto San Martín Vergara. El ex general Iturriaga está procesado, además, por el asesinato del ex Comandante en Jefe del Ejército y ex Vicepresidente de la República, General Carlos Prats González, y su esposa Sofía Cuthbert, ocurrido en 1974 en Buenos Aires. Iturriaga se encuentra a su vez condenado a 18 años de cárcel y con orden de captura internacional dictada por la Justicia Italiana por el atentado terrorista en contra del ex Vicepresidente de la República, y fundador de la Democracia Cristiana, don Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno, ocurrido el año 1975 en Roma. Es requerido desde España por el juez Baltasar Garzón por los asesinatos de los sacerdotes Antonio Llidó y Joan Alsina y del funcionario de las Naciones Unidas Carmelo Soria, perpetrado en julio de 1976. Fue miembro de la plana mayor de Villa Grimaldi y jefe de la Brigada Purén que se encargó de la represión, detención, tortura y desaparición de las dirigencias del Partido Socialista y el Partido Comunista de Chile.
Todo lo anterior es muestra suficiente del carácter probadamente criminal de Raúl Iturriaga Neumann. Sin embargo, no es todo. El ex general terrorista es responsable además de los casos de detenidos desaparecidos ocurridos en el marco de la Operación Colombo, conocida como el "Caso de los 119", operativo montado por el Servicio de Inteligencia del dictadura chilena en julio de 1975, que consistió en el desaparecimiento forzado de 100 hombres y 19 mujeres, seguido del encubrimiento a través de un montaje comunicacional que formó parte de la Operación Cóndor, plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
En tal operación detuvieron a mis tíos Jorge y Juan Carlos Andrónicos Antequera, de 25 y 23 años de edad, quienes fueron trasladados desde su hogar al cuartel de calle José Domingo Cañas esquina República de Israel, a cargo de la DINA, y luego transportados al centro de reclusión de Cuatro Álamos, pabellón de incomunicados del recinto de detención de Tres Álamos, desde donde fueron sacados con destino desconocido el día 11 de noviembre de 1974, última ocasión en que se los vio, ignorándose sus paraderos hasta el día de hoy. Patricia, cónyuge de Jorge, tenía 9 meses de embarazo al momento de su brutal detención que le tocó presenciar.
Tanto Jorge como Juan Carlos aparecieron en las publicaciones de la revista "Lea" de Buenos Aires y "O'Dia" de Paraná, Brasil, donde se indicaba que habrían sido muertos por sus propios compañeros de militancia en disputas intestinas o que habían sido abatidos por fuerzas de seguridad argentinas en la provincia de Salta. Aquella fue la primera y única aparición de la revista "Lea", no correspondiendo su domicilio ni identidad de su editora y director responsable a la realidad, figurando en cada ejemplar sólo un pie de imprenta ininteligible. "O'Dia", por su parte, reapareció en los kioscos solo para entregar aquella información luego de años de silencio, para luego volver a salir completamente de circulación. Tampoco constaba de un domicilio ni director responsable que se pudiera identificar.
Mis tíos Jorge y Juan Carlos forman parte de las 119 personas citadas en las nóminas de ambas publicaciones quienes coinciden con detenidos desaparecidos en Chile. Hasta la fecha Jorge y Juan Carlos Andrónicos Antequera se encuentran desaparecidos, así como cientos de personas a más de tres décadas de ocurridos los hechos.
Nuestro país se jacta de estar dentro de las sociedades con presencia en importantes rankings mundiales de competitividad, bajo riesgo país, serio aliado comercial de potencias económicas, pero no ha sido capaz de hacer justicia en casos tan elementales de violación a los derechos humanos de primera generación como los perpetrados por el terrorismo de Estado en manos de personas como el ex general Raúl Iturriaga Neumann. ¿Qué clase de código ético de conducta están socializando las instituciones de la República en las nuevas generaciones de militares si no se está en condición de hacer cumplir lo que dictaminan los Tribunales de Justicia? ¿Qué futuro estamos construyendo como sociedad si el presente no se hace cargo de la deuda en verdad y justicia que se tiene con compatriotas asesinados por obra de una máquina de exterminio diseñada, alimentada y ejecutada con recursos públicos? ¿De qué progreso y desarrollo se habla cuando cualquier éxito que se alcance como sociedad se levanta aún sobre las ruinas de las vidas de miles y miles de personas cuyo clamor por juicio, castigo y reparación es insultado por la fuga de un militar terrorista que hace uso incluso de los medios de comunicación para llamar a la insubordinación de los militares activos al poder civil y al Estado de derecho?
Si somos tan efectivos como Estado para detener y castigar a muchachos "chascones, vegetarianos y anarquistas", secundarios "pingüinos rebeldes", niños de 14 años de edad "delincuentes", ¿por qué somos tan débiles para actuar contra quienes realmente constituyen un peligro para ya no solo la sociedad chilena sino para el conjunto de la humanidad? Sin duda se ha avanzado en muchos planos, pero mientras existan los Raúl Iturriaga Neumann que se dan el lujo de reírse en la cara de los Tribunales de Justicia, mientras tengan espacio personeros de derecha como Carlos Larraín, que con voz de sordina considera que cultivar la memoria de los asesinados anunciado por la Presidenta es practicar "nostalgia arqueológica", la ciudadanía de buena voluntad de Chile, el continente y el mundo, tenemos razones suficientes para pensar que esta democracia, a veces considerada ejemplar, está siendo sistemáticamente rebajada a una mueca siniestra de un dictador que no termina de morir a pesar de su muerte. Revanchismo jamás. Exigimos al Estado de Chile que haga cumplir la justicia, nada más, pero tampoco nada menos.
CIIDH, DESCGUA, GAM, FAMDEGUA,
PDH, FAFG, IM, MNDH, ODHAG,
CDHG, CAFCA, HIJOS.
Invitamos al
Foro
El Congreso de la República
ante la Iniciativa de Ley
de Desaparición Forzada
A realizarse el Día 20 de Junio de 2007 en Casa Ariana, Salón Pablo Picaso, ubicada en Avenida Reforma y 11 Calle Esquina zona 9
Hora: 10:00am
WITH the government exerting its utmost efforts to find kidnapped Italian priest Giancarlo Boss, the head of the Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) urged authorities "to show the same zeal and dedication" in locating other victims of forced disappearances and abduction or desaparecidos.
"The government should also exert effort finding those who are victims of mysterious disappearances," said CBCP president Jaro Archbishop Angel Lagdameo.
Lagdameo also said the government should consider the series of disappearances and abductions as "a serious matter."
The military and Moro rebel group are on the heels of a group that abducted Bossi two weeks ago in Zamboanga Sibugay.
Citing a report of the human rights advocate group Karapatan, Lagdameo said the total number of people abducted and been victims of forced disappearances has already reached 199 since President Gloria Macapagal-Arroyo assumed office in January 2001.
Lagdameo called on the Arroyo administration to investigate and determine the fate of those who disappeared under mysterious circumstances. "They should be able to bring the perpetrators to justice," he added. (MSN/Sunnex)
The Associated Press
KATMANDU, Nepal: About 200 people barricaded the Nepalese prime minister's house Tuesday, demanding the government reveal the whereabouts of hundreds of people who allegedly disappeared during a decade-long civil conflict.
"We are demanding the government provide information on our family members who disappeared during the conflict," said protest leader Sharmila Tripathi, as fellow demonstrators chanted slogans and blocked entrances to the prime minister's official residence in the capital Katmandu.
Tripathi said her husband disappeared about four years ago and she has no idea what has happened to him.
Maoist rebels gave up their armed revolt last year and joined a peace process to end the decade-old insurgency.
But at the height of the fighting from 2001 to early 2006, hundreds of people were detained by the army and many disappeared while they were being held. Emergency laws had allowed for soldiers to pick up suspects and hold them without charge.
The interim government, which took control in April 2006, has repeatedly said it will investigate the alleged disappearances but has yet to take decisive steps in that direction.
Nepal's supreme court ordered the government on June 1 to investigate the "large number of enforced disappearance cases."
New York-based Human Rights Watch issued a statement last week saying, "The Nepali government should quickly implement the Supreme Court's recent order to establish a Commission of Inquiry to investigate the thousands of enforced disappearances in Nepal's civil conflict."
The international rights group said Nepal's new government has promised to find the truth and ensure justice for disappearances but has been slow to make good on these pledges.
Estimates of the number of people who disappeared vary and the government has not given any figure, but rights groups have said it is in the hundreds.
By Colleen Barry, Associated Press Writer
Published: 19 June 2007
An Italian judge yesterday suspended the first trial involving the CIA's extraordinary rendition program until the country's highest court can rule on the government's challenge that evidence used to build the case was classified.
The Italian government has asked the Constitutional Court to throw out the indictments against the 26 American defendants, all but one identified by prosecutors as CIA agents. They are accused of kidnapping an Egyptian terror suspect from a Milan street on Feb. 17, 2003.
In an argument that would effectively scuttle the case, state lawyers have said that the judge who issued the indictments unlawfully relied on state secrets to justify the charges. The high court is to also hear another similar challenge saying prosecutors had gone too far by wiretapping phone conversations of Italian secret service agents.
The 26 Americans have left Italy, and a senior US official has said they would not be turned over for prosecution even if Rome requests it. The government has not yet responded to prosecutors' requests to seek their extradition, and the justice minister has indicated that the Constitutional Court's ruling would be a key factor.
On Monday, Judge Oscar Magi suspended the trial until Oct. 24, agreeing to a request by the defense to put the trial on hold until the Constitutional Court's ruling, which is expected on Oct. 19.
The ruling will indicate whether the trial will have the power to publicly air details of the US renditions - moving terrorism suspects from country to country without public legal proceedings.
The judge also stopped the clock on the statute of limitations until the trial reconvenes. The statute of limitations on the charge of abduction with aggravating circumstances is 12½ years from the date of the crime; four years and four months have elapsed.
"It's a very clean decision," said Alessia Sorgato, a lawyer for several American defendants. "It's like sealing the case in Tupperware and putting it in the freezer."
Italian prosecutors say Osama Moustafa Hassan Nasr, also known as Abu Omar, was abducted in an operation coordinated by the CIA and Italian intelligence, then transferred to US bases in Italy and Germany before being moved to Egypt, where he was imprisoned for four years. Nasr, who was released Feb. 11, said he was tortured.
Prosecutor Armando Spataro argued vigorously that the court must continue its deliberations despite the pending case in the highest court, denying that any state secrets were involved in the preparation of the case and expressing confidence that the Constitutional Court's decision would back him up.
Prosecutors said the decision effectively gives the government inordinate powers to interfere with the justice system. "Is it possible to have a system in which a trial can be suspended anytime any government decides to launch a conflict?" co-prosecutor Ferdinando Pomarici said.
Besides the Americans, seven Italians also were indicted in the case, including Nicolo Pollari, the former chief of military intelligence. Pollari has denied any involvement by Italian intelligence in the abduction.
El Estado chileno deberá pagar cuantiosas indemnizaciones a las familias de doce jóvenes opositores a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que fueron asesinados en 1987 por agentes de la policía secreta del régimen, informaron hoy fuentes judiciales.
Así lo convinieron hoy los familiares de las víctimas de la llamada 'Operación Albania' y representantes del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en una audiencia de conciliación ante el juez Domingo Hernández, de la Corte Suprema.
En la reunión, los abogados representantes de los familiares de los doce miembros del izquierdista Frente Patriótico, Manuel Rodríguez (FPMR) , Nelson Caucoto y Adil Brcovic, manifestaron al presidente del CDE, Carlos Mackenney, que aceptaban la cuantía de la reparación, que fue ofrecida por el organismo la semana pasada.
El acuerdo no oficializó la cuantía que recibirá cada grupo familiar, porque su texto debe ser ratificado mañana, martes, por el pleno de los consejeros del CDE.
Sin embargo, trascendió en fuentes de la II Sala de la Corte Suprema que la indemnización será cercana a la que fue fijada en primera instancia por el juez que lleva el caso, Hugo Dolmestch, en unos 570.000 dólares (425.246 euros) por familia.
El abogado Caucoto, en declaraciones a los periodistas, valoró el acuerdo, y aseguró que se está abriendo una nueva vía para asegurar las reparaciones a las víctimas de la dictadura.
Con este acuerdo, llega a su fin el proceso Albania en materia civil, mientras que en lo penal se espera que, a comienzos de julio próximo, podría salir el fallo de la Corte Suprema sobre las condenas a los ex miembros de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), autores de los 12 homicidios.
El pasado 28 de diciembre, la Corte de Apelaciones confirmó una sentencia de cadena perpetua contra el general retirado Hugo Salas Wenzel, máximo jefe de la CNI cuando ocurrió la operación, también conocida como 'matanza de Corpus Christi'.
En esa ocasión, el tribunal de alzada también mantuvo las condenas dictadas en enero de 2005 por el juez Dolmestch contra otros quince ex agentes de la CNI.
En la 'Operación Albania', doce miembros del izquierdista Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), grupo que luchó con las armas contra la dictadura de Augusto Pinochet, fueron asesinados en distintos puntos de Santiago entre el 15 y 16 de junio de 1987.
El régimen militar presentó los hechos como enfrentamientos y calificó de terroristas a las víctimas, entre las que había dos mujeres.
La investigación judicial determinó posteriormente que los militantes izquierdistas, todos menores de 30 años, habían sido detenidos previamente y después acribillados a sangre fría por los agentes.
El proceso estableció que el retirado general Salas Wenzel fue quien ordenó los asesinatos.
El patrimonio documental sobre las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura militar, fue inscripto en el Registro de la Memoria del Mundo de la Unesco, según informó la organización a través de un comunicado. Se trata de documentos de la memoria, verdad y justicia “en la lucha contra el terrorismo de Estado”, que se suman a otros testimonios que obran en el Registro creado en 1997. En esta ocasión, también se incluyó música de Bolivia, Colombia, México y Perú.
Los archivos de memoria, verdad y justicia “en la lucha contra el terrorismo de Estado atestiguan sobre un período histórico de violaciones de los derechos humanos de las que es responsable el Estado argentino”, fueron incluidos en el Registro de la Memoria del Mundo de la Unesco, según informó la agencia de noticias AFP.
En total fueron incluidos “treinta y ocho documentos de valor excepcional han sido inscritos en el Registro de la Memoria del Mundo de la Unesco, lo que lleva a 158 el número total de inscripciones desde 1997”. En esta oportunidad, también fue inscripta la música de Bolivia, Colombia, México y Perú que va del siglo XVI al XVII.
El Programa Memoria del Mundo de la Unesco tiene por objetivo preservar el patrimonio documental de los pueblos, que refleja la diversidad de las lenguas y de las culturas, y fue creado en el año 1997. Desde entonces, funciona en Viena, Austria.
http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=60397
lunes, 18 de junio , 2007 - 10:28:48
(RPP) Este martes 19 de junio se inicia el juicio oral contra los ex militares y policías involucrados en la desaparición del ciudadano Albino Quino Sulca y otros tres campesinos, ocurrido el 30 de julio de 1986, en la comunidad de Matero, en la provincia ayacuchana de Cangallo.
Karim Ninaquispe, abogada de los hijos de Albino Quino Sulca y representante de la Asociación Para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (Adehr), señaló que el juicio oral permitirá establecer la responsabilidad penal de los acusados que afrontan los cargos de desaparición forzada.
La Fiscalía Superior ha solicitado 20 años de pena privativa de libertad para los acusados, según recordó Adehr.
"El juicio oral a los militares acusados se realizará a las 10 de la mañana de este martes 19, en la sede de la sala Penal Nacional, presidida por el magistrado Pablo Talavera", precisó Ninaquispe Gil.
Por su parte, los hijos del desaparecido campesino Albino Quino Sulca se mostraron esperanzados en que los acusados confiesen dónde se encuentran los restos de su padre para darle cristiana sepultura y que digan quiénes dieron las órdenes para su desaparición.
El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) impulsa una serie de acciones legales para reactivar varios casos de desapariciones forzadas en Guatemala, ante las autoridades judiciales nacionales e instancias internacionales de justicia y derechos humanos, con el objetivo de encontrar la verdad y que se apliquen las sanciones correspondientes.
La agrupación de derechos humanos subrayó el caso del seminarista de la Congregación del Inmaculado Corazón de María, Serge Berten, quien nació en Bélgica y llegó al país a la edad de 23 años para integrarse como voluntario de la Pastoral de la Iglesia Católica de Escuintla, pero fue detenido y desaparecido por miembros de las fuerzas de seguridad estatales.
El caso del seminarista belga ocurrió el 19 de enero de 1982 y 25 años después de su desaparición forzada, no hay información sobre su paradero y acerca de sus agresores, destacó un comunicado de prensa.
Actualmente, entre los casos que busca esclarecer el GAM está el de Berten, el cual se encuentra en la fase de admisibilidad, en el marco del proceso especial de averiguación 003-2006, que fue planteado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Cámara Penal de Guatemala, agregó el documento.
Según la legislación nacional vigente, el Procedimiento Especial de Averiguación se puede plantear cuando no hay resultados positivos después de un Recurso de Exhibición Personal y la CSJ, a solicitud de cualquier persona, puede conminar al Ministerio Público (MP) para que en un plazo máximo de cinco días informe a las autoridades judiciales sobre el progreso y los resultados de sus investigaciones, recordó el GAM.
La ley también contempla la facultad de encargar averiguaciones, en carácter de procedimiento preparatorio, a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), a una entidad o asociación jurídicamente establecida en el país o al cónyuge y parientes de una víctima, agregó.
Para decidir sobre la procedencia de la averiguación especial, la CSJ convocó al GAM a una audiencia, programada para el próximo 26 de julio, en el Salón de Vistas de la CSJ, por lo que esta organización solicitará que se le otorgue un mandato legal a la PDH, para que esta institución inicie una investigación, anticipó la agrupación.
Tocan en una jornada dedicada a la memoria y los derechos humanos. Será este sábado 23 de junio en la plaza de Jujuy y México, Capital Federal. Confeccionan baldosas en memoria de los desaparecidos de San Cristóbal.
De acuerdo a la información publicada en un grupo de correo de Yahoo! y difundida por la Asamblea Popular de Mercedes, vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad, integrante de la Coordinadora Barrios por Memoria y Justicia junto con la Multiorganizaciones del Barrio de Balvanera y San Cristóbal, realizarán el sábado 23 de junio a partir de las 13 horas en la plaza de Jujuy México, Barrio de Balvanera, la Segunda Jornada de confección de Baldosas en Memoria de Compañeros Detenidos - Desaparecidos del Barrio de San Cristóbal.
A las baldosas se las colocará en las veredas por las que han transitado, vivido, estudiado, trabajado, o fueron desaparecidos los vecinos; habrá una radio abierta, un encuentro de lectura, música, folklore y tango, murga, teatro con Los Improbables que presentará la obra “Prendas” y tocarán Los Nadies, banda integrada por mercedinos y liderada por Julio.
Se difundieron además las consignas generales de la organización.
- Aparición con vida de Jorge Julio López.
- Juicio y cárcel efectiva a los responsables materiales e intelectuales del asesinato del maestro Carlos Fuentealba.
- Juicio, castigo, cárcel efectiva, común y perpetua para todos los genocidas y sus colaboradores.
- Restitución de la identidad a los jóvenes apropiados.
- Rechazamos la Ley Antiterrorista, represiva de los reclamos populares.
Convocan a este proyecto dedicado a la memoria Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad, Coordinadora Barrios Memoria y Justicia, Compañeras/os Vecinas/os, Familiares y amigas/os de Balvanera - San Cristóbal, Agrupación 1 de Mayo del Hospital Francés, Parroquia Santa Cruz, Autoconvocados Hospital Ramos Mejía, Trabajadoras/es de Brukman, Coordinadora por un Subte Público, Centro de Estudiantes de la Escuela de Psicología Social “Pichón Riviere”, Escuela de Psicología Social “Pichón Riviere”, Asamblea Plaza Dorrego de San Telmo, Agrupación El Brote, Comedor Hablemos con la Boca Llena, Grietas Grupo de Acción y Reflexión en Psicología, Centro de Estudiantes de Psicología, Red de Encuentro Social (Redes), La Oruga Colectivo Autónomo de Educación y Recreación Popular.
La cita es en la plaza de Jujuy y México, Barrio de Balvanera, Capital Federal, el sábado 23 de junio de 13 a 18 horas. Si llueve, la actividad se pasa para el sábado 30.
DPA
18/06/2007 16:35
Santiago de Chile. Familiares de ejecutados y desaparecidos durante la dictadura militar se enfrentaron a golpes con ex oficiales de las fuerzas armadas chilenas que defendieron este lunes actos de rebeldía contra la justicia. El enfrentamiento ocurrió después de una rueda de prensa en la que los uniformados acusaron de “terroristas” a los defensores de los derechos humanos y apoyaron la fuga de un ex general que debía cumplir, desde la semana pasada, una condena de cinco años por el secuestro de un estudiante en 1974.
En medio de la riña callejera, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, advirtió que los militares en retiro se están "organizando para resistir la acción de la justicia y hacer sedición. La situación es muy peligrosa", insistió Pizarro, quien llamó al gobierno y a los tribunales a actuar rápidamente. Este lunes, más de un centenar de militares esperan condenas por crímenes contra la humanidad.
La crisis se produce en momentos en que uno de los ex jefes máximos de la policía secreta pinochetista, el general Raúl Iturriaga, se encuentra prófugo de la justicia con el fin de eludir una condena, quien además ha enviado correos electrónicos y videos a los medios para defender su acción.
Al igual que Iturriaga, los ex uniformados defendieron sus actos en la dictadura y recalcaron que las misiones de exterminio "fueron realizadas en cumplimiento del servicio"; insistieron que salvaron a Chile del marxismo. Además expresaron "su total repudio a las insolentes declaraciones" de los ministros del gobierno socialista de la presidenta Michelle Bachelet, pues según ellos, el Ejecutivo intenta homologar a militares condenados con "delincuentes y pedófilos".
Al respecto, el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, y el ministro del Interior de Chile, coincidieron en que nadie estará por encima de la ley.
La Asociación Comunitaria Todos por el Reencuentro saldrá a luz pública el próximo miércoles para buscar a desaparecidos durante el conflicto armado (1960-1996) que desangró a Guatemala.
El nacimiento de esta organización fue anunciado hoy por la Liga Guatemalteca de Higiene Mental (LGHM), que hasta ahora ha contribuido en la búsqueda de la niñez desaparecida durante la guerra interna.
La LGHM dijo en un comunicado que durante los ocho años que lleva en este proceso de búsqueda ha permitido el reencuentro de 120 familias, mientras que otras 600 buscan a sus parientes.
El surgimiento de la Asociación fue aprobado el pasado 28 de noviembre, pero no será oficializado hasta el próximo miércoles, un día antes de que se celebre en Guatemala el “Día Nacional del Detenido-Desaparecido” .
Según la LGHM, esta institución aglutinará a las familias que luchan por saber la verdad de sus hijos desaparecidos durante el conflicto armado.
Pese a que desde hace 10 años se firmó la paz en Guatemala, el gobierno casi no ha hecho nada por localizar a los niños desaparecidos y han sido las propias familias las que han trabajado en su búsqueda sin apoyo del Estado, afirmó la LGHM.
El surgimiento de la Asociación “es un esfuerzo que permite encontrar a más desaparecidos y fortalecer nuestra demanda de apoyo y solidaridad con nuestra necesidad de encontrar a los seres queridos” , subrayó.
Durante la presentación de la organización está prevista la asistencia de representantes del Gobierno, de la Procuraduría de Derechos Humanos, del Comité Internacional de la Cruz Roja y de ocho etnias mayas que participaron en su creación.
El conflicto armado que acabó el 29 de diciembre de 1996, dejó unas 200.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad.
Además de la LGHM, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) contribuyen en la búsqueda de los desaparecidos durante la guerra interna. - ACAN- EFE
http://www.prensalibre.com/pls/prensa/ultimasdet.jsp?p_cnoticia=174673&p_fedicion=18-06-07
Su defensora oficial solicitó que se excluya como litigantes a organismos de DD.HH y a la ciuda del periodista, Lilia Ferreyra. El 25 de marzo de 1977 un pelotón de la dictadura emboscó al escritor con el objetivo de secuestrarlo vivo, pero el autor de la ‘Carta Abierta a la Junta Militar’ se resistió, fue herido de muerte y su cuerpo nunca apareció.
La abogada Verónica Blanco, quien asiste a una media docena de represores en la causa por el secuestro y desaparición de Rodolfo Walsh, pidió que se excluya como querellantes a organismos de derechos humanos y a Lilia Ferreyra, ex compañera del escritor y periodista.
Así lo indicó esta mañana a Télam el abogado Marcelo Parrilli, apoderado de Patricia Walsh, hija de la víctima, quien criticó el planteo y sostuvo que "ha sido reiteradamente reconocida la posibilidad de intervenir como querellantes, a los causahabientes de víctimas de terrorismo de Estado".
El pedido efectuado al juez Sergio Torres lo realizó Blanco en representación de los represores Jorge "el Tigre" Acosta, Héctor Febres, Carlos Generoso, Jorge Radice y Ernesto Weher, conocido por el alias de "220" por su predilección por la aplicación de descargas eléctricas sobre sus víctimas.
El letrado apoderado de la legisladora electa porteña añadió que "es inaceptable pretender poner limitaciones al derecho de los familiares y de los organismos a intervenir en las causas por gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura".
Parrilli sostuvo que "hay numerosos antecedentes de jueces y Tribunales que adoptaron una posición contraria" al pedido de la defensora oficial por lo que se mostró "optimista" respecto de la futura resolución de Torres.
La causa Walsh es un desprendiemiento de la mega causa de la Escuela de Mecánica de la Armada, una de las investigaciones reabiertas tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=65489&id=157073&sec=1&dis=1
Lo afirmó la Corte de Apelaciones de Roma al difundir las motivaciones de la condena a cadena perpetua por homicidio múltiple premeditado de tres ciudadanos italianos, desaparecidos en el país durante la dictadura militar. Los imputados habían actuado en la ESMA.
La Corte de Apelaciones de Roma sostuvo hoy que está "ampliamente probada la responsabilidad" de cinco represores argentinos, que actuaron bajo la órbita de la ESMA y asesinaron a tres ciudadanos ítalo-argentinos durante la última dictadura militar.
Así lo afirmó hoy al difundir las motivaciones de la condena a cadena perpetua dictada contra cinco ex oficiales de la Armada argentina, por homicidio múltiple premeditado de tres ciudadanos italianos, desaparecidos en el país durante la dictadura militar.
Según informó la agencia ANSA, la corte italiana estableció que "es ampliamente probada la responsabilidad de los imputados" en esas muertes, incluso porque "en los años de la dictadura fue realizado el más trágico genocidio de la historia argentina".
Los argumentos, expuestos en un texto de 96 páginas, fueron redactadas por la Corte presidida por Mario Lucio D’Andria. El fallo había recaido sobre los represores de la Armada, Alfredo Astiz, Jorge Eduardo Acosta, Jorge Raúl Vildoza, Antonio Febres y Antonio Vanek, imputados de "homicidio voluntario múltiple premeditado" de Angela María Aieta (madre del dirigente Dante Gullo); Giovanni Pegoraro y su hija Susana, quien se encontraba embarazada al momento de su secuestro.
Este fallo fue recibido con aplausos en el mes de marzo en el Ministerio de Educación, donde su titular, Daniel Filmus; el secretario de Derechos Humanos, Luis Eduardo Duhalde; y referentes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo dialogaron a través de una videoconferencia con funcionarios italianos y con Estela de Carlotto, quien viajó a Italia para escuchar el fallo.
Angela Aieta, oriunda de la provincia italiana de Cosenza, fue secuestrada el 5 de agosto de 1976, a los 56 años, cuando su hijo Dante Gullo era dirigente de la Juventud Peronista. En tanto, Giovanni Pegoraro y su hija Susana, de 21 años, desaparecieron el 18 de junio de 1977 en Buenos Aires.
Durante su permanencia en la ESMA, Susana parió a una niña que en 1999 fue localizada -por Abuelas de Plaza de Mayo- bajo la tutela de un suboficial de Marina y de su esposa, con un nuevo nombre: Evelyn Vázquez.
Si bien el matrimonio admitió ante la justicia que la niña les fue entregada por personal de la Armada, la joven Evelyn aún se niega a realizarse una prueba de ADN en el Banco Nacional para comprobar su identidad.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=65489&id=157084&dis=1&sec=1
18 June 2007 | 10:50 | Source: B92
ZAGREB, BELGRADE -- Exhumations have uncovered 160 ethnic Serb victims of the Croatian Army's Operation Storm in a mass grave in Petrinja.
Missing Persons Commission President Veljko Odalovic confirmed that there were both military and civilian victims of which 30 were women. Identification of the victims will begin shortly.
The grave is the largest known site of its kind in this region of Croatia. It contains the bodies of Serbs killed in August 1995.
"A lot depends on the quality of the samples we take. They are compared in the laboratory with the blood of the families of missing persons to see if they match, then we can say with 99.9 percent confidence that it is
the person in question," Odalovic said speaking about the identification process.
President of the Documentation and Information Center Veritas Savo Strbac said that Croatia purposely made the exhumation last longer than was necessary.
The grave site in Petrinja dates back to 1995, when the Croatian forces "sanitized the field" after conflicts had ended, moving the remains
to secondary graves in order to wait for the "right political climate"
to allow for the return of the remains to victims' families, he said.
Odalovic said that cooperation with the Croatian Commission for
Missing Persons finally gave some results and that he hoped the
ten remaining locations in the region will be investigated, adding that
he expected 500 more bodies will be found.
"Starting in the fall, we will work through the details with the Croatians. We will quickly begin investigations and agree on priorities," Odalovic said.
Although the exhumation was conducted on the request of the Hague Tribunal, the court has not indicted anyone in relation to the crimes committed against Serbs during Operation Storm in the regions of Banija and Kordun, the so-called Sector North.
Strbac said that this could be done by either the Serbian or Croatian
war crimes courts.
por Roberto Garretón
Esta semana se está realizando en Santiago un notable evento. Por primera vez en nuestro país se han reunido cerca de 150 destacados luchadores de los derechos humanos de todo el mundo. ¿La ocasión? La Conferencia sobre “Memoria y Democracia” organizada por la Coalición Internacional de Museos de Consciencia en Sitios Históricos, el Centro Internacional de Justicia Transicional y FLACSO- Chile. Tuve el honor de participar en el panel sobre el rol de los Gobiernos, circunstancia que me motivó a volver sobre un tema que, a mi juicio, es clave para los países que buscan en verdad la paz, la justicia y la reconciliación.
Justamente, una de las claves es preguntarnos sobre qué hacemos como sociedad para enfrentar la impunidad. Sin ir más lejos, la rebeldía de Iturriaga nos enfrenta al mismo y antiguo desafío. Si analizamos en profundidad, la impunidad tiene al menos cuatro caras: la política, la moral, la histórica y, desde luego, la jurídica.
La primera se refiere a la falta de sanción para los responsables de las violaciones de los derechos humanos que, contra todo pronóstico, terminan ejerciendo cargos de autoridad incluso después del término de las dictaduras. En Latinoamérica somos expertos: ¡Cuántos torturadores, opresores, aprehensores o censores son legalmente elegidos congresistas, nombrados ministros o ejercen la docencia! Y ¡cuántos dictadores, al poco tiempo de dejar el poder, son elegidos popularmente como Presidentes! Este tipo de impunidad consagra un auténtico empate moral.
Hagamos historia: el mensaje de Nuremberg fue fundamental para la descalificación política y cultural del nazismo, pero por sí sólo no se habría logrado, ya que fueron condenadas 19 de las 21 personas juzgadas, mientras que en otros 12 juicios se juzgó sólo a 185 individuos. El nazismo quedó políticamente destruido, más que por Nuremberg, por las políticas de desnazificación puestas en práctica, primero por el Consejo de Control de los Aliados y después por los gobiernos alemanes democráticos.
El derecho internacional así lo entendió. En sus observaciones finales al Tercer Informe presentado por Argentina, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó que le preocupa que "muchas personas que actuaban con arreglo a esas leyes (las leyes de la dictadura) sigan ocupando empleos militares o en la administración pública y que algunos de ellos hayan, incluso, obtenido ascensos en los años siguientes. El Comité reitera su inquietud ante la sensación de impunidad de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos bajo el gobierno militar".
Por otro lado, si bien la impunidad moral tiene un carácter subjetivo, conlleva profundas consecuencias políticas y jurídicas, pues se trata de aquella perversión donde los criminales asumen un ideal superior que los ha obligado a conductas atroces: “salvar a la patria"; "salvar la civilización occidental", “combatir el terrorismo”. Como decía Churchill, “los peores crímenes se han cometido en nombre de Dios y de la Patria”. Los superiores ordenan y convencen a los subalternos a actuar sobre dichos principios asegurándoles que nunca serán juzgados, lo que era una constante hasta hace no más de 20 años. El histórico "son ellos, o nosotros" del San Bartolomé francés (1572), es exactamente la misma frase del General Emilio Ponce cuando en 1989 ordenó eliminar a los jesuitas en El Salvador. Ninguno se siente delincuente y es esta consideración la que ha asumido el prófugo general Eduardo Iturriaga en su declaración pública. La impunidad histórica es la mentira y el olvido. Es común que los Estados que violan los derechos humanos se apoyen en la mentira. Desde la negación de los hechos hasta su justificación, sin importar la contradicción esencial entre ambas explicaciones. Se busca reconocer un maniqueo papel heroico, y necesario, ante una situación que no tenía otra salida. Cumplida la gran tarea, ahora "no es el momento, de mirar hacia atrás" o de "estar anclados en el pasado", pero no es más que otra falacia que hay que combatir si queremos construir una sociedad democrática y justa. Dentro del combate a la impunidad, el derecho a la verdad se ha consagrado como un derecho autónomo, con un importante desarrollo en la práctica de los organismos internacionales de supervisión de los derechos humanos. Quizás el primer reconocimiento formal fue el que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto del caso de Argentina (1986): "Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir…", agregando que "a la vez, nada puede impedir a los familiares de las víctimas conocer lo que aconteció con sus seres más cercanos". Se trata de rescatar el valor de la verdad como un auténtico derecho humano.
Al respecto, instrumentos privilegiados para combatir estas tres dimensiones de la impunidad han sido las llamadas "Comisiones de la Verdad" que nacieron en América Latina al término de la dictadura argentina. Si bien no son -o no debieran ser- substitutos de la justicia, suelen percibirse como tales. En realidad su función básica es la recuperación de la verdad histórica que no logran los procesos penales. Pero un elemento esencial es el establecimiento de inhabilidades políticas: lo que más duele a las víctimas es ver a sus victimarios blindados con cargos de autoridad. De allí que la Constitución democrática de Guatemala (1985) prohibiera la elección presidencial de caudillos involucrados en la alteración de orden constitucional, aunque curiosas interpretaciones de esta norma permitieron a un antiguo dictador presentarse al cargo pocos años después de abandonar el poder; pero la sabiduría popular lo relegó a un tercer lugar con una humillante votación.
Pero además son necesarios otros elementos esenciales: la educación en derechos humanos; narrativa histórica restableciendo la verdad de lo ocurrido, la construcción y conservación de archivos, los homenajes, monumentos, etc.
Respecto a la impunidad penal, desde Nuremberg se ha establecido un corpus iuris cada vez más sólido. Los principios de ese juicio histórico, las convenciones contra el genocidio, el apartheid, la tortura, la imprescriptibilidad, además de los Pactos de Derechos Humanos, los Estatutos de los Tribunales para la ex Yugoslavia, Ruanda, Camboya, Sierra Leona, la Corte Internacional Permanente, los proyectos de códigos de crímenes internacionales, las resoluciones de las Comisiones regionales de Derechos Humanos y de las dos Cortes especializadas, y una gran cantidad de Principios, Reglas mínimas y Declaraciones, no pueden ser desconocidos. Este corpus iuris ha ido también demoliendo los dos mayores soportes de la impunidad, como son las leyes de amnistías y el juzgamiento de las atrocidades por tribunales corporativos, como los militares.
Para la aplicación de este nuevo derecho el rol de jueces independientes es esencial, pero cuando fracasan, surgen dos elementos también fundamentales en la nueva cultura jurídica: los tribunales extranjeros ejerciendo jurisdicción universal, y los tribunales penales internacionales. Y hoy observamos con esperanza que los jueces han asumido el rol que nunca debieron abandonar.
Es de esperar que los actuales cambios judiciales en la lucha contra la impunidad sean irreversibles. Primero, porque en su génesis hay una base profundamente democrática: han sido las sociedades civiles -especialmente las organizaciones de víctimas- las grandes impulsoras del proceso, muchas veces en oposición frontal a los poderes del Estado; segundo, por ser una conquista de la moral contra la inmoralidad; tercero, por la solidez con que el derecho internacional, y también el nacional en casi todas sus ramas (civil, penal, procesal, constitucional, laboral, administrativo y muchas otras), han asumido la doctrina y ética de los derechos humanos como fundamento de todas las instituciones, desterrando a un segundo plano anacrónicas concepciones de la soberanía nacional y la razón de estado para justificar lo que la Declaración Universal llama “actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”.
__________
Roberto Garretón. Abogado Defensor de los Derechos Humanos en Chile
FOR IMMEDIATE RELEASE
June 18, 2007
ALRC-OL-001-2007
An Open Letter to the UN Working Group on enforced and involuntary disappearances
Diego Garcia-Sayan
Chairperson
Working Group on enforced and involuntary disappearances
OHCHR-UNOG
8-14 Avenue de la Paix
1211 Geneva 10
SWITZERLAND
Fax: +41 22 917-9006
Dear Mr Garcia-Sayan
ASIA: When is an enforced disappearance "clarified"?
The Asian Legal Resource Centre is writing to you today to establish our position on the circumstances under which the enforced disappearance of a person can be considered "clarified". We are doing this after finding that a number of recent cases of forced disappearance that we had submitted to the Working Group have not been pursued on the grounds that family members of the victims accepted compensation from the state.
When someone goes to a national or international agency seeking information and assistance concerning the disappearance of another person, what is expected? Some of the questions that the complainant will want answered include the following:
1. Did a state agent (i.e. a police officer or soldier) or agents arrest the person before he or she disappeared? If so: when, where, for what reason and under what or whose authority?
2. Where and how was the person kept after being taken away? Was he or she tortured or not?
3. Is the person still alive or not? If dead, how did he or she die, and where are the remains of his or her body?
4. Who gave the orders for this to be done? Was it done with the knowledge of higher authorities or not? Is it part of a systemic programme of disappearances or not?
5. Was the family informed at any stage of the arrest or detention, or if dead, after death? Who, if anyone, had responsibility to inform the family?
6. What action, if any, has been taken to investigate? Who is responsible for the investigations? Who did investigations, and what were the findings? What action, if any, followed from the investigation? If there has been no investigation, why not?
Following from the above, the question arises of whether or not payment of compensation by the state, or acceptance of compensation, amount to clarification of an enforced or involuntary disappearance. There are two possible answers.
First, the state has addressed, to the fullest extent possible, all the complainant's questions regarding the arrest, detention and treatment of the person, and where dead, the circumstances of death and disposal of remains. It has also thoroughly investigated and taken criminal legal action against the perpetrators in accordance with the international standards. Being satisfied with the answers received concerning these questions, and the actions taken against the alleged perpetrators, the family of the victim also compensation. Under these circumstances, it can be said that compensation is part of a set of remedies that serve to clarify the disappearance.
Second, the state has not addressed the complainant's questions but has merely offered compensation. This may be the only thing that the state has offered to the family of the victim. The state may be deliberately concealing the answers to these questions, or may be prevented from obtaining them by agents engaged in forced disappearances and their accomplices. The complainant has the choice to either accept the compensation or get nothing. Compensation in this scenario is a form of compromise.
In the second case, the question that then arises is: if the complainant accepts the compensation, does this imply that all other issues relating to the arrest, detention, treatment, circumstances of death and disposal of remains of the victim as well as the action taken by the state against the perpetrators have been satisfied? The answer must be no. A payment of compensation alone is nothing more than that. Nothing more can be inferred from it.
The presumption that a forced disappearance has been clarified because the state has paid compensation and the complainant has accepted it is based on some serious misconceptions (or deliberate misinterpretations) about the legal obligations of the state in dealing with disappearances. When the state receives a complaint of forced disappearance, it is obliged to investigate, as in any other criminal case. Would it be sensible or expedient for a society to consider cases of murder or armed robbery "clarified" by the payment of compensation? Clearly, there is no legal basis for this position.
In conclusion, to consider compensation as clarification is to dilute the state's responsibility. It is to diminish the criminal element in the offence, which under international law is one from which no derogation can be permitted. It is to allow the state to disclaim a whole gamut of obligations by the simple performance of one. It is to trivialise the very notion of heinous crime under international norms. The burden cast on the state to clarify such matters must be proportionate to the gravity of the offence: thus, to accept payment of compensation as a form of clarification is entirely unacceptable.
In this respect, I would remind you of section 3 of the Working Group's revised methods of work (14 November 2001), which states that:
"Clarification occurs when the whereabouts of the disappeared persons are clearly established as a result of investigations by the Government, inquiries by non-governmental organisations, fact-finding missions by the Working Group or by human rights personnel from the United Nations or from any other international organisation operating in the field, or by the search of the family, irrespective of whether the person is alive or dead."
Here, the operative clause, upon which your mandate hinges, is "when the whereabouts of the disappeared person is clearly established". Payment or acceptance of compensation alone does not under any circumstances satisfy this requirement.
Please be informed that this is the unequivocal and irreversible position of the Asian Legal Resource Centre on the matter of compensation in cases of forced disappearances, and we will not accept, in any case, the payment of compensation alone as being a satisfactory cause for the closing of a case of enforced or involuntary disappearance.
Yours sincerely
Basil Fernando
Executive Director
Asian Human Rights Commission, Hong Kong
Cc:
1. Ms Louise Arbour, UN High Commissioner for Human Rights
2. Homayoun Alizadeh, Regional Representative, OHCHR Regional Office, Southeast Asia
viernes, 15 junio 2007
Activistas rusos de derechos humanos dicen que unos 20 jóvenes han desaparecido desde abril en la República de Dagestán, en el sur del país.
Activistas y padres de las víctimas informaron a periodistas el viernes en Moscú que los secuestradores exigen rescate por la liberación de las personas secuestradas, y que el precio varía dependiendo de si las víctimas están vivas o muertas.
Una madre dijo que el cadáver de una de las víctimas secuestradas cuesta 20 mil dólares y que el precio por una persona secuestrada que permanece viva es de 150 mil dólares. La foto de un cadáver puede costar 400 dólares.
Algunos padres dieron a conocer que no tienen idea de quien está secuestrando a sus hijos ni por qué lo hacen. Algunos también indican que el gobierno es responsable de secuestrar a hombres jóvenes bajo el pretexto de que son musulmanes radicales o rebeldes.
Los querellantes descartaron que haya novedades importantes en la investigación por la desaparición del albañil. Pedirán la difusión pública de los identikits de las personas que arrojaron un cadáver calcinado en Punta Lara, dos días después de la desaparición
La investigación por la desaparición de Julio Jorge López, el testigo que declaró contra el represor Miguel Etchecolatz, continuaba "sin registrar avances significativos", dijeron hoy los querellantes en la causa, pocos días antes de que se cumplan nueve meses del hecho.
El secreto de sumario impuesto hace algunas semanas por el juez federal Arnaldo Corazza sugería la posibilidad de novedades importantes, que fueron descartadas por los querellantes cuando accedieron al expediente.
"La causa no está paralizada pero tiene un avance lento que no responde a una hipótesis, sino que parece más una búsqueda a ciegas", opinó Guadalupe Godoy, abogada de López en el juicio que condenó al ex jefe de la policía bonaerense.
En ese contexto, los organismos querellantes solicitarán al juez una serie de medidas que consideran indispensables para esclarecer el caso que mantiene la carátula: "Jorge Julio López, su desaparición", en lugar de "desaparición forzada", como solicitaron.
Entre ellas, pedirán la difusión pública de los identikits de las dos personas que arrojaron un cadáver calcinado en Punta Lara, dos días después de la desaparición del albañil, según denunciaron dos testigos.
En el mismo orden, pedirán que las muestas de ADN extraídas del cadáver y las correspondientes a López sean nuevamente analizadas, esta vez en el Hospital Durand, debido a que el estudio fue realizado en dependencias policiales.
"Nos preocupa que casi todas las medidas son ejecutadas por fuerzas de seguridad", refirió Godoy ante la sospecha de que estén involucrados en la desaparición del albañil desaparecido.
Godoy deploró que "el juez ignore la gravedad institucional de la causa López", y sus consecuencias sobre todos los testigos que declararán en el juicio al ex sacerdote Christian Von Wernich que tendrá lugar este año.
En tanto, los organismos nucleados en la Multisectorial La Plata preparan para el lunes próximo, cuando se cumplirán nueve meses de la desaparición, una marcha en La Plata que partirá a las 17:30 desde Plaza Italia y llegará a la Plaza San Martín, en el centro de la capital bonarenense.
http://www.diariohoy.net/vx/verNoticia.phtml/html/268523647/
COLOMBO: A Sri Lankan probe into rights abuses blamed on security forces and Tamil Tiger rebels looks set to end in failure, international experts warned yesterday, as Amnesty International demanded an outside monitoring operation.
Experts nominated by the international community to observe a presidential commission probing abuses – including the massacre of 17 aid workers that Nordic truce monitors blame on the army – are worried at involvement of the attorney general’s department.
The damning assessment of the presidential probe comes as President Mahinda Rajapakse is in Geneva meeting human rights officials amid mounting international pressure on his government to halt any abuses blamed on state security forces.
“We ... are concerned that the conduct of the President’s Commission of Inquiry ... is inconsistent with international norms and standards,” the 11-person panel said in its second highly critical statement in a week.
“Failure to take corrective action will result in the commission not fulfulling its fact-finding mandate in conformity with those norms and standards."
The panel said its concerns that the involvement of members of the Attorney General’s department raised conflicts of interest had been ignored.
The experts said they had “observed examples of a lack of impartiality", with the counsel from the Attorney General’s department stating “as fact matters which are controversial to the case."
“Furthermore the witness was improperly led ... and information relied on by the witness and the Attorney General’s department was not made available to the (panel),” they added.
Only the testimony of one witness and the partial testimony of a second had been taken so far.
“Taking evidence in this manner will not, in our opinion, reveal the information and evidence necessary to identify perpetrators of human rights violations and enable the commission to achieve its mandate in a timely manner,” the panel said.
The presidential commission issued a statement of its own, saying it was satisfied its methodology would yield results. It called on the panel to ensure that at least one of its observers was always present to watch proceedings.
Addressing the International Labour Organisation’s annual conference in Geneva on Friday, Rajapaksa said he invited the panel of observers to Sri Lanka because his government wanted to establish the truth.
“We are open to scrutiny because we respect human rights, democracy and the freedom of the people,” he said. “Unfortunately, it is our flexibility and sincerity that seems to encourage the global non-governmental community to demand further involvement.”
“Our armed forces and the police are among the most disciplined in the world and they have great respect for human rights. Any lapses on their part will be promptly investigated and corrective action taken,” he added.
The panel of experts is also worried by what they say are insufficient measures to ensure protection of witnesses, particularly as reports of abductions and disappearances mushroom amid a new chapter in a civil war that has killed nearly 70,000 people since 1983.
Rights groups have reported hundreds of abductions and disappearances blamed on both sides. Rajapaksa argues that many of those reports are fake and designed to discredit his government and denies that the security forces are involved.
“In this deteriorating situation, an independent presence to monitor and investigate human rights abuses by all sides is critical,” Amnesty Secretary General Irene Khan said in a statement overnight.
The panel’s harsh reviews of the probe come against a backdrop of rights violations, assassinations and heavy fighting between state forces and separatist Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). – Reuters
Se trata de un hombre que habría trabajado en la Policía bonaerense y que sospechan sería responsable del secuestro y la desaparición de María Cristina Lanzilloto, su esposo Carlos Santillán y los dos hijos del matrimonio.
15.06.2007 | 19:05
Un cartonero que habría sido oficial de la Policía bonaerense durante la dictadura militar y que está acusado de participar en el secuestro y la desaparición de María Cristina Lanzilloto y Carlos Santillán y los dos hijos del matrimonio, fue encontrado en la localidad entrerriana de Colón.
El hombre fue identificado como Carlos Roca, de 57 años, iba todos los días al basurero municipal de Colón “en busca de cartones, botellas y metales y la gente del pueblo siempre le alcanzaba algo”, informó hoy la agencia de noticias bonaerense DIB.
Roca, se explicó, habría pedido la baja en la Policía Bonaerense en 1978, cuando cumplía funciones en Pergamino, donde ocurrió el secuestro del matrimonio que integraba la hermana de una de las máximas dirigentes de Abuelas de Plaza de Mayo, que militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
El fiscal de San Nicolás, Juan Murria, sostuvo que se trata de un “hombre muy curtido por la pobreza”. Por su parte, María Cristina Lanzillotto (que estaba embarazada al momento del secuestro) era hermana melliza de Ana María Lanzillotto de Menna –esposa de Carlos Menna, que integraba la cúpula del ERP junto a Mario Roberto Santucho y Enrique Gorriarán Merlo–, y de Alba Lanzilloto, dirigente de las Abuelas de Plaza de Mayo.
La información asegura que Roca, que fue detenido el martes pasado en Colón, en su casa del barrio Rivadavia, y alojado poco después en la subdelegación de la Policía Federal en Pergamino, está acusado del secuestro del matrimonio y sus dos pequeños hijos y de haberse apoderado en esa ciudad de la casa de la pareja.
Los restos de la mujer recién fueron encontrados treinta años después del secuestro. El fiscal Murray –añadió la agencia bonaerense– explicó que la causa por la que se imputa a Roca fue reabierta en 2004, tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
A partir de ahora, en diez días hábiles, el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo deberá definir si procesa o dicta la falta de mérito de Roca. La información añadió que el 17 de noviembre de 1976, cuando Roca tenía 26 años, habría participado en el secuestro y desaparición de Lanzillotto y Santillán, así como en el secuestro de sus pequeños hijos.
Los pequeños, María Lucila, de 2 años, y Jorge Francisco, de 1, fueron abandonados en la Parroquia Cristo Rey del barrio Fisherton de Rosario. Una vecina los encontró y los crió hasta que hallaron al abuelo paterno, Benjamín Santillán.
El matrimonio fue visto por última vez con vida e n el centro clandestino de detención que funcionó en la Unidad Penal 3 de San Nicolás y en el conocido como El Vesubio. Después de 30 años, el Equipo Argentino de Antropología Forense reconoció el cuerpo de María Lanzillotto, tras ser exhumado de un cementerio de Avellaneda, donde habrían sido enterradas más de 300 víctimas de la dictadura.
Transcribiendo información del semanario colonense, DIB indicó que "el cartonero Roca conversaba con las amas de casa, iba al club de barrio a tomar unas copas y hasta se animaba a jugar un tute". También explicó que la casa apropiada se la habría quedado "una ex mujer de Roca" y que el ex policía habría tenido otras parejas y varios hijos.
Fuente: DyN
Varias organizaciones de la sociedad civil guatemalteca anunciaron el programa de actividades con motivo del Día Nacional en contra de la desaparición forzada, que se conmemora el 21 de junio de cada año en el país.
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Este 16 de junio a partir de las seis de la tarde se llevará a cabo un homenaje a los héroes de la revolución, en cuyo marco tendrá lugar un acto político cultural en el área contigua al “Portal del Comercio” ubicado en la zona 1 de la ciudad capital, a cargo de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.).
El Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIDH) programó para el 20 de junio a las 10 de la mañana, la realización del foro “El Congreso ante la Iniciativa de Ley de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, que se desarrollará en el Hotel Princess, luego tendrá lugar una conferencia de prensa, organizada por todas las agrupaciones que impulsan este proyecto legislativo.
A partir de las ocho y media de la mañana del 21 de junio, en el “Parque Central”, se instalará una exposición fotográfica, montada por varias organizaciones, entre éstas el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), HIJOS, CIDH, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Para el 21 de junio también se tiene previsto un conversatorio sobre desaparición forzada, organizado por H.I.J.O.S., el cual se realizará en “La Bodeguita del Centro” a partir de las seis de la tarde.
En “La Bodeguita del Centro”, a las seis de la tarde del 22 de junio, se homenajeará a los acompañantes del caso de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), acto es preparado por la organización CLAVEL ROJO.
El programa concluirá el 30 de junio, cuando se lleve a cabo la “Marcha conmemoración de Héroes y Mártires”, que partirá a las nueve de la mañana del “Parque Morazán” hacia el “Parque Central”. Cerigua.
Por Fidel Gutiérrez, enviado especial
Huanta, jun. 16 (ANDINA).- Implementar lo más pronto posible un programa de reparaciones individuales para las víctimas de la violencia política, reclamó esta tarde Lidia Flores viuda de Huamán, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos en Zonas Declaradas en Emergencia (Anfasep).
A su juicio, el Gobierno si está en capacidad de atender a quienes, como ella, perdieron a familiares tanto debido al accionar terrorista como a excesos de las fuerzas del orden.
Indicó que su asociación reúne a cerca de 500 madres que de pronto, ante la desaparición de sus esposos por dichas causas, debieron asumir la educación de estos solas. “Reclamamos una indemnización”, expresó.
Similar punto de vista expresó Angélica Mendoza, presidenta honoraria de Anfasep, quien consideró que si no se dan las reparaciones individuales, cualquier otro tipo de acciones tendrá como único fin “tranquilizar al pueblo y engañarlo”.
Ambas ciudadanas participaron como invitadas en la ceremonia de inauguración del Programa de Reparaciones Colectivas, realizada al mediodía en esta provincia ayacuchana.
Son una hilera de enlutadas sombras.
Siemprevivas calladas. Siempremuertas.
Mariposas de invierno en alfileres.
Alondras tristes para siempre mudas.
Selláronles sus bocas con pétalos de sangre.
Esculpieron sus risas sobre mármoles fríos.
Dejaron a sus hijos a solas en el aire,
y ya sus ojos ciegos ruedan por los abismos.
Son mujeres sin nombre, sin edades,
que levantan sus voces en la ausencia
esperando una luz que las redima
del terror, de la injuria, de la fuerza.
No piden ni la paz ni la palabra:
quieren ser los escudos de la herida,
la memoria tenaz, la dolorida sinrazón
de una muerte anunciada. Denunciada.
Ellas, las siempremuertas y las siempre vivas.
Publicado en el libro de Mujer sin alcuza, de Luzmaría Jiménez Faro y publicado en Ediciones Torremozas.
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata
Informes anteriores: http://www.apdhlaplata.org.ar
Juicio por la verdad - Audiencia del miércoles 6 de Junio de 2007
Silvina Arias para la Secretaría de Prensa y difusión
Causa N° 2250
- Carátula: Dithurbide, Marta Noemí
Declaró Julio César Tierno
El testigo viajó desde los Estados Unidos exclusivamente para brindar testimonio en esta audiencia. Tierno es hermano del detenido – desaparecido Miguel Angel Tierno, asesinado el 22 de noviembre de 1976 en una vivienda ubicada en calle 139 entre 47 y 48. En esa casa también murieron María Graciela Toncovich, Elda Aída D'ipolito, Mirta Noemí Dithurbide, quien estaba embarazada, y su compañero Roal Montes.
El testigo aseguró ante el Tribunal que en ese entonces residía en la Ciudad de Buenos Aires, donde se enteró de lo ocurrido: “Tomé conocimiento del hecho al ser visitado por la madre de otra víctima”, afirmó.
“El secreto que él mantenía sobre su vida, nunca nos permitió conocer nombres, no sabíamos donde vivía. Era para protegerse y protegernos”, concluyó Tierno en su declaración testimonial.
Causa Nº 1063
- Carátula: Archuf, Jorge Raúl
Declaró Luís Claudio Archuf
Jorge Raúl Arfuch fue secuestrado el 28 de mayo de 1976, a los 28 años, de la fábrica Astilleros Río Santiago, donde se desempeñaba. No hay testimonio de su paso por un Centro Clandestino de Detención, según los informes de la CONADEP
Hoy, su hermano, confirmó que un amigo le informó sobre lo ocurrido. Ese amigo era Enrique Cabalito, cuyo padre, ya fallecido, desempeñaba tareas en Astilleros, y era Capitán de Navío.
Comentó que su cuñada, María Rosario Portela, fue secuestrada el mismo día que su hermano, pero en distinto escenario. “La detención de Rosario fue en su casa de la calle 44 entre 5 y 6 por la tarde y lo de mi hermano había ocurrido a la mañana”, explicó. “Supimos con más detalle lo ocurrido porque su hermana había ido a visitarla y se quedó con la nena de la pareja”, afirmó Arfuch.
Causa Nº 2299
- Carátula:Rivadeneira, Luis Aníbal
- Careo I
Por el detenido ilegalmente en la sede de Prefectura Naval de Ensenada, Luís Aníbal Rivadeneira, “no se pudo efectuar el careo ante la ausencia de una de las partes”. El careo debía realizarse entre el señor Miguel Rendichi y el ex detenido-desaparecido.
Causa N° 2376
- Carátula: Aiub, María Concepción
- Careo II
Finalmente, en el cierre de la jornada, no prosperó el segundo careo en el marco de la causa Nº 2376 Aiub, María Concepción.
La señora Trifina Avalos descartó que José Celada, su ex compañero de trabajo, sea el mismo Celada que participó del operativo represivo que atacó la vivienda habitada por María Concepción Aiub y Rafael Caelli, y el hijo de ambos, un bebé de pocos meses llamado Claudio, en 141 entre 530 y 531. el 19 de junio de 1976.
Para recibir estos informes Envíe un e-mail en blanco y sin asunto a: asamblea-subscribe@yahoogroups.com
Siga la información sobre el Juicio en: "Tengo Derecho", el programa de la APDH La Plata, todos los Sábados a las 12 horas por FM Universidad 107.5 Mhz En Internet: http://www.lr11.com.ar
También quincenalmente en el programa "Mediodía" los martes a las 12.00 en AM Universidad, 1390 Khz.
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Aquí va otro texto por el Dr. Carlos A. Bozzi, sobreviviente de la Noche de las Corbatas.
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Define la enciclopedia Wikipedia en Internet que Martín Antonio Balza (n. 13 de junio de 1934) es un militar argentino que se desempeñó como Jefe del Ejército y se destacó por haber realizado una importante "autocrítica" pública condenando severamente la violación de derechos humanos realizada por las Fuerzas Armadas durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) y la imposición de dictaduras militares. El 25 de abril de 1995, durante la presidencia de Carlos Menem, el General Martín Balza, en ese momento Jefe del Ejército, se presentó en un importante programa televisivo para leer una declaración. Esa declaración de Balza está considerada como la primera autocrítica profunda de las Fuerzas Armadas sobre su papel en la violación de derechos humanos durante el Proceso de Reorganización Nacional y la realización de golpes de estado. Como consecuencia de ello fue expulsado del Círculo Militar, la "asociación civil" más importante con las que cuentan los militares en Argentina.
Mientras hay compañeros en las garras del régimen, hay asesinos sueltos protegidos por el propio presidente Kirchner, Roberto Bendini y su ejército de viejos criminales conchabados. Sigue pendiente la justicia más sencilla: ley pareja no es rigurosa. Por la que un buen grupo de colaboradores del kirchnerismo deberían estar entre rejas, junto con los torturadores de efectiva mano. Sigue pendiente la justicia más sencilla: ley pareja no es rigurosa. Por la que un buen grupo de colaboradores del kirchnerismo deberían estar entre rejas, junto con los torturadores de efectiva mano.
Otrora presidente de la subcomisión Cultura y ahora Vicepresidente 2º del Círculo Militar, el general Alfredo Manuel Arrillaga, fue el autor –durante la dictadura– de la desaparición de todos los abogados de derechos humanos de Mar del Plata, en la llamada “Noche de las corbatas”. Uno de los peores criminales de lesa humanidad que hoy infecta con su particular sentido de la cultura a los nuevos oficiales argentinos. Arrillaga también, por orden de Alfonsín, fue quien se encargó de la brutal represión al cuartel de La Tablada, con todos los medios más mortíferos imaginables, causando muertes inútiles y hasta la desaparición de varias personas. En cambio, el jefe de la policía federal de aquella época se había ofrecido a reconquistar el cuartel sin disparar un solo tiro, mediante periódicos ataques con gases lacrimógenos y no dejando entrar víveres. La represión de Arrillaga fue un crimen que hubiera tenido que debatirse en el Congreso y ser tratado por la Justicia. No, todo el mundo se calló la boca. (Fuente: Contratapa del Sábado/21-May-2005 Página 12 Nota de Osvaldo Bayer).
Además, el Gl Arrillaga fue denunciado (http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-31720-2004-02-20.html) explícitamente por el Sargento del ejército Almada que "...Iván Ruiz y José Díaz eran las personas que se rindieron y fueron entregadas al personal responsable y trasladadas al fondo del cuartel. Ahí comenzaron a ser interrogadas y a sufrir una sesión de torturas. Estas personas no representaban una amenaza, ya estaban doblegadas. Luego, el comandante de las operaciones (el General Arrillaga) impartió la orden de matarlos..." También el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, finalizado en 1997, declara que dos prisioneros en la base La Tablada, Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, fueron “desaparecidos” cuando su vigilancia estaba a cargo de un Oficial de Arrillaga, quien dijo que, cuando ese oficial fue asesinado en acción, el creyó que los prisioneros habían escapado. Sin embargo, gracias a una subsiguiente amnistía, nunca hubo una investigación criminal a fondo en torno a los eventos de La Tablada. (Fuente: http://www.sincensura.org.ar/).
El Carnicero de La Tablada
El lunes pasado este hecho nuevamente fue declamado públicamente el periodista Enrique Vázquez por Canal 7. “Aquí he capturado dos oponentes, solicito temperamento a seguir.” “OK, recibido -dijo el jefe. ¿Se encuentra en el lugar personal civil o periodista?” “Negativo.” “OK, recibido. Póngalos fuera de combate.” El sargento retirado José Almada afirmó que durante la recuperación del regimiento de La Tablada fue testigo de ese diálogo entre un oficial y el general Arrillaga durante aquella operación encabezada por el Ejército y está convencido de que la orden no deja lugar a dudas: “Tuve la seguridad de que se trataba de una”, dijo el denunciante, entonces operador de radio de la 10ma Brigada de Infantería Mecanizada. El sargento retirado también afirmó que “entre las 10 y las 11 de la mañana” de aquel 23 de enero presenció la captura de dos integrantes de esa organización. “Eran dos: uno delgado, más alto, con pantalón y camisa y de tez blanca, el otro más bajo, con el torso desnudo y con una camisa o camiseta que cubría su cabeza hasta la frente, de tez morena –relató–. Se los tiró sobre el pasto, boca arriba, estaban heridos, conscientes, se los interrogaba sobre sus identidades y sobre la organización atacante y se los golpeaba en cuerpo y extremidades. Yo estaba allí y vi y escuché cuando los oficiales de inteligencia los interrogaban y cuando eran golpeados y allí ellos manifestaron: ‘Me llamo Iván’ y el otro decía: ‘Me llamo José’ y me acuerdo perfectamente que en ese duro trance en que ellos era atormentados y flagelados imploraban por sus vidas. Uno de ellos decía: ‘Por favor señor, regáleme la vida, estoy arrepentido’.” Según la versión de Almada, ambos prisioneros fueron torturados después en otro lugar del cuartel y más tarde “subidos a un Ford Falcon color blanco” conducido por militares de civil en el cual los sacaron del regimiento. “Lo cierto y que me consta es que Iván Ruiz y José Díaz estaban heridos pero con vida y conscientes”, señaló Almada y añadió que “la conclusión es directa: se les aplicó ejecución sumaria”. Otro caso puesto en evidencia por el ex militar es el de Claudia Deleis: el militar recordó que la joven intentó rendirse y “a pesar de ello se ordenó fuego libre” y fue “acribillada”.
MIEMBROS ACTUALES DE LA «HONORABLE» COMISIÓN DIRECTIVA DEL CÍRCULO MILITAR (Fuente: http://www.circulomilitar.org/)
PRESIDENTE Grl Br D Roberto Felipe DOMÍNGUEZ
VICEPRESIDENTE 1º Grl Br D Carlos Félix VERNENGO
VICEPRESIDENTE 2º Grl Br D Alfredo Manuel ARRILLAGA
SECRETARIO Cnl D Hugo Alfredo BALEIRÓN
PROSECRETARIO Cnl D Horacio Alberto GORIS
TESORERO Cnl D Alfredo Jorge MAURICE
PROTESORERO Cnl D Gustavo José Enrique ANSCHUTZ
PRESIDENTE SUBCOMISIÓN DEPORTES Cnl D Enrique Francisco WELSH
PRESIDENTE SUBCOMISIÓN INTERIOR Cnl D Raúl Carlos FERNÁNDEZ
PRESIDENTE SUBCOMISIÓN LOGÍSTICA Cnl D Ricardo Guillermo IZQUIERDO
PRESIDENTE SUBCOMISIÓN OLIVOS Cnl D Alberto Ricardo Domingo NADALE
PRESIDENTE SUBCOMISIÓN SOCIALES Cnl D Adalberto Mario Andrés ALFONSO
PRESIDENTE SUBCOMISIÓN SOCIOS Cnl D Silvestre Santiago BADÍAS
Presidente Subcomisión Servicios al Socio Cnl D Roberto Antonio SHAW
Director Subcomisión Servicios al Socio Cnl D Santiago Ramiro de la RUA
DIRECTOR ACTIVIDADES CULTURALES Cnl D Roque Ángel MARTELLO
DIRECTOR DE SEGURIDAD Cnl D Eduardo Daniel CARDOZO
DIRECTOR BIBLIOTECA NACIONAL MILITAR Cnl D Carlos Alberto OZARÁN
DIRECTOR EDITORIAL MILITAR Cnl D Luis Eduardo RIOBÓ
DIRECTOR MUSEO DE ARMAS DE LA NACIÓN Cnl D Aristides Roque BONINO
DIRECTOR RR.PP., RR. II., Ceremonial y Prensa Cnl D Roberto Antonio SHAW
Director Subsede Olivos Cnl D Abel Enrique RE
Director Servicios al Socio Subcomisión Olivos Cnl D Luis Alberto ACEVEDO
Personal y Logística Subcomisión Olivos Cnl D Eliberto Miguel GOENAGA
Salones y Act. Deportivas Subcomisión Olivos Cnl D Roberto Oscar YANZI
Alojamiento – Subcomisión Olivos Tcnl D Bernardo Luis LANDA
Vocal - Coordinador eventos sociales Tcnl D Ernesto A. GARBINO SAMELA
El Archivo de ODESSA
A pesar de la asunción de nuevas autoridades en el gobierno nacional y en la Fuerzas Armadas, los militares no dejan de deparar algunas sorpresas para todos.
Una de ellas sorpresas es que los viejos militares retirados han encontrado un espacio donde avanzar con su reivindicación del terrorismo de Estado. Pocos años atrás, mediante la decisión del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas de “apropiarse” de las causas por el secuestro de los hijos de desaparecidos, siguiendo por la expulsión del teniente general Martín Antonio Balza del Círculo Militar son algunos ejemplos de estas ofensivas.
Pero entre estas estrategias hay una que resulta particularmente grave por sus implicancias: las demandas de los retirados por asimilar la situación de los familiares de los militares muertos por los grupos armados de izquierda, con la situación de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Los reclamos tienden a lograr investigaciones judiciales que den cuenta de lo ocurrido a quienes, perteneciendo a alguna fuerza armada, murieron violentamente durante el período de facto; pretenden recibir indemnizaciones económicas del Estado por esos hechos y exigen la reivindicación pública de aquellos a los que consideran víctimas de la guerrilla.
Tratar de igualar ambas situaciones es, una vez más, violar la ley, abusar de ella. Los militares víctimas de la guerrilla tuvieron todos los recursos del Estado a su favor: pudieron perseguir a los culpables, pudieron reclamar indemnizaciones a los victimarios y al Estado. Es sabido que algunos de ellos iniciaron estas acciones y quienes no lo hayan hecho ya no tienen ese derecho porque ha prescripto. Incluso, hoy sabemos que algunos de los victimarios reclamaron al Estado cuando sufrieron lesiones mientras realizaban sus secuestros clandestinos. Esto quiere decir que el Estado ha llegado a indemnizar a los miembros de la Fuerzas Armadas aún por sus acciones ilegales.
Los familiares de desaparecidos, en cambio, no encontraron autoridades dispuestas a investigar sus denuncias, sino que se enfrentaron con los superiores que daban las órdenes a los asesinos. Mientras los militares tenían un Estado cómplice, los familiares de desaparecidos, hasta el final de la dictadura, tuvieron un Estado agresor. Las leyes de reparación, los juicios de la verdad y algunas otras iniciativas para reparar a estas víctimas, aunque siempre parciales mientras no se haga justicia, no son más que algunas formas de compensarlas por el hecho de haber sufrido las consecuencias de un Estado contrario al derecho.
Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial se ha consolidado el concepto de los derechos humanos, como un límite infranqueable para los Estados. La idea que estuvo desde siempre detrás de la Declaración Universal es que hay que proteger a las personas de los abusos del Estado. Para proteger a las personas de los crímenes cometidos por particulares está el derecho penal.
Cuando los militares retirados intentan asimilar la situación de sus integrantes muertos durante los años setenta con quienes fueron víctimas del aparato del Estado organizado para asesinar clandestinamente a los opositores políticos, no solamente están intentando retroceder más atrás que 1948. Están tratando de pervertir la ley, de subvertir el derecho. Esto es, están tratando de hacer lo que mejor saben.
"Carta de lectores" negando genocidios, y justificando la represión ilegal en Argentina del General Domínguez (Presidente del Círculo Militar) al diario "LA NACIÓN" Buenos Aires - Argentina 17 de agosto de 1999
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"Operación Cóndor"
Señor Director:
"El artículo 'Los archivos Cóndor' (La Nación, 8 del actual del periodista estadounidense John Dinges), genera en todo argentino medianamente informado serios interrogantes.
"A la sospecha que surge de párrafos informando que "El juez Garzón se llevó unas 1500 páginas de documentos..., se cree que la mayor parte de ellas está relacionada con la Operación Cóndor, un nombre que, en realidad, no aparece en ninguno de los documentos", se suma la atribución de responsabilidades a quien no corresponde.
"Dinges destaca que "Una clave respecto del origen de la Operación Cóndor puede ser observada en los documentos referentes a la detención de un activista chileno... detenido el 16 de mayo de 1975". También hace referencia al "Primer Encuentro de Trabajo de Inteligencia Nacional, que se realizó del 25 de noviembre al 1º de diciembre de 1975", afirmando que "Una nueva organización adquirió existencia formal en esa reunión. Documentos difundidos más tarde por los Estados Unidos revelan su nombre: se la llamó Operación Cóndor".
"Como entre los participantes menciona a la Argentina (los otros habrían sido Uruguay, Paraguay y Chile), deseo recordar a mis compatriotas más jóvenes que - en las fechas que ocurrieron esos episodios - la señora María Estela Martínez de Perón era la presidenta de la Nación.
"Asimismo omite la realidad histórica cuando se refiere a la Junta Coordinadora Revolucionaria. Dice que "el activista chileno confesó que el MIR... y el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) de la Argentina se proponían crear una junta coordinadora revolucionaria para combatir a las dictaduras militares".
"La verdad es que la citada junta se constituyó en enero de 1974, que su creación fue publicitada en Europa y en EE.UU., que incluyó a los Tupamaros y al llamado Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, y que en la Argentina había un gobierno constitucional presidido por el teniente general Juan Domingo Perón, que era blanco de la agresión subversiva.
"Finalmente sugiero a John Dinges investigar qué acontece en Colombia y la violencia irracional desatada allí por quienes -equívocamente- califica como "presuntos militantes izquierdistas".
Roberto Felipe Domínguez
General de brigada (R.)
Santa Fe 750, Capital
Este personaje, a pesar de que fue indagado en el Juzgado Federal Nº de Salta por haber ordenado la desaparición del ciudadano Meliton Bustos en febrero de 1978 es inexplicablemente apañado por el ejército actual, rodeado de su banda de secuaces, aún en libertad. Su mano derecha en ODESSA es el genocida Arrillaga.
Conclusiones
Porque la conspiración del odio y el terror no se detienen, sólo que mudan de método, perfeccionándose, proponemos un estruendoso escrache al general Alfredo Manuel Arrillaga, criminal impune, domiciliado en calle Arcos 2145 y en su domicilio legal: Av Santa Fe 750. Además, iniciemos de inmediato la postergada campaña para que ese magnífico edificio sea expropiado por la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que la mansión cuenta con espacio suficiente para albergar a cientos de familias de desamparados y marginados sociales.
Otra buena idea sería que, con el producto de la venta del "Palacio Paz", valuado en más de cien millones de dólares, se cree un fondo de indemnización para los hijos de desaparecidos y, en general, a todas las víctimas de la represión ilegal o sus deudos. Incluso para la reparación de los gravísimos daños psicológicos ocasionados por la tortura, la muerte y la desaparición forzada de nuestros compañeros, tormentos permanentes que jamás serán adecuadamente compensados.
Vale la pena que lean los antecedentes del carnicero Arrillaga en Mar del Plata y Paso de los Libres:
No es superfluo señalar que en la nómina de los centros clandestinos en la provincia de Corrientes, militares involucrados en la represión ilegal y en la desaparición forzada de personas. (Fuente: Marandú.com del miércoles 23 de marzo de 2003) encontraremos nuevamente al criminal como Jefe del Grupo de Artillería 3, Paso de los Libres: Teniente Coronel Alfredo Manuel Arrillaga (desde octubre de 1977 a noviembre de 1979).
http://www.momarandu.com/amanoticias.php?a=14&b=0&c=%2010031
Véase además, http://www.diariomardeajo.com.ar/elcuartelnosequedayacata.htm la nota de Horacio Verbitzky mediante la cual, poco después de la asunción presidencial del Dr. Néstor Carlos Kirchner, denunció la conspiración militar contra la democracia de las "autoridades" abajo mencionadas, intrigando en el quincho de un cuartel militar, otra vez, casualmente, auspiciada por el General Arrillaga.
La Larga Noche de las Corbatas
por Carlos A. Bozzi
(Fuente: http://www.rodolfowalsh.org/)
Entre la tarde del seis y la madrugada del trece de julio de 1977 fueron secuestradas en Mar del Plata once personas, entre ellas varios abogados.
La lista incluye a los letrados Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alaiz, Camilo Ricci, Carlos A. Bozzi y Tomás J. Fresneda. Las otras cinco personas fueron José Verde y su esposa, María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda -embarazada de 4 meses- María Esther Vázquez de García y su esposo Néstor Enrique García Mantica.
De todos ellos, solo José Verde y su esposa, el Dr.Camilo Ricci y el Dr.Carlos A.Bozzi sobrevivieron a aquellos trágicos días.
La simultaneidad del secuestro de seis abogados en solo dos días, y el alojamiento de los mismos en las instalaciones del viejo radar situado en la Base Aérea cercana a la ciudad de Mar del Plata, bautizó a esa noche como la NOCHE DE LAS CORBATAS.
Gracias al testimonio de Martha García de Candeloro prisionera en esa "cueva" se pudo conocer hace muchos años como fueron llegando, traídos por la fuerza, el grupo de abogados. La testigo, esposa de otro abogado asesinado por esos mismo captores días antes y que fuera secuestrado en Neuquén el 13 junio de 1977, detalló minuciosamente esos momentos al declarar en el Juicio por la Verdad que se tramita en la mencionada ciudad.
Como único sobreviviente de ese conjunto de abogados declaré el 16 de mayo pasado ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata después de casi 28 años de aquellos hechos.
Hoy solo puedo mostrar pedazos de esta cruel historia apelando a la memoria como a un arma de larga duración. Siempre que estamos antes hechos tan atroces, debemos pensar que el mejor medio es informar lo ocurrido en toda su dimensión, ajustando lo vivido a la realidad de ese momento y alejando toda tentación de acomodar las cosas al presente. La manipulación de un testimonio es pos de una condena es siniestra, desnaturaliza y bastardea las cosas, terminando por ser un impedimento en esta lucha por la verdad y la justicia..
"Desde ya partimos de un cierta ignorancia. Ignoramos la causa particular y la causa general de nuestra sobrevida, aunque sabemos que fue una entera decisión de los represores" ("Un debate que abre puertas" - Declaración de la Asociación de Ex detenidos desaparecidos).Y desde este punto de inicio es que debemos contar y testimoniar para "mantener la memoria y construir la justicia".(Id.)
En 1977 el monopolio de la represión en la ciudad estaba a cargo del jefe de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601,coronel Alberto Pedro Barda, quien había asumido el control de la unidad en febrero del año anterior. En el escalafón inferior, como su jefe operativo se ubicaba Alfredo Manuel Arrillaga, también con el mismo grado de coronel.
Coincidentemente el Jefe de la Base Aérea Mar del Plata era el Comodoro Ernesto Alejandro Agustoni, única persona que declaró en el Juicio a las Juntas en 1985 y por el cual pudo saberse que a pedido del Cnel.Barda la Aeronáutica cedió al Ejército el uso del viejo radar "para descanso y escala de las patrullas de esa fuerza. De esta manera no tendrían que regresar al GADA 601 que distaba unos 15 kilometros del lugar .El requerimiento fue verbal, aunque informado a la superioridad. Ningún miembro de la Fuerza Area presto funciones en el radar... no le consta que dentro de la base hubiese personas detenidas.-
El préstamo concluyó el 3 de octubre de 1977 cuando el Comodoro pasó a retiro, fecha esa también en la que el Coronel Aldo Carlos Máspero reemplaza a Barda. (Datos extraídos del "Diario del Juicio" Editorial Perfil, fascículo Nº 9 -23-07-85,fascículo Nº 19, página 9, 1-10-85,fascículo Nº 33, página 24, 07-01-86,"Informe Sobre Desaparecedores" de Federico Mittelbach ,página 62 y libro "Nunca Más").-
Ya desde mucho antes del golpe del 24 de marzo de 1976 una persecución indiscriminada se centró al ámbito de la Universidad Católica, sufriendo autoridades y alumnos secuestros e intimidaciones. Basta recordar el caso de la Decana de la Facultad de Humanidades María del Carmen Maggi en 1975 o el secuestro de María Dolorez Muñiz Etchemoun, estudiante de Derecho, producido el 17 de marzo de 1976 y de la que no se tienen noticias de su paso por ningún Centro Clandestino de Detención, estableciéndose con ello un modus operandi que duró hasta casi fines de 1978.
Una simple reseña numérica demostraría que entre 1976 y fines de 1977 en la ciudad de Mar del Plata, el índice de secuestros que afectaron a estudiantes de derecho y a abogados, recibidos o relacionados con esa casa de estudios , fue llamativamente elevado.
Alguna explicación tiene eso.. No se debe olvidar que desde diciembre de 1971,fecha del asesinato de la estudiante Silvia Filler,la conformación de poder en la Universidad Católica varió fundamentalmente y en especial en la Facultad de Derecho ámbito este del cual fueron desplazados los sectores estudiantiles de la Concentración Nacional Universitaria. (Período 1972-1975).-
Tampoco debe dejarse de mencionar que hasta esa fecha la única agrupación que se reivindicaba como peronista y combativa era la CNU, agrupación ampliamente desplazada por la flamante incursión de la Tendencia en la Universidad a través de la JUP. (Ver reportaje a la CNU en revista Dimensión Universitaria , Publicación del Centro de Estudiantes de Derecho, septiembre 1971, páginas 10,11 y 12 ).-
La puja entres ambas posiciones políticas, reflejo también de la conmoción político-ideológica que se vivía en ese entonces en el país, se trasladó activa y desgarradoramente a Mar del Plata. Solo la investigación histórica terminará por develar si es que integrantes de la agrupación mencionada participaron en los hechos que hoy se están investigando a través del Tribunal Oral Federal y la justicia, de ser así, determinará su responsabilidad.
Estos como otros más que deben obviarse en mérito a la brevedad, son datos de la realidad que no deben dejarse de mencionar cuando se trata de desmenuzar el por qué de una acción tan drástica y desvastadora como la ocurrida en la llamada Noche de las Corbatas, en la que fueran afectados tantos profesionales del derecho sin ninguna vinculación entre si. Y más aún, hasta se pondría llegar a pensar en una acción alejada del combate que en el contexto general empeñaba a las Fuerzas Armadas contra las que denominaba "bandas de terroristas".
En este contexto es que fuimos secuestrados de nuestro estudio la tarde noche del 8 de julio de 1977 el Dr.Tómas Fresneda y yo por un grupo armado de personas. Posteriormente, en instantes, sumarían también a la esposa de Fresneda como cautiva.
Pero sólo hace unos pocos meses, el invalorable aporte de un amigo contribuyó a reunir los datos necesarios permitiendo descifrar así los íntimos detalles de aquellos trágicos sucesos acaecidos entre ese día y el 19 de julio del mismo año.
Tras casi 28 años se hacia dificultoso rebatir la primera plana del diario La Capital que aquel 21 de julio anunciaba con grandes letras : "CONFIRMÓ EL EJERCITO LA LIBERACIÓN DEL DR. BOZZI Y LA MUERTE DE 3 SEDICIOSOS".
Ese 8 de julio,ya atados y encapuchados, Arrillaga le gritó al Dr.Fresneda a mí: "PORTENSE BIEN, HOY NO QUEREMOS MATAR MAS A NADIE".- Debe recordarse: se encuentra probado ante el citado Tribunal, que dicho día fue asesinado en ese lugar el Dr. Norberto Centeno.
En las primeras 48 horas fuimos "visitados" por extrañas personas- con permiso de la guardia- a quienes se nos concedió explicar nuestro estado.-La intención de la visita era transmitir serenidad y tranquilidad por el resultado final de nuestra situación.- A pesar de la capucha igual observé dos pares de zapatos.
Tomas Fresneda intuyó conocerlos, pero la intervención del custodio al escuchar nuestra conversación impidió otra información y no pudo decirme quienes eran.
Estas pruebas arrojan indudable responsabilidad en quién tenía el control del Radar y permiten también visualizar en el ámbito jurídico la introducción de un elemento "no-militar" en función de co-protagonista participante del hecho. No toda persona estaba en condiciones de "obtener permiso de entrevistar" a dos secuestrados en manos de una unidad represiva.
Después de esos momentos, nunca más volví a ver a Tomás y a su esposa. Fui recluido lejos del núcleo donde los alojaron , en otra pieza, solo.
Una conversación entre dos guardias refirió a una mujer "traída ayer", lo que me permitió descubrir- muchos años después- que ese "ayer" es el 13 de julio de 1977, fecha del secuestro de María Esther VAZQUEZ de GARCIA y Néstor Enrique GARCIA MANTICA de cuya desaparición aún no se había reparado y que hasta figuran en esa condición en un archivo secreto de la embajada de EEUU en nuestro país.
Pero el final de la operación se da cuando me comunican que voy a ser liberado en la ciudad de La Plata. Vendado y atadas las manos me introducen en el baúl de un automóvil, el cual es interceptado- tomé conocimiento después- por una patrulla militar en el camino que une el acceso a la Ruta 2 con la localidad de Santa Clara.
El auto frena bruscamente, escucho al conductor exclamar: "¿La puta, que mierda es esto?", se abren las puertas, hay tiros ,corridas y muchos silencios.
En determinado momento percibo movimientos cercanos a la rueda trasera izquierda, cuatro disparos, un golpe de algo que cae en el asiento trasero y tres quejidos. Soldados me sacan del baúl y ya sin vendas en los ojos, un oficial Itaka en mano me comunica que en el coche hay " dos muertos". La claridad de la noche y las lejanas luces de la ruta 2 me permitieron observar el automóvil: un Ford Falcon-con el parabrisas y la luneta destrozadas por