Proyecto Desaparecidos: Notas

Pictures of Bahraini Disappeared

These are pictures of the young Bahraini man who was beaten, detained and is now in incommunicado detention. See http://www.desaparecidos.org/bbs/archives/003922.html

Arg - Ser Madre en Bahía (a pesar de todo)

(AW). Celia Jinsky de Korsunsky habló en su Bahía Blanca natal con el compañero Mariano Herrera. La madre de Eduardo, uno de los tantos jóvenes desaparecidos, se refirió a su encuentro con Azucena Villaflor, recordó lo complejo que significaba luchar en Bahía, la protesta en la Catedral local y el encuentro con el asesino Alfredo Astiz, entre otras situaciones que merecen ser leíadas.

Buenos Aires, 31 de mayo de 2007 (Por Mariano Herrera, especial para la Agencia Walsh). Cuando entras a la casa de Celia te sorprende un silencio que te hace pensar que alguien está durmiendo la siesta, sin embargo la casa de Celia está llena de música. Está en los textos que me muestra de su hijo en los que habla de la música como una manera de unir a las personas; está en sus palabras cuando cita canciones para describir tal o cual situación; está presente cuando recuerda las marchas de las madres con sus cantos y con sus palmas que fueron formando una melodía de memoria durante 30 años. Y está en su manera de contar las cosas, una manera tan tierna que cualquier canción se podría armar con sus palabras. También hay otras cosas que a cada rato son nombradas por Celia: una tiene que ver con el coraje. Celia todavía hoy se sorprende de las cosas que han hecho las madres para saber aunque sea algo de la vida de sus hijos. Otra tiene que ver con el miedo que se tenía pero que no había que demostrar porque no había que ceder, y vaya que no cedieron. Y también está presente el humor. Celia tiene un amplio anecdotario dentro de su historia como madre de Plaza de Mayo que a pesar de tanto dolor lo muestra, lo transmite, lo enseña y lo comparte con una sonrisa.

A Celia Jinsky de Korsunsky no le pregunté la edad, primero porque no me animé, segundo porque dicen que no se debe y tercero porque no hacía falta. Ella dice que la edad le está trayendo problemas de memoria, que hay cosas que no se acuerda, y es verdad ya que algunos nombres se les escapan pero lo primordial, lo necesario, lo que tiene que ver con la historia que debe conocerse lo recuerda y lo recuerda muy bien...

La madre de Eduardo

Celia, nacida en un pueblo de La Pampa llamado Bernasconi, ya vivía en Bahía blanca cuando su hijo Eduardo Sergio Korsunsky desapareció. Este se encontraba viviendo y trabajando en la localidad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Tenía 24 años al momento de desaparecer, era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y había estudiado Economía en la Universidad Nacional del Sur. La llegada del siniestro Remus Tetu al rectorado de esa universidad de Bahía Blanca hizo que Eduardo deje la carrera. Desapareció el 4 de agosto de 1976, allí Celia inicia su búsqueda y se convierte en una de las primeras madres de Plaza de Mayo: “Empecé a viajar a San Nicolás que es el lugar donde desapareció, recuerdo lugares desconocidos, calles empedradas, veredas angostitas, todo muy colonial. Después mis viajes fueron para Buenos Aires, al Ministerio del Interior, en esos viajes conocí a Azucena Villaflor y ahí era fácil darse cuenta que era una maestra. Ella, para que pareciéramos más, empezó a ponernos en fila, una detrás de la otra para hacerla más larga...pero las que quedaban más atrás estaban temblando. Era la primera vez que se hacía y por eso había mucho terror”.

Cuenta Celia que en esa fila eran como 60, que en Buenos Aires lo primero que hizo fue ir a la Liga por los Derechos del Hombre y ahí fue conociendo personas que estaban en su misma situación. La plaza, el Ministerio y los cuarteles se fueron convirtiendo en lugares comunes para los familiares de desaparecidos. Y en algo común también se convirtió la represión, los caballos de la policía, las armas apuntando: “El miedo era mucho sobre todo al principio, después vas aprendiendo cosas porque ya te enfrascas que hay que hacer esto y lo otro y entonces no pensás tanto, no te das cuenta del peligro y los tipos con las armas te quedan como un paisaje. Te acostumbrás de que los tipos están ahí”.

Las madres de los padres

Siempre la historia habla de las Madres de Plaza de Mayo pero nunca, o pocas veces, se refiere a los papás de los desaparecidos. Todo tiene una explicación y en la misma hay un sentido de protección de las propias madres a sus maridos. El sentimiento maternal se extendía: “Cuando venía algún papá lo metíamos adentro de la rueda que hacíamos en la plaza, los protegíamos para que los milicos no los vean y con los jóvenes hacíamos lo mismo. Hacíamos de mamás de todos. Un día me preguntaron porque hacíamos eso y dije que era suficiente con los que había desaparecidos y alguien tenía que cuidar a los que quedaban”. Celia reconoce que eran más las madres que los padres los que participaban pero a la vez vuelve a hablar de esa protección hacia ellos: “Los padres eran presas fáciles, aunque hubo varias mujeres desaparecidas era como que una creía que por ser mamá podíamos proteger a los hombres y a los jóvenes”.

Las madres de Bahía

Bahía Blanca es una ciudad difícil en lo que respecta a desaparecidos y derechos humanos. V Cuerpo de Ejercito por un lado, diario La Nueva Provincia por el otro y Base Naval Puerto Belgrano unos kilómetros más allá, hacían y hacen de Bahía una ciudad con un pensamiento militar que se iba expandiendo. Así y todo las madres y los familiares de desaparecidos se hicieron un lugar. Todo a través del boca en boca; Celia conoció a la familia Giménez que junto a otras similares ya se estaban organizando y juntas comenzaron la lucha en la que muchos llaman la Bahía del olvido: “Se juntaban en distintas casas, rotaban porque tampoco era seguro estar siempre en la misma. Incluso el que venía en coche lo dejaba a tres cuadras del lugar. Fui conociendo a cada uno que componía ese grupo, eran madres y padres e íbamos viendo que cosas se podían hacer”. En Bahía la plaza de Mayo vendría a ser la Plaza Rivadavia, sin embargo esto no funcionó como aquella, el asunto en Bahía era más difícil y más peligroso: “Acá era distinto, no nos podíamos juntar en la plaza. A veces lo pensábamos, ver si nos íbamos a animar porque no éramos tanta cantidad, éramos 28 o 30. Después pasamos bajo la APDH y uno se animó a hacer más cosas. Durante más de dos meses íbamos al cuartel y pedíamos hablar con el Comandante. Sabíamos que era para nada porque nunca nos iba atender. Entrábamos ahí, todas con el pañuelo y cuando nos veían ¡se ponían re locos!”.

Las madres de todos

El concepto de madre se fue extendiendo dice Celia porque la hermandad hacía que si había algún dato de cualquier desaparecido todas se alegren: “El pedido era por todos porque era para todos. Todos los hijos pasaron a ser hijos de uno”. Y las madres de Bahía la lucharon, a su manera con sus actividades. Ya en democracia con muestras de fotos en el hall del municipio quedándose siempre una por si alguien preguntaba o conocía a alguno de los desaparecidos; y también con la junta de firmas para pedir juicio y castigo para los militares: “Una vez hicimos firmar el pañuelo y logramos juntar tantos pañuelos que los fuimos poniendo todos alrededor de la plaza. La plaza Rivadavia quedó rodeada por nuestros pañuelos”. De su gran memoria que dice no tener Celia saca otra anécdota, en este caso también se trata de una tarde en que juntaban firmas: “Un pibe de 17, 18 años nos dice ¿y qué querían ellos? Entonces yo le dije: ¿Por qué no te vas al fondo del mar y les preguntás que querían hacer?. Dio media vuelta y se fue, no vino más”.

El pañuelo en la iglesia

Celia habla de coraje y también de locura, de que las llamaban “las locas”: “Nos decían así, y después nos gustó la idea, estábamos locas, nos hacíamos las guapas” (risas). Y entre esas locuras surgió la de meterse en la Catedral bahiense, pleno centro de la ciudad: “Entramos y un seminarista nos preguntó quienes éramos. En ese entonces la que hablaba era Zaira Diego y entonces después vino alguien y nos invitó a salir y nosotras que no salíamos. Nos miraban todos como a bichos raros”.

El día que lo vieron a Astiz

Hablaba antes del carácter especial que tiene Bahía Blanca, tan especial que cobijó por momentos a genocidas de la calaña de Alfredo Astiz que un 24 de marzo estaba sentado en un bar, muy cerca de donde marchaban las madres. Y las madres fueron a encontrarse con la bestia: “Nunca lo había visto...estaba ahí sentado leyendo una revista y tomando un café, nunca dio vuelta la hoja que leía...con los oidos seguramente escuchando bien y la mirada de reojo por si volaba algo. Se sabía que no había que hacerle nada. Le decían de todo, recuerdo una chica que le dijo: ¨“no te mueras nunca que la víbora te vaya comiendo de a poquito”.

“Salimos de las ollas para luchar”

Muchas cosas por contar quedan afuera, porque Celia dice que no se acuerda, pero se acuerda. Se acuerda de las miles de cartas que enviaban a un diario financiero hasta que este publicó algo sobre las madres de Bahía, se acuerda de las marchas, de las respuestas recibidas, de las no respuestas recibidas, de las tardes en la APDH y se acuerda de los desaparecidos, de los chicos: “Es un compromiso muy fuerte que hicieron entre todos para llegar a algo. Yo siempre comparo con la canción de Gieco, Cinco Siglos Igual, habrán dicho basta, vamos a ver si hacemos algo. No se, no habrá sido así tan simple pero me parece hermoso entregar la vida”.

Hoy Celia comparte su lucha junto a otras organizaciones como Ausencias Presencias, APDH y SUTEBA. Con muchos de ellos comparte estos 30 años y a otros les transmite eso de dejar la cocina para salir a la calle:” A veces pienso y me pregunto como tuvimos el coraje nada menos contra quien uno luchaba, tuvimos miedo, tuvimos de todo pero lo hicimos. No habremos hecho tanto como se hizo en otros lugares pero hicimos. Saliendo de la cocina y yendo a la calle, salimos de las ollas para luchar. Estaba eso de no ponerse a llorar a gritos porque todo era a las escondidas y porque si te ponés a llorar no podés pensar y tenés que pensar a ver que tenés que hacer. Si lloro me pierdo en los laberintos y no puedo armar nada”.

Pero algo armaron, armaron una ronda que protege, que acuna, que cuenta, que insiste, que canta. Una linda melodía de la memoria.


AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH

Arg - "imágenes para la memoria" se exhibe en Mendoza

La Coordinación de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Cultura de Mendoza y Memoria Abierta invitan a visitar la muestra "imágenes para la memoria".

Del 1 al 28 de junio en el Espacio Contemporáneo de Arte (9 de Julio y Gutiérrez. Ciudad de Mendoza)
De 9:00 a 13:00 y de 16 a 21:00.
Para acordar un horario de visita guiada contáctese con la Coordinación de Derechos Humanos de Mendoza al 4492076.

Arg - Concursos: "Creando memorias" y "Los jóvenes hacen memoria"

Concursos: “Creando memorias” y
“Los jóvenes hacen memoria”

Declarado de “Interés Educativo” resolución nro 219, Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

Fundamentación y objetivos:

Pasadas más de tres décadas del inicio de la última dictadura, la Comisión y Archivo Provincial por la Memoria (creados por Ley Provincial 9286), que tiene entre sus objetivos el de “fomentar el estudio, investigación y difusión de la lucha contra la impunidad y por la plena vigencia de los derechos humanos y de sus implicancias…”, convocan a niños y jóvenes de nuestra provincia a participar de los concursos “Creando memorias” y “Los jóvenes hacen memoria”.

Entendiendo a las memorias como pilar primordial de la identidad de los pueblos, y conociendo la importancia de su ejercicio para el desarrollo de una actitud crítica que contribuya a la formación de ciudadanos/as dentro de un marco democrático, es que buscamos incentivar en los niños y jóvenes de Córdoba el interés por nuestro pasado reciente, promoviendo la indagación y producción de materiales en torno al Terrorismo de Estado ejercido por la última dictadura cívico-militar en nuestra provincia.

Creemos fundamental darle importancia y espacio a las miradas que los jóvenes construyen sobre nuestro pasado reciente, promoviendo su protagonismo en los debates actuales. Por eso los invitamos a producir individual o colectivamente materiales partiendo de las memorias locales (las de su ciudad, las de su barrio, las de su escuela, las de su entorno), que recuperen estas experiencias y las relacionen con nuestra historia como país; valorando a los sujetos como protagonistas en la construcción de la historia. Apostamos también a que docentes/coordinadores impulsen y orienten la realización de los trabajos, incentivando la construcción colectiva de saberes.

En suma, esta iniciativa es una invitación a recuperar las memorias de lo ocurrido durante el período represivo desde la mirada de los más jóvenes, desandando la cultura del silencio y del miedo que los genocidas quisieron imponer, para construir una sociedad más justa y solidaria, comprometida con la plena vigencia de los Derechos Humanos.

Destinatarios y formatos:

Concurso “Creando Memorias”

· Destinado a Niñas y Niños de 6 a 13 años: la propuesta consiste en presentar historietas, cuentos y poesías, producidos individual o colectivamente con el apoyo de un docente o formador; el objetivo es estimular la creatividad y sensibilidad de los/as niños/as en torno a temas de nuestra historia reciente.

Concurso “Los jóvenes hacen Memoria”

· Destinado a Jóvenes de 14 a 18 años: se trata de realizar y presentar un trabajo de investigación sobre relatos, historias, o hechos ocurridos en los lugares donde viven los jóvenes. El mismo tiene que ser presentado con formato periodístico (crónicas, informes, etc.) y puede ser realizado individual o colectivamente con la guía y apoyo de un docente o formador.

Requsitos de formato específicos: páginas mínimo 10, máximo 20; tamaño A4; simple faz; fuente Times New Roman, tamaño 12; interlineado 1,5; márgenes, 3 superior, 2,5 inferior, derecha e izquierda; puede incluir anexo de fotos.

Ambos concursos están dirigidos tanto a escuelas primarias y secundarias, públicas y privadas; como a organizaciones comunitarias de nuestra provincia que trabajen con niños y/o jóvenes.

Información Importante:

· El material presentado debe ser inédito y no haber recibido premios anteriores.

· Los trabajos se recibirán entre el 25 de Marzo y el 14 de septiembre de 2007, en la sede de la Comisión y del Archivo Provincial de la Memoria, Pasaje Santa Catalina 66 Córdoba, pueden consultar por teléfono al (0351) 4341501 / 4342449, mails: comisiondelamemoria@cba.gov.ar, comsiondelamemoria@gmail.com, archivodelamemoria@cba.gov.ar, archivodelamemoria@gmail.com

· Los trabajos deben contener: nombre y apellido de los realizadores, edad, grado o curso; nombre y apellido de los docentes o coordinadores (materia, disciplina o área en la que trabajan), institución u organización a la que pertenece. Datos como contactarse (teléfono, dirección, etc.).

· Para su presentación, los trabajos pueden ser abordados multidisciplinariamente.

· En cada modalidad existen pautas guía de elaboración del trabajo final (presentación, cantidad de páginas, etc.).

· Posibles ejes (no excluyentes):

- La dictadura en lo local (el municipio, el barrio, la escuela, etc.)

- Historias de vida

- Hechos o acontecimientos

- Libros prohibidos

- Música

- Guerra de Malvinas

- Identidad

- Resistencias y luchas

· La presentación de trabajos supone la aceptación de las bases y la autorización para su publicación.

· Para cada modalidad habrá un jurado compuesto por personas de reconocida trayectoria.

· Todos las producciones pasarán a formar parte del Archivo Provincial de la Memoria.

· El fallo del jurado será inapelable.

Premios:

Habrá un primer premio y menciones especiales; a realizadores y docentes/coordinadores en cada categoría.

· Publicación de lo producido.

· Una PC para cada categoría

· “Caja de herramientas”. Con libros, cd’s, películas, etc., relacionados a la temática para ser utilizados en la formación en Derechos Humanos y Democracia.

· Diplomas y menciones

Fechas Convocatoria:

Recepción de trabajos desde el 25 de marzo hasta el 14 de setiembre de 2007.

Entrega de premios: El 19 de octubre en el marco de la semana de la Identidad y el 30 aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo.

Encuentro:

Con posterioridad al cierre del concurso y entrega de premios y con fecha a confirmar se realizará un encuentro invitando a toda la población educativa a compartir los trabajos.

An Interrogation Role Model

U.S. picked up tactics — including torture — from Israeli intelligence

By Yossi Melman
International Consortium of Investigative Reporters

TEL AVIV, Israel — The King Hussein bridge is the most direct route from Amman to Jerusalem, but it was not a trip Marwan Ibrahim Mahmoud Jabour wanted to make — he had no choice. It was September 2006, and Jabour, a 30-year-old Jordanian engineer who says he made the mistake of going to Afghanistan in a fruitless attempt to join the jihad, had spent the last two years as a U.S. prisoner — possibly in Afghanistan but he wasn't sure, since his captors had never revealed the location. According to a sworn affidavit he gave to an Israeli military court, he'd spent much of that time naked and alone in a tiny cell with a bucket to serve as a toilet, being subjected to loud music and hot or freezing temperatures, presumably to soften him up for interrogations that went on for as long as 14 straight hours.

But now, apparently, the Americans were done with Jabour. They'd drugged him and sent him on a jet back to the Middle East. The trip was what is known in the U.S. war on terror as an "extraordinary rendition," the transfer of a terror suspect to a foreign country for interrogation — and sometimes torture, human rights activists charge — outside of any legal process. Jabour says he never faced a judge, a prosecutor or a jury. When asked for comment on Jabour's affidavit, the CIA cited its standing policy of not commenting on allegations of extraordinary rendition.

Jabour found himself in the back seat of a car driven by Jordanian intelligence agents. At the other side of the King Hussein bridge, in the Israeli-occupied West Bank, they handed him over to Israeli intelligence agents. In his affidavit, Jabour said that one of the Israelis mocked him in greeting: "Welcome, Osama bin Laden. Where are you coming from?"

Jabour's case is the first documented instance of a terror suspect who was not linked to Hezbollah or Palestinian terror groups making his way from American hands to Israeli custody. That such a thing could happen should probably come as no surprise, given the traditionally close cooperation between the United States and Israel on security matters. The controversial techniques Jabour says his American captors used were not concocted out of thin air; many were perfected and put into regular practice by the Israelis, who in the post-9/11 era have quietly become one of the world's most important exporters of interrogation and counterterrorism methods decried by human rights groups as constituting torture and violating basic human rights.

One of Israel's "students," the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) has found, has been the United States. For its part, the United States reciprocates through continued massive military aid and assistance to Israel, thanks in no small part to strong Israeli lobbying of the U.S. Congress. ICIJ's database of foreign military assistance shows that Israeli governmental entities spent more than $30 million in the three years after September 11, 2001, on expenditures governed by the Foreign Agents Registration Act, including lobbying Congress and the executive branch.

Since the late 1940s, the United States has given Israel nearly $50 billion in military assistance — financial aid and access to weaponry that has helped make the Israeli armed forces one of the most technologically sophisticated, powerful militaries on the planet. Since 9/11, Israel has remained the No. 1 recipient of U.S. military aid, pulling in more than $9 billion in the three years after the terrorist attacks.

While other countries have been influenced by U.S. aid, Israel has influenced its patron as well. In the post-9/11 world, the United States has turned to Israel for advice and training for urban combat against insurgents in Iraq and has borrowed controversial tactics that Israeli forces have used against Palestinians. In Iraq and elsewhere, the United States also has emulated Israel's hard-nosed methods against terrorism, allegedly including the use of torture in interrogations. The growing closeness between the two intelligence services also raises the question of just how far Washington will go in the future in continuing to apply one of Israel's most controversial anti-terrorism techniques: targeted killings. (See related story.)
Learning from the best

Since the attacks on the World Trade Center and the Pentagon, U.S. intelligence officials have visited Tel Aviv to meet with their counterparts from Mossad, Israel's version of the CIA, and Shabak (or Shin Bet), the Israeli counterintelligence and anti-terrorism agency, as well as the Aman, Israel's military intelligence service, according to Israeli intelligence and diplomatic sources who requested anonymity in order to speak candidly with ICIJ. In addition to exchanging information on terrorist organizations with their Israeli hosts, the visitors are reported to have viewed presentations by special forces units of the Israeli Defense Forces and the Israeli National Police describing methods and equipment employed by Israel in anti-terrorism operations.

According to those same sources, other countries have also sent their own intelligence officials to learn from the Israeli experience and to be briefed and trained by their Israeli counterparts. Almost every week, the sources said, the Tel Aviv-based headquarters of Mossad, Shabak and Aman host guests from South America, Africa, Eastern and Western Europe and South Asia, including countries such as Indonesia, which does not even have diplomatic relations with the Jewish state.

Visitors also talk about ways to block the flow of financial funding from the United States, Europe and Latin America to Palestinian militants. "Under the disguise of donating money to Palestinian charity, contributions are channeled to terrorist groups in Gaza and [the] West Bank," says a senior Israeli official dealing with terrorist issues at Israel's National Security Council. "Before 9/11, it was hard for us to persuade governments that money raised in mosques in their respective countries found its way to buy weapons and explosives in the Palestinians areas which eventually was turned against innocent Israelis. In the last two to three years, we find more attention to our claims and readiness to cooperate. On several occasions we provided names of charities and bank accounts in the UK, Italy, Paraguay, Argentina and a few other countries, and the security services there followed accordingly and took action. Offices were raided, documents confiscated and in some rare cases accounts were frozen."

Additionally, at least twice a year, delegates from various branches of the Israeli intelligence community visit the United States to exchange information and engage in brainstorming sessions with their U.S. counterparts. These discussions are "frank, open and intimate," according to an Israeli intelligence source who has been involved.

Due in part to these exchanges of ideas, the United States has been able to copy and learn from Israeli counterterrorist methods. Although Israel certainly did not invent techniques such as clandestine kidnapping or the use of stress positions during interrogation, it was one of the first countries to employ those techniques as part of a broader counterterrorism campaign.
Eichmann case a precedent

The CIA's abduction of Egyptian cleric Hassan Osama Nasr (also known as Abu Omar) as he walked to a Milan mosque in 2003, for example, had a famous precedent — the 1960 Mossad operation that tracked, cornered and abducted Nazi war criminal Adolf Eichmann in Buenos Aires, Argentina.

"He [Eichmann] passed our car, which was parked on the margin," Rafi Eitan, the Mossad officer in charge of the operation, recounted in an interview with ICIJ. "One member of our team, Tzvi Malchin, was shadowing and closing in on him. It all took a few seconds. Tzvi jumped on him. Both of them fell down into a ditch. Tzvi grabbed him. We opened the door, and Tzvi put him inside." The parallels with the 2003 Abu Omar abduction are striking, where, according to Italian prosecutors investigating the involvement of 26 Americans, Omar was grabbed off the street by CIA agents and thrown into a waiting van.

Just as the detainees of CIA "extraordinary renditions" are reported to have been hidden at secret prisons and transported across borders in clandestine flights, Eichmann was taken to a safe house in the Argentine capital, interrogated, sedated and dressed in the uniform of a crew member of El Al, Israel's national airline. He then was driven to the airport, forced to board an Israeli aircraft and flown to Israel for trial, according to Eitan and other published accounts of the operation. Eichmann was later convicted and put to death.

Twenty-six years later, the Mossad conducted a similar operation. According to interviews with relatives and Israeli intelligence officials involved in the operation, in the fall of 1986, the agency acted against Mordechai Vanunu, an Israeli technician who worked at Israel's secret nuclear reactor in Dimona. Vanunu was fired, left the country and then revealed to The (London) Sunday Times that Israel had produced in Dimona sufficient plutonium to manufacture 200 nuclear bombs. The Israeli government instructed the Mossad to abduct Vanunu and bring him to justice in Israel.

Mossad teams tracked Vanunu in London, where a female agent seduced him and persuaded him to accompany her to a "love nest" in Rome. There he was kidnapped by other Mossad operatives, sedated and taken by force to a yacht that sailed to a rendezvous off the Italian coast with an Israel naval boat manned by cadets.

"In the middle of the sailing we were told to put anchor off the Italian coast," according to the recollections of the Israeli cadets relayed to ICIJ by Israeli intelligence sources. "We didn't bother to ask why. We were only cadet officers who hoped to be soon commissioned. After three days, I believe, a yacht arrived near us at the middle of the night. We were all asked to stay in our cabins — only a few officers were allowed to be on the deck. Only a few days later by word of mouth and rumors spreading around, we found out that a group of people, mostly male and few females in civilian clothes, had boarded our ship. They stayed throughout the remaining sail in their cabins. A few weeks later when the government announced that Vanunu was captured, we understood that we were the ship which was ferrying him."

When the boat reached Israeli soil, Vanunu was interrogated, charged and convicted of treason, espionage and unauthorized disclosure of secrets.

He served 18 years in prison.

Despite the strong similarities between Israeli abductions and those carried out by the CIA after 9/11, one important distinction remains: Eichmann and Vanunu were eventually put on public trial, whereas Jabour and his fellow "ghost" detainees by the United States have rarely been subject to official legal proceedings — or legal protections.
Similar techniques

When the United States invaded Iraq and overthrew Saddam Hussein's regime in 2003, the close U.S.-Israeli relationship became even more pronounced.

U.S. forces soon found themselves in a bloody, protracted struggle against non-uniformed Iraqi insurgents in Iraqi cities and villages, a conflict that bears eerie parallels to Israel's battles with Palestinians in the occupied West Bank and Gaza. American forces knew where to turn for advice.

According to American and British newspapers, U.S. soldiers journeyed to Israel to train in a mockup of an Arab town that the Israeli army has used to prepare for urban warfare in the occupied territories, and the Israeli Defense Forces sent urban warfare specialists to Fort Bragg in North Carolina to help train U.S. special forces for counterinsurgency operations.

Not surprisingly, U.S. forces in Iraq began using an array of tactics previously employed by the Israelis in the occupied territories. When U.S. Marines conducted house-to-house searches for insurgents, they used portable battering rams to knock holes through interior walls as a way of avoiding booby-trapped doors — one of the classic urban warfare tactics borrowed from the Israelis.

U.S. forces also began demolishing houses and buildings used by insurgents, mimicking the controversial Israeli practice of using bulldozers to take down the homes of Palestinian militants or their families. And, as the Israelis had done, the Americans cordoned off villages and neighborhoods suspected of harboring insurgents and set up armed checkpoints through which Iraqis were forced to pass.

"I see no difference between us and the Palestinians," an Iraqi man named Tariq told The New York Times in 2003. "We didn't expect anything like this after Saddam fell."

The U.S. Army officer formerly in charge of the now-infamous Abu Ghraib prison, Col. Janis Karpinski, told British Broadcasting Corp. radio in 2004 that during a visit to a U.S. intelligence center in Baghdad, she met an Israeli who was involved in interrogating Iraqi prisoners.

"I asked him what did he do there, was he an interpreter? He was clearly from the Middle East," said Karpinski, who was demoted from her previous rank of brigadier general after the revelations of prisoner abuse at Abu Ghraib. "He said, 'Well, I do some of the interrogation here. I speak Arabic but I'm not an Arab. I'm from Israel.' " The Israeli government has strongly denied that any of its own interrogators were working with the Americans in Iraq, as has Virginia-based CACI, the large American defense contractor that performed interrogations at Abu Ghraib.

However, some of the techniques used by American interrogators — such as putting hoods on prisoners and subjecting them to loud music, and forcing them to remain in painful physical positions — bear discomforting similarities to controversial techniques Israeli intelligence has used for decades.

Beginning with Israel's occupation of the West Bank and Gaza in 1967, Israeli intelligence agencies — mainly the Shabak — have interrogated Arab and Palestinian terrorism suspects. For years, Shabak interrogators used brutal methods that included sleep deprivation, hanging subjects from walls and threats of sexual assault. Rough treatment of interrogation subjects essentially was legal. Even after a 1987 special inquiry commission led by former Israeli Supreme Court Judge Moshe Landau found that Israeli interrogators not only used torture to compel confessions, but also were instructed by superiors to lie about it to the courts, it recommended that interrogators be allowed to continue "moderate physical pressure" on suspects who might have information about an impending terrorist attack.

In a 1999 ruling, the Israeli Supreme Court described in detail some of the methods used by Israeli interrogators. One particularly violent practice was the "forceful shaking of the suspect's upper torso, back and forth, repeatedly, in a manner which causes the neck and head to dangle and vacillate rapidly." The court noted that "the shaking method is likely to cause serious brain damage, harm the spinal cord, cause the suspect to lose consciousness, vomit and urinate uncontrollably and suffer serious headaches." Another technique was the "shabach" position, in which a prisoner would be left between interrogations in a small chair with his arms tied, in a position that "causes serious muscle pain in the arms, the neck and headaches." Interrogators also covered the subject's head with a sack and played "powerfully loud music" in the room.

The Israeli Supreme Court decided that such practices were illegal. But Israeli human rights activists contend that the ban was never fully enforced and that Israeli interrogators sometimes continue to mistreat prisoners today.

For example, a Palestinian government official who was arrested and held by the Israelis for six weeks in the summer of 2005 later said that interrogators had left him tied for six to seven hours straight in the "shabach" position. "It caused a lot of pain in my neck," Palestinian Minister of Labor Mohammed Barghouthi told The Christian Science Monitor. "But the psychological pain is much worse."
Coming home

Marwan Ibrahim Mahmoud Jabour said in his sworn affidavit that he would find himself subjected to similar — but even more intense — mistreatment by U.S. interrogators before he ended up on Israel's doorstep.

In Jabour's sworn affidavit, he presents himself as little more than a would-be jihadist. In subsequent interviews with human rights groups and The Washington Post, he acknowledges having facilitated transportation and assistance for al Qaeda fighters fleeing Afghanistan into Pakistan after the 2001 U.S. invasion; a U.S. counterterrorism official described him as "an all-around bad guy" who had contact with senior al Qaeda officials.

The offspring of Palestinian refugees, he spent his youth in Jordan and Saudi Arabia before moving to Pakistan in the 1990s to study computer engineering. While in Pakistan he found religion, and a few years later he tried to answer the call of Saudi religious leaders who were urging followers to take up jihad against the Russians in Chechnya. Jabour managed to make his way to Kabul, where he got a few months of rudimentary firearms instruction in a camp operated by the Taliban before being told that the Chechens didn't really want any more Arab fighters. He returned to Pakistan and got married. A couple of years later, after the September 11 attacks led to the U.S. invasion of Afghanistan, he again felt the call — not to fight for al Qaeda, but "to protect Afghanistan as a Muslim country." Jabour went to Afghanistan and tried to join a group of Arab fighters, but when the Taliban deserted them on the front line, he decided to go home again without firing a shot.

Jabour made the mistake of befriending an assortment of wounded, destitute ex-comrades who wandered into Pakistan after the conflict, his affidavit goes on. In 2004, he says, Pakistani intelligence agents forced him and a friend into a car, put hoods on their heads and took them to a facility in Lahore where Jabour was beaten and tortured for several days before his captors handed him over to the Americans.

He then describes a haze of sedative injections and a jet ride. Jabour found himself in a nameless facility where he says men in black uniforms and masks stripped off Jabour's clothes, bound him and put him in a tiny cell with a bucket for a toilet. He remained naked and bound for three months, with a video camera suspended from the ceiling watching his every move. Outside, large speakers played jet engine noises.

According to Jabour's affidavit, a U.S. interrogator told him that "whenever you hear this sound, you will remember why you are here" — a reference to the planes that crashed into the World Trade Center and the Pentagon.

After interrogators questioned Jabour, he related, they would throw him back in his cell, tie him in various uncomfortable positions and then subject him to loud noises and music, sometimes for up to four days at a time. "I would scream for them to stop … and I would tell them I was going to talk," he says. On other occasions, he says in the affidavit, interrogators tied a rope to his handcuffs and lifted him up for several minutes at a time or squeezed him in a tiny closet that had breathing holes punched in the door (he would later tell human rights advocates and journalists that he was threatened only with being put in the closet).

By the time a year had passed, the affidavit goes on, the severity of Jabour's treatment eased somewhat. He was still subjected to interrogations, but he was in a larger cell and his captors let him out occasionally to watch documentary films on DVD or to take books out of the facility's library, which had thousands of books in Arabic and other languages. Eventually, they gave him a drawing pad and an electronic chessboard.

By then, apparently, the United States had decided that Jabour either had no more useful information to offer or was too small of a catch to bother keeping in custody. In July 2006, a clerk at the facility suddenly told Jabour that he was about to be transferred. "Where to?" Jabour asked. The American, the affidavit says, told him he didn't know. The next day, guards came to Jabour's cell, bound him in chains, taped cotton over his eyes and put plugs in his ears. He says he was driven to an airport, loaded on another jet and injected with something that made him lose consciousness.

After the jet landed hours later, Jabour reports that he was carried into a building. When his blindfold was removed, he was in a room with portraits of King Hussein and King Abdullah on the wall. Jabour was back in Jordan, the land of his birth. Jordanian agents began questioning him, he says, but the sessions were less brutal. "The interrogators told me they know everything I've been through," he says. For the first time, he was allowed to meet with a Red Cross representative. He also was allowed to see his parents and other relatives.

But instead of releasing Jabour, the Jordanians turned the former U.S. prisoner over to the Israelis. While U.S. interrogators reportedly have used the threat of rendition to Israel to frighten captives into talking, Jabour says that after a humiliating initial search (in which he was stripped and forced to squat several times), the Israelis didn't treat him quite as roughly as the Americans had. He relates that he was questioned by a Shabak interrogator named Levi, who talked to him roughly a dozen times, three to four hours each time. Levi had Jabour tell his life story, while Levi took notes on a computer. None of the questions had anything to do with Israel or its national security, Jabour recalled in the affidavit.

Even so, Jabour was held without charges and was not allowed to see an attorney for the first month of his Israeli captivity. Then, in late September 2006, he finally got a chance to speak with Nizar Mahajna, a lawyer for the Public Committee Against Torture in Israel, an Israeli human rights organization, who happened to run in to Jabour in the Kishon Prison where Jabar's military court hearing was taking place.

"I'm not one of them," Mahajna quotes Jabour as telling him, meaning that he was not a Palestinian from the West Bank or Gaza. "Do you have time for me?"

"He seemed very frightened," the attorney would later recall.

In October 2006, Israeli security sources told ICIJ that Jabour most likely would be charged with membership in a terrorist organization, unauthorized military training and posing a threat to state security.

But apparently, over the next several weeks, Israeli officials changed their minds and decided that the former U.S. prisoner was not so much of a threat after all. In November 2006, the day before a military court was scheduled to consider extending his remand, authorities simply released him to relatives in Gaza.

http://www.publicintegrity.org/MilitaryAid/report.aspx?aid=861

RD - Presentan querellas contra crímenes de la dictadura de Trujillo

Santo Domingo.- Familiares de personas asesinadas y torturadas en República Dominicana durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, asesinado hace 46 años, se querellaron contra los supuestos autores materiales e intelectuales de esos crímenes.

La demanda por tortura, homicidio, secuestro y detención ilegal fue presentada por las fundaciones 30 de Mayo, Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Hermanas Mirabal y la Manolo Tavárez contra los ex militares Luis José León Estévez, Cándito Torres, César Rodríguez Villeta y José Ángel Rodríguez Villeta, destacó Efe.

Según los denunciantes, los militares contaron con el apoyo "incondicional" de Trujillo y recordaron que los delitos no han prescrito debido a que se trata de crímenes de lesa humanidad.

http://www.eluniversal.com/2007/05/31/int_art_presentan-querellas_304629.shtml

Arg - Preocupa a organismos de DDHH la liberación de represor y presunto apropiador de menores

Capital Federal - Frente a la decisión de la justicia de liberar al ex agente de inteligencia de la Gendarmería Nacional durante la Dictadura Militar, Víctor Enrique Rei, organismos de derechos humanos han manifestado su preocupación y convocado a una conferencia de prensa para mañana a las 11:30. El represor, detenido desde el 2004, está acusado de haberse apropiado ilegalmente -fraguando el certificado de nacimiento- de un menor que habría nacido en el Hospital Militar y sería hijo de una detenida-desaparecida.

A causa de esto, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo convocó a una conferencia de prensa para "dar a conocer su profunda preocupación por la decisión de la justicia de liberar al represor y genocida, Víctor Enrique Rei, ex servicio de inteligencia de la Gendarmería Nacional, responsable de la apropiación de un joven hijo de desaparecidos"; la misma se realizará mañana jueves 30 de mayo a las 11.30, en Virrey Cevallos 592 Planta Baja 1.

A mediados de 2004 la jueza María Servini de Cubría había arrestado a Rei, ex alto oficial de la Gendarmería, por la apropiación de un menor durante la última dictadura militar. La justicia pudo comprobar que el certificado de nacimiento del joven tiene irregularidades serias que hacen que tanto las Abuelas de Plaza de Mayo como Servini de Cubría tuvieran sospechas fundadas de que se trataba de un hijo de desaparecidos.

Durante la dictadura, Rei estuvo destinado a la seguridad del Mundial de Fútbol de 1978 y luego se desempeñó en la dirección de Operación e Inteligencia de Gendarmería. Posteriormente fue segundo jefe del Escuadrón de Concepción del Uruguay.

Según las investigaciones de los organismos de derechos humanos se trataría del primer miembro de esa fuerza involucrado en la apropiación de un niño durante la última dictadura.
La partida de nacimiento del supuesto hijo de Rei fue firmada por el médico Julio César Cáceres Monié, un cardiólogo que ya falleció y que también aparece en los certificados falsos de otros hijos de desaparecidos.

En ese documento, en el que dice que el hijo de Rei habría nacido en abril de 1978, figura como dirección la calle Báez 840 pero el juzgado comprobó que esa numeración no existe. Al declarar ante Servini de Cubría, Rei aseguró que el joven era su hijo biológico y mencionó que los médicos que atendieron a su mujer durante su embarazo fueron “el doctor Cáceres y los que estaban de turno en el sector de obstetricia del Hospital Militar”.

Como parte de la investigación, la jueza allanó el Hospital Militar y secuestró todos los libros de parto de esa época. En ninguno hay constancia del nacimiento del hijo de Rei. Las mujeres que sí dieron a luz ese día en ese lugar tampoco recuerdan ni a la señora Rei ni a Cáceres Monié. Además, las historias clínicas aportadas al expediente por la obra social demuestran que el parto no se produjo.

http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=21746

Arg - En su despedida, Parache procesaría a Bussi por genocidio

En su último día al frente del Juzgado Federal Nº 1, Jorge Parache, daría a conocer su resolución en la que decidiría por primera vez el procesamiento por genocidio a los represores Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Mario Zimmerman y Alberto Cattáneo, en el marco de la causa del ex Arsenal. La esperada resolución tendría más de 300 fojas. A las 18, asume como juez subrogante Daniel Bejas, quien se hará cargo de las causas de la dictadura y de los delitos electorales.

En su último día a cargo del Juzgado federal Nº 1, Jorge Parache firmaría (si no lo hizo anoche) una resolución clave en el avance de las causas de los años sangrientos de la última dictadura militar. Decidirá si procesa o no por primera vez por el delito de genocidio al represor Antonio Domingo Bussi. En la esperada resolución, que constaría de más de 300 fojas, Parache también incluirá a Luciano Benjamín Menéndez (ex jefe del III Cuerpo del Ejército), Mario Alberto Zimmerman (fue jefe de Policía entre abril de 1976 y junio de 1977), y a Alberto Luis Cattáneo (ex jefe del Destacamento 142 de Inteligencia y coordinador de la denominada Comunidad de Servicios de Inteligencia).

Los cuatro represores ya pasaron por las indagatorias y en ellas solamente abrieron la boca para negar todos los hechos imputados en el marco de la megacausa en la que se investigan todos los delitos que constituyeron genocidio contra cientos de víctimas que fueron detenidas y fusiladas en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga que funcionó como un Centro Clandestino de Detención durante el gobierno militar que se inició en 1976. Este expediente está encabezado por la desaparición de Julio César Campopiano, un joven poeta de 18 años que fue secuestrado el 22 de octubre de 1976.

Luego de ocupar 22 años este cargo, hoy será el último día de trabajo de Parache al frente del juzgado Nº 1 tras su renuncia (que fue aceptada por el presidente Néstor Kirchner) para evitar que se inicie un proceso de destitución en su contra por presuntas irregularidades en la tramitación de causas de bonos del default, aunque ahora sigue involucrado en un expediente penal a cargo del juez federal subrogante Nº 2 Mario Racedo.

Parache fue quien procesó con prisión preventiva a Bussi en la primera causa reactivada en la provincia (por el secuestro y desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse) el 15 de octubre de 2003. Ahora, el cambio de magistrado también generó incertidumbre en familiares de desaparecidos y dirigentes de los organismos de derechos humanos ante cómo será la postura que adoptará Daniel Bejas frente de las cientos de causas de la dictadura que todavía esperan definiciones camino al juicio oral y público.

http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_nota=34889

Arg - Denuncian que represores acuden a chicanas judiciales para evadir las indagatorias

Representantes de los organismos de Derechos Humanos denunciaron públicamente que cinco (de los quince) miembros de la Gendarmería Nacional Argentina, que ya debieron ser indagados por la Justicia Federal, acuden a “chicanas judiciales” para evadir este paso procesal en el marco de la causa por el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga. “Se trata de nuevas maniobras por parte de la defensa de los participes en el plan sistemático de terrorismo de Estado implementado en nuestra provincia por la última dictadura”, recalcaron a través de un comunicado de prensa.

“Al ya clásico recurso del certificado médico se suma ahora el pedido de defensores de reclamar la presencia en el expediente de los legajos de los represores con sus fojas de servicio en esa época”, alertaron.

A esto agregaron: “Ahora, pretendiendo descalificar los testimonios aportado por la querella y la fiscalía, pide la defensa de los genocidas, una prueba en la que no está registrado el itinerario criminal de los gendarmes Celso Alberto Barraza; Benito Palomo; Carlos Lafuente; Ernesto Rivero ; Juan Carlos Riso Avellaneda y Oscar Aurelio Soto ni de los gendarmes que aun falta concurrir. En ningún lugar va a constar, oficialmente, que eran destinados a prestar "servicios" en un lugar clandestino, de exterminio como lo fue el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde tenían la función de fusilar, torturar, quemar los cuerpos de las víctimas del terrorismo de Estado, entre otras acciones”.

Chile: Juez Montiglio dicta 17 procesamientos en el caso calle Conferencia

Magistrado encausó a otrora integrantes de la brigada Lautaro del organismo represivo por el secuestro y asesinato de once militantes comunistas, entre los que figura el marido de la fallecida Gladys Marín.

El ministro en visita Víctor Montiglio dictó este miércoles procesamientos contra ex 17 agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en el denominado caso Calle Conferencia, en una resolución que abarca crímenes cometidos por el organismo represor entre el 2 de abril y el 9 de septiembre de 1976.

El magistrado que investiga la represión a la cúpula del Partido Comunista (PC) durante la dictadura militar encausó a miembros de la brigada Lautaro de la DINA por los secuestros del matrimonio de Bernardo Araya Zuleta y María Flores Barraza, ocurrido el 2 de abril de ese año.

Entre los imputados se encuentran Pedro Vitternich Jaramillo, Eduardo Cabezas Mardones, Jorge Díaz Radulovich, Guillermo Díaz Ramírez, Orlando Torrejón Gatica.

Otro grupo fue acusado por las desapariciones de Jorge Muñoz (esposo de la fallecida secretaria general del PC Gladys Marín), Mario Zamorano, Uldarico Donaire, Jaime Donato, Elisa Escobar, Lenin Díaz, Eliana Espinoza y Marta Ugarte, por hechos ocurridos entre el 4 de mayo y el 9 de agosto de1976.

Por estos hechos, el juez encausó a Eduardo Reyes Lagos, José Ojeda Obando, Juvenal Piña Garrido, Carlos Rinaldi Suárez, Heriberto Acevedo, Emilio Troncoso Vivallos, Claudio Pacheco Fernández, Víctor Álvarez Droguett, José Friz Esparza, Eduardo Garea Guzmán y Rufino Jaime Astorga.

En el caso de Marta Ugarte fueron procesados tres ex agentes por el delito de homicidio calificado, ya que su cuerpo apareció en la playa Los Molles luego de ser arrojado desde un helicóptero para deshacerse de él. Los afectados por la decisión judicial fueron Heriberto Acevedo, Emilio Troncoso Vivallos, Claudio Pacheco Fernández.

Hasta ahora, Montiglio sólo mantenía procesados a más de 70 agentes de la DINA por el secuestro de Víctor Díaz, padre de la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) Viviana Díaz, por lo que con estos encausamientos amplía el alcance de su investigación.

http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=218953&estHomepage=NoticiaDiaGratis

No olvidar las lecciones del pasado

Adecuar nuestro marco jurídico al establecido por la ONU en la Convención para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, implica establecer el derecho de no ser sujeto de una desaparición forzada

Redacción/Cambio de Michoacán

Jueves 31 de Mayo de 2007

Esta última semana de mayo se conmemora la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, jornada de lucha en la que se exige la presentación de las más de 100 mil personas que en nuestro Continente -incluido nuestro país- han sido víctimas de ese delito de lesa humanidad, al tiempo que se exige verdad y justicia así como castigo a los responsables intelectuales y materiales de la cruenta represión que han vivido y aún padecen nuestros pueblos.

Con frecuencia escuchamos desde los ámbitos del poder e incluso voces de personas de buena fe, exhortar que el pasado quede atrás, clamando que son tiempos de reconciliación y que debemos ver para adelante olvidando rencores añejos. Esta posición del perdón y el olvido deja de lado el hecho de que para que una sociedad sane de los agravios y los daños padecidos, se requiere conocer la verdad, deslindar responsabilidades y sancionar a los culpables de delitos de lesa humanidad, al tiempo que se crean condiciones para que no se repitan hechos tan graves.

En el México actual que vive un acelerado proceso de descomposición social, propiciado por las políticas neoliberales instrumentadas por el Estado mexicano al servicio del capital transnacional y de los voraces grupos de la oligarquía «nacional», en el que el crimen organizado pasa a ser parte de la cotidianidad y al que se pretende enfrentar con una estrategia basada en el poder de las armas, relegar la memoria histórica que nos enseña los riesgos de que la política deje su lugar a las armas es peligroso, por decir lo menos.

Precisamente por esto, desde las páginas de Cambio de Michoacán hemos insistido en recordar los crímenes que en el pasado cometió el Estado, utilizando a diversos cuerpos policiacos y al Ejército Mexicano, no para salvaguardar la integridad de nuestro territorio sino para reprimir el descontento social y la oposición política. El saldo fue el de cientos de torturados y encarcelados injustamente, decenas de ejecutados extrajudicialmente y más de mil 200 detenidos desaparecidos.

Recordamos que fue en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido cuando nuevamente se presentó, en esa ocasión ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), la denuncia de la desaparición forzosa de la familia Guzmán Cruz (José de Jesús Guzmán Jiménez, Amafer, Armando, Solón y Venustiano Guzmán Cruz), ocurrida el año de 1974 al lado de Rafael Chávez Rosas, Doroteo Santiago Ramírez y José Luis Cruz Flores. Todos ellos, al igual que cientos de familias en todo el país, siguen esperando verdad, justicia y castigo a los responsables de estos incalificables crímenes.

Gracias en gran medida al esfuerzo desplegado durante muchos años por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), el miércoles 20 de diciembre 2006 la 61ª Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad la Convención para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, lo que representa un logro para los familiares de detenidos desaparecidos de América Latina, quienes están luchando desde hace 25 años con el objetivo de lograr la erradicación de la práctica de la detención-desaparición.

Pero este es un paso que debe avanzar hacia la ratificación de este instrumento de justicia universal, con la firma de cuando menos 20 países y con la posterior adecuación de las legislaciones nacionales a los requerimientos y principios establecidos en la convención, tarea nada fácil en México dada la correlación de fuerzas en el ámbito legislativo, en el que predomina la alianza PAN-PRI; al primero de ellos no le interesa generar leyes que tutelen derechos de las mayorías, mientras que el priísmo se niega a ajustar cuentas con su pasado represor.

Adecuar nuestro marco jurídico al establecido por la ONU en la Convención para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, implica establecer el derecho de no ser sujeto de una desaparición forzada con todas las consecuencias y obligaciones para el Estado.

Adquiría rango de ley el derecho a la verdad, es decir, el derecho de saber la verdad del destino de la persona desaparecida y de todas las circunstancias sobre este crimen. Además algo que es de profundo sentido humano: el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus seres queridos.

Se establecerían garantías en cuanto a la prohibición de la detención clandestina de cualquier persona en cualquier lugar. Se subraya el derecho a la justicia de los familiares de los desaparecidos, que deberá ser garantizado con la incorporación al Código Penal nacional de la figura de la desaparición forzada, lo que por su complejidad y carácter deberá hacerse a través de promulgar una ley especial para este delito de lesa humanidad.

Se expone un concepto amplio de víctima al incluir también a los familiares y los allegados, al tiempo que se afirman las múltiples dimensiones del derecho a la reparación y se ratifica el derecho del niño -víctima de desaparición forzada- a recuperar su identidad.

No se trata de una ley para el pasado, cuando vemos que en los últimos años se siguen presentando casos de personas secuestradas, ahora en el argot generado por prácticas del crimen organizado se dice levantadas, muchas de ellas por presuntos cuerpos policiacos, y cuando la sombra de la represión se cierne sobre los movimientos sociales.

Julio Pimentel Ramírez
Abdallán Guzmán Cruz
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=63088

Col - Capturados dos sargentos por investigación de desaparecidos en Palacio de Justicia

Bogotá, Mayo 30, (LA FM) A las instalaciones del bunker de la Fiscalía fueron trasladados los sargentos retirados Antonio Jiménez Rubay y Ferney Causalla Peña, capturados en las últimas horas en Bogotá y Popayán, respectivamente.

Los militares en retiro fueron vinculados en la investigación que adelanta el ente acusador por las desapariciones de las personas que salieron con vida de la toma del Palacio de Justicia, ocurrida en 1985.

Los sargentos Jiménez Rubay y Causalla Peña, eran integrantes, para el momento de los hechos, del B2 del Ejército y participaron de las operaciones de recuperación del Palacio, que fue tomado por militantes del M-19.

De acuerdo con la investigación, Ferney Causalla estuvo a cargo de las acciones coordinadas desde la Museo del 20 de Julio o Casa del Florero, ubicado frente al Palacio de Justicia, donde eran trasladados los rescatados de las instalaciones tomadas por la organización subversiva. Varias de las personas que fueron llevadas a la Casa del Florero desparecieron sin que hasta el momento se conozca de su suerte.

Por este mismo caso está siendo investigado el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, quien para ese momento era el comandante del batallón de Caballería, encargado de las operaciones militares.

http://www.lafm.com.co/noticia.php3?nt=18838

Arg - Actos para recordar a estudiantes desaparecidos

Esta semana se realizará en la UNT el “Acto por la memoria, la justicia y la verdad”, para recordar a los estudiantes desaparecidos de la Facultad de Agronomía y Zootecnia. El viernes a las 17, en el Rectorado, tendrá lugar la presentación de la jornada. En la oportunidad se hará una entrevista al rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, una presentación del proyecto de derogación de resoluciones de requisas de libros y persecución ideológica y la tipificación de esas conductas como faltas de ética universitaria. El acto central se realizará el mismo día, a las 19, en la Facultad de Agronomía y Zootecnia (Av Roca 1900). En la ocasión, se efectuará una mesa panel integrada por Estela de Carlotto (presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo), Luis Alen (jefe de Gabinete de la Secretaría de DDHH de la Nación), Gerardo Gastaminza (docente y ex presidente del CEAZ), Alicia Noli (abogada) y Andrea Vicente (hija de un estudiante desaparecido). Mientras que el acto de cierre será el sábado, a las 8.30, en el Bosque de la Memoria Parque Sierra San Javier. Allí se ofrecerá un homenaje a los estudiantes detenidos y desaparecidos de la mencionada unidad académica; Rosana Garibaldi hará un homenaje a su padre (detenido desaparecido) y, por último, se plantarán árboles recordatorios. A partir de las 8 un transporte gratuito saldrá del Rectorado para trasladar a los interesa dos en participar del acto de cierre.

Arg - Juicio por la verdad Mayo 30 de 2007

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata

48 N° 632 Piso 6° Oficina 80 - La Plata - CP 1900 - Tel/Fax: (54-221) 482-0595 - asamblea@lpsat.com

Mayo 30 de 2007

La extensa audiencia de hoy terminó poco después de las siete de la tarde. Rendichi no recuerda haberse contactado con el padre de Rivadeneira por lo que deberá refrescar su memoria en un careo frente al él. Néstor Zurita dijo haber estado en un taller hasta ahora desconocido y Mac Nay nunca supo de una masacre un 24 de Noviembre del 76 en calle 30 N° 1134. Los detalles...

¿Quién, señor?, ¿yo, señor? no, señor...


La audiencia comenzó con la declaración informativa del Ayudante principal retirado de Prefectura Naval, Miguel Rendichi, citado en la Causa 2299 por el secuestro de Luis Aníbal Rivadeneira.

En audiencias previas había sido mencionado por Rivadeneira como la persona que lo vio en un calabozo de la sede de Prefectura y dio aviso a su padre, quien fuera ex trabajador del lugar.

Rendichi, quien cumplió funciones en Prefectura hasta el año 1980, declaró haber prestado servicio fuera de la dependencia de Ensenada realizando guardias en YPF, Río Santiago, el Puerto, la Toma de Agua y los frigoríficos de Berisso, durante el año 1976.

Reconoció que existía lo que dio en llamar una oficina de investigaciones que funcionaba allí, en Prefectura, y cuyos integrantes estaban relacionados con personal de la Marina, pero dijo no haber visto a detenidos – desaparecidos, en ese lugar.

La Cámara Federal, integrada por el Dr. Alberto Ramón Durán y el Dr. Julio Víctor Reboredo, citó a Rendichi para la audiencia del próximo miércoles 6 de Junio con el objetivo de someterlo a un careo con el ex detenido – desaparecido, Luis Aníbal Rivadeneira.

§
¿Otro Centro Clandestino de Detención?

Seguidamente declaró el ex detenido- desaparecido Néstor Hugo Zurita por la Causa N° 1869, sobre el secuestro de su cuñado Roberto Fidel Yantorno.

Zurita, su mujer Marta Noemí Yantorno - también desaparecida – y su cuñado Roberto Yantorno militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista.

En 1976 el matrimonio viajó a Porto Alegre, Brasil, y regresó dos años mas tarde. Como eran militantes y conocían lo que sucedía en el país se radicaron en Argentina de manera separada. Él en Capital Federal, ella en Mar del Plata, según se desprende del testimonio de Néstor Zurita.

El 26 de febrero de 1978 Zurita fue secuestrado de una vivienda del barrio porteño de Floresta y, según informó, estuvo en el centro clandestino de detención conocido como EL BANCO, luego lo trasladaron a EL OLIMPO, y más tarde al llamado POZO DE QUILMES.

En la Brigada de Investigaciones de Quilmes fue separado del resto de los detenidos en una especie de depósito o taller donde se guardaban autos. “Queda a dos o tres cuadras de la Brigada, y estuve dos meses ahí”, comentó. El fiscal Dulau Dumm hizo hincapié en esa declaración porque hasta el momento se desconocía la existencia de otra dependencia fuera de la Brigada.

Zurita relató que fue llevado desde allí otra vez a la Brigada de Investigaciones de Quilmes y posteriormente trasladado a la ESMA, donde tenía un régimen de salidas. En el lugar conoció a varios represores, entre ellos a Julio Simón conocido como “El Turco Julián” y Astiz.

“Astiz nos hablaba, nos decía que no nos iba a pasar nada y también un día nos visitó Galtieri y nos dijo: 'Yo soy dueño de sus vidas' ”. Al finalizar la audiencia el testigo reconoció los planos del Pozo de Quilmes, uno de los lugares donde lo mantuvieron en cautiverio.

§
El Regimiento 7 de Infantería y el ataque a la casa Mariani


Por último, en el marco de la causa N° 1885 (Mariani, Daniel – Teruggi de Mariani, Diana) fue indagado el suboficial principal retirado Jorge Alberto Morales. Fue militar en el Regimiento Nº 7 y declaró que estuvo en el cuartel cuando ocurrió el ataque en la casa de la calle 30 entre 55 y 56 de La Plata. Según relató, cubrió la guardia junto a su compañía,, el Grupo “C”, cuando otro grupo, identificado como “A” o “B”, salió del lugar y estuvo presente en el ataque.

Más tarde le tocó declarar al militar retirado Enrique Argentino Mac Nay, quien prestó servicios en las compañías “B” y “Comando”, bajo las ordenes de varios de los militares señalados como partícipes del ataque a la calle 30. Magnahi, por el contrario, dijo desconocer que existió esa masacre.

Secretaría de Prensa de la APDH La Plata - Informe de Silvina Arias

Boeing unit sued over CIA flights

Reuters
May 30, 2007

By Michelle Nichols

NEW YORK, May 30 (Reuters) - The American Civil Liberties Union is suing a Boeing Co. unit it accuses of helping the U.S. Central Intelligence Agency transfer foreign suspects to overseas prisons where it says
they were held and tortured.

The New York-based rights group said it would file a suit against Jeppesen Dataplan Inc. on Wednesday, charging that the company
provided flight and logistical support to at least 15 aircraft on 70 so-called "rendition" flights.

The suit, to be filed in the U.S. District Court for the Northern District of California, is being made on behalf of Binyam Mohamed,
Abou Elkassim Britel and Ahmed Agiza, who the ACLU said were abducted by the CIA, detained and tortured.

The complaint alleges Jeppesen organized flights over a four-year
period to countries "it knew or reasonably should have known that detainees are routinely tortured or otherwise abused in contravention
of universally accepted standards."

"Extraordinary rendition should be condemned. It should not be seen as
a source of corporate profit," Anthony Romero, ACLU executive director, told a news conference.

A European Parliament-backed report found at least 1,245 CIA flights
were made into or over Europe in the four years after the September 11,
2001 attacks on the United States.

Washington acknowledges the secret transfer of suspects to
third countries but denies torturing them or handing them over to countries that did. Jeppesen declined to comment on the ACLU suit,
and would not say if the CIA was a customer.

According to the ACLU, Jeppesen played a key role in what it called Washington's extraordinary rendition program, providing aircraft crew
with itineraries, preparing flight plans, procuring landing permits
from foreign governments and helping with customs clearance and
ground transportation.

"ILLEGAL AND IMMORAL"

Steven Watt, an ACLU attorney, said that without Jeppesen's services
the rendition program could not have operated.

"It's both illegal and immoral for a corporation to profit from kidnapping and torture and any corporation that knowingly does so
must be held to account," he said.

Romero warned other companies involved in a "program that is illegal
and aids the government in the practices of torture" that they too
are at risk of liability in U.S. courts.

"There are a number of other corporations that are involved with
such efforts, whether they are military contractors at Guantanamo or personnel services in Iraq," he said. The ACLU did not say whether
it was considering further legal action.

The suit claims Jeppesen knew the purpose of the rendition flights. It
is to be filed under the Alien Tort Statute, which permits foreigners
to bring claims in the United States for violations of the law of nations or a U.S. treaty.

British resident Mohamed and Italian citizen Britel were separately arrested in Pakistan in 2002, while Egyptian citizen Agiza was apprehended in Sweden in 2001, the ACLU said.

Mohamed is now held at the Guantanamo Bay U.S. military prison in Cuba, Britel was convicted and imprisoned in Morocco on terrorism-related charges, while Agiza was convicted and imprisoned in Egypt for being
a member of a banned group.

The ACLU also said on Wednesday it would ask the U.S. Supreme Court to review the dismissal of a lawsuit against former CIA Director George Tenet and 10 CIA employees by a German who says he was kidnapped and tortured
by the agency.

In March, a U.S. appeals court upheld the dismissal of the suit,
brought by Khaled el-Masri, a German of Lebanese origin, after agreeing with government arguments that moving forward with the case would pose a risk of exposing state secrets.

(Additional reporting by Bill Rigby)

La Cámara Federal de La Plata sigue investigando los casos Bettini y Mariani-Teruggi

APDH La Plata

LA PLATA (29may07).- El miércoles 30 de mayo se desarrollará una nueva audiencia en el Juicio por la Verdad que se sustancia en la Cámara Federal de La Plata.

Seis personas fueron citadas para brindar declaración testimonial e informativa, en el marco de las causas que se investigan por secuestros, torturas y desapariciones ocurridas durante la última dictadura militar.

Causa 2299
- Rivadeneira, Luís Aníbal

10:30 Hs
Declarante: Miguel Rendichi


Luis Aníbal Rivadeneira fue delegado gremial de Propulsora Siderúrgica, hoy SIDERAR. Secuestrado el 19 de abril de 1976 de su vivienda en Ensenada, fue encapuchado y mantenido en cautiverio durante dos días en un calabozo de Prefectura Naval, lugar donde fue visto por el Suboficial Miguel Rendichi, quien dio aviso a la familia (conocía al padre de la víctima) y fue citado a declarar en esta jornada.

Rendichi reconoció a varios obreros detenidos durante su cautiverio. Algunos de ellos de la fábrica Swift. Rivadeneira estuvo unos 90 días en ese lugar.

Causa 1277
- Carátula: Bettini, Antonio Bautista

11:00 Hs
Declarante: Dos marinos

El abogado Antonio Bettini fue secuestrado junto a su yerno, el teniente de Marina Jorge Alberto Devoto, el 18 de marzo de 1977 desde la intersección de las calles 12 y 60 de la Ciudad de La Plata por un grupo de personas armadas que dependían operacionalmente del Cuerpo I de Ejército.

Antonio Bautista Bettini estuvo detenido clandestinamente en el centro de detención denominado “La Cacha”. Fueron citados a brindar declaración informativa dos marinos.

Más información en Causa N° 13/84 - Caso N° 164

Causa 1869
- Carátula: Yantorno, Roberto Fidel

11:30 Hs
Declarante: Néstor Zurita

Roberto Fidel Yantorno, de 31 años, casado, de profesión comerciante y estudiante de psicología, fue secuestrado el 5 diciembre de 1977 y conducido al CCD Brigada de Investigaciones de Quilmes, fue visto en Arana por María Cristina Gioglio.

Por su desaparición fue citado a declarar el ex detenido_desaparecido Néstor Zurita, quien fuera su cuñado. Testimonios aseguran que estuvo en el campo de concentración conocido como EL BANCO y en la ESMA.




Causa 1885
- Carátula: Mariani, Daniel – Teruggi de Mariani, Diana

12:00 Hs
Declarantes: Jorge Alberto Morales y Enrique Argentino Magnahi


En el marco de la investigación por la masacre ocurrida en la calle 30. Fueron citados a brindar declaración informativa Jorge Alberto Morales y Enrique Argentino Magnahi, pertenecientes al Regimiento Nº 7, quien participó como apoyo del ataque ocurrido en esa casa.

Fotos periodistas mexicanos desaparecidos se exhibirán en sitios públicos

Las fotos de nueve periodistas desaparecidos en México durante los últimos años serán distribuidas por todo el país y exhibidas en dependencias públicas y autobuses, informaron a Efe fuentes del Ministerio Público (fiscalía).

Esta iniciativa ha partido de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) que fue creada en febrero de 2006 para investigar las agresiones contra los informadores.

Este órgano, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), cifra en 17 el número de periodistas asesinados en México a consecuencia de su labor informativa y en una decena el número de desaparecidos.

Entre éstos se encuentran el reportero de TV Azteca Gamaliel López y el cámara Gerardo Paredes, de los que no se tiene noticia desde el pasado 10 de mayo cuando realizaban una cobertura en la ciudad de Monterrey, en el norte del país.

Según fuentes de la Fiscalía, las fotos serán distribuidas previa autorización de las familias, algunas de las cuales se muestran reticentes a difundir las imágenes para no poner en peligro la vida de los desaparecidos en caso de que estuvieran secuestrados.

Las fotos se exhibirán en lugares públicos tanto de las ciudades natales de los informadores como en las localidades aledañas, donde éstos eran menos conocidos.

México vive una ola de violencia del crimen organizado que ha aumentado los ataques contra la prensa y ha originado que algunas organizaciones no gubernamentales declaren a México como el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo tras Irak.

Terra Actualidad - EFE

Arg - Maternidades Clandestinas

Abuelas de Plaza de Mayo han publicado un informe sobre las maternidades clandestinas que funcionaron en Argentina durante la dictadura militar. El informe está disponible en:

http://www.abuelas.org.ar/maternidades/

Arg - Se define el futuro procesal de represores

La próxima semana, el titular del juzgado federal Nº 1, Jorge Parache, resolvería la situación procesal de Antonio Bussi, Mario Albino Zimmerman, Luciano Benjamín Menéndez y Alberto Cattáneo en la investigación sobre la existencia de un campo clandestino de detención y exterminio de personas en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, en los años 70. El Juzgado Federal Nº 2 resolvió que las indagatorias sean tomadas por el Delito Internacional de Genocidio al entender que la conducta desplegada por las fuerzas de seguridad en contra de cientos de personas llevada a cabo en el país entre 1976 y 1983, se encuentra en ese delito. Es la primera vez que la Justicia Federal realiza indagatorias a partir del criterio de conexidad, en este caso, todas las causas conexas de un Centro clandestino. Esto es considerado fundamental por los organismos de derechos humanos para construir la memoria colectiva de lo que fue el Terrorismo de Estado en Argentina durante la última Dictadura Militar. Mientras se define el futuro procesal de los máximos jefes militares, se mantienen firmes las fechas de nuevas audiencias indagatorias. Mañana deberá presentarse Oscar Soto.

Los represores rompen el silencio en Chile

Aportaron información que pemitió detener torturadores, identificar lugares de exterminio y conocer sus métodos de "trabajo"

SANTIAGO DE CHILE.- Tras la muerte del ex dictador Augusto Pinochet, los represores de su gobierno, que duró 17 años (1973-1990), comenzaron a aportar nueva y desconocida información a los tribunales chilenos que hasta el momento ha permitido detener a torturadores, identificar lugares de exterminio y conocer sus métodos de "trabajo".

El fin del llamado "pacto de silencio" mantiene hoy a casi 80 ex agentes detenidos por el llamado "Caso Conferencia", referente al descabezamiento de las sucesivas direcciones clandestinas del Partido Comunista en 1976, explicaron dirigentes de derechos humanos y abogados de la causa.

Uno de los aspectos más sorprendentes es la revelación de que casi toda la operación funcionó alrededor de no más de 20 cuadras de uno de los barrios más pudientes de Chile, señaló Viviana Díaz, vicepresidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos. Además, ocurrió cerca de la antigua casa del jefe máximo de la temida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Conteras -condenado actualmente-, un hombre que se jactó siempre de desayunar diariamente con Pinochet para informarle de la situación del país.

En un mismo sector funcionaba el centro de torturas de Villa Grimaldi, donde estuvo detenida la presidenta Michelle Bachelet, y el local de exterminio ubicado en la calle Simón Bolívar, hoy convertido en un condominio. También allí se encuentra hasta hoy la Academia de Guerra del Ejército.

Otra de las revelaciones más sorprendes es que el propio Pinochet acudió en persona a los lugares de tortura y exterminio para amenazar y encarar a los dirigentes comunistas. Así lo relató a la justicia el hombre que lo acompañó en ese viaje al cordillerano lugar de reclusión clandestina de Casa Piedra, el coronel de Carabineros, Ricardo Laurence, hoy retirado.

El ex agente explicó que Pinochet exigió a los dirigentes comunistas Víctor Díaz y Mario Zamorano que dejaran de oponerse a su gobierno. Díaz, quien soportó ocho meses de tortura, le respondió que pretender acabar con el PC era como querer secar el mar con un balde. Laurence le dijo al tribunal que nunca olvidó ese encuentro y la inesperada respuesta del detenido.

Las confesiones en este caso, que constituyó la primera querella contra Pinochet en Chile, comenzaron a sólo unas semanas de que muriera el ex dictador el 10 de diciembre de 2006, coincidiendo paradójicamente con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Un ex civil que tuvo acceso a estas operaciones declaró también de forma secreta a la Justicia un procedimiento permitido por las leyes chilenas para alentar la "cooperación eficaz". Entregó nombres, lugares y operaciones que permanecen en los cuadernos secretos que el juez del caso, Víctor Montiglio, conserva bajo su custodia.

Varios agentes fueron detenidos y terminaron confesando sus crímenes. "Aún sentían la figura de Pinochet y por eso no hablaban", opinó el abogado Eduardo Contreras, uno de los juristas de derechos humanos más respetados.

También revelaron que existía todo un equipo y metodología habitual para evitar que los cuerpos de los opositores fueran reconocidos. Nada se improvisaba. Primero los mataban, luego quemaban sus huellas dactilares y rostros. A continuación, les extraían los dientes y los enterraban o arrojaban al mar. Incluso cuando se hizo inminente el regreso de la democracia a fines de la década de los ‘80, exhumaron los cuerpos y los dinamitaron para que no quedaran rastros.

Pero el supuesto suicidio de un ex agente civil la semana pasada y los iniciales desdecimientos de algunos detenidos comenzaron nuevamente a sembrar dudas sobre hasta qué punto seguirán colaborando con la verdad los ex represores. De hecho, el abogado Contreras duda sobre el suicidio de Carlos Marcos. "Pudieron inducirlo al suicidio", opina, y advierte que Marcos era uno de los detenidos que más información entregó para aclarar las operaciones represivas.

Sea como sea, la puerta ya se abrió y las contradicciones ya no pueden borrar las confesiones.

Por Mauricio Weibel
De la agencia DPA

Link permanente: http://www.lanacion.com.ar/912855

CORONEL CARABINERO: "Pinochet asistía a los centros de tortura"

SANTIAGO. DPA. CLARIN. ARGENTINA. Ex represores de la dictadura chilena (1973-90) revelaron a la Justicia que el ex general Augusto Pinochet encaró, gritó y amenazó en persona a opositores que estaban secuestrados y fueron torturados y exterminados por los equipos de seguridad, según abogados de agrupaciones de derechos humanos. La confesión fue hecha al juez Víctor Montiglio por el coronel en retiro de Carabineros Ricardo Laurence, quien reconoció que personalmente acompañó en 1976 a Pinochet al centro de detenciones ilegales de Casa Piedra, en la cordillerana localidad de Cajón del Maipú, en Santiago.

Según el relato judicial de Laurence, al que tuvieron acceso las fuentes de DPA, Pinochet reclamó a los líderes comunistas detenidos en ese lugar por su actividad opositora. "Al dictador le preocupaba no poder desmantelar al PC, como había hecho con el Socialismo y el MIR", dijeron. A Pinochet, el secuestrado secretario general del PC, Víctor Díaz, le respondió que pretender eliminar a su gente era como querer secar el mar con un balde. Laurence reseña en su testimonio que nunca pensó que alguien le respondería a Pinochet y que jamás olvidó las palabras de Díaz, según reveló el abogado Eduardo Contreras.

Junto a Díaz estaba Mario Zamorano, otro de los líderes del PC chileno, agregó la vicepresidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz, hija de Víctor Díaz. Los hechos se conocen a sólo 24 horas de que se suicidara misteriosamente en una cárcel castrense uno de los 80 procesados por las sucesivas desapariciones de las direcciones clandestinas del PC chileno en 1976, caso que se conoce como "Calle Conferencia".

Según Contreras, el ex agente que se quitó la vida, el civil Carlos Marcos, era uno de los detenidos que más información entregó para aclarar las operaciones contra el mencionado partido político, que entre 1970 y 1973 acompañó al Partido Socialista en la Unidad Popular, presidida por Salvador Allende y derrocada por las Fuerzas Armadas. "Era un hombre que siempre sintió culpa. Incluso cuenta que una vez lloró después del interrogatorio de un detenido al que le facilitó un vaso de agua", detalló Contreras.
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Chl - El buque escuela del horror

PRUDENCIO GARCÍA 26/05/2007. EL PAIS. ESPAÑA. La verdad -siniestra, y tantas veces trágica- se abre paso una vez más. Durante décadas, la Armada de Chile negó toda implicación de su buque escuela Esmeralda en los crímenes y torturas de la represión pinochetista. Pero los testimonios se siguen acumulando sobre dicho buque como escenario de atrocidades, que van saliendo a la luz por vía policial y judicial. Ahora es la señora Patricia Gallardo Callahan, entonces esposa del que fue oficial de la Armada Ricardo Monje Mohr, la que, después de haber sido contactada por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, ha prestado declaración ante la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. Las terribles confidencias que le hizo su marido sobre lo que estaba ocurriendo a bordo del Esmeralda en aquellos días y semanas posteriores al golpe de septiembre de 1973 se convirtieron para ella en una pesadilla que la ha martirizado desde entonces. "Mi marido", dice, "no tendría que haberme dado información de esa naturaleza. Yo no estaba preparada para una cosa así... No fui a la Escuela Naval, no era su igual ni su compañera de armas, sino su esposa. Hasta ahora ha sido un cargo de conciencia terrible". "Después de muchos años puedo gritar la verdad y hacerla pública. Y me he sentido cobarde por no hacerlo antes", confiesa aliviada tras su declaración.

El Esmeralda, hasta el día 10 de septiembre de 1973, pudo ser considerado como una embajada itinerante de la República de Chile, que recorría el mundo dando una honorable imagen de los hombres y las instituciones de aquel entrañable país. Pero llegó el infausto 11 de septiembre de aquel año, y, ya al anochecer de aquella trágica fecha, fueron conducidos al buque, atracado en el puerto de Valparaíso, un nutrido grupo de hombres y mujeres, arrestados en las primeras horas del golpe militar. Entre ellos se hallaba el abogado Luis Vega, letrado del Ministerio del Interior.

En su declaración jurada sobre los hechos vividos desde aquel momento y en los nueve días siguientes, el abogado Vega pormenorizó los atropellos y tratos inhumanos que desde aquel momento hubieron de sufrir a manos de los oficiales y alumnos guardiamarinas de la tripulación. "En cierto momento, las víctimas maltratadas superaban el centenar, entre hombres y mujeres. El trato dado por estos marinos a las mujeres era ultrajante", precisa el declarante. Hasta el 10 de septiembre -dice- aquel navío había sido, para él y para diez millones de chilenos, la Dama Blanca, el Orgullo Nacional. "Representaba a la democracia chilena, la hombría, la caballerosidad de los oficiales y marinos chilenos". Pero aquellos hechos ignominiosos lo convirtieron -afirma el abogado declarante- en una "cámara de torturas y azotes, cárcel flotante del horror, la muerte y el terror para chilenos y chilenas".

Otro notable caso, aún más trágico, fue el del sacerdote católico chileno-británico Miguel R. Woodward, profesor de la Universidad de Valparaíso. Detenido por una patrulla naval el 16 de septiembre, fue conducido al Esmeralda, donde fue sometido a terribles torturas. Ya en estado agónico, y por indicación de un médico de la Armada, fue enviado el 22 de septiembre al Hospital Naval de Valparaíso, donde falleció, víctima del irreparable estado físico que padecía. Aunque la Iglesia Católica reclamó su cuerpo, nunca le fue entregado. Por su parte, el testimonio de María Eliana Comené, estudiante de la Universidad Católica de Valparaíso, que contrajo una gonorrea como resultado de las repetidas violaciones sufridas en dicho buque, y después en la Academia Naval, resulta revelador respecto a los ultrajes y torturas que las mujeres allí recluidas tuvieron que sufrir. A su vez, la declaración del propio alcalde de Valparaíso, Sergio Vuskovitz, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resulta espeluznante en la descripción de las torturas que allí recibió.

Este uso ignominioso del buque escuela quedó reiteradamente denunciado por instituciones tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Informe de 24-10-74), Amnistía Internacional (Informe de 22-3-80), el Senado de los Estados Unidos (Resolución 361 de 16-6-86), así como, en el ámbito nacional, por el Informe Rettig de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990). Informes, todos ellos, que demuestran cómo el buque escuela Esmeralda fue utilizado como centro de detención y tortura en el puerto de Valparaíso en aquellas trágicas fechas de 1973.

Durante tres décadas las autoridades navales chilenas negaron cínicamente todo reconocimiento público sobre los excesos cometidos a bordo de un navío tan representativo del Estado de Chile y de sus Fuerzas Armadas. Y en un caso concreto tan destacado como el del padre Woodward, se negó expresamente que este sacerdote hubiera muerto como consecuencia de las torturas sufridas a bordo del buque. No obstante, en sus respectivos testimonios individuales, dos altos oficiales, Guillermo Aldoney y Carlos Fanta, reconocieron ya en 1990, ante la Comisión Rettig, que la muerte del citado eclesiástico fue motivada por las torturas sufridas a bordo del buque escuela, aunque su muerte se produjo después en el Hospital Naval.

Sin embargo, el reconocimiento institucional iba a tardar mucho más en llegar. Ya en 2004, ante las abrumadoras evidencias acumuladas por la nueva Comisión Valech, la Armada hubo de reconocer que se cometieron actos de tortura y otras aberraciones a bordo del Esmeralda. Por último, en septiembre de 2006, la Armada hizo entrega oficial a la jueza María Eliana Quezada de la bitácora del buque escuela, donde, en contra de lo negado por tanto tiempo, aparecía registrado el ingreso del padre Woodward y de otras víctimas de aquella criminal represión.

Nuevamente la verdad se abre paso, aunque con desesperante lentitud. Ahora es la esposa de un antiguo represor la que aporta nuevas precisiones al esclarecimiento de unos horrores perpetrados, según proclamaban sus autores -nunca lo olvidemos-, en defensa de la civilización cristiana y occidental.

Prudencio García es investigador y consultor del Instituto Ciencia y Sociedad.

Kashmir: Families of disappeared men to Indian Government, show us the graves of our beloved

By Arif Shafi Wani

Srinagar, Indian Occupied Kashmir, (Greater Kashmir): Promises and consolations by politicians have failed to help Gulshan of Tengpora whose son Manzoor Ahmad was picked up by troops of 20 Grenadiers in 1997. “We don’t want money or jobs but whereabouts of our beloved,” she said while sobbing.

Gulshan was among the relatives of disappeared who had assembled under the banner of Association of Disappeared Persons (APDP)—that is fighting for their cause since 1994—at Sheri Kashmir Park here. Wearing headbands and holding photographs of their beloved ones, the relatives sat in a circle and shared their woeful tales with journalists and among themselves.

“If they have been killed show us their graves. At least we have this right,” Gulshan said and broke down. Her daughter Shabnum tried to console her but in vain. “My brother was running an electronic goods shop and had no affiliation with any militant organization. His disappearance has shattered our family. What was his fault?” she said.

Zainab of Bagandar Humhama had similar tale to share. “Troops of 2 Grenadiers picked up my husband Ghulam Mohiuddin in 1997. Since then he is missing,” she said while pointing towards his photograph. Mohiuddin, a government employee was a lone breadwinner of his family. “Life has become a hell for me as I can’t shoulder the responsibilities. My children keep asking ‘where is our father’ but I have no answers. This is the life of a half-widow like me…” she said.

Taja Bano, who had come all the way from Handwara silently watched kids playing in a nearby playground. When others around her narrated their heart rendering tale, she finally talked. “My son Muhammad Ramzan also played like them. But troops picked him up in 1996 and since then his whereabouts are not known. My life for the past 11 years has passed in shedding tears and hoping that he would turn up,” she said.

Unlike the past meetings of the parents and relatives of the disappeared men, in today’s meeting a large number of cops were present in the park.

Muhammad Yousuf Khan of Badamwari Hawal has spent past decade visiting security camps and interrogation centers in the hope that armed forces would tell him about the whereabouts of his brother Fayaz Ahmad Khan,25, who was arrested by Special Operation Group of Police. Now he has given up the hope that he would see his brother alive.

“I believe he too has been killed and then labeled as a militant. The SOG did it to many civilians, like the Ganderbal incident, for rewards and promotions. He was simply a mason and our lone breadwinner and he was not a militant,” he said.

“On the night of August 2, 1997 the SOG men accompanied by some masked men barged into our house and dragged him out. We pleaded his innocence but they bundled him in the vehicle and left. My brother cried for help and that was the last I saw and heard of him,” he said.

Few hours later, the SOG party also arrested Fayaz’s neighbors Shabir Ahmad Kumar, Abdul Gani Khan and Muhammad Yaqoob Dar. Next day their families rushed to Police Station concerned where cops refused to register an FIR. The families, including of Fayaz went from pillar to post but to no avail.

“My mother Amina pined for developed various ailments after Fayaz’s disappearance. She loved him very much and wanted to see him as a groom. She died few years ago. We have suffered much. Don’t we have a right to weep on his grave, at least,” he said

http://www.greaterkashmir.com/full_story.asp?Date=29_5_2007&ItemID=25&cat=1

Phl - Disaster area for human rights

EDITORIAL

The Philippine Star

There are license plates that have been traced to a vehicle impounded at the compound of the Philippine Army’s 56th Infantry Battalion based in Norzagaray, Bulacan. There are eyewitnesses who have described the appearances of the suspects. And yet the family of Jonas Burgos marked Monday the 30th day of his disappearance with police investigators still unable to identify any suspect. What will it take to solve this case?

Burgos, a son of the late publisher and press freedom fighter Jose Burgos Jr., is not even the latest addition to the long list of the Philippines’ version of desaparecidos – the “disappeared.” The latest case was reported last Sunday, when a pastor of the United Church of Christ in the Philippines, who used to be a regional officer of Bayan, was abducted in Biñan, Laguna.

Like the unexplained killings since the restoration of democracy in 1986, the disappearances have raised international concern about the human rights situation in the Philippines. The issue has hounded President Arroyo in her visit to New Zealand, where the Philippines was described as a “disaster area” for human rights, and is bound to bedevil her in her globetrotting.

Denying state involvement in the killings and abductions is not enough; the cases must be solved and the perpetrators captured and punished. With killings and abductions remaining unexplained, it is easy for left-wing militants, who are the principal targets, to accuse the administration of systematic violations of human rights.

There should be no place for these violations in a democracy, especially under the watch of a President who was installed in Malacañang on the wings of people power. Yet unexplained killings and disappearances continue. The failure to solve the killings has also undermined free elections, with politicians eliminating their rivals through murder.

With protesters greeting her visit in Wellington Monday, President Arroyo welcomed international help in dealing with political violence and human rights violations in the Philippines. But what can the international community do, apart from raising concern and providing forensic expertise and equipment? If the Arroyo administration truly does not sanction these blatant violations of human rights, the best way to prove it is by catching and punishing the culprits. The Chief Executive must read the riot act to her military and police officers: their jobs will depend on stopping the killings and abductions.

Phl - Signatures on behalf of Jonas Burgos

The Free Jonas Burgos Movement (FJBM) calls on all our colleagues in the art and writers circle to manifest their support in our call to the AFP, PNP and the GMA government to double their effort in locating Jonas Joseph Burgos, son of late press freedom icon Jose “Joe” T. Burgos, who was forcedfully abducted last April 28, 2007 at the Ever Gotesco Commonwealth in Quezon City.

We are humbly soliciting your signatures in support of our call to surface Jonas and all desaparecidos and demand justice for all the victims of human rights violations of the current and previous government in our country.

We are hopeful that we would be in unison in this call. Every name counts. You count.

Please send your name to freejonasburgosmovement@yahoo.com.

For more information call 4546468

Free Jonas Burgos. Free all Desaparecidos.

FULL STATEMENT:

Let Us Keep Vigil and Tear the Curtain of Darkness
Unity Statement of Writers, Artists and Journalists

We are writers, artists and journalists. Our work thrives on the freedom of expression and of the press - which is among the foundations of any democracy.

History shows that the curtailment of freedom of expression and of the press is among the first steps taken by would-be dictators. It is no small wonder then that writers, artists and journalists have historically been among the fiercest opponents of authoritarianism.

On Feb. 25, 1986, the late dictator Ferdinand Marcos was ousted after three days of what has come to be known as the EDSA I uprising.

The struggle against the dictatorship, however, was not just three days. EDSA I was the culmination of more than a decade of anti-dictatorship struggle by the Filipino people, which took several forms at various times.

Among the key figures in the fight against the Marcos dictatorship were many of our fellow writers, artists and journalists - the likes of Romulo “Mulong” Sandoval, Lino Brocka, and
Armando Malay to name just a few.

At this point in our country’s often-turbulent history, we are compelled to revisit the struggle for democracy waged by those who came before us, because the gains of that battle - which greatly benefited us - are now under attack.

This manifests, among other things, in the April 28, 2007 abduction of Jonas Joseph Burgos - son of the late press freedom hero Jose “Joe” Burgos, Jr. - in Quezon City by armed men. He was snatched while having lunch at Hapag Kainan Restaurant at Ever Gotesco-Commonwealth and dragged into a van with plate number TAB 194. He has not been seen since then.

Jonas is an agriculturist who teaches organic farming methods to peasants in Bulacan. The van with plate number TAB 194 had been impounded for some time at the headquarters of the Philippine Army’s 56th Infantry Battalion - which is based in Norzagaray, Bulacan - after being confiscated by the Department of Environment and Natural Resources (DENR) in anti-logging operations.

Jonas is not the first to fall victim to enforced disappearances. With 199 victims having been
documented since 2001, he is the 16th victim this year alone.

The enforced disappearances are taking place alongside extra-judicial killings, now numbering more than 800 since 2001.

The victims were known in their communities as government critics. A good number were confirmed to have been active in cause-oriented groups, while the rest were not affiliated with any political organization. In several of the cases, state forces have been identified as the perpetrators.

The recent passage of an Anti-Terrorism Bill that defines terrorism so vaguely that even publishing or producing works with the slightest criticism of the government may be construed as a “terorristic” act should concern all who value the freedom of expression and of the press.

We are indeed at a dark chapter in our country’s history. We urge our fellow writers, artists and journalists to join us in keeping vigil and tearing the curtain of darkness in this night of
our people.

SIGNATORIES

AM. Ociones
Abet Umil
Aida Santos
Aisel Comia
Alex Baluyut
Alex Remollino
Alex T. Magno
Angeli Bayani
Angie Collás-Dean
Anna Isabelle Matutina
Anna Perez
Annette Ortiz
Archie Nava
Ares P. Gutierrez
Arnold M. Azurin
Arwin Nava
Atty. Joel Ruiz Butuyan
Ava Fuertes Danlog
Babes Alejo
Bayang Barrios
Bernadette Uy
Bienvenido Lumbera
Boy Dominguez
Carol Claudio
Chikoy Pura
Claude Claridad
Con Cabrera
Consie Lozano
Cooky Chua
Cynthia Shirley
Darby E. Santiago, MD
Darlene Menese
D-jay Lazaro
Ed Manalo
Elmer A. Ordonez
Emil Mercado
Gelacio Guillermo
Gil Casia Rustum
Gil Nartea
Herbert Docena
Hilarion “Larry” M. Henares Jr.
Imelda M. Aznar
Ina Silverio
James Andrew Panahon Obejas
Janie Christine F. Octia
Jeff Carnay
Jeho Bitancor
Jennifer Anne Mendoza
Jes Aznar
Jess Santiago
Jewel Maranan
Jimmy Domingo
Joel Saracho
Jojo Sescon
Jona Cham
Jonathan L Cellona.
Jonathan Ronquillo
Jonna Baldres
Jose F. Lacaba
Joseph Purugganan
JPaul Manzanilla
Julie L. Po
Jun Cruz Reyes
K Lopez
Karl Fredrick M. Castro
Kathy Tiongson
Kenneth Roland A. Guda
Lady Ann Salem
Leonard D. Reyes
Lina Adam
Lourd de Veyra
Ma. Theresa Pagdanganan
Malyn Molina
Mandia Joe Benedict
Manuel L Quezon III.
Marge Francia
Mark Salvatus
Marvin Benaning
Maui Masungsong
Mavi Deocampo
Melissa Federis Trina
Michael Pante
Mideo Cruz
Monet Pura
Nadja Ginete
Neil Doloricon
Nex Benas
Nicolas B. Pichay
Niño D. Tagaro
Noah Maranan
Noe Tio
Noel Sales Barcelona
Norly Lalo
Patrick Bilog
Ramona Nieva
Norman Wilwayco
Dino Concepcion
Ricky de Guzman
Joseph Taylo
Jason Cuevas
Vic Facultad
Jan Sundiang
Jo Antinero
Luv Gaerlan Nogoy
Paul Puti-an
Jun Nogoy
Jeremy Nishimory
MArben Romero
David Abaya
Joey Valverde
Hendrick Gonzales
John Carpio
Boyet Miguel
Jeff Cabigao
Nitoy Adriano
Edwin Aguilar
Myra “Skarlet” Romer
Raquel de Loyola
Remedy Medina
Rene de Guzman
Resty S. Odon
Rg Concepcion
Rody Vera
Rogado Lui
Rorie R.Fajardo
Rosie Descalsote
Sherrizah Aiath B. Maclit
Sonny Africa
Sonny E. Fernandez
Susan Fernandez
Tetet Nera-Lauron
Tonyo Cruz
Trina Federis
Rowena Paraan
Carlos H. Conde

Arg - Ferrer quiere que un ex policía vuelva a la cárcel

El fiscal apeló un beneficio a De Cándido, que cumple prisión preventiva por las desapariciones de Rolando y Marta Coronel.

El fiscal federal Emilio Ferrer está indignado. Su fastidio está ligado con la decisión del juez federal Jorge Parache de disponer la prisión domiciliaria del policía retirado Luis Armando de Cándido, que cumple prisión preventiva por las desapariciones de Rolando y Marta Coronel (padre e hija), ocurridas en 1977.

Hace tres meses, De Cándido abandonó la prisión de Villa Urquiza, donde estaba alojado, y se instaló en su casa particular (no trascendió la ubicación). Esta medida fue adoptada por el juez federal, a pedido de la defensa del ex policía, sin la previa intervención de Ferrer, pese a lo dispuesto por ley, por lo cual se violó el trámite procesal.
Este es el argumento central que planteó el fiscal federal en el recurso que presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones para que se revoque la medida de Parache (dejará de ser magistrado este jueves, al comenzar a ser efectiva su renuncia al cargo). En el escrito, Ferrer sostuvo que es nulo todo lo actuado porque no estuvo al tanto y, por ende, De Cándido debe volver a la cárcel.
El funcionario agregó que, además, no existe ningún justificativo para que el procesado sea beneficiado con la prisión domiciliaria. Dijo que no es mayor de 70 años ni padece una enfermedad terminal en estado avanzado, que son las dos hipótesis contempladas en la ley ritual para conceder el cambio de alojamiento.
Entre los argumentos que esgrimió en su apelación, señaló la peligrosidad de generalizar privilegios entre los acusados por delitos, ya que, de aplicarse un criterio amplio, no debería quedar nadie en prisión. También consideró que el tipo de delitos que figuran en la causa es de suma importancia a la hora de valorar las medidas que deben aplicarse en cada caso.
A De Cándido se le imputan tortura seguida de muerte, asociación ilícita agravada y usurpación de una vivienda, ubicada en Chacabuco al 400, que fue restituida a la familia Coronel

http://www.lagaceta.com.ar/vernotae.asp?id_nota=220081.

México decidirá sobre Cavallo cuando España defina cuestión de jurisdicción

28 Mayo 2007 (AFP) -

México no analizará la solicitud de España para reextraditar a Argentina al ex represor de la Marina Ricardo Miguel Cavallo hasta que la justicia española resuelva la cuestión sobre su jurisdicción para juzgarlo, anunció este lunes la canciller Patricia Espinosa.

"Todavía hay un proceso jurídico en marcha en España que se tiene que resolver antes de que se pueda tomar una decisión por parte del gobierno de México de autorizar o no la extradición", dijo Espinosa en rueda de prensa.

La canciller se refería al "recurso de casación que promovió la fiscalía (española) en contra del acuerdo de la sala de lo Penal de declararse incompetente".

Este recurso, sostuvo, "aún sigue pendiente de resolver y si se determinara procedente revocar esa decisión, Cavallo sería juzgado en España".

La funcionaria manifestó esta postura a pesar de que este lunes el Consejo de Ministros español "acordó proceder a solicitarle al gobierno de México su consentimiento para poder reextraditar a Cavallo" y de que los cuatro años que según la legislación española puede estar detenida como máximo una persona pendiente de extradición "están próximos a vencer".

El ex militar argentino fue detenido en México en agosto de 2000 y enviado en 2003 a España, a solicitud del juez Baltasar Garzón, bajo los cargos de genocidio y terrorismo durante la dictadura en el país sudamericano (1976-83).

"Estaremos esperando, observando muy de cerca lo que está sucediendo" en España, añadió.

El juez argentino Sergio Torres solicitó a España a finales de diciembre pasado la extradición de Cavallo por los delitos de detención ilegal, torturas, extorsión, robos con violencia e intimidación y falsificación documental, todos ellos contenidos también en el Código Penal español vigente desde 1995.

Torres investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por donde pasaron unos 5.000 prisioneros.

La mayoría de los cautivos de ese centro clandestino de detención integra la lista de 30.000 desaparecidos que dejó la dictadura argentina, según organismos humanitarios.

pap/ol/jb

El Supremo estudiará el 13 de junio la decisión de la Audiencia Nacional de no juzgar al ex represor Cavallo en España

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo estudiará el próximo 13 de junio la decisión de la Audiencia Nacional de declararse no competente para juzgar al ex represor argentino Ricardo Miguel Cavallo en España por los crímenes cometidos durante la dictadura militar argentina (1976-1983). Si fuese juzgado en España, la Fiscalía habría solicitado penas que oscilan entre los 13.332 y los 17.010 años de prisión por los delitos de genocidio y terrorismo.

El alto tribunal deliberará a puerta cerrada los recursos de casación interpuestos por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y las acusaciones personadas en la caso por infracción de precepto constitucional y de los tratados internacionales contra la negativa de esta sede judicial de juzgar al ex militar argentino, quien se encuentra en prisión provisional en España desde junio de 2003, fecha en la que fue extraditado por México, lugar en el que residía.

La Sala que revisará el recurso estará compuesta por el presidente de la Sala Segunda, Juan Saavedra, y los magistrados Perfecto Andrés Ibáñez, Juan Ramón Berdugo, Francisco Monterde y José Manuel Maza, que será el ponente de la resolución que se adopte al respecto.

En su recurso, el Ministerio Público considera que el auto dictado por la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia que estimaba la declinatoria de jurisdicción promovida por la defensa de Cavallo, ejercida por el abogado Fernando Pamos de la Hoz, "no es ajustado a derecho en términos de estricta observancia de la legalidad".

En el anuncio del recurso, la Fiscalía señaló que el auto incurre en "infracción de precepto constitucional" del artículo 24 de la Constitución sobre la tutela efectiva, puesto que el procedimiento en España se encuentra en fase "avanzada" al sólo faltar señalar la fecha de inicio del juicio, mientras que en Argentina las causas en las que sólo aparece citado se están empezando a investigar.

LUGAR DONDE SE COMETIÓ EL DELITO.

Pese a reconocer la competencia de la justicia española para perseguir delitos de genocidio y terrorismo, la Sección Tercera de lo Penal sostenía que en el caso del ex militar argentino, en prisión provisional en España desde junio de 2003, tenía prioridad el principio del lugar donde se ha cometido el delito por encima de cualquier otro criterio.

Cavallo está imputado en Argentina en varias causas por los hechos ocurridos durante la dictadura militar en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). En este periodo, la ESMA sometió a numerosas personas a privación ilegal de libertad, condiciones inhumanas de vida, torturas físicas y psíquicas y otras acciones realizadas en el marco de los delitos de lesa humanidad.

Las autoridades argentinas solicitaron su extradición por los delitos de detención ilegal, torturas, extorsión, robos con violencia e intimidación y falsificación documental del Código Penal español vigente de 1995. Como Cavallo fue extraditado de México a España en su día, el país norteamericano debe autorizar su entrega a Argentina.

Arg - Ratifican arrestos a militares retirados del Ejército

Siete oficiales participaron de un acto que sobrepasó un homenaje a fallecidos.

Buenos Aires.- Un decreto presidencial ratificó los arrestos impuestos por el Ejército a siete oficiales retirados que participaron, hace un año, en un acto de homenaje a los muertos de la subversión en la plaza San Martín.

La norma, firmada por Néstor Kirchner y por la ministra de Defensa, Nilda Garré, ratificó las sanciones disciplinarias y señaló que el acto, realizado sin pedir la autorización del Ejército, sobrepasó lo relacionado con un homenaje a personal muerto en los años 70 y 80.

El jefe del Ejército, general Roberto Bendini, aplicó en enero último arrestos de entre 10 y 60 días a los generales Miguel Giuliano y Miguel Mabragaña, y a otros cinco oficiales retirados que participaron, el 24 de mayo de 2006, en el acto en la Capital Federal.
Ese día, Giuliano reivindicó a los represores del terrorismo de Estado y acusó al Gobierno de tener memoria hemipléjica y de usar los derechos humanos con fines de revancha y cálculo político.

Los represores procesados por violaciones a los derechos humanos fueron definidos, por el mismo general retirado, como camaradas que están siendo perseguidos, sufriendo el escarnio.
Durante el acto, varios cronistas fueron increpados y señalados como zurdos e infiltrados, porque no aplaudían los discursos y -poco después- una patota de participantes agredió con golpes e insultos a un periodista de América TV.

El decreto señaló que seis de los siete oficiales sancionados vestían uniforme. (Télam)

Arg - En Formosa inician excavaciones en busca de desaparecidos

Formosa (El Comercial). En el marco de la causa que investiga el juez federal Marcos Bruno Quinteros, en la que se darán inicio a las excavaciones en el ex cementerio del barrio Itatí, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Formosa) informó que este martes los antropólogos forenses llegados desde Buenos Aires harían las primeras excavaciones en busca de los restos pertenecientes a desaparecidos en la última dictadura militar.

En este sentido, el Gobierno de Formosa dispuso que se brinde un fuerte apoyo operativo y logístico al equipo de forenses encargado de los trabajos, a partir de un pedido del juez Quinteros al subsecretario de Derechos Humanos Jorge González.

Respondiendo a lo peticionado por el juez federal Marcos Bruno Quinteros, el Gobierno de Formosa dispuso que a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos se brinde un fuerte apoyo operativo y logístico al equipo de antropólogos forenses que tendrán a su cargo las tareas de excavación en el predio del ex cementerio Virgen de Itatí, en el marco de la causa "Carrillo Fausto Augusto y otros s/desaparición forzada".

http://www.lineacapital.com.ar/?noticia=26655

Col - Acusan al ESMAD de tirar 3 niños a un río, provocar 28 desapariciones

Col - Acusan al ESMAD de tirar 3 niños a un río, provocar 28 desapariciones y denuncian graves amenazas e intimidaciones a organismo de defensa legal de DH.

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Saldo de la represión del ESMAD a indígenas Emberas Katios en el Chocó: 28 desaparecidos, 13 heridos y dos monjas detenidas.

Acusan al fuerzas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de tirar 3 niños al cauce de un río de 28 desapariciones y 13 heridos y 2 detenidos como saldo de la respuesta del gobierno ante exigencias de indígenas Emberas Katios en el Chocó

Las consecuencias del intento de desalojo el pasado sábado por un Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de Risaralda, que denunciamos el pasado sábado, han sido subestimadas.

Después de verificar en terreno, las autoridades indígenas de OREWA, en comunicado público dan cuenta de una verdadera barbarie la respuesta del gobierno del CORAZÓN GRANDE PERO CON MANO DURA, por tanto "los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de Risaralda en nombre del alto gobierno cumplieron a como sea, como ROBOCOT las ordenes del Comandante Ospina ".

Uno de los hechos aberrantes y deplorables del cumplimiento del DEBER ANTES QUE VIDA, "fue la forma como miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) lanzaron a las aguas del rió San Juan a tres niños indígenas, de la comunidad de Docabu y sus cuerpos aún no han aparecido".

Cifra que se suma a los 28 indígenas desaparecidos, 13 heridos, la detención de dos misioneras de la Diócesis de Quibdo, quienes se encontraban en acción humanitaria, "no contento con ello, la Policía luego de meternos a la fuerza en buses sin saber para donde nos llevaban, quemaron la ropa, las pocas pertenencias y torturaron al Cabildo Mayor de la Zona, quien se encuentra gravemente herido".

Todo ello ocurre, "bajo la complicidad de los gobiernos locales y departamentales, como de Pueblo Rico Risaralda, gobernación de Risaralda y Chocó, del Gerente Social para el Chocó y por ende del gobierno de Alvaro Uribe y del Estado Colombiano en sí, ya que están incitando a la CENSURA y AUTOCENSURA, incluso a los medios locales y regionales de comunicación, por donde no se ha dado cuenta de lo que pasa, pese a las continuas denuncias, por ello hoy están en terreno varios comunicadores de la región, a la espera que de sus centrales le den paso a sus notas y así brindarles a la opinión pública, a la comunidad internacional lo que verdaderamente está sucediendo en el Chocó", así lo manifestó el Presidente de la ONIC, Luis Evelis Andrade Casama.

Por su parte las autoridades indígenas del Chocó, para evitar que se sigan cometiendo más hechos violento, ante la negativa de ceder a sus pretensiones, "decidimos trasladar la mesa de negociación de Quibdó para la comunidad del 18, allí esperamos al gobierno dispuestos a seguir las huellas, el conocimiento y el canto profundo de nuestros ancestros", manifestó Cesar Queragama, Presidente de OREWA.

Ante la brutal e irracional respuesta del gobierno, el presidente la ONIC puntualizó que "lamentamos que el gobierno en vez de responder con la palabra, con cumplimientos a acuerdos, a la razón social, responda con desinformación, y una embestida violenta, y de paso soterradamente induciendo en otras instituciones de que somos responsables de la crisis del Chocó, cuando lo que exigimos es basado en DERECHO, y la acción de hecho es una respuesta a la libre protesta ante las respuestas improductivas del gobierno".

Por ello llamamos al algo gobierno, al Estado, a las autoridades militares, a los organismos de control, a la comunidad internacionales, a los organismos de DDHH, a los medios de comunicación, a todos y todas, a voltear la mirada en uno de las regiones más golpeadas, pero sobre todo que el gobierno responda con hechos productivos, no sólo con la fuerza y con la autocensura, que le de la cara al país contando la verdad y de paso con reparación.

Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC OREWA.

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Listado desaparecidos y heridos (con la atenuante que para los emberas los mayores de edad a partir de los doce años).

Desaparecidos:

Comunidad Cevede

Juan Guillermo Queragama Cheche - 13 años
Iván Queragama Pepe - adulto
Aurora Bidicha Cheche - adulta
Gilberto Queragama Bidicha -12 años
Calixto Queragama Bidicha - 10 años
Bebe de un año - 1 año
Iván Alberto Tequia - 15 años
Oliva Cheche Vitucay - adulta
Javier Sintua - 19 años
Guillermo Sintua - 15 años
Leonel Tequia Manugama - adulto
Willian Bateza Cheche - 19 años
Rafael Teuquia - 16 años
Celestino Bateza - adulto
Aquileo Queragama - adulto
Óscar Baniama Arce -10 años
Comunidad Aguasal
Elkin Murillo - 18 años
Wilmore Murillo - 12 años
Milton Murillo - 12 años
Comunidad Dos Quebradas
Climico Sintua Evao - 8 años
Comunidad Conodo
Gloria Inés Tequia Arce - 6 años
Comunidad Brisas
Sigifredo Tequia Tequia - 16 años
Comunidad Vivicora
Ercilia Sintua Castañeda - Niña
Emeregildo Sintua Arce - Niño
Laurcario Arce Sintua - Niño
Humberto Tequia - Niño
Dario Queramaga Sintua - Niño
Antonio Queragama Sintua - Niño

Heridos
Raúl Murillo Tequia
Pedro Pablo Murillo
Leonel Queragama
Libardo Tequia
Cristina Tequia
Amarcia Pepe
Diego Pepe
José Argemiro Pepe
Uriel Evao
Nicolás Bateza
Cesar Neguela
Carlos Queragama
Detenidos

Hermanas de la Diócesis de Quibdó

Martha Janet Perez. Dejada en Libertad
Nubia Salamanca. Dejada en Libertad

[Fuente: Boletín 166, ONIC, 28may07]

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Le rogamos dirigir sus comunicados de solidaridad a las siguientes instancias:

Presidencia de la República:
Doctor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de Colombia
Cra 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá
Fax: (571) 5662071
Correlectrónico: auribe@presidencia.gov.co.

Dirección de Fiscalía de Antioquia: Fiscalía 74 Seccional
Doctor: Cesar Augusto Quiroz Vargas
Carrera 44 No. 15 sur - 31 Edificio Mónaco
Medellín, Antioquia
Teléfono (574) 3212422

Vicepresidencia de la República:
Doctor Francisco Santos Calderón, Vicepresidente de la República
Carrera 8A No 5-57, Santafé de Bogotá
Tel.: (571) 334 4507
Correlectrónico: fsantos@presidencia.gov.co
Correlectrónico: buzon1@presidencia.gov.co

Programa presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario:
Doctor Carlos Franco
Calle 7 N° 5 - 54 Bogotá D.C
Fax: (571) 337 46 67
Correlectrónico: cefranco@presidencia.gov.co

Ministerio de Defensa Nacional:
Doctor Juan Manuel Santos, Ministro de la Defensa
Avenida El Dorado con Cra 52 CAN, Bogotá
Fax: (571) 222 1874
Correlectrónico: siden@mindefensa.gov.co
Correlectrónico: infprotocol@mindefensa.gov.co
Correlectrónico: mdn@cable.net.co

Fiscalía General de la Nación:
Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación
Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá.
Fax: (571) 570 2000; (571) 414 9000 Ext: 1113
Correlectrónico: contacto@fiscalia.gov.co
Correlectrónico: denuncie@fiscalia.gov.co

Procuraduría General de la Nación:
Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación
Cra 5 # 15-80, Bogotá
Fax: (571) 342 9723; (571) 284 7949
Correlectrónico: cap@procuraduria.gov.co
Correlectrónico: quejas@procuraduria.gov.co
Correlectrónico: cap@procuraduria.gov.co

Defensoría Nacional del Pueblo:
Doctor Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo
Calle 55 # 10-32, Bogotá
Fax: (571) 640 0491
Correlectrónico: secretaria_privada@hotmail.com
Correlectrónico: agenda@agenda.gov.co

Arg - Causa Brusa: revocaron la prisión preventiva y domiciliaria del represor Nicolás Correa

El conjuez de Santa Fe Leandro Corti que tramita la causa Brusa firmó el jueves pasado la resolución para revocar la prisión preventiva y domiciliaria del suboficial del Ejército, Nicolás Correa, y este lunes fueron notificadas las partes. La decisión se basó en que el procesado por el presunto delito de tormentos, privación ilegítima de la libertad, coacción, vejaciones y apremios ilegales, violó en reiteradas oportunidades durante el 2006 las disposiciones de la justicia. De este modo, deberá permanecer entre las 8 y 17 horas en el Patronato de Liberados de esa ciudad y las horas restantes en su domicilio de barrio Candioti.

Corti decidió el jueves pasado revocar la prisión preventiva y domiciliaria del procesado y detenido ex suboficial, de 70 años, quien deberá permanecer entre las 8 y 17 horas en el Patronato de Liberados de la provincia de Santa Fe y las horas restantes en su domicilio de barrio Candioti, puesto que violó en varias oportunidades la prisión preventiva y domiciliaria en el 2006.

Si bien la resolución encontró algunas resistencias entre los defensores de Correa que, en todo momento, argumentaron que el preso tiene serios problemas de salud, sobre todo coronarios, los argumentos no fueron sólidos.

Fuentes de la querella indicaron que habían pedido la cárcel común, “puntualmente que sea alojado en el penal de Coronda ya que la violación de la prisión domiciliaria es muy grave”, según informó Notife.

Cabe recordar que Correa se retiró del Ejército en 1976 mientras se desempeñaba en el Destacamento 122 de Inteligencia de Santa Fe, y diversos testimonios lo señalan como el jefe de un grupo que se dedicaba a torturar detenidos. Actualmente, está procesado por el presunto delito de tormentos, privación ilegítima de la libertad, coacción, vejaciones y apremios ilegales; y junto a otras ocho personas, entre civiles, ex policías, ex militares y hasta un ex juez federal, espera que la causa se elevada a juicio oral.

http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=59059

Corte Suprema rebaja condenas a represores chilenos por desaparecido

La Corte Suprema chilena rebajó hoy las condenas al general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, y al jefe exterior del organismo, el ex brigadier Raúl Iturriaga Neumann, procesados por la desaparición de un estudiante universitario en 1975.

En el caso de Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), los magistrados de la sala penal del máximo tribunal le aplicaron una rebaja de 15 a 10 años de presidio, mientras a Iturriaga Neumann le rebajaron de 10 a 5 años la condena.

Las penas de ambos jefes represores que fueron modificadas hoy por la Suprema, habían sido dictadas en primera instancia por el juez Alejandro Madrid y ratificadas posteriormente por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Además, en su dictamen, el máximo tribunal mantuvo la condena a cinco años de cárcel del brigadier retirado Miguel Krassnoff Martchenko y exculpó del caso al ex agente Gerardo Urrich, al considerar que los antecedentes aportados al proceso eran insuficientes para establecer su culpabilidad en el crimen de Luis Dagoberto San Martín.

El general Contreras cumple actualmente varias condenas de entre diez y quince años por diversos casos de violaciones de los derechos humanos.

San Martín era un estudiante de agronomía de 22 años, que fue visto por última vez a fines de 1975 por presos políticos en un centro de torturas de la DINA, la policía secreta del régimen del fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990). (EFE)

Arg - Entidad realiza semana de combate de la desaparición forzada

Adital -
La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos realiza, entre los días 26 de mayo y 1º de junio la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. La semana se lleva a cabo en varios países, en Argentina, se realiza en el Teatro "La Mascara", en Buenos Aires.

Según las estimaciones de la entidad, en América Latina ya se registraron más de 100 mil casos de desapariciones forzadas, número que crece cada año. En 2006, la organización recibió denuncias de desapariciones en Argentina, México, Honduras, El Salvador, Colombia y Guatemala. Las víctimas fueron defensores de los derechos humanos, testigos, abogados y parientes de personas ya desaparecidas.

La edición de este año viene embalada por la aprobación de la ONU de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, fruto de una lucha de más de 25 años. Con el posicionamiento internacional, representantes de 57 países se comprometieron a implementación las directivas en sus Estados.

En este año, la entidad convoca a los gobiernos de América Latina a redoblar sus esfuerzos para ratificar la Convención antes de fin de año. De esa forma, ésta pasará a tener fuerza de ley en los países signatarios.

Para dar cuenta del desafío, la FEDEFAM se vinculó a otras organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Juristas, Human Rights Watch, Linking Solidarity, la Federación Internacional de Acción Cristiana contra la Tortura y las Federaciones Internacionales de Familiares de Desaparecidos.

Arg - La Corte indemnizó a una Abuela de Plaza de Mayo por la muerte de su nieta durante la dictadura

Por unanimidad, el máximo tribunal reconoció el derecho de la mujer, ya que su hija fue asesinada de un balazo en la pelvis cuando el embarazo estaba a punto de llegar a término. Además, recordó que en estos casos los familiares tienen derecho a la indemnización "por su propio derecho" y no como herederos del fallecido.

La Corte Suprema reconoció el derecho de una mujer a cobrar una indemnización por la muerte de su nieta nonata, debido al homicidio de su madre, cuando llevaba casi nueve meses de embarazo, durante la última dictadura militar.

La Corte consideró probado que Ana María del Carmen Pérez, hija de la demandante, fue víctima de homicidio por parte de las fuerzas de seguridad en setiembre de 1976 cuando, privada de su libertad, se hallaba con un embarazo "a término".

Expertos de Antropología Forense determinaron que los restos óseos de un nonato fueron hallados asociados en la zona pelviana de los restos exhumados individualizados como pertenecientes a Pérez, que falleció como consecuencia de una herida de arma de fuego en esa región del cuerpo.

Contra el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que rechazó la demanda, la Corte afirmó que cuando la ley 24.411 -que estableció la indemnización por desaparición forzada de personas u homicidios por el accionar represivo previo a diciembre de 1983- menciona a "causahabientes", incluye a parientes del muerto, "víctimas" del hecho.

Por unanimidad, el máximo tribunal señaló que en estos casos los familiares del muerto tienen derecho a la indemnización "por su propio derecho" y no como herederos del fallecido.

La Corte indicó que la abuela es "causahabiente" de la beba fallecida que estaba a punto de nacer y recordó que el Código Civil define como personas a todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones y que son tales las que "no habiendo nacidas están concebidas en el seno materno".

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=63538&id=152412&dis=1&sec=1

Phl - Activist Pastor Abducted after Sunday Service in Laguna

BY BULATLAT

Activist pastor Berlin Guerrero was abducted just outside the local United Church of Christ of the Philippines (UCCP) chapel in Biñan, Laguna (35 kms. away from Manila) at 6 p.m. after a Sunday worship service on May 27. According to a statement by the Promotion of Church People's Response (PCPR), Guerrero’s wife and children were shocked as armed men attacked and pointed guns at them as their father was forcibly taken to an L-300 van with the plate covered with paper.

Guerrero's abduction happened exactly a year after another UCCP member and Bayan Muna (People First) regional projects officer Noli Capulong, was gunned down in Calamba, Laguna (52 kms. away from Manila) on May 27, 2006.

“It appears that Pastor Berlin's abductors have learned their lesson from the case of Jonas Burgos – they did not want us to trace the vehicle to the military,” PCPR stated.

Since there was no known enemy of Berlin, church people suspected the abduction was allegedly the work of the military. “No one but the armed forces of this corrupt government have openly labeled social activists and human rights defenders, including activist church members, as enemies of the state and thus, targets for political persecution,” PCPR stated.

Guerrero is a theology student of the Union Theological Seminary, an active member of the Kapatirang Simbahan para sa Bayan (Ecumenical Center for Development) and former staff of the UCCP National Office. Aside from his ecumenical affairs, PCPR also said that his involvement in Bayan Muna and Bagong Alyansang Makabayan (Bayan or New Patriotic Alliance)-Southern Tagalog apparently made him a target of political repression. In the late 1970s, Guerrero was elected the founding chair of the College Editors Guild of the Philippines (CEGP)-Southern Tagalog, leading the campus-based “mosquito press” that exposed the excesses of the Marcos dictatorship.

“Despite international condemnation on the killings and enforced disappearances, the abduction of Pastor Berlin demonstrates the arrogance of the Arroyo government in continuing its policy of repression,” PCPR stated.

Berlin is the 197th victim of abduction under the Arroyo administration. More than 20 activist pastors and lay members of the churches have been victims of extra-judicial killings and enforced disappearances under the Arroyo government, which, said PCPR, “resorts to virtual martial rule to suppress dissent over its flagrant corruption and human rights violations.”

Members of the UCCP and ecumenical friends in the National Council of Churches of the Philippines (NCCP) have held a prayer vigil and noise barrage at the UCCP Compound in Quezon Ave. today to denounce Guerrero’s abduction.

Meanwhile, House Deputy Minority Leader and Bayan Muna Rep. Satur Ocampo, author of a bill outlawing forced disappearances, called on the Arroyo government to "immediately surface Berlin, and turn him over to his family, ministry and colleagues."

“The Arroyo government must protect all citizens, regardless of political beliefs,” Ocampo said. “Its security forces must not harm or kill its perceived political opponents. President Arroyo is duty-bound to order the AFP (Armed Forces of the Philippines) and the PNP (Philippine National Police) to do everything so that Berlin and other desaparecidos are found alive, and see to it that the abductors are punished.”

As of this afternoon, according to Bayan Muna public information officer Anthony Ian Cruz, Guerrero has been able to call up his relatives and inform them that he is in the custody of the PNP at Camp Pantaleon in Imus, Cavite. Bulatlat

http://www.bulatlat.com/2007/05/activist-pastor-abducted-after-sunday-service-laguna

Nepal - Bill tabled to amend civil code

KATHMANDU, May 27: The Government has registered a bill at the Legislature-Parliament Secretariat for bringing amendments to the Muluki Aina (Civil Code) aimed at establishing measures to check 'disappearance' of people.

The bill provides that the person who is involved in the 'disappearance' of any individual could be tried for murder in case the latter dies during the course of the disappearance.

The person who arrests, keeps under custody or control the individual who has been 'disappeared' will be regarded as the main person involved in the disappearance of the individual, it is stated in the draft bill.

Likewise, in case the person who is responsible for the disappearing of the individual concerned is not ascertained then the Chief of the Office where the individual was kept under control, custody or imprisonment before being disappeared would be regarded as the prime accused.

The bill also describes the situation where the official who has the authority to arrest as per the law, carry out investigation and interrogation or enforce the law does not allow the individual he/she has arrested or kept under any kind of control is not allowed to meet his/her family, not release information about his/her whereabouts to anyone or deprives the arrested individual from the protection he/she is entitled to as per the law as a state of 'disappearance'.

As per the draft bill, on the basis of the period and situation of disappearance, the person involved in the disappearance could be imprisoned to five years in jail and a fine of Rs. 50,000.

The person who has ordered the disappearance would also be entitled to the same level of punishment.

Similarly, the persons instigating the disappearance, involved or accomplice in the act of disappearance would be liable to half of the sentence given to the prime guilty.

As per the provisions in the Bill, in case the individual who has been disappeared reappears the person involved in the disappearance will have to compensate for the period with a fine of Rs. 500 per day and appropriate compensation in case the individual has been subjected to physical and mental torture. In case the person who has been disappeared dies, the compensation could be received by the next to kin.

Likewise, the Clause 8.b. of the Civil Code has been added in the bill to add provisions for legal punishment against those involved in kidnapping or holding people captive.

http://www.gorkhapatra.org.np/content.php?nid=19767

Week of the disappeared: Tears yet to dry for family members

Source: The Sangai Express

Imphal, May 27: Along with the heart breaking accounts of those whose whereabouts have not been known after being picked up by security forces, the observance of the International Week of the Disappeared began on a solemn note at Ngashan Inn, Hangleikhong in Ukhrul district yesterday.

Under the motto of ‘Helps us to find the disappeared’, the week-long observance is being organised under the aegis of Families of the Involuntarily Disappeared’s Association (FIDAM).

Recounting her grief and ordeal since the disappearance of her husband, Joicy said she has not been able to reconcile to the fact that her beloved husband may not return home and she keeps wondering whether he is still alive or dead even today.

‘But one thing, I am very sure.

I am not going to remarry’, she said with tears in her eyes.

Her husband, Mahaimi was arrested by the security forces from Imphal in 1996 and since then his whereabouts have not been known.

Originally hailing from Chamu village of Kamjong sub-division of Ukhrul district, Joicy is today running a tea shop at Ukhrul district headquarters to sustain the family and living for the sake of her two children.

Recounting another story, Canon Chamroi of Hatlang village informed that troops of 21 Sikh Light Infantry came to his village one morning in March, 1982.After calling out all the male family members, the troops picked up some of the youths including his elder brother Canon Paul and took them away.

That was the last day he saw his elder brother.

Paul was working as an assistant pastor in the Hatlang Baptist Church when the security personnel took him away.

The case of disappearance of his elder brother was taken up even in the Supreme Court.

But apart from issuing an order directing the Indian Army to pay an interim relief/exemplary damage of just Rs 1 lakh, nothing is known as to whether the security personnel responsible for the disappearance of his elder brother had been given befitting punishment or not, Chamroi said.

Paul left behind his wife and two children.

‘Because of poverty in the family, I cannot extend much help to them’, Chamroi lamented.

According to Ngachonmi Chamroi, son of late C Daniel who was arrested along with Paul, said at that time none of the public leaders could speak up against the atrocities of the security forces.

There were cases in which the Khullakpas were buried in the ground till half of their bodies and unregistered/unofficial rape of women at Somra among other excesses committed by the security personnel which were beyond human endurance, he said, adding that many families have are yet able to come out of the mental trauma they have gone through.

All these atrocities are being perpetrated with immunity granted under Armed Forces Special Powers Act, 1958 which does not differentiate between the hill and the valley people, he said while coming out strongly against the prolonged imposition of the inhumane Army Act in Manipur despite public outcry against it.

Another story that could lead to increase of membership of FIDAM was heard from Lamlangate village located along Old Ukhrul Road.

Although he could not remember the exact date, Pastor of Lamlangate Baptist Church RS Phungsin, who originally hailed from Simjang village, recounted that in 1980, his son RS Issac and one VS Canon have been arrested by the Assam Rifles from Ukhrul while they were transporting construction materials in a Tata truck.

On that particular day, a firing encounter took place between the Assam Rifles and underground activists at Ukhrul.

The duo were among many others who have been picked up by the Assam Rifles after the encounter, Phungsin said.

After four days, some of them were set free and according to their information his son RS Issac and VS Canon died from brutal torture by the Assam Rifles.

Though the body of VS Canon s/o of Meiteiching was recovered, that of his son was never found.

‘Since this incident took place long time back, I have stopped worrying about my son’, the aged pastor added.

Established in 1999 by the families of those whose whereabouts have not been known after being picked up by the security forces, FIDAM has been observing the International Week of the Disappeared since 2000. Meeting the family members of the involuntarily disappeared persons, sharing their grief and sorrow and holding discussion on possible legal assistance that could be sought for justice are some of the main highlights of the observance.

The inaugural function of the observance of the International Week of the Disappeared held at Ukhrul was attended by co-ordinator of Human Rights Law Network Advocate Meihoubam Rakesh, president of FIDAM Kangujam Ranjit and general secretary of MAFYF Premjit as chief guest, president and guest of honour respectively.

Meanwhile, on the second day of the week-long observance, a visit was paid to meet the family members of Yumlembam Sanamacha of Angtha Mayai Leikai whose whereabouts remain a mystery till today after he had been picked up by the personnel of 17 Rajput Rifles from his house on the night of February 12, 1998. Mother of Sanamacha, 75-year old Yumlembam Ongbi Arubi, whose eyes have not dried since that day, expressed her desire for construction of a memorial site in remembrance of her disappeared son to which FIDAM also gave the assurance of doing the needful.

It may be recalled that after fighting a case in the High Court, authority of 17 Rajput Rifles had given Rs 3 lakhs as compensation to the family members of Sanamacha, but the security personnel involved in the case are still at large.

Similar visits were also paid at Thangmeiband Hijam Leikai to meet the family of Laishram Bijoykumar who could not be traced after being picked by security personnel on the intervening night of June 4 and 5 of 1996 as well as at the houses of N Keizalal Paite at Langol Housing Complex and Longjam Arunkumar at Iroisemba who have also met with similar fate.

Simple gifts were also presented to the family members from the side of FIDAM during these visits.

http://www.e-pao.net/GP.asp?src=5..280507.may07

Escrache a Carlos Lucena, responsable de crímenes de lesa humanidad en Catamarca

Organizaciones sociales y organismos de derechos humanos de Mar del Plata van a realizar un escrache al general retirado Carlos Alberto Lucena donde cumple arresto domiciliario. Este martes, a las 17, se van a concentrar frente a Diagonal Alberdi 2536, para que desde el departamento B en el 5º piso se contemple que en esta ciudad tampoco hay olvido para los crímenes cometidos en Catamarca. No hay olvido sino repudio a su presencia, al igual que la de otros represores.

Lucena está imputado por la Justicia Federal de Catamarca en varias causas en las que se investiga la desaparición de militantes políticos mientras él se desempeñó al frente del Regimiento 17 de Infantería y posteriormente como interventor federal en esa provincia desde el inicio de la última dictadura militar. No sólo Lucena está imputado, sino también el coronel retirado Darío Otero Arán, quien se desempeñaba como jefe de inteligencia de la guarnición militar y actualmente cumple con arresto domiciliario en Posadas, Misiones, mientras se termina el proceso judicial. Se descuenta que ambos serán condenados a cadena perpetua.

Hasta el momento, esta acción está trabada porque el otro acusado, el general en actividad Raúl Horacio Gallardo, ha logrado postergar su presentación ante el juez Ricardo Antonio Moreno, al requerir nuevas pruebas testimoniales. En concreto, una argucia legal que tiene el respaldo institucional del general del Ejército, Roberto Bendini, quien logró su ascenso cuando el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, envió su pliego en diciembre al Senado de la Nación, con el visto bueno de la ministra de Defensa, Nilda Garré y del titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. En este caso puntual, la demora no proviene de la Cámara de Casación.

Tal vez la flamante Comisión creada por el presidente Néstor Kirchner para acelerar los juicios a los represores convoque al general Gallardo y le pregunte, al presentarse ante la Justicia de Catamarca para rendir cuentas, sobre su participación en los operativos para secuestrar a los militantes. Una acusación que no puede soslayar porque se aplica correctamente la teoría de la responsabilidad de la cadena de mandos.

Lucena, Otero Arán y Gallardo son tres de los tantos responsables de crímenes de lesa humanidad que todavía eluden la Justicia, pero no el repudio para quienes no hay ni olvido ni perdón. En Mar del Plata este martes 29, en el marco de actividades para recordar un nuevo aniversario del Cordobazo, el resto de sus vecinos se van a enterar que en ciudad, sigue sumando represores que solicitan el beneficio del arresto domiciliario.

http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2007/05/28/p2884

Chl - Familiares de desaparecidos: “Su sentido de la humanidad es muy bajo”

La presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, recuperada de una enfermedad, también dijo que “El Gobierno y la Concertación no tienen voluntad política para eliminar el decreto ley de amnistía, que sigue siendo una vergüenza internacional para Chile”.

“Sus palabras revisten un agravio para nuestras víctimas y sus familiares”, dijo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, refiriéndose a las palabras del presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, quien opinó que seguir buscando a los desaparecidos es una “búsqueda de restos arqueológicos”.

En conversación con La Nación, la presidenta de la AFDD, recuperada recientemente de una enfermedad, respondió a Larraín, que habló la semana pasada en Radio Cooperativa, expresando que “si el señor (Carlos) Larraín cree que alguien que pierde a un familiar y lo busca, lo que hace es buscar restos arqueológicos, quiere decir que su sentido de humanidad es muy bajo”.

La dirigenta manifestó que “lo que se busca son hombres y mujeres asesinados por la dictadura de Augusto Pinochet, crímenes de los cuales muchos militantes de Renovación Nacional son responsables al menos como cómplices”, expresó.

Pizarro añadió que “entender que buscar a los desaparecidos es un asunto del pasado y que hay que dar vuelta la página, si eso es lo piensa el señor Larraín y la gente de su partido, significa que no han entendido nada de lo que la humanidad ha resuelto hace mucho tiempo”.

En ese sentido, explicó que “cuando se violan los derechos humanos y el terrorismo de Estado se utiliza como arma para controlar a un país, se cometen crímenes contra toda la humanidad”, dijo.

La hija de la ex presidenta de la AFDD Sola Sierra, que murió en 1999 sin conocer los detalles del exterminio de su esposo, Waldo Pizarro, y el resto de la dirigencia comunista revelados este año en una investigación del ministro Víctor Montiglio, recomendó al presidente de RN que “él, como presidente de su partido, debiera velar porque cada uno de los detenidos desaparecidos sea encontrado o, al menos, se sepa la verdad completa de los que pasó con ellos”. Esto, dijo, porque “así se construye un país que no puede volver a vivir bajo la cultura de la muerte que impuso la dictadura”, precisó.

Pinochet y el nazismo

La presidenta de la AFDD también contestó a Larraín respecto de una comparación que hizo entre el nazismo de Hitler y el régimen de Pinochet, diciendo que no se pueden comparar los crímenes de la Alemania nazi con los cometidos en Chile. Allá se buscó “el exterminio de una raza” lo que en nuestro país no ocurrió.

Pero , dijo Pizarro, si bien Chile “no se persiguió a una raza, se buscó exterminar a una franja de la sociedad de izquierda y progresista por su pensamiento y eso es quizá comparable”, sostuvo la dirigenta.

“Más aún, hemos confirmado ahora último que los métodos utilizados para exterminar a los prisioneros bajo Pinochet, fueron los mismos que se usaron con Hitler en Alemania”, dijo Pizarro.

Aludiendo a los detalles de las torturas y formas de eliminación de los detenidos en la investigación de este año del juez Montiglio, la presidenta de la AFDD afirmó que “nuestra memoria no lograba dimensionar el horror cometido con los nuestros, pero ahora lo hemos conocido bien en la indagatoria que instruye el ministro Víctor Montiglio”, expresó. A su juicio “Hitler y Pinochet son de las figuras más detestables de la historia de la humanidad”. LN

No hay voluntad para eliminar

El informe sobre El estado de los Derechos Humanos en el Mundo 2007 sobre hechos acontecidos en 2006, repuso para Chile la deuda para anular el decreto ley de amnistía de 1978 dictado por la Junta Militar para exculpar los delitos cometidos contra las personas después del golpe militar de 1973.

En una de sus partes, el informe recordó que, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos demandó a Chile en septiembre de 2006 a eliminar de una vez por todas de su legislación el referido decreto ley, hasta ahora ninguna institución del Estado, incluido el Ejecutivo, ha resuelto el punto.

Al respecto, Lorena Pizarro dijo que “insistimos como agrupación en pedir a la Presidenta Bachelet que le ponga suma urgencia al proyecto que está en el Senado y que modifica el artículo 93 del Código Penal, buscando al menos una solución jurídica al problema de la amnistía. Ello requiere apenas de una mayoría simple y la Concertación la tiene en ambas cámaras”.

Tal reforma establece que la responsabilidad penal no se extingue por amnistía o prescripción cuando se trata de delitos de lesa humanidad.

Pizarro sostuvo que de todas maneras eso no resuelve la anulación de la amnistía. Recordó, además, que en 2006 los presidentes de los partidos de la Concertación “se comprometieron” a que sus parlamentarios aprobarían “un proyecto de ley para anular la amnistía, y otro para reabrir los procesos de nuestras víctimas cerrados por la justicia militar por la aplicación de este autoperdón”.

Pero, dijo la dirigenta, “nos convencimos de que sencillamente el gobierno y los partidos de la Concertación no tienen la voluntad política para eliminar el decreto ley de amnistía, que sigue siendo una vergüenza internacional para Chile”.

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20070527/pags/20070527202118.html

Arg - “Victoria y víctima comparten la misma raíz”

La frase la pronunció Alberto Ferrari Etcheberry, ex subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, durante su discurso en la ceremonia de homenaje a Alberto Luis Calou, realizada en el Colegio Nacional Buenos Aires. Calou, quien fuera estudiante del mismo establecimiento, fue secuestrado en su domicilio junto con una amiga en la madrugada del 26 de julio de 1976.

Alberto Ferrari Etcheberry, ex subscretario de Asuntos Latinoamericanos y especialista en temas agrarios e integración con Brasil, homenajeó en el Colegio Nacional de Buenos Aires a un compañero suyo desaparecido y aseguró que "Victoria y víctima comparten la misma raíz".

El desaparecido es Alberto Luis Calou, sobrino nieto de una de las columnas del Teatro del Pueblo de Leónidas Barletta, (donde está su busto), Juan Pedro Calou, poeta muerto apenas pasado los 30 años. Calou se graduó en historia en la UBA, donde ejerció luego la docencia.

En 1973 organizó la carrera de Historia en la Universidad de Salta, fue su director y docente y apoyó a su amigo el rector Martinez Borelli. Cesanteado con otros cuando el lopezreguismo se apoderó de la provincia y de la universidad, fue dos veces detenido sin causa para amedrentarlo sin otra imputación que la defensa de la universidad, pues no tuvo filiación política partidaria. Siguió en Salta enseñando en colegios secundarios compartiendo la cátedra con su amigo y admirado Cuchi Leguizamón.

Volvió a Buenos Aires después del golpe de estado y fue secuestrado en su domicilio de Pueyrredón y Viamonte junto con una amiga en la madrugada del 26 de julio de 1976.

Su habeas corpus fue presentado por el doctor Pablo González Bergez, amigo y coreligionario de su padre (escribano en Bragado).

A continuación, el texto completo del discurso que leyó Ferrari Etcheberry en recuerdo de su amigo graduado en el Colegio Nacional de Buenos Aires en 1956 y desaparecido desde el 26 de julio de 1976.

"Amigos: Estamos reunidos para recordar a Alberto Calou, una de las primeras víctimas de ese sistema monstruoso que hoy, cobijados en la tranquilidad semántica, denominamos terrorismo de estado.

Y nos reunimos porque esta placa que se ha colocado en este patio central del Colegio, por iniciativa de algunos de los amigos y condiscípulos de Alberto, viene a dejar testimonio de su martirio, pero también a llenar un olvido que no me animo a calificar de inexplicable pero sí de injusto.

Allí, a pocos metros, en esa gran placa de bronce, no figura el nombre de Alberto Calou. Como una manifestación de la que, para mí, parece ser una constante tendencia a tergiversar la historia en beneficio de intereses políticos del momento, no está Alberto pero, en contraste, están grabados los nombres de quienes cayeron mucho antes de que el terrorismo de estado adquiriera su carácter, esto es, la planificación sistemática del exterminio.

Es lamentable que esta distorsión se ofrezca como lección cotidiana a quienes tienen el derecho de educarse con la pretensión, al menos, de la búsqueda de la verdad.

Y están también algunos que murieron en combate ofrendando sus vidas a un proyecto elegido y construido conscientemente. No me parece justo calificarlos de víctimas. Me rodean aun los fantasmas de otros amigos que eligieron y cayeron en ese camino de la lucha política armada: ninguno de ellos hubiera aceptado ser presentado como víctima; no lo dudo.

Alberto Calou es una víctima en el doble sentido que el terrorismo de estado impuso. Víctima, reitero, del sistema de detención ilegal y clandestina, de los campos de concentración ocultos, de la muerte anónima y cobarde, de la apropiación no menos cobarde del cadáver. Seguramente todos los más jóvenes compañeros desaparecidos de esa larga nómina, muchos calificados de perejiles por sus asesinos, vivieron un calvario similar al de Alberto.

Alberto, como algunos de ellos y muchos otros, es también víctima porque tribunal alguno podía haberle imputado otra cosa que no fueran sus ideas o su ética intelectual y docente. Y es este segundo aspecto, la persecución del pensamiento y de la libertad para exponerlo, diría: el terror ante quien piensa con libertad, es el que, a mi juicio, determinó el supino grado de cobardía que cristalizó en el terrorismo de estado y su máxima expresión, la creación del nuevo género, los desaparecidos, base de la pretensión de impunidad potenciada por la amenaza de la delación recíproca.

Alberto se educó en este Colegio. Agrego: forjó su personalidad en este Colegio. Permítanme entonces que lo recuerde como era cuando dejamos las aulas. Hace diez años, a veinte de su secuestro, cuando nuestra promoción celebró su 40 aniversario, me tocó expresar el sentimiento colectivo y recordé a Alberto así: "un típico fruto de este Colegio. Espíritu exquisito, fino, culto, observador sagaz, buena persona, sensible.

En 1976 en la habitual nocturnidad cobarde, lo secuestraron. Nadie podía ni puede reprocharle nada. Nuestra promoción está presente en el "nunca más"! Como hubiera gozado hoy! Como nos ayudaría con su memoria y con su humor.

Guardo como un tesoro las cartas que me envió desde Bragado cuando dejamos el colegio, hace 50 años: su timidez desaparecía al escribir. Iniciábamos abogacía y me decía: "debe haber algo más interesante que los pleitos de almaceneros que tendremos que resolver a pesar de Kelsen, Cossio y todas las filosofías de la tierra. Yo quisiera ejercer la profesión de soñador inútil pero el cuerpo necesita satisfacciones. El cuerpo es una realidad concreta que crucifica las necesidades espirituales pero el espíritu sólo puede existir y manifestarse por el cuerpo. Misterio teológico." y citando a Hamlet lo traducía en tono de consejo por mi inquietud política: "sin embargo tu prosigues ese acto. No manches tu espíritu, no manches tu espíritu" y de inmediato y entre paréntesis, su humor: "Me lo contó Jorge Luis Borges", para volver a la confidencia: ùquiero escribir, y la necesidad de escribir se me está presentando como la necesidad del fumador privado de puchos. Por ahora trato de contentarme con "vivir los problemas" como recomienda Rilke.

Y pocos días después agradecía una carta colectiva marplatense de algunos aquí presentes: "veo con alegría que la práctica del divino Omar no les aparta el recuerdo de los amigos en exilio. Yo también he hecho lo posible para convertir los rubais en acción. Chupo bastante, morfo como siempre que si no es mucho me satisface. Apoliyo como un rey destronado en la mazmorra." Y se sorprendía por uno de nosotros, a quien había preparado para el examen de Historia del Arte: "me asombra que Luigi haya aplazado con Blanquita" (Blanca Stábile de Machinandiarena, nuestra profesora).

Estoy seguro de que no le dijo que Leonardo era un romántico prematuro o que Rafael pintaba de acuerdo a una idea. Ajedrecista empedernido, firmaba "Chaloff mago del tablero", aceptando la rusificando del apellido que habíamos hecho en el mejor estilo porteño. Y a los pocos días nos escribía para pedirnos le consiguiéramos un alojamiento marplatense. "Ya yo sé que bufarán pero les ruego que se sirvan servirme un poco y tendrán la recompensa inapreciable de mi presencia".

Otro verano y recién iniciado el 58 se preparaba para hacer el servicio militar adelantado en Bragado y analizando, como excepción, una revista política me decía: "El problema gremial no es sólo económico. Urge una reparación moral. Hay desconfianza, hay la sensación de ir a la deriva, hay pesimismo. Son condiciones que mueven más que las económicas porque se desarrollan dentro de cada individuo aisladamente." Sin embargo, luego concretaba: "entre Balbín y Frondizi, sin duda Frondizi".

Y ya soldado administrativo, "sumergido en una bufanda con una tos de poeta francés adquirida en una de mis guardias nocturnas" me contaba: "He leído "El retorno" de Mallea, un librito interesante del que no puede extraerse ninguna experiencia, ninguna reflexión, porque todo queda en operaciones de inteligencia;"Lïinvitée" de Simone de Beauvoir quien, sin duda, escribe mucho mejor que Sartre, pero no lo suficiente.

En cambio leí un libro extraordinario: "Crónicas marcianas" de Ray Bradbury, muy profundo, muy bello, con una atmósfera de poesía y de desolación muy bien lograda y desgraciadamente precedido por un ridículísimo prólogo de Jorge Luis Borges, que comienza así: "En el segundo siglo de nuestra era, Luciano de Samosata_; y sigue en otras partes: a principios del siglo XVI, Ludovico de Ariosto imaginó; en el siglo XVII, Kepler redactó un Somnium Astronomicum.

Hay una cita en inglés, como no podía ser de otra manera: "the dark backward and abysm of time", de Shakespeare. Saca además a relucir a Giordano Bruno y a Bacon. Dice también que el libro le toca de una manera íntima y que lo llena de terror y de soledad, nada de lo cual tiene que ver con la obra".

Y de inmediato el soldado conscripto de 19 años anunciaba "una conferencia sobre los vinos de Francia dada por un francés auténtico que ostenta en su país el título de conde y en el nuestro el título de propiedad de más de dos mil hectáreas por lo que prefiere el nuestro para habitar." Y continuaba con sus lecturas: "estoy leyendo (sea para tu dicha y para la mía) "La montaña mágica" y te recomiendo que leas "La condición humana" de André Malraux, pienso que no hay en la literatura contemporánea una obra superior a ésa, salvo quizás algún otro libro de Malraux. Y te dejo porque estoy impaciente para tomar el fusil y matar un ferroviario".

Y como que también lo llamábamos El Francés al definir su relación con el medio precisaba: "la separación, el detachement como dicen exacta y gráficamente los franceses, es de fondo" y agregaba: Es curioso como el carácter de un pueblo influye sobre el idioma. En francés se encuentra siempre una palabra concreta y en uso corriente para expresar los matices más sutiles, esos que en castellano o en inglés tienen necesidad de formas indirectas, metáforas o rodeos para ser explicados".

Y pasando al cine: "estoy de acuerdo con tu opinión sobre Truffaut. Yo he tenido oportunidad de ver aquí "Sin Dios y sin ley" con Randolph Scott debutante, proyectada de la siguiente manera: primero el primer rollo; después, el cuarto y último; luego el tercero y finalmente el segundo. El parecido con las películas de Resnais era sorprendente." Seguía con sus lecturas: Chesterton, Stevenson, Poe, Saint Exupery, Hemingway_

Y en otra: "para tu satisfacción estoy recibiendo una amplia instrucción sobre tango, impartida por un muchacho que tiene una discoteca verdaderamente importante y buena tradición: el padre de él, que fue comisario conservador durante la década del 30, hizo su primera entrada en la policía a los 17 años por haberle pegado un planazo a Arolas cuando éste tocaba en el quilombo de Bragado, junto con José Martínez, alrededor de 1914."

Leo y releo sus cartas, gozo con su impertinencia adolescente, me vuelvo a deslumbrar con su talento, su erudición y su causticidad, y me asombro con la sutileza para apreciar la realidad colectiva desde el individualismo espiritualista que proclamaba y más lo veo como una versión crociana mucho antes, por cierto, de haber los dos leido a Croce.

Poco tiempo después ese bagaje tanguero lo llevaría -a él, que juraba que no cambiaba nada por un cuarteto de Beetroven- a acompañarme en mis andanzas periodísticas en las entrevistas a Piazzolla, Rivero, Salgán y la que más lo deslumbró: Elvino Vardaro, quien, ante sus preguntas sobre su técnica, tomó el violín y tocó, para nosotros dos y nadie más, como contaba Chalof, su tango "Miedo" y el solo que Astor le había escrito para "Milonga triste".

Alberto: en la clandestinidad te secuestraron, te encerraron, te torturaron y te asesinaron. Con la clandestinidad pretendieron que no pudiéramos honrar tu vida y tu muerte. Han fracasado: este encuentro es tu funeral y esta placa testimonia tu retorno para siempre a las aulas en las que se forjó tu hermosa personalidad. Victoria trágica, pero victoria al fin, tal vez porque víctima y victoria comparten la misma raíz".

Thailand: More abductions & killings allegedly by Kalasin police

As the Asian Human Rights Commission (AHRC) has already reported (UA-136-2007; UP-065-2007) police in Kalasin district of northeastern Thailand are accused of abducting and killing at least 24 persons in the past two years. We have already reported on the details of four cases; in this update we give the names and basic details concerning the other cases.

Most victims (see sample letter below for details) of the alleged perpetrators have been young people who were accused of being involved in drugs and other small crimes. Some of the victims had been detained in the Kalasin District Police Station before their death or disappearance. The victims were variously shot dead, tortured to death, hanged (or made to appear as if hanged) or abducted and not seen again.

The Department of Special Investigation (DSI) under the justice ministry has been investigating at least one of the cases, the torture and killing of Kietisak Thitboonkrong (UA-136-2007), and has acknowledged that there appears to have been a pattern among the killings, as the ropes on the necks of hanged victims had been tied in a similar way and the same techniques had apparently been used in covering up the crimes.

After issuing the original appeal, the AHRC received a letter dated 11 May 2007 from the provincial police commander of Kalasin, Pol. Maj. Gen. Phisanha Arweekorn Wornthepnitinant, informing that the police had investigated the allegations about police involvement in Kietisak’s death and did not find any evidence to support the claims and had closed the matter. However, they did not give any details about how the investigation was conducted and how they came to such a conclusion. Under any circumstances, the response again speaks to the absence of effective independent channels for complaint against the police in Thailand.

ADDITIONAL COMMENTS:

In February 2003, the former government of Thailand launched the first phase of its "war on drugs" in which more than 2500 people were killed extrajudicially (for details, please refer to: "Extrajudicial killings of alleged drug dealers in Thailand", article 2, June 2003, vol. 2, no. 3; www.article2.org). Kalasin was the first province of Thailand that the government declared "drug-free", apparently due to the sorts of practices for which the police there stand accused. Many of the victims listed in this appeal were killed around the second phase of the "war", which unlike the first phase was not publicised widely.

Despite strong evidence against the Kalasin District Police, no disciplinary action or prosecution has followed. This is despite ongoing investigations by the DSI and findings by the National Human Rights Commission of Thailand that there should be prosecutions.

After the military coup in September 2006, around eight victims' families lodged complaints with the justice ministry with hopes that the change in administration may lead to some inquiries. But there has been no response so far. The acting police commissioner, Police General Seripisuth Themiyavet, has ordered the Kalasin District Police to conduct serious investigations into the killings, but there is no sign of any progress and nor should any be expected while the alleged perpetrators and their peers are called upon to also be the investigators.

SUGGESTED ACTION:

Please write to the following authorities to enquire the progress of the above cases, and urge the government to set up an independent investigation body to handle complaints against police officers in Thailand.

Sample letter:

Dear ________,

THAILAND: Investigate killings allegedly connected to Kalasin District Police

Name of victims:
1. Mr. Prasert Krungsriwattana, shot dead on 31 December 2003
2. Mr. Jatuphon Nainayacheurg, shot dead on7 January 2004 in front of Anukulnaree school
3. Mr. Thongchan Paraphee, hanged; body was found on 10 January 2004 in a farm hut at Baan Ta Ha, Loop sub-district
4. Mr. Suphan Ploywilert, shot dead on 16 January 2004 in Soi Kompholpatana, Muang District
5. Mr. Charnchai Korharn, shot dead on 16 January 2004
6. Mr. Paeng Saengsawant, shot dead on 21 January 2004 on 74 Moo 7, Baan Jote, Rupor sub-district, Muang District
7. Mr. Pitoon Raikiet, shot dead on 21 January 2004, shot dead on 95 Moo 12, Baan Kud-or, Muang District
8. Ms. Namphon Dolrasamee, shot dead on 11 February 2004 in Muang District
9. Mr. Songkran Dejtharapath, shot dead on 7 April 2004
10. Mr. Dath Macha Pathan, shot dead on 5 May 2004
11. Mr. Somsin Worawattanawong, shot dead on 14 August 2005 in a bus stop in front of a national politician’s house
12. Mr. Praiwan Phukhat, shot dead on 23 August 2005 near Rimpao Dam
13. Mr. Sakorn Saravithi, shot dead on 23 August 2005 near Rimpao Dam
14. Mr. Winai, shot dead on 1 October 2005 near Rimpao Dam
15. Mr. Preecha Khampratuang shot dead on 31 October 2005
16. Mr. Chaiwut Laocharoen, shot dead in front of Rimpao hotel
17. Mr. Pui, hanged in a bus stop on Mor Dindaeng Road
18. Mr. Udom Nawai, shot dead
Alleged perpetrators: Personnel of the Kalasin District Police Station

I am writing to express my concern about the above killings that happened in Kalasin province in 2004 and 2005. The families of victims and other persons familiar with the cases have alleged that the personnel of the Kalasin District Police Station may have been the perpetrators; however, there have been no effective investigations to reveal the truth, despite the amount of time that has lapsed between the incidents and today.

Most of the victims were young people who had been accused of dealing in drugs and committing other relatively small crimes. Some of them had been detained by the Kalasin District Police before their death or disappearance. Autopsies have shown that some of the victims were tortured or seriously injured before death. The Department of Special Investigation (DSI) under the Ministry of Justice has also reportedly identified a pattern among the killings, such as in the manner of killing and covering up the crime.

I have learned that after the military coup against the former government of Thailand in September 2006, around eight victims' families lodged complaints to the Ministry of Justice but have so far not obtained any response to their requests for justice. The Department of Special Investigation is reported to be conducting inquiries but so far no police officers are known to have had any action taken against them and some of the accused have been promoted. The acting police commissioner, Pol. Gen. Seripisuth Themiyavet, has ordered the Kalasin District Police to conducted serious investigations into the killings, but I know of no progress nor should it be expected, as the officers alleged to have committed these gross crimes and their peers cannot also be expected to investigate them properly. Indeed I am aware that internal investigations have already exonerated all of the accused.

I therefore wish to inquire into the current status of investigations into the deaths of all of the above persons, as well as those of Kietisak Thitboonkrong, Pravit Sattawuth, Oynapa Sukprasong and Wanthana Thakpama, as well as the disappearance of 15-year-old Krischadol Pancha, all in the same province.

I know that police officers in Thailand have long enjoyed absolute impunity for want of any independent body to receive complaints, investigate and commence prosecutions against police. Therefore, I urge the Thailand government to set up an independent investigation body to handle complaints against the police as suggested by the UN Human Rights Committee in 2005, so that claims of adherence to international human rights standards may be made a reality. This more than anything else will effect meaningful and lasting change to the policing system in Thailand.

I look forward to you intervention on these cases.

Sincerely,

----------------------

PLEASE SEND YOUR LETTER TO:

1. Mr. Charnchai Likitjitta
Interim Minister of Justice
Office of the Ministry of Justice
Ministry of Justice Building
22nd Floor Software Park Building
Chaeng Wattana Road
Pakkred, Nonthaburi
Bangkok 11120
THAILAND
Tel: +662 502 6776/ 8223
Fax: +662 502 6699/ 6734 / 6884
Email: moj@moj.go.th

2. General Surayud Chulanont
Interim Prime Minister
c/o Government House
Pitsanulok Road, Dusit District
Bangkok 10300
THAILAND
Tel: +662 280 1404/ 3000
Fax: +662 282 8631/ 280 1589/ 629 8213
E-mail: spokesman@thaigov.go.th

3. Mr. Aree Wongaraya
Interim Minister of Interior
Office of the Ministry of Interior
Atsadang Road
Bangkok 10200
THAILAND
Tel: +662 224-6320/ 6341
Fax: +662 226 4371/ 222 8866
Email: moi@moi.go.th

4. Mr. Kavee Kitisataporn
Governor
Kalasin Provincial Office
Muang District, Kalasin Province
46000
THAILAND
Tel: +66 43 812 184
Fax: +66 43 821 964

5. Pol. Gen. Seripisuth Themiyavet
Acting Commissioner-General
Royal Thai Police
1st Bldg, 7th Floor
Rama I, Patumwan
Bkk 10330
THAILAND
Fax: +66 2 251 5956/ 205 3738/ 255 1975-8
E-mail: feedback@police.go.th

6. Pol. Lt. Gen. Boonchop Kongnoi
Commissioner
Provincial Police Region 4
Khonkaen 40000
THAILAND
Tel: +66 43 247 120, 245 166, 241 230
Fax: +66 43 241 230, 247 120

7. Pol. Maj. Gen. Phisanha Arweekorn Wornthepnitinant
Commander
1 Kalasin Road
Kalasin Provincial Police
Amphur Muang
Kalasin 4600
THAILAND
Tel: +66 43 821 810
Fax: +66 43 812 528
E-mail: ict_kalasin@hotmail.com

8. Mr. Pachara Yutidhammadamrong
Attorney General
Office of the Attorney General
Lukmuang Building
Nahuppei Road
Prabraromrachawang, Pranakorn
Bangkok 10200
THAILAND
Tel: +662 224 1563/ 222 8121-30
Fax: +662 224 0162/ 1448/ 221 0858
E-mail: ag@ago.go.th or oag@ago.go.th

9. Prof. Saneh Chamarik
Chairperson
National Human Rights Commission of Thailand
422 Phya Thai Road
Pathum Wan District
Bangkok 10300
THAILAND
Tel: +662 2219 2980
Fax: +66 2 219 2940
E-mail: commission@nhrc.or.th

10. Professor Philip Alston
Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary, or Arbitrary Executions
Attn: Lydie Ventre
Room 3-016
c/o OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10
SWITZERLAND
Tel: +41 22 917 9155
Fax: +41 22 917 9006 (ATTN: SPECIAL RAPPORTEUR EXECUTIONS)

Thank you.
Urgent Appeals Programme
Asian Human Rights Commission (ahrchk@ahrchk.org)

Mex - Semana Internacional del Detenidos Desaparecido

México, D. F. a 26 de mayo de 2007.

BOLETIN DE PRENSA

SEMANA INTERNACIONAL DEL DETENIDO DESAPARECIDO
26 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2007
¡CONVENCIÓN AHORA!
¡POR EL DERECHO DE NO SER DESAPARECIDO!

La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos –FEDEFAM-, Conmemora la Semana Internacional del Detenido Desaparecido del 26 de mayo al 1 de junio de 2007.
Este año es muy especial para FEDEFAM. El miércoles 20 de diciembre 2006 la 61ª Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad la Convención para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada. Fue un logro por él que los familiares de detenidos desaparecidos de América Latina habíamos venido luchando desde hace 25 años con el objetivo de lograr la erradicación de la práctica de la detención-desaparición de la faz de la tierra.

El 6 de febrero en una ceremonia realizada en Paris, los representantes de 57 países pusieron su firma al texto de la Convención con el compromiso de lograr las
ratificaciones necesarias en sus países. Necesitamos conseguir 20 ratificaciones de los países firmantes para que este nuevo instrumento internacional entre en
vigor. Lograr estas ratificaciones es nuestro mayor empeño en este momento. Por eso, nuestra consigna sigue siendo la que usamos en esta última etapa de la
campaña por la Convención:
¡CONVENCIÓN AHORA! ¡POR EL DERECHO DE NO SER DESAPARECIDO!
En esta Semana Internacional del Detenido Desaparecido hacemos una convocatoria a los gobiernos y a los parlamentos de los países de América Latina y del mundo para que redoblen sus esfuerzos por ratificar la Convención antes del fin del año 2007. La ratificación significa que se adecua la ley interna a los requerimientos y a los principios establecidos en la Convención. Significará un trabajo legislativo importante y por eso va a ser necesario promover el apoyo a la Convención en los distintos ambientes de derechos humanos y de la opinión nacional.
Conociendo del desafío enorme que nos confronta ahora en adelante en nuestros países para lograr este propósito, nos hemos estrechado los vínculos con otros organismos internacionales de derechos humanos (Amnistía Internacional, Federación Internacional de Derechos Humanos, Comisión Internacional de Juristas, Human Rights Watch, Linking Solidarity, Federación Internacional de la Acción Cristiana contra la Tortura entre otros) y las federaciones internacionales de familiares de desaparecidos (Federación Asiática contra la Desaparición Forzada, We Remember (Belarus), Familiares de Desaparecidos de los Países Mediterráneos entre otras) para una acción más coordinada a nivel internacional.
La realización de esta Semana Internacional del Detenido Desaparecida es una ocasión propicia para invitarles a sumarse a esta campaña que tiene su coordinación en un equipo de trabajo en que estamos participando. Nos inspiramos en el trabajo exitoso de la Coalición de ONGs que se formó para lograr la ratificación del Estatuto de Roma y constituir el Tribunal Penal Internacional.
No será fácil la tarea que tenemos por adelante pero es un oportunidad de lograr plasmar cada uno en sus países las medidas inspiradas en la Convención que garantizará el “Nunca Más” de las desapariciones. Entre otros derechos a implementar son:
El derecho de no ser sujeto de una desaparición forzada con todas las consecuencias y obligaciones para los Estados.
El derecho a la verdad, es decir, el derecho de saber la verdad acerca del destino de la persona desaparecida y de todas las circunstancias sobre este crimen.
El derecho de los familiares a recuperar los restos de sus seres queridos.
El establecimiento de garantías en cuanto a la prohibición de la detención clandestina de cualquier persona en cualquier lugar.
El derecho a la justicia de los familiares de los desaparecidos.
Este derecho debe ser garantizado por la incorporación al código penal nacional de la figura de la desaparición forzada.
Las desapariciones forzadas constituyen crímenes contra la humanidad.
Se expone un concepto amplio de víctima al incluir también a los familiares y los allegados.
Se afirma las múltiples dimensiones del derecho a la reparación.
Se ratifica el derecho del niño - victima de desaparición forzada - a recuperar su identidad.

Hacemos un llamamiento a todos los Estados del mundo para que firmen y ratifiquen esta Convención lo antes posible.
Exhortamos también a todos los Estados, organismos no gubernamentales y los medios de comunicación a difundir y promocionar la Convención lo más ampliamente posible. Un mundo sin desapariciones forzadas es ahora posible.
Comienza una nueva etapa para que el “Nunca Más” sea realidad.
¡Luchemos para que así sea!
¡Hasta Encontrarlos!
26 de mayo, 2007

FEDEFAM
Sin más por el momento

FRATERNALMENTE

JULIO MATA MONTIEL
Secretario Ejecutivo de AFADEM
y vocal de FEDEFAM

Col - Invitación de ASFADDES "25 años luchando, resistiendo y persistiendo"

POR LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA MEMORIA

La Asociacón de Familiares de Detenidos Desaparecidos ASFADDES, miembro de la Federación Latinoamericana de Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos FEDEFAM,

Conmemoran del 28 al 31 de mayo, la semana internacional por los Detenidos- Desaparecidos.

En el marco de esta conmemoración, ASFADDES, ha programado UNA GALERIA DE LA MEMORIA Y UNA MISA POR LOS MÁS DE 15.000 colombianos y colombinas, DETENIDOS DESAPARECIDOS.

CONVOCAMOS:

A todas las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, Sectores populares, sindicales y a todas aquellas personas que amen la vida y la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país, a que nos acompañen en estas actividades, que se realizaran,

El dia 31 de mayo de 2007

GALERIA DE LA MEMORIA

SITIO: PARQUE EL RENACIMIENTO. Calle 26 - Carrera 22

HORA: 10:00 A.M

MISA:

SITIO: AUDITORIO DE FECODE. Carrera 13A # 34- 54

HORA: 6:00 P.M.

"Quedara de nosotros algo más, que el gesto o la palabra, este deseo candente de derrotar la impunidad"

Nepal - OHCHR Seeks Tougher Laws on Disappearance

THT Online
Kathmandu, May 27:

The Office of the High Commissioner for Human Rights has called on the parliament to increase penalty for those involved in forced disappearances.
The OHCHR-Nepal also demanded that time period for filing disappearance cases in court be extended, taking into account extreme seriousness of the crime. It also suggested the government to provide adequate reparations to victims dependants of disappeared persons and immediate family.

The "Disappearance Bill", which has been pending in the parliament, should explicitly state that civilian courts will have jurisdiction over all persons alleged to have committed forced disappearances, including Nepalese Army personnel, the OHCHR-Nepal said in a statement.
International human rights standards require that ordinary civilian courts exercise jurisdiction over military personnel, who commit serious human rights violations.
"Forced disappearance is amongst the most serious human rights violations, and extremely traumatic for family members of the victims. The criminalisation of forced disappearance is an encouraging step towards bringing perpetrators to justice," Lena Sundh, the representative of the High Commissioner for Human Rights in Nepal, said in the statement.
"However, a comprehensive law on forced disappearance, which encompasses relevant international human rights standards, will be an even stronger indication that the government of Nepal is serious about ending impunity and ensuring accountability."

http://www.thehimalayantimes.com/fullstory.asp?filename=aFanata0vfqzpa5a5Pa9pa.axamal&folder=aHaoamW&Name=Home&dtSiteDate=20070527

Pakistan’s “disappeared” stir up anger at Musharraf

(AFP)

27 May 2007

ISLAMABAD - When Adeela Munir finally got permission to see her brother at a secret location in Rawalpindi city, she says she found him in a pathetic state. He was hallucinating, disorientated and appeared to have been tortured.

Munir, 27, is just one of hundreds of Pakistan’s ”disappeared” — men detained without charge by the shadowy police and intelligence agencies.

Families of some of those missing gathered at the Supreme Court in Islamabad on Friday for the latest hearing in their fight to discover the fate of their loved ones.

It is a complex legal battle with growing political significance as military ruler President Pervez Musharraf faces major social unrest eight years after he seized power.

The public disorder, including deadly riots in Karachi two weeks ago, stems from Musharraf’s suspension of Pakistan’s top judge Iftikhar Muhammud Chaudhry, who has pushed authorities to reveal information about the missing.

Speaking outside court on Friday, Adeela Munir described how her brother was picked up in July 2006 by “the agencies,” as Pakistan’s intelligence services are universally known.

“He was with my father in Islamabad,” she said. “Imran got a call telling him to report to the agencies. He had no reason to fear anything, so he went along. That was when he was taken.”

His family heard nothing until the authorities recently admitted to holding Imran and, after a court order, two weeks ago an army officer drove Adeela in a blacked-out car to see him.

“He was afraid and weak. At first he did not recognise me,” said Adeela.

“He is being tortured inside, we are being tortured outside. They say he is a spy, but he has never been charged,” she told AFP. ”The agencies are above the law.”

The family suspect Imran was targeted over rumours he was having an affair with a relative of a senior ISI (Inter-Service Intelligence) agent.

If so, Imran is one of many men taken by the ISI, which is alleged to have used Pakistan’s role in the US-led “war on terror” to pursue an agenda of revenge, control and suppression of opposition voices.

Some of those detained are thought to have been taken into US custody in Guantanamo Bay, others are thought to be Baluchistan separatists, government opponents, on the ISI’s own hit list, or cases of mistaken identity.

The close links between the government, the ISI and the disappearances are exemplified by evidence given to the Supreme Court on Friday by Amna Masood.

Her husband, businessman Masood Janjua, has not been seen since July 30, 2005, when he left the family home in Rawalpindi to catch a bus to Peshawar.

Amna told the court that after influential family members begged authorities for news, Musharraf’s military secretary telephoned to assure them that Janjua was alive, but could give no further information.

Amna, who now leads a group of families of the “disappeared”, said outside the court: “President Musharraf promised he was going to help. My husband was picked up by mistake, but once the ISI have started, they can’t back down.

“Our three children are desperately missing their father. He was very religious but not interested in politics at all.”

Amna believes her husband was picked up in a major Pakistani security sweep enacted after the July 7 suicide bombings on the London transport network, just three weeks before he vanished.

She directly linked Chaudhry’s championing of the “disappeared” to his suspension by Musharraf on charges of alleged misconduct — a move that triggered the riots that have shaken Musharraf’s hold on power.

“The chief justice has been strong for us. Last year he ordered the ISI to come to court and give answers, but they never came,” she said.

Amna’s campaign group, which started with just two families making a street protest, now represents the relatives of 159 missing people. None has ever appeared in court.

I.A. Rahman, who is the director of the independent Human Rights Commission of Pakistan: “In the name of the so-called war against terror many people have been detained arbitrarily and also sent abroad without legal procedures.

“It is a national stigma and an indication of anarchy.”

The government recently told the court that nearly 100 missing people had been traced so far and efforts were underway to find the rest.

It denies allegations of torture.

“There are people listed as missing but they have joined militant organisations,” Interior Ministry spokesman Brigadier Javed Iqbal Cheema told AFP. “The government has nothing to hide and is fully cooperating with the court.”

Despite there being no victory in sight, Harron Mehdi still hopes the legal process will bring back his brother, Mansroor Mehdi, 24, a computer programmer from Peshawar who disappeared in September 2004.

“People tell us he is being kept by the ISI,” said Harron. “He left the house and said he would be back in two days. I don’t know why he was picked up. Perhaps it was because he had a beard.

“I think the court can help. I pray that one day I will see my brother again.”

Vinculan a Militares Uruguayos con Represor Argentino

MONTEVIDEO, 27 (ANSA) - La justicia uruguaya convocó hoy a cuatro militares encarcelados en Montevideo para notificarles que fueron requeridos por el magistrado argentino Norberto Oyarbide por sus vinculaciones con el represor de ese país Eduardo Ruffo, acusado de 65 crímenes.
El juez Julio Olivera Negrín llamó a primera hora a su despacho a los militares retirados del ejército José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Luis Maurente y Ernesto Soca, actualmente detenidos en una cárcel especial por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura uruguaya (1973-1985).
Los cuatro militares ya tienen pedidos de extradición librados por los magistrados argentinos Oyarbide, Guillermo Montenegro y Daniel Rafecas, debido a su actuación a fines del siglo pasado en el centro clandestino de interrogatorios "Automotores Orletti", en Buenos Aires, donde desaparecieron numerosos opositores uruguayos.
27/05/2007 13:48

Chile:ex Presos Políticos Interpusieron Millonaria Demanda contra el Estado

Publicado el 26 May 2007

La Unión de ex Prisioneros Políticos de Chile entabló una demanda colectiva en contra del Estado de Chile, por unos 277 millones de dólares (unos 145 mil millones de pesos), por daños morales, físicos y síquicos sufridos durante el tiempo de cárcel, bajo la dictadura del fallecido Augusto Pinochet.

Se trata de 963 personas que mediante la acción judicial buscan que el Fisco las indemnice luego de haber sido marginados de los beneficios entregados por la Comisión Valech, entre ellos pensiones y acceso a la salud, educación y vivienda.

La demanda fue presentada por el abogado Víctor Rosas ante el 27º Juzgado Civil de Santiago, donde criticó "la lentitud de la justicia en materia de juicios de derechos humanos por reparación".

La Comisión Valech certificó en 2004 que unos 28 mil chilenos, de un total de 37 mil que prestaron testimonio, fueron encarcelados por causas políticas y padecieron la tortura durante el régimen que presidió el general Pinochet entre 1973 y 1990.

Sobre la base de estos datos, el Gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos elaboró una ley -aprobada en 2005- que concedió beneficios sociales y económicos a las víctimas.

El abogado Rosas sostuvo que dicha ley no alcanzó a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos y que dejó "en el más absoluto desamparo a las viudas y viudos de las víctimas reconocidas como fallecidas".

"Por esto, exigimos una indemnización de 150 millones de pesos para cada uno de los querellantes y pedimos que se corrija esta ley o se promulgue una nueva", añadió el jurista.

La dictadura de Pinochet dejó más de 3.000 víctimas en Chile, entre ellas 1.197 detenidos desaparecidos, así como miles de torturados y decenas de miles exiliados.

Desde 1990, cuando Chile retornó a la democracia, los gobiernos de la Concertación han establecido diferentes medidas de reparación.

http://www.radio.uchile.cl/notas.aspx?idNota=38449

Nota aclaratoria sobre la extradición de Cavallo

El artículo de AFP publicado aquí ayer tiene algunos errores. Procesalmente, el Tribunal Supremo español decidirá el caso de Cavallo el 13 de junio. Pareciera que se están adelantando a la decisión del tribunal.

Arg - Se define el futuro procesal de represores

La próxima semana, el titular del juzgado federal Nº 1, Jorge Parache, resolvería la situación procesal de Antonio Bussi, Mario Albino Zimmerman, Luciano Benjamín Menéndez y Alberto Cattáneo en la investigación sobre la existencia de un campo clandestino de detención y exterminio de personas en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, en los años 70. El Juzgado Federal Nº 2 resolvió que las indagatorias sean tomadas por el Delito Internacional de Genocidio al entender que la conducta desplegada por las fuerzas de seguridad en contra de cientos de personas llevada a cabo en el país entre 1976 y 1983, se encuentra en ese delito. Es la primera vez que la Justicia Federal realiza indagatorias a partir del criterio de conexidad, en este caso, todas las causas conexas de un Centro clandestino. Esto es considerado fundamental por los organismos de derechos humanos para construir la memoria colectiva de lo que fue el Terrorismo de Estado en Argentina durante la última Dictadura Militar. Mientras se define el futuro procesal de los máximos jefes militares, se mantienen firmes las fechas de nuevas audiencias indagatorias. El 28 de mayo deberá presentarse Juan Carlos Riso Avellaneda y el 30 Oscar Soto.

On extraordinary renditions

By Stephanie Ramage

About a month ago, the U.S. House Committee on Foreign Affairs heard the brief but scathing testimony of Michael F. Scheuer, chief of the CIA's Bin Laden unit under former President Bill Clinton and creator of the CIA's rendition policy. His testimony centered on "extraordinary renditions," the practice of placing terrorism suspects in prison in countries known to employ harsh interrogation techniques, including torture. But other interesting things came to light as well.

Scheuer was head of the CIA's Bin Laden tracking unit under Clinton from 1996 to 1999 and special advisor to the unit from September 2001 to November 2004 under President Bush.

Scheuer's testimony on April 17, at a hearing entitled "Extraordinary Rendition in U.S. Counter terrorism Policy: The Impact on Transatlantic Relations," received almost zero press coverage, but the transcript is available on the committee's Web site (www.foreignaffairs.house.gov/110/sch041707.htm).

First, he explained how Clinton launched the renditions program: "President Clinton and his national security team directed the CIA to take each captured al-Qaida leader to the country which had an outstanding legal process for him [a warrant]."

He continued, "The CIA warned the president and the National Security Council that the U.S. State Department had and would identify the countries to which the captured fighters were being delivered as human rights abusers."

In response, Clinton "asked if the CIA could get each receiving country to guarantee that it would treat the person according to its own laws. This was no problem and we did so."

The key phrase is "its own laws." What is perfectly legal in Jordan, Morocco and Saudi Arabia would result in a Department of Corrections overhaul here in the U.S. Scheuer says of Clinton, his national security advisor Sandy Berger and his counter-terrorism coordinator Richard Clarke: "I have read and been told that Mr. Clinton, Mr. Burger and Mr. Clarke have said since 9/11 that they insisted that each receiving country treat the rendered person it received according to U.S. legal standards. To the best of my memory that is a lie."

Scheuer also told the congressional committee, "To the best of my knowledge, not a single target of rendition has ever been kidnapped by CIA officers. The claims to the contrary by the Swedish government regarding Mr. Aghiza and his associate, and those by the Italian government regarding Abu Omar, are either misstatements or lies by those governments. Indeed, it is passing strange that European leaders are here today to complain about very successful and security-enhancing U.S. government counterterrorism operations, when their European Union presides over the earth's single largest terrorist safe haven and has done so for a quarter century. The E.U.'s policy of easily attainable political asylum and its prohibition against deporting wanted or convicted terrorists to countries with the death penalty have made Europe a major, consistent and invulnerable source of terrorist threats to the United States … Not one single al-Qaida leader has ever been rendered on the basis of any CIA officer's 'hunch' or 'guess' or 'caprice.'"

He concluded his remarks to the congressional committee by saying, "I am unable to speak with authority about the conditions these men found in the Middle Eastern prisons they were delivered to at President Clinton's direction. I would not, however, be surprised if their treatment was not up to U.S. standards, but this is a matter of no concern as the rendition program's goal was to protect America and the rendered fighters delivered to Middle Eastern governments are now either dead or in places from which they cannot harm America."

How the CIA treats its criminal suspects and how the American military treats its prisoners of war—with a few notable exceptions like Abu Ghraib—are two entirely different things. Throughout its history, the American military has treated its POWs with the understanding that they are not criminals but merely soldiers doing the bidding of their governments.

In his fascinating book, "Power, Faith and Fantasy: America in the Middle East, 1776 Until the Present," Yale University historian Michael B. Oren quotes from a letter written by Capt. William Bainbridge during the Barbary Wars regarding the capture of a Moroccan man-o'-war crew. "I sincerely hope that this capture may be productive of good effects to the U.S.," wrote Bainbridge, who stressed the "lenity" and "humanity" shown to the prisoners "to impress on their mind a favorable opinion of the American character."

The year was 1803 and hundreds of American sailors were being held in North African prisons, starved, forced to hard labor and in some cases probably raped, and yet our young nation believed that we should enlighten those countries rather than stoop to their degradation.

I would venture that this policy of treating prisoners decently in order to educate them regarding America's respect for human life and dignity has won more ground for us as a country and a culture than any battle in history.

The CIA's prisoners, though, are not POWs. They are criminal suspects. If we are not prosecuting them, the nation that is doing so is free to apply its own standards. But if we are prosecuting them, we need to own the process from beginning to end under maximum-security American correctional standards. They may think of themselves as soldiers in a holy war, but we should treat them like the common criminals they are. Given the admiration Islamic extremists have for torture, our use of it or approval of it only grants terrorists an exalted status that they do not deserve. SP

Stephanie Ramage is news editor of The Sunday Paper.

Pakistan locates 98 illegal detainees

Islamabad, May 25: Pakistani authorities Friday informed the Supreme Court in Islamabad that 98 victims of illegal detention, or "forced disappearances", have now been located, while 156 more were still unaccounted for.

An interior ministry officer presented the names of five more people, who had been found, to a two-member court panel during the hearing of four petitions demanding production of missing people by intelligence agencies.

Efforts to locate the other 156 would continue, Colonel Javed Iqbal told the court.

While the current hearings pertain to 254 people, activists said the actual number of missing people is far higher. Amna Masood Janjua, the wife of a missing man and a leading campaigner, told the BBC's Urdu Service that over 2,500 people are unaccounted for.

The disappearances became a major issue last year during protests in Islamabad by families of people who were believed to have been detained for alleged links with the Al Qaeda terrorist network.

The country's suspended chief justice Iftikhar Chaudhry, had then taken up the issue and ordered agencies to find them.

The Human Rights Commission of Pakistan and other civil rights organisations also filed petitions seeking information on those missing.

Since then, authorities informed the court of the whereabouts of about 60 people while several others have been released by intelligence agencies.

Eight people, including three Afghan immigrants, who were picked up from different parts of North-West Frontier Province (NWFP) were released last week, the Dawn newspaper reported.

While they did not reveal many details of their detention, they told their families that their captors kept asking them about links with Al Qaeda, according to the paper.

http://www.newkerala.com/news.php?action=fullnews&id=33020

Arg - Juan, fue robado por la dictadura

Sus padres fueron víctimas de la dictadura argentina, y cuando él nació fue raptado y criado por unos padres falsos

(Foto: Víctor Sánchez Rincones)
Karla Casillas>LATINO / Madrid

Juan Cabandié creció en una casa en donde algo le inquietaba profundamente: “no había fotos mías de chiquitito, no había fotos de la supuesta madre embarazada de mí”, dice. Esas imágenes no existían ni en la sala, ni en las habitaciones, ni en los álbumes; y eso fue lo que le llevó a tener una primera sospecha.

Haber nacido en Argentina, un país donde el robo de bebés durante la dictadura militar (1976-1983) fue sistemático, le llevó a pensar que él podía ser uno de esos 500 pequeños que fueron arrancados de los brazos de sus madres para luego entregarlos, en muchos casos, a los mismos oficiales que torturaron y/o desaparecieron a sus verdaderos padres.

“Quizás en Argentina, alguna vez, aquellos que tenemos esta edad nos hemos preguntado por nuestro origen”, dice Juan Cabandié. La duda fue creciendo, y a los 26 años -hoy tiene 29-, él descubrió su verdadera historia.

Hoy Juan se niega a pronunciar el nombre del ‘padre’ con el que vivió sus primeros 26 años de vida. Ese nombre es sinónimo de una gran infamia que le marcó.

“Saber la verdad es la dignidad que significa saber quién sos. Si no la conociera sería muy difícil poder avanzar”, dice Juan Cabandié durante una entrevista con Latino, a su paso por Madrid.

EL NÚMERO 77

El proceso al que Juan Cabandié se tuvo que enfrentar para conocer su origen no fue fácil. Un buen día, Juan fue a la Asociación Abuelas de Mayo. Sabía que ellas tenían un banco genético a través del cual podría comprobar si su ADN correspondía al de alguna familia de desaparecidos.

“Me acerqué a decirles que yo consideraba que era un hijo de desaparecidos, de los que ellas estaban buscando. Me hicieron el análisis y, en mi caso, las pruebas coincidieron con el ADN de mis abuelos, tías y tíos”.

Ese día, el 24 de enero del 2004, Juan se convirtió en un nieto más de las Abuelas de la Plaza de Mayo. “Mi caso es uno más de los 87 nietos a los que las Abuelas han restituido su identidad hasta el momento. Y yo soy el número 77”, dice. Curiosamente, sus padres desaparecieron en el año 77.

“Al momento de enterarme sentí dolor porque te das cuenta de que te mintieron toda la vida. Además, eso fue una obra planificada por genocidas, pero a la vez me sentí contento porque te encontrás con una familia que te estaba buscando hace años”.

DAMIÁN Y ALICIA

Damián Cabandié y Alicia Alfonsín de Cabandié. Esos son los nombres de sus verdaderos padres. Él tenía 19 años y ella 17, y cinco meses de embarazo, cuando fueron secuestrados por los militares. Juan nació en el tristemente célebre centro de tortura llamado Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Él y su madre sólo pudieron estar juntos 20 días. Luego ella fue desaparecida.

El pequeño fue entregado a un agente de la Policía Federal llamado Luis Falco, quien se lo apropió y lo crió haciéndole creer que él era su padre y su esposa, su madre. Lo peor: su apropiador fue parte del engranaje y de la complicidad callada de la dictadura militar que desapareció a 30 mil personas, entre ellos a sus padres biológicos.

Damián y Alicia estuvieron en dos centros clandestinos de detención, “que serían como campos de concentración que estaban en medio de la ciudad, ocultos. Eran como lugares subterráneos”, describe Juan. Estuvieron juntos en un centro que se conocía como Club Atlético y luego fueron trasladados a otro llamado El Banco. Ahí los separaron y a Alicia la llevaron a la ESMA, dónde solían encerrar a las mujeres embarazadas y las torturaban. El matrimonio fue detenido por pertenecer a Los Montoneros, una organización guerrillera que quería acabar con la dictadura. “Los detienen porque pensaban distinto, desarrollaban tareas políticas y tenían un proyecto político que a los militares no les gustaba, pues era un proyecto de país más solidario y más justo”.

El rostro de Juan se endurece cuando habla de sus apropiadores. ¿Cómo era la relación con tu raptor?, se le pregunta. “No, no tengo”. ¿Pero no creciste a su lado? “Sí”. ¿Entonces? “No tengo más relación”. ¿Pero cómo fue en los primeros años? “Mala” ¿Por qué? “Porque él era una persona muy autoritaria. Una persona mala” ¿Había algún tipo de afecto, de él hacia ti o viceversa? “Me parece que no había nada. No había afecto”.

Respecto a quien se decía su madre, Teresa, sólo comenta que ella le ocultó la verdad. “Yo se lo pregunté. Me lo negó dos, tres veces”. Hoy Juan dice no sentir odio hacia ellos, sólo “indiferencia, ellos para mí no existen”.

Su gesto cambia absolutamente cuando habla de su verdadera familia: “mi abuela Muñeca fue una persona que me buscó toda la vida. Fue de las Abuelas de Plaza, y tengo mucha relación con ella y con mi tío Ricardo, hermano de mi papá”.

Ahora Juan sí tiene fotos de sus padres: “me encanta que me cuenten de ellos. Me cuentan los gustos que tenían en la comida, de la actividad política. Hasta las veces que tuvieron alguna pelea o alguna anécdota graciosa. Todo sirve para reconstruirlos, para tenerlos vivos y mantenerlos presentes”.

Juan piensa que en España puede haber hijos de desaparecidos, pues hubo muchos jóvenes que después de la crisis del 2001-2002 se vinieron a vivir acá y ahora tendrán su edad, entre 27 y 31 años.

“La memoria viva es fundamental para el crecimiento de un pueblo”, expone y eso tiene que ver con su visita a Madrid donde se reunió con grupos de derechos humanos. “Voy a ser siempre un luchador, pues la injusticia me duele”.

Juan es hoy maestro de escuela, trabaja en el Ministerio de Desarrollo y es candidato a diputado por Buenos Aires. Además, estudia psicología, quizá para tratar de entender lo atroces que pueden llegar a ser los seres humanos

http://www.latinomadrid.com/noticia.php?id=4834.

España pedirá "consentimiento" a México para extraditar a represor argentino

25 de Mayo de 2007, 09:52am ET
MADRID, 25 Mayo 2007 (AFP) -

El gobierno de España anunció el viernes que pedirá a su par de México su "consentimiento" para extraditar a Argentina al ex represor de la marina Ricardo Miguel Cavallo, reclamado por la justicia de su país por los delitos de detención ilegal, torturas y extorsión, durante la dictadura (1976-83).

"El consejo de ministros ha acordado hoy, a propuesta del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, solicitar a México su consentimiento para extraditar al ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, de España a Argentina", anunció el ejecutivo en un comunicado.

El pedido de aprobación a México responde a que se trata de un supuesto de "re-extradición" pues el ex capitán de corbeta argentino fue extraditado de México a España en junio de 2003, tres años después de haber sido detenido en territorio mexicano a pedido del juez español Baltasar Garzón.

Cavallo fue reconocido por supervivientes de la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros clandestinos de represión de la dictadura militar, como "Marcelo", "Miguel Angel" o "Sérpico".

Por la ESMA pasaron 5.000 de los 30.000 desaparecidos del regimen militar, según organismos de derechos humanos.

El gobierno español precisó el viernes que la entrega de Cavallo a las autoridades competentes argentinas "está condicionada al consentimiento de las respectivas autoridades mexicanas".

Recordó que el 2 de febrero pasado, el consejo de ministros "acordó la continuación del procedimiento de extradición de Cavallo, solicitado por las autoridades argentinas".

El 20 de febrero, el juez español Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, indicó que pediría autorización a México para extraditar a Cavallo a la Argentina.

El juez argentino Sergio Torres solicitó a fines de diciembre pasado a España la extradición de Cavallo, por los delitos de detención ilegal, torturas, extorsión, robos con violencia e intimidación y falsificación documental, todos ellos contenidos también el el Código Penal español vigente desde 1995.

El gobierno español informó asimismo que acordó prolongar el procedimiento de extradición pasiva de otro ex represor argentino, el ex oficial de inteligencia de la policía federal Ricardo Taddei, enviado a su país el 26 de abril pasado.

La justicia argentina lo reclamaba por detenciones ilegales, tortura y desaparición de 28 personas entre marzo de 1977 y noviembre de 1978.

Taddei, apodado "cura" o "padre" estuvo a cargo de grupos operativos de represión en los centros clandestinos conocidos como "Atlético", "Banco" y "Olimpo" -tres de los más de 340 que funcionaron en Argentina durante la dictadura-, recordó el gobierno español.

Arg - Procesan a cuatro bonaerenses

Fue la prisión clandestina cercana a La Plata donde desaparecieron 150 prisioneros, entre ellos los chicos de la Noche de los Lápices. La semana pasada detuvieron a sus cuatro máximos responsables, ahora procesados.

El juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza, ordenó las detenciones y ahora los procesamientos.

A comienzos de 1976, alrededor de La Plata empezó a funcionar uno de los centros clandestinos de detención más importantes de la provincia de Buenos Aires. La jerga policial lo llamó “Sección de Cuatrerismo” o “Pozo de Arana”.

Por allí pasaron unos 150 detenidos-desaparecidos, entre ellos los alumnos de la Noche de los Lápices. La justicia de La Plata detuvo la semana pasada, después de mucho insistir, a cuatro de los máximos responsables del lugar. Ahora acaba de dictar los procesamientos en el marco de la primera investigación profunda sobre los crímenes cometidos en Arana. Entre los procesados está el jefe del Destacamento y el de la Brigada de Investigaciones de La Plata, uno de los represores que además trabajó codo a codo con el ex capellán de policía Christian von Wernich.

Las detenciones y procesamientos de los cuatro comisarios retirados de la bonaerense corrieron por cuenta del juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza, en base a un pedido elevado a fines de año por el fiscal Sergio Franco, en una causa que se había paralizado en 1986 con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En este caso, Corazza confirmó las detenciones y procesó a todos prima facie como partícipes necesarios de privación ilegal de la libertad y torturas, en concurso real. Con los procesamientos impuso además embargos de un millón y 500 mil pesos, de acuerdo al caso.

Los cuatro procesados son Miguel Kearney, comisario general retirado, nacido en Ameghino el 5 de setiembre de 1936; Rubén Oscar Páez, comisario general retirado, nacido en Ramallo el 27 de agosto de 1935; Bernabé Jesús Corrales, comisario general retirado, nacido en Pehuajó el 23 de noviembre de 1936 y, finalmente, a Pedro Antonio Ferriole, comisario inspector retirado, nacido en Pilar el 31 de enero de 1934. De acuerdo a la investigación, a los aportes de testimonios surgidos de la Conadep y de las audiencias del Juicio por la Verdad de La Plata, la justicia logró reconstruir las funciones de cada uno durante los primeros años de la dictadura, cuando estuvo en funcionamiento el Destacamiento de Arana.

De acuerdo a esa lectura, todos formaron parte de un grupo de tareas que se encargaba de detener y trasladar a los secuestrados. Por el lugar que ocuparon en la cadena de mandos de la policía bonaerense tuvieron, de acuerdo a la resolución, “conocimiento de la ilicitud del sistema”, impartieron órdenes y aportaron medios materiales para los procedimientos. Uno de los casos emblemáticos es el de Kearney. Ni los ex detenidos ni los que investigan la causa olvidan sus funciones en Arana. Kearney fue jefe del destacamento durante el tiempo que estuvo en funcionamiento desde comienzos de 1976, aunque nada de eso figura en sus papeles de servicio, como sucede en muchos otros casos. Los legajos lo dan como parte del personal de la Brigada de Investigaciones, desde el 17 de enero de 1979.

Un dato importante es que Arana dependía técnicamente de la Brigada de Investigaciones donde de hecho prestaba servicios para la misma época el resto de los procesados. Páez era el jefe de la Brigada, Corrales fue su segundo y Ferrioles lo sucedió tiempo después. Uno de los datos más curiosos indica un ascenso que recibió justamente Páez durante el funcionamiento del centro clandestino. Según su foja, el 3 de febrero de 1977 recibió un ascenso de Comisario de Seguridad a Comisario Inspector por “méritos extraordinarios”. Para entonces, aun comandaba la Brigada de Investigaciones. Lo hizo hasta el 2 de diciembre de 1977.

Esos datos no surgieron únicamente de la foja de servicio de los represores, porque parte de sus funciones reales no aparecían. La justicia reconstruyó roles y lugares con numerosos testimonios que dieron cuenta de esa estructura y de la participación de cada uno en los centros. Jorge Julio López, el ex detenido político cuyo testimonio sirvió para condenar al ex comisario general Miguel Etchecolatz el año pasado en La Plata y quien se convirtió ahora en otro desaparecido, también declaró contra Kearney y los hombres de Arana. López estuvo detenido en ese lugar, como estuvieron Pablo Díaz y Jorge y Raúl, los hijos de Hebe de Bonafini, hoy desaparecidos. Entre quienes permitieron dar cuenta de los roles de los represores, el informe puntilloso de Corazza retoma por ejemplo una declaración del Juicio por la Verdad sobre Corrales, a quien la justicia ubica desde el 25 de noviembre de 1977 y hasta el 5 de enero de 1979 como segundo de Páez en la Brigada de Investigaciones. Corrales era uno de los que “concurría a Arana en muy pocas oportunidades, pero los oficiales que estaban allí lo nombraban bastante como si fuera el Jefe”.

Finalmente, en la causa aún existe un pedido pendiente sobre el lugar. El fiscal Franco pidió rastrillajes porque supone que allí también se quemaron cuerpos. La resolución de Corazza integra un testimonio en ese sentido. Se trata de la declaración de Francisco Domingo Fanjul en el Juicio por la Verdad. Allí mencionó una charla con Roberto Grillo, un ex empleado de la Policía en 1978 o 1979. Grillo les dijo, según Fanjul, que su función en Arana era la de “tratar de hacer desaparecer los cadáveres”, quemándolos en fosas mediante el encendido de gomas de automóviles rociadas con gasoil. De acuerdo a los investigadores, ése era el sistema que habrían encontrado para que no se sintieran olores llamativos.

http://www.26noticias.com.ar/procesan-a-cuatro-bonaerenses-40882.html

Coordinaran organismos para acelerar los juicios

Con la misión de acelerar los juicios

El Programa Verdad y Justicia coordinará todos los organismos del Poder Ejecutivo que intervienen en la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y en la protección de los testigos y funcionarios vinculados con los juicios contra los represores. Será coordinado por Marcelo Saín.

Por Victoria Ginzberg

El gobierno nacional creó un programa especial que coordinará todas las dependencias del Poder Ejecutivo que intervienen en la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y en la protección de los testigos de los juicios contra los represores. El organismo estará a cargo de Marcelo Saín, hasta ahora interventor de la Policía Aeroportuaria, y dependerá de la Jefatura de Gabinete. La iniciativa apunta a que haya una sola dependencia del Poder Ejecutivo que se encargue de todas las tareas relacionadas con estas investigaciones y sea el nexo con el Poder Judicial.

El Programa Verdad y Justicia –ése es su nombre– surge, por un lado, a raíz de la desaparición de Julio López, testigo central en el juicio contra Miguel Etchecolatz, y las amenazas y amedrentamientos sufridos por otras personas que deben declarar en los juicios o por los funcionarios judiciales que llevan los procesos adelante. Pero además, la apertura masiva de investigaciones contra represores que se realizaron a partir de la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida hizo que fuera necesario ordenar y agilizar esos expedientes. Actualmente hay más de 250 acusados presos, en cárceles o en sus casas, y más de mil causas abiertas en todo el país. Pero hasta ahora, en esta nueva etapa, sólo se realizaron dos juicios orales.

La tarea central en este proceso es del Poder Judicial y de hecho la semana pasada cinco miembros de la Corte Suprema se reunieron con el procurador, Esteban Righi, y el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, para comenzar a pensar en mecanismos que permitan que los juicios relacionados con los crímenes de la última dictadura no terminen de concretarse en el 2050. Con el mismo espíritu, se presentó la semana pasada en el Congreso una iniciativa elaborada por dos ex miembros de la Cámara Federal que juzgó a los comandantes: Ricardo Gil Lavedra y Andrés D’Alessio.

El programa creado ayer involucra a las diferentes dependencias del Ejecutivo que intervienen en el proceso de juzgamiento a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y de investigación de las amenazas a testigos y funcionarios. A través de este organismo se canalizarán, por ejemplo, los pedidos que los jueces o fiscales encargados de estos casos hacen al Gobierno, ya sea una petición a las diferentes fuerzas de seguridad (policías de las diferentes provincias, Policía Federal, Gendarmería o SIDE) o una solicitud de reasignación de recursos.

La forma de implementación de los juicios sobre terrorismo de Estado –sobre todo luego de la desaparición de López– es una de las principales preocupaciones de los organismos de derechos humanos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había elaborado hace varios meses una serie de documentos con propuestas para subsanar las que consideraban deficiencias en diferentes organismos con responsabilidades en el tema: el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público Fiscal, la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal de Casación.

Ayer, Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, consideró un “acierto” la creación de este programa y destacó otras medidas tomadas en el último tiempo como la implementación de un ámbito dentro de la Procuración para la organización de los fiscales y la decisión de la Corte de dar impulso a algunos juicios del interior del país mediante la resolución de conflictos generados por la existencia de causas sin juez y el nombramiento de vacantes de jueces en algunas provincias. El CELS destacó que estará “atento a que el desarrollo de este nuevo programa contribuya efectivamente a la urgente realización de los juicios orales y a la protección de víctimas y testigos”.

El decreto que pone en marcha este nuevo organismo tiene la firma del presidente Néstor Kirchner, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, e Iribarne.

“El juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad –dice la norma en sus considerandos– es un proceso que sentará bases profundas para el fortalecimiento del estado de derecho y la gobernabildad democrática. El compromiso del Gobierno con la verdad y la justicia debe ser materializado mediante la implementación de medidas adecuadas a la complejidad y la especificidad de este proceso”.

Según figura en el decreto, los objetivos del Programa Verdad y Justicia son:

- Coordinar y articular con los demás poderes del Estado todas aquellas tareas necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso de verdad y justicia vinculado con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado.

- Garantizar la contención, protección y seguridad de los testigos, víctimas, abogados y funcionarios judiciales que intervienen en las investigaciones relativas a los delitos de lesa humanidad, así como de sus grupos familiares.

- Fortalecer la capacidad estatal de obtener información confiable y de brindar apoyo concreto para la investigación de los delitos de lesa humanidad a fin de agilizar y proteger los procesos judiciales.

- Identificar y proponer modificaciones normativas para el efectivo desarrollo de los juicios y la protección de las personas involucradas en las investigaciones.

Para llevar a la práctica estos aspiraciones, el programa realizará un “seguimiento integral” de las pesquisas sobre el terrorismo de Estado y en “un plazo de 90 días” tendrá que tener listo un “diagnóstico de los hechos de amedrentamiento que hayan sufrido los testigos o funcionarios, “identificando posibles autores y modus operandi y estableciendo un mapa de riesgo de la situación”. Otra misión de Saín será la de “proponer un plan de protección de víctimas, testigos, defensores y funcionarios y coordinar con los organismos competentes o eventualmente proveer en forma directa las medidas de protección necesarias”. Además, tendrá facultades para realizar tareas de investigación e inteligencia.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-85508-2007-05-25.html

Buscando a Julio Lareu

Marcos Bamballi "Rulo" quiere ponerse en contacto con Julio Lareu, el padre de Pinky Lareu. Es un viejo amigo. Si alguien tiene contactos con Julio, por favor pásenle este mensaje. Pueden escribirnos a nn@desaparecidos.org

Poland's cooperation with the U.S. brings internal and diplomatic disapproval

A Strained Alliance
Poland's cooperation with the U.S. brings internal and diplomatic disapproval

By Nathaniel Heller

WARSAW, Poland — To describe the tiny town of Szymany as an unlikely focus of the world's attention is an understatement. About 95 miles north of the Polish capital of Warsaw, it is little more than a crossroads with a few shops and houses along the main road in a region covered with dense woods.

Enter the CIA, and thus the world's attention.

After the September 11, 2001, terrorist attacks on the United States, the American intelligence agency began using an airfield outside Szymany for transiting terrorist suspects to secret CIA prisons and to countries known to employ torture, according to investigations by an assortment of European governmental commissions and journalists .

Investigators also suspect that Poland, part of what former Defense Secretary Donald Rumsfeld termed "New Europe," supportive of the Iraq war and U.S. counterterrorism efforts, has allowed the CIA to use Stare Kiejkuty, a Polish intelligence center that's a 15-minute drive from the Szymany airport, as a detention center for terrorist suspects.

If the allegations are true ― Polish officials deny them; American officials won't comment ― Szymany and Stare Kiejkuty represent just two of the ways Poland and the United States have worked together in the post-9/11 world:

* 900 Polish troops, one of the largest non-U.S. contingents in the "coalition of the willing" fighting in Iraq, are slated to remain at least through 2007; 24 Polish soldiers and journalists have been killed in Iraq.

* Poland has become one of the largest recipients of U.S. military assistance. In the three years before 9/11, it received just over $33 million in U.S. military training and assistance. In the three years after, the total was nearly tenfold: more than $300 million, mostly in Coalition Support Funds as reimbursement for expenses incurred by Polish forces in Iraq, according to ICIJ's database of military training and assistance.

* Poland spent close to $500,000 annually influencing American public opinion in the three years after 9/11 through lobbying, public relations, and trade promotion activities regulated and disclosed under the Foreign Agents Registration Act.

* With Polish support, the U.S. is pressing to place an anti-missile system in Eastern Europe ― with radar based in the Czech Republic and interceptor missiles based in Poland ― in the event Iran develops missiles and fires them at the U.S. or Europe.

Cooperation has come at a price. The Polish government is under pressure domestically for its support of an unpopular war in Iraq and for its alleged involvement in the CIA's trafficking of terrorist suspects. Six out of 10 Poles opposed the proposed American missile sites, according to an August 2006 poll. Diplomatic tangles abound. To Poland's east, U.S. anti-missile plans have drawn increasingly harsh responses from Russia; Poland, once a Communist country under Moscow's influence, has gained membership in NATO and the European Union with U.S. support. To Poland's west, the country's close relations with the U.S. have led to strains with "Old Europe," including France and Germany, which opposed the Iraq war from the start.
Council of Europe probe

European governmental commissions, including one appointed by the Council of Europe, have compiled substantial circumstantial evidence that CIA-chartered planes landed at Szymany, possibly to offload some passengers and take on others, and departed shortly after. The planes have been traced to or from such places as Kabul, Afghanistan, and Guantánamo Bay, Cuba, site of the controversial U.S. military prison.

Some of the "ghost detainees" who might have been on those flights and who were later released would recount graphic tales of torture at the hands of U.S. and foreign interrogators. After spending months or even years not knowing where they were or why they were being held, one was suddenly abandoned on an empty road while others were handed over to another government's intelligence services without any explanation. Some remain in custody to this day with no legal charges having ever been filed.

Almost five years to the day after the 2001 attacks, President Bush publicly confirmed that the CIA had been operating a system of secret prisons around the world, but he said that those prisons were now empty, all detainees having been transferred to Guantánamo Bay. The U.S. government refuses to disclose the locations of the secret prisons that were part of the CIA's program.

Intel School Guard Tower

Guard towers ring the secretive Stare Kiejkuty intelligence center in nothern Poland; rumors swirl that prisoners in the CIA's "extraordinary renditions" program have been detained there.
(Photo by Nathaniel Heller)

The former head of Polish intelligence has denied there was a secret prison at Stare Kiejkuty (a secretive complex hidden in the woods on a lake behind barbed wire, imposing guard towers, and surveillance cameras), or anywhere else in Poland, but he acknowledged to the British newspaper The Guardian that "CIA planes landed in Poland. … In 2003 this cooperation was very intense."
Secrecy surrounds airfield

Ask any people around Szymany what they ever heard or saw happening at the airfield, and you'll likely receive a universal response: "I'm not allowed to talk about it."

The guard at the airfield told two ICIJ reporters that he couldn't talk about it but that other guards routinely gossiped about such allegations. A visit to the airfield's management company a few miles north in the town of Szczytno yielded the same response. Farther north, at the nearest barracks of the Polish border guards in the town of Kętrzyn near the Russian border ― a unit rumored to be present at the airfield during various CIA landings ― the reporters were told that, yes, Polish border guards are in fact required to inspect all foreign aircraft that land in Poland. But specific questions about the allegations of CIA planes and foreign prisoners were met with rueful laughter, followed by silence.

One person who was willing to talk about what he saw is Jaroslaw Jurczenko, a former manager of the airfield. In December 2002, Jurczenko and his staff at the airfield were told to stay inside their building while a Gulfstream jet landed in the corner of the airfield at night.

Polish border guards were present, Jurczenko told ICIJ in 2006, and from what little he and his colleagues could see, a single car from the Stare Kiejkuty intelligence center pulled up to the plane and idled there for a few minutes. A man in civilian clothes paid for the plane's landing fees in cash but in an amount much higher than what was due, no explanation given.

ICIJ reporter Pawel Smolenski contributed to this report.
http://www.publicintegrity.org/MilitaryAid/report.aspx?aid=874

Col - Autodefensas de Norte de Santander entregarán ubicación de fosas, pero no saben cuándo

Así lo dijo ayer Jorge Iván Laverde Zapata, alias 'Pedro Catatumbo', 'Pedro Frontera' o 'El iguano', uno de los hombres más cercanos al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Laverde aseguró el miércoles, durante su primera audiencia de versión libre ante la Fiscalía 13 de Justicia y Paz, en Barranquilla, que hay que esperar "porque estamos verificando los sitios precisos con campesinos cercanos a la zona del Catatumbo, con desmovilizados que están libres y con otros (hombres a su mando) que tengo en la cárcel".

Mayo 23 de 2007

Al bloque Catatumbo, el principal de las estructuras que comandaba Mancuso, se le atribuyen unos 5.200 asesinatos y desapariciones entre 1999 y el 2004, en Norte de Santander.

Sólo en Cúcuta, a 'Pedro Catatumbo' lo responsabilizan de 33 homicidios, entre los que figuran los de dos fiscales especializados, un ex Defensor del Pueblo, tres investigadores del CTI, dos agentes de la Sijín y dos del DAS. También, de la desaparición de un investigador de la Fiscalía y de su novia.

A la audiencia no fue una sola víctima y la sala creada para que presencien las diligencias ni siquiera fue abierta.

"Reconozco desapariciones, pero los que supuestamente desaparecieron fueron dados de baja", respondió 'Pablo Catatumbo' cuando el fiscal Francisco Álvarez Córdoba le preguntó si conocía de personas desaparecidas.

Negó la vinculación de menores a su bloque y la tenencia de personas secuestradas.

El expediente de la Fiscalía contra 'Pablo Catatumbo', a quien Mancuso llevó a Ralito para que se desmovilizara con el 'bloque Córdoba', dice que se inició en las autodefensas a los 16 años como estafeta en Turbo (Antioquia). Luego, entre 1996 y el 2000, asumió el papel de sicario en esa región.

En enero del 2000 fue detenido por tentativa de homicidio, pero tras ocho meses en la cárcel de Itagüí fue dejado en libertad. Luego asumió el mando del 'bloque Catatumbo', hasta su desmovilización. Hoy está en Itagüí con los cabecillas de las Auc.

Versión por teleconferencia

Unas 60 víctimas de Briceño, en el nordeste de Antioquia, podrán ver por teleconferencia la versión libre de Jesús Higinio Arroyo, del 'bloque Minero' que declara hoy en el edificio José Félix de Restrepo, en Medellín.

Es una prueba piloto para facilitar el acceso de las víctimas a las versiones. Contra Arroyo han declarado unas 80 personas familiares de asesinados entre 1999 y el 2006. En ese municipio la Fiscalía halló nueve cadáveres de campesinos ejecutados por los paramilitares.

También hoy reanuda la versión libre Carlos Mario Montoya Pamplona, alias 'El Arbolito', paramilitar del 'bloque suroeste' que hasta el momento ha confesado 23 crímenes en esa región de Antioquia.

Ayer, el ex 'para' Róbinson Antonio Galvis Valverde, del 'bloque Central Bolívar' negó que tuviera algún delito que confesar dentro de la Ley de Justicia y Paz. En su versión, que duró dos horas, dijo que fue enfermero de ese bloque y que solo había firmado la postulación a la Ley como requisito de la reinserción.

ROBERTO LLANOS RODADO
Corresponsal de EL TIEMPO
http://www.eltiempo.com/justicia/juicio_paras/paramilitares/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3567904.html

Se suicida ex represor chileno Carlos Marco

Jueves, 24 may 07, Actualizado: 17:29

Santiago de Chile. El ex represor chileno Carlos Marco, que era investigado por su responsabilidad en la desaparición de una decena de líderes comunistas en 1976, se suicidó al interior de una cárcel militar, informaron hoy fuentes castrenses.

Marco, un ex agente civil de inteligencia del ejército, de 72 años, se ahorcó esta madrugada en la prisión que existe al interior del Batallón de Policía Militar del Comando de Telecomunicaciones del Ejército, en la zona oriente de Santiago.

El ex funcionario fue sometido a prisión preventiva en enero pasado por el juez Víctor Montiglio, quien investiga la detención y desaparición de la cúpula del Partido Comunista (PC) en mayo de 1976 y donde se encuentran procesadas 74 personas.

El fallecido ex funcionario del ejército dejó cuatro cartas a sus familiares y al juez a cargo del llamado “Caso Calle Conferencia”, donde fue emboscada la dirección clandestina que tenía el PC en 1976, en los primeros años de la dictadura (1973-1990).

Marco era investigado como presunto coautor de una docena de secuestros calificados atribuidos a la denominada Brigada Lautaro de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), aparato represor que tuvo la dictadura del fallecido Augusto Pinochet.

Este es el tercer ex agente represor que se suicida en los últimos años ya que en 2005 terminó con su vida Germán Barriga, procesado en el mismo caso de Marco, y en 2006 se mató Gonzalo Asenjo, quien habría encubierto el secuestro de opositores a la dictadura.

http://www.todito.com/paginas/noticias/Internacional/217287.html

Col - Tribunal ordena seguir pagando sueldos de secuestrados y desaparecidos

24 de Mayo de 2007, 03:54pm ET

Bogotá, 24 may (EFE).- La Corte Constitucional de Colombia dictaminó hoy que el Estado debe seguir pagando los salarios y prestaciones laborales de las personas secuestradas por grupos rebeldes o desaparecidas, informaron directivos del tribunal.

El magistrado Rodrigo Escobar Gil, presidente de la Corte Constitucional, declaró que "las personas víctimas de la desaparición forzada, o de la toma de rehenes, tienen derecho a la totalidad de los beneficios establecidos en la ley".

Las familias de los desaparecidos, explicó, podrán recibir los pagos hasta que "la persona aparezca viva o muerta, o exista una declaración de los jueces, reconociendo la muerte".

El juez aclaró que se debe diferenciar entre las personas secuestradas por extorsión, es decir, para obtener dinero, de los cometidos por grupos armados ilegales para presionar al Estado.

Este fallo respalda las aspiraciones de los familiares de políticos, soldados y policías secuestrados por las guerrillas, que quedan desamparados económicamente, en una situación que en algunos casos recientes se prolonga por períodos de más de ocho años.

Escobar Gil señaló que las víctimas de secuestros podrán exigir ciertos pagos sin importar la fecha de ocurrencia del secuestro o la desaparición.

Además, dijo que, aparte de los salarios, los familiares de rehenes de grupos armados o de desaparecidos tienen derecho a beneficios en salud, educación, seguridad social y créditos.

Entre los secuestrados por las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia hay 56 personas, tres de ellas estadounidenses y una franco-colombiana, que esa organización pretende canjear por guerrilleros presos. EFE

Se busca a familiares de Jorge Daniel Raies

La hija de Alicia Gómez Mesa, la pareja de Jorge Raies, está buscando familiares de Jorge, particularmente del sexo masculino. Alicia y Jorge tuvieron un hijo, Mario, que nació luego de la desaparición de Jorge, cuando Alicia estaba en cautiverio. La familia quiere hacer los exámenes de ADN para confirmar que Mario es el hijo de Jorge. Para esto se necesitan familiares de Jorge de sexo masculino. Si conoce a alguno, por favor comunicarse a nn@desaparecidos.org. Muchas gracias.

New mass grave discovered in eastern Bosnia

HINA Croatian News Agency
24 May 2007

New Mass Grave Discovered

The victims are presumed to be the people from Kasindolska Street in Sarajevo,
who have been missing for as many as 15 years.

SARAJEVO, May 24 (Hina) -- A mass grave was discovered on the Romanija
mountain. So far, about 20 skulls have been found. The grave was discovered
by members of Missing Persons Commission of the Federation of Bosnia and
Herzegovina. The bodies were tossed one over the other and the perpetrators
tried to conceal the grave in a thick pine forest not far from the road
between Mokro and Sokolac.

Missing persons from Kasindolska Street

"By now, 20 skulls have been discovered on the skeletal remains and it
is obvious that the remains of some bodies are being pulled under those
already uncovered. I believe that the number of the discovered bodily remains
will coincide with [that of] the missing persons from Kasindolska Street,"
said Amor Masovic, the Missing Persons Commission president, to the daily
newspaper Dnevni avaz.

The victims in question are those from Kasindolska Street. This was concluded
based on the date on the watch of one of the victims. Their families have been
looking for them for 15 years already.

"A Seiko watch stopped on the 27th day in the month and the day in question
is Wednesday. By checking the dates in 1992, we arrived to the conclusion that
the only Wednesday that was the 27th day in the month was in May. The people
from Kasindolska Street in the Sarajevo district Ilidza were captured on May 14,
1992, and spent a certain period of time in the Kula prison, so it seems likely
that these victims could be from Kasindolska Street," Masovic clarifies.

The skeletal remains are very well preserved, as are the clothes, so the
representatives of the missing persons association will try to give a
preliminary confirmation of this information as soon as today.

An example of genocide

"Kasindolska is an example of the genocide that occurred in Bosnia-Herzegovina.
All the men, Bosniaks and Croats, who were caught in this street, were captured
and killed. It is a fact that the goal here was a complete elimination of an
ethnic group in a very small area. This case involved entire families as well -
fathers and sons, brothers, uncles," Masovic points out.

Mass grave near Mostar contains Bosniak soldiers

www.b92.net

Mass grave near Mostar contains Bosniak soldiers
24 May 2007 | 10:46 | Source: FoNet

Mostar -- DNA analysis confirms the 13 bodies found in mass grave near Mostar
are members of the Bosnian Army.

Bosnia's Missing Persons Commission has said in a statement that items
recovered among the mortal remains of sixteen bodies exhumed last week
confirmed that the grave site contained bodies of Bosnian Army soldiers
killed in the 1990s war.

The DNA analysis has thus far determined the identity of 13 bodies. Results
for the remaining three are expected to come in next week, as the grave is
believed to also contain bodies of murdered civilians.

Croatian Defense Council (HVO) members captured 13 Bosnian Army soldiers on
May 9, 1993 in Mostar and killed them afterwards.

Judging from the found objects, including watches and rings, and also according
to the age of recovered mortal remains, the Commission confirmed that 13 bodies
could highly likely be identified as Bosnian Army members.

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Arg - Homenaje a Rodolfo Walsh

HOMENAJE A RODOLFO WALSH
EN EL DIA DEL DOCUMENTALISTA

En el año 2002, el Movimiento de Documentalistas instauraba el 27 de Mayo -día de la desaparición de Raymmundo Gleyzer a manos de la dictadura genocida- como el Día del Documentalista y organizaba el primero de los cinco actos consecutivos realizados en los años siguientes en conmemoración de ese día.

Al mismo tiempo, el Movimiento de Documentalistas, siempre consideró que la tarea de documentar la realidad pars transformarla no se reducía a su expresión en los medios audiovisuales sino que incluía, entre otras, a las distintas manifestaciones del documental escrito, desde el histórico al periodístico, siendo Rodolfo Walsh su referente principal y fundamental en Argentina y Latinoamérica.

A cinco años de la su instauración nos proponemos, entonces, conmemorar así el Día del Documentalista
homenajeando a Rodolfo Walsh,
en un acto en el que descubriremos una placa donde cayó asesinado por la dictadura genocida con la dignidad de los héroes.

El 28 de Mayo a las 19 hs, en San Juan y Entre Rios

Convoca:
Movimiento de Documentalistas
Asamblea de Entre Ríos y San Juan
Adhieren:
Asamblea El Almacén
Vecinos de San Cristóbal contra la impunidad

Recibimos adhesiones en: documentalistas@documentalistas.org.ar

Bahrain: An appeal to locate a young man who disappeared after detention and torture

Bahrain Youth Society for Human Rights (BYSHR) would like to inform you with the severe violations that took place in Bahrain against a 22 years-old young man. Bahraini Security Forces arrested the young man in front of his family house and attacked him physically, according to his family. The young man was then transferred to the military hospital because of the injuries resulted from beating.

We would like also to inform you that Ali Al-Khabaz, student of Vocational Training Institute, has disappeared since the security service denied his family right to visit him. The family thinks that the reason for that denial is to hide the severe consequences of torture suffered by the young man in front of his family house.

BYSHR calls upon you to urge the Bahraini government to reveal the location of the Bahraini young man, Ali Al-Khabaz and to order the local authorities to transfer him to hospital as soon as possible to be cured from his severe injuries. Furthermore, we call upon you to take immediate necessary measures to stop questioning him for the incidents that were taking place in the area of his family – grandfather's – house. Particularly that, Al-Khabaz did not participate in any events held in this area, which witnessed violent clashes between Security Forces and a group of young men.

We would like to remind you that the European Commission Delegation will visit Bahrain soon. We are looking forward that you can notify the respectful delegation with the severe human rights violations in Bahrain.

Bahrain Youth Society for Human Rights appreciates your amazing efforts in support of human rights in Bahrain. Therefore, we hope that you will help to accelerate the procedures of locating that young man who was arrested since 20 May 2007 when the Security Forces attacked him under the eye of his people.

Sincerely,

Bahrain Youth Society for Human Rights

24 May 2007

Note: The e-mail of the Bahraini ambassador to the US is ambsecretary@bahrainembassy.org
_______________________________________________

Bahrain Youth Society For Human Rights
Mohammed AL-Maskati
President
P.O BOX : 18597 - bahrain
Mobile : (+973)39813867
Tel : (+973)17643721
Fax : (+973)17643721

UK = MPs seek guarantees for safety of rendition captives

By Colin Brown, Deputy Political Editor
Published: 24 May 2007

Pressure is increasing on Gordon Brown to adopt tougher safeguards against alleged "torture" flights carrying suspected terrorists to secret locations.

An all-party group of senior MPs has called for a change in the law to require written guarantees about the protection of the prisoners before Britain allows its airports to be used for the so-called "extraordinary rendition" flights by the US.

In a separate development, the Intelligence and Security Committee, which is chaired by former cabinet minister Paul Murphy and reports directly to the Prime Minister, is also due to deliver a report on its investigation into Britain's role in extraordinary rendition.

That report is likely to contain criticism of the way that the system abuses human rights and over the failure by the UK authorities to keep any proper records of the flights through British airports.

The all-party group on extraordinary rendition said the system was "morally questionable and also risks placing the UK in breach of domestic and international obligations".

The group's Tory chairman, Andrew Tyrie, has written to the Intelligence and Security Committee urging it to condemn the practice. He said the US authorities denied the use of torture but it was believed maltreatment of suspects included extended sleep deprivation, inducing hypothermia and sensory deprivation.

The British Government at first denied any knowledge of rendition, but in 2005 confirmed it had allowed two rendition flights and turned two down in 1998. But a European council report suggested there were up to 170 flights by CIA planes through Britain which were used for rendition.

"It is apparent that adequate records do not appear to have been kept," Mr Tyrie said. "Secondly, as far as we can be aware, the Government has not made any attempt to put in place a mechanism for ensuring that renditions do not take place in the future through UK airspace or territory. We have a moral dilemma: we are benefiting from the unacceptable activities of our closest ally; activities which the UK specifically prohibits in law."

The US President, George Bush, has claimed that the extraordinary rendition had helped to avert a terrorist plot to bomb Heathrow. But Mr Tyrie said it undermined the rule of law and alienated moderate Muslim opinion.

The evidence that rendition exists has been underlined by three cases said Mr Tyrie: the Canadian case of Maher Arar, picked up in New York; the German case of Khaled Masri, held in Macedonia; and the Italian case of Abu Omar, kidnapped from Milan.

The all-party group is proposing the forthcoming Counter Terrorism Bill could be used to change the law to require an advance declaration of a rendition before British airports can be used; written assurances that its laws will not be contravened; and details of the final location and the purpose of the transfer of the suspect. It could also require the suspect to be identified.

http://news.independent.co.uk/uk/politics/article2578492.ece

Kashmir - Q&A: Rewards trigger fake encounters

23 May, 2007 l 0021 hrs IST

Parvez Imroz is co-founder and patron of the Association of Parents of Disappeared Persons (APDP), which brings together Kashmiri families whose members have been the victims of enforced disappearances. A senior advocate at the Srinagar high court, he is also co-founder and president of the J&K Coalition of Civil Society that has been working to forge networks between Kashmiri civil society groups. Imroz spoke to Percy Fernandez in Srinagar:

Why has the J&K government refused to accept the findings of APDP?

The central and state governments are reluctant to probe into the enforced disappearances in the state since 1989. More than 10,000 people have disappeared in the last 17 years, higher than the combined figures of disappearances of five Asian countries. We have been repea-tedly telling them (PDP, Congress and NC) and they have come out with contradictory facts and figures.

What do you plan to do now?

The local mechanism has failed. The government wants to tire out its own citizens. Look what happened in the Sikh riots case. There should be pressure from the European Union, other democratic countries and global civil society groups to prevail upon the Indian government to address the grievances of 3,00,000 families who have been affected since 1989. The people who have disappeared belong to the lower strata of society. There are more than 1,500 to 2,000 half widows. They want to know where their near and dear ones have disappeared. In the case of enforced disappearances, we fear that people were tortured and killed and bodies dumped into the rivers and forests which we have in plenty.

Do you think there can be a solution?

Who can stop the disappearances? It is the army which is doing it along with the SOG (Special Operations Group) which was established under the NC. The state doesn't want to demoralise them by taking action against them. Nobody
can question the army. The chief minister is just a nominal head like the president of India. Rewards contribute to fake encounters in a big way. The government is not happy with the number of disappearances. What they can do is to minimise it by taking the perpetrators to task. But if there are convictions, BJP will hold demonstrations.

How has the disappearances affected the Kashmiri society at large?

Now they are talking about a truth and reconciliation commission (TCR). But ironically, the perpetrators are talking about TCR and not the victims. Will you tell these families to forget what happened? It is the right of the victims to decide what should be done to the perpetrators. They want justice. We have been thinking of having an international tribunal so that the world knows what has happened in Kashmir since 1989. It will be a moral indictment of the perpetrators. This would be a step forward. If the state fails to adhere to its duties, fails to deliver justice to its own people, what do you do? You remain silent or approach other forms which are available.Parvez Imroz is co-founder and patron of the Association of Parents of Disappeared Persons (APDP), which brings together Kashmiri families whose members have been the victims of enforced disappearances. A senior advocate at the Srinagar high court, he is also co-founder and president of the J&K Coalition of Civil Society that has been working to forge networks between Kashmiri civil society groups. Imroz spoke to Percy Fernandez in Srinagar:

http://timesofindia.indiatimes.com/Opinion/Editorial/QA_Rewards_trigger_fake_encounters/articleshow/2067544.cms

Custodial deaths continue in Kashmir: Amnesty

‘38 disappearances, 22 extrajudicial killings in 2006’

UNITED NEWS OF INDIA

New Delhi, May 23: Though “politically motivated violence” has slightly decreased in Jammu and Kashmir, deaths in custody, enforced disappearances and extrajudicial executions continued to be reported, said the annual human rights assessment report of Amnesty International.
“Some six deaths in custody, 38 enforced disappearances including several juveniles, and 22 extrajudicial killings were reported in 2006. Identity-based attacks by Islamist fighters continued,” said the 2007 report themed “Politics of Fear Creating a Dangerously Divided World.”
Coming down on the Indian government, the report, also released worldwide, said impunity for human rights violations by state agents continued, although in a few cases action was initiated after years of delay.
It cited the March 2000 extrajudicial killing case of five villagers in Pathribal village by Army and the CBI indictment of the guilty officers in April. “The officers were charged with fabricating evidence to support their claim that the men were foreign fighters killed in an ‘encounter’ with the troops,” it added.

A new report indicated that some 10,000 people had been victims of enforced disappearance since 1989, the Amnesty said.
The 340-page survey—which had a polycentric people’s launch across 12 cities in India—said the authorities failed to provide information about the whereabouts of disappeared people to their families.
Concerns over the existing powers of the State Human Rights Commission were heightened in last August when its chairperson resigned over the “non-serious attitude” of the state government towards human rights violations, said the report over the human rights situation during January to December 2006.

http://www.greaterkashmir.com/full_story.asp?Date=24_5_2007&ItemID=71&cat=1

Alemania sigue reclamando a Videla

Desde el asesinato de la alemana Elisabeth Käsemann por la junta militar argentina, su familia, como la de otros desaparecidos, ve señales positivas, pero sigue esperando justicia.

Han pasado 30 años desde el asesinato de la estudiante alemana Elisabeth Käsemann en Argentina. Activistas pro-derechos humanos ven señales positivas en el proceso judicial contra los ex –militares argentinos implicados. La Embajada alemana en Buenos Aires interpuso un recurso de casación contra la decisión de una corte argentina. Ésta había declinado la petición de captura y extradición realizada en el 2004 por el tribunal de Núremberg contra Jorge Videla y Emilio Massera, acusados de los asesinatos de Käsemann y otros ciudadanos alemanes durante la dictadura militar. Se estima que entre 1976 y 1983, más de 30.000 personas fueron asesinadas por la dictadura.

Videla fue llevado ante la justicia en el 2000. Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Videla fue llevado ante la justicia en el 2000.

"La justicia argentina se negó a extraditar a Videla y Massera argumentando la anulación en Argentina de las leyes que impedían su procesamiento judicial", señala Esteban Cuya, portavoz de la organización "Coalición contra la Impunidad". "Como reacción al recurso de casación interpuesto por el representante legal de la República Federal de Alemania en Argentina, Pablo Miguel Jacoby, una semana después el gobierno argentino anuló las leyes de Amnistía que favorecieron a Videla, confirmando la sentencia a cadena perpetua dictada contra él en 1987", afirma. Entonces el dictador estuvo dos años en la cárcel. Presionado por los militares el Estado argentino proclamó, durante la gestión de Raúl Alfonsín, una ley de amnistía que lo puso en libertad

Jueces que cooperaron con la dictadura

"Los familiares de las víctimas alemanas, no confían en la justicia argentina, e insisten en la extradición a Alemania de los responsables", explica Cuya. "No hay garantías de un juicio que permita llegar a la verdad pues todavía hay jueces en activo que cooperaron abiertamente con la dictadura".

El experto recuerda con ironía las declaraciones de Videla que no acepta ningún poder por encima de él, ni de Argentina ni de ningún otro país. Sin embargo, gracias a la decisión del Tribunal Supremo que declaró las Leyes de Amnistía de 1986 y 1987 como anticonstitucionales, el dictador, actualmente de 82 años, se encuentra bajo arresto domiciliario.

La justicia alemana también reclama la extradición de Pedro Alberto Durán Sáenz y Franco Luque. Adicionalmente la fiscalía de Núremberg mantiene procesos contra 74 militares argentinos. Para Esteban Cuya las posibilidades de que los ex –militares sean enjuiciados en Alemania son pocas, pero la presión internacional sirve para garantizar que la justicia en Argentina asuma su responsabilidad ante las víctimas de la dictadura. "El Gobierno argentino está consciente de que hay una vigilancia internacional para que se lleven a cabo estos juicios justos". Esteban Cuya destaca que eso incluye el otorgar garantías de seguridad para los testigos pues ha habido casos de testigos desaparecidos recientemente.

Solidaridad con América Latina

Hoy fue recordada Elizabeth Käsemann en la ciudad de Núremberg con la inauguración de una exposición titulada "Una vida en solidaridad con América Latina". Presente estuvo no sólo la familia de esta joven idealista asesinada a la edad de 30 años, sino todos los partidos políticos del gobierno municipal. "Algo muy distinto a lo que ocurrió durante los años 70 y 80 cuando los políticos del más alto nivel dieron prácticamente la espalda a la familia Käsemann", recuerda Esteban Cuya.

La familia tuvo que pagar US$ 26,000 a los militares que la asesinaron para rescatar su cadáver. Elisabeth Käsemann viajó a América Latina en 1968 y se estableció en Buenos Aires en donde apoyó el movimiento barrial y a los obreros en sus esfuerzos por una mayor justicia social. En los años 70, la estudiante de teología ayudó a personas amenazadas de muerte a huír de Argentina, facilitándoles documentos falsificados y sacándolos del país. Esta actividad fue suficiente para que en 1977 el gobierno militar del general Jorge Videla, la considerara miembro del movimiento subversivo Montonero.

Käsemann fue torturada y asesinada el 24 de mayo de 1977 en el centro clandestino de detención "El Vesubio". El hermano de Elisabeth, Ulrich Käsemann, destacó durante la inauguración de la exposición, la importancia de los derechos humanos como requisito para la paz, la justicia y el desarrollo de toda sociedad. En un momento en el que los estándares de los derechos humanos en todo el mundo parecen retroceder.

Eva Usi

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2555248,00.html

Arg - Musa Azar negó haber participado de torturas y desapariciones durante la dictadura

El ex jefe de Inteligencia santiagueño Antonio Musa Azar negó haber participado en torturas y desapariciones de detenidos durante la última dictadura militar, informaron ayer fuentes judiciales.

En el marco de una nueva indagatoria realizada por el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, Musa Azar dijo "no conocer" a las personas desaparecidas o presos políticos que denunciaron torturas durante la década del ’70 y en la etapa final de la tercera gestión de gobierno de Carlos Juárez.

Se trata de la causa en la que Juárez, de 89 años, está imputado por los delitos de "autor intelectual de apremios y torturas" y de "jefe de asociación ilícita" en la desaparición de 30 personas durante el gobierno constitucional entre 1973-75.

La acusación a Juárez surgió cuando el fiscal Pravia, en un dictamen de más de 30 fojas, denunció "torturas y apremios ilegales" aplicados a ciudadanos considerados opositores al gobierno provincial.

En la misma causa, también se encuentra acusados los militares Luciano Benjamín Menéndez, Domingo Bussi, Jorge D’Amico y Musa Azar, detenido y procesado por el Doble crimen de La Dársena.

También fueron imputados por "privación ilegítima de la libertad torturas y apremios ilegales", los comisarios Ramiro López, Miguel Garbi, Juan Bustamante, Roberto Díaz, Jorge Brau, Correa Aldana y el fallecido Noly García, en todos los casos retirados de las fuerzas de seguridad.

Inicialmente, el ex juez federal Angel Toledo había ordenado una serie de procedimientos, entre ellos la exhumación de los restos de Consolación Carrizo, una de las víctimas enterrada en un cementerio de Arraga, que murió en extrañas circunstancias, tras su detención en la SIDE santiagueña.

Asimismo, un centenar de familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad, comparecieron en el Juzgado Federal de Santiago del Estero para permitir la extracción de sangre para un banco de datos de ADN.

Los exámenes serán comparados con los restos humanos que se sospecha serán encontrados en los cementerios clandestinos de las localidades santiagueñas de Sumamao, Arraga, Pozo Hondo e Isla Verde, trámite que tampoco fue ordenado por Toledo.

Las excavaciones e inspecciones oculares también debían extenderse hasta los cerros de Guasayán, a 80 kilómetros al oeste de la capital santiagueña, en el que se presume los desaparecidos serán arrojados de helicópteros, trámite que sigue sin cumplirse.

http://www.santiagoaldia.com.ar/index.php?ID=11750

Arg - Investigan la vinculación de medios con la dictadura

La estrecha relación que mantuvieron empresarios periodísticos con la última dictadura militar volvió a ser tratada en el Juicio por La Verdad que se sustancia en los tribunales federales de La Plata y que tiene el objetivo de determinar cuál fue el destino de los desaparecidos durante el último gobierno de facto.

Ayer fue citada a declarar quien actualmente es la directora del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, e integrante de la Liga Anticomunista Mundial, Diana Julio de Massot, la cual fue una férrea defensora del accionar de la última dictadura.
Julio de Massot, de 79 años, fue convocada por el caso de una detenida por la que intercedió ante el jefe de la Policía Bonaerense, el coronel Ramón Camps, uno de los máximos responsables del accionar represivo durante los años de plomo.
Pese al requerimiento de la Justicia, la directora de La Nueva Provincia no se presentó ya que, según informaron a Hoy distintas fuentes judiciales, adujo cuestiones de salud: que padece un cuadro de bronquitis aguda. Por eso, el tribunal podría volver a citarla para la próxima audiencia, que se realizaría dentro de 15 días.
El caso en que tiene que prestar testimonio es el de Susana Lebed, médica, militante de la Juventud Peronista y sobrina del abogado del periódico, por quien la viuda de Massot intercedió en 1976 ante Camps y Edmundo Ojeda, jefe de la Policía Federal.
Obreros asesinados
Por otra parte, según consta en los registros judiciales, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, dos obreros gráficos de La Nueva Provincia que solían realizar medidas de fuerza por reclamos sindicales, en la etapa previa al golpe de estado fueron secuestrados, torturados y acribillados por fuerzas represivas en 1976. Ambos crímenes se encuentran impunes.
Pero, en estos casos, no tiene intervención la Cámara Federal de La Plata, sino la Justicia Federal de Bahía Blanca, donde el Juicio por la Verdad se encuentra suspendido.
Otro medio en donde trabajaron obreros que fueron víctimas de la dictadura es La Gaceta de la Tarde, que dejó de existir en los años ‘80. Este medio era propiedad del director del diario El Día, Raúl Kraiselburd, a quien la esposa de Hugo Iglesias, uno de los trabajadores desaparecidos, responsabiliza por la desaparición de su esposo. “Yo sé que él tiene responsabilidad por lo que le ocurrió a mi esposo y debería tomar conciencia de lo que hizo”, le dijo Marilaff a Hoy luego de finalizar la audiencia del Juicio por la Verdad que se realizó ayer.
El caso Iglesias también está siendo investigado en el marco del Juicio por la Verdad y se espera que en las próximas semanas se presenten nuevos testigos que aportarían datos claves.

http://www.diariohoy.net/vx/verNoticia.phtml/html/268520390/

Fiscalía de Bolivia pide a Estados Unidos extradición de ex represor

La solicitud de extradición fue entregada el miércoles por el fiscal general, Mario Uribe.

La Paz.- El Ministerio Público presentó a la cancillería un exhorto suplicatorio para extraditar al ex represor Luis Arce Gómez quien cumple una condena por narcotráfico en un penal de Estados Unidos.

La solicitud fue entregada el miércoles por el fiscal general, Mario Uribe. “Ahora corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, realizar todos los trámites ante las autoridades norteamericanas para hacer realidad la extradición del ex ministro, Luis Arce Gómez”, dijo el funcionario en rueda de prensa en la ciudad de Sucre, al sur de Bolivia.

Arce Gómez, de 68 años ingresó a un penal de la Florida en 1991 y saldrá en libertad en noviembre de este año al haber cumplido la mitad de su condena, pero en Bolivia fue sentenciado a 30 años de prisión en 1993 por la muerte de varios opositores políticos durante la última dictadura de la que fue ministro del Interior.

El ex coronel fue uno de los principales ejecutores del sangriento golpe militar que encabezó el ex general Luis García Meza en julio de 1980 contra la presidenta Lidia Gueiler.

García Meza cumple la misma sentencia desde 1995 en un penal de máxima seguridad en las afueras de La Paz. Conocido en su tiempo como el “ministro de la cocaína”, Arce Gómez estuvo involucrado en narcotráfico por lo que fue extraditado a Estados Unidos.

http://www.milenio.com/index.php/2007/05/23/71980/

Cruz Roja urge a Nepal que forme comisión sobre desaparecidos en la guerra

El Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) exigió hoy al Gobierno nepalí que se forme una comisión que aclare el destino del millar de desaparecidos durante la guerra en ese país a la que un acuerdo puso fin ahora hace seis meses.

Uno de esos desaparecidos es Hiramani Dahit, un carpintero de un pequeño pueblo del suroeste nepalí que fue detenido por el Ejército el 13 de abril de 2001 y nadie ha vuelto a saber de él ni de los casi mil desaparecidos en la contienda.

En una mesa redonda celebrada hoy sobre los desaparecidos, el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) exigió al Gobierno que se forme la comisión que, según el acuerdo de paz, habría de aclarar el destino de esas personas y dar consuelo a sus familias.

Según el ICRC, hay 937 desaparecidos de la década de guerra, en la que otras 13.000 personas murieron.

De ellos, al menos 656 fueron detenidos por el Ejército, como Dahit, y otros 161 por la guerrilla maoísta, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC).

Dahit fue detenido por un grupo de soldados cuando volvía del trabajo en Thakurdwara, en el distrito de Bardiya, pero cuando su esposa, Manju, acudió al día siguiente al cuartel local le dijeron que no estaba ahí.

'No sé por qué lo arrestaron; no era un maoísta, pero a veces ellos venían a casa y nos obligaban a alimentarlos', explicó a EFE esta mujer, que ha movido cielo y tierra para saber qué fue de su marido, sin éxito.

Unos días antes del arresto del carpintero, cinco miembros del Ejército habían muerto en una explosión en la jungla vecina, emboscados por maoístas.

Otras 12 personas desaparecieron del pueblo junto a Dahit, entre ellas su hermano, Ram, un albañil, al que los soldados detuvieron en su casa una noche tres meses después, diciéndole que se lo llevaban para interrogarlo.

Su mujer, embarazada entonces, no se atrevió a preguntar por él temiendo correr la misma suerte y supo, por una información de la radio estatal unos días después, que Ram había 'muerto en un combate'.

'Pero no hemos visto su cadáver', denunció Manju, quien relató que su cuñada perdió al bebé a los dos días de dar a luz.

'Creo que mi marido aún está vivo. Quiero saber dónde está', exigió Manju.

El padre de Krishna Kumar Chaudhary, un maestro del mismo distrito, desapareció a principios de 2002. Su hijo no cree que siga vivo pero quiere 'saber por qué lo mataron y que los culpables lo paguen'.

El acuerdo de paz suscrito el 21 de noviembre de 2006 prevé crear una comisión de alto nivel para saber qué fue de los desaparecidos, pero tanto el Gobierno como los maoístas temen que se identifique a los culpables, afirmó a EFE el abogado Govinda Sharma Bandi, quien investiga las desapariciones a manos del Ejército.

Lo único que el nuevo Gobierno -en el que están incorporados los maoístas- ha hecho es presentar al Parlamento una ley que convierte en delito retener a una persona sin informarle del motivo y privándole de visitas de familiares.

'Pero la falta de interés por atender el asunto de los desaparecidos es obvia, porque la ley no es retroactiva', destacó Bandi.

En la misma línea, la representante de la ACNUR en Nepal, Sandra Beidas, criticó que 'la falta de avance en la resolución del destino de los desaparecidos y en la atención del derecho de sus familias a que se haga justicia plantea interrogantes sobre si existe la intención política de emprender una acción efectiva'.

Para la jefa de la delegación del ICRC en Nepal, Mary Werntz, el reto del Gobierno es mantener a los desaparecidos en el centro del debate, pero éste 'no debería convertirse en un asunto político, sino mantenerse en el plano humanitario'.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha investigado una serie de desapariciones de personas detenidas por el Ejército y ha pedido al Gobierno que haga público su paradero, 'que investigue a los responsables y adopte medidas contra ellos', según uno de sus miembros, Shyam Babu Kafle.

'Pero el Gobierno no ha hecho nada', dijo Kafle a EFE.

Portavoces del recién creado Ministerio para la Paz y la Reconstrucción y de Interior consultados por EFE dijeron que el asunto está fuera de sus competencias.

De formarse la comisión prevista por el acuerdo de paz, aún está por ver si su mandato permite el procesamiento de los culpables u opta por el perdón y el olvido.

Arg - Confirman que Etchecolatz deberá cumplir reclusión perpetua en una cárcel común

La Cámara Nacional de Casación Penal determinó la condena del represor por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Al rechazar recursos de la defensa, también decidió que, a pesar de su edad y estado de salud, quien fuera el segundo de Camps, pasará sus días en una prisión normal.

La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó ayer la condena a reclusión perpetua de Miguel Etchecolatz como autor de delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar y decidió que continúe en la cárcel bonaerense de Marcos Paz, pese a su edad y estado de salud.

La causa llegó a la máxima instancia penal debido a los planteos contra la sentencia condenatoria del Tribunal Oral Federal de La Plata.

Los abogados de Etchecolatz argumentaron que se trataba de un caso de cosa juzgada e impugnaron la declaración de nulidad de las leyes de Obediencia debida y Punto final.

La querella, representada por el abogado Alejo Ramos Padilla, pidió la ratificación de la condena y la continuidad del cumplimiento de la condena en una cárcel para presos comunes.

La Sala I de la Cámara de Casación recordó que Etchecolatz fue condenado por delitos tales como privación ilegal de la libertad, violación y homicidio y señaló que los tratados internacionales vigentes tienen "efectos nulificantes" contra cualquier decisión que impida el juzgamiento de delitos de lesa humanidad.

"En estas actuaciones -sostuvo el tribunal- se han acreditado conductas que han detraído a quienes las han padecido de las manifestaciones mas elementales de su ser".

Los camaristas Raúl Madueño, Liliana Catucci y Gustavo Mitchell citaron el Estatuto de Roma, cuyo preámbulo establece que "los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo".

Para los camaristas, ni siquiera la "pretendida condición de enemigos" a la que aludió el recurso en favor de Etchecolatz, justifica, en ningún caso, los tratos que recibieron las personas que se hallaban privadas de la libertad cuando el imputado se encontraba a cargo de la Dirección General de Investigaciones de la policía bonaerense.

La defensa había invocado razones de salud para que a Etchecolatz se le volviera a conceder el beneficio del arresto domiciliario, pero Madueño, Mitchell y Catucci (aunque ésta con algunos reparos) evaluaron que, donde está detenido -la cárcel bonaerense de Marcos Paz), puede tener asistencia médica.

El recurso de Echecolatz fue presentado el 2 de mayo último y en la misma sesión hubo una presentación contraria, a cargo de María Isabel Chorobi (familiar de una desparecida) y del abogado Ramos Padilla.

Etchecolatz, de 77 años, padece una enfermedad terminal (cáncer de próstata), según los defensores, había logrado la prisión domiciliaria tras la condena, pero el beneficio fue revocado porque en su vivienda fue secuestra una arma de fuego.

Ramos Padilla hizo un informe in voce y dijo que "si existe la Justicia, no se puede beneficiar a los delincuentes. Etchecolatz tiene que seguir detenido en una cárcel común".

"Echecolatz siguió comentiendo delitos" y ejemplificó lo dicho con los casos de injurias al fallecido diputado socialista Alfredo Bravo y cuando resistió una supuesta agresión de jóvenes con la exhibición de una pistola, que, se dijo, era de juguete.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=63067&id=151563&dis=1&sec=1

Amnesty Blasts US on Terrorism War

May 23, 2007
Amnesty Blasts U.S. on Terrorism War
By THE ASSOCIATED PRESS

LONDON (AP) -- The United States is treating the globe like one giant
battlefield for its war on terror, eroding rights worldwide, a leading
human rights group said Wednesday.

Amnesty International's Secretary-General Irene
Khan said the United States and its allies' behavior was setting a
destructive example for other nations, and that countries across the
world were using the war on terror as an excuse to violate human rights
and stifle dissent.

''One of the biggest blows to human rights has been the attempt of
Western democratic states to roll back some fundamental principles of
human rights -- like the prohibition of torture,'' Khan told The
Associated Press, speaking before the launch of her organization's
annual report on the global state of human rights.

The report condemned the United States' response to international
terrorism, saying it had done little to reduce the threat, while
deepening mistrust between Muslims and non-Muslims and undermining the
rule of law. The Bush administration's policy of extraordinary rendition
-- the alleged practice of secretly flying terror suspects to countries
where they could be tortured -- came in for particularly scathing
condemnation.

''The U.S. administration's double speak has been breathtakingly
shameless,'' the report said. ''It is unrepentant about the global web
of abuse it has spun in the name of counterterrorism.''

America's unique position on the world stage justified the criticism,
Khan said.

''If we focus on the U.S. it's because we believe that the U.S. is a
country whose enormous influence and power has to be used
constructively,'' she said. ''When countries like the U.S. are seen to
undermine or ignore human rights, it sends a very powerful message to
others.''

The U.S. Embassy in London declined to comment, saying it wanted to
study the report before formulating its response.

European countries were attacked for failing to challenge the U.S.
rendition scheme, while U.S. allies Britain, Australia, and Japan were
singled out for passing harsh new anti-terror or anti-immigration
laws.

Russia's crackdown on journalists also attracted Amnesty's ire, as did
the deteriorating human rights situation in Zimbabwe. Above all other
concerns, though, was the continuing violence in Darfur, which Khan
called ''a bleeding wound on world conscience.''

''The authoritarian drift in Russia has been devastating for journalists
and human rights defenders,'' the report said, noting the assassination
of journalist Anna Politkovskaya and new laws clamping down on
rights organizations.

The report also criticized China's role in shielding Sudan from U.N.
action, saying that the Chinese
government and companies showed little regard for their ''human rights
footprint'' on the African continent.

But the weakened moral authority of those pushing for international
intervention was also to blame, Khan said.

''On the one hand distrust, and on the other hand double dealing has
made the U.N. Security Council dysfunctional on Darfur,'' she
said.

The report did sound some positive notes, saying that a change of the
political guard in the United States, and the growth of informal
networks of activists were grounds for hope.

Khan compared Amnesty's struggle to the fight against climate change

''Just as global warming requires global action based on international
cooperation, the human rights meltdown can only be tackled through
global solidarity and respect for international law,'' she said.

Haitian Ex - Paramilitary Leader to Stand Trial

May 22, 2007

By REUTERS

NEW YORK (Reuters) - A Haitian former paramilitary leader accused of
rape and murder in Haiti will stand trial in New York for mortgage
fraud, a state judge ruled on Tuesday after a human rights group argued
he could escape justice if he were to return to Haiti.

Emmanuel ``Toto'' Constant, 50, was to have served a reduced prison term
in return for pleading guilty in February to fraud and grand larceny.

But State Supreme Court Judge Abraham Gerges rejected that plea
agreement based on detailed information he recently received regarding
Constant's leadership role in the Front for the Advancement and Progress
of Haiti, known as FRAPH.

``These allegations, if true, are heinous, and the court cannot in good
conscience consent to the previously negotiated sentence,'' the judge
said in a written ruling. ``The court also cannot consent to time
served, as that would be a travesty.''

The judge set a trial date of September 24. If convicted, Constant faces
a maximum of 15 years in prison.

The Center for Constitutional Rights told the judge by letter that
Constant should not be deported but instead serve a full sentence for
economic crimes in New York because it was likely Constant ``could evade
justice in his home country'' for human rights violations.

The legal rights group said the ex-death squad leader of FRAPH, which
formed to undermine former Haitian President Jean-Bertrand Aristide, fled to New York in 1994 soon
after Aristide returned to power and issued his arrest warrant.

The group said Constant was a former paid CIA informant and had directly
conspired in the assassination of Aristide's Minister of Justice, Guy
Malary, but had been allowed to stay in the United States.

CAR: Hague Court Inquiry Focuses on Rapes

NY Times:

May 23, 2007

Hague Court Inquiry Focuses on Rapes
By LYDIA POLGREEN and MARLISE SIMONS

DAKAR, Senegal, May 22 - The prosecutor of the International Criminal Court in The Hague said Tuesday that he would investigate human rights violations committed during a brutal crackdown after a coup attempt in the Central African Republic in 2002 and 2003.

The investigation by the prosecutor, Luis Moreno-Ocampo, will focus on at least 600 rapes, along with killings, beatings and other abuses reported during a five-month period after an unsuccessful revolt against the government of then-president Ange-Félix Patassé. The coup attempt was led by François Boizize, a general who ultimately seized power in 2003 and remains president.

The investigation is unique in that it focuses primarily on rape rather than on killings. Sexual violence has been a prominent feature of many conflicts in Africa in the past 15 years, and countless thousands of women have been raped in conflicts in Liberia, Sierra Leone, Congo, Sudan, Rwanda and Uganda, among other countries, but prosecutions for such crimes, except in Rwanda, have been rare.

"Rape is the most notorious issue here," said Mr. Moreno-Ocampo in a telephone interview. "There are killings, but there are four times more rapes than killings. We are talking about mass rapes, gang rapes, hundreds of cases that took place within a few days."

The investigation of abuses in the Central African Republic casts a spotlight on one of the least known parts of Africa, a landlocked country with a long history of coups and civil conflict, misrule and government brutality against citizens. Its porous borders and vast, lawless territory have made it a favored staging ground for rebellions from neighboring countries, including Chad, Congo and Sudan. As a result of these and homegrown conflicts, the country is flooded with weapons.

Human rights organizations in the Central African Republic and the government of Mr. Boizize have long said that Mr. Patassé's troops, aided by militias from neighboring Congo loyal to the warlord Jean-Pierre Bemba , terrorized civilians in areas around the capital, Bangui, in retribution for the coup attempt.

In late 2004, the Supreme Court of the Central African Republic referred the case to the International Criminal Court because it said it did not have the means to prosecute those responsible for the attacks on civilians.

Edith Douzima, a lawyer and human rights advocate in Bangui, praised the announcement, saying that rape had been used for too long "as a weapon of war wielded with impunity." But she also said the court had taken too long to begin its investigation.

"We have been waiting a long time for this day," Ms. Douzima said. "Too long."

Some human rights advocates had been critical of the delay - about two and a half years - before the prosecutor announced his decision.

Mr. Moreno-Ocampo said that his office had to make sure there were no other overlapping investigations by local courts, and that his own analysts had to assess the credibility of the crime reports reaching his office.

He said initial investigations indicated that the mass rape was the result of an organized campaign.

"There were several months of crimes, killings, lootings, but there was a peak of rapes in a few days," he said. "This will be our biggest challenge, to prove that someone was authorizing them or giving instructions."

The case was complex, he said, because his office would "not prosecute the rapists themselves," but the person or people issuing the orders or organizing the campaign. The International Criminal Court seeks to prosecute the leaders most responsible for grave human rights violations when national courts are unwilling or unable to do so at home.

United Nations workers in the area and investigators for human rights groups provided hundreds of statements, which were very valuable, Mr. Moreno-Ocampo said. But his own team of investigators will now have to start an official inquiry into the crimes, including killings, lootings and the large-scale rape, which he expects will take 18 months.

Lydia Polgreen reported from Dakar, and Marlise Simons from Paris.

Jordan's Queen Noor pressures Bosnia over missing persons

Agence France-Presse
22 May 2007

SARAJEVO, May 22 (AFP) -- Queen Noor of Jordan on Tuesday urged
greater commitment in the search for thousands of people missing
since Bosnia's 1992-95 war.

At a meeting with Bosnian Prime Minister Nikola Spiric in the town
of Mostar, Queen Noor, a commissioner of the International Commission
on Missing Persons (ICMP), expressed her disappointment over the lack
of progress in making a Missing Persons Institute (MPI) functional,
the ICMP said in a statement.

"Today, almost two years after the signing of the agreement...and
despite the fact that the Directors of MPI have been appointed and
the budget approved, the Institute is still not fully functional",
the statement quoted Queen Noor as saying.

Bosnian authorities agreed with the ICMP nearly two years ago to merge missing persons' commissions of the country's two ethically divided parts into one body, the MPI.

However, they have since failed to agree on the appointment of
generally acceptable candidates to the management bodies of the MPI, which is hoped to speed up exhumation and identification of the missing as well as to de-politicize the search for the mass graves.

Spiric pledged to "undertake all necessary measures to resolve this issue as soon as possible."

Bosnia's 1992-1995 war split the country into two highly autonomous entities -- the Serbs' Republika Srpska and the Muslim-Croat Federation, handing each entity its own government, parliament and police.

There are still more than 13,000 people missing from the Bosnian war which claimed some 200,000 lives.

The Bosnia-based ICMP was set up in 1996 with the aim of assisting
tens of thousands of families hoping to find out what happened to their relatives who disappeared during the 1990s wars in the former Yugoslavia.

Burundi, UN agree on truth commission, tribunal

Reuters
23 May 2007

Burundi, UN agree on truth commission, tribunal
By Patrick Nduwimana

BUJUMBURA, Burundi, May 23 (Reuters) -- Burundi has agreed to set up
a truth and reconciliation commission and a tribunal to try people who committed crimes during the central African nation's 12-year civil war, the United Nations said on Wednesday.

Louise Arbour, the U.N. High Commissioner for Human Rights, said Burundi would set up the two bodies soon and that the government had agreed
not to give amnesty for war crimes, genocide, crimes against humanity
and other serious violations.

"I think this is an important element in the process of peace, justice
and reconciliation in Burundi," Arbour said at a news conference at the end of her five-day visit to Burundi.

The coffee and tea-growing central African nation is emerging from
the ashes of civil war that began in 1993 and killed more than 300,000
in a clash between rebels from the Hutu majority against the dominant Tutsi minority.

Analysts say one of the biggest tests for President Pierre Nkurunziza's government is whether it will carry out a thorough reconciliation process, which is likely to implicate some of its allies and perhaps senior officials.

Nkurunziza himself was a Hutu rebel leader.

"The country needs a more reinforced justice system that will inspire confidence in the population that impunity is eradicated, that they
can turn to their state institutions for protection and reparation," Arbour said.

Even since Nkurunziza took power in August 2005 after his election, the culmination of a U.N.-backed peace plan, Burundian security agents have been implicated in assassinations, torture and extrajudicial killings.

The truth commission and the tribunal will be set up after national consultations to be led by a nine-member panel with three members each from the government, the United Nations and civil society groups.

Arbour said negotiations were still ongoing as to how the two bodies
would work together, and on the scope of freedom and authority the tribunal's prosecutor would have.

"The United Nations advocates of course a large degree of independence
for the prosecutor to conduct inquiries," she said.

Donors are meeting in Burundi on Thursday and Friday, and the watchdog Human Rights Watch this week urged them to make ending impunity a condition of aid.

Arg - Presentación libro Miguel Angel Bustos 29-05-07

CENTRO CULTURAL DE LA COOPERACIÓN
“FLOREAL GORINI”

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
Miguel Angel Bustos. Prosa (1960/1976)

Compilador: Emiliano Bustos
Martes 29 de mayo
19:00
Sala Osvaldo Pugliese

La presentación estará a cargo de Emiliano Bustos, Susana Cella, Daniel Freidemberg y Mariana Sverlij.

La rimbaudiana fórmula “místico en estado salvaje” con que lo describió Leopoldo Marechal dice bastante de la singularidad de Miguel Angel Bustos en el contexto de la poesía argentina. Cuando un grupo paramilitar irrumpió en su casa, el 30 de mayo de 1976, el de Bustos era un nombre bien conocido y valorado, pero la desaparición de su nombre y su obra que siguió a su desaparición física recién empieza a revertirse tres décadas después. Esta compilación de sus artículos y ensayos, llevada a cabo por su hijo, el poeta Emiliano Bustos, avanza en esa dirección, pero además cumple otra función develadora: hace surgir el rostro menos notorio –no opuesto sino complementario– del alucinado, el visionario, el “maldito”. Una cultura vastísima, una sed de conocimiento y de experiencia estética capaz de sustentarse en obras muy diversas y hasta inconciliables, una inteligencia siempre alerta y una vinculación casi natural y nada mecánica entre la inquietud política y las aventuras del espíritu, a través de una prosa bella y eficaz, dan por resultado un libro de impresionante vigencia y apasionante lectura, que al mismo tiempo permite recorrer algunos de los más candentes núcleos de interés de un momento particularmente intenso de la cultura en este país.

Emiliano Bustos nació en Buenos Aires en 1972. Es poeta y dibujante. Publicó Trizas al cielo (1997) mediante un subsidio a la creación de la Fundación Antorchas, Falada (2001) y 56 poemas (2005). Poemas, artículos y dibujos suyos fueron publicados en diversas revistas de Buenos Aires. Asimismo, participó de los volúmenes colectivos Por Tuñón (Ediciones del CCC, 2005) y Tres décadas de poesía argentina, 1976-2006 (Libros del Rojas, 2006). Compiló y prologó la obra en prosa de Miguel Angel Bustos (Ediciones del CCC, 2007). En 2005/ 06 escribió los textos de catálogo de la Línea Joven de Artes Plásticas del Fondo Cultura BA. Participó del VIII Festival Internacional de Poesía de Rosario (2000), del II Festival Latinoamericano (Salida al mar, 2005) y de las Lecturas de Primavera en Buenos Aires (2006). Además, estudió dibujo con Hermenegildo Sábat, participó en muestras colectivas e ilustró las Fábulas Fantásticas de Ambrose Bierce (Errepar, 2000)

Organiza Departamento de Ediciones.


Agradecemos la difusión de esta información.
Cecilia Balaguer - prensa@centrocultural.coop - 5077-8016
Maura Lacreu - mlacreu@centrocultural.coop - 5077-8387

Post-9/11 Renditions: An Extraordinary Violation of International Law

Some say lack of due process in kidnappings and detention at secret prisons amounts to war crimes

By Michael Bilton
International Consortium of Investigative Journalists

PORTSMOUTH, England — A plane lands in darkness and is directed to a far corner of an airfield, well out of public view. A group of men described as "masked ninjas" — wearing black overalls and hoods with slits for their eyes, nose and mouth — descend the aircraft steps and make their way to a nearby airport building. Inside a small room the detainee is waiting under armed guard, perhaps already blindfolded. He is immediately hooded as a process known as a "twenty-minute takeout" begins. Soon he is aboard the plane, on his way to another country to be harshly interrogated and possibly tortured.

That is what happened to two Egyptian asylum seekers in Sweden on December 18, 2001, and to numerous other terrorist suspects since the September 11, 2001, attacks on the World Trade Center and the Pentagon. Events like this rarely happened before 9/11, but many sources claim that the CIA began frequent use of the practice almost immediately afterward. Now its pattern is familiar and so is its odd name: "extraordinary rendition."

The United States has never acknowledged such renditions, but the CIA's activities have been extensively studied and documented by European and other governments, as well as organizations that monitor human rights violations. One such inquiry, by Sweden's parliamentary ombudsman, was set in motion when the Egyptian asylum seekers were swept away — and Sweden landed in hot water with the United Nations Human Rights Committee.

Extraordinary rendition may be a new term, but it is not a new practice — the English did it in the 17th century, shipping prisoners to Scotland to be tortured. Secret prisons are not a recent invention either. Britain ran such a camp holding Nazi prisoners at Bad Nenndorf, Germany, after World War II. Evidence of ill treatment there was kept secret for 60 years. America also had a secret postwar camp known only as "P.O. Box 1142" at Fort Hunt next to the Potomac River in Virginia just outside of Washington, D.C. There, former U.S. interrogators have now disclosed, more than 3,400 Nazi prisoners were kept "off the books" in violation of the Geneva Conventions while they were interrogated about vital technical intelligence that could be useful to America.

In the 1980s and 1990s, the United States captured terrorist suspects overseas and "rendered" them back to the U.S. or to a third country to face trial. The CIA's extraordinary renditions reported to have occurred after 9/11 are quite different. What makes them extraordinary is that there is no judicial proceeding or due process of law; after the kidnapping, terrorist suspects simply disappear into a system of secret prisons for long-term detention and interrogation, sometimes accompanied by torture.

Human rights advocates and some legal scholars argue that extraordinary renditions are violations of international law, with some characterizing them as war crimes. For example, Professor Jordan J. Paust of the University of Houston, a former U.S. Army lawyer who is an expert on international law, has presented a formal analysis asserting that U.S. government leaders and those who planned or took part in extraordinary renditions could be prosecuted for committing war crimes.

The program began after the 9/11 attacks; within a week, President Bush signed a classified presidential "finding" authorizing an unprecedented range of covert operations, including capturing terrorists in foreign nations and what the Washington Post characterized as "the expenditure of vast funds to coax foreign intelligence services into a new era of cooperation with the CIA." A portent of what was about to be unleashed came when Vice President Cheney said on NBC's "Meet the Press," "We also have to work, though, sort of the dark side, if you will. We've got to spend time in the shadows of the intelligence world. A lot of what needs to be done here will have to be done quietly, without any discussion."

Foreign intelligence services — including those inside the European Union — worked closely with their CIA counterparts in hunting those suspected of planning the 9/11 attacks or being al Qaeda members. According to journalist Stephen Grey's respected chronology of known renditions before and after 9/11, terrorist suspects were being picked up under the new programs within weeks of the planes crashing in New York, Pennsylvania and Virginia. Reports indicate that these men were tracked down, handed over to CIA special operations teams and then flown to secret detention centers where harsh techniques were used in their interrogation.

This article examines three thoroughly documented extraordinary renditions.
Sweden criticized by U.N. panel

Soon after 9/11, Swedish security police lodged objections to applications for asylum from two Egyptians, Ahmed Agiza and Mohammed El Zari. Even before the Swedish government officially decided to return them to Egypt, a report by the Swedish ombudsman relates that the CIA offered use of an aircraft so the men could be expelled the moment a formal order was issued.

According to this report — which was based in large part on interviews with and documentation provided by Swedish security officials — at midday on December 18, 2001, CIA officials told their Swedish counterparts there would be no room on the plane for the Swedish security police. When the Swedes objected, the CIA relented but insisted that a security check would have to be conducted on the two detainees at Bromma Airport near Stockholm. That being Swedish territory, the Swedes believed they were in charge of the deportation of two men from their country. It did not turn out that way.

A few hours after the expulsion order was official, the men were arrested. They arrived at Bromma about 8:30 p.m. Swedish counterterrorism officers and CIA officials were present, along with the security police.

"Just before 9 p.m. the American plane touched down," according to the ombudsman's report, "Officer Y went to speak to the occupants of the plane. These included, in addition to its crew, a security team of seven or eight, among them a doctor and two Egyptian officials. Officer Y informed the American officials that A. [Agiza] and E.Z. [El Zari] were waiting in the vehicles parked in front of the police station [at Bromma Airport] and the Americans were taken to them.

"The security team, all of whom were disguised by hoods around their heads, then went up to the vehicles in which A. and E.Z. were sitting. One of the men was taken first to the police station by the team. Inside the station, in a small changing room, the American officials conducted what they had referred to as a security check.

"According to reports, a doctor was present in the changing room. When the check had been completed, the second man was sent for and the same procedure repeated.

"The inquiry has revealed that this security check comprised at least the following. A. and E.Z. were subjected to a body search, their clothes were cut to pieces and placed in bags, their hair was thoroughly examined, as were their oral cavities and ears. In addition they were handcuffed and their ankles fettered, each was then dressed in an overall and photographed. Finally loose hoods without holes for their eyes were placed over their heads. A. and E.Z. were then taken out of the police station in bare feet and led to the aircraft.

"In addition, K.J. lawyer has reported that E.Z. said that the security team had forced him to lean forwards in the changing room and he had then felt some object being inserted into his anal cavity. Afterwards he was equipped with a diaper. According to K.J., E.Z. then felt calmer, as if 'all the muscles in his body were slack.' E.Z. was, however, fully conscious for the entire journey. K.J. has added that E.Z. was blindfolded and placed in a hood and also forced to lie in an uncomfortable position on board the aircraft. …

"According to … witnesses, the security team conducted the security inspection rapidly, efficiently and professionally. The members of the team did not speak to each other but communicated using hand signals. …"

A Council of Europe inquiry obtained data from Eurocontrol, the European air traffic control agency, showing that the aircraft involved was a Gulfstream 5 executive jet with the call sign N379P, owned by Premier Executive Transport Services. The plane had set out on a prearranged two-day trip from the United States to board the two detainees in Sweden, take them to Egypt and then return to the U.S. after a brief refueling stop in Scotland.

This Eurocontrol data indicated that the executive jet that day covered many thousands of miles. It took off from Dulles International Airport during the early hours of December 18, flew direct to Cairo and collected two Egyptian officials; after refueling, it immediately headed for Sweden. The plane was on the ground at Bromma for just 65 minutes before heading back to Egypt.

According to the Swedish ombudsman's report: "Just two representatives of the Security Police were on board the plane: officer Y and the civilian interpreter. The original intention had been for three people to accompany the plane to Egypt but late in the day they were informed by the captain of the plane that there was only room for two from the Swedish Security Police. A. and E.Z. were placed at the rear of the plane, each lying on a mattress to which they were strapped. Their handcuffs, ankle fetters and hoods were not removed during the flight to Egypt.

"The transport log drawn up by officer Y contains the following entry: 'They were kept under observation for the entire time and the guards were changed every other hour. The doctor in the escort inspected them all the time. … [T]he body-search at the airport and the use of handcuffs and fetters was at the express order of the captain of the aircraft. In addition, it was noted that the explanation for requiring A. and E.Z. to wear hoods was that this was a policy that had been laid down on the basis of the events of September 11, 2001, about the transport of deportees with terrorist links.

"At about 3 a.m. the plane landed at Cairo. A. and E.Z. disembarked and were received by Egyptian officials. They were then driven off in a transit bus."

Despite Egypt's diplomatic assurance to Sweden that the two men would be treated humanely, Human Rights Watch says, based on testimony subsequently given by one of the two men, that they were subsequently tortured. U.N. Committees later decided Sweden had violated the Geneva Conventions by sending the men to Egypt.

"Egypt's promise not to torture was a mere fig leaf for the Swedish authorities," said Holly Cartner, Europe and Central Asia director at Human Rights Watch, an independent non-governmental advocacy organization. "Transferring people to countries where they face torture violates international law, regardless of what empty promises a country gives… The U.N. committee noted that Egypt had a well-documented history of torture abuses, especially when dealing with terrorism suspects. It said that Egypt's routine use of torture, in combination with interest in Agiza by the U.S. as well as Egypt, should have led to a 'natural conclusion' that he was at risk of torture upon return."

Egypt — a key ally of the United States — has long been the second-largest recipient of U.S. foreign aid, after only Israel. Its secret police are notorious for their brutality during interrogations. The U.S. State Department noted in a 2002 human rights report their frequent torture of prisoners, during which people were stripped, blindfolded, suspended from the ceiling or door frame with their feet just touching the floor; beaten with whips, fists, metal rods; subjected to electric shocks; and doused with cold water.
Canada apologizes to citizen

Canadian citizen Maher Arar was born in Syria in 1970 and emigrated to Canada as a teenager, settling in Montreal. In September 2002, he visited Tunisia with his family and was returning home to Canada via the United States. At New York's Kennedy International Airport he was arrested, strip-searched and then held in an immigration detention center for 12 days. On October 8, he was told he was being deported to Syria. Shackled, he was taken to New Jersey, put on an executive jet and flown to Jordan. The next day, blindfolded, he was driven across the border to Syria and taken to Far Falestin, the notorious detention center run by the Syrian military intelligence.

Witnesses to a Commission of Inquiry in Canada testified what they and Arar experienced in Far Falestin: "[They] closed the cell door. It was like a grave, exactly like a grave. It had no light. It was three feet wide. It was six feet deep. It was seven feet high." Arar told the Commission he met the person he later discovered was the head interrogator, identified as George Salloum, and gave this account:

Salloum introduced him to "the chair" — a torture device capable of breaking a detainee's back. Arar could hear fellow prisoners screaming with pain. Soon he was receiving the same treatment. He was beaten about his body, four lashes with a two-foot-long electric cable that had been shredded. Then he was asked questions. The torture would stop and start, getting worse and worse. He admitted being trained by al Qaeda in Afghanistan only because he had decided to "say anything" necessary to avoid torture. He was constantly warned that "tomorrow will be worse." He slept only two or three hours a night, on a cold concrete floor, known to his guards only by his cell number: Two.

Arar reported that he and other detainees were doused with cold water and had the soles of their feet beaten with thick black plastic cables. Another detainee told investigators that he was ordered to undress, except for his underwear. Interrogators then poured cold water on his body while he stood. He was then laid on the floor and, as interrogators trained a fan on him, more cold water was poured over him. They asked him to raise his legs from the knee and started beating him with black rubber cables.

Arar confessed to membership in al Qaeda, even though the Canadian Commission of Inquiry subsequently found that he had absolutely no connection with the organization or terrorism. After 10 months and 10 days of detention, he was transferred to Sednaya Prison, also in Syria, where he reported that conditions were "like heaven" compared with Far Falestin. On October 5, 2003, he was released from custody after signing a "confession" given to him by a Syrian prosecutor. He has since been awarded $8.9 million in damages (and an official apology) by the Canadian government but remains on a U.S. terrorist watch list.
How the CIA's cover was blown

The aircraft used to transfer detainees from one country to another were supposed to be part of a clandestine CIA operation, but a sloppy mistake blew their cover and helped European investigators create a comprehensive record of renditions.

One frequently used aircraft was Gulfstream N379P, whose trips included delivery of Agiza and El Zari to Egypt. The company that owned it, Premier Executive Transport Services, was a CIA front whose officers had post office box addresses where 325 fictitious names also were registered. The plane's connection began to emerge when another of its renditions got under way at 2:40 a.m. on October 23, 2001, at a little-used terminal at Karachi International Airport in Pakistan.

A 27-year-old Yemeni man, Jamil Qasim Saeed Mohammed, had been apprehended by the Pakistan intelligence service, Inter-Services Intelligence (ISI). He was taken blindfolded and in chains to be handed over to the CIA. Suspected of involvement in the 2000 bombing of the USS Cole in Yemen, he had been reported missing for three weeks from Karachi University, where he was studying microbiology. He was flown from Pakistan to Jordan and then promptly disappeared.

What gave this transfer significance was the clumsy way in which it was handled. According to Pakistani sources, an airport official at the Karachi airport demanded a landing fee from the CIA plane. The crew refused. ISI agents then instructed airport staff that they would pay the fees, and the plane took off. But the incident created a minor stir that drew attention to the Gulfstream, which had been tucked away in a quiet corner of the airport so as not to be conspicuous.

On October 26, 2001, Masood Anwar, a Pakistani journalist with The News in Islamabad, wrote how Mohammed claimed he had been flown out of the country aboard a plane bearing tail number N379P. Those details ricocheted via the Internet among spy-hunters, bloggers and plane-spotting enthusiasts curious about precisely how the newly declared war on terrorism was being conducted.

Research by human rights groups, journalists and European governments subsequently revealed that the CIA had operated some 30 aircraft disguised by the use of companies like Premier Executive Transport Services and in other ways. Other aircraft were leased to operating companies and their subsidiaries. Eurocontrol data showed that 32 such aircraft made at least 1,245 stopovers in the various European countries.

Dozens of flights went to Guantánamo Bay, Cuba, where the U.S. was detaining terrorism suspects. European investigators believed many of the flights were for extraordinary renditions. Eurocontrol data show the CIA planes made the following stopovers between October 2001 and the end of 2005: 76 in Azerbaijan; 72 in Jordan; 61 in Egypt; 52 in Turkmenistan; 46 in Uzbekistan; 40 in Iraq; 40 in Morocco; 38 in Afghanistan; and 14 in Libya.

http://www.publicintegrity.org/MilitaryAid/report.aspx?aid=855

Chechnya authorities kidnap with impunity -Amnesty

23 May 2007 11:26:54 GMT

MOSCOW, May 23 (Reuters) - Russian forces kidnap and torture people with impunity in Chechnya despite Kremlin assurances the southern region is returning to normal after a separatist war, rights group Amnesty International said on Wednesday.

Chechen rebels and Russia's military have fought two wars since 1994, devastating much of the region and its capital Grozny, once the largest city in the north Caucasus. The rebels have now been driven back into mountain hideouts.

In a 22-page report entitled: "What justice for Chechnya's 'disappeared'?" Amnesty wrote that the number of disappearances had dropped but that kidnappings were still commonplace.

"The incidence of 'temporary' disappearances, when individuals are arbitrarily detained and held in incommunicado detention while the authorities deny knowledge of their whereabouts, is high," Amnesty said.

"During the incommunicado detention the individuals are at a very high risk of torture and other ill-treatment in order to extract a 'confession'."

Amnesty's investigation adds to the growing pile of reports from international groups which insist Chechnya is still riddled with kidnappings and torture, challenging the official line that the rule of law has been re-established in Chechnya.

Human rights groups accuse Chechen president Ramzan Kadyrov -- a 30-year-old former rebel and boxing fan -- and militia groups which swear allegiance to him of some of the murders and kidnappings.

He has always denied the allegations and has promised to pursue anybody suspected of involvement in abuses.

Federal soldiers and rebels have also kidnapped and murdered people, Amnesty said, but although the Chechen authorities have investigated kidnappings there have been virtually no convictions.

"Impunity for human rights abuses has prevailed," Amnesty said. "The authorities have failed in virtually all cases to investigate and prosecute the serious human rights violations."

Amnesty said the second war, which started in 1999, has killed around 25,000 people and turned thousands more into refugees. Human rights groups say that up to another 5,000 people are missing.

Today cranes tower over Grozny, workmen plaster concrete onto walls and university students stroll to lessons in freshly painted classrooms. Money has poured into Chechnya but the war and its scars are not hard to find.

Shelled apartment buildings litter the outskirts of Grozny and rebels hide out in the mountains. They launch attacks and bombs which kill policemen and soldiers every week.

Arg - Presos de la dictadura reconocieron los centros de detención clandestina

Víctimas del último proceso militar de la Argentina, reconocieron el pasado jueves los lugares en donde estuvieron detenidos y fueron torturados. Fue en el marco de la causa iniciada por denuncias del ex suboficial del Ejército Angel Panetta y que está a cargo del juez Federal Carlos Soto Dávila

Durante el jueves de la semana pasada en la ciudad de Goya, varias personas que estuvieron presas ilegalmente durante la última dictadura militar, reconocieron los lugares de detención en los que fueron torturados. Así, "la casa de los Murciélagos", (casona abandonada en un predio que era propiedad de la Policía provincial, en el Puerto Boca), el Regimiento de Ingenieros 7 y el ex campo Hípico formaron parte del recorrido.

Esto se dio en el marco de la causa "Panetta Angel Vicente S / Denuncia Expediente Nº 577/05" a cargo del juez Federal de Corrientes, doctor Carlos Soto Dávila.

En ese marco, el magistrado ordenó la inspección judicial a los lugares sindicados como centros de detención durante la nefasta época, como parte de los avances de la causa que aún está en la "etapa instructoria".

El abogado querellante en representación de la familia de los desaparecidos Abel Arce (cumplía el servicio militar) y Elida Goyeneche (era docente y fue secuestrada en el Club Doña Goya), Juan Rajoy, explicó que la investigación se inició en 2005 con las denuncias de Angel Vicente Panetta, un ex suboficial del Ejército que prestaba servicios en el Regimiento Ingenieros 7 durante la dictadura, quien narró en esa oportunidad algunos hechos de los cuales fue testigo.

Estas precisiones fueron brindadas por Rajoy, que también estuvo en el itinerario. Por su parte, el letrado Ramón Leguizamón, quien colabora en la Capital correntina con la investigación, precisó que "algunas personas reconocieron los lugares donde permanecieron detenidas, e incluso dieron nombres de algunos de los torturadores".

Además, Leguizamón detalló que se tomaron fotografías y se adjuntaron los planos de los edificios a la investigación. "Varias diligencias serán evaluadas e incorporadas al expediente, y a partir de allí seguramente el juez citará a declarar a los involucrados".

En ese sentido, reveló que ellos son militares del Ejército, y miembros de otras fuerzas de seguridad como Policía y Prefectura. "Se nombró a personas que ya están incluidas en la causa, por lo cual, estas afirmaciones materializan y objetivizan las suposiciones. Ahora les tendrán que tomar la declaración indagatoria", detalló.

Asimismo, Leguizamón informó que entre las personas que realizaron el recorrido se encontraban el matrimonio Bello, el Padre Arroyo, el señor Pezzelatto, el juez Federal Soto Dávila, el secretario Penal y el secretario de Derechos Humanos del Juzgado, y personal de Gendarmería Nacional que se encargó de la parte técnica (fotos, planos, etc.).

En tanto que Rajoy consideró muy positiva la inspección, teniendo en cuenta que a partir de ahora "se espera la opinión del fiscal, que en base a los informes podría tomar medidas para que avance la instrucción".

También aclaró que si bien aún no hay procesados, hay muchos militares que pertenecían "a las que en ese entonces eran las fuerzas conjuntas (Policía de Corrientes, Policía Federal, Prefectura), que sí están imputados por la desaparición de personas, apremios ilegales y torturas".

http://www.mega24.com.ar/enlace.php?idn=20554

Arg - "Pretenden hacer creer que Bussi era como Heidi"

Bernardo Lobo Bugeau, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, aseguró que el represor Antonio Bussi no podía desconocer que funcionaba un centro clandestino de detención de personas en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, donde hoy el militar se encuentra detenido.

"Bussi y su defensor, Horacio Conesa Mones Ruiz, trabajan en hacer creer que los dictadores despóticos eran Heidi".

Así lo aseveró , Lobo Bugeau, quien en la actualidad asesora a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en las más de 500 causas en la que está imputado el represor por su actuación durante la última dictadura militar. Lobo fue el primer secretario de Derechos Humanos de Tucumán, en los inicios de la asminisstración del gobernador José Alperovich.

Lobo Bugeau insistió en que "es inverosímil que Bussi, que se desempeñó como comandante de la V Brigada de Infantería e interventor militar de Tucumán desde diciembre de 1975 hasta diciembre de 1977, desconociera la instalación, organización, funcionamiento y jerarquía de los mandos a su cargo en los centros clandestinos de detención".

"El poder estaba concentrado en su persona como comandante de la región. Se había cerrado la Legislatura y secuestrado a su presidente (Dardo Molina,que permanece desaparecido), y se controlaba al Poder Judicial y quienes no compartían estrambóticos instrumentos eran echados de la magistratura", manifestó a la prensa el letrado.

Durante esta semana, el juez federal Jorge Parache debe resolver la situación procesal de Bussi en la causa Arsenal Miguel de Azcuénaga que reune unos 60 casos de víctimas del Terrorismo de Estado y en la que ha sido imputado el delito de genocidio. El represor ya está procesado en media docena de otros expedientes por violaciones a los derechos humanos.

La semana pasada Parache se trasladó hasta el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, donde Bussi cumple la prisión preventiva, para indagarlo en el lugar -porque el militar retirado tiene problemas cardíacos.

Desde el 16 de marzo de 2006 Bussi cumple prisión preventiva en el ex arsenal y cada vez que, procedente de Córdoba, Luciano Benjamín Menéndez viene a Tucumán a declarar en algunas de las 500 causas en las que está imputado (o procesado) también se aloja allí. .

Sobre los dos militares retirados pesa una media decena de órdenes de prisión preventiva en causas en las que se investigan desapariciones de personas, teniendo en cuenta que, entre 1976 y 1977, Bussi estuvo al mando de la V Brigada de Infantería, que dependía del III Cuerpo de Ejército, que encabezaba Menéndez.

http://www.tucumanhoy.com/VerNotaCompleta.py?IDNOTA=746

Arg - Un represor pasó de la cárcel a su casa

El fiscal también interpuso un recurso de apelación contra la sorpresiva resolución.

Sin haber recibido una notificación oficial, el fiscal federal Nº1, Emilio Ferrer, se enteró por casualidad de que el represor Luis De Cándido fue trasladado del penal de Villa Urquiza a su domicilio particular. Por ello, le solicitó al juez federal Nº1, Jorge Parache, que le remita su resolución en la que habilitó la prisión domiciliaria sin intervención del Ministerio Público. De Cándido está procesado desde 2004 en la causa por las desapariciones de los hermanos Marta y Rolando Coronel.

Sorpresa y media. Creía que el represor Luis Armando De Cándido seguía alojado en el penal de Villa Urquiza pero por casualidad se enteró de que en realidad estaba gozando de las comodidades de su domicilio particular. Esto le sucedió al fiscal federal Nº1, Emilio Ferrer, quien aseguró en un escrito que nunca fue notificado de esta medida judicial que fue tomada por el renunciante juez federal Nº 1, Jorge Parache.

En un escrito que le presentó ayer al magistrado, Ferrer dijo que a través de un informe del médico Carlos Posse se enteró de que el interno De Cándido “no se encuentra” alojado en el penal de Villa Urquiza, sino que cumple arresto domiciliario desde el 14 de diciembre de 2006. “Esta es la primera noticia que tiene este Ministerio Público sobre el cambio en la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva de De Cándido, ya que nunca me fuera notificada la resolución que así lo ordenara”, expresó el fiscal al mismo tiempo que solicitó en forma urgente la resolución de Parache que habilitó la prisión domiciliaria sin intervención del Ministerio Público. Inclusive, ese informe médico se realizó en el marco de otra causa, la de Alicia Cerrota de Ramos

De Cándido fue agente del Servicio de Inteligencia Confidencial de la Policía de Tucumán durante el último gobierno militar. Fue detenido y desalojado en julio de 2004 de la vivienda que había usurpado ubicada en calle Chacabuco al 400 y luego fue procesado por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, homicidio con alevosía, asociación ilícita y usurpación de la vivienda de Marta y Rolando Coronel, desaparecidos en mayo de 1977, durante la última dictadura militar.

En su planteo, Ferrer también dejó en claro su disconformidad e interpuso un recurso de apelación contra la resolución que hubiera modificado la modalidad de la prisión preventiva de De Cándido al aclarar que adolece de nulidad absoluta. “Planteada la apelación en contra de cualquier resolución jurisdiccional, aclaro que me veo impedido de motivarlo exhaustivamente por la falta de conocimiento de los argumentos (¿edad...enfermedad terminal en etapa de desenlace...?) que fundaron la resolución impugnada”, agregó dejando traslucir su malestar al tratarse de personas que están “reprochadas de ser responsables de delitos de lesa humanidad”.

http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=2&seccion=&id_nota=34717

Arg - Se define el futuro procesal de represores

Durante esta semana, el titular del juzgado federal Nº 1, Jorge Parache, podría resolver la situación procesal de Antonio Bussi, Mario Albino Zimmerman, Luciano Benjamín Menéndez y Alberto Cattáneo en la investigación sobre la existencia de un campo clandestino de detención y exterminio de personas en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, en los años 70. El Juzgado Federal Nº 2 resolvió que las indagatorias sean tomadas por el Delito Internacional de Genocidio al entender que la conducta desplegada por las fuerzas de seguridad en contra de cientos de personas llevada a cabo en el país entre 1976 y 1983, se encuentra en ese delito. Es la primera vez que la Justicia Federal realiza indagatorias a partir del criterio de conexidad, en este caso, todas las causas conexas de un Centro clandestino. Esto es considerado fundamental por los organismos de derechos humanos para construir la memoria colectiva de lo que fue el Terrorismo de Estado en Argentina durante la última Dictadura Militar. Mientras se define el futuro procesal de los máximos jefes militares, se mantienen firmes las fechas de nuevas audiencias indagatorias. El 24 de mayo deberá presentarse ante Parache Ernesto Rivero.

Chl - Familiares de Desaparecidos Dudan de Anuncios de Bachelet

SANTIAGO DE CHILE, 22 (ANSA)- Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) de Chile, puso hoy en duda que se concrete el anuncio de la presidenta Michelle Bachelet, quien respaldó una moción parlamentaria para declarar inaplicable la Ley de amnistía impuesta en 1978 por la dictadura de Augusto Pinochet.
Ese decreto de amnistía garantizó impunidad a los violadores de derechos humanos y buscó la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, aunque no fue viable por la interpretación contraria de la Corte Suprema de Justicia.

"Hubiésemos querido escuchar que se va a poner suma urgencia al proyecto de ley para declarar que cesa la amnistía y la prescripción (de las violaciones a los derechos humanos) y que requiere quorum simple. El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y se encuentra ahora en el Senado", dijo Pizarro a ANSA.
"Reconocemos que la presidenta Bachelet, a diferencia de los otros presidentes de la Concertación, este tema de los derechos humanos no lo deja de lado, pero sentimos que siendo el segundo informe anual que entrega al país como mandataria se requerían precisiones más claras", añadió.
El plazo de "suma urgencia" demandado por Pizarro significa que el parlamento dispone de un mes para votar un proyecto que, de lo contrario, puede seguir en trámite indefinidamente.
Bachelet dijo ayer, ante el parlamento, que "apoyaremos la moción que declara inaplicable la amnistía y la prescripción para los crímenes de lesa humanidad".

Arg - Se busca información sobre Carlos Soler

Carlos Soler hizo el servicio militar (clase 55) en la Compañía de Comunicaciones de Montaña 6 con asiento en la ciudad de Neuquén. Un día en 1976 vino la policía a buscarlo, y sus compañeros no lo volvieron a ver. Sin embargo, no aparece en ninguna lista de desaparecidos.

Si Ud. conoce a Carlos Soler, por favor comuníquese con nosotros. Un compañero del servicio militar lo está buscando.

Crean banco ADN para identificar desaparecidos chilenos

Mayo 22, 2007

SANTIAGO, Chile | AP

El hasta hace poco desprestigiado Servicio Médico Legal (SML) creará un banco de ADN de los familiares de 1.195 detenidos desaparecidos políticos para poder identificarlos si aparecen, para utilizar nuevas técnicas y para tener material genético de los parientes más directos, que empiezan a morir.

El director del servicio forense estatal, Patricio Bustos, dijo en declaraciones publicadas el martes por el diario El Mercurio que las muestras se utilizarán para trabajar en las osamentas que guardan en sus laboratorios y para volver a identificar a más un centenar de restos de detenidos desaparecidos que el SML identificó erradamente.

Dijo que también conservarán material genético incluso de los familiares de víctimas de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) de quienes no existen causas en los tribunales, para el caso de que se encuentren restos, puedan ser comparados con los de personas que pudieran estar fallecidas.

La dictadura dejó 3.197 opositores muertos, de los cuales 1.200 desaparecieron después de su detención por agentes de organismos represivos.

El SML exhumó 126 osamentas de detenidos desaparecidos de una fosa común del Cementerio General, y después de identificar a 96 se las entregó a sus familiares que las volvieron a enterrar, entre 1993 y 1995.

Sin embargo, y ante sospechas que se fueron acumulando, en abril del 2006 el servicio admitió sus errores. Reconoció que identificó mal a 48 personas, y en forma dudosa a otras 37. Treinta más nunca las pudieron identificar.

El hecho remeció a la opinión pública y se convirtió en una de las primeras crisis que tuvo que enfrenar la presidenta Michelle Bachelet, que virtualmente intervino el SML e hizo que expertos forenses realizaran una auditoría.

Viviana Díaz, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo al diario electrónico El Mostrador que entregarán las muestras porque el solo hecho de que hayan venido dos veces a nuestros país estos expertos, es una tranquilidad para nosotros.

El SML recibió una fuerte cantidad de recursos para adquirir equipos nuevos, crear nuevas unidades de investigación y actualizar los conocimientos de su personal.

Arg - El represor Pernías pidió a la Justicia que cite a declarar a más ex almirantes

El ex capitán de la Armada formuló su pedido al ampliar nuevamente su declaración indagatoria por la “magacausa ESMA”, que investiga delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. En su último testimonio, había dicho que "nadie hacía lo que quería" y que todo lo actuado fue "obedeciendo órdenes”.

El detenido represor Antonio Pernías pidió hoy a la Justicia que cite a declarar a ex almirantes de esa fuerza en el marco de la causa en la que está procesado por delitos de "lesa humanidad" cometidos en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura.

Pernías formuló el pedido al ampliar nuevamente su declaración indagatoria ante el juez federal Sergio Torres quien interviene en la "megacausa ESMA" reabierta tras la derogación y posterior nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final.

Fuentes allegadas a la causa indicaron que el ex capitán de la Armada le solicitó al juez que convoque, como testigos, a los ex almirantes Edgardo Aroldo Otero, Argimio Fernández y Eduardo Girling y a una docena de sobrevivientes, entre ellos Juan Gasparini, Sara Solarz de Osatinsky y Beatriz Daleo.

El listado completo de testimonios propuestos incluye, además, los nombres de los sobrevivientes Elbio Vasallo, Ana María Martí, Martín Tomás Gras, María Amalia Larralde, Miguel Angel Lauletta, Ricardo Héctor Coquet, Silvia Labayru, Andrés Ramón Castillo y Marisa Mounier.

A efectos de ampliar su indagatoria Pernías fue trasladado a los tribunales de Comodoro Py 2002, de esta Capital, desde el apostadero naval de Río Santiago, donde cumple prisión preventiva (confirmada por la Cámara Federal) por un centenar de hechos.

Las fuentes dijeron que el represor entregó al juzgado memorandums de la fuerza según los cuales, entre 1976 y 1981, "efectivamente se impartieron cursos de lucha contra la subversión" de los que "se hizo participar a la mayor cantidad posible de personal, con la finalidad de enfatizar el carácter general de esta capacitación".

La indagatoria de Pernías fue solicitada por su defensor Juan Aberg Cobo (h) en la "megacausa ESMA" y en los legajos correspondientes al secuestro del escritor y periodista Rodolfo Walsh y en la desaparición de las monjas frances Leonnie Duquet y Alice Domont.

Los pedidos de ampliación de indagatorias (que incluyeron el del destituido capitán Alfredo Astiz, quien declaró el 7 de marzo último) se efectuaron a poco de que se conociera el pedido del fiscal Eduardo Taiano para que la causa se eleve a juicio oral, en lo que los observadores calificaron como una medida tendiente a postergar el debate.

No obstante fuentes tribunalicias dijeron a Télam que las declaraciones "no interrumpen" el trámite de las diligencias previas a la remisión del expediente al Tribunal Oral en lo federal Cinco que será el que deberá tramitar la causa por el secuestro del escritor.

El 6 de marzo último, Pernías declaró durante aproximadamente cinco horas, circunstancia en la que afirmó que en la Armada "nadie hacía lo que quería" y que todo lo actuado fue "obedeciendo órdenes" aunque sostuvo no haber participado del secuestro de Walsh e ignorar si había estado secuestrado en la ESMA.

En esta causa el 13 de febrero último el fiscal Taiano pidió la elevación a juicio de Astiz, Pernías, Jorge "El Tigre" Acosta, Pablo García Velazco, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, el Prefecto Héctor Febres, el mayor del Ejército Julio Coronel, el comisario Ernesto Weber y el penitenciario Carlos Generoso.

En un dictamen de 130 páginas, al que Télam tuvo acceso, Taiano detallló el funcionamiento del "centro clandestino de detención, torturas y exterminio" que funcionaba en la ESMA y al que fue trasladado Walsh luego de haber sido herido y secuestrado en el barrio porteño de San Cristóbal, el 25 de marzo de 1977.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=62915&id=151165&dis=1&sec=1

The CIA's latest "ghost detainee"

New details confirm a CIA prisoner disappeared in U.S. custody for months, renewing suspicions the agency could be violating the law and using torture.

By Mark Benjamin

May 22, 2007 | WASHINGTON -- In late April the Pentagon announced with fanfare that Abd al-Hadi al-Iraqi, a former top advisor to Osama bin Laden, was in custody at the military prison at Guantánamo Bay, Cuba. Although al-Hadi was "one of al-Qaida's highest ranking and experienced senior operatives" and may have been planning attacks on Western targets at the time of his capture, he would be treated humanely, the Pentagon said. Military officials had alerted the International Committee of the Red Cross that al-Hadi was in their custody, and said they would grant the Red Cross access to monitor his treatment.

But as the Pentagon also noted in late April, al-Hadi was not a new prisoner; he had been in CIA custody since the fall of 2006. And Salon has discovered that, in contrast to the protocols followed by the Pentagon, the CIA kept al-Hadi's months-long detention a secret -- not only from the public but from the Red Cross as well, raising new questions about the CIA's treatment of prisoners in the war on terrorism. While the U.S. military recently adopted new rules for interrogation in the wake of the Abu Ghraib torture scandal, legal and human rights experts say the CIA may be continuing to flout the law -- potentially using abusive interrogation tactics at secret prisons known as "black sites" -- at the direction of the Bush White House.

Red Cross officials confirmed to Salon that the CIA did not alert them during the months that al-Hadi was a prisoner with the agency. "We have repeatedly asked U.S. authorities to be notified and have access to all detainees, including those held by the CIA," said Simon Schorno, a spokesman for the Red Cross in Washington. "But we did not have access to Mr. al-Hadi before his transfer [to military custody]. For us, that is problematic."

The Red Cross' access to detainees, set forth in the Geneva Conventions, is premised on the idea that anonymous, secret detentions create conditions conducive to torture. During the worst abuses at Abu Ghraib, for example, some "ghost detainees" were kept off the books at the military prison and hidden from the Red Cross. One of those prisoners, Manadel al-Jamadi, died during a CIA interrogation in a shower room at Abu Ghraib on Nov. 4, 2003. The Armed Forces Institute of Pathology later ruled al-Jamadi's death a homicide, caused by "blunt force injuries to the torso complicated by compromised respiration."

The CIA's secret imprisonment and interrogation of suspected terrorists, first exposed by news reports and eventually confirmed by Bush at a press conference last Sept. 6, allegedly involved an array of inhumane tactics. At black sites scattered around the globe, the CIA reportedly subjected high-value detainees like al-Hadi to sleep deprivation, stress positions, slapping, induced hypothermia and "waterboarding," or simulated drowning. Bush did not discuss any specific techniques on Sept. 6, but said the CIA's actions had been approved by the Justice Department and were "designed to be safe, to comply with our laws, our Constitution and our treaty obligations." The program, Bush said, "has given us information that has saved innocent lives by helping us stop new attacks."

But the future of the CIA's interrogation program had been "put into question," Bush acknowledged, by the Supreme Court decision in Hamdan v. Rumsfeld last year, which held that all detainees -- including high-value prisoners in the hands of the CIA -- are protected by some provisions of the Geneva Conventions. Bush called some of the protections "vague" and asked Congress to pass a new law to clarify permissible treatment of prisoners by the military -- while at the same time ensuring "that the CIA program goes forward."

A battle ensued on Capitol Hill, with Bush officials fighting vigorously to exempt the CIA from tighter rules on prisoner treatment.

The White House apparently lost when Congress overwhelmingly passed the Military Commissions Act of 2006. It forbids detainee abuse, using specific language that experts on human rights and international law say would be hard, if not impossible, to circumvent legally.

Those experts were subsequently shocked by what Bush said in the East Room of the White House when he signed the bill last October. "This bill will allow the Central Intelligence Agency to continue its program for questioning key terrorist leaders and operatives," Bush said. "[The CIA] program has been one of the most successful intelligence efforts in American history."

Attorneys were baffled: How could the CIA lawfully continue interrogations like the ones that had reportedly been conducted in the past? "The administration wanted these prohibitions on the military and not on the CIA, but it did not work out that way," said Scott Horton, who chairs the International Law Committee at the New York City Bar Association, referring to the new legislation. The rules of the Military Commissions Act cover all prisoners in U.S. custody, presumably including those in the custody of the CIA.

Al-Hadi's treatment during his months of CIA detention remains unknown. A CIA statement to Salon responding to questions about al-Hadi said that the United States "does not conduct or condone torture, and the CIA's terrorist interrogation program operates in strict accord with American laws and treaty obligations." Close to the time of al-Hadi's detainment by the CIA, meanwhile, Bush announced that 14 other high-value detainees were being transferred to Guantánamo, leaving the CIA black sites empty -- though Bush said the top-secret prisons might be used again in the future.

Since the Red Cross was never alerted that the CIA was holding al-Hadi, there is no way to independently corroborate the CIA's claims about al-Hadi's treatment. But at the least, he is proof that secret CIA prisons are still in operation. "They did not shut them down, and al-Hadi made this obvious," said Horton. "So this raises the question of CIA interrogation techniques. I've been asked many times what I think is going on. And I say I absolutely don't know."

Al-Hadi's case and the mystery surrounding CIA detainees, experts say, underscore a stark divide between the CIA and the Pentagon on ground rules for treating detainees three years after the Abu Ghraib scandal stained the reputation of the United States worldwide. In its statement to Salon, the CIA also said that it had no legal responsibility to alert the Red Cross of al-Hadi's status, calling him an "unlawful combatant," a categorization that critics charge the Bush administration has used to circumvent the Geneva Conventions. The CIA acknowledged that the Department of Defense alerted the Red Cross about al-Hadi -- but suggested DoD was not required to do so. "Although, as unlawful combatants, these detainees have no legal claim to ICRC [International Committee of the Red Cross] visits, those visits have been arranged at Guantánamo," the CIA said. (In a statement to Salon, the Pentagon said only that the Red Cross has access to all detainees at Guantánamo).

"There is a concern that a different set of standards and rules are being applied to the CIA as opposed to the military," said Hina Shamsi, an attorney for Human Rights First. Meanwhile, Human Rights Watch, a different organization, has assembled a list of 38 detainees believed to have been held in CIA custody during the wars in Iraq and Afghanistan who, unlike al-Hadi, seem to have disappeared altogether.

Specific authority for covert operations in the war on terrorism were put in place by a secret "presidential finding" signed by Bush six days after the terrorist attacks of Sept. 11, 2001, authorizing broad covert action by the CIA to capture, detain or kill members of al-Qaida anywhere in the world. Mary Ellen O'Connell, a professor of international law at Notre Dame Law School, said the al-Hadi case raises the possibility that the president has secretly given the CIA a new mandate to operate outside the constraints of the new law put in place by Congress last year. "This suggests that the president has signed some sort of additional authority for the CIA," she said.

When the Pentagon unveiled new rules for interrogation at a press conference last September, Lt. Gen. John Kimmons, the Army deputy chief of staff for intelligence, said, "No good intelligence is going to come from abusive practices." The Army's revised manual explicitly bars abusive tactics such as hooding, forced nudity, sexual humiliation and mock executions.

But while military leaders may be more focused on following the letter of the law now, the White House may be behind the CIA's continued interest in tough interrogations, says John Sifton of Human Rights Watch. "It is better to speak of it as a divergence between the military and the White House," rather than the military and the CIA, he said. "The White House has wanted to take the gloves off with detainees and has used the CIA as their proxy."

http://www.salon.com/news/feature/2007/05/22/cia_prisoner/

Phl - Desaparecidos’ Exhibit: A Day of Remembering and Protest

Their loved ones may be missing, but the families of the disappeared have come forward to stand together and protest the continued enforced disappearances under the Arroyo administration.

BY BULATLAT
Vol. VII, No. 15 May 20-26, 2007

It was an exhibit of personal items owned by people of varied personalities. There was an LP record of the Rolling Stones, owned by Jonas Burgos. There was Gloria Soco’s mug, a Christmas gift from her son, unused and still wrapped in a box. A small blue pillow owned by UP student Karen Empeño. An old, faded night shirt of Leopoldo Ancheta. There was Romulos Robiños’s black cap, Gabriel Calubad’s keys, Rogelio Calubad’s shaving kit, Honor Ayroso’s pale red cotton shirt, Cesar Batralo’s cap and corduroy jacket, and a black bag full of clothes owned by Abner Hizarsa.

The objects on exhibit were ordinary, but those who looked around became teary-eyed, for they were looking at objects left behind by their owners, who had become desaparecidos – abducted and still missing under the administration of Gloria Macapagal-Arroyo. These were shown at the monthly gathering of Hustisya! (Arroyo Regime Victims United for Justice), held at the Quezon City Memorial Circle. The gathering highlighted victims of enforced disappearances under Arroyo, now numbering 199.

Desaparecidos is the Spanish word meaning “the disappeared.” It was coined in Latin America where thousands became victims of enforced disappearance implemented by tyrannical regimes to suppress public outcry for social change.

The gathering was held inside a small hall, where three hand-painted pictures of the latest desaparecidos served as a backdrop: Jonas Burgos, 37 who was abducted in Quezon City April 28, Abner Hizarsa, 55 who was abducted March 22 in Subic, Zambales, and Luisa Posa-Dominado, who was abducted April 12 with Leonilo Arado in Iloilo.

“Bakit sila? Dahil sila’y aktibista (Why them? Because they are activists)” Ghay Portajada, spokesperson of the Families of Desaparecidos for Justice or Desaparecidos, said, referring to all the other victims of disappearance. “Dahil pinili nilang maglingkod sa bayan, magtanggol ng ating karapatan (Because they chose to serve the people, to protect our rights),” she added.

University of the Philippines professor Judy Taguiwalo spoke about Luisa Dominado, or Luing, whom she knew as an 18-year-old activist who became a fellow political detainee in Panay island during the Martial law. Luing is the spokesperson of SELDA, an organization of former political detainees when she was abducted. Taguiwalo said Luing spearheaded the setting up of a memorial in Iloilo city as a tribute to all victims of Martial Law in Panay. “Napaka-ironic na kasama na siya sa hinahanap natin (It’s ironic that she’s among those who are missing now),” she said.

Cris Hizarsa, wife of Abner, said she brought a bag full of Abner’s clothes and other personal items, the same pack she lugged around in her search at military and police camps. “Ilang beses na siyang nadukot, pero natatagpuan din naming sa kulungan (He had been abducted in the past, but he was always surfaced at a certain jail),”she said. Abner had been a peasant organizer in Central Luzon and had been arrested, detained and released for four times. He had retired from organizing in 2000 to manage a small family store but remains a SELDA member when he was abducted.

JL Burgos, younger brother of Jonas, called on other families to participate in a synchronized sending of text messages and email letters at 1:20 pm, on May 28, a month after Jonas’s abduction. “Itext natin: Ilitaw ang mga nawawala! (Let us send text messages, saying: Surface all the disappeared!”

Protest

Evan Hernandez, Hustisya! convener said that the monthly Hustisya gathering are being held as a form of protest and strengthening of the families’ resolve to attain justice. “Nagpupugay tayo sa mga biktima, at nagpoprotesta tayo at naniningil sa gobyernong Arroyo na siyang maysala sa mga paghihirap ng sambayanan (We pay tribute to the victims, and we are protesting against the Arroyo government which is responsible for all the people’s sufferings),” she said.

Abner’s wife Cris urged other families of desaparecidos to continue with their resolve to seek justice.
“Mahirap nang gawin pang miserable ang buhay natin sa nangyari sa kanila. Kaya dapat manindigan pa rin tayo at balang araw, makakasama rin natin sila (Let us not make our lives even more miserable, given what was done to them. Let us remain firm, and one day, we will have them back with us),” said Cris.

A Desaparecidos statement said that Arroyo should sign the International Convention for the Protection of all Persons against Enforced Disappearance to curb the cases of disappearance. Desaparecidos said that under the Convention’s definition, enforced disappearance is committed by government officials or by organized groups acting in behalf, or with the support, consent or acquiescence of the government. Under the Convention, signatory states are required to investigate disappearances and punish those who are found guilty.

The Desaparecidos’ statement also noted that the Philippines’ reelection to the United Nations Human Rights Council was “ironic.” “The country’s membership to the recently-created UNHRC has not reflected in any show of respect, much less protection of human rights of Filipinos, as shown by the rising cases of disappearances and extrajudicial killings,” the statement. Bulatlat

http://www.bulatlat.com/2007/05/desaparecidos-exhibit-day-remembering-and-protest

Nepal Govt urged to make whereabouts of `disappeared` people public

Kathmandu, May 21: Nepal's former prisoners of conscience have demanded the government make public the whereabouts of "disappeared" people from the barracks of the military's infamous Bhairavnath battalion, accused of torturing and killing innocents under the direction of the then Army General Pyar Jung Thapa.

In a meeting attended by top Maoist leader Baburam Bhattarai and minister Matrika Yadav, at least 40 former prisoners of conscience appealed to the government to make public the whereabouts of those who "disappeared" from the custody of Bhairavnath battalion.

"Friends, who were in Bhairavnath, have been killed under the direction of the then Army General Pyar Jung Thapa," said Krishna KC, one of the former prisoners of conscience while appealing to human rights activists and media to put pressure on the government to disclose the whereabouts of those who "disappeared" from Bhairavnath.

He asked why the interim government has not been able to make public the whereabouts of hundreds of prisoners. "Who should answer this question King Gyanendra or Prime Minister Girija Prasad Koirala?" Krishna read out the names of 47 people, who had disappeared from Bhairavnath.

"They have disappeared, and the war criminals have not been punished. Why is the government quiet?" asked Bina Magar, another prisoner recalling her days in Bhairavnath.

The office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) had submitted its report on the Bhairavnath saga to the government earlier.

Maoist leaders Bhattarai and Yadav regretted that the status of the prisoners has not yet been made public. "We are sad and can't do anything for friends, but the revolution has not ended, we are ready to be killed but would not bow down," Bhattarai was quoted as saying by Himalayan Times Online.

Bureau Report

http://www.zeenews.com/znnew/articles.asp?aid=372477&sid=SAS

Arg - Militar acusado por represor estuvo a cargo de la seguridad en la Capital

Jorge Fernández Rojas - jfernandez@losandes.com.ar

El ex oficial del ejército Luis Stuhldreher detenido y acusado por la Justicia Federal de haber cometido crímenes de lesa humanidad al inicio de la dictadura militar en San Rafael, es un hombre vinculado con la dirigencia radical de la Capital dado que fue el encargado de la seguridad de distintos organismos municipales entre 1999 y 2002.

Stuhldreher que fue delegado militar en el departamento sureño entre marzo y junio de 1976. El hombre acusado de torturar y secuestrar a militantes políticos en el mismo edificio municipal de San Rafael. Ahora, desde el viernes pasado, está arrestado por orden del juez federal de San Rafael, Raúl Acosta en el Batallón de Apoyo Logístico de la Capital.

Stuhldreher ha tenido una estrecha vinculación con Roberto Grillo y Alejandro Saralegui, ex ministro de Seguridad y ex jefe de asesores de esa cartera, respectivamente hasta 2005. De hecho, el ex militar fue llevado por Grillo al Ministerio como director de Logística, pero antes fue gerente de la Agencia de Seguridad e Informaciones Fabril de Rosario (Asifar) y mientras esa empresa estuvo bajo su mando, la custodia de todos los “objetivos” municipales de la Capital fueron adjudicadas a él.

La prueba concreta de relación de Grillo y Saralegui con el oficial retirado es que ambos aparecieron en los registros oficiales como representantes legales de esa firma en Mendoza.

Si bien la empresa de seguridad era liderada por el ex oficial, era su esposa Raquel Estela Videla, quien aparecía como titular de la firma en las actas notariales que le conferían los poderes a Grillo y Saralegui.

Los memoriosos de las relaciones internas aseguran también que Stuhldreher ha sido instructor de distintos referentes oficialistas que se formaron en el Liceo Militar General Espejo. Incluso a modo de anécdota, entre ellos recuerdan y aseguran que el mismo gobernador Julio Cobos ha recibido órdenes del hoy acusado cuando el mandatario era cadete de ese instituto castrense.

Ahora bien, fue en el recambio de Gobierno en diciembre de 2003 cuando se decidió ubicar al ex oficial en al frente de la Dirección de Logística, según confesó un funcionario radical.

La misma fuente reconoció es que es posible que haya habido un cambio en la composición de la empresa. De tal modo que “hasta denominación de la firma podría haber tenido cambios, a partir del momento en que Stuhldreher pasó al ministerio”, explicaron por aquella época. “Pero la estructura interna de la agencia no ha cambiado”, aseguró el mismo informante. Está claro que Asifar ya no figura en los registros gubernamentales como proveedora de seguridad privada.

Pero han quedado los antiguos vigiladores que obedecían órdenes de Stuhldreher. Un ex empleados de Asifar recordó su experiencia como custodio privado. “Esta agencia se encargaba, por lo menos mientras yo trabajé, de la seguridad de los museos municipales, del Área Fundacional, los gimnasios municipales, y de los centros de salud de La Favorita”, explicó el consultado que pidió reserva de su nombre.

Como se advierte de la documentación oficial la empresa es de la Provincia de Santa Fe y en la práctica según los testimonios, Stuhldreher era el gerente que se encargaba personalmente de los movimientos de los vigiladores en los distintos objetivos custodiados. En ese contexto es que el ex militar hacía movilizar al personal a los sectores donde se lo requerían. Así recordó el antiguo vigilador: “También nos tocaba salir a hacer servicios a los actos radicales, por ejemplo yo tuve que dejar la custodia del Museo de la Plaza Pedro del Castillo porque me destinaron a custodiar el día de lanzamiento de la candidatura de Víctor Fayad como candidato a diputado nacional”.

http://www.losandes.com.ar/2007/0521/politica/nota377648_1.htm

Uru - Más de 50 mil personas marcharon por 18 de Julio reclamando verdad y justicia

Nunca más terrorismo de Estado: la consigna de la primera marcha con militares y policías presos

Más de 50 mil personas marcharon por 18 de Julio reclamando verdad y justicia

Unas 50 mil personas se movilizaron ayer en silencio por 18 de Julio reclamando verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Fue la primera Marcha del Silencio en la cual hay violadores de los derechos humanos que se encuentran en prisión en nuestro país.

Bajo la consigna "¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. Nunca más terrorismo de Estado" el colectivo de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entre otras organizaciones, convocó a la decimosegunda Marcha del Silencio. Cuando la cabeza de la marcha llegó a la Plaza Libertad, el final aún no había pasado por El Gaucho, más de seis cuadras de abigarrada multitud: 50 mil almas en silencio y perfecto orden.

Algunos minutos después de las 17 horas comenzaron a llegar las primeras personas hasta la Plaza de los Desaparecidos de América, en Jackson y Rivera, punto de partida de la marcha que comenzó a las 18:20 horas.

Portando retratos de detenidos desaparecidos, familiares y activistas por los derechos humanos comenzaron una emotiva caminata por más de 75 minutos a lo largo de la principal avenida capitalina, que culminó en la Plaza de Cagancha, en donde se pasó lista a cada una de las víctimas del terrorismo de Estado y posteriormente se cantó el Himno Nacional.

Por primera vez ayer se hizo una Marcha del Silencio "con policías, militares y civiles presos por violaciones a los derechos humanos", explicó el senador Rafael Michelini en el día en que se conmemoraban 31 años del asesinato de su padre, Zelmar Michelini, del diputado nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz y del matrimonio de William Whitelaw y Rosario Barredo. En la plaza aguardaban a los manifestantes gigantografías con el rostro de los detenidos desaparecidos, además de placas con contornos humanos recortados en donde podían leerse consignas tales como "siguen secuestrados", "queremos la verdad", "siguen siendo más de 200", "no son sólo memoria" y "verdad y justicia", entre otras leyendas. De fondo, unas letras gigantes realizadas por alumnos de la Escuela de Bellas Artes reclamaban "dónde están".

"No es una marcha más"

Michelini explicó que esta "no es una marcha más", ya que se lleva a cabo en el marco de "un gobierno que lucha contra la impunidad". Esta es una marcha en la que "el pueblo uruguayo en silencio está reclamando más y más justicia", agregó el senador.

Por su parte, la integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos Luisa Cuesta celebró que el pueblo "una vez más acompañó" en la movilización.

En tanto, el integrante del PIT-CNT Luis Puig explicó que la marcha demuestra "la plena voluntad del pueblo uruguayo de terminar con la impunidad en este país".

El Nunca Más puede plantearse sólo como "Nunca Más terrorismo de Estado", ya que "la gente sabe que efectivamente acá no hubo una guerra entre bandos, sino la consagración de la maquinaria terrorista más atroz, que es el Estado criminal".

En tanto, Michelini enfatizó que el Nunca Más se hace "en la calle y en las acciones de todos los días". El Nunca Más "es esta marcha y cuando el Presidente de la República habilita a entrar a los cuarteles para buscar restos de desaparecidos", agregó.

Sandro Soba, hijo del desaparecido Adalberto Soba Fernández, aseguró que "es muy difícil que haya una reconciliación" en la sociedad uruguaya "cuando la otra parte no dice la verdad y sigue ocultando información".

El dirigente de Familiares Javier Miranda compartió que la consigna de esta marcha es una reafirmación del Nunca Más terrorismo de Estado. Hay "una fuerte apuesta a la búsqueda de la verdad, esa verdad que mantienen secuestrada aquellos que los 18 de mayo hacen discursos corporativos y reivindicativos de lo que fue la represión ilegal y el Estado terrorista".

Además afirmó que hay una "desmarcación del discurso sobre el Nunca Más del Presidente de la República" y agregó que aún no se sabe si el colectivo participará en el acto del 19 de junio.

"Obviamente, Familiares no va a participar de un desfile militar y mucho menos cuando hace dos días el Ejército reivindicaba prácticamente la guerra sucia e incluso la participación corporativa en un homicidio fuera de dictadura, frente a un reclamo de la Justicia chilena", señaló Miranda.

El abogado llamó a que se siga investigando y reclamó que "los que saben den la información", ya que los datos "que se dieron el 8 de agosto de 2005, por las tres fuerzas, lo menos que se puede decir es que no han sido corroborados por los hechos".

Ley de Caducidad

En la duodécima Marcha del Silencio "se reclama justicia para todos" y puede tomarse como "el inicio de la anulación de la Ley de Caducidad, que va a enterrar esa normativa ilegal que nos llena de vergüenza", explicó Michelini, que entendió que "sin dudas el pueblo uruguayo va a acompañar esta iniciativa".

También Cuesta dijo que la marcha puede tomarse como un respaldo para aquellos que trabajan por la anulación de la Ley de Caducidad.

"Para los que están luchando por levantar las firmas puede darles una noción de lo que quiere el pueblo", subrayó Cuesta. Soba reclamó que la normativa "debe ser anulada", ya que "no hay argumentos válidos para poder sostenerla" por lo que "esta bandera la va a seguir portando el pueblo y no la bajará hasta que se sepa toda la verdad y se diga en dónde están los desaparecidos".

Finalmente Puig sentenció que la anulación de la Ley de Caducidad es una de las "garantías de no repetición" del terrorismo de Estado. El dirigente sindical reclamó "terminar con las mentiras de las Fuerzas Armadas" de parte de los comandantes en jefe de las armas.

"El Estado tiene la obligación de investigar, quiénes dieron las órdenes y quiénes efectuaron los traslados, esto es imprescindible para el avance de la democracia, y en esto está trabajando la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Impunidad", expresó Puig.

Además, la coordinadora viene trabajando "en un proyecto de reforma constitucional por iniciativa popular para devolverle el protagonismo a la gente y que sea el pueblo uruguayo el que anule definitivamente la impunidad", señaló el sindicalista. *

http://www.larepublica.com.uy/lr3/larepublica/2007/05/21/politica/259016/mas-de-50-mil-personas-marcharon-por-18-de-julio-reclamando-verdad-y-justicia/

Arana: "Sin amnesias"

El ministro de Vivienda, Mariano Arana, aseguró sentirse "absolutamente consustanciado con la expresión cívica" que constituye la marcha, que "habla de lo mejor del pueblo uruguayo". Esta manifestación va en el sentido del "Nunca más" de una "manera profunda e integral, sin amnesias ni anestesias", agregó el secretario de Estado. *

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Payssé: "Verdad, justicia y memoria"

"Todavía la impunidad sigue vigente" para el abogado del Serpaj Guillermo Payssé, por lo que realzó el "¿Dónde están?" de la consigna.

"Lamentablemente es una realidad que las actuales autoridades de las Fuerzas Armadas están dispuestas a continuar con la impunidad de los delitos que se cometieron durante la dictadura", agregó Payssé.

El abogado explicó que es imprescindible para el pueblo uruguayo "recorrer un camino de verdad, justicia y memoria para llegar a esa reconciliación tan anhelada", pero este gobierno no debe "apresurarse como han intentado hacer otros anteriores" con la Ley de Caducidad y la Comisión para la Paz, pero "parece ser que hoy tiene el mismo apuro". *

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Castro: Reparación no puede ser sólo económica

La diputada del MPP Nora Castro se mostró "impactada" por la participación de "gente joven" en la Marcha del Silencio, sobre todo la que "nació después del período de reinstitucionalización" democrática. Además expresó su acuerdo con la consigna "Nunca más al terrorismo de Estado", o como dice el senador Eleuterio Fernández Huidobro, "siempre más".

La legisladora se refirió a la reparación de familiares de víctimas fallecidas en la dictadura, que no debe ser "exclusivamente económica" sino que "pasa por la justicia, por la verdad, y es una tarea que paso a paso, a ritmo uruguayo, se está llevando adelante".

"La reparación no pasa por lo económico, porque el dolor no se olvida con el tiempo y para pasar de la herida a la cicatriz" se precisa de "un proceso", que en este caso "está liderado por la Justicia uruguaya", que busca que "se esclarezca la verdad y haya justicia".

Con respecto al "Nunca más" sentenció que "si está concebido en el marco de la teoría de los dos demonios no la llevo, le hace mal al país y a la verdad histórica". *

Integrantes del Ejecutivo y legisladores del FA participaron de la movilización

Uruguayas y uruguayos de todas las edades, la memoria y el futuro unidos: aquí, una de las más pequeñitas.
Uruguayas y uruguayos de todas las edades, la memoria y el futuro unidos: aquí, una de las más pequeñitas.

Además de familiares de desaparecidos y militantes por los derechos humanos, varias autoridades del gobierno concurrieron ayer a la Marcha del Silencio. Entre los integrantes del Poder Ejecutivo se encontraban la ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, el ministro y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano y Belela Herrera, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi, el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Mariano Arana, el ministro y el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica y Ernesto Agazzi, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, el subsecretario de Salud Pública, Miguel Fernández Galeano, el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Martín Ponce de León, la subsecretaria de Desarrollo Social, Ana Olivera, la directora del Panes, Bertha Sanseverino, la subsecretaria de Turismo y Deporte, Liliam Kechichian, y el subsecretario y el director nacional de Educación y Cultura, Felipe Michelini y Luis Garibaldi, entre otros.

También concurrieron el intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich, el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, el ministro de la Corte Electoral Wilfredo Penco, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, y el presidente del INAU, Víctor Giorgi.

En cuanto a legisladores, participaron de la marcha, entre otros, los senadores Rafael Michelini, Alberto Couriel, Mónica Xavier y Lucía Topolansky, y los diputados Héctor Tajam, Edgardo Ortuño, Eduardo Brenta, Nora Castro, Javier Salsamendi, Pablo Alvarez, Alfredo Asti, Daniela Payseé, Luis Rosadilla y Esteban Pérez.

Del secretariado general del PIT-CNT concurrieron a la movilización, entre otros, Juan Castillo, Luis Puig, Marcelo Abdala y Fernando Pereira. *

El senador Rafael Michelini y el rector de la Universidad, Rodrigo Arocena, dos de los participantes en la marcha de ayer.

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La reparación es la verdad y la justicia

La factible reparación que se plantea desde el gobierno nacional también fue objeto de cuestionamientos ayer en la Marcha del Silencio.

Sandro Soba, hijo de Adalberto Soba Fernández, explicó que "no hay reparación posible, sólo puede haber un alivio para los familiares sabiendo la verdad y haciéndose justicia".

Por su parte la histórica dirigente de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Luisa Cuesta, expresó que lo que se pide es "una reparación integral".

"Queremos darles la verdadera identidad a los desaparecidos, que haya calles con los nombres de ellos, plazoletas y muchas cosas más", señaló.

Cuesta resaltó que si bien "está comprendida una indemnización a los familiares, no es eso lo principal de nuestro pedido". *

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Fernández Galeano: "Se va a seguir investigando"

"Hay un compromiso muy fuerte de la sociedad uruguaya con el nunca más terrorismo de Estado, pero se va a seguir investigando y trabajando en el esclarecimiento de la verdad y por la aplicación de la justicia", más allá de la fecha del 19 de junio, explicó el subsecretario de Salud Pública, Miguel Fernández Galeano.

Para el jerarca, "la verdad y la justicia tendrán por mucho tiempo una vigencia importante para poder construir el futuro", por lo que parece "muy difícil" concebir la democracia nacional "sin que se siga avanzando y consolidando el tema de la verdad".

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Daniela Payssé:"Nunca más"

La diputada de Asamblea Uruguay Daniela Payssé reconoció que "tenemos una cuestión pendiente. Acá los desaparecidos siguen desaparecidos y nosotros no cejamos en el intento de que aparezcan. La Justicia está actuando porque este gobierno hizo lo que tenía que hacer con respecto a las leyes que nosotros tenemos".

Según la legisladora "no se agota la investigación de la Justicia a los datos que aporta el Poder Ejecutivo, que sigue buscando datos, sino que también la investigación periodística, los datos que se aportan por familiares están coadyuvando para que podamos avanzar. Cuanto más rápido quienes tienen información la den, aunque sea de forma anónima, más rápido vamos a poder llegar a la verdad, a la justicia y consecuentemente a una búsqueda al final de camino o en la mitad del camino de un no más hermanos contra hermanos".

La legisladora agregó que "el programa del Frente Amplio habla de lo que nosotros resolvimos, en el Congreso Héctor Rodríguez, en materia de búsqueda de la verdad y dice claramente que vamos a actuar en el marco del estricto cumplimiento del artículo cuarto de la Ley de Caducidad. No me rehúso a discutir eso en un próximo Congreso, cuando avancemos en la elaboración del programa que sigue al que tenemos. Mientras tanto, lo que los frenteamplistas le dijimos a la población es que íbamos a investigar en el marco del artículo cuarto, y aclaro que voté verde y que no me gusta nada la Ley de Caducidad".

Asturias cifra en 11 los asturianos desaparecidos y dos los asesinados durante la dictadura argentina

La Agencia asturiana de Cooperación al Desarrollo cifra en 11 el número de asturianos o descendientes de asturianos desaparecidos en Argentina entre 1976 y 1983 y dos los asesinados.

El director de la Agencia asturiana de Cooperación al Desarrollo, Rafael Palacios, ofreció una rueda de prensa en la que ofreció nuevos datos de asturianos desaparecidos en Argentina y de los proyectos en materia de recuperación de información en los que la Agencia está trabajando con una inversión de 205.000 euros.

Respecto a los datos de asturianos o descendientes de asturianos desaparecidos en Argentina, Palacios señaló que se conocen tres nuevos casos que hacen un total de 11 las personas desaparecidas.

El representante regional citó el caso, recientemente conocido, de los hermanos Eleonora María y Roberto Luis Cristina Álvarez de Domínguez, ambos nietos de asturianos y secuestrados y vistos por última vez en las dependencias de la policía.

La otra persona desaparecida de la que se ha encontrado información sobre ella es Adriana Claudia Marandet Bobes, nieta de Luis Bobes, nacido en Noreña, que fue secuestrada en su domicilio en día 17 de febrero de 1977.

Respecto a los asesinados, Palacios comentó el ya conocido caso de Mario Vicente Rodríguez y el nuevo caso de Jesús Antesana de la Ribera, hijo del presidente del Centro Asturiano de Mar de Plata, que fue asesinado por el comisario Miguel Ángel Fuster.

El representante regional recordó los nombres de los ocho asturianos desaparecidos de los que ya se tenía constancia que son; Rocío Ángela Martínez Borbolla, Antonia Margarita Fernández García de Tellez, Adriana María, Ana Maria Cristina y Eduardo Franconeti, Ceferino Fernández Álvarez, Cecilia Viñas de Penino y Josefa Fernández Álvarez.

PROYECTOS EN ARGENTINA

De los proyectos en los que la institución asturiana está colaborando, Palacios se refirió en primer lugar al titulado 'Reconstruyendo memoria' que consiste, según señaló el representante regional, en 'recuperar la verdadera historia a partir de la investigación de datos'. La Agencia invierte en esta actuación 30.000 euros y por ahora están documentados 600 casos de españoles desaparecidos', dijo Palacios.

La iniciativa 'Recuperando Identidad' es otro de los proyectos en los que colabora la Agencia, con un presupuesto de 30.000 euros y que apoya la elaboración de un informe que, según señaló el representante regional, se va a publicar y tiene el objetivo de recuperar la memoria oral de cientos de personas, entre ellos, ya se han rescatado datos de 500 niños.

Palacios señaló que además ahora se trabaja en dos proyectos que son la 'Búsqueda de víctimas a través de análisis genético', con un inversión por parte de Asturias de 50.000 euros y 'Memoria, verdad y justicia', con una inversión de 50.000 euros. 'Ambas son iniciativas que pueden suponer la recuperación de identidad de muchas personas y además mostrar al mundo la realidad de las acciones realizadas en Argentina'.

El representante regional informó a los medios de una nueva actuación que es la creación de una 'Academia Nacional de Derechos Humanos en Argentina' en la que la Agencia asturiana de Cooperación va a comenzar a trabajar en los próximos días.

http://actualidad.terra.es/articulo/asturias_cifra_asturianos_desaparecidos_asesinados_1586679.htm

Uru - Una denuncia por el caso Gelman en la CIDH jaquea la amnistía oriental

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó tomar el caso de la nuera y la nieta del poeta al entender que Uruguay archivó la causa. La decisión habilitaría la discusión internacional sobre la invalidez de la ley de caducidad.
Por Victoria Ginzberg

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una denuncia contra Uruguay por el secuestro y desaparición forzada de la nuera y la nieta del poeta Juan Gelman durante la dictadura militar en ese país. Este proceso permitiría discutir en el organismo internacional la invalidez de la ley de caducidad, la norma que impidió y todavía impide hacer justicia en el país vecino sobre los crímenes cometidos durante la dictadura que se extendió desde junio de 1973 a marzo de 1985.

“Hay decisiones sobre otros países en las que se ha manifestado que las leyes de amnistía para este tipo de delitos son violatorias del sistema interamericano de derechos humanos”, señaló a Página/12 Lilian